Propuesta Santafesina y el Centro de Estudios Conciudadanos tienen el agrado de invitar a Ud., a la inauguración del ciclo de Conferencias previstas para el año 2012, que se realizará mañana miércoles 16 de mayo, a partir de las 19.00 hs., en el salón Bajos del Savoy - Hotel Savoy, San Martín 584 de la ciudad de Rosario.

El Ing. Alieto Guadagni ofrecerá una reflexión sobre “YPF y el futuro de la Energía en Argentina”. A continuación, Rogelio Frigerio disertará sobre “El Escenario político y económico actual. Perspectivas para el futuro”.

Trayectoria de los disertantes

Alieto Guadagni fue embajador en Brasil y secretario de recursos hídricos y energía. Es economista graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, con estudios de postgrado en la Universidad de Chile y Doctorado en la Universidad de California (Berkeley). Fellow en las Universidades de Chicago, Yale y el Massachussets Institute of Technology (MIT). Fue profesor en las Universidades de Buenos Aires, Católica Argentina y de Bologna. Enseñó Relaciones Económicas Internacionales en los cursos del Instituto Ortega y Gasset y en diversos programas del Banco Interamericano de Desarrollo.

El Dr. Rogelio Frigerio, es especialista en temas económicos, presidente de la consultora Economía & Regiones (E&R). Es actualmente diputado por el PRO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frigerio integra la mesa nacional de la candidatura presidencial Macri 2015.

Previamente al inicio de la conferencia ambos recibirán a los medios de comunicación.

Amsafé Rosario denunció los atrasos en el plan de vivienda sosteniendo que Nación y provincia “se tiran la pelota”.

Las primeras 104 viviendas prometidas a los docentes de Rosario se construyen a ritmo tranquilo en la llamada Zona Cero.

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) criticó la demora con que se hizo y la que aún se mantiene en materia de vivienda para los docentes.

“El atraso en ese plan es un escándalo: ni una sola casa de las 104 prometidas para Rosario en una primera etapa fue entregada, mientras provincia y Nación se siguen tirando la pelota”, disparó ayer el secretario de prensa de Amsafé Rosario, Diego Mattos. El reclamo de un plan de vivienda destinado a paliar el déficit entre los docentes viene de largo, pero el compromiso del gobierno para iniciar obras concretas fue tomado en paritarias hace ya más de dos años.

De hecho, en enero de 2011 la directora provincial de Vivienda y Urbanismo, Alicia Pino (que conservó el cargo desde la gestión anterior), había asegurado que en unos meses 104 docentes de Rosario (y 98 en santa Fe) estarían estrenando casa. “Antes de fin de año, posiblemente en octubre, las estaremos entregando”, dijo entonces.

Pero no sólo que eso finalmente no ocurrió, sino que en una nota publicada ayer en este diario la ministra de Educación provincial, Letizia Mengarelli, afirmó que las unidades (emplazadas en la llamada Zona Cero) están ejecutadas sólo en un 60%. Es más, la funcionaria aseguró que “las viviendas que se están haciendo a través de fondos provinciales tienen un cierto grado de avance, pero las que se planean realizar con fondos nacionales no han prosperado”.

Amsafé también se quejó por esos desentendimientos. “Es escandaloso cómo la provincia y la Nación se siguen tirando la pelota, pero lo cierto es que no hay una sola casa terminada”, sostuvo Mattos.

Al respecto, recordó que en la preinscripción para acceder a una de esas primeras unidades con financiamiento provincial —”que exigía muchísimos requisitos”, afirmó— se anotaron en Rosario más de 500 docentes. Otros 1.500 quedaron a la espera. Luego la Legislatura aprobó tomar créditos de la Ansés para ampliar el plan.

Sin embargo, de todas esas gestiones no salió aún ni una sola unidad terminada. “Con el agravante de que hoy el gobierno propone levantar una villa olímpica para los Juegos Panamericanos 2019 con 1.500 viviendas, cuando la excusa que nos daban a nosotros era que faltaban tierras. Ahora resulta que las tierras aparecieron”, se quejó.

Con información de La Capital

La tarjeta “sin contacto” para viajes en colectivo urbano simplifica el sistema y se pretende que reemplace a las demás tarjetas. Sin embargo primero hay que poder comprarla.En tres meses, en Rosario sólo se pagará el colectivo con la tarjeta sin contacto.

Reemplazará a los boletos de cartón de 2, 6 y 40 viajes. Se mantendrá el pago con monedas a $ 3,25.

A cinco meses de su lanzamiento, dos de cada diez viajes en colectivo se abonan mediante la tarjeta inteligente. Pese a las dificultades relacionadas con su distribución, ya que hasta hace unas semanas los plásticos se podían comprar y recargar en muy pocos puestos, ya están circulando unas 125 mil tarjetas y se cancelaron más de 7 millones de pasajes. Hace 15 días, el municipio salió a reforzar los puntos de venta: con la incorporación de minimarkets, telecentros y quioscos, ahora hay 170 locales habilitados para su comercialización. El objetivo es que a fines de julio próximo a nueva forma de pago reemplace totalmente a las de cartón.

Cuando se presentó la tarjeta sin contacto, a mediados de noviembre pasado, las autoridades de la Secretaría de Servicios Públicos municipal indicaron que los plásticos naranja convivirían con las tarjetas magnéticas durante seis meses. El plazo se cumplirá a fin de mes, aunque se decidió posponer la medida.

“Vamos a esperar hasta las vacaciones de invierno para migrar totalmente a la modalidad del nuevo sistema”, indicó Mónica Alvarado, la titular del organismo que tiene como objetivo gestionar estratégicamente el transporte urbano de la ciudad. La idea es aprovechar esos meses para realizar una campaña de difusión y distribución más masiva de las nuevas tarjetas para que el cambio no encuentre desprevenido a ningún pasajero.

Bonificación y costo

Las tarjetas inteligentes son rígidas, no tienen vencimiento y pueden recargarse cuantas veces sea necesario. Las canceladoras descuentan siempre el valor ordinario del boleto (actualmente 2,70 pesos), pero si se realizan cargas con importes mayores a 15,60 se otorga una bonificación que hace que el costo del boleto sea menor.

Además, los plásticos se pueden personalizar para no perder el valor de la carga en caso de robo o extravío. Eso sí, cuando se adquieren por primera vez tienen un costo de 8 pesos.

A fines de julio, ya que el receso invernal se extenderá del 16 al 27 de ese mes, la nueva modalidad de pago suplantará a las tarjetas de cartón. Habrá que subir al colectivo con los plásticos naranja o con monedas y abonar el precio del boleto ocasional actualmente a 3,25 pesos.

Si bien el uso de la tarjeta sin contacto aún no es masivo, el secretario de Servicios Públicos municipal, Pablo Seghezzo, señaló que la demanda de los plásticos está en ascenso. “Nuestra evaluación de la primera etapa del sistema es muy buena. La tarjeta sin contacto es una tecnología innovadora, que todavía no cumplió seis meses de vida en la ciudad y con la que ya se abonaron 7.200.300 viajes desde su implementación”, sostuvo.

De acuerdo a datos de la repartición, actualmente hay en funcionamiento unos 125 mil plásticos y el 21% de los pasajes de colectivos ya se abonan con esa modalidad.

Las cargas más utilizadas son las de 20 y 40 pesos, representando el 40% y el 20% del total de las cargas, respectivamente.

En las últimas semanas, los esfuerzos se concentraron en expandir la red de puestos de recarga de la tarjeta sin contacto. Por eso, unos 120 locales recibieron el posnet que habilita las operaciones.

Alvarado destacó que “ya son 171 los lugares para que los usuarios del transporte urbano compren y carguen las tarjetas”. El listado de los puestos se puede consultar en la página del Ente del Transporte de Rosario (www.etr.gov.ar). Y si bien la mayoría de los puestos se encuentra en el área central, ya empiezan a superar el límite de los bulevares.

Los nuevos puntos de expendio se sumaron a las cabinas de venta de tarjeta magnética, distribuidas por toda la ciudad, y a las sucursales del Banco Municipal de Rosario, que fueron los primeros lugares donde se comercializaron y cargaron los dispositivos.

En esta segunda etapa se sumaron 121 comercios y las autoridades prevén que se siga ampliando la distribución.

Según prometió el titular de Servicios Públicos, “antes de fin de año se proyecta llegar a los 600 puestos de carga”.

Con información de La Capital

Intendentes, presidentes comunales y legisladores provinciales del PJ comenzarán a definir hoy la suerte del proyecto por el cual el Ejecutivo pidió autorización para emitir letras del Tesoro, que tiene media sanción del Senado y que será tratado –si se logran los acuerdos necesarios, en las comisiones, para un dictamen favorable– mañana por la Cámara baja.

De convertirse en ley, el gobierno de Antonio Bonfatti podrá emitir letras o pagarés por hasta 556 millones de pesos para afrontar vencimientos en el corto plazo. No obstante, desde distintos sectores internos del PJ –que tiene mayoría en las dos cámaras legislativas– estudian la posibilidad de introducir algunos cambios al proyecto original, lo que demoraría la sanción definitiva de la ley.

El Foro de Intendentes Justicialistas se reunirá hoy a las 9.30, en Santa Fe, con presidentes de bloques del PJ. Esperan poder convocar a referentes de todos los sectores internos: los dos bloques de senadores y los nueve sub-bloques de diputados provinciales. En la reunión se analizará en detalle el proyecto sancionado el pasado 29 de marzo, por unanimidad, en el Senado. Encabezarán la comitiva, en representación de intendentes y presidentes comunales justicialistas, Carlos De Grandis, de Puerto San Martín, y Omar Príncipe, de San Carlos Centro.

Falta dinero en las localidades

La preocupación central en comunas y municipios está vinculada a la necesidad de mayores recursos para poder afrontar, por un lado, las obras en marcha y, por el otro, los aumentos salariales pactados en paritarias con los trabajadores: un 24% –tres puntos por encima del incremento para estatales y docentes– en tres etapas, 14% a con el sueldo de marzo, otro 6% a partir de junio y el último 4% a partir de agosto. Además, los mandatarios locales quieren precisiones sobre cómo y cuándo se distribuirán los 100 millones de pesos que incluyeron los senadores en el proyecto original de emisión de letras para beneficiar a municipios y comunas.

Entre tanto, continuará el trámite legislativo. La Comisión de Asuntos Comunales de la Cámara de Diputados, presidida por la kirchnerista Érika Gonnet, pospuso para las 15 su reunión semanal, prevista inicialmente para las 11, con el objetivo de que los referentes del PJ puedan participar del encuentro con presidentes de comunas e intendentes. Es la primera de las tres comisiones que tiene que tratar el mensaje del Ejecutivo: las otras son Presupuesto y Hacienda, cuya titular es Marcela Aeberhard del bloque justicialista 100% Santafesino –que responde al diputado nacional Oscar “Cachi” Martínez–, y Asuntos Constitucionales, presidida por la diputada del bloque Producción y Trabajo Silvia De Césaris.

Según explicó la diputada Gonnet, la idea es reunirse primero con los intendentes para luego avanzar en las comisiones. Por eso citaron también a los referentes de los dos bloques de senadores del PJ, que habían introducido –por pedido de los mandatarios locales– una serie de cambios en el mensaje original de emisión de letras. Entre ellos, un monto adicional de 100 millones de pesos para municipios y comunas como forma de compensar, al menos en parte, los descuentos que realiza la provincia para el Fondo de Financiamiento Educativo.

Por las dilaciones en el tratamiento del proyecto, el Ejecutivo provincial siguió realizando los descuentos durante los primeros cuatro meses del año y los mandatarios locales van a pedirles precisiones a los legisladores respecto del modo en que se devolverán esos fondos. La presidenta de la Comisión de Asuntos Comunales de la Cámara de Diputados aclaró que el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, envió una nota referida a ese tema, que será analizada en la reunión de hoy.

El proyecto

El artículo sexto del proyecto que sancionó el Senado sostiene: “La provincia transferirá con carácter no reintegrable un aporte adicional mensual a favor de municipios y comunas de la asignación específica efectivamente percibida en cada mes con destino al gasto en educación, en el marco de la ley 26.075 (Financiamiento Educativo)”. Y el sétimo determina que la liquidación a municipios y comunas se hará en el mismo mes en que se realicen las transferencias del gobierno nacional.

Además, el noveno artículo del proyecto establece que el Ejecutivo provincial deberá priorizar la cancelación de deudas con el sector no financiero –deuda flotante– y con municipios y comunas. En este sentido, se establece que una de las prioridades será saldar –dentro de los 60 días de promulgada la ley– la deuda que la provincia haya acumulado al 31 de marzo con las localidades en concepto de Fondo de Obras Menores. La idea de otro sector del PJ en la Cámara baja, el que comanda María Eugenia Bielsa, es introducir en el proyecto de letras una cláusula que obligue al gobierno a repartir el Fondo de Obras Menores en forma automática y sin demoras.

Otro sector del PJ, que responde al ex gobernador Jorge Obeid y que encabeza en la Legislatura el diputado Mario Lacava, condicionó el tratamiento del proyecto a la respuesta, por parte del Ejecutivo, de los pedidos de informes aprobados por la Cámara baja y referidos a la gestión económica del gobierno de Antonio Bonfatti. Uno de esos pedidos fue para solicitar más información sobre las letras: qué interés se pagará por la operación, qué entidades bancarias se presentaron a la convocatoria, cómo se van a devolver los 556 millones de pesos y a cuáles proveedores del gobierno se priorizará en el pago de los compromisos adeudados.

Si bien el Ejecutivo informó, a través de los medios, que la mejor propuesta de las cuatro que se recibieron corresponde al actual agente financiero de la provincia –el Nuevo Banco de Santa Fe–, el diputado Lacava aclaró que el gobierno no respondió ninguno de los pedidos que impulsó desde su bloque. “Es una falta de respecto a la Legislatura negar esa información”, dijo ayer el legislador obeidista, quien anticipó además que intentará introducir algunas modificaciones en el proyecto de letras a los fines de dar seguridad de la devolución de los montos que consiga la provincia mediante esa herramienta y de fijar un criterio claro respecto de las prioridades en el pago de obligaciones asumidas por el Ejecutivo.

Con información de Punto Biz

La AFIP bajó el límite para la compra de divisa estadounidense y endurece corralito cambiario.

En una decisión estratégica (y sorpresiva), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) redujo el límite de compras que el público tenía hasta el lunes para adquirir dólares. Hasta ayer, los particulares estaban autorizados a destinar hasta el 40% del sueldo a compras de divisa extranjera. Ahora, ese porcentaje cayó significativamente a cerca del 25%. Si bien estos números no están oficialmente comunicados, se trata de una proporción que generalmente era la permitida en bancos y casas de cambios. En una sucursal de la AFIP en el barrio porteño de Villa Urquiza se explicó textualmente a un cliente al ser rechazado (y que hasta la semana pasada estaba acreditado a comprar dólares sin alterar su situación fiscal): “se modificó el porcentaje del cambio de pesos a moneda extranjera en relación a tus ingresos mensuales. Pasó del 42% al 26%. Y si sos monotributista, hasta la categoría mas alta, no vas a poder cambiar ni $1”. Consultados por este medio sobre los motivos del repentino cambio, desde el organismo que conduce Ricardo Echegaray, se limitaron a explicar que “no hay comunicaciones respecto del tema y que no se puede informar nada porque es un secreto fiscal”.

En la mesa financieras confirmaron la noticia. “La AFIP redujo los límites de compra y eso se evidenció en una fortísima caída a más de la mitad en la venta de billetes en las sucursales comparado con lo que vendimos el lunes y la semana pasada”, detallaron en un banco. Con restricciones cambiarias cada vez mas “finas”, la realidad que queda al desnudo es unívoca: no alcanzan los dólares en la economía y el Gobierno tiene que buscar el salvavidas que sea necesario “esto incluye controles más férreos” para poder sumar más reservas. Desde mediados de abril, contrariamente, se había decidido flexibilizar los controles.

La moderación respondió a la certeza de que a partir del mes pasado, la oferta de divisas crecería inexorablemente con el arranque de la temporada más intensa de liquidación del agro. No obstante, la lluvia de dólares de la cosecha gruesa todavía no llegó con la fuerza esperada. En rigor, desde el viernes pasado el Banco Central (BCRA) está presionando por vías informales a los exportadores para que vendan en el mercado de cambios. Si bien no es desdeñable lo que están volcando al mercado, lo cierto es que al BCRA no le alcanza para recomponer sus arcas en el nivel deseado.

Mientras las compras de la entidad ascienden a 5.232 millones de dólares en el año, las reservas crecen sólo 1.468 millones. Ayer el Central debió vender 30 millones, aunque más tarde recompró, saldando positivo en 75 millones. El dólar en la city subió a 4,46 pesos y en el circuito negro, después de días de calma, avanzó hasta $5,07.

La diputada provincial Alicia Gutiérrez volvió a presentar dos iniciativas para convertir en ley prácticas relacionadas con la atención de abortos no punibles.

La primera apunta a regular los procedimientos asistenciales en consonancia con el reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación que autorizó la interrupción del embarazo en caso de violación. El segundo proyecto crea un registro de profesionales objetores de conciencia que si bien ya está en marcha en los hospitales públicos, de prosperar la iniciativa, también deberá extenderse a los sanatorios privados.

Planificación familiar

La provincia adhirió la guía de atención de abortos no punibles del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en abril pasado y ya tiene en marcha un registro de objetores a distintas prácticas relacionadas con la planificación familiar. No obstante, ambas medidas se implementaron mediante resoluciones del Ministerio de Salud santafesino y la apuesta ahora pasa por convertirlas en ley.

Garantizar derechos

Para Gutiérrez, la diferencia no es menor, ya que una resolución puede ser modificada apenas con la firma de un nuevo ministro, mientras que para cambiar una ley se necesita de otra. Además, de esta forma, ambas iniciativas se harán extensivas a la salud privada.

“De lo que se trata es de garantizar derechos importantes para la salud de las mujeres, que ya estaban previstos en el artículo 86 del Código Penal pero a los cuales no se podía acceder por el oscurantismo y los preceptos religiosos de algunas personas”, explicó la diputada del SI que la semana pasada volvió a ingresar los dos proyectos en la cámara baja provincial.

Sin discusión

Ambas propuestas ya circularon por la Legislatura, pero perdieron estado parlamentario sin ser discutidas.

El protocolo para la asistencia de abortos no punibles fue presentado por la ex diputada Lucrecia Aranda y ahora fue adecuado por Gutiérrez al fallo de la Suprema Corte.

El proyecto propone regular el procedimiento que deben llevar a cabo los establecimientos de salud respecto a la atención de los abortos contemplados en el artículo 86 del Código Penal, para “garantizar integralmente la salud de las mujeres cualquiera sea su edad”.

Casos en que el aborto no sería punible

En este sentido, aclara que si la mujer hubiera sido víctima de violación, los profesionales sanitarios están obligados a informarla sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo. Y la práctica debe realizarse sin “requerir constancia de denuncia policial o judicial, ni ningún otro documento” en un plazo no mayor a cinco días.

Si el caso se refiere al “peligro para la vida o salud de una mujer”, causado o agravado por el embarazo, debe estar debidamente fundado por los médicos que la asisten, mediante los estudios de diagnóstico pertinentes.

Registro

En forma complementaria, el proyecto de ley que crea el registro de objetores de conciencia estipula que los profesionales de salud deberán suscribir una declaración donde queden asentadas las prácticas médicas que se niega a realizar, “dando un fundamento válido conforme a sus convicciones éticas, morales o religiosas”.

La iniciativa estipula también que “los responsables de gestión de los establecimientos sanitarios deberán hacer lugar a los arreglos organizacionales que permitan que el objetor sea relevado del cumplimiento de la práctica objetada”.

Con información de La Capital

Si bien la Provincia decidió dejar exenta a la industria en la tributación de Ingresos Brutos en la nueva Reforma Tributaria, ya está trabajando sobre un proyecto para gravar un nuevo “impuesto verde o ecológico” a quienes se excedan de una determinada emanación de gases al aire o de afluentes a las aguas.

No están decididos los montos, pero el objetivo es que el tributo se pague mensualmente y tenga una base anual. Sin reuniones hasta el momento con legisladores e industriales – aunque no descartan hacerlas – esperan tener sobre finales de julio todo terminado. Alcanzaría a todas las industrias santafesinas.

Tomando como espejo determinados países europeos, el Gobierno provincial ya alista una nueva carpeta para mandar a la Legislatura. “Recién estamos trabajando en el proyecto, por eso todavía no están definidos los montos del impuesto. La idea es que el pago sea mensual con una base anual, algo similar a Ingresos Brutos. Esto comprende a todas las industrias del espectro industrial de la provincia. A fines de julio pensamos que tendríamos listo el proyecto como para presentarlo”, le dijo Segio Beccari, secretario de Ingresos Públicos.

Según contaron desde las filas provinciales, el objetivo es avanzar en la reducción de la contaminación en el territorio santafesino. Y de antemano, Beccari salió a aclarar los supuestos ante cualquier especulación. “Muchos pueden pensar que como es una cuestión meramente recaudatoria vamos a fijar un impuesto para recaudar. Esto es diferente porque tiene un sentido de control a través de Medio Ambiente y de la eliminación de la contaminación, ya que el proyecto contemple que quienes van generando mecanismos de control y la eliminación de gases tienden a pagar menores impuesto”, aseguró.

Siguiendo a Europa

Tomando como ejemplo a España y Noruega, debido a su “celoso control al medio ambiente” y a los estrictos cuidados de la Unión Europea, el Gobierno puso sobre el eje seguir las líneas tributarias de los países europeos para ejercer un nuevo mecanismo de control – además de sumar nuevos ingresos a sus arcas –. “En esa región fijaron el tributo con el cobro anual de un importe en euros. Por ejemplo, si se excede de la emanación de 200.000 toneladas de dióxido de carbono al año tiene un monto fijo de cargo de impuesto y con un 15% de reducción a medida que va frenando los controles. Además ponen un mínimo de emanación tolerable. Esto también está vigente para la cantidad de metros cúbicos que vierten al agua. Ese es un caso de cómo tratan ellos impositivamente al medio ambiente”, explicó el subsecretario del API.

Y a pesar que los trabajos ya comenzaron en el Ejecutivo, las consultas todavía no se hicieron extensivas a legisladores e industriales. Es que Beccari dejó en claro que “todo se está tratando de manera interna”. Es más, el subsecretario de API aseguró que “en un tiempo se convocará a ediles y allegados al sector industrial para escuchar sus dudas”.

Con información de Punto Biz