Conflicto en puerta por el fin de los beneficios a la importación de soja

La AFIP eliminó el régimen que permitía importarla sin aranceles para industrializarla y exportarla. Las consecuencias del nuevo cambio en las reglas de juego se sentirán en el nivel de desempleo, según anticiparon las industrias aceiteras, y los reclamos de los socios del MERCOSUR Paraguay y Bolivia.La soja siempre está en la agenda del gobierno. Este “yuyo”, como llamó al cultivo la presidente Cristina Fernández de Kirchner en pleno conflicto por las retenciones móviles, es otra vez el eje de la política oficial: la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) eliminó a las oleaginosas del régimen de importación temporaria que permitía a la industria aceitera traer al país poroto de soja de los países limítrofes, principalmente de Paraguay, industrializarlo y reexportarlo sin aranceles.

El beneficio regía desde 2004, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 1330 para “expandir las exportaciones y estimular la actividad económica del país”, según reza en los considerandos de aquel decreto.

Para el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, la vuelta atrás busca ahora “orientar el poder de compra de los exportadores a la producción local, que tiene millones de toneladas guardadas en silobolsa”. En una conferencia de prensa, el funcionario habló de “traccionar” y “fomentar” la compra de producción local para que “la economía se mueva hoy y nos ingresen divisas”. Según fuentes privadas, los productores retienen alrededor de cinco millones de toneladas de la cosecha vieja. Según Echegaray, en 2008, la industria sojera dejó de pagar US$ 421 millones en concepto de IVA y ganancias.

En la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), que hasta ahora mantuvo una relación estrecha con el gobierno, se terminaba anoche de redactar un comunicado de rechazo a la eliminación del régimen especial. Mientras tanto, otras fuentes de la industria adelantaron que la medida no afectará el precio pagado al productor porque el volumen importado desde Paraguay (2,8 millones de toneladas en 2008) es marginal en comparación con la cosecha local (47 millones de t ese año).

Polo exportador

Para la industria, la ecuación es sencilla: la Argentina, dueña del mayor complejo aceitero de exportación del mundo, tiene una capacidad de molienda de oleaginosas que llega hasta los 50 millones de toneladas y una cosecha de soja y girasol que este año apenas alcanzará los 40 millones de toneladas. Por eso, la soja paraguaya, que mayormente baja por el río Paraná en barcazas, permitía aprovechar mejor la capacidad industrial al asegurar el abastecimiento del grano estacionalmente, cuando no está disponible la cosecha local, o cuando, como viene sucediendo, los productores argentinos retacean las ventas. En otras palabras, la industria local tiene capacidad para moler la cosecha argentina y la paraguaya juntas, y aun así, le sobraría capacidad.

La industria aceitera representa uno de los sectores que mejor convivieron con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y con el propio Echegaray. La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que regula las exportaciones de productos agropecuarios (trigo, maíz, carne y lácteos), permitió al sector aceitero autorregularse en las exportaciones de aceite. Es la Ciara y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) los que aportaron el maíz que Moreno repartió entre los productores afectados por la sequía y con las mismas entidades, el secretario suele negociar la liquidación de inyecciones de dólares cuando el tipo de cambio amenaza con dispararse.

Despidos en las aceiteras

Fuentes de la industria aceitera advierten que la decisión del Gobierno de eliminar la soja del régimen de importación temporaria podría causar el despido de operarios del sector, que ya venían trabajando menos por la decisión de los productores de retener aún unos 5 millones de toneladas de la cosecha gruesa.

Además, aumentará la subutilización de las plantas instaladas sobre la margen occidental del río Paraná en el Gran Rosario. Hasta ahora, la capacidad instalada del sector llega a los 50 millones de toneladas anuales y sólo era ocupada en un 70%. Ese porcentaje caería hasta el 65% tras la decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) adoptada anteayer.

Repercusión en la imagen del país

Según una fuente de la industria, la medida del Gobierno “erosionará la ya alicaída imagen de la Argentina como abastecedor confiable, y obligará a las empresas a renegociar y alterar sus compromisos de compra y de venta; además originará conflictos en el ámbito de Mercosur porque con esta medida Paraguay y Bolivia pierden sorpresivamente un mercado importante para sus volúmenes de producción, en el que colocaban parte de su oferta exportable”. La fuente estimó que esos países tendrán que reprogramar sus flujos de venta.

Con información de La Nación