Obstáculos para unas elecciones transparentes

La ley que adelantó los comicios nacionales parece no haber previsto las tareas de actualización de padrones y entrega de DNI pendientes. La falta de recursos de la justicia electoral, la carencia de autoridades de mesa y la salud de las urnas de la provincia de Buenos Aires son otros tres escollos que habrá que saltar si queremos que las elecciones del 28 de junio sean decentes.Elecciones adelantadas

El adelantamiento de los comicios, aprobado por el Congreso a instancias del Poder Ejecutivo, ha provocado problemas prácticos en la justicia electoral, que corre contra reloj para confeccionar los listados con los más de 26 millones de ciudadanos en condiciones de sufragar en junio.

El nuevo calendario electoral establece que aquellos que hayan hecho el cambio de domicilio después del 28 de diciembre del año pasado no estarán incluidos con los nuevos datos en los padrones. Los que cumplieron 18 años hasta el día de la elección estarán habilitados automáticamente.

En la provincia de Buenos Aires el apremio llevó a la Cámara electoral provincial a trasladar al gobernador Daniel Scioli sus inconvenientes. El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia provincia, Luis Genoud; el presidente de la Cámara Electoral provincial, el juez federal Manuel Blanco, y el juez de la Cámara Federal de La Plata, Antonio Pacilio, le dijeron al gobernador que sin recursos no llegaban a tiempo a incorporar al padrón los datos de 2.000.000 de personas que hicieron cambios de domicilio.

Padrones desactualizados

Faltando 3 días hábiles para que se publiquen los padrones provisorios con los que se realizarán las elecciones nacionales del 28 de junio, la justicia electoral aún no ha podido actualizar los datos de millones de personas. De continuar las demoras, un fenómeno que se reproduce en todas las provincias, muchos de esos votantes tendrán serios inconvenientes para poder emitir su voto o directamente quedarán al margen del acto eleccionario.

En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, el problema está en vías de solución, pero la jueza federal María Servini de Cubría debe procesar en 13 días 90.000 “novedades”, es decir, fichas de los electores con cambios a ingresar en el padrón electoral.

En Tucumán, el secretario electoral del juzgado federal, Rogelio Rodríguez del Busto, se mostró preocupado. “Necesitamos actualizar 100.000 novedades en el padrón y para eso necesito por lo menos cuatro meses con horas extras”, afirmó. De todas maneras, consideró que si los elementos necesarios son suministrados “habrá que hacer la elección igual”.

En San Luis, responsabilizan por las demoras al Registro Nacional de las Personas. El prosecretario de la justicia electoral local, Guillermo Pérez, explicó que aún están “recibiendo actualizaciones de los jóvenes empadronados en 2007, debido al atraso que las anteriores gestiones del Renaper generaron”.

En Salta, Adolfo Aráoz Figueroa, secretario del juzgado federal con competencia electoral, señaló que todavía no se nombró al personal adicional que se contrata cinco meses antes de los comicios. Explicó que suman 55.000 los trámites pendientes, pero dijo que corresponden a 2006, 2007 y 2008 porque había trabajo atrasado. También en Córdoba el adelantamiento de comicios producirá algunos inconvenientes en la actualización de los padrones, según dijo Carlos Diers, secretario electoral.

En Mendoza, la Secretaría Electoral trabaja en la incorporación de unas 60.000 novedades para actualizar el padrón, según señaló el juez federal con competencia electoral Walter Bento.

En Entre Ríos, el secretario de la Junta Electoral Nacional, Gustavo Zonis, afirmó: “Estamos trabajando con 36.000 comunicaciones del Registro Nacional de las Personas, con sede en Buenos Aires, que llegaron tardíamente. De ese número, tenemos procesadas 17.000 comunicaciones. Esperamos poder incorporar el resto en el escasísimo plazo que nos queda”.

Una solución momentánea  sería que aquellos que no aparezcan en los padrones deberán demostrar el cambio de domicilio en un trámite personal ante la Justicia, una vez que se exhiban los padrones provisorios. En caso contrario, los electores sólo quedarán habilitados para sufragar en la jurisdicción en la que aparezcan empadronados.

Urnas descuidadas

Otro inconveniente tiene que ver con un enorme galpón en el que se guardan las 52.000 urnas de la provincia, que tiene goteras y las chapas voladas y agujereadas por el granizo. Las autoridades prometieron solucionar este problema a tiempo.

“Urnas no está apto”, aseguran. Así se denomina en la Justicia con competencia electoral al enorme galpón de chapa oxidado, corroído, lleno agujeros y goteras donde se guardan todas las urnas de la provincia de Buenos Aires, en cada elección.

En el lugar, semiderrumbado y sin custodia policial se guardan también los padrones, las actas, las cintas y todo el material de papel y cartón que se utiliza en los comicios para certificar la autenticidad del proceso.

“Ese lugar, el galpón oxidado situado en la esquina de las calles 71 y 20 de La Plata, no está apto en su totalidad. Es necesario cambiar el techo y varias chapas. Si no, alquilo una carpa de circo”, ironizó el juez federal con competencia electoral Manuel Humberto Blanco, encargado de la fiscalización de las elecciones hace más de dos décadas.

No es el único juez que advirtió sobre el alicaído estado de infraestructura. El camarista Leopoldo Schiffrin, que presidió la Junta Electoral con competencia electoral en las últimas elecciones nacionales, confirmó: “Hay grandes problemas de infraestructura. Los galpones donde se guardan las urnas son muy precarios. Ya en 2007 no estaban en condiciones óptimas”.

En la justicia federal informaron que existe una licitación en curso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para adjudicar las obras de reparación de los galpones que pertenecieron al ex Ferrocarril Roca.

En el trámite interviene la Subdirección de Infraestructura dependiente de la Dirección de Gestión Interna. Fuentes de la Corte confirmaron que la obra está preadjudicada.

Entrega de DNI

En Neuquén, en la Secretaría Electoral de la justicia federal no hay temor a no llegar a armar los padrones. En cambio, advierten sobre la dificultad en la entrega de DNI. Calculan que unas 4500 personas podrían quedar fuera de las elecciones por demora en la entrega de los nuevos documentos.

El voto de los muertos

La depuración de padrones demora unos tres meses, ya que los muertos tardan en ser dados de baja. Es decir que pueden aparecer cargados pese a que sea público su deceso.

Justicia electoral con pocos recursos

En una acordada extraordinaria firmada ayer, la Cámara sostuvo que jueces de primera instancia de todo el país le habían manifestado su “preocupación por la insuficiencia de los recursos”, y reclamó autarquía financiera. No tener un presupuesto especial obliga a la Justicia a negociar con el Gobierno las partidas en cada año electoral.

“Esta cuestión debería ser definitivamente revertida”, dijeron los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Rodolfo Munné, que reclamaron que los fondos destinados a organizar las elecciones los otorgara el Congreso a través de la ley de presupuesto.

Hasta ahora, la Justicia recibió del Ministerio del Interior 12 millones de pesos para los próximos comicios, casi seis millones menos que en 2007, según explica la acordada. “A eso debe añadirse que, este año, el costo de las horas extraordinarias y los contratos presenta un aumento significativo”, advierte el tribunal.

En efecto, ayer al mediodía la Corte Suprema informó que había dispuesto un incremento de lo que percibirán los trabajadores judiciales en concepto de horas extra de un 40% respecto de 2007. Frenó así una medida de fuerza que el gremio judicial acababa de iniciar en los tribunales electorales, casi todos al borde del colapso.

El máximo tribunal tiene previsto que los fondos para cubrir este aumento salgan de una partida adicional que ya solicitó al Poder Ejecutivo, según informaron fuentes de la Corte.

Ayer, el Gobierno se esforzó en transmitir un mensaje tranquilizador. “Se ha dialogado con la Cámara Electoral y con la Corte, y no van a faltar recursos”, dijo una fuente del Ministerio del Interior, que aseguró que la Justicia contará con el dinero que necesite, que “todo se va a ir acordando” y que “no va a haber problemas” de organización.

Estrategias para combatir la ausencia de autoridades de mesa

Según datos de la Cámara Nacional Electoral, el 65% de las 150.000 personas que fueron convocadas en 2007 para cubrir los puestos de presidente y vocal en las mesas no se presentaron. Bajar ese número es uno de los principales desafíos que encaran los organizadores de los comicios.

Como primera medida se reforzarán los avisos por correo. En 2007, la convocatoria se hizo a través de envíos de correo simple a los domicilios y la sola explicación de que el convocado no vivía más en alcanzaba para que el trámite quedara trunco. La idea es instruir a los empleados del correo para que, frente a estas respuestas, insistan en que ser autoridad de mesa es una carga pública y logren transmitir que quien dice que el convocado “no vive más allí” es también responsable del incumplimiento.

En este mismo sentido, la Cámara Electoral concentrará esfuerzos en reforzar, por varias vías, el mensaje de que no presentarse es un delito contemplado por el Código Nacional Electoral, que en el artículo 132, prevé una pena de entre seis meses y dos años de prisión a quienes no cumplan con la obligación.

En este marco apelará además al posible “efecto aleccionador” de lo ocurrido con quienes se ausentaron en las últimas elecciones. La justicia electoral inició 970 expedientes contra personas que no se presentaron y dictó 54 procesamientos. La mayoría de los casos se resolvió mediante la probation, un mecanismo que suspende los juicios penales a cambio de trabajo comunitario que repare el daño.

El incentivo económico será otra de las estrategias centrales. Aunque el monto que reciban las autoridades de mesa (presidente y vocal) aún debe ser fijado por el Poder Ejecutivo, en la Cámara Electoral indicaron que el pago “seguramente será de 100 pesos” por autoridad, tal como ocurrió en 2007. No obstante, estudian la posibilidad de llevar esa suma $130 para quienes se capaciten antes de cumplir con la tarea. La capacitación consiste en un breve curso que podrá hacerse en persona en la Cámara Electoral o a través de Internet.

Con información de La Nación