El proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso propone limitar al 5% la facultad de redistribuir fondos del presupuesto. Este porcentaje pierde sentido si se sabe que en los primeros 6 meses de 2009 la reasignación que efectuó la presidente, de 1381 millones de pesos, solo equivalen al 0,57%.
La propuesta fue bien recibida, pero la opinión generalizada de los opositores permite presagiar que en el debate en el Congreso el recorte de facultades será más profundo.
La presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para limitar al Poder Ejecutivo en el uso de los denominados superpoderes, de manera que sólo pueda distribuir partidas sobre el 5% del presupuesto nacional.
Sin embargo, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP), de enero a julio de 2009, el Gobierno reasignó 1381 millones de pesos de un presupuesto de 243.000 millones, o sea, un 0,57% del total.
Por ese motivo, con un margen de 5%, la Presidenta preservará un margen amplio para administrar recursos sin pasar por el Congreso.
Según el análisis de Joaquín Morales Solá, el gesto de la presidente al enviar al Congreso el proyecto sobre superpoderes es positivo, sin embargo “se equivocó cuando calificó de “artificial” el debate sobre esas facultades extraordinarias. Nunca puede ser artificial ni insignificante una polémica sobre la tergiversación de las facultades que competen a cada uno de los poderes del Estado”.
Origen de los superpoderes
Los superpoderes son facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo para que el jefe de Gabinete pueda reasignar partidas en forma discrecional dentro del presupuesto. Esa competencia quedó consagrada por ley en 2006, cuando el oficialismo modificó la ley 24.156, de Administración Financiera. Previo a ello se prorrogaban año tras año con cada ley de presupuesto.
El mayor uso discrecional de esa facultad extraordinaria lo hizo el Gobierno en los años anteriores, cuando en el presupuesto se subestimaban el crecimiento y los recursos. Ello generaba excedentes de ingresos tributarios por miles de millones de pesos, que eran reasignados mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU), además de las decisiones administrativas (DA) del jefe de Gabinete.
En el presupuesto actual no hay excedentes de recaudación. Por el contrario, ingresa un 14% menos de lo previsto.
Decretos de Necesidad y Urgencia
Según datos oficiales, en 2008, el Gobierno incrementó el presupuesto en 41.537 millones de pesos. El 88% de esos recursos adicionales se distribuyeron por medio de DNU. El resto (sólo un 12%, unos $ 5000 millones) se reasignó por superpoderes. En el universo global, esa cifra rondaba el 3% del presupuesto.
La oposición va por más
El arco opositor recibió con satisfacción la iniciativa presidencial pero coincidió en que la propuesta es insuficiente.
“Nuestro criterio siempre fue volver a la vieja ley de administración financiera, que impedía cambiar la finalidad de las partidas, pero estamos dispuestos a discutirlo”, dijo Adrián Pérez, jefe de la bancada de la Coalición Cívica en Diputados.
“Los superpoderes no empiezan ni terminan en el artículo 37 de la ley de administración financiera, por lo que es un avance parcial. Hay que recordar que todavía queda pendiente toda la estructura legal basada en la emergencia económica, que también le otorga superpoderes al Gobierno”, afirmó el presidente de la UCR, Gerardo Morales.
Morales también se refirió a la advertencia de la Presidenta sobre la responsabilidad fiscal de los legisladores. “A nosotros no nos va a correr el Gobierno con el discurso de dónde va a sacar la plata si se reducen retenciones, porque hay 28.800 millones en subsidios”, sentenció.
En las filas de De Narváez también hablaron de una iniciativa incompleta. “Me parece una medida maravillosa si se complementa con la eliminación de las facultades delegadas y un control real de la posibilidad de legislar por decreto”, opinó el jefe de la bancada de Unión Pro, Federico Pinedo.
Desde la Fundación Poder Ciudadano, su presidenta, Delia Ferreira Rubio, mantuvo una mirada más crítica. “Autorizar al Ejecutivo a modificar el presupuesto «un poquito» no deja de ser una delegación de poder improcedente”, analizó.
También recordó que la propia ley de administración financiera prevé la facultad de enfrentar emergencias y catástrofes sin necesidad de recurrir a superpoderes.
Con información de La Nación
