Si bien aún la ley que grava la importación aún está siendo analizada en el Congreso, las demoras en las licencias de importación ya están afectando a los televisores, LCD y otros rubros como juguetes y calzado.

Las cadenas del ramo reconocen que en los últimos dos meses se resintió la oferta en varios rubros y advierten que en algunas categorías, como televisores de LCD, directamente ya existen faltantes de mercadería.

El rubro electrodomésticos es, junto con el de los juguetes y el del calzado, uno de los más afectados por la decisión del Gobierno de frenar la salida de divisas demorando la aprobación de las licencias de importación, lo que se tradujo en una gran cantidad de mercadería que está parada en la Aduana a la espera del visto bueno oficial.

En un principio, el impacto de esta política no fue tan grande porque la restricción en las importaciones coincidió con una fuerte caída en la demanda, lo que sirvió para disimular los faltantes de productos. Sin embargo, la buena performance de la categoría televisores de LCD -según la medición de la consultora GFK, a pesar de la recesión sus ventas continúan creciendo a una tasa interanual del 9%- está comenzando a generar problemas en el abastecimiento, en especial para las cadenas minoristas más chicas.

La situación de los vendedores

“Hoy tenemos un problema generalizado en la entrega de televisores de LCD. Las marcas nos dicen que tienen muy restringido el ingreso de artículos importados, con lo cual hay menos entrega de productos”, explicó Héctor Montemurro, director de Red del Plata, una red de comerciantes independientes que reúne a 60 casas de electrodomésticos de todo el país.

En Rodó también reconocen que su negocio se ve afectado por los problemas en la entrega. “Hay un faltante de productos que en nuestro caso lo estamos cubriendo con los stocks previos. Donde más se siente es en los televisores de LCD, porque la producción nacional no alcanza a cubrir toda la demanda, aunque también tuvimos problemas en algunas categorías de línea blanca, como heladeras y lavarropas”, señaló Nicolás Monteforte, vicepresidente de la cadena Rodó.

Hasta el momento, la decisión de las grandes marcas fue priorizar a sus principales clientes, con lo cual los más afectados por los problemas en la entrega son las casas independientes, que se quejan de que en algunos casos los proveedores negocian la entrega de televisores LCD a cambio de que también les compren otros artículos de menor demanda.

Igualmente, entre las grandes cadenas también reconocen que la situación en materia de stocks no es la ideal. “En los últimos tres meses hubo problemas en el abastecimiento de LCD, como producto no sólo de las restricciones a las importaciones, sino también porque a nivel mundial se venía proyectando una menor producción debido a la crisis financiera internacional. Pero confiamos en que en las próximas semanas la situación se normalice”, señaló Juan Manuel Aragonés, director comercial de Garbarino.

Por su parte, en las grandes cadenas de supermercados también admiten haber sufrido algunos problemas logísticos. “Evidentemente, la velocidad con la que están liberando las licencias de importación está impactando en el normal abastecimiento”, reconocieron en Carrefour Argentina.

Un poco más diplomático, Alfredo Coto se quejó de que la producción nacional no es suficiente para atender el crecimiento de la demanda. “Tuvimos problemas con el abastecimiento, que ahora se está normalizando, aunque no podemos negar que nos están faltando productos en varias categorías por los problemas en la importación”, reconoció el empresario.

Con información de La Nación

Los bomberos del sur de la provincia de Santa Fe seguían ayer en “alerta máxima” ante la magnitud de numerosos incendios de campos ocurridos el fin de semana en jurisdicción de Christophersen, Diego de Alvear y San Gregorio así como en el norte del territorio bonaerense.

Los llamados Autoconvocados, en Ayuda de los Bomberos, con sus equipos de tractor y arados de disco, tanques de agua y fumigadores también contribuyeron a paliar incendios en una labor arriesgada. La policía a su vez contribuyó a controlar el tránsito tanto en la ruta provincial 14 y como en la nacional 7.

Si bien no existen estimaciones exactas sobre las pérdidas producidas, sí se sabe que son cuantiosas ya que el fuego consumió gran cantidad de hectáreas de rastrojos en tierras sobre las que se aplica la siembra, con la consiguiente pérdida de materia orgánica húmeda y nutriente, así como postes y varillas de los alambrados, tranqueras, fauna natural, arboleda, postes de cableado de energía eléctrica rural, daño a viviendas, puestos, molinos, aguadas, durmientes ferroviarios, fardos y maquinaria, que al igual que mucho ganado fueron presas de las llamas.

Por los cortes de energía eléctrica ocurridos por los incendios y el alto consumo, las cooperativas proveedoras de agua potable de la zona pidieron a la población racionalizar el consumo hasta que se pueda restablecer la presión normal de cañerías.

El equipo de brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego estuvo en alerta aunque, hasta ayer, no fue necesario contar con su participación, teniendo en cuenta que 20 dotaciones de bomberos pertenecientes a diferentes localidades trabajaron en el área. Durante el siniestro, sí intervino el helicóptero que la provincia gestionó ante la Nación. La aeronave ayudó en el traslado de personal de bomberos de diversas dotaciones y en tareas de logística.

También se produjeron incendios en el centro y oeste del departamento Caseros, en campos cercanos a Chañar Ladeado, la localidad vecina de Cafferata y en alrededores de Firmat, donde los focos fueron dominados.

Antonio Moyano, titular de la Dirección de Protección Civil de Santa Fe, declaró que la situación estaba controlada, pero que la preocupación seguía por las condiciones meteorológicas. Confirmó que los vientos superaron los 60 kilómetros sobre “los pastos secos que hacen más fácil la propagación del fuego”.

La situación despertó sospechas en dirigentes vinculados con la labor agraria, como la Asociación de Productores Agropecuarios del Sur de Santa Fe, que mencionaron la posible intencionalidad, aludiendo a la presunta acción de piquetes antihuelga del campo. Los focos se iniciaron cerca de Diego de Alvear, Christophersen y San Gregorio, tras el inicio del paro decidido por la Mesa de Enlace, aunque en otras áreas como Chañar Ladeado desestimaron esos rumores.

Fuego en las islas

Bomberos de la ciudad de Victoria y del destacamento Zona Norte de Rosario combatían ayer hasta entrada la noche un incendio de pastizales declarado en la zona de islas, en proximidades del talud de uno de los tramos del camino que une a Rosario con Victoria.

El frente de fuego que combatían los efectivos rosarinos y victorienses se extendía unos 200 metros y obligó a un operativo de tránsito que durante la jornada provocó algunas demoras en ambos sentidos de la enlace vial, aunque paulatinamente el mismo se fue normalizando.

Monotributo agrario

El director nacional de Ejecución de Políticas de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, Alberto Chiaravino, instó a los pequeños productores a inscribirse en el registro nacional de la agricultura familiar, lanzado por esa dependencia, para relevar las necesidades del sector.

Durante un acto en el cual se anunció el apoyo de la Subsecretaría a la Asociación de Horticultores de Rufino, Chiaravino explicó también los alcances del monotributo social, que permitirá a los productores familiares, trabajar en blanco con su respectiva facturación, tener obra social y aporte previsional, para su futura jubilación. Este monotributo será gratuito.

Con información de La Capital y La Nación

Con el 95,2% de las explotaciones censadas en el relevamiento de 2002, en una superficie ya escrutada del 94,5%, hay 1400 explotaciones menos que hace 6 años.

En la provincia de Santa Fe se relevaron 26.674 explotaciones agropecuarias. De ellas, 26.479 cuentan con límites definidos e involucran 10,66 millones de hectáreas. Así surge del primer informe de avance del censo agropecuario 2008 que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El censo agropecuario se inició en 2008 en todo el país y fue objeto de fuertes polémicas por las demoras en su realización, las denuncias sobre el manejo del organismo estadístico nacional y porque se realizó bajo el contexto del conflicto agropecuario. Pese a eso, sus datos son relevantes para tener un panorama del sector agropecuario en la posdevaluación.

El Indec difundió sobre el fin de semana el informe sobre el estado de situación de la tarea censal, en el cual anticipó algunos resultados disponibles, “acotados exclusivamente a exponer su cobertura territorial y el número y la superficie de las explotaciones agropecuarias censadas al 24 de agosto de 2009”.

A esa fecha, se explicó, se completó el barrido territorial sobre 273 mil explotaciones en todo el país, con una superficie de 154,2 millones de hectáreas. En tanto, hubo 20,2 millones de hectáreas no censadas por distintas causas (ausencias, rechazos, inundación, etcétera) y otras 16,2 millones de hectáreas sin información.

El Indec explicó que “si bien la mayoría de las provincias había concluido las tareas de campo para fines de 2008, hubo varias que, por diversas razones, no lograron completar las tareas censales previstas para esa época”.

Resultados

En Santa Fe, sobre un total de 542 segmentos censales, 454 están cerrados y 88 abiertos, es decir que faltan planillas por completar.

Si estas cifras obtenidas hasta ahora se consolidan, una primera lectura de los datos del censo arrojaría una disminución de 1.400 establecimientos en seis años, aunque acompañada de una reducción porcentualmente muy parecida en términos de superficie involucrada. La superficie promedio por explotación sería muy similar a la de 2002, en el orden de las 400 hectáreas.

Entre 1988 y 2002, en cambio, cayeron casi 10 mil explotaciones.

Con información de La Capital

En un inesperado cambio de rumbo, la ex funcionaria de Binner y líder de Pampa Sur, María del Carmen Alarcón, se sumó al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y criticó el paro del campo.

El giro de la ex diputada del Frente Para la Victoria confirma que muchos funcionarios tienen un precio. Alarcón pasó de defender activamente el reclamo agrario a aceptar un cargo en la administración nacional en el que se desempeñará como secretaria de Integración Nacional.

“Quiero dejar atrás la apología del problema del campo. Terminar de hablar del problema y empezar a tratar de solucionarlo”, dijo Alarcón al tratar de explicar el inesperado cambio de bando.

El campo alerta y expectante

El presidente de la Sociedad Rural (SRA), Hugo Luis Biolcati, destacó el conocimiento de Alarcón de la problemática rural y consideró prudente “darle tiempo” para ver en qué se traduce su sorpresivo desembarco en el Gobierno.

“Tenemos que ver cómo se delinea la nueva secretaría, que hasta ahora es un gran misterio, y evaluar si va a servir para atender nuestros reclamos o si va a ser otra forma de vaciar la Secretaría de Agricultura”, planteó respecto de Secretaría de Integración Nacional, la dependencia que Aníbal Fernández creó a propuesta de la propia Alarcón y de la que la líder del grupo Pampa Sur quedará a cargo.

Biolcati advirtió: “Tenemos que esperar y ver con qué grado de autonomía se maneja y cuáles son sus atribuciones, porque si no le dan margen para moverse vamos a estar en la misma”.

Desde la Federación Agraria, Ulises Forte fue menos contemplativo y apuntó sin medias tintas contra el Gobierno. “Lo que pasó con Alarcón no me sorprende en lo más mínimo. Es una movida más dentro del reordenamiento del PJ. El Gobierno está resolviendo su interna con cargos”, lanzó en diálogo con este medio.

Alarcón intenta explicar el giro

Durante el conflicto entre el campo y el Gobierno, surgido en marzo del año pasado por la resolución que estableció las retenciones móviles, la ex diputada participó de decenas de manifestaciones en las rutas, e incluso estuvo procesada por la obstrucción de la ruta nacional 9, cerca de San Pedro, junto a otros dirigentes políticos, ruralistas y sociales.

En mayo de 2006, y tras oponerse a la política oficial de exportación de carnes, Alarcón había sido expulsada de la presidencia de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja.

“Esto es muy difícil -pasar de dirigente ruralista a funcionaria del Gobierno-. Para cualquier dirigente es muy riesgoso, lo que se puede perder es mucho, pero sigo confrontando o me paro desde otra posición y busco caminos para solucionar las cosas. No quiero profundizar más la polarización”, dijo Alarcón.

Para dejar en claro dónde está ubicada en la actualidad, Alarcón criticó ayer, por segundo día consecutivo, el paro de comercialización de granos y hacienda dispuesto por la Mesa de Enlace, por efectivizarse a partir de mañana. “No estamos para siete días de paro, más allá de que podamos respetar absolutamente las necesidades, decisiones y demandas de los dirigentes gremiales”, expresó Alarcón en declaraciones radiales, durante la tarde. “No tenemos que ir con diez problemas en un día, sino ir de a uno, dos o tres”, agregó.

La nueva Secretaría

La secretaría de Integración nacional fue creada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y asumiría funciones que antes competían a la secretaría de Agricultura. Otros dos integrantes de Pampa Sur, Miguel Saredi y Mariano Pinedo, también se sumarían al gobierno nacional en el futuro equipo de Alarcón.

Aníbal Fernández dijo que el Gobierno no se fijó si Alarcón era de otro partido o trabajaba con Binner. “La convocamos por sus conocimientos relacionados con el campo y porque nos satisfizo la propuesta que nos hizo -por la secretaría-, no por otro motivo”.

Gobierno de Binner sin reacción

Consultado por la decisión de la hasta ayer Secretaria de Integración Regional, el gobernador Binner expresó: “Toda actividad que signifique un beneficio a la democracia es buena”.

Pablo Javkin, presidente de ARI Santa Fe e integrante del Frente Progresista que apoya al gobierno de Binner, fue mucho más crítico. “Me parece absolutamente incoherente con la política del gobierno provincial en su relación con los sectores productivos. No hay excusa para disimular un acuerdo inexplicable”.

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, del cual dependía la Secretaría de Alarcón en la provincia, declaró sentirse “sorprendido” por la forma en que se manejó Alarcón. “Nunca me llamó, me enteré por los diarios. Tampoco sabíamos que le había llevado al gobierno nacional una propuesta para realizar lo que estaba haciendo en la provincia”, dijo el funcionario anoche.

Con información de La Capital y La Nación

En el que será el séptimo paro agropecuario en lo que va del mandato de la presidente Cristina Fernández Kirchner, a partir de mañana habrá decenas de concentraciones en distintos puntos del país y en algunos lugares habrá “control de cargas”, como llaman los ruralistas a la verificación de que los camiones que circulan no transporten granos ni hacienda.

La Federación Agraria anunció ayer que habrá “controles” en General Villegas, Ameghino, Lincoln, Firmat, Chabás, Maciel, Armstrong y Rufino, entre otras localidades. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) definirá hoy en 25 de Mayo su agenda de protestas durante el paro agropecuario.

Los presidentes de las cuatro entidades recorrerán el fin de semana varias provincias. Mario Llambías, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), estará en Misiones, Corrientes y Salta. Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, que no participó del anuncio del nuevo paro, que se extenderá hasta el 4 de septiembre, siguió su gira gremial por tierra bonaerense. Hugo Biolcati, de la Sociedad Rural, prepara otro discurso para la inauguración de la exposición de Mercedes, Corrientes.

El mercado también se prepara para el paro. Aunque tradicionalmente no se realizan operaciones los jueves, hoy se esperan en el Mercado de Liniers entre 6000 y 8000 vacunos. Ayer los precios reflejaron la proximidad de la medida de fuerza y subieron levemente. Además, sorpresivamente, los directivos de las principales empresas exportadoras de granos del país fueron convocadas de urgencia al despacho del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Con información de La Nación

Ante el riesgo de que varias provincias dejen de pagar los sueldos el gobierno nacional comenzó a estudiar mecanismos para favorecer la financiación y reprogramar los pagos.

La explosiva situación fiscal de las provincias llevó a varios gobernadores a admitir que sus arcas están agotadas y que podrían postergar el pago de sueldos de sus empleados desde el mes próximo.

Reprogramación de los pagos de la deuda

Ante esta situación, la Casa Rosada comenzó a estudiar una refinanciación o reprogramación de vencimientos por 15.000 millones de pesos de la deuda que las provincias tienen con la Nación, lo que se comenzará a debatir en estos días.

“Se estudia la manera de reprogramar vencimientos de deuda de las provincias con la Nación”, afirmó ayer un alto funcionario del gobierno, en medio de la conferencia de Perspectivas Económicas y Políticas celebrada por el Council of Americas en el hotel Alvear.

El tema será analizado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y por el ministro de Economía, Amado Boudou, que podrían convocar a gobernadores para los próximos días. La deuda total de las provincias es de 99.000 millones de pesos, el 71% de la cual tiene a la Nación como acreedora.

Según la consultora Economía & Regiones, el stock de deuda de las provincias asciende en 2009 a 99.000 millones de pesos, mientras que otras consultoras privadas estiman que los vencimientos de este año serán de 15.000 millones. En Economía no hay datos oficiales porque las provincias dejaron de enviarlos desde hace dos años. Esos vencimientos son los que el Gobierno apunta a reprogramar.

En tanto, según el experto en cuestiones fiscales provinciales Nadin Argañaraz, de la Fundación Mediterránea, el déficit provincial total proyectado para 2009 podría llegar a $ 13.000 millones.

El origen de la deuda de las provincias

“En 2002, la Nación tomó la deuda que las provincias tenían con bancos y organismos. Esta parte se estudiará reestructurar para darle más oxigeno a la situación provincial”, comentó un ministro al diario La Nación. En función de aquel canje, la Nación emitió el bono Bogar 18 a los acreedores y les retiene los recursos de coparticipación a las provincias. Luego los gobernadores debieron rescatar las cuasimonedas y el Banco Central emitió los Boden 2011 y 2013. Los tres bonos totalizan hoy un stock de obligaciones de $ 40.000 millones.

Otra deuda de las provincias es el Plan de Asistencia Financiera (PAF) que rondaría los 23.000 millones, mientras que otros bonos privados totalizarían 18.000 millones y una cifra similar las obligaciones con organismos internacionales. Las provincias más comprometidas son Buenos Aires, con un stock de $ 37.800 millones hasta 2008; Córdoba, con $ 8111 millones, Chaco: $ 4409 millones; Jujuy: $ 3176 millones, y Mendoza: $ 3504 millones, entre otras.

La deuda de las provincias pasó a estar así en un 70% en manos de la Nación. Es esa la franja de vencimientos que el Gobierno podría reestructurar, por cuanto el 30% restante está en manos de acreedores privados y de organismos internacionales.

“También sabemos que los gobernadores y los diputados estudian suspender la ley de responsabilidad fiscal y nosotros estaríamos dispuestos a estudiarlo”, agregó.

Financiamiento

Por otra parte, el gobierno aceptará la propuesta de varios gobernadores de suspender la ley de responsabilidad fiscal para 2009 y 2010, lo que les permitiría un mayor endeudamiento. Todo apunta a conseguir oxígeno para las provincias. “Todo se va a evaluar y a estudiar”, confirmó Boudou.

Ley para remover trabas al endeudamiento público

Los diputados del oficialismo, con el respaldo de la Casa Rosada y de la mayoría de los gobernadores -incluso de signo opositor-, presentará hoy un proyecto, iniciativa de la diputada oficialista Patricia Fadel (Mendoza) apunta a quitar las trabas para que las provincias accedan a financiamiento. El proyecto comenzará a debatirse la semana próxima en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Coparticipación, debate postergado

Ese relajamiento fiscal le permitiría a la Casa Rosada disipar el fantasma de una convulsión social. Pero, además, evitaría otro debate más molesto para Balcarce 50 y para Olivos: los gobernadores reclaman una mayor coparticipación de los recursos nacionales; una mayor distribución a las provincias de los impuestos, como el del cheque, y la recuperación del 15% de los recursos coparticipables cedidos en 1992 para el sistema provisional. El perdón fiscal alejaría ese peligro: ni el Gobierno, y menos aún el ex presidente Néstor Kirchner, están dispuestos a resignar el manejo discrecional de los recursos coparticipables.

Córdoba y Buenos Aires, las más complicadas

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, le envió ayer una carta a la Presidenta para que la Nación gire 372 millones de pesos adeudados para afrontar el pago de los sueldos de estatales y advirtió que declararía la emergencia económica.

Por su parte, el gobierno bonaerense consiguió ayer, a último momento, los fondos necesarios para cubrir el pago de salarios a estatales y docentes cuyo proceso de liquidación debe iniciar en las próximas horas para poder empezar a abonar la semana entrante el cronograma habitual de pagos. Voceros del Ministerio de Economía provincial explicaron que se hizo una operación de “reprogramación financiera con fondos de la recaudación provincial de los últimos días” para poder llegar a cubrir los $ 2500 millones necesarios para los salarios.

Con información de La Nación

Tras el veto de la emergencia bonaerense el sector agropecuario decidió la no comercialización durante 8 días y el regreso a las movilizaciones.

La Comisión de Enlace del campo convocó ayer a un nuevo paro agropecuario, el séptimo en lo que va del mandato de la presidenta Cristina Kirchner. La medida, que consistirá en el cese de comercialización de granos y ganado, comenzará pasado mañana y se extenderá hasta el viernes 4 de septiembre y es la respuesta del sector al veto del Poder Ejecutivo a la ley de emergencia que suspendió el pago de las retenciones o redujo las alícuotas en más de media provincia de Buenos Aires afectada por la sequía.

El ruralismo, que llamó a los productores agropecuarios a no cortar las rutas y aseguró que no habrá desabastecimiento de alimentos, también prepara movilizaciones en distintos puntos del país para el 8 de septiembre, fecha en que desde 1944 se celebra el Día de la Agricultura y del Agricultor. “Estamos canalizando institucionalmente el reclamo para evitar desbordes”, anunció el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati.

La intensidad de la medida de fuerza está ahora en manos de los productores, que en algunos puntos del país controlarán en las rutas el acatamiento al cese de comercialización. Hoy, en la localidad de 25 de Mayo, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) decidirá cómo llevará a la práctica la protesta. Carbap y la Federación Agraria fueron las entidades que más presionaron para convocar a un nuevo paro.

“Nosotros veníamos propiciando el espacio de diálogo, sin duda que algunos acontecimientos de la semana pasada y la publicación hoy del veto lamentablemente es la gota que rebalsó el vaso”, afirmó el presidente de Coninagro, Carlos Garetto, encargado de leer el comunicado oficial en el que se convocó al cese de comercialización.

“Finalizada esta etapa y durante la vigencia del plan de lucha, la Comisión de Enlace permanecerá en estado de sesión permanente para evaluar y definir los pasos a seguir”, agregó Garetto, que estuvo acompañado por Biolcati y el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías. El líder de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, no participó de la reunión porque se encuentra de “gira gremial” por la provincia de Buenos Aires. Anoche encabezó una asamblea de productores en la localidad de El Triunfo. “Estamos en los albores de una nueva [resolución] 125. No sé si [la reacción] va a ser superior a la del año pasado, pero va a ser muy similar”, alertó desde allí.

En representación del ruralista estuvieron los dos vicepresidentes de la entidad (ambos diputados nacionales electos por la UCR), Pablo Orsolini y Ulises Forte.

Llambías dijo desconocer si el Gobierno tiene en estudio una suba de 5 a 10 puntos en las retenciones a las exportaciones de soja, versión que circuló con fuerza en los últimos días. “Si es así, en su momento se verá. Ahora no tenemos ninguna información de que esto sea cierto”, afirmó.

El ruralismo dejó a un lado las diferencias ideológicas y cerró filas contra la política del Gobierno para el sector. La Federación Agraria, incluso, rechazó el tratamiento en el Congreso de un proyecto de ley de arrendamientos agrarios que orginalmente impulsaba. “Es una chicana política para dividir a las entidades”, afirmó Orsolini.

Con información de La Nación

En una reunión entre el ministro de Economía provincial, Angel Sciara y el secretario de Hacienda de la Nación, Juan Carlos Pezzoa, se analizarán los mecanismos de cancelación sobre un conjunto de deudas que reclama el gobierno provincial al Estado nacional y que involucran en total unos 4 mil millones de pesos.

El encuentro, el primero de carácter formal que tiene lugar luego del encuentro que mantuvieron el gobernador Hermes Binner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a fines de julio pasado, será el inicio del “trabajo técnico” destinado a conciliar y negociar el pago de esa masa de acreencias, que en muchos casos ya dieron lugar a presentaciones judiciales.

Pero, en un marco de crecientes dificultades financieras, el temario del encuentro se extenderá al análisis general de la situación de las provincias y, dentro de ese escenario, sobre eventuales fuentes de financiamiento por parte del Ejecutivo nacional.

Los sueldos no corren peligro en Santa Fe

“Conversaremos sobre la situación de las provincias, queremos saber cómo está viendo el gobierno nacional los acontecimientos que se están presentando en varios distritos, en algunos de los cuales ya se están presentando problemas para pagar los sueldos”, señaló Sciara, quien de todos modos aclaró que el cumplimiento de los compromisos salariales no peligra en Santa Fe.

Financiamiento

El ministro sí expresó su acuerdo con el pedido que efectuó la mayoría de los gobiernos provinciales para que se derogue parcialmente la ley de responsabilidad fiscal, que limita la posibilidad de endeudamiento. Y admitió que explorará con Pezzoa las posibilidades de financiamiento nacional a las provincias. Santa Fe no participa del Programa de Asistencia Financiera (PAF), por el cual el Estado nacional asiste a importantes distritos como Córdoba y Buenos Aires, pero está interesada en evaluar si Santa Fe podría ingresar a un esquema similar.

Sin embargo, la gran apuesta es que “se abra realmente un camino para el trabajo coordinado entre la Nación y la provincia de Santa Fe”, señaló Sciara. En primer lugar de la agenda está el reclamo elevado por la provincia en relación a la deuda histórica de la administración nacional, que involucra unos 600 millones de pesos, más los planteos por detracciones que la provincia considera injustificadas. Entre ellas figuran 2.100 millones de pesos que se sacan de la coparticipación para financiar a la Ansés y 1.200 millones de pesos retenidos por el impuesto al cheque.

También se discutirá sobre la deuda de 400 millones de pesos acumulada en concepto de los fondos que el gobierno nacional debe transferir para cubrir el déficit de la caja de jubilaciones. Sciara explicó que ya comenzaron las reuniones entre funcionarios de la Ansés y de la Caja para repasar este reclamo.

Con información de La Capital

El director ejecutivo del organismo previsional sostuvo ante los legisladores del Congreso nacional que hay superávit pero que no se usará para jubilaciones.

Diego Bossio, director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), afirmó que el fondo de garantía del sistema previsional tiene un saldo de 120.116 millones de pesos, y ratificó que esos recursos no serán volcados a los jubilados y pensionados, salvo que se produzca un déficit entre la recaudación y los compromisos de pago que asume el sistema.

El saldo del fondo es un 22,3% superior al de diciembre, cuando se hizo el traspaso de los ahorros de los ex afiliados al régimen de capitalización. En rigor, la mejora se explica por la recuperación del valor de los activos financieros, ya que el traspaso de fondos se hizo en uno de los peores momentos de la crisis: un ítem en el que hubo una revalorización significativa fue en el de las inversiones que las AFJP habían hecho en el exterior, según la información presentada ayer y a la que desde ahora es posible acceder mediante un portal especial al que se ingresa por www.anses.gob.ar.

Oposición no conforme con las explicaciones

El funcionario habló en el Congreso ante los legisladores que integran la Comisión Bicameral de control del fondo de garantía. Referentes de la oposición -que no se mostraron conformes con varias respuestas- volvieron a expresar sus demandas por un acceso más dinámico a la información y por una mayor claridad en los criterios de inversión. Y hubo expresiones de disconformidad con el Gobierno cuando Bossio se refirió a que las normas no prevén el uso del fondo para mejorar haberes, ya que el pago de las jubilaciones tiene su propio flujo de recursos (en el primer semestre del año dio un superávit de 3003 millones de pesos).

Fernanda Reyes (diputada de la Coalición Cívica) recordó que en el decreto 897 de 2007, que creó el fondo de garantía, se había dispuesto un máximo para acumular recursos -el límite era un año de pago de prestaciones- pero lamentó que ese artículo fuera derogado en 2008 por el Poder Ejecutivo, con la intencionalidad de que no se diera disponibilidad a los fondos que, tras la estatización de los recursos de las AFJP, quedarían como excedentes. “Y todo esto cuando la Justicia ya dijo que tenemos una deuda histórica con los jubilados” por la falta de movilidad durante varios años, dijo la legisladora.

Reyes también apuntó contra los plazos fijos colocados en el Nuevo Banco del Chaco, una entidad crediticia con mayoría accionaria de la provincia gobernada por el oficialista Jorge Capitanich. Allí se derivaron $ 275 millones, cifra superior al patrimonio neto del banco.

Con respecto a los criterios de inversión, Bossio sostuvo que además de evaluar la “rentabilidad social” de un proyecto -a la que definió con conceptos como creación de empleos- se toman inversiones “a tasas de mercado”.

Con información de La Nación