Ley de radiodifusión: tras las críticas el gobierno aceptaría reformas

Para evitar el rechazo del Congreso, el oficialismo nacional estaría dispuesto a reealizar algunas modificaciones en el proyecto de ley sobre medios audiovisuales.

El Gobierno ha comenzado, en las últimas horas, a mostrarse permeable a hacer retoques a su proyecto de ley de servicios audiovisuales, ante la inquietante posibilidad de que la iniciativa, tal como está, sea rechazada por el Congreso, sobre todo en el Senado.

A cuatro días de la presentación oficial, y con el apuro de la presidente para que se debata lo antes posible, un grupo de legisladores oficialistas empezó a negociar en los despachos del Congreso de cara a la discusión en ambas cámaras.

El punto en que el oficialismo estaría dispuesto a ceder

Según confiaron tres altas fuentes del Gobierno y legisladores oficialistas, hay disposición a hacer cambios en un punto que la oposición marcó como uno de los más conflictivos de la iniciativa: la autoridad de aplicación de la ley, que dejará en manos del Poder Ejecutivo la revisión, cada dos años, de los licenciatarios de frecuencias.

El jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, reconoció que buscarán el consenso sobre la iniciativa, pero insistió, en contra de la postura opositora, en que intentarán aprobarla antes del 10 de diciembre, momento en que se renovará el Congreso.

Las críticas a la entidad de control

La iniciativa oficialista plantea la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, integrada por tres representantes del Gobierno y dos del Congreso. Los bloques Solidaridad e Igualdad, Proyecto Sur, Diálogo por Buenos Aires y Forja rechazan la idea de que esta entidad dependa del Poder Ejecutivo y proponen la creación de un órgano autárquico. Entre los proyectos que ya están redactados por otros legisladores, uno establece la posibilidad de que la autoridad de aplicación esté integrada por nueve miembros: seis en representación del Parlamento y tres del Poder Ejecutivo, lo que dará margen de acción a la representación legislativa que alcance un gobierno. En este artículo el Gobierno abrirá el proyecto a debate, si logra convencer al grupo de aliados y de los sectores menos críticos.

Cristina Fernández apurada por aprobar la ley

El apuro de la presidente en sancionar la ley obligó a que hoy el interventor en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, se reúna con la bancada kirchnerista en Diputados. Será un encuentro a puertas cerradas, por lo que algunos diputados aprovecharán para plantear sus reparos a la norma, a la espera de que el funcionario anticipe si hay posibilidades de cambios. No obstante, funcionarios y diputados anticiparon ayer que el Gobierno aceptará modificaciones. Algunos pudieron evacuar sus dudas con el número dos del Comfer, Luis Lázaro, uno de los funcionarios que redactaron el proyecto, que anticipó que se podrían hacer retoques. El Gobierno se está moviendo en pleno para consensuar posturas en la Cámara de Diputados, bajo la coordinación del secretario legal y técnico, Carlos Zannini.

Desacuerdo sobre las telefónicas y la televisión por cable

Otro de los artículos duramente resistidos en el Congreso es el que habilita a las empresas de servicios públicos, como las telefónicas, a prestar servicio de cable, algo que tenían expresamente prohibido por el pliego de privatización y que en la mayoría de los proyectos que ya existen en el Parlamento tenían restringido el acceso.

Ayer, el titular del bloque SI, Eduardo Macaluse, anticipó su desacuerdo. “Tememos que se conformen nuevos monopolios, esta vez a manos de las telefónicas”, advirtió. En la Casa Rosada ya está definido que las empresas telefónicas estarán habilitadas. En eso no hay dudas. Pero según anticiparon en el Gobierno, se podrían introducir restricciones, como obligar a las compañías a desprenderse de parte de la red de telefonía, lo que implicará que se desmonopolicen previamente.

Hoy, el mayor escollo para la Casa Rosada es conseguir el quórum en la Cámara baja: necesita sumar el apoyo de otros 18 legisladores para arrancar la sesión. Pero en el bloque oficialista hay voces que disienten de la iniciativa, entre ellas los cinco diputados que responden al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, que ya reclamó cambios de fondo al proyecto. También expresó sus dudas el salteño Marcelo López Arias.

La opinión de los constitucionalistas

Dos de los más prestigiosos abogados constitucionalistas del país manifestaron a su rechazo al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Ricardo Monner Sans tildó al apurado debate que fogoneará a partir de esta semana el oficialismo K en el Congreso de la Nación de “oportunista, mentiroso y devaluador de la República”. En tanto, Daniel Sabsay advirtió de que la iniciativa va “en contra del principio de seguridad jurídica” y del artículo 17 de la Constitución nacional.

Monner Sans, quien hace poco más de un mes presentó una denuncia ante un juez federal para que se investigue a la primera mandataria y a su esposo, Néstor Kirchner, por presunto enriquecimiento ilícito, fue directo al hueso al decir que “el debate por la ley de servicios de comunicación audiovisual está hecho desde el oportunismo y sólo para los intereses del matrimonio presidencial. Si en la Argentina seguimos con este tipo de discusiones, estamos propiciando un debate mentiroso y devaluador de la República”.

El letrado evitó brindar detalles desde el punto de vista de la legalidad del articulado del proyecto aduciendo “falta de tiempo para leer las 163 páginas” de la iniciativa K, y agregó: “Es necesaria una nueva ley de medios pero entendiéndola desde el debate plural y no desde Olivos-Balcarce 50”, con referencia a la residencia oficial del matrimonio Kirchner y la Casa Rosada, sede del Ejecutivo nacional.

Monner Sans comparó el apurado debate que el oficialismo pretende dar sobre la norma que regularía los servicios de comunicación audiovisual con el nuevo rol del Estado en la televisación de los partidos de fútbol de primera división de la Argentina o “con la estatización de las AFJP, donde el Gobierno necesitaba un Fondo Monetario paralelo. Cuando estas cosas se hacen para jorobar a otros, ya no es una cuestión de principios, sino un problema de ataques”.

Por su parte, el constitucionalista Daniel Sabsay estimó, en primer lugar, que “no es el momento oportuno para la discusión, porque estamos ante una mayoría en las cámaras (del Congreso nacional) deslegitimada en la última elección. La ley de medios es un tema de vital importancia para la vida democrática que debe ser tratado con la mayor amplitud y con el tiempo necesario para llegar a una solución”.

Ya en el terreno del contenido, Sabsay rechazó que la ley tenga un alcance retroactivo, puesto que obliga a los concesionarios de licencias a desprenderse del “excedente” en el término de un año. “Estaría afectando los derechos adquiridos por los actuales licenciatarios y nos encontraríamos contra el principio de seguridad jurídica y el artículo 17 de la Constitución”.

El especialista hiló más fino aún al analizar el rol de la autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual, un organismo de contralor y aplicación creado por la ley y que dependerá de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete.

“Se trata de un proyecto que busca el dominio de los medios, más allá de una cantidad de declaraciones que son muy seductoras desde el punto de vista retórico, pero que se desvanecen cuando se toma conciencia de que la autoridad de aplicación, que será la que les renovará cada dos años la licencia a los medios, está integrada por una mayoría abrumadora del oficialismo, lo cual de por sí tiñe todo de falta de ecuanimidad”, subrayó el especialista. Esta “mayoría aplastante” del gobierno de turno en el organismo de control “va a redundar en desmedro de la libertad de expresión”, según dijo el constitucionalista.

Sabsay avizoró, además, una tendencia a la estatización de los medios “ya que se está reservando el sector estatal un tercio de ellos, lo cual se suma a la experiencia con el fútbol, más un canal específico de deportes en un servicio de TV satelital”.

Con información de La Capital y La Nación