Los críticos de la nueva ley de medios

Los detractores del proyecto del oficialismo se debaten entre la presión para que la votación sea después de diciembre y la modificación de los artículos más conflictivos. Sepan qué opinan al respecto los principales referentes políticos y empresarios.

Mientras el oficialismo cierra filas para acelerar, antes de fin de mes, la media sanción de la Cámara de Diputados a la iniciativa, los principales bloques de la oposición anticiparon ayer su rechazo al apuro oficialista y, en una estrategia común, procurarán dilatar el debate: no darán quórum en el recinto y hasta podrían decidir no convocar a la Comisión de Libertad de Expresión -que preside la UCR- para trabar el dictamen.

En rechazo al “debate exprés” (así califican a la estrategia oficialista) la oposición insistió en que un proyecto de semejante envergadura -contiene más de 150 artículos- debería aprobarse después del 10 de diciembre, cuando asuman los legisladores surgidos de las elecciones de junio.

La propuesta alternativa

Asimismo, estas bancadas -encabezadas por el radicalismo, Pro, la Coalición Cívica y el PJ disidente- comenzaron a trabajar en las últimas horas en una propuesta alternativa para contrastarla con la del Gobierno, a la que califican de “inconstitucional” y “violatoria de la libertad de prensa”.

La oposición más crítica se reunió anteayer en el despacho de Silvana Giúdici, la radical que preside la Comisión de Libertad de Expresión, diputados del radicalismo, de la Coalición Cívica y de Pro acordaron algunos ejes centrales para una propuesta común que consiste en:

-Creación de un organismo independiente del Gobierno para el control de los medios;
-Regulación de la publicidad oficial y del acceso a la información pública;
-Crítica al ingreso de las empresas telefónicas en el negocio audiovisual.

Los críticos

La diputada electa del Acuerdo Cívico y Social Margarita Stolbizer consideró que el Congreso debe tratar ahora el proyecto oficial de ley de radiodifusión y no diferirlo hasta que asuman los legisladores electos, pero sostuvo que hay que discutirla a fondo porque “en manos de este gobierno, es un arma con cargador lleno”.

“No quiero que la ley, que es muy importante y se anuncia para democratizar y transparentar” el manejo de los medios “termine siendo un mamarracho sacado de manera exprés”, advirtió la legisladora y titular del partido GEN.

Felipe Solá, diputado electo de Unión Pro, consideró que el Congreso cometerá un gravísimo error si aprueba esta ley antes del 10 de diciembre. Al proyecto le han hecho una gran cantidad de correcciones y ahora quieren sacarla ilegítimamente, y se trata de una ley base para el futuro. Si buscaran el consenso, intentarían sacarla después de diciembre, pero cómo no buscan eso van a intentar hacerlo antes. Prefieren que esta Argentina no los interpele, quieren que los interpele los restos de la Argentina que ya pasó. Con la renovación de las licencias cada dos años, el gobierno intenta tener a sus titulares en un puño.

El periodista Nelson Castro comentó que no se entiende el apuro desesperado del gobierno por imponer la reforma. Si lo que le interesara al gobierno, de verdad, fuese el logro de una ley tendiente a asegurar mayores niveles de libertad y pluralidad, no se entiende el porqué del apuro casi desesperado de tratarla antes del 10 de diciembre, concluyó. “Hacerlo después generaría la posibilidad de consensuarla con la oposición y comprometerla a producir aportes serios. Se estaría así ante una verdadera ley de Estado. Pero esa no es la voluntad del matrimonio presidencial. La ley tiene puntos valiosos, pero los puntos malos son muy malos. La iniciativa se enmarca en la permanente hostilidad que los Kirchner han tenido y tienen hacia la prensa libre”.

Pino Solanas, diputado electo por Proyecto Sur esgrimió que “el oficialismo no puede pretender sacar este proyecto en 15 días, ni tampoco debe ser cajoneado porque hace 30 años que está en el cajón. Es inadmisible que el espacio audiovisual sea regulado por una comisión bajo dominio absoluto del Poder Ejecutivo. Eso es un disparate”.

El radical Ricardo Gil Lavedra consideró que no se está buscando la libre expresión. “Lo que anima el proyecto del gobierno no es la defensa de la libertad de expresión. Una norma de estas características no se puede sancionar sin una ley de acceso a la información pública”, disparó.

Con información de La Capital y La Nación