Llegamos a fin de 2009 con un alza del 14,7%, según un estudio privado, y para el año que viene volverá a superar el dígito.

La consultora Ecolatina pronosticó que el año próximo el repunte de la actividad y el consumo, la menor oferta de carne, leche y trigo, la inercia inflacionaria, el alza de tarifas, la política de ingresos expansiva y mejores perspectivas mundiales acelerarán aún más la inflación.

“El único factor que parecería actuar como moderador de la suba de precios en 2010 es la capacidad ociosa”, evaluó la firma.

El informe señaló que el estallido de la crisis internacional y la caída de la demanda “moderaron significativamente la inflación a partir del cuarto trimestre de 2008″.

“Mientras que en noviembre del año pasado 32 de los 61 subrubros que componen el IPC Ecolatina crecían por encima del 20% interanual, en la actualidad solamente cinco lo hacen”, precisó Ecolatina.

Problema crónico

Ecolatina explicó que con el desplome de las commodities, los precios de los alimentos se desaceleraron en la primera mitad del año, pero a partir del segundo semestre “volvieron a acelerarse impulsados por el repunte de los precios internacionales y por las condiciones climáticas adversas”.

“Si bien el alza de precios en 2009 fue significativamente inferior a la del año pasado, aún continúa en niveles elevados y se espera que la tendencia alcista persista. De esta manera, la inflación cerrará el año en torno al 14,7%”, calculó la consultora. Además, advirtió que la inflación se ha vuelto un problema crónico y consideró que para “desarticularlo” se necesita no sólo “instrumentar un plan económico consistente”, sino también “operar sobre las expectativas para romper el componente inercial de la suba de precios”.

En este sentido, Ecolatina también vaticinó que la aceleración de la inflación podría “potenciar la conflictividad laboral por la puja entre aumentos de precios y salarios”.

“Con la mejora de la demanda es probable que los empresarios puedan recuperar parte del margen de rentabilidad perdido en 2009. Esto significa que -a diferencia de este año- buscarán trasladar una proporción creciente de los incrementos en sus costos a los consumidores”, se destacó.

Fuertes subas en la canasta básica

Los productos de la canasta básica sufrieron una fuerte suba en noviembre, según una medición privada. La asociación de consumidores Adelco, que desde hace 15 años releva los precios de un conjunto de alimentos, bebidas y artículos de limpieza, informó que en el mes que termina hoy esa canasta tuvo un alza del 5,87%.

La suba fue liderada por el papel higiénico, con un alza del 29,4%, seguido por la harina de trigo (26,3%), la nalga para milanesa (25,5%) y el detergente para vajilla (19,5%). En cambio, se registraron bajas en frutas y hortalizas, como el tomate (-26%) y la papa (-16,7%).

Con información de La Capital

Con 28 días de clase menos que los exigidos por ley, debidos al almanaque planteado desde el inicio del año, la Gripe A y los paros docentes, los especialistas explican las consecuencias en el aprendizaje.

Este año Santa Fe cierra en déficit con relación a la cantidad mínima de días de clases exigida por la Ley Nacional 25.864 que rige desde 2004. Según la norma, tiene que haber un piso de 180 días efectivos de cursado en las aulas, pero Santa Fe no llegó: tuvo 152 jornadas de trabajo de docentes y alumnos en el grado.

De arranque, el calendario de este año fue corto. Las clases se iniciaron el 2 de marzo y terminaron el 27 de noviembre. Sin contar los feriados nacionales ni las dos semanas de vacaciones de julio, se contemplaron 176 días, y no 180.

La alta conflictividad gremial no tuvo a Santa Fe como excepción. Hubo 9 jornadas de huelga docente para exigir un aumento salarial: una en octubre y las otras ocho en noviembre, un mes que sólo tuvo tres días de clases por semana. Además, el 27 de mayo la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) adhirió a la jornada de protesta nacional pautada por la CTA con un paro.

Sin embargo, fue la emergencia sanitaria por la gripe A la que se cobró la mayor cantidad de jornadas de clases: nueve con anterioridad a las dos semanas de vacaciones de invierno y cinco después. La medida de distanciamiento social resultó exitosa para contener la epidemia pero cercenó el año escolar.

En resumen, se perdieron: 9 días de clases por los paros docentes, 1 de huelga de CTA, 4 días no contemplados por calendario, y 14 de gripe A. La suma da un resultado de 28 jornadas menos que las exigidas por ley.

Para el gobierno no hay que recuperar

El Ministerio de Educación de la provincia tiene otra lectura. Reconoce que no se cumplió con el piso mínimo de clases pero en el balance no descuenta los días sin la presencia de los chicos en las escuelas por la gripe A. “Durante la emergencia se continuó el vínculo pedagógico con los alumnos en sus hogares; no podemos contarlos como días perdidos porque no lo fueron”, fundamentó la ministra de Educación, Elida Rasino, quien sólo considera los paros como jornadas realmente perdidas del ciclo.

Si bien es cierto que durante la epidemia los chicos y jóvenes se llevaron tareas para hacer en sus casas, la ley es clara. “Se considerará día de clase cuando se haya completado por lo menos la mitad de la cantidad de horas de reloj establecidas por las respectivas jurisdicciones para la jornada escolar”, dice el artículo 3.

A diferencia de otras provincias (como Córdoba que prorroga el ciclo lectivo hasta el 18 de diciembre), la decisión de la cartera educativa santafesina fue no extender el calendario y el viernes pasado terminaron clases en todos los niveles. Ahora comienza un período de apoyo y recuperación en primaria, los exámenes previos del secundario y la realización de actos escolares y entrega de libreta.

El diagnóstico de los especialistas

Una reconocida pedagoga consultada asegura que el hecho de que se hayan perdido muchos días de clases incide en el rendimiento escolar. “Hay que considerar también las cuestiones sociales que impactan en la escuela, como darles de comer a los chicos. Acá habría que evaluar extender la jornada escolar, que se hace corta, de una forma planificada y tratando de mejorar la calidad y los contenidos”, explicó Inés Dussel, doctora en Educación e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

La población que está en mejores condiciones económicas envía a sus hijos a escuelas privadas, donde además de no haber huelgas tienen más horas extracurriculares, talleres y disponen de herramientas tecnológicas. “Sin duda el sector que más vulnerable se encuentra ante la pérdida de días efectivos de clase es el de la escuela pública. El sector privado tiene otro control sobre los paros, a veces con presiones a los docentes”, advierte Dussel.

Diana Ferreyra, maestra de la escuela primaria 809 de Santa Rosa de Lima, una de las barriadas periféricas más populosas de la ciudad, aportó: “Que nosotros estemos de paro no cambia el problema de fondo: el alto grado de inasistencia de los chicos porque deben salir a colaborar con sus familias o porque no tienen zapatillas para venir a la escuela”.

En otro establecimiento que atiende a sectores extremadamente pobres, la directora Graciela Agüero y la vicedirectora Claudia Ramírez dijeron que “la gripe A vino a entorpecer todo” y admitieron que el chico necesita de un año escolar regular. “Este es un contexto difícil. Sin gripe A el ausentismo igual hubiera sido alto por la falta de abrigo y de calzado en invierno, no así el resto del año donde los chicos vienen, en parte por el comedor y porque se sienten contenidos”, sostuvieron estas docentes de la escuela Zazpe.

Vínculo pedagógico

“El punto clave de la pérdida de días de clases está en la interrupción misma del diálogo, de ese vínculo necesario entre profesores y estudiantes con el conocimiento. Imagínese a un profesor que quiere retomar un contenido y les dice a sus alumnos: ‘Bueno chicos, como hablábamos hace dos semanas…’. Esto se contrapone a la necesidad de sostener un in crescendo en el diálogo pedagógico docente-alumnos, con el conocimiento como misión”, señala Dussel.

La especialista coincide, sin embargo, con el Ministerio de Educación de la provincia en cuanto a que durante el período de gripe A se mantuvo el vínculo pedagógico. “La presencia virtual, de un docente o tutor, es también presencia educativa. Además hubo, en esa contingencia de la gripe A, mucho apoyo social, de las familias y de los medios que hicieron que los chicos siguieran estudiando y que no sintieran que tenían unas semanas más de vacaciones. Esa experiencia no fue una pérdida de tiempo”, considera.

Con información de El Litoral

El legislador justicialista Mario Lacava exige al ministro de Economía explicaciones sobre el destino del dinero provincial. “Hay un agujero negro”, advirtió.

Lacava pidió hoy la presencia del ministro de Hacienda, Angel Sciara, para que dé explicaciones de qué se ha hecho con los dineros provinciales. “A mi juicio hay un agujero negro donde toda la recaudación se va y nadie sabe adónde”, enfatizó. También dijo que sigue esperando que el gobierno envíe el proyecto de presupuesto y reforma fiscal.

Se desconoce el proyecto

“Hasta esta horas no llegó el presupuesto. Debió haber llegado hace 60 días. El presupuesto debió haber sido mandado el 1º de octubre, lo que hubiera dado el tiempo suficiente para debatir con la sociedad, con las entidades intermedias, con los medios la problemática del presupuesto y de la llamada reforma tributaria. Yo no ví ningún borrador. No sabemos qué impuestos quieren tocar. La reforma suena más a impuestazo que a un retoque tributario”.

¿Cómo están los impuestos en Santa Fe?

“En la provincia hay algunos impuestos que están retrasados. Pero hay otros, como ingresos brutos que ya están en la provincia. Es un error por parte de la provincia decir que no existe”, aclaró Lacava.

“Las patentes están corregidas, pero ese es un tema más complicado, pero al menos merece ser estudiado. Pero ojo que el debate no es sólo con la mirada de qué impuesto hay que retocar, sino que hay que ver el impacto económico que esto tiene en la economía de la provincia”, agregó.

“Estamos ansiosos de escuchar explicaciones de parte del gobierno de en qué gastaron la plata en estos dos años. A mi juicio hay un agujero negro en la provincia donde toda la recaudación que ingresa se va y nadie sabe adónde”, graficó Lacava.

“Sciara debe ir a la Legislatura a darnos todas las explicaciones que necesitamos. No fue el año pasado cuando se trató la reforma tributaria y creo que merecemos recibirlo para escuchar explicaciones”, destacó.

Con información de La Capital

El proyecto será debatido el próximo miércoles en el recinto a pesar de que la oposición manifestó su disconformidad abandonando el plenario de comisiones.

En rechazo a las presiones de la Casa Rosada para apurar el tratamiento del proyecto de reforma electoral, la oposición abandonó ayer el plenario de comisiones del Senado, en el que se discutía la iniciativa. El kirchnerismo, no obstante, avanzó en soledad y fijó para el próximo miércoles la fecha de tratamiento en el recinto.

“Si no nos van a escuchar, para qué vamos a seguir”, anunció Gerardo Morales (UCR, Jujuy) antes de dejar las deliberaciones, molesto por la decisión oficialista de querer votar la próxima semana y su negativa a aceptar cambios al texto aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados.

Prórroga de las sesiones ordinarias

Apenas unas horas antes, la presidente Cristina Fernández de Kirchner había firmado el decreto que prorroga el período ordinario de sesiones -concluye el lunes- hasta el 10 de diciembre. Esa fue la señal política que esperaba el oficialismo para avanzar con el tratamiento de la iniciativa antes del recambio legislativo, que marcará la pérdida de la hegemonía kirchnerista en ambas cámaras.

La actitud del presidente del comité nacional de la UCR fue seguida por toda la oposición, con lo que quedó semivacío el recinto en el que deliberaban las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda.

El debate en el plenario

Ante ese escenario hablaron, para cumplir con la formalidad, un grupo de funcionarios del Gobierno, encabezados por el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el titular de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio.

El desplante opositor fue calificado como “comprensible” por el jefe de la bancada oficialista del Senado, Miguel Pichetto (Río Negro), que consideró esa actitud propia de “un proceso de confrontación en el que la oposición no puede aparecer en nada que signifique un acuerdo con el Gobierno”.

El Ejecutivo decide y el Legislativo obedece, según Pichetto

Sin embargo, durante el plenario Pichetto reconoció que había dicho que el proyecto no se iba a discutir hasta el año próximo y que debió cambiar de posición por mandato de la Casa Rosada. “El Poder Ejecutivo tomó una decisión política de que este tema es prioritario y nuestra vocación es tratarlo y sacar dictamen; no somos un bloque de librepensadores”, dijo.

El escándalo estalló cuando, no bien iniciado el plenario, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el ultrakirchnerista Nicolás Fernández (Santa Cruz), planteó un “plan de trabajo” que contemplaba la firma del dictamen para hoy, una vez que en la tarde de ayer expusieran los funcionarios del Gobierno, como ocurrió, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, presencia finalmente frustrada por el desplante de la oposición.

Críticas opositoras

“Este proyecto necesita de una mayoría especial para aprobarse, porque es una ley que requiere consenso”, se quejó Morales ante el apuro del oficialismo, tras lo cual criticó la estrategia del Poder Ejecutivo: “No se puede sancionar una ley a la medida de sus intenciones para 2011″, sentenció.

A las críticas del radical se sumó el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe). “Una reforma votada sólo por un sector político nace muerta”, advirtió el socialista, luego de recordarle al oficialismo que la iniciativa que pretende aprobar sin debate está modificando tres leyes de peso, como son la orgánica y la de financiamiento de los partidos políticos y el Código Nacional Electoral.

Además, calificó el proyecto de “proscriptivo”, porque “les pide más condiciones a los partidos pequeños”, al establecer un piso mínimo de participación en las internas abiertas del 1,5% del padrón.

“Con esta ley, Pino Solanas no podría ser candidato a presidente”, agregó Giustiniani.

El mismo calificativo usó la dirigente de izquierda Vilma Ripoll, que pidió la palabra desde el público. “Llegar a 300.000 votantes nos lleva a la proscripción”, dijo la ex legisladora de Izquierda Unida, quien recordó que en la interna abierta realizada años atrás por ese sector entre Néstor Vicente y Luis Zamora para elegir la fórmula presidencial participaron 140.000 personas.

También sumaron sus críticas el radical catamarqueño Oscar Castillo (”Estamos frente a una verdadera parodia”, dijo sobre el debate que pretendía llevar adelante el oficialismo) y el porteño Samuel Cabanchik, que acusó al Gobierno de impulsar una reforma “a espaldas de la gente”.

Ninguno de estos reclamos logró torcerle el brazo al kirchnerismo, que, ante la partida de la oposición, hizo firmar el dictamen y decidió llevarlo al recinto el miércoles de la semana que viene.

Con información de La Nación

El oficialismo buscará hoy la media sanción en Diputados a un proyecto que crea nuevos organismos de control y desata críticas de los productores.

Se trata de un controvertido proyecto de ley para la producción lechera. La iniciativa, promovida entre otros legisladores por el kirchnerista Alberto Cantero (FPV-Córdoba) y el radical Pedro Morini (UCR-Santa Fe), prevé la creación de comisiones que podrían administrar la oferta de la materia prima y establecer precios de referencia para la leche. Dieciocho entidades de la producción y la industria expresaron su rechazo.

Sin embargo, el proyecto cuenta con el respaldo de dirigentes tamberos de las provincias de Córdoba, Santa Fe, La Pampa y de Santiago del Estero. Antes de su versión definitiva, tuvo catorce revisiones.

Estatización de la lechería

Ayer, a horas del debate en Diputados, la disputa por la ley sumó nuevos cruces. “El proyecto plantea la estatización de la economía láctea y otorga superpoderes a una comisión de quince miembros que manejarán arbitrariamente el negocio lechero”, disparó Máximo Russ, coordinador del Comité de Lácteos de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Russ les apuntó a los dirigentes tamberos que apoyan el proyecto. “Es impulsado por tamberos sin representatividad en el sector, hoy funcionarios públicos a los que en los últimos días se les sumaron algunos legisladores del oficialismo y hasta del radicalismo. Ellos defienden el proyecto en nombre de una supuesta previsibilidad, prometiendo un precio de referencia de cumplimiento obligatorio, pero desprotegiendo al productor respecto de la colocación diaria de toda la leche que produce”, dijo el referente de la SRA.

Por su parte, Cantero, que preside la Comisión de Agricultura de Diputados, defendió la iniciativa. “Es una ley que beneficia a toda la cadena y protege a los pequeños y medianos productores”, indicó. El oficialismo destaca que la norma crea un fondo para la lechería con el fin de financiar proyectos y subsidiar tasas. En total, serán 50 millones de pesos del presupuesto del Estado.

Juan Trossero, secretario de la Cámara de Productores de Leche de Córdoba, también apoyó el proyecto. “Esto les da reglas claras a todos”, expresó.

¿Cómo funcionará el nuevo órgano?

El artículo 16° del proyecto contempla la creación de la Comisión Nacional de Lechería. Entre otras funciones, en ese ámbito se deberá establecer el precio de la leche de referencia. Asimismo, la norma fija como uno de sus objetivos establecer mecanismos para regular volúmenes de producción.

Críticas

Russ dijo que el proyecto no contempla la existencia de un comprador de última instancia. “El productor podría verse en una situación complicada para vender todo lo que produce al precio que fijaría la mencionada comisión”, subrayó. Miguel Paulón, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), consideró “impracticables” los puntos que se plantean y señaló que puede crear “incertidumbre”. “Conocemos inversores que estaban buscando asociarse con alguna empresa, pero ya cambiaron de destino. Están buscando en Brasil”, concluyó.

Con información de La Nación

La Corte Suprema de Justicia ratificó una sentencia que obliga a revelar datos del IPC. No fijó un criterio general para otros jueces que soliciten información.

La Suprema Corte dejó en pie una resolución por la cual el juez federal Rodolfo Canicoba Corral había declarado inconstitucional una norma que invocó el Indec para negarse a suministrarle información secreta, y así también convalidó un allanamiento que el juez hizo para obtenerla, pero al mismo tiempo no estableció un criterio general acerca de si el organismo está obligado a aportar esos datos a los jueces que lo requieran.

Secreto fiscal: decreto de Onganía

Con su fallo, la Corte vino a convalidar indirectamente lo realizado por el juez Canicoba Corral, pero no se pronunció sobre el decreto del gobierno del general Juan Carlos Onganía que permite al Indec invocar el secreto fiscal, algo sobre lo que el máximo tribunal no se podría haber expedido porque no fue planteado en el recurso.

El alto tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, dictó sentencia en la causa Moreno, Guillermo sobre violación de secreto, y si se lo lee con cuidado, el fallo, que remite al dictamen de la Procuración General, a cargo de Esteban Righi, no permite extrapolar un criterio general ni en beneficio de la pretensión del Indec de guardar el secreto estadístico ni en beneficio de la publicidad de los datos oficiales.

El secreto judicial no puede escapar al control judicial

Las fuentes de la Corte señalan que el máximo tribunal pretendió dar una señal. Y, es más, la jurisprudencia internacional sostiene que el secreto que pueda invocar el Estado nunca puede ser ajeno al control judicial. Sin embargo, el caso debe ser entendido con detenimiento.

El año último, el juez Canicoba Corral, que instruye la causa caratulada Moreno, y la Fiscalía federal les imputaron diversos delitos al secretario de Comercio Interior, a la directora de Indices de Precios al Consumidor, Beatriz Paglieri, y a la directora del Indec, Ana María Edwin, entre otros.

Sospecha sobre el INDEC

Se sospecha que ellos adulteraron los índices del Indec, pues sus datos están alejados de las estimaciones de estudios privados.

El magistrado había requerido al Indec que le entregara los parámetros que utiliza para elaborar la información estadística. El organismo, amparándose en el secreto estadístico, que surge del decreto 3110, de 1970, se negó a suministrar esos datos, por lo cual el juez Canicoba Corral allanó esa dependencia y obtuvo la información buscada.

El Estado apeló la declaración de inconstitucionalidad, pero incurrió en un error en su presentación: omitió fundar el recurso de apelación, por lo cual la Cámara Federal y, más tarde, la Cámara Nacional de Casación Penal, decidieron no conceder el recurso extraordinario, por lo cual el Estado sólo llegó a la Corte mediante la presentación de un recurso de queja, que ayer fue rechazado.

Manejo de las fuentes

La Corte remitió el caso a la Procuración y el dictamen del procurador fiscal Luis González Warcalde fue recogido ahora por el tribunal.

El dictamen fiscal incluyó una frase significativa sobre la pretensión estatal de conservar el secreto: el Indec, en la apelación, “no ha demostrado que la medida judicial no convendría al buen funcionamiento de la institución y a preservar, justamente, el manejo correcto de las fuentes”.

Pero, más allá de ese matiz, el dictamen indicó que la cuestión se volvió abstracta, porque el juez ya había obtenido los datos. Este fue el criterio adoptado por la Corte.

Con información de La Nación

Un informe de Naciones Unidas indicó que bajó un 17% el número de infectados por sida en el mundo. El acceso a medicamentos evitó la muerte de unas 2,9 millones de personas desde 1996.

La cantidad de nuevas infecciones del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) en  el mundo bajó un 17% entre 2001 y 2008, según un nuevo  informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la  Organización Mundial de la Salud (OMS) presentado hoy en Shanghai.

“La buena noticia es que el retroceso que estamos observando  se debe, al menos en parte, a la prevención”, afirmó Michel  Sidibé, director ejecutivo del Programa Conjunto de Naciones  Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida).

El informe también señala que el número de muertes a causa del  virus VIH cayó más de un 10% en los cinco últimos años,  al tiempo que aumentó la cantidad de personas que tienen acceso a  los medicamentos contra la enfermedad.

Gracias a ellos se evitó la muerte de unas 2,9 millones de  personas desde 1996, subraya el informe citado por la agencia DPA.

Inversiones internacionales

La directora general de la OMS, Margaret Chan, afirmó desde  Ginebra que las inversiones nacionales e internacionales para los  tratamientos del VIH han sido muy rentables.

“No podemos aflojar el impulso, estamos en el momento en el  que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para salvar más  vidas”, añadió.

En el último año, 2,7 millones de personas se infectaron con  el virus.

Las cifras del SIDA en África

En el Africa Subsahariana hubo un 15% menos de  infecciones que en 2001, mientras que en Asia oriental bajaron en  torno al 25%, cayendo un 10% en el sur y el  sureste asiático.

Mejoran los números de Europa oriental

El informe también señala que en el este de Europa, “después  de un dramático aumento de los casos de infección, sobre todo  entre drogodependientes, se ha nivelado considerablemente”.

Nuevas infecciones

Sibidé afirmó, sin embargo, que todavía se producen cinco  nuevas infecciones por cada dos nuevos tratamientos de Sida.

El 97% de estas infecciones nuevas se dan en países  en desarrollo, donde además se sitúa el 98% de las  muertes por el virus, como consecuencia de la falta generalizada  de acceso a servicios sanitarios.

En muchos lugares la epidemia se ha transformado de manera que  los programas de prevención no se han reajustado lo  suficientemente rápido.

Nuevos casos principalmente en China

Este es el caso de China, donde los casos principales de  infección se daban antes por drogadicción, mientras que ahora  afectan a tres cuartas partes de los contactos sexuales.

El informe precisó que hubo una subida sorprendente entre  hombres homosexuales, que representan el 32% de los  nuevos casos.

Las infecciones por contactos heterosexuales suponen el 40% ciento y sólo uno de cada tres nuevos casos de VIH es diagnosticado en China.

Se estima que en el mundo hay unos 33,4 millones de personas  que viven con el virus VIH/Sida, muchos de ellas sin  diagnosticar.

Con información de Télam

Ante la falta de respuestas de la municipalidad, la propia Asociación Empresaria de Rosario procederá, a partir de mañana, a instalar el sistema de seguridad.

Luego de la reunión mantenida en el mes de julio, en la que empresarios de Rosario acordaron con el gobierno municipal el estudio de factibilidad para la instalación de cámaras de seguridad en los centros comerciales a cielo abierto, la Asociación Empresaria de Rosario procederá mañana a la instalación del primer sistema de seguimiento antirobo.

El presidente de la Asociación Empresaria, Elías Soso, dijo al sitio Impuslo que ante la falta de respuestas, procederán ellos mismos a la instalación del primer dispositivo de seguridad que monitoree los hechos en la vía pública. “Hace años que realizamos la prueba experimental y ya es hora de dar respuestas. A partir de ahora cada responsable de centro comercial podrá tener su sistema de monitoreo. Nosotros daremos el primer paso”, describió Soso.

En cuanto a la zona donde se ubicarán las primeras cámaras, el directivo sostuvo: “Instalaremos los primeros dispositivos en las esquinas de España y Rioja, y Córdoba y España.

El monitoreo se hará dentro de la propia asociación y avanzaremos con un tema de larga data e interminable discusión”, finalizó el empresario.

Proyecto rechazado

Hace unos meses, el Concejo Deliberante rechazó el proyecto del concejal radical, Jorge Boasso, que proponía instalar cámaras de seguridad en los centros comerciales y en las salidas de los bancos.

La iniciativa contó con el apoyo de la oposición pero no del oficialismo, que hizo pesar su mayoría. En su momento Boasso indicó: “Frente a la ola delictiva que pasó de afectar el derecho a la propiedad para comprometer el derecho a la vida de los rosarinos, el municipio debe tomar medidas propias y financiar las videocámaras con el conocido fondo sojero”.

Con información de La Capital

Los cuatro principales bloques de la oposición presentaron ayer dos pedidos de interpelación a Aníbal Fernández luego de que reconociera que Antonini Wilson estuvo en la Casa Rosada.

La Coalición Cívica y el Partido Socialista, por un lado, y el radicalismo con la adhesión de Pro, por el otro, hicieron públicos sus respectivos pedidos, aunque difícilmente prosperen mientras perdure la mayoría oficialista en la Cámara. Recién a partir de marzo, cuando el Congreso retome sus sesiones ordinarias, la oposición podrá impulsar las iniciativas.

En su proyecto, los legisladores de la Coalición Cívica y del socialismo recordaron que el juez en lo penal económico Daniel Petrone, tras intimar a Canal 7, consiguió un video “en cuyas imágenes puede verse al señor Guido Alejandro Antonini Wilson en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno dos días después de su entrada al país con un maletín con US$ 800.000, interceptado en Aeroparque el 4 de agosto de 2007″.

El jefe de Gabinete había negado con énfasis la presencia del venezolano en la Casa Rosada.

“El señor Antonini Wilson logró salir del país sin problemas, antes de ser aprehendido por la justicia, unos pocos días después de su ingreso, cuando aún el hecho no había tomado estado público”, recalcaron los diputados Adrián Pérez (Coalición Cívica) y Silvia Augsburger (Partido Socialista), y expresaron “la necesidad de que el jefe de Gabinete brinde explicaciones”.

Además, solicitaron conocer “las razones por las que no se habría registrado” el ingreso. También los opositores quieren conocer “qué relación y conocimiento del empresario venezolano tenían los funcionarios del Ministerio de Planificación Federal a esa fecha”.

Este es un punto crucial a juicio de la diputada Patricia Bullrich (Coalición Cívica), autora de otro pedido de interpelación al funcionario. “Fernández debe concurrir al Parlamento para explicar cómo se constituyó la red de complicidades alrededor de Antonini Wilson, quiénes fueron los funcionarios que la acompañaron y quiénes ingresaron con él en la Casa Rosada”, enfatizó.

Una presentación en similar sentido formuló el diputado radical Pedro Azcoiti el viernes pasado a última hora. El bloque de Pro, que conduce Federico Pinedo, anticipó su adhesión a esta iniciativa.

“El pez por la boca muere -apuntó Omar De Marchi (Demócrata de Mendoza)-. La defraudación más importante que puede realizar un funcionario público es mentirle al pueblo al que representa: éste es el accionar permanente de Aníbal Fernández.”

Además, el abogado Ricardo Monner Sans solicitó ayer a la Justicia que se convoque a declarar al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y a su actual reemplazante, Aníbal Fernández. Pidió que ambos expliquen “todo lo que realmente sepan” sobre lo ocurrido alrededor de Guido Alejandro Antonini Wilson y “que informen por qué Antonini fue seducido para hacerse cargo de una valija”.

Ayer, en tanto, el letrado presentó su pedido por partida doble: en los juzgados en lo Penal Económico y en lo Criminal y Correccional Federal que investigan el presunto delito de contrabando cometido por Antonini y el supuesto frustrado aporte de esos US$ 800.000 a la campaña electoral de la entonces candidata presidencial del oficialismo, Cristina Fernández de Kirchner.

Con información de La Nación