La reforma política ¿nueva oleada de riesgos que heredaremos antes del fin de los K?

El oficialismo aprovechará hasta el último minuto la legal aunque ilegítima mayoría que aún sustenta en el Congreso. Embarrando la cancha con nuevos obstáculos a sus competidores y una descarada cruzada contra la transparencia en el financiamiento, el matrimonio gobernante apuesta a preparar el escenario que más los favorezca en la carrera para las presidenciales de 2011.

El proyecto se comenzará a debatir mañana, a las 16, cuando se reúna un plenario de las comisiones de Presupuesto, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.

Financiamiento

El primer punto que atrapa la atención es la descarada modificación de la transparencia hoy vigente en lo relativo a un tema tan importante como el financiamiento a los partidos políticos.

Si se aprueba la reforma electoral que propone el Gobierno, será muy difícil identificar a los financistas de las próximas campañas electorales. Así lo denunciaron organizaciones dedicadas a combatir la corrupción y legisladores de la oposición, que después de analizar artículo por artículo el proyecto oficial están convencidos de que la ley podría servir para ocultar el origen de los aportes proselitistas.

Cuando todavía resuenan los ecos del escándalo de la mafia de los medicamentos y su supuesta conexión con el financiamiento de las campañas del kirchnerismo, la reforma limita el acceso a información esencial, como la identidad de quienes aportan a cada partido, y prohíbe las donaciones de empresas, con el peligro de que esos fondos se canalicen a través de intermediarios de esos intereses.

También se elimina el informe de gastos de campaña que los partidos debían presentar 10 días antes de los comicios, el único que le permitía al votante vislumbrar cuánto iba a gastar su candidato y quiénes los financiaban antes de sufragar; además de prohibir que los partidos contraten publicidad en medios audiovisuales.

Entre los artículos más cuestionados en materia de transparencia, está el 58 bis. Allí se establece que en su informe final de gastos los partidos deberán informar a la Justicia “el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, el destino y el total de las sumas gastadas”. No menciona la identidad de los aportantes, ya que por “naturaleza” del aporte se entiende si recibió dinero en efectivo o especie, como servicios de transporte o de publicidad.

“Es un retroceso en materia de transparencia, porque deja un flanco abierto para que los partidos no informen el origen de los fondos”, opinó la directora de Poder Ciudadano, Delia Ferreira Rubio. La especialista en partidos políticos indicó que otros artículos obligan a los candidatos a llevar un registro de aportantes, pero no es relevante si no los fuerzan a incluir ese dato en el informe que envían a la Justicia.

En el artículo 44, se prohíbe toda “donación o contribución […] de personas de existencia ideal” (empresas). Las donaciones deberán ser de particulares, lo que hará mucho más difícil rastrear conexiones de empresas vinculadas con el Gobierno (mediante contratos, concesión de un servicio público o subsidios) con la campaña oficialista. “Hay una carencia transversal en materia de acceso a la información. Los datos que se piensan proveer son sumamente limitados y deficitarios”, señaló Alvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

También hubo quejas por el artículo 49, que deroga la obligación de presentar ante la Justicia, 10 días antes de los comicios, un detalle de los aportes y gastos hasta esa fecha y una proyección de gastos totales.

“El Gobierno quiere que la gente se entere de que su campaña la solventó la mafia de los medicamentos sólo después de las elecciones”, ironizó el diputado Fernando Sánchez, referente del tema de la Coalición Cívica.

Publicidad en medios audiovisuales

Entre los artículos 76 y 85, se establece la prohibición a los partidos políticos de contratar espacios de publicidad en medios audiovisuales. Será el Gobierno el que los distribuya, un mecanismo del que desconfía toda la oposición. También interpretan que el proyecto no regula la publicidad oficial ni restringe el uso de los fondos públicos para las campañas, salvo porque prohíbe inaugurar obras públicas, proyectos y programas 15 días antes del cierre de campaña (hoy, el plazo es 7 días).

Los partidos no podrán contratar publicidad privada en radio, TV ni cable y el Estado distribuirá los espacios de publicidad, en partes iguales, entre las listas internas de cada agrupación.

Para Unión Pro, el Gobierno pergeñó esos artículos contra Francisco de Narváez, el empresario que invirtió millones en su última campaña para ganarle a Néstor Kirchner.

En respuesta a los cuestionamientos, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, sostuvo: “Eliminamos a las empresas del financiamiento porque son más difíciles de individualizar. Eso agrega transparencia porque las personas físicas se sabe quiénes son”.

Sobre el financiamiento estatal de la publicidad audiovisual, el ministro señaló que eso busca “equidad, porque los espacios los asigna el Estado en cuotas iguales”. Y agregó que hoy los canales de televisión deben donar el 7% de su programación a los partidos políticos 25 días antes de las elecciones, mientras que la ley la elevará al 10%. “Es mentira que no se autorregula la publicidad oficial: 15 días antes de la elección, no podrán emitirse avisos que induzcan al voto”, dijo.

Más requisitos para los candidatos

Según el proyecto un partido nacional, para constituirse y conservar la personería, deberá tener 5000 afiliados pero si en febrero de cada año el partido pierde ese caudal podría perder su personería. Para ser reconocido como partido nacional y para presentar precandidatos en internas, el partido debe estar reconocido en cinco provincias y tener un piso de 28.000 afiliados.

Elecciones primarias

Los partidos elegirán a sus propias autoridades por el mismo procedimiento de internas cerradas que vienen usando hasta ahora, pero sí deberán celebrar primarias abiertas y simultáneas para designar a sus candidatos a presidente, diputados y senadores.

En las internas abiertas cualquier elector podrá votar en favor de cualquier partido. Pero no todos los ganadores pasarán a la elección general: para que ello ocurra, el partido que representan deberá obtener al menos el 3% de los votos válidos emitidos.

Las elecciones primarias se harán entre 60 y 90 días antes de las elecciones generales y la campañas durarán hasta 35 días.

Las campañas y periodismo

Una vez convocada la interna, sólo podrá comenzar la campaña 30 días antes de esa fecha, pero sólo podrá hacerse publicidad durante 20 días y hasta 48 horas antes del comicio.

Desde 15 días antes de las elecciones, no se podrán publicar más encuestas ni sondeos. El periodismo no podrá durante ese período hacer referencia a esos sondeos. La intención de la ley es que el votante llegue al día de la elección sin saber cómo está posicionado su candidato.

La campaña general será un poco más extensa, durará 35 días y la publicidad en medios podrá aparecer durante los últimos 25 días.

Rechazos al proyecto

Hasta el momento manifestaron su disconformidad los opositores de la UCR; el justicialista disidente Felipe Solá; Federico Pinedo del Pro-Capital; Pino Solanas, de Proyecto Sur; y Coalición Cívica-ARI de Elisa Carrió.

Con información de La Nación