El ministro de Justicia de Santa Fe anticipó que se están preparando cambios en el funcionamiento del organismo y un llamado a concurso para el nombramiento de fiscales y defensores.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, anunció que están a la firma dos decretos, uno con modificaciones al funcionamiento del Consejo de la Magistratura y el otro con el reglamento para llamar a concurso para los seis cargos centrales del futuro Ministerio de la Acusación y los seis cargos del Servicio de la Defensa para el nuevo fuero penal. “Ni bien salgan los decretos, llamamos a concurso para los doce cargos clave para poner en marcha la etapa final de la reforma penal”, dijo.

Sin detalles de los cambios

En cuanto a los cambios en el Consejo de la Magistratura no dio detalles y se limitó a señalar que apuntan “a reforzar la transparencia, la excelencia, regionalización y participación ciudadana”. Precisamente, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura fue uno de los puntos más cuestionados en el documento del Colegio de Magistrados de la semana pasada.

En los pasillos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, antes de iniciar el dictado de un curso y con alumnos esperándolo en el aula, Superti habló con periodistas locales sobre la relación del Ejecutivo con la justicia, insistió con la necesidad de avanzar con la reforma del sistema procesal penal y se apoyó no sólo en el caso de Natalia Fraticelli donde fue abogado defensor de Graciela Dieser, sino en el papel del Ministerio Público en la causa donde la EPE denunció a un juez santafesino por presunto hurto de energía.

Entredicho con el Colegio de Magistrados

El funcionario de Binner negó rotundamente que haya un conflicto de poderes en la provincia. “No, quedó absolutamente claro que lo que dijimos nosotros era lo correcto. Dije que un conflicto se da entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y con la cabeza del Poder Judicial que es la Corte, no tuvimos conflicto. El presidente del cuerpo acaba de decir que no tuvo conflictos con nosotros.

“Sí, hubo una suerte de entredicho con el Colegio de Magistrados que como ente gremial sacó un comunicado donde las cosas que afirma no son ciertas. Por ejemplo, dice que le negamos participación cuando hace tres meses le habíamos mandado el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura y nunca nos remitieron las observaciones. Las recibí después del comunicado donde se quejaban de que no tenían participación. Se quejan de que no había presupuesto y fuimos con el ministro de Economía a la Corte a explicarles cuáles eran las posibilidades presupuestarias para la implementación del Código en el 2010 tal como lo dijo el doctor Falistocco el lunes, antes del comunicado, en declaraciones al diario El Litoral y lo acaba de ratificar en las últimas horas en declaraciones.

Superti continuó diciendo que “veo diferencias entre lo que estamos haciendo nosotros y lo que ellos (por los magistrados) dicen que estamos haciendo nosotros. Se quejan de que se puso en marcha parte del Código Procesal Penal y eso les genera anarquía y una serie de consideraciones cuando en el cuasi piquete que hicieron en el mes de mayo una de las cosas que pidieron era que los fiscales tengan criterio de oportunidad que, justamente, es la parte del Código que se puso en vigencia. Cuando vamos desbrozando el comunicado advertimos que dicen cosas que no son ciertas pero el entuerto estuvo con el manifiesto del Colegio de Magistrados y no con el Poder Judicial”.

Plazos y resistencia

Superti insistió en que hay sectores que no quieren el cambio por todo lo que ello significa. “Hay dos tipos de resistencia: una la que tiene que ver con los cambios de paradigmas, cambios de trabajar, que son más que comprensibles y se soluciona con capacitación, explicaciones. Después están las otras resistencias y que tienen que ver con los intereses que se afectan con el cambio. A estas resistencias, sólo se las quiebra con decisión política que es lo que en estos momentos tiene esta gestión”.

En cuanto a los plazos fijados por la Legislatura para que el Código entre en vigencia total el 1º de febrero de 2011, explicó que depende no sólo del presupuesto sino también de concursar los 12 cargos clave para la reforma, de allí la intención de llamar a concurso antes de fin de año para desatar el mecanismo.

“Esto es armar un modelo de Justicia nueva, con tribunales distintos, con fiscalías distintas, con defensa distinta. Será mucho más transparente” aseguró Superti.

Después fue más allá y explicó que el sistema de transparencia modifica las cuotas de poder. “No es que jueces y fiscales no tengan más poder. Van a tener poder para hacer y ejercer su función, no para otras cosas. Va a haber un desplazamiento de poder y hay intereses que se van a ver muy afectados, por ejemplo, hoy la fuerza que tienen las actas policiales es tremenda. Por las actas policiales de un testigo, una pericia, un croquis, se puede condenar a una persona. En el nuevo sistema, si en la audiencia los policías no explican lo que pasó, la prueba no sirve. Entonces esa fuerza que hoy permite imaginar que si uno tiene llegada a mejorar la situación en el sumario policial, desaparece. Son intereses que se van tocando”.

Con información de El Litoral

Antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se apresura a sancionar todas las leyes clave que sabe que luego no conseguirá, o le costará el doble.

En estos últimos días la agenda está sobrecargada y con proyectos de altísimo impacto que van desde la reforma al sistema electoral a una interpelación a Fernández, nuevos impuestos y hasta leyes laborales.

Los proyectos clave incluyen la prórroga de la emergencia económica, la modificación del régimen de monotributo y la reforma electoral. Iniciativas que el Poder Ejecutivo necesita tener sancionadas antes de que el oficialismo pierda las cómodas mayorías que posee en ambas cámaras y comience a regir el escenario parlamentario con el que deberá convivir la presidente hasta el final de su mandato.

En el Senado, el matrimonio presidencial esperan el debate pasado mañana en el recinto para la prórroga de la emergencia económica y los cambios al monotributo. Si ambas iniciativas son aprobadas sin modificaciones, tal cual la orden dada por la Casa Rosada, serán ley. Los tiempos, sin embargo, no alcanzarán para que la Casa Rosada pueda tener sancionada la reforma electoral antes del fin del actual período ordinario de sesiones, que concluye el lunes próximo.

Por lo pronto, la iniciativa comenzará a discutirse mañana en tres comisiones de la Cámara alta, y como ya anticipó Miguel Pichetto (Río Negro), presidente del bloque oficialista, la voluntad del kirchnerismo es sancionar la ley cuanto antes.

No llega el oficialismo a sancionar la reforma electoral

Si bien el oficialismo podría forzar la firma del dictamen ese mismo día, esto cancelaría la posibilidad de realizar un amplio debate y provocaría la reacción de la oposición. Además, al bloque que conduce Pichetto se le complicaría la posibilidad de sancionar la norma esta misma semana.

Es que para hacerlo necesitará del apoyo de los dos tercios para habilitar su debate sobre tablas, una relación de fuerzas que difícilmente pueda alcanzar. Mucho menos cuando el jefe de la UCR, el senador Gerardo Morales (Jujuy), ya advirtió que “se partirá el Senado” si el oficialismo pretende imponer su número y firmar dictamen sin debate a un proyecto de la envergadura de la reforma política.

Todo indica, entonces, que el Poder Ejecutivo tendrá que conformarse con la sanción del proyecto en la primera semana de diciembre. Esto implicaría que la Casa Rosada tendrá que decidir la prórroga de las ordinarias o una convocatoria a sesiones extraordinarias para habilitar su tratamiento en la Cámara alta.

Impuesto al cheque

De todas maneras, el apuro del Gobierno por acelerar la sanción de la reforma electoral habla a la claras de que el kirchnerismo quiere definir todos los temas de su interés antes del recambio legislativo. Ya lo dejó en claro con la sanción a marcha forzada de la prórroga de la vigencia del impuesto a las transferencias financieras (conocido como impuesto al cheque) por los próximos dos años.

En otras palabras, la Casa Rosada se ahorró así el engorroso trámite de tener que discutir el año próximo el reparto de esos fondos -más de $ 23.500 millones, según el estimado para 2010-, con un Congreso en el que sus tropas estarán en clara desventaja ante una eventual unión de todo el arco opositor.

El debate por las comisiones

Gerardo Morales sumó ayer un nuevo ingrediente a la polémica al no descartar la posibilidad de que la oposición reclame la presidencia provisional del Senado, segundo escalón en la línea sucesoria presidencial.

Como contrapartida, el oficialismo promete abroquelarse y quitarle protagonismo al Congreso. Un anticipo de esa estrategia lo planteó ayer el presidente del bloque kirchnerista de la Cámara baja, Agustín Rossi (Santa Fe), quien volvió a advertir que el Poder Ejecutivo vetará todas las leyes que sean sancionadas sin el apoyo de su bancada.

Impuesto al uso del celular

Otra de las leyes que oficialismo impulsará especialmente, beneficiará a uno de los empresarios mimados del Gobierno, Gerardo Werthein, principal accionista de la empresa Telecom y también presidente del Comité Olímpico Argentino (COA).

El proyecto propone un impuesto del 1% a los usuarios de telefonía celular sobre su factura mensual en concepto de abono y servicios. Esa recaudación -estimada en unos 200 millones de pesos por año- servirá para financiar el deporte olímpico argentino. Para ello, el proyecto propone crear un Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), que tendrá como pilares el COA y la Secretaría de Deportes.

La iniciativa genera rechazo en la oposición y también en organismos de defensa de los consumidores. Pero el jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, está empecinado en aprobarla.

Promoción a la lechería

Otro de los temas que el oficialismo intentará aprobar este miércoles es el que promueve un nuevo régimen de promoción de la lechería, iniciativa que propone fijar un precio de referencia de la leche y que despierta críticas en los sectores que pertenecen a la cadena láctea.

Leyes laborales

En la última sesión del año también estarán presentes los proyectos laborales impulsados por el diputado y abogado de la CGT Héctor Recalde. Entre ellos figuran dos, también polémicos, que apuntan a un mismo fin: que el sistema de controles personales que se aplique en las empresas para salvaguardar los bienes del empleador debe contar con el conocimiento de todo el personal, como también de la asociación sindical respectiva. En el temario también figura una modificación del artículo 158 de la ley para ampliar las licencias laborales, en este caso para extender este beneficio a quienes adopten un niño, un derecho que la legislación no contempla, según se desprende del proyecto del diputado Luis Galvalisi (Pro).

Píldora del día después

Pero sin dudas una de las iniciativas que mayor revuelo provocan es la que propone que el Estado, por medio del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, pueda suministrar a quien lo solicite anticonceptivos hormonales de emergencia, mejor conocidos como la píldora del día después.

El proyecto obtuvo dictamen la semana pasada luego de años de debate. No fue incluido en el temario de la sesión aún, pero sectores del oficialismo y de la oposición harán un último intento. De lo contrario, el dictamen vence y la discusión volverá a foja cero.

Interpelación a Aníbal Fernández

Por otra parte, la oposición en pleno buscará, con escasas posibilidades de lograrlo, que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sea interpelado por el escándalo de la valija del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson.

La Coalición Cívica, la UCR, Pro y el peronismo disidente pedirán hoy la interpelación del jefe de Gabinete, quien el viernes pasado negó que Antonini Wilson hubiera ingresado en la Casa Rosada luego de que se conoció el escándalo de la valija, a pesar de que existe un video en poder de la Justicia que responde a imágenes de Canal 7 donde aparece el venezolano en un acto en la Casa Rosada.

Con información de La Nación

Para contribuir a mejorar la recaudación sin aumentar impuestos, los senadores del justicialismo llevaron a la Cámara Alta de la provincia de Santa Fe un proyecto de armonización que apunta a dar respuesta al déficit que el oficialismo acusa.

Antes de que el gobierno provincial envíe a la Legislatura los proyectos de reforma fiscal y de presupuesto 2010, el bloque de senadores justicialistas presentaron una iniciativa de regularización tributaria de amplio alcance con el objetivo de “contribuir a equilibrar el déficit” que planteó el gobierno provincial.

En esos términos se planteó el proyecto que lleva la firma del senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, y que tiene tratamiento preferencial para la próxima sesión.

El proyecto propone una suerte de moratoria que incluye los siguientes impuestos: ingresos brutos, inmobiliario, sellos, ley 5110, contribución de mejoras, actividades hípicas, patente automotor, tasa retributiva de servicios, deudas de instituciones educativas con la Caja de Jubilaciones, agentes de retención y deudas que por obligaciones que se exterioricen a partir de las denuncias de mejoras no incorporadas al catastro provincial que se realicen durante el plazo de la vigencia de esta ley.

La iniciativa busca “contribuir a la necesidad manifestada por el gobernador y el ministro de Economía de lograr una mayor recaudación obteniendo recursos adicionales a los vencimientos corrientes mediante los cuales se lograría equilibrar en parte el déficit que hoy se plantea desde el gobierno provincial”.

Explicaron que estarán sujetas al régimen de esa ley las deudas vencidas al 31 de julio de 2009 y desde el vencimiento efectivo de la obligación se le adicionará 0,5% de interés simple mensual hasta la efectiva presentación.

El Ejecutivo santafesino ya adelantó que el déficit de las cuentas públicas alcanza los 2.000 millones de pesos en un escenario de creciente demandas sociales, con lo cual aceitó las negociaciones políticas con la oposición para avanzar en una consensuada reforma fiscal que ingresaría en paralelo al presupuesto del año próximo.

Sin embargo, los senadores del PJ —que el año pasado jugaron un papel clave en el freno a la reforma impositiva que planteó en ese momento el socialismo— decidieron presentar su propio plan para refrescar las cuentas públicas.

El proyecto plantea que “la deuda se ingresará mediante cuotas iguales, mensuales y consecutivas que devengarán un interés del 1 por ciento mensual y ningún plan podrá exceder las 60 cuotas y el importe de cada una no podrá ser inferior a los 100 pesos”.

Con información de La Capital

Los países alcanzaron un acuerdo por las trabas comerciales que la Cancillería argentina y el ministro de Economía Boudou niegan que haya sido un fracaso a pesar de los puntos cedidos.

Un día después de la reunión en la que los presidentes Cristina Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva se dedicaron reproches mutuos por las fricciones comerciales, el gobierno argentino buscó transmitir la idea de que el acuerdo con Brasil beneficia a ambas partes por igual.

Ayer se conocieron más detalles del acuerdo firmado por los mandatarios, en el que la Argentina se compromete a no demorar más de 60 días el otorgamiento de licencias no automáticas (LNA) de importación para productos brasileños. Aunque el país ya debía cumplir ese plazo como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), empresarios y funcionarios brasileños denuncian que existen casos en los que las demoras llegan a los cinco o seis meses. De todos modos, el Gobierno logró que ese compromiso comenzara a correr en una fecha sin precisión: en el “inicio de 2010″.

“Ayer volvimos de Brasil muy contentos por la reunión que mantuvimos, pero hoy nos enteramos de que, según los diarios, fue malísima”, dijo Boudou, en un encuentro con 50 corresponsales de la agencia Télam en el interior. “Hay tensiones regionales -agregó-. Pero lo importante es defender la relación bilateral como lo hacemos.”

Chiaradía también rechazó los titulares de algunos medios. “Tal vez no sea perfecto ni un éxito total, pero dentro de todo, es un acuerdo muy importante”, afirmó. “No quiero decir que es espectacular ni que ganamos en la negociación, pero tampoco que es malísimo y que perdimos”, sostuvo.

¿Qué ganó y qué perdió cada uno?

El repaso de los ocho puntos del documento muestra que ambos debieron ceder, aunque Brasil pareciera haber conseguido un leve predominio en sus objetivos. El primer punto habla del plazo de las LNA, principal queja de los brasileños y una de las herramientas más usadas por el gobierno kirchnerista para proteger a la industria nacional y, de paso, abultar el superávit comercial. Pero también incluye dos reclamos argentinos: que el régimen sea más expeditivo para los productos perecederos y que se avise “con suficiente antelación” del establecimiento de este tipo de barreras. Como Brasil tiene su sistema totalmente informatizado, puede fijar licencias de modo casi automático, lo que produjo el mes pasado que varios camiones con productos perecederos se enteraran en la frontera de que no tenían el permiso para pasar.

Curiosamente, pese a ser grandes defensoras de la protección industrial y las LNA, dos entidades empresariales (la UIA y CAME, más cercana al Gobierno) emitieron ayer sendos comunicados -con diferencia de una hora- en respaldo a la gestión de la Presidenta en Brasil.

El segundo punto acordado por los gobiernos fue otro pedido de Lula: anuncia la ejecución de un monitoreo “estricto” para evitar el desvío de comercio. Desde hace varios meses Brasil va a las reuniones bilaterales con planillas que buscan demostrar que las medidas argentinas han provocado que sus productos sean desplazados por los chinos. La Argentina lo niega.

El tercer punto, la eliminación del visado consular en el comercio bilateral, también fue un pedido de Brasil. Luego se acordó reducir la lista de excepciones al arancel externo común (AEC), algo en teoría deseado por ambas partes, pero que también responde a un reclamo de la industria brasileña de bienes de capital.

El compromiso de agilizar el Protocolo de Compras Gubernamentales del Mercosur refiere, en cambio, a un proyecto que era demorado por Brasil y alentado por la Argentina, al igual que la mención al “mayor equilibrio en las relaciones económicas”. Lula logró incluir un pedido de revisión de los valores criterio y procedimientos antidumping que aplica la Argentina, mientras que Cristina Kirchner consiguió la promesa de “perfeccionar los acuerdos entre privados”, un esquema de negociación que es resistido por los brasileños.

De hecho, ayer Chiaradía cuestionó a los grandes industriales paulistas, férreos opositores a las LNA argentinas. “Algunos señores de San Pablo lo único que hacen es cuidar su bolsillo. No les importa nada el cumplimiento de las normas y hablan de manera descarada de incumplimiento por parte de los demás”, dijo, luego de denunciar que “hay maniobras empresariales” de algunas compañías que piden licencias y no las usan, para evitar que su competencia aproveche el cupo acordado.

Lo que se firmó

Licencias no automáticas
Argentina se comprometió a no demorar más de 60 días la emisión de los permisos de importación para productos brasileños, tal como establece la OMC. Los empresarios de Brasil se quejaban por retrasos de hasta seis meses.

Aviso previo
Brasil aceptó avisar antes de decretar este tipo de barreras. Como tiene su sistema informatizado, podía hacerlo en forma automática y eso provocó que camiones argentinos se enteraran de las medidas en la frontera.

Desvío de comercio
A pedido de Lula, se acordó un monitoreo estricto para evitar que China aproveche la puja comercial entre ambos socios del Mercosur.

Acuerdos entre privados
Se perfeccionará el esquema, con mayor intervención de los gobiernos.

Con información de La Nación

La oposición ya se prepara para el recambio legislativo del 10 de diciembre y alcanzó un acuerdo que le permitiría, de sostenerse, garantizar  la mayoría en todas las comisiones legislativas en Diputados.

La oposición prepara sus pertrechos para su próxima gran batalla frente al oficialismo: el control de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, con la renovación parlamentaria.

En las últimas horas los distintos bloques opositores acordaron una fórmula para garantizar su mayoría en todas las comisiones legislativas, jugada que genera rechazo y preocupación en el oficialismo.

Representantes de la UCR, de la Coalición Cívica, Pro, del PJ disidente, como también de los bloques de Solidaridad e Igualdad (SI), Proyecto Sur y Libres del Sur se reunieron ayer al mediodía en el comando radical de la Cámara baja, donde ratificaron dos cuestiones: pelearán por la vicepresidencia primera del cuerpo (hoy en manos del oficialismo) e insistirán en que la futura integración de las comisiones respete la proporción que tendrá cada bloque después del 10 de diciembre.

De esta manera, un 60% corresponderá a la oposición y el 40% restante, al oficialismo, ya que sólo contará con 87 miembros sobre un total de 257.

Los opositores plasmarán lo acordado en un proyecto de resolución el cual, aseguran, ya cuentan con una mayoría de por lo menos 135 firmas.
Allí propondrán que las presidencias y la conformación de cada comisión se defina equitativamente por medio del sistema D´Hont.

Con esta fórmula, si bien el oficialismo recibirá proporcionalmente más presidencias y tendrá una cuota importante de miembros en cada comisión, la oposición en su conjunto ejercerá la mayoría, con lo cual podrán viabilizar sus proyectos y ejercer un control más firme sobre la gestión de gobierno.

De no arribar a un acuerdo con el oficialismo la semana próxima, la oposición llevará esta resolución a la sesión de jura de los nuevos diputados, el 3 de diciembre próximo, para que se vote, anticipó el diputado electo Alfredo Atanasof, del PJ disidente.

Para ello confía en imponer ese piso de 135 votos ya cosechados. “Esperemos poder retenerlos; el Gobierno hará lo imposible por cooptar, por medio de recursos públicos, la mayor cantidad de legisladores de la oposición, como ya hizo en Corrientes”, admiten, por lo bajo, los opositores.

El oficialismo ya puso el grito en el cielo ante la jugada opositora. “El gobierno de Cristina Kirchner continúa hasta 2011 y, por esa razón, es impensable que en los dos últimos años sea la oposición la que domine las comisiones estratégicas del Congreso”, afirmó el diputado Agustín Rossi, jefe del bloque kirchnerista.

El veto presidencial  como último recurso

En el entorno del legislador santafecino advierten que toda legislación que intente imponer la mayoría opositora sin aval oficialista recibirá el veto del Poder Ejecutivo.

“La Constitución nacional le otorga la facultad del veto justamente para evitar que al Gobierno se le impongan leyes con las cuales no está de acuerdo”, advierten los oficialistas.

Respuesta de la oposición

“El oficialismo debe entender que perdió las últimas elecciones y que ahora debe reconstruir su mayoría, no imponerla”, enfatizó ayer el diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur). Junto con Eduardo Macaluse (SI), planteó que las negociaciones se diriman entre todos los presidentes de los bloques durante la semana próxima.

El saludo del campo

Ayer la Comisión de Enlace convocó a un nuevo acto en Palermo para el 10 de diciembre próximo.

El presidente de FAA, Eduardo Buzzi detalló las características de la manifestación pública con la que el sector agropecuario quiere darle la bienvenida a los nuevos legisladores nacionales, que para esa fecha -según el cronograma consensuado en el parlamento- ya habrán jurado.

El líder de la Federación Agraria, que ayer hizo finalmente las paces con su par de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, luego de varios días de cruces y reproches, formalizó la convocatoria un acto en el que el agro viene pensando desde hace meses. “Queremos saludar a los legisladores que supieron representar la voluntad de la gente y a los que siguen en esa tarea a partir de ahora. El 28 de junio, la sociedad, y nosotros somos parte de esa sociedad, expresó qué es lo que no quiere”, alertó Buzzi, que en su exposición no se privó de hablar de la “crispación, la exclusión social y la violencia que termina provocando la inseguridad”.

En rigor, los nuevos senadores nacionales tendrán su sesión de toma de juramento el viernes próximo mientras que los diputados lo harían el 3 de diciembre. Y si la presidenta Cristina Kirchner no convoca a sesiones extraordinarias, la actividad legislativa volverá recién en marzo, con el nuevo período ordinario.

Desde hoy, los presidentes de las cuatro entidades ruralistas saldrán a visitar personalmente a dirigentes políticos, empresariales, sindicales y sociales para invitarlos a formar parte de la concentración, que tendrá lugar en el Rosedal de Palermo, a partir de las 17.

Biolcati agregó: “Es una convocatoria del campo, que va a movilizar a su gente, pero abierta a toda la sociedad”. El presidente de Coninagro, en tanto, bregó por “una nueva agenda parlamentaria que avance en tres ejes fundamentales para el sector: la política comercial, el sistema tributario y la ayuda para los productores en sequía”.

Con información de La Nación

Sancionada la ley de medios, el gobierno avanza con la creación de la nueva autoridad de aplicación que tendrá gran influencia política.

El actual interventor en el Comfer, Gabriel Mariotto, y el diputado y presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, el pampeano Manuel Baladrón, serían los candidatos designados por el Poder Ejecutivo. Sus nombres deberían estar publicados hoy en el Boletín Oficial, según publicó el diario La Nación.

Ayer, el Consejo Federal nombró a quien era su presidente, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, como uno de sus representantes para la autoridad de aplicación, y por el sector académico quedó designado Eduardo Seminara, vicerrector de la universidad de Rosario, cercano al jefe del bloque oficialista en la Cámara baja, Agustín Rossi.

La autoridad de aplicación es el órgano que reemplazará al Comfer y estará integrada por siete miembros: dos del Poder Ejecutivo, dos del Consejo Federal y tres en representación del Congreso. Estos últimos, ante la negativa de la oposición a integrar el órgano con la actual composición parlamentaria, todavía no se definieron. Uno de los hombres que aportaría el oficialismo es Claudio Schifer, un abogado de perfil técnico que trabaja en la Comisión de Comunicaciones del Senado, que preside el jujeño Guillermo Jenefes.

Por los plazos que estableció la presidente en un decreto reglamentario de la norma, el próximo 10 de diciembre el nuevo organismo de control ya deberá estar en funcionamiento.

Con información de La Nación

Viajar en taxi en Rosario no sólo es un lujo cada vez más caro, sino solo para afortunados, dado que en horas pico los autos siguen sin aparecer y es difícil encontrar uno libre.

De no mediar sorpresas, el Concejo aprobará hoy un aumento de la tarifa de taxi. La bajada de bandera pasará de 3,20 a 3,60 pesos y la ficha de 15 a 17 centavos cada 100 metros. Y esto sólo para el servicio diurno. También se incrementará el precio por el servicio nocturno, que pasará a costar 3,90 la bajada de bandera y 19 centavos cada cuadra. Además, si se pide un radiotaxi por teléfono, el precio sube 80 centavos. De este modo, Rosario se sitúa como la tercera ciudad con viajes más caros del país.

En comparación con otros centros urbanos (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Paraná), Rosario ocupa el tercer puesto en el valor de las tarifas de servicios públicos puerta a puerta.

Al tope del ranking está Paraná (Entre Ríos), seguida por Buenos Aires. Desde la Sociedad de Taxis de la capital entrerriana puntualizaron que la bajada de bandera cuesta 3,25 pesos y la ficha por cada 130 metros, 25 centavos. “Nosotros siempre logramos la mejor tarifa”, manifestaron con orgullo. “Es porque la Municipalidad entiende que tuvimos tres aumentos de gasoil en lo que va del año”, señalaron.

En esa ciudad el último aumento entró en vigencia el 10 de septiembre del año pasado. A diferencia de Rosario, no existe tarifa más cara para los servicios nocturnos, los fines de semana y los radiotaxi.

Al comparar llama la atención que Rosario sea la única metrópoli en la que se cobra un plus por contratar un servicio por teléfono. En las demás ciudades ni se les ocurre hacer esta diferencia.

Tampoco es común cobrar más caro por los viajes nocturnos. Sólo en Mendoza y Rosario ocurre esto.

En comparación, el centro urbano más barato es Córdoba. Allí la bajada de bandera, que cubre cuatro cuadras, es de 3,25 pesos y la ficha por cuadra, 16 centavos.

Lo concreto es que en Rosario viajar en taxis será más caro, pero la pregunta es si ese aumento redundará en un mejor servicio. El director general de Transporte, Henry Fabro, aseguró que los taxis de la ciudad “están en condiciones” y se cuenta con una flota “rejuvenecida” . “El promedio de renovación de los autos es de cinco años, cuando la normativa exige que se cambien a los 10″, señaló.

El funcionario aseguró que “todos efectúan el control obligatorio cada mes”. Allí se verifica que tengan los papeles al día y que estén en buen estado para circular. Los que no pasan la prueba son multados y en algunas ocasiones se les retira la chapa, por lo cual no pueden funcionar como taxis. En casos extremos se llega a trasladar el móvil al corralón.

Se revisa que tengan cinturón de seguridad y apoya- cabezas. Para este verano también se tendrá en cuenta que funcione el aire acondicionado.

En cuanto a la falta de coches, el funcionario señaló que “las 500 chapas nuevas deberían circular las 24 horas”. Para ello se están realizando controles por GPS, donde se puede ver el estado del taxi: si está ocupado, por dónde está circulando o si está detenido.

Además, “a través de los relojes se puede verificar la cantidad de horas trabajadas”, explicó. No obstante, no son pocos los usuarios que se quejan por lo difícil que es encontrar un taxi en una hora pico. Además, ahora deberán hacer un esfuerzo extra y solventar con sus bolsillos uno de los servicios más caros del país.

Con información de La Capital

Ayer el Senado aprobó el proyecto que suspendía la ley que impedía realizar otro canje con los acreedores de la deudda pública. El oficialismo contó con el respaldo de la UCR y el rechazo del PJ disidente y el socialismo.

El Senado sancionó ayer la suspensión de la aplicación de la denominada “ley cerrojo”, por lo que el Estado podrá hacer una nueva oferta para rescatar los bonos de la deuda que no ingresaron en el canje de títulos abierto por el gobierno de Néstor Kirchner en 2004.

El nuevo canje podría alcanzar a unos 20.000 millones de dólares en bonos de deuda pública en manos de grandes y pequeños inversores que no aceptaron la oferta realizada por la administración kirchnerista.

De ese total, unos US$ 5000 millones iniciaron juicios contra el Estado en diferentes tribunales del exterior.
La iniciativa recibió el apoyo de la UCR, aunque con cuestionamientos en particular, por lo que fue sancionada en general por una amplia mayoría de 44 votos a favor y 10 en contra.

El peronismo disidente y el socialismo rechazaron el proyecto con duras críticas al Poder Ejecutivo y a su política económica.
El oficialismo defendió la iniciativa con el argumento de que le permitirá a la Argentina retornar al mercado de capitales, “restablecer la seguridad jurídica en el tema de endeudamiento y reactivar la inversión extranjera”, según el argumento esgrimido por el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Fabián Ríos (Corrientes).

El radicalismo apoyó esta postura. “Acompañamos porque creemos que es una señal que le a va permitir al Estado argentino volver a entrar en el mercado de capitales”, afirmó el jujeño Gerardo Morales.

Fue este legislador de la oposición quien mejores datos aportó en el debate sobre los alcances de la reapertura del canje de los bonos que quedaron en cesación de pagos.

Así, Morales destacó que la ley reivindique el hecho de que no podrá mejorarse la oferta del canje anterior, que fue de 35 dólares por cada 100 de deuda nominal.

Sin embargo, aclaró que con la actualización por la evolución del PBI y un bono extra en reconocimiento de intereses que contemplaría el canje, “el Estado va a terminar pagando 61,9 dólares por cada 100 dólares”.

La única objeción planteada por la UCR fue la necesidad de introducir en el texto del proyecto una cláusula taxativa que impida al Poder Ejecutivo pagar comisiones a las entidades financieras que intervengan en el canje de deuda.

El pedido fue rechazado por el oficialismo, apurado por sancionar la iniciativa para poder lanzar el canje antes de fin de año.
El peronismo disidente rechazó el proyecto. Lo hizo a través del salteño Juan Carlos Romero, para quien esta ley demuestra el fracaso del canje anterior y la adjudicó a los deseos del Gobierno de conseguir fondos frescos.

“Acabada la expoliación interna del ahorro de los jubilados, reducidas las reservas del BCRA y cuando las retenciones no dan para más, salimos a descubrir que el capitalismo perverso nos pueda prestar algo de dinero en los próximos años”, sentenció Romero.

Igual de duro fue el socialista Rubén Giustiniani, quien acusó al oficialismo de ceder ante las presiones de los organismos multilaterales de crédito. “El ingreso de los holdouts en este canje no es más que la exigencia del FMI de que vamos a tener crédito si arreglamos con ellos, si arreglamos con el Club de París y que vamos a tener crédito si volvemos al redil”, concluyó.

Ajeno a estos rechazos, el ministro de Economía, Amado Boudou, expresó su conformidad por la velocidad del trámite parlamentario: “El acompañamiento del Congreso fue contundente y nos permite avanzar a pasos firmes en la reapertura del canje”, dijo desde Brasilia, donde acompañó a la Presidenta.

La oferta final

El Ministerio de Economía avanza para enviar en los próximos días la oferta final para su aprobación regulatoria y un road show posterior en Estados Unidos y Europa.

“Se la enviará a las comisiones de valores en los próximos días”, indicaron fuentes oficiales que, a priori, descartaron problemas especiales en Italia, donde está el mayor grupo de holdouts minoristas.

Por esta razón, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, viajó a Washington para trabajar con los abogados que representan al país en los detalles necesarios para evitar trabas a esta operación frente a los bonistas más intransigentes.

Hay dos claves en ese sentido: una es asegurar que los fondos buitres no bloqueen el intercambio de títulos entre inversores, bancos y el Gobierno; la segunda es no dejar ningún resquicio para que los bonistas que aceptaron el canje de 2005 interpreten que ésta puede ser una oferta mejor que aquélla.

Si quienes ingresaron hace cuatro años creyeran que ahora las condiciones son mejores, tendrían derecho a reclamar el mismo trato.

El ministro de Economía, Amado Boudou, afirmó al anunciar el lanzamiento del plan para los holdouts que la quita superará el 65% de 2005 en valor presente.

Fuentes del Palacio de Hacienda indicaron que “la clave del canje, más allá del valor que hoy tengan los bonos, es el perfil de pagos de la deuda que se pueda generar”. En el mercado hacen otra cuenta y calculan que si se suma la unidad ligada al PBI el valor de la quita sería inferior al 50%.

El próximo paso será convencer a los bonistas minoristas, que para algunos especialistas rondan el 25%, pero que para 0otros ascienden al 50% de los que siguen en default.

Sin posibilidades de darles demasiados incentivos adicionales, más allá de un bono más corto que al resto, afirman que Economía debería “mimar” más a estos minoristas, a los que hasta ahora no se les prestó demasiada atención.

La otra posibilidad sería exigirles un poco más de los US$ 12.000 millones que se comprometieron a aportar a priori los bancos Citi, Deutsche y Barclays, a cambio de una comisión de los bonistas.

Con información de La Nación

Con ajustada mayoría, la Cámara Baja aprobó ayer el proyecto oficialista que introduce las elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para todas las agrupaciones partidarias. Ahora se espera el debate en el Senado.

Pese a que el kirchnerismo introdujo más de medio centenar de modificaciones al proyecto oficial, buena parte del arco opositor lo rechazó, al advertir que si bien todos la llaman “reforma política” es sólo una reforma electoral, que no avanza en cuestiones de fondo, como la introducción de la boleta única en reemplazo de la lista sábana o la limitación de la publicidad oficial.

Sus críticas no conmovieron al oficialismo que, a la hora de votar, se impuso con 136 votos positivos sobre 99 negativos, logrando así la mayoría agravada que exige la Constitución nacional en temas electorales.

Los que apoyaron al oficialismo

Semejante caudal de apoyos se logró gracias al voto clave de cinco legisladores no kirchneristas, pero cuyas provincias padecen una situación fiscal apremiante. Es el caso de los tres peronistas disidentes de Córdoba -Arturo Heredia, Beatriz Halak y Jorge Montoya, que responden a José de la Sota y al gobernador Juan Schiaretti-; de la correntina María Areta, que responde a Arturo Colombi, y Leonardo Gorbacz, de Tierra del Fuego. A ellos se sumaron los tradicionales aliados kirchneristas, entre ellos el Movimiento Popular Neuquino, los radicales K y Julio Ledesma y Susana Gardella, ex Pro.

Debate en el Senado

Todo indica, según adelantan fuentes oficialistas, que recién el año próximo se retomará el debate de la iniciativa, ya que los tiempos legislativos no alcanzan para sancionarla antes de fin de mes. Será entonces la nueva composición de la cámara la que definirá la suerte del proyecto.

La oposición promete revisarla no bien se modifique el equilibrio de fuerzas parlamentarias. En el recinto, los distintos bloques cuestionaron no sólo la forma en que se aprobó la media sanción -de apuro, antes de que el oficialismo pierda su mayoría legislativa-, sino también cuestiones de fondo.

Críticas

Aquí las posiciones se dividieron: mientras la centroizquierda denunciaba a viva voz que la iniciativa apunta a consolidar el bipartidismo para erradicar a los “partidos emergentes” ya que, a su juicio, aún impone requisitos exigentes para competir, los bloques mayoritarios criticaron la concentración de facultades en el Ministerio del Interior en materia electoral. Por ejemplo, la distribución a su arbitrio, de la pauta audiovisual entre los partidos durante la campaña.

El contraste se marca porque el proyecto no introduce ninguna limitación a la publicidad oficial y al uso de los recursos públicos durante la campaña.

“¿De qué sirve tener la mejor ley electoral, si luego el presidente del partido oficialista usa a su antojo los bienes y los recursos del Estado tanto para la campaña como para domesticar después a gobernadores?”, acicateó el radical Pedro Azcoiti. Su par de Pro, Julián Obiglio, asintió. “Al no establecer límites claros en la publicidad oficial, se favorece a los amigos del poder y se perjudica a la oposición”, sostuvo.

El oficialismo, en la voz de Landau, intentó convencer a la centroizquierda de que las principales modificaciones introducidas en el proyecto -por ejemplo, la flexibilización de los requisitos para obtener la personería jurídica- benefician a los partidos minoritarios y destacó que el financiamiento de la campaña audiovisual (la más costosa) correrá por cuenta del Estado.

Puntos clave del proyecto:

Personería jurídica

Baja del 5 al 4 por mil la cantidad de afiliados que cada partido político debe reunir para obtener la personería definitiva. Para ser un partido nacional, deberá ser reconocido en cinco distritos.

Elecciones primarias

Serán obligatorias, además de abiertas y simultáneas. Se reduce del 3 al 1,5% el piso de votos que cada partido debe tener en esta instancia para competir en la general.

Caducidad

Se baja del 3 al 2% el piso de votos que debe obtener un partido en dos comicios sucesivos para seguir vigente.

Fecha de elecciones

Se fija en el segundo domingo de agosto.

Listas colectoras y espejo

Se eliminan de la elección general.

Encuestas y medios

Se prohíbe la difusión de encuestas ocho días antes de la fecha electoral; el proyecto original planteaba 15 días previos. Se elimina como sanción la quita de licencias a los medios en caso de infringir la ley.

Campaña

Establecen multas para los candidatos y responsables económicos partidarios si contratan publicidad audiovisual de manera privada.

Con información de La Nación y La Capital