Tres jueces de la Corte Suprema de Justicia recibieron el reclamo de 34 senadores nacionales y el pedido para participar en las causas que varias provincias mantienen con la Nación por la distribución de fondos de la coparticipación federal.

En una reunión que duró una hora, los legisladores se fueron entusiasmados por la acogida que les prodigaron los magistrados, en particular con la frase con la que los despidió el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti: “Tenemos la mejor buena voluntad para resolver situaciones que ponen en peligro la gobernabilidad”, dijo el juez ante los senadores. “Hay que mostrar el diálogo como instrumento institucional”, agregó.

La presentación implica un fuerte gesto político, ya que fue firmada por 34 senadores, 26 de los cuales concurrieron a la audiencia de ayer en el Palacio de Tribunales.

Los legisladores fueron recibidos en el salón de conferencias del tribunal también por los jueces Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, que respaldaron las palabras del presidente del cuerpo.

Amigo del tribunal

Los senadores concurrieron a plantear una petición conocida como amigos del tribunal (amicus curiae, según la expresión en latín) para poder intervenir en las causas en reclamo de fondos que las provincias de San Luis, Santa Fe, Córdoba y Corrientes mantienen contra la Nación en reclamo de fondos mal liquidados en concepto de coparticipación de impuestos.

La presentación de los senadores se verá fortalecida en los próximos días cuando la correntina Josefina Meabe (Partido Liberal) y los peronistas pampeanos Carlos Verna y María de los Angeles Higonet hagan un planteo similar, por lo que alcanzaría a 37 el número de legisladores dispuestos a apoyar los reclamos provinciales, es decir, la mitad más uno del cuerpo.

Las provincias que no reclaman

Sólo los representantes de tres provincias en el Senado -Misiones, Neuquén y Tierra del Fuego- no harán ningún tipo de presentación en apoyo de las arcas de sus distritos.

Atento a la trascendencia del hecho y a no prejuzgar, lo que le podría valer una recusación, Lorenzetti destacó que ésta era “la primera vez en toda la historia que la Corte recibe a un grupo tan importante de senadores”, lo cual aclaró “causa cierta conmoción”. El presidente del máximo tribunal de justicia de la Nación, agregó: “Esta es una reunión institucional, protocolar y muy positiva. Es un diálogo entre poderes que nunca se hizo”.

La cara de los legisladores comenzó a reflejar de inmediato alegría y sorpresa por lo que escuchaban de la máxima autoridad de uno de los tres poderes del Estado.

“Sabemos que éste es un tema político que estará en la agenda del año próximo, pero creemos que por el rol que tiene la Corte en cuestiones de defensa del federalismo, esto tiene que estar en estudio de la Corte”, le había pedido Morales al plantear el motivo de la presencia de los senadores ante el tribunal.

Lorenzetti tomó el guante ante ese reclamo y le recordó que “el amicus curiae [amigos de la Justicia] está presente en otros casos” y que “la idea del aporte de opiniones es importante y bienvenida”, aunque les aclaró que en materia de causas federales el tribunal “trata caso por caso”, con lo que los invitó a repetir el procedimiento en cada uno de los expedientes en análisis.

Además, les señaló que “es bueno saber que el proceso es lento, muy prolongado, porque así lo establece la ley”.

“No crear expectativas”

En el mismo sentido realizó un aporte la jueza Highton de Nolasco, en un claro intento de calmar ansiedades. “Hay que ser responsables y no crear expectativas, porque la Corte no tiene la rapidez que a veces esperan los ciudadanos”, dijo.

“No venimos a delegar responsabilidades, sino a compartir nuestras angustias”, agregó el cordobés Luis Juez (Frente Cívico) para sumarse al planteo formulado por el radical Morales.

Siempre en tono moderado, Lorenzetti continuó enviando claras señales a sus interlocutores. “Tenemos la mejor buena voluntad para resolver situaciones que ponen en peligro la gobernabilidad”, tranquilizó a los senadores. Y como para que nadie se enojara o se espantara por el tenor de la reunión, agregó: “Esto [por el diálogo institucional] debería ser normal; no estamos haciendo nada que pueda ser censurable”.

Como si esto fuera poco, el presidente de la Corte admitió ante los senadores que “históricamente nunca hubo demandas en el volumen que hay ahora” por cuestiones federales, tras lo cual concluyó con un reconocimiento: “En el país hay conflictos y nosotros tenemos que actuar aplicando la Constitución”.

Las palabras de Lorenzetti dejaron más que conforme a los legisladores, como quedó reflejado en sus declaraciones tras la audiencia.

Con información de La Nación

Dos importantes empresas se anticipan a la entrada en vigor de la ley de corte obligatorio inaugurando plantas de etanol y biodiesel.

El grupo Lucci, productores de biodiésel

Uno de los emprendimientos corresponde al grupo Lucci, empresa productora de cítricos y ganado, que inauguró en la localidad santiagueña de Frías una fábrica con capacidad de producir 200.000 toneladas de biodiésel por año, con una inversión de 90 millones de dólares. “Hace tres años decidimos encarar este proyecto con la intención de hacer biodiésel de soja para exportar a Europa y a Estados Unidos”, explicó Pablo Santillán, director del proyecto AG-Energy, nombre del emprendimiento del Grupo Lucci.

La planta de AG-Energy es una de las cuatro más grandes del país y puede procesar un millón de toneladas de soja por año. En los próximos tres años, contará con una red de ocho acopios en el NOA, que demandarán una inversión de 20 millones de dólares.

Ledesma invierte en etanol

En el mismo tren de sumarse al auge de los biocombustibles, Ledesma anunció ayer que en 2010 invertirá 37 millones de dólares para instalar una deshidratadora en su planta de Jujuy, lo que le permitirá fabricar etanol de caña.

El presidente de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier junto con el director de la firma Federico Nicholson, anunció que “a partir del 1° de enero comenzará a expedirse nafta con un porcentaje de 3% de bioetanol”, al tiempo que destacó que el combustible “será un gran motor de desarrollo para todo el noroeste argentino”.

En marzo de este año, Ledesma había anunciado la compra del 70% del ingenio La Florida, en Tucumán, dueño de una de las fábricas de etanol más grandes del país, con una capacidad de producción de 400.000 litros diarios.

Con información de La Nación

En una semana sufrió tres fallos en contra. Esta vez, una jueza se valió de las irregularidades durante su tratamiento en el Congreso para suspender la aplicación en Mendoza.

El tercer fallo contra la ley de medios en menos de una semana fue dictado ayer en Mendoza por la jueza federal Olga Pura de Arrabal, para quien la ley debe quedar suspendida hasta que se resuelva si corresponde avanzar con un amparo que analice la inconstitucionalidad de la norma. Esto ocurre porque el proceso de sanción habría estado viciado de nulidad, sin respetarse los tiempos y el reglamento legislativo vigente, según denunció un diputado antikirchnerista.

Dudas por la desprolijidad del tratamiento legislativo

Si bien otros dos fallos anteriores que se dictaron en la Capital Federal y en Salta cuestionaron la constitucionalidad de varios artículos de la ley, esta resolución apunta a la forma en que se armó la polémica ley de servicios de comunicación audiovisual, impulsada por el gobierno kirchnerista.

La denuncia fue presentada por el diputado nacional Enrique Thomas, representante del peronismo disidente y aliado al vicepresidente Julio Cobos, quien sostuvo que hubo un “cúmulo de irregularidades” en el tratamiento que el proyecto tuvo en las comisiones previo a su aprobación.

Consideran que la ley es inaplicable

Thomas fue patrocinado por el ex juez federal Luis Leiva, quien —por su parte— aseguró que este fallo implica que la ley “no puede ser aplicada en ningún punto del país mientras esté vigente esta medida cautelar” y señaló que “planteamos no solamente la inconstitucionalidad sino la nulidad de la ley de medios K en razón de la violación de todos los reglamentos”.

En su presentación, el diputado Thomas había advertido que los miembros de las comisiones de Comunicaciones e Informática, Presupuesto y Hacienda y Libertad de Expresión de la Cámara baja no habían podido “conocer a ciencia cierta en qué consistía el dictamen de mayoría”.

Además, el diputado sostuvo que fue “irregular” la “constitución del quórum” para tratar la propuesta del Ejecutivo nacional y señaló que fue “intempestiva” la convocatoria “a una sesión especial, con escasas horas de anticipación”.

La jueza Arrabal valoró los argumentos en donde se indicaba que la ley podría haberse dictado “con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, en violación de los procedimientos y formas previstos en el Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, y de tal manera violando el legítimo ejercicio de los derechos, deberes funcionales que la Constitución nacional otorga a los diputados de la Nación”.

Para el Gobierno no es el fin

“La batalla por la ley de medios no está perdida”, advirtió el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández quien además señaló: “No esperemos que los monopolios que siempre hicieron lo que se les antojó acaten esto mansamente”.

Fernández advirtió que la Casa Rosada apelará cada una de las decisiones del Poder Judicial contra la aplicación de la ley.

Con información de La Capital y La Nación

Con una nueva emisión de letras, el ministro de Economía Amado Boudou tomará 6569 millones de pesos del BCRA para cubrir los vencimientos del año entrante.

Sin acceso a los mercados voluntarios de crédito y en un contexto de creciente deterioro fiscal, el Gobierno dispuso hoy la emisión de una letra del Tesoro por 6569 millones de dólares, a diez años de plazo, a ser suscripta por el Banco Central (BCRA) para crear el Fondo del Bicentenario que tendrá el objetivo de blindar los pagos de la deuda durante 2010.

Así lo establece la resolución 419/2009 publicada hoy en el Boletín Oficial, según la cual, la letra es intransferible y vence el 22 de diciembre de 2019, con amortización íntegra al vencimiento.

Crítica opositora

La oposición había criticado fuertemente el uso de la reservas del Banco Central y había reclamado que el Gobierno resuelva primero la normalización de las relaciones financieras con los acreedores privados. Por otro lado, habían alertado que esta acción develaba el gran problema fiscal que enfrentaba el oficialismo.

Ayer el Gobierno anunció que, con aportes transitorios, hubo un resultado fiscal positivo de 2802,1 millones de pesos, pese a que el gasto había subido un 37,3% durante noviembre.

Análisis de los expertos

Los analistas estimaron, no obstante, que fue la contabilización de $ 4117,7 millones de pesos como ingresos en el ítem “trasferencias corrientes” lo que posibilitó el superávit. Esos fondos serían los derechos especiales de giro (DEG) entregados por el FMI a todos los países miembros.

Además se supo que la letra devengará intereses igual a la tasa de interés que devenguen las reservas internacionales del BCRA para el mismo período y hasta un máximo de la tasa Libor anual menos 1 %, pagaderos semestralmente.

El Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad está integrado por un monto de 6569 millones de dólares, procedentes de las reservas de libre disponibilidad, para ser destinado a afrontar pagos de deuda durante el 2010

Con información de La Nación y La Política Online

El senador radical Gerardo Morales aseguró que el ex presidente “corre riesgo de terminar preso”, en referencia a las causas que investigan su patrimonio; “Se le está cumpliendo el ciclo”, dijo el jujeño

El jefe del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, advirtió que el ex presidente Néstor Kirchner puede “terminar preso”, en referencias a las diversas causas que investigan el patrimonio del diputado.

“Sabe que se va, que se le está cumpliendo el ciclo y que corre el riesgo de terminar preso”, dijo el senador jujeño en un acto partidario realizado en dicha provincia. “Néstor Kirchner tiene el síndrome del traje a rayas”, dijo, irónico el radical.

Errores de Kirchner

Además, Morales advirtió que Kirchner “comete errores, como el día en que quiso destruir el consenso obtenido en la Cámara baja, cuando la oposición reunió 144 diputados”. Y explicó que “esos yerros tienen que ver con que íntimamente sabe que se va y que corre el riesgo de terminar preso”.

“El kirchnerismo se está agotando como proyecto de poder y diariamente se van deslegitimando y alejando de la gente”, lanzó Morales.

Por último, Morales fue optimista con respecto a la situación política del radicalismo de cara a las próximas elecciones al asegurar que observa una “franca recuperación” de la UCR. “En 2011 vamos a ser gobierno nacional”, aseguró.

Con información de La Nación

Hallaron 4 millones de pesos de diferencia en la declaración jurada de Néstor Kirchner y al menos 22 diferencias con la declaración de su esposa, la presidente Cristina Fernández.

Los contadores auditores de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas encontraron inconsistencias entre las explicaciones que dio el contador del matrimonio presidencial y la información que Kirchner presentó ante la OA.

Inusitado incremento patrimonial

Los números del matrimonio presidencial, que es investigado por el inusitado crecimiento de su patrimonio –aumentó 158% en 2008- no cierran. No sólo hay 22 inconsistencias entre las declaraciones juradas de Néstor y Cristina Fernández de  Kirchner, sino que también hay una diferencia de 4 millones de pesos entre lo que dice el contador de confianza del matrimonio y un informe que se encuentra en manos de la Justicia.

La declaración jurada

Según el diario Clarín, el informe de 16 páginas fue firmado el 16 de abril de 2008 por los contadores auditores de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y sirvió de base para la apelación que, en aquel mes, realizó el por entonces fiscal Manuel Garrido ante la Cámara Federal.

Investigación judicial

Debido a esa apelación, el caso sigue abierto en la FIA y, al mismo tiempo, archivado en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Así lo resolvió la Sala II de la Cámara Federal. Si se encuentra alguna nueva prueba, Canicoba Corral puede abrir la investigación. El período que tiene archivado este juez federal y que es el que analizaron los funcionarios de la FIA abarca desde 2005 hasta el 11 de diciembre de 2007.

El informe de los contadores auditores de la FIA, donde se revelan falencias en las declaraciones juradas, se conoce al mismo tiempo que se está realizando una pericia en el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia sobre el crecimiento patrimonial del matrimonio durante el año pasado.

El patrimonio del matrimonio

Ese estudio lo solicitó el juez federal Norberto Oyarbide quien tiene a su cargo el expediente para determinar si se justifica el crecimiento patrimonial declarado por los Kirchner en el año 2008. Los Kirchner admitieron ante Oyarbide que su patrimonio llegó a los $44.307.672,94 y que el año pasado se incrementó en $27.802.400,50.

La comparación hecha en la FIA cuando la dirigía Garrido, se realizó en base a las declaraciones que presentó Kirchner mientras era presidente ante la Oficina Anticorrupción (OA) y Cristina ante el Senado de la Nación y la OA -en virtud de sus cargos como Senadora y Presidenta- . Además contrastaron las declaraciones con la presentación que hizo en 2008 el contador de la pareja, Víctor Manzanares, en la causa a cargo de Canicoba Corral. También ahí se encontraron incongruencias.

Incongruencias entre Néstor y Cristina

Como son un matrimonio, las declaraciones de Néstor y Cristina deben coincidir. Pero eso no ha sucedido. Los contadores auditores de la FIA hallaron 22 falencias al comparar las declaraciones públicas presentadas en el Senado y en la OA. Según el matutino, algunas de ellas son:

En 2006 Kirchner declaró ante la OA una participación social en “Los Sauces S.A.” por $45.000. Sin embargo, en la declaración de ese año de Cristina ante el Senado, no declaró que su marido poseía esas acciones.

Varios de los inmuebles declarados figuran en una de las declaraciones como casas y en otras como departamentos, y viceversa.

En las declaraciones de 2004, 2005 y 2006 ante la OA, Kirchner declara importes por Depósitos y saldo en cuentas bancarias, dinero en efectivo y deudas. En 2005 mostró una deuda de $276.340 con el Banco de Santa Cruz. En 2006 Néstor declaró más de $1.500.000 en deudas. Pero Cristina Fernández de Kirchner no declaró esos conceptos ante el Senado.

Tanto Kirchner como su esposa nunca declararon ante la OA ni ante el Senado poseer “Otros bienes Muebles no Registrables” que superen la cifra de $20.000 en conjunto o de $5000 por separado. En esta categoría se deben declarar los valores correspondientes a objetos de arte, plasmas, televisores LCD, reproductores de CD o DVD, computadoras, artículos de decoración, mesas, sillas, sillones, pianos, heladeras, cocinas, hornos a microondas. Es extraño que la pareja presidencial, que tiene un patrimonio de $44.000.000, no haya declarado este tipo de bienes.

Detalles menores como éste y mayores como otros, ponen en tela de juicio la credibilidad de las declaraciones juradas.

Una profunda investigación con todos los papeles a la vista -escrituras, recibos bancarios, formularios completos de la AFIP, etc.- despejaría todas las dudas acerca del crecimiento del patrimonio del matrimonio presidencial. Son los peritos de la Corte Suprema de Justicia los que deben hacerlo. Para que nadie sospeche.

Los 4 millones  de pesos que no justificó el contador del matrimonio presidencial

Manzanares explicó ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, el 8 de febrero de 2008, cómo había sido el crecimiento patrimonial de sus clientes desde 2005 hasta el 11 de diciembre de 2007. Los contadores auditores de la FIA encontraron diferencias entre esa justificación y las declaraciones juradas presentadas por el ex presidente Néstor Kirchner ante la Oficina Anticorrupción (OA). Algunas son:

• El contador dijo que en 2005 los Kirchner obtuvieron ingresos por “diferencias de cambio” de $ 89.716, pero en las declaraciones de la OA no aparecen.
• Manzanares explicó que Kirchner tenía “créditos fiscales” por $ 75.411 pero en las declaraciones no apareció ese rubro.
• Las mejoras en la residencia de El Calafate fueron hechas, según el contador, por un valor de $ 259.630 pero en las declaraciones aparece la cifra de $ 245.912.
• En 2006 el contador dijo que destinaron a la construcción de un complejo turístico 2.788.739, pesos pero en las declaraciones juradas figura 2.882.984 pesos.
• Manzanares señaló que Kirchner se benefició con la venta de un terreno y la permuta de otro por 1.691.968 pesos pero el ex presidente en sus declaraciones juradas indicó que vendió el 100% de un terreno y el 50% de otro (en ningún lugar se refiere a una permuta) por un total de $ 1.729.289
• Mientras el contador dijo que Kirchner tenía “créditos fiscales” por $ 176.791, en las declaraciones no aparece ningún crédito.
• Manzanares dijo que Kirchner tenía una deuda con El Calafate por $187.608, pero en las declaraciones no se asentó.
• El contador dijo que Kirchner tenía deudas con el fisco por $544.966, aunque en la declaración jurada se estimó la deuda en $259.544.
• En 2007 (al 11 de diciembre) los contadores auditores de la FIA detectaron que Manzanares incorporó un nuevo complejo turístico que incluyen ajustes de precios y facturación del año anterior (2006) por $6.423.927, pero Kirchner lo declaró por $6.299.718.
• Manzanares dijo ante el juez que Kirchner tuvo ingresos por “diferencias de cambio por moneda extranjera” por $236.983. Sin embargo, eso no aparece en la declaración jurada.
• Manzanares dijo que Kirchner tenía deudas con el fisco por $1.817.402, y eso no aparece declarado en la OA.

Las diferencias mencionadas sumadas al resto de las halladas por los contadores llegan a $4.000.000. En algunos casos son pequeñas cantidades, pero el total es significativo. Cabe señalar que estas cifras no corresponden a dineros ocultos en paraísos fiscales y que fueron hallados por los investigadores de la FIA. Son nada más y nada menos que incongruencias entre lo que declararon Kirchner y Cristina y la justificación que hizo en Tribunales el contador que pretende demostrar, con números que no coinciden, cómo creció el patrimonio del matrimonio.

Con información de La Política Online

El recientemente elegido presidente, Luis María Cabral llega con intenciones muy definidas de restablecer el equilibrio de fuerzas y devolverle la independencia al poder judicial.

En un momento de tensión extrema entre la Justicia y el Gobierno, el juez Luis María Cabral, quien  asumió la semana pasada la presidencia del Consejo de la Magistratura, tiene una idea bien definida de hacia dónde pretende que avance el cuerpo. Sostiene que es necesaria una ley que reforme el Consejo para limitar el avance de los poderes políticos y para devolverle a la Corte Suprema la plena administración de los fondos del Poder Judicial. “La Justicia necesita manejar su dinero. Si está monitoreada para eso por otro poder, no es auténticamente independiente”, afirma.

Cabral presidirá durante el próximo año un Consejo acusado de ser una herramienta de hostigamiento del Gobierno. El dice que efectivamente hubo funcionarios que pretendieron usar el Consejo para avanzar indebidamente contra jueces, pero advierte que ninguno de esos magistrados terminó destituido.

Desaprobación a Aníbal Fernández

El nuevo presidente del cuerpo que elige y controla a los magistrados es miembro de un tribunal oral penal de la Capital Federal. Al igual que lo han hecho muchos de sus pares en los últimos días, denuncia que es “inaceptable” que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, haya decidido que la policía no iba a respetar una orden judicial. “Cuando desde las más altas funciones del Estado se interpreta cómo deben actuar los jueces, se está al menos presionando. Frente a esto, lo importante es que los jueces estén dispuestos a defender su investidura y a resolver aun presionados, provengan las presiones de donde provengan”, sostiene Cabral.

Prometida transparencia

Sabe que asume su cargo en un momento delicado, no sólo por los cruces entre los jueces y el Gobierno, sino también por las sospechas de fraude que pesan sobre los procesos que lleva adelante el Consejo para cubrir vacantes en los tribunales, y anuncia que exhibir “transparencia en los concursos” va a ser una de sus prioridades.

El estilo del nuevo presidente

Cabral fue elegido con el apoyo de todos los bloques del Consejo, incluso el kirchnerismo, pese a que pertenece a una línea dentro del Poder Judicial que siempre denunció con dureza injerencias del Gobierno en los tribunales. Dentro de ese grupo, Cabral tiene un estilo más conciliador que muchos de sus pares.

Presión a los jueces

Consultado sobre la denuncia sobre que el Consejo de la Magistratura es utilizado como una herramienta de presión contra los jueces, Cabral sostuvo: “Creo que, más que el organismo en sí, han sido algunas manifestaciones de algún miembro o funcionario de los poderes políticos. El organismo como tal nunca ha imputado a un juez mal desempeño por el contenido de una sentencia”.

Balance del desempeño desde la reforma

El nuevo diseño legal tiene muchas falencias, analizó Cabral quien añadió: “es preciso reformarlo. Hay que darle más equilibrio. Hoy hay predominio del sector político, que puede determinar la agenda, y esto es un inconveniente, se ejerza ese poder o no. Además, hay que incorporar a la Corte, sobre todo en lo que hace a la vida independiente, interna, administrativa y reglamentaria del Poder Judicial. Y es necesaria otra modificación: el Poder Judicial tiene que tener autarquía y autonomía financiera. Nadie puede ser independiente si no maneja su dinero. Si está monitoreado por otro poder, no es auténticamente independiente”.

Con información de La Capital

Aníbal Fernández rechazó dos veces los dictámenes de los jueces, tanto en  el desalojo del gremio de los aeronavegantes como en el fallo de la Corte contrario a la ley de medios.

Intervención del gremio

El Jefe de Gabinete intentó explicar su comportamiento en el caso del gremio de los aeronavegantes con una conferencia de prensa especialmente para defender su posición de no acatar la orden judicial.

Intentó contrarrestar la embestida de la Corte Suprema y del Congreso, que lo cuestionaron por su comportamiento. “No hay una vocación de interpretar la Constitución; yo no la interpreto, la interpretan solamente los jueces”, aclaró Aníbal Fernández ayer al mediodía, desde el Salón Sur de la Casa Rosada.

En un detallado informe, Fernández explicó que había decidido frenar una orden judicial porque existían fallos contrapuestos.

Por esa decisión, el jefe de Gabinete recibió críticas de los ministros de la Corte Carmen Argibay y Carlos Fayt. Este último magistrado reiteró ayer sus cuestionamientos, aunque lo disculpó. “Fernández es un piloto de tormentas que tiene que parar todos los golpes y a veces se equivoca”, planteó Fayt, y pidió “salir de la crispación”.

Para el jefe de Gabinete, gracias a su decisión de no acatar el fallo que establecía el desalojo del gremio se evitaron muertes. “Los dos sectores en pugna eran muy importantes y cualquier acción que el Estado tomara implicaba necesariamente una situación de enfrentamiento que se sabe cómo empieza pero no se sabe cómo termina”, sostuvo.

Ley de medios

La Corte Suprema podría invalidar la ley de medios y esto desató la ira de Aníbal Fernández quien hostigó al juez que falló en contra. Dijo que el juez “no está en sus cabales” y que actuó “bajo presión”.

La primera derrota judicial de la ley de medios desató ayer fuerte nerviosismo y preocupación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque descuenta que el conflicto llegará a la Corte Suprema, que podría invalidar la norma. Por eso el jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, en otra descalificación al Poder Judicial, acusó al juez que dictó ese fallo, Edmundo Carbone, de “no estar en sus cabales” y de “no tener competencia” sobre el asunto.

Sugirió, incluso, que actuó por presiones del Grupo Clarín, impulsor de la acción contra la ley de medios. “Lo que dicen en las cercanías de este señor es que la presión por parte del monopolio ha sido altísima”, dijo.

También, el ministro de Justicia, Julio Alak, consideró a la medida cautelar “sorprendente y extraña”, al tiempo que vaticinó que “seguramente será revocada”.

Ante un recurso de Clarín, la medida cautelar del juez civil y comercial Carbone suspendió los artículos 41 y 161 de la ley de medios. Son los que obligan a los grupos empresarios a vender compulsivamente en el plazo de un año las señales de radio y televisión que excedan el número permitido en la ley sin invocar derechos adquiridos.

Esos artículos fueron considerados inconstitucionales, retroactivos, y violatorios del derecho a la propiedad privada.

El Gobierno apelará el plazo

Según confirmó el presidente del nuevo Comfer, Gabriel Mariotto, el Gobierno apelará ante la Cámara Civil de la Capital Federal en el plazo obligatorio de cinco días. En ello trabaja la Autoridad Federal de Medios, de Mariotto, y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini.

“El conflicto llegará a la Corte Suprema el año próximo. Acá la guerra es por el plazo de un año. Los medios quieren que no rija durante el gobierno de los Kirchner”, confió una alta fuente de la Casa Rosada.

Con información de La Nación

La Cámara Alta es el escenario en el cual cada vez más opositores pretenden obligar al Gobierno Nacional a girar los fondos que adeuda a las provincias.

Al planteo que el Peronismo Federal y la UCR preparan para presentar el martes próximo ante la Corte Suprema, se sumó en las últimas horas otro similar de un senador convertido en personaje clave del cuerpo: el pampeano Carlos Verna, peronista ortodoxo que se mantiene equidistante del oficialismo y de la oposición y que podría definir la votación por el control de la cámara, prevista para fines de febrero.

Según confirmaron tres fuentes independientes, Verna elaboró un documento que llevará a la Corte Suprema para reclamar exclusivamente más fondos para su provincia, La Pampa. Lo presentará junto con la senadora María de los Angeles Higonet, su compañera de bloque del Partido Justicialista.

Una actitud idéntica a la de Verna analiza tomar la correntina Josefina Meabe (Partido Liberal), que responde al ex gobernador Arturo Colombi, según informaron a La Nacion allegados a la legisladora. Su intención es instalarse como una senadora independiente.

La presentación de los pampeanos echa pimienta sobre la definición de la disputa por el control del Senado, ya que esos dos votos podrían inclinar la balanza hacia el oficialismo o hacia la oposición, que hasta ahora están empatados en 35.
Las fuentes consultadas advirtieron que la iniciativa de Verna no aseguraba que fuera a votar junto con la oposición en febrero.

El documento que preparan los radicales, los peronistas disidentes y otros grupos opositores apunta a solicitarle a la Corte que los acepte como “amigos del tribunal” en las causas en las que estén en discusión reclamos de fondos de parte de los estados provinciales. Es una figura que permite acceder a un expediente a personas no involucradas directamente en la causa.

Según los cálculos del bloque de la UCR, la presentación contará con la firma de 34 senadores de la oposición. Pero entre esas adhesiones estaba contada la de Meabe, que no se plasmaría en realidad.

La ofensiva opositora generó ayer el rechazo del ministro del Interior, Florencio Randazzo. “Quienes proclaman la independencia de poderes pretenden ahora ir a la Corte para presionarla políticamente”, dijo el funcionario, según la agencia DyN. Una muestra de que el tema no le es indiferente a la Casa Rosada.

Con información de La Nación