Duro revés para el Fondo del Bicentenario: la Cámara trasladó el caso a la Corte, que analizará el decreto.
A partir de ayer, el debate por los 6500 millones de dólares de reservas del Banco Central (BCRA) se trasladó a la Corte Suprema de Justicia y, principalmente, al Congreso nacional. Mientras esto ocurre, según lo dejó expresamente en claro la Justicia, el Gobierno no podrá disponer de esos fondos.
La Sala IV de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo rechazó el pedido del Gobierno para que habilite el uso de reservas del BCRA, pero concedió el recurso extraordinario y elevó el caso al máximo tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti.
Los camaristas Jorge Morán, Sergio Fernández y Luis Márquez dictaron el fallo por unanimidad. A pesar de que la oposición les imputó a los dos últimos un pedido de recusación por su proximidad al Gobierno, en su fallo, la Sala IV se abstuvo estrictamente a lo que establece la legislación procesal.
El tribunal de apelaciones rechazó en forma expresa el pedido del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, para que la cámara suspendiera una medida cautelar y permitiera al Poder Ejecutivo acceder a los fondos mientras la Corte estudia el caso.
El Gobierno había pedido que la medida cautelar dispuesta por la jueza federal María José Sarmiento y por las camaristas Clara Do Pico y Marta Herrera fuese dejada sin efecto. El tribunal de apelaciones dijo “no”.
Si bien, en principio, la Corte no estudia medidas cautelares, lo que justificaría rechazar el recurso extraordinario presentado por el Estado, en esta ocasión hay que concederlo y elevar el caso al máximo tribunal porque el fallo causa un agravio irreparable.
El fondo del asunto
En la Corte no existe ánimo alguno de revisar la medida cautelar de Sarmiento y el alto tribunal sólo se ocupará de este asunto luego de que la jueza de primera instancia y la cámara, dentro de varios meses, se expidan sobre el fondo del asunto, algo que ocurrirá dentro de varios meses. Para entonces, sin embargo, el Congreso ya habrá dado su debate político sobre el tema y la resolución de la Justicia habrá perdido interés.
La cámara también afirmó que existe gravedad institucional, porque lo decidido excede el interés de las partes del juicio y afecta a toda la comunidad.
Estos son argumentos que le vienen bien al Gobierno para poder presentar el tema en la Corte y Da Rocha, en declaraciones periodísticas, intentó mostrar que había sido un éxito oficial. También el ministro del Interior, Florencio Randazzo, consideró que el fallo de la Cámara Federal fue “positivo”, ya que permitió “llegar a la Corte para que se expida finalmente”.
Derrota para el oficialismo
“Hay que tener en cuenta que este fallo no es definitorio sobre la utilización de reservas, sino sobre otra medida judicial, por eso creemos que el máximo tribunal lo resolverá favorablemente”, aseguró Randazzo.
Sin embargo, para el Gobierno, el fallo fue una derrota.
En efecto, el Gobierno fracasó: la cámara dijo en forma expresa, para que no quedara ningún lugar a dudas, que “no es procedente acordar efectos suspensivos -como lo solicitó el Gobierno- al recurso concedido, toda vez que ello importaría modificar lo ya resuelto por la propia cámara y determinaría la posibilidad de sustraer al conocimiento de la Corte la resolución”. Dicho en términos más sencillos: si el Gobierno pudiese echar mano a las reservas, lo que resolviese después la Corte perdería eficacia, por lo cual la cámara mantuvo la prohibición de usar esos recursos.
De todos modos, el máximo tribunal no apurará el paso para debatir este asunto: por un lado, no es proclive a ocuparse de medidas cautelares y, por el otro, dará tiempo suficiente para que el Congreso se pronuncie sobre el DNU que dictó la presidenta Cristina Kirchner en diciembre último e, incluso, para que pueda elaborar eventualmente un proyecto de ley.
En la cámara de apelaciones y, fundamentalmente en la Corte, parece haber primado el criterio de que no deben ser los jueces los que resuelvan este conflicto, que surgió cuando la primera mandataria, mediante un DNU, intentó soslayar la intervención del Congreso. Es decir, un conflicto entre poderes políticos, por equilibrio de poder, debe resolverse en sede política.
Con información de La Nación