El plenario que trató la reforma de la Magistratura Convocó a audiencias públicas y pretende que se vote en abril. Se analizan diferentes posturas.
La oposición avanza sin pausa en la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura. Dentro de 15 días comienzan las audiencias en las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y todo indica que, a fines de abril, el nuevo proyecto se debatiría en el recinto.
Así se desprende del cronograma de trabajo que ayer presentó la oposición durante el plenario de las citadas comisiones, que estuvo presidido por el radical Ricardo Gil Lavedra (Justicia) y la peronista disidente Graciela Camaño (Asuntos Constitucionales). El oficialismo, renuente a modificar la iniciativa, intentó estirar en el tiempo el cronograma de audiencias, pero no encontró eco en la oposición, que ahora ejerce la mayoría en ambas comisiones.
“Vamos a considerar todas las propuestas del oficialismo, pero nuestra intención es que el debate no se eternice”, enfatizó Gil Lavedra.
Diferencia de opiniones
Si bien en la oposición todos están de acuerdo en no demorar la discusión de la nueva ley, en los distintos bloques persisten miradas diferentes sobre qué tipo de reformas se deben introducir en el Consejo de la Magistratura, lo que prenuncia un debate complejo. El radicalismo, por caso, prefiere concentrar los esfuerzos en modificar sólo la composición del organismo; la prioridad, aduce, es que el oficialismo deje de ejercer el poder de veto, ya que para designar o enjuiciar a un juez se requiere el voto de los dos tercios del cuerpo, y estas decisiones no se pueden adoptar sin al menos el voto de un oficialista.
Sin embargo, otros bloques opositores insisten en una reforma profunda de la norma. Por caso el diputado Héctor Piemonte (Coalición Cívica), muy cercano a Elisa Carrió, anticipó ayer que su bloque no está dispuesto a “avalar parches”.
La estrategia oficialista
El oficialismo se regodea ante estas diferencias de la oposición y confía en que finalmente tendrá la última palabra en toda esta discusión con la amenaza del veto presidencial a la nueva ley. Mientras tanto, procura dilatar en el tiempo el debate legislativo: ayer insistió en invitar a la CGT y a la CTA a debatir el asunto en las comisiones, como también incluir en la discusión a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.
Inesperado
La sorpresa, incluso para los propios oficialistas, la dio la diputada kirchnerista Diana Conti cuando propuso discutir, en forma paralela, el traspaso de la justicia nacional a la órbita del gobierno porteño.
“Citemos al jefe de gobierno porteño [Mauricio Macri] a ver si está de acuerdo”, azuzó, tras criticar a la oposición de “hacer circo” con su cronograma de invitaciones a las comisiones.
La oposición rechazó los intentos oficialistas de estirar el debate. “Queremos que todos los proyectos se traten cuanto antes”, enfatizó Paula Bertol (Pro). “No podemos transformar esta discusión en una dilación que sea cuestionada por la sociedad”, sostuvo el diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Federal).
Así las cosas, el cronograma de trabajo comenzará el 9 del mes próximo con la presencia de representantes de asociaciones de magistrados, de las cortes, y de decanos y rectores de las universidades públicas y privadas.
Una semana después, el 16 de marzo, darán a conocer su posición representantes de la sociedad civil y de los trabajadores de la justicia nacional, en tanto que el 23 serán convocados miembros de colegios y asociaciones de abogados.
Con información de La Nación
