Las empresas aceiteras y el sindicato del rubro pasaron anoche a un cuarto intermedio hasta el martes próximo en la negociación por un aumento salarial.

Como las conversaciones están avanzadas, no habrá medidas de fuerza en las plantas. Ayer se temió que de no haber entendimiento entre las partes, el sindicato sumara su protesta al conflicto que vienen manteniendo desde hace 9 días los estibadores con las terminales que derivó en el bloqueo de los puertos de la zona de Timbúes y Puerto San Martín.

Anoche, pasadas las 11, terminaron en Buenos Aires las negociaciones entre la Cámara de la Industria Aceitera y la Federación de Sindicatos Aceiteros del país. Los trabajadores reclaman un mínimo de $3.600 para la categoría más baja y luego un suba de salarios. Según fuentes gremiales, las empresas no están en desacuerdo con el monto, pero sí lo proponen en forma escalonada.

Pedidos

En ese marco, el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, que es el más fuerte del país y tiene los obreros mejores pagos (de hecho los $3.600 que se reclaman de mínimo a nivel nacional ya lo cobran los empleados de esa zona), pide una suba de $500 con el argumento de que la alta inflación del primer trimestre del año licuó el incremento del 27% logrado en las paritarias de enero. Como en este caso también las conversaciones están avanzada, se descartó la posibilidad de un bloqueo a más terminales, sobre todo a las del sur del Gran Rosario que no están alcanzadas por el piquete de la cooperativa de estibadores, que pide un incremento del 100% en dólares a los puertos.

Con información de Punto Biz

Dos fallos de segunda instancia abrieron las bóbedas del Central para que el Ejecutivo pague con ese dinero la deuda externa. El Congreso reaccionó convocando una sesión, pero para ese entonces el dinero ya habría sido usado. Ahora la Casa Rosada incluso piensa en pagar al Club de París.

El miércoles pasado, las salas I y VI de la Cámara Contencioso Administrativo dejaron sin efecto dos medidas cautelares por las cuales la jueza Claudia Rodríguez Vidal había suspendido la vigencia del decreto 298/10. En principio, desde ayer no hay obstáculos para que el Poder Ejecutivo tome 4300 millones de dólares del BCRA que estaban bajo el amparo de la citada norma.

Los diputados de la oposición convocaron a una sesión para el 7 de abril para derogar esa norma, pero los fallos de ayer asestan un duro golpe a esa estrategia: es probable que para entonces el dinero en juego o parte de él haya sido usado.

Justificación de los tribunales

Los fundamentos de los fallos son distintos: uno de los tribunales consideró que la jueza de primera instancia se extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones; el otro afirmó que desde el dictado de la cautelar hasta la fecha variaron las circunstancias porque el Congreso se reunió pero los legisladores de la oposición, por “desidia o desinterés” -dice la sentencia-, no se convocaron para expedirse sobre el decreto.

Decreto y fallo de 1ª instancia

En diciembre, la presidente Cristina Kirchner dictó el decreto 2010/09, por el que dispuso el uso de reservas, pero al mes siguiente la jueza María José Sarmiento aceptó varios planteos de los partidos políticos y entonces pronunció sendas medidas cautelares. El 1° del actual, la presidente lo reemplazó por el decreto 298/10, casi idéntico al anterior, y la oposición obtuvo que la jueza Rodríguez Vidal dictase dos nuevas cautelares que suspendieron el citado decreto.

El Gobierno apeló ambas sentencias, pero los legisladores opositores, durante el último mes, no articularon una respuesta unificada: los diputados sólo pudieron aprobar una resolución que anuló el decreto 2010/09, que ya había sido derogado por la propia presidente, y en una reunión de varias comisiones emitieron un dictamen en favor de derogar el decreto, que recién será tratado en la sesión del 7 de abril. Así, el transcurso del tiempo jugó en contra de la oposición.

Los fallos de ayer

Al mediodía de ayer, la Sala I, integrada por Sergio Fernández, Luis María Márquez y Jorge Morán -un tribunal próximo al Gobierno-, dictó una dura resolución que anuló el fallo dictado por Rodríguez Vidal. Para este tribunal, la magistrada jamás pudo haber dictado el fallo.

Apenas una hora después, la Sala I de la misma cámara, integrada por los jueces Néstor Bouján, Clara Do Pico y Pedro Coviello, dictó otro fallo para revocar -no anular- la decisión de Rodríguez Vidal.

La sentencia de la Sala I pareció redactada para descalificar a la jueza. Fernández, Márquez y Morán hicieron hincapié en que la jueza, cuando concedió la cautelar pedida por la UCR, aceptó hacerlo como una ampliación de la cautelar que había dictado su colega Sarmiento respecto del decreto 2010/09, pero pasó por alto un detalle fundamental: este decreto ya había sido derogado, por lo cual la jueza nunca pudo extender los efectos del fallo a un DNU nuevo.

El otro fallo apuntó a la falta de voluntad política de los legisladores de la oposición para reunirse en el Congreso. La jueza Do Pico, que en febrero había confirmado una cautelar dictada por Sarmiento, ahora dijo que se produjo un cambio de circunstancias porque en marzo comenzaron las sesiones del Congreso.

El Gobierno reflotó la idea de pagar al Club de París

Después de los dos fallos el Gobierno anunció que avanzará la semana próxima con los primeros desembolsos y reflotó un viejo anuncio presidencial de saldar finalmente la deuda con el Club de París.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, apareció de sorpresa por la sala de periodistas de la Casa de Gobierno y expresó: “Vamos a hacer el canje y después vamos a ir por el Club de París”.

Desde el lunes comienzan a utilizar los nuevos fondos

El primer pago beneficiará a los tenedores de préstamos garantizados que, al menos dos veces, se negaron a canjearle estas tendencias al Gobierno para tomar a cambio un título de mayor duración. Por estos títulos, emitidos a comienzos de la crisis fiscal de 2001 (en el marco del llamado megacanje) y ratificados (aunque pesificados) tras el fin de la convertibilidad en 2002, al Tesoro este año le corresponde abonar servicios por 531 millones de dólares.

Pero el vencimiento más importante ocurrirá a fin de este mes, cuando haya que pagar los 244 millones de dólares correspondientes al Boden 2013, el otro título con que el Estado pagó a los ahorristas atrapados en el corralón de depósitos bancarios en 2003, en lo que se conoció como el “canje 2″ de esas tenencias.

El anuncio de la puesta en marcha del nuevo mecanismo de pago corrió por parte del ministro del Interior, Florencio Randazzo, poco después de conocidos los fallos judiciales. “Todos los vencimientos a partir de ahora se pagan con reservas”, anunció ayer, asumiendo el rol de su colega de Gabinete, Amado Boudou, ocupado por entonces en discutir con el senador Gerardo Morales en el Senado (de lo que se informa por separado).

Con información de La Nación

El Gobierno estudia incorporar el uso de biocombustibles a las centrales energéticas

El ministro de Planificación, Julio De Vido, dijo que el Gobierno piensa reemplazar las importaciones de gasoil por biodiésel, sobre todo en los períodos de escasez energética que se producen en el invierno y en la cosecha de granos.

“El plan es que la Argentina no importe más gasoil, en principio para el uso de automóviles, y también para la demanda del campo y la generación de energía. Queremos usar [biodiésel] en todas las centrales energéticas”, destacó De Vido en el seminario de biocombustibles que organizaron ayer la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH) y el Centro Azucarero Argentino.

Además, el ministro destacó que a través del programa de generación eléctrica a partir de fuentes renovables (Genren) se generarán 150 megawats con biodiésel.

Según los datos de Carbio, para satisfacer la demanda interna equivalente al corte obligatorio de 5% de biodiésel por litro de gasoil se necesitan 800.000 toneladas del biocombustible. Actualmente, la Argentina cuenta con una capacidad instalada para producir 2,6 millones de toneladas.

Según destacó Claudio Molina, director ejecutivo de la AABH, hasta el momento la producción de biodiésel y etanol de caña generó inversiones por alrededor de 1000 millones de dólares. En biodiésel, el país es el primer exportador y el cuarto productor mundial, dijo Molina.

Por su lado, el vicepresidente de la Cámara de Biocombustibles, Daniel Obrador, destacó que “el biodiésel argentino hoy representa 20% del consumo total de Europa”. Según sus datos, en 2008 la Argentina produjo 760.000 toneladas de biodiésel, lo que la convirtió en el cuarto productor mundial, con el 5,5% del mercado.

Sustitución

“El biodiésel puede tener un papel crucial en la sustitución de importaciones. Actualmente en la Argentina se importan 2 millones de toneladas de gasoil por año, y la industria está en condiciones de suplir ese déficit”, dijo Obrador.

En cuanto al bioetanol, se estima que para cubrir el corte del 5% en las naftas se necesitan 280.000 metros cúbicos de etanol. Para este año se aprobó un cupo fiscal por 202.000 metros cúbicos. Se estima que para 2011 se podría llegar a abastecer plenamente al mercado interno.

“El desarrollo del bioetanol en forma sostenida hará que se transformen los bolsones de pobreza en el NOA en una zona agroindustrial pujante”, destacó Fernando Nebbia, presidente del Centro Azucarero Argentino, otro de los oradores del seminario.

“Está probado que un aumento del 10% de la molienda de azúcar, que podría producirse por la demanda que genera el etanol, generaría un aumento del 2% en el PBI de Tucumán. El impulso que la actividad cobrará gracias al etanol generará desarrollo en todo el Norte”, destacó Nebbia.

“El etanol, por otro lado, no es el único horizonte. En época de zafra, podemos cogenerar entre 450 y 600 megawatts por hora, lo que significa un 40 por ciento de la energía que se importa en ese momento del año”, destacó Nebbia.

Desde enero de este año, el Gobierno implementó el corte obligatorio del 5 por ciento de la nafta y el gasoil con bioetanol y biocombustible. En el caso del etanol, el corte sólo se podrá cumplir a fines de este año, porque la producción aún no es suficiente.

Con información de La Nación

La provincia firmó el convenio para que YPF busque oro negro en su territorio. El plan de la petrolera es de alcance nacional y se desarrollará en 4 años.

El gobernador Hermes Binner y el vicepresidente y director ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Sebastián Eskenazi, firmaron esta mañana, en la ciudad de Santa Fe, un convenio marco para el inicio de un plan de exploración de hidrocarburos en el territorio santafesino.

El acto se realizó en el salón Blanco de la Casa de Gobierno y por el convenio la provincia brindará su apoyo y consentimiento para que la petrolera comience y financie en Santa Fe un plan de búsqueda a cuatro años, que desarrolla a nivel nacional y que da prioridad a las provincias con potencial en materia petrolera. La idea de YPF es tener un relevamiento para saber con exactitud con qué recursos energéticos cuenta la Argentina.

El gobernador, al hablar en la oportunidad y tras agradecer la inclusión de Santa Fe en el plan, dijo que “una de las cuestiones que hoy se lamenta la Argentina, es de no haber tenido un plan de exploración de petróleo; hemos estado viviendo durante muchos años de la explotación de los estudios anteriores, de manera que hoy pensar en un plan de estudio y relevamiento de zonas petrolíferas del país, es un hecho sumamente auspicioso”.

En lo particular, Binner recordó que las primeras perforaciones en la provincia datan de 1935 en la zona de San Cristóbal y que después siguieron por Ceres en 1963 y Josefina en 1978; para luego continuar hacia el sur en Firmat en 1993, y en la cuenca del Saladillo en 1996. “Todas ellas –sostuvo– hablan de que existen dos elementos fundamentales para que se piense en la existencia del petróleo en la composición rocosa del subsuelo de la provincia”, la cual pertenece a la región Chacoparanaense “con uno de los indicadores más interesantes para seguir buscando petróleo”, dijo Binner.

El mandatario provincial agregó: “A diferencia de años atrás, hoy hay modernos métodos de investigación que permiten que el riesgo minero sea reducido. Nosotros estamos contentos de poder llevar adelante este acompañamiento; y Argentina, en la medida de que tenga más fuentes de petróleo, poseerá más independencia desde el punto de vista energético”.

El plan

Por su parte, Eskenazi explicó que el plan de exploración, anunciado en Buenos Aires en diciembre del año pasado, se hará en todo el país con una inversión de 500 millones de dólares. Dijo que se llevará a cabo durante cuatro años con una primera etapa de dos años y “en el caso de que la información obtenida dé la posibilidad técnica de continuar, se proseguirá con la segunda etapa sísmica y de perforación”.

El empresario dijo que este trabajo de relevamiento lo hace la empresa en todo el país, a costo 100% de la compañía y sin compromiso alguno, a futuro de cada provincia.

En declaraciones al periodismo, Eskenazi aclaró que la inversión se hará en cada lugar de acuerdo con “los estudios y los descubrimientos” que se vayan dando, a medida que el plan avance.

El vicepresidente de YPF señaló que el plan comenzará tanto en la zona sur como en la zona norte de la provincia, y en forma simultánea.

Otros detalles

El acuerdo se enmarca en el plan de búsqueda de reservas de petróleo a nivel nacional, que anunció la compañía en el mes de diciembre de 2009.

La exploración contempla las inversiones en 250 zonas potenciales de todo el país, de las cuales 21 se encuentran en la provincia.

Entre otros aspectos, el convenio establece compromisos recíprocos necesarios entre el gobierno provincial e YPF para que la empresa “participe activamente en el estudio superficial de zonas no interdictas que presenten características geológicas favorables para el potencial desarrollo de actividades hidrocarburíferas exploratorias y productivas”, indican los Considerando del texto.

A partir de la reforma constitucional de 1994, el dominio sobre el uso del subsuelo, que era potestad del gobierno nacional, pasó a la órbita de las provincias. Por tal motivo, la compañía debe suscribir convenios con los gobiernos locales.

Con información de Punto Biz

Los trabajadores de los puertos del Gran Rosario amenazan con nacionalizar la huelga. Los exportadores se retiraron del recinto por la imposibilidad de despachar. En Chicago subió la soja por el conflicto.

El piquete de los estibadores a los puertos cerealeros del norte del Gran Rosario, que ya lleva 9 días, influyó ayer negativamente en los mercados granarios, incluso en Chicago, la principal plaza de referencia mundial.

En efecto, por la mañana, las cotizaciones de la soja futuro en los Estados Unidos subieron 18 centavos hasta llevar a los 9,70 dólares por bushel.

Pero la imposibilidad de realizar los embarques provocó que por la tarde en la Bolsa de Comercio de Rosario despareciera la demanda exportadora, sobre todo la de maíz, generando mucho ruido en la comercialización.

“La actividad en el recinto estuvo marcada por lo que sucedía en las terminales portuarias del norte de Rosario. Al comienzo los exportadores buscaron realizar negocios pero al cierre de la operatoria externa se retiraron del mercado por la situación en los puertos. Los precios mostraron pocos cambios, sólo la soja reaccionó a la suba por la imposibilidad de llegar a destino por los bloqueos y por la suba externa que también tomaba en cuenta el contexto local”, señaló el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Mal día para el maíz

El maíz se llevó la peor parte porque los exportadores, que desde temprano estuvieron buscando el grano, ofrecieron los mismos precios del viernes, pero luego se retiraron del mercado por el problema en las terminales. Así fue que no hubo comercialización disponible de maíz.

Este último problema es grave, porque se recolectó más del 40% de la cosecha de maíz estimada del ciclo 2009/10 y aún siguen sin aparecer precios disponibles en la zona de influencia de Rosario. Primero, los exportadores no compran a esa condición para no pagar el FAS oficial (que es un valor más alto del mercado) y lo puentean con compras forward (a plazo). A esto, ahora, se le sumó la excusa del bloqueo de terminales.

Consecuencias

Como si fuera poco, el piquete empieza a repercutir de diferentes formas.

Por un lado, ya hay más de 5.000 camiones que están tapando las rutas, y provocando un importante caos vehicular en la zona. Para evitar una congestión aún mayor, muchos de los camiones fueron desviados a algunas de las terminales del sur del Gran Rosario.

Por otro parte, ante la continuidad del conflicto, la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (Fepa) respaldó el paro y advirtió a los empresarios a “que pacten un acuerdo o se realizarán medidas de acción directa solidarias”, en distintos puertos del país.

“Estamos entrando en el décimo día de paro y las empresas profundizan el conflicto al no buscar un acuerdo. Los reclamos del Supa local son justos y los empresarios tienen ganancias millonarias como para mejorar los salarios de los trabajadores”, indicó su titular Juan Corvalán, que comanda el sindicato del puerto porteño.

Por su parte, el ministro de la Producción de Santa Fe, Juan José Bertero, fustigó en duros términos el piquete. “Este no es el camino, este conflicto es una discusión entre privados, una cuestión de tarifas entre dueños de puertos y una cooperativa que debería arreglar en otros términos. Pero acá se esperó a un momento de crisis para negociar con más fuerza y más presión”, enfatizó el funcionario del gabinete del gobernador Hermes Binner en declaraciones al programa de radio “Base de Datos” (FM 107.1, de 7 a 10).

A raíz del paro, esta semana hay un total de 15 plantas desactivadas y algo más de 10.000 trabajadores afectados por el reclamo. Por esas terminales se embarca la tercera parte de los granos de Argentina y para los próximos días se espera la llegada de un aluvión de camiones con cosecha gruesa para ser embarcada al exterior.

Así las cosas, y ante la falta de acuerdo para pautar una reunión que acerque a las partes, el conflicto toma cada vez mayor incertidumbre y la tensión aumenta. Cabe recordar que el problema se desató cuando las empresas que operan en la zona rechazaron el pedido del gremio de aumentar en un 100% en dólares la tarifa y, en cambio, ofrecieron un incremento del 25% más un aumento indeterminado para 2011.

Con información de Punto Biz

El presidente del Banco Municipal aclaró que se trató de un error del Ministro Bonfatti . No hay auditoría, aunque si se sigue discutiendo el cobro de tasas.

El ministro de Gobierno de Santa Fe, Antonio Bonfatti, denunció ayer por la mañana que, como parte de la fuerte embestida del gobierno nacional contra la provincia, “es llamativo que el Banco Central mande una investigación al Banco Municipal de Rosario”, y también le pareció “llamativo que, al mismo tiempo, el Banco Nación anuncie que deja de cobrar las tasas de servicio de la Municipalidad de Rosario”.

Por la tarde, el presidente del Banco Municipal de Rosario, Eduardo Ripari, resaltó “hoy no hay ninguna investigación ni auditoría del Banco Central sobre el Municipal”.

El funcionario estimó que Bonfatti podría haber confundido “la reciente auditoría que concluyó a principios de año el Banco Central y que arrojó resultados altamente favorables”. Según dijo Ripari, el lunes pasado estuvo con ejecutivos de la autoridad monetaria y sólo hubo comentarios muy buenos con la performance y las perspectivas para el banco”. Es más, estimando que se habría tratado de una confusión del ministro, el banquero contó que “la inspección que terminó el año pasado es de las habituales a cualquier entidad”.

Cobro de tasas

Por el contrario, Ripari sí confirmó las declaraciones de Bonfatti sobre la decisión del Banco Nación de querer dejar de cobrar las tasas de la intendencia. “Nosotros manejamos este tema como un tema comercial”, contó.

Según explicó, hace 60 días el Nación solicitó un cambio en la metodología del cobro por el servicio al Municipal que el banco local no quiere aceptar.

En la actualidad, el Nación se lleva una comisión por monto y no por unidad (boleta) cobrada en concepto de tasa municipal. Como se trata de muchas boletas y montos chicos, ahora el banco estatal nacional quiere cobrar por unidad y no por monto. Por lógica, el cambio de metodología significará un mayor costo al banco local, quien como agente financiero de la Municipalidad es el que subcontrata entidades para sumar más bocas de cobro.

Si el Municipal, como agente financiero de la intendencia no lo acepta, en poco más de un mes el Nación dejará de cobrar las tasas municipales.

“Si lo deja de hacer no nos generará grandes problemas porque representa menos del 15% de las boletas, pero nuestra intención es que haya más alternativas para que los contribuyentes puedan pagar sus tasas”, dijo Ripari.

Ninguna otra entidad bancaria a la que el Municipal contrata por el servicio presentó pedido similar. “Estamos viendo. Estamos abiertos al diálogo, pero todavía no hay acuerdo porque lo que proponen no nos conviene y nosotros tenemos una postura definida”, dijo Ripari, quien no quiso vincular esta negociación con temas políticos y aclaró que “la tomamos como una cuestión comercial”.

Con información de Punto Biz

Si no es mío no será de nadie. En lo que promete ser una jugada para paralizar a la oposición, la presidente prometió deshacerse de esta ley que actualmente le representan 23.000 millones de pesos.

En la reunión con los gobernadores oficialistas, la presidente atizó, “La discusión del presupuesto para este año está cerrada”, y prometió eliminar el impuesto al cheque en 2011, por considerarlo “distorsivo”. A cambio de esto, les dijo que serían compensados por la pérdida que esa medida significaría en las arcas provinciales.

En reserva, algunos gobernadores confiaron después que se trata de una jugada para vaciar de contenido el tratamiento que la oposición y algunos oficialistas encararán la semana próxima en el Senado, donde quieren darle media sanción a un proyecto de ley para ampliar el porcentaje coparticipable del impuesto al cheque.

“La oposición lo que quiere es que ustedes confronten conmigo. En realidad, lo que habría que hacer es eliminar el impuesto”, planteó Cristina Fernández de Kirchner a mitad de su largo monólogo, que después cortó para darle la palabra a una decena de gobernadores.

Mientras se cerraba el portón verde de la quinta presidencial, sobre la calle Villate, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, explicaba la propuesta presidencial “en análisis” para eliminar el tributo. Sólo unas horas más tarde ratificó que la discusión, que deberá hacerse por medio de un proyecto de ley, se hará el año próximo en el Congreso.

Aumentarían otros impuestos

El Gobierno, según los cálculos que anoche sacaban en los principales despachos de la Casa Rosada, resignaría así unos 23.000 millones de pesos que ingresan por el impuesto al cheque, muy por encima de los 10.000 millones que se niega a resignar en beneficio de las provincias. En Balcarce 50 sostienen que los recuperarán a través del incremento de otros gravámenes, como el IVA o el impuesto a las ganancias, y agregan que su eliminación dependerá de cómo se expanda la economía.

“Es una buena estrategia”, dijo, mientras se le escapaba una sonrisa, uno de los gobernadores cuando dejaba raudamente la quinta en su camioneta, a modo de explicación por el sorpresivo giro oficial.

Si no es mío no será de nadie

La presidente dejará correr la idea de eliminar el impuesto para justificar su veto en caso de que el Congreso modifique la ley. Ayer volvió a ratificar, durante su discurso que no fue transmitido a la prensa, que vetará cualquier cambio que haga el parlamento. “Ahora hay argumentos y justificaciones para vetar”, sostuvo a un mandatario que participó del almuerzo.

Además de la promesa de eliminar el impuesto al cheque, ayer se acordó la creación de una comisión de gobernadores, que guiados por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, debatirá la creación de un Fondo de Equidad Social. Esto implicará modificar la coparticipación según las necesidades sociales de cada provincia, pero la redistribución del porcentaje que le tocará a cada una se tomará sobre la base del excedente de lo recaudado, y no sobre el actual esquema por coparticipación.

“Vamos a debatir un nuevo índice, que será flexible y según las necesidades de cada uno”, sostuvo Randazzo.

En paralelo, el ex presidente Néstor Kirchner, actual diputado y titular del PJ, convocó para el miércoles próximo, justo el día en el que el Senado debatirá los cambios al impuesto al cheque, al consejo del partido a una reunión en la sede de la calle Matheu para conformar una comisión que evaluará los cambios en la coparticipación. El encargado de hacer el anuncio fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. “Somos un partido muy activo y en movimiento”, bromeó cuando se retiraba.

El ministro de Economía, Amado Boudou, dijo tras el encuentro realizado en Olivos que “el impuesto al cheque es distorsivo, y [su eliminación] colaboraría fuertemente con la bancarización y, por ende, con que haya menos economía informal en la Argentina, así que es un cambio que podría eventualmente traer mejoras”. Boudou aclaró que la eliminación del impuesto al cheque se debe dar en un contexto de crecimiento de la economía.

El origen del impuesto al cheque

El impuesto al cheque nació en marzo de 2001 a través de una ley, a la que se presentó por entonces como de “competitividad” (Nº 25.413), y alcanzaba a los débitos y créditos efectuados en cuentas abiertas en bancos o financieras. Es uno de los tantos tributos alumbrados en tiempos de crisis y presentados como “de emergencia” que se mantienen.

Originalmente, fue utilizado para acercarle recursos al Tesoro nacional y aliviar la crisis fiscal. Luego fue repetidamente modificado: primero se elevó su alícuota del 0,25 al 0,6%, el máximo permitido por la ley para cada movimiento. Luego también se eliminó la posibilidad de descontar lo aportado por esta vía de otros impuestos como IVA y Ganancias.

En mayo de 2002, cuando la crisis era general, la ley 25.570 estableció que el 30% de lo recaudado por el impuesto pasaría a formar parte de la masa coparticipable, por lo que comenzó a distribuirse entre la Nación y las provincias de acuerdo con los índices de reparto ya establecidos, criterio que se mantuvo hasta hoy.

En definitiva, desde su creación, se ha transformado en una fuente no despreciable de recursos, con un aporte nada desdeñable que se mantiene en torno al 2% del PBI.

Con información de La Nación

La protesta de los estivadores por el aumento de tarifas se hace sentir y hay 5000 camiones bloqueando los accesos de 8 terminales portuarias cerealeras.

Desde ayer, los estibadores de la Cooperativa de Servicios Portuarios y los afiliados al Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) iniciaron un bloqueo total de todos los puertos cerealeros ubicados en Puerto San Martín y Timbúes, en el Gran Rosario, en reclamo del ajuste de la tarifa que cobra dicha empresa cooperativa a las empresas cerealeras.

El origen del conflicto

El conflicto se desató la semana pasada, cuando las empresas que operan en la zona rechazaron el pedido del presidente de la cooperativa, Hermes Juárez, de aumentar un 100% en dólares la tarifa que cobran los portuarios a las cerealeras.

A raíz de esto, los portuarios tomaron la Terminal 6 (propiedad de Bunge y Aceitera General Deheza) y la planta de Cargill. Ayer, luego de rechazar en una asamblea la propuesta de las empresas de dar un aumento del 25% en dólares más un aumento garantizado para 2011, los empleados decidieron tomar el resto de las terminales ubicadas en la zona, pertenecientes a las empresas Toepfer, Nidera, Dreyfuss, Minera, La Alumbrera y Noble.

Situación actual

“Si bien las negociaciones con la parte empresarial continúan, el problema se agravó en las últimas horas. Tengo fe en que el conflicto se destrabe mañana, aunque los trabajadores están más firmes que nunca”, dijo Juárez.

En una solicitada publicada la semana pasada, el secretario gremial del SUPA, Julio Silva, había justificado el pedido de aumento en “las millonarias ganancias de estas empresas” que operan en los puertos bloqueados.

Consecuencias

Según fuentes del sindicato, a raíz de la medida, esta semana habrá un total de 15 plantas desactivadas y algo más de 10.000 trabajadores afectados por el reclamo.

Del lado de las exportadoras, en tanto, calificaron el pedido de aumento de los portuarios como “desmedido”.

De acuerdo con las estimaciones de los exportadores, por cada día de bloqueo (que comenzó el lunes pasado) se pierden de exportar 100.000 toneladas de granos y se dejan de recaudar 12,5 millones de dólares de retenciones a las exportaciones.

La protesta también afecta a la s plantas que fabrican biodiésel en la zona, que no pueden operar por estar bloqueados los accesos a los complejos de las cerealeras. “Se está perdiendo de producir 2 millones de litros por día de biodiésel”, indicaron fuentes de la exportación.

Disputa por el aumento

“Es una locura pedir un aumento del 100% en dólares. El sábado les ofrecimos a los trabajadores un aumento del 25% en dólares, que es igual a un 40% en pesos, y otro porcentaje de aumento para el año que viene. Pero a Juárez no le pareció suficiente y tomaron todas las plantas”, explicó un alto ejecutivo del sector.

“En esos términos, la negociación no puede prosperar, porque aumentar en esa proporción la tarifa sobrepasa cualquier estimación de aumento que pudiéramos tener”, señaló el ejecutivo. “Además, no es que venimos de tarifas congeladas. De 2002 a la fecha, las tarifas ya se ajustaron un 800% en pesos”, agregó.

Según uno de los empresarios que operan en la zona, la suba de los costos operativos de la cooperativa no puede justificar el pedido, ya que estos costos sólo aumentaron un 10% en pesos en el último año.

Por otro lado, según argumentan en las exportadoras, los arreglos en discusiones paritarias que llegaron a un acuerdo, en el mejor de los casos reportan aumentos del 25% en pesos.

Finalmente, las empresas destacaron y criticaron la posición monopólica de la Cooperativa de Trabajos Portuarios, que por ser la única que opera en la zona cobra tarifas que duplican las que se pagan en puertos vecinos, como los de San Lorenzo.

Caos en la ruta

Como consecuencia de la protesta, hasta anoche, en Puerto General San Martín y Timbúes, los piquetes de trabajadores no permitían la circulación de los camiones, lo que aumentó el caos de tránsito a la vera de las rutas nacional 11, A 012 y parte de la autopista Santa Fe-Rosario.

Además, a causa de la medida, hay 5000 camiones parados en las inmediaciones de los puertos afectados por el bloqueo, esperando para descargar mercadería.

De prolongarse, el conflicto entre las exportadoras y los portuarios podría afectar la cosecha de soja, que está por empezar y este año podría alcanzar a un nivel récord, cercano a los 52 millones de toneladas.

Con información de La Nación

El ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe consideró “llamativo” que el Banco Central mandara una auditoría al banco y que, en sintonía, el Banco Nación anunciara que dejará de cobrar tasas locales.

“Santa fe se las está arreglando sola como puede”, agregó el ministro de Binner y reclamó: “Todas las provincias deberíamos tener el mismo trato”.

En diálogo con Luis Novaresio, de Radio 2, el funcionario provincial contó que desde el Banco Nación “ha enviado una notificación” en la que se indica que “va a dejar de cobrar la tasa de servicio público de la ciudad de Rosario”.

“Hace años y años que se cobra la tasa. El Banco Municipal está totalmente saneado”, defendió. Consultado sobre los motivos de esta decisión, planteó no conocerlos. “Que den las explicaciones correspondientes”, demandó Bonfatti, quien evaluó que de otra manera “habrá que leerlo bajo el agua”.

Sin ayuda de la Nación

En la misma entrevista, el ministro de Gobierno se quejó: “Santa Fe se las está arreglado sola, como puede”. Enumeró: “Santa Fe no ha recibido ni una vivienda, nos deben dinero de la tarjeta ciudadana, no  tenemos programa de asistencia financiera, no tenemos adelanto de coparticipación”.

Terminó con un fuerte reclamo:  “Todas las provincias deberíamos tener el mismo trato. No cobrar algunos por otra ventanilla”. Bonfatti se quejó de que “la coparticipación está establecida por ley y no se cumple”. Denunció, en este marco, que “miles y millones de pesos van por otra vía, no las naturales”.

Con información de Rosario 3