La presidente convocó a los gobernadores oficialistas para pedirles que mantengan el actual sistema de coparticipación. El impuesto al cheque, algunos senadores “díscolos” y una nueva iniciativa de Cobos alteran los nervios del matrimonio presidencial.

La presidente Cristina Fernández de Kirchner intentará mostrar hoy el respaldo de los 17 gobernadores aliados al Gobierno, a quienes presionará con números y datos para instarlos a apoyar la posición oficial de mantener el actual esquema de distribución de recursos hacia las provincias.

Reunión con los no oficialistas

Ante la presión pública que ejercieron los que habían quedado fuera de las invitaciones, el Gobierno debió apurar la convocatoria para la semana próxima a los mandatarios opositores. La nueva reunión será el martes 6, también en la quinta de Olivos, e incluirá al santafecino Hermes Binner y a la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, según adelantó anoche el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Aún está por verse si serán de la partida el chubutense Mario Das Neves o el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, con posturas más duras en contra de la Casa Rosada.

“Será una reunión para intercambiar opiniones. Vamos a mostrar la transferencia de recursos a las provincias”, sostuvo Randazzo, organizador del encuentro de hoy, que se ocupó de llamar uno por uno a los mandatarios para la cita de este mediodía.

La reunión comenzará a las 12.30 y anoche ya estaba listo el quincho de la residencia presidencial con el atril que usará la jefa del Estado, desde el cual instará a los gobernadores invitados para que convenzan a sus legisladores de no modificar la ley de coparticipación del impuesto al cheque, tal como impulsa parte de la oposición, y que podría tratarse la semana próxima en el Senado.

Vamos por partes

La presidente sólo envió las invitaciones a los gobernadores aliados al Gobierno y dejó afuera al puntano Alberto Rodríguez Saá, al correntino Ricardo Colombi y al catamarqueño Eduardo Brizuela del Moral. “Con ellos debemos encarar una discusión más detallada”, confió una fuente oficial, para justificar las diferencias. En el Gobierno preferían evitar que en una reunión con mayoría oficialista, acaparen las cámaras de televisión aquellos que tienen quejas hacia la Casa Rosada. A pesar de que algunos mandatarios kirchneristas hicieron explícitas sus propuestas para ampliar la distribución de los recursos, como la creación de un fondo especial para obras públicas o beneficios en el pago de las deudas provincias, la Presidenta no hará anuncios, según refirmó un funcionario.

La idea de la reunión, similar a la que ya hizo la jefa del Estado con los senadores y diputados del Frente para la Victoria, será hacer una demostración de apoyo al modelo de distribución de recursos que implementaron los Kirchner.

Randazzo preparó en los últimos días un dossier de unas 40 páginas con los datos del envío de fondos de la Nación a las provincias, que incluye las partidas por el Programa de Asistencia Financiera (PAF), por el que los gobernadores se llevarán unos 12.300 millones de pesos durante este año, y otros 6000 millones de pesos por la coparticipación de los ingresos por retenciones a la soja.

Pero además, según destacaron fuentes oficiales, hoy la presidente hará hincapié en los montos que el Gobierno envía por obra pública y otras transferencias. Esta vez, a diferencia de los anteriores encuentros, la mesa será más chica. Eso sí: volverá a integrarla, junto con la presidente y los ministros, el diputado Néstor Kirchner.

Cobos pidió más reparto

El vicepresidente Julio César Cobos le puso ayer un poco más de pimienta a la discusión por la distribución de recursos entre la Nación y las provincias, al afirmar que si por él fuera “coparticiparía todos los impuestos”. También aseguró que el Poder Ejecutivo “tiene que dar el ejemplo” y resignar parte de sus ingresos.

“Si la torta es la misma, nadie quiere resignar una parte. Es la Nación la que tiene que dar el ejemplo”, afirmó el vicepresidente ayer en Mendoza, tras lo cual agregó: “Yo coparticiparía todos los impuestos”.

En un claro respaldo a una mayor independencia financiera para los gobernadores, Cobos dijo que “es hora de que las provincias se hagan cargo de todas las obras públicas”, cuya distribución discrecional es uno de los ejes centrales de la política kirchnerista.

Con información de La Nación

Ante la Cámara de Diputados, el ministro de economía defendió su gestión, negó la inflación y habló de reacomodamiento de los precios.

En el edificio anexo de la Cámara de Diputados expuso el ministro de Economía, Amado Boudou generando risas y murmullo. Pasa que el funcionario afirmó que en la Argentina no había inflación. “No quiero caer en el uso de la palabra «inflación» porque no estamos viendo un problema de inflación; no estamos viendo un aumento generalizado de precios”, dijo el ministro, que adjudicó el “reacomodamiento de precios” de los últimos meses al aumento de la carne.

Fue uno de los momentos salientes de la visita de Boudou a una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de la Cámara de Diputados.

Pago de la deuda con reservas

Durante más de cuatro horas de discusión tensa, el ministro también defendió el uso de reservas del Banco Central para el pago de deuda pública; elogió la gestión económica del Gobierno; anunció que la oferta final del canje de deuda se conocería en veinte días; sostuvo que el país crecería un punto por encima del 2,5% presupuestado; respaldó la actual distribución de recursos entre la Nación y las provincias. Aseguró, además, que se estaba trabajando para fortalecer el Indec y negó que estuviera intervenido.

La convocatoria había sido promovida por la oposición, hace casi un mes, como parte del conflicto desencadenado por el uso de reservas del Banco Central para pagar deuda. Pero el temario se fue ampliando a medida que se demoraba la visita del ministro, originalmente prevista para la semana pasada.

Faltazo al Senado

A la mañana, había avisado a último momento que no cumpliría con una convocatoria de la Comisión de Presupuesto del Senado, por lo que el oficialismo resolvió reprogramar la visita para el martes próximo.
Sentado entre los presidentes de las comisiones de Presupuesto, Gustavo Marconato (Frente para la Victoria), y de Finanzas, Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica), Boudou usó los primeros veinte minutos para exponer el libreto que defendería durante el resto del encuentro. “El uso de las reservas era necesario y urgente porque había que dar certeza de la voluntad de cumplimiento de las obligaciones”, dijo el ministro de Economía, sobre la creación del Fondo de Desendeudamiento.

Inflación

Las consultas de la oposición comenzaron desarticuladas, pero de a poco lograron incomodar al invitado, en especial cuando apuntaron a la inflación, tema ausente en la exposición del ministro.

El primero en mencionar el tema fue Prat-Gay. Tras negar la existencia de inflación, Boudou sostuvo, con respaldo en estadísticas de organismos provinciales, que si se eliminara el efecto producido por el aumento de la carne, las variaciones de precios serían inferiores al 1%.

Algunos minutos más tarde, el diputado del peronismo disidente Francisco de Narváez le recordó que a los argentinos les gusta comer carne y le preguntó si estaba conforme con los aumentos registrados en los últimos meses y cuál era la política oficial para combatir la inflación.

“Quédese tranquilo, diputado, que no vamos a recurrir a un ajuste”, lo chicaneó el ministro. “Nosotros no apoyaríamos una medida de ese tipo”, replicó De Narváez.

Tras el intercambio, el ministro explicó que el Gobierno apostaba a aumentar el nivel de inversión y dijo que para ello era fundamental el proceso de canje de la deuda.

No fue el único intercambio picante de la reunión. Minutos antes, el diputado Gerardo Millman (GEN-Buenos Aires) le había recordado al ministro su militancia política en la Ucedé y le había preguntado si no había pensado en renunciar, a lo que el ministro dijo que no valía la pena responder.

Crítica al banco a cargo del canje

Tampoco respondió en forma completa a una larga exposición de Claudio Lozano (Proyecto Sur-Capital Federal), en la que el diputado acusó al Gobierno de estar subestimando ingresos y cuestionó, como había hecho antes Juan Carlos Morán (Coalición Cívica-Buenos Aires), que el banco organizador del canje, Barclays, fuera accionista de la empresa británica que lleva adelante la exploración petrolera en aguas jurisdiccionales de las islas Malvinas, que ha generado reciente tensión con Londres.

Con información de La Nación

Un proyecto de la oposición evitar la discrecionalidad del Gobierno en un tema que involucra miles de millones de pesos y cuyos datos no son debidamente difundidos.

Con un abanico de críticas a la reciente negativa del Gobierno a divulgar los números de la pauta publicitaria oficial, los diputados opositores prometieron ayer consensuar y aprobar cuando antes un proyecto que termine con la discrecionalidad en la materia.

Ese fue el compromiso de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, que en la reunión de ayer escuchó el testimonio de las ONG que se ocupan del tema.

“El Gobierno tiene vergüenza de publicar los datos, por las cifras de miles de millones que lleva gastados en publicidad oficial”, sentenció lapidaria la diputada Silvana Giudici, presidenta de la comisión que desde el recambio legislativo quedó bajo el control opositor.

Con ausencia total de kirchneristas y una mayoría integrada por diputados de la UCR, la Coalición Cívica y el socialismo, la comisión acordó que se trabajará para unificar los cinco proyectos sobre publicidad oficial que desde hace tiempo pululan por el Congreso.

Niegan datos

El detonante de la decisión opositora fue la negativa del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de dar a conocer los últimos números del gasto oficial en pauta publicitaria, alegando que la información involucraba “datos personales”.

“Ese argumento es simplemente una mentira, ya que, durante el debate de la ley de medios, la propuesta del kirchnerismo sobre publicidad fue que las empresas difundieran la pauta oficial que reciben”, recordó Giudici, sobre el artículo 72 de la iniciativa oficial.

La diputada dijo que el mismo gobierno que planteó que la pauta oficial debía ser de acceso público para ganar adhesiones al proyecto de ley de medios ahora plantea que involucra “datos personales” e información sensible, y se niega a difundirla.

Pero el lugar central de la reunión se lo llevaron Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), a quienes Fernández les negó los datos de cuánto gastó el Gobierno en publicitarse en el segundo semestre de 2009, en coincidencia con las elecciones legislativas.

Ventaja para el que sea oficialismo

“Si bien es positivo que la reciente reforma política prohíba la compra de publicidad a los partidos políticos durante la campaña, hay que regular la pauta oficial; si no, el Gobierno correría con una gran ventaja”, analizó Pablo Secchi, director de área de Instituciones Políticas de Poder Ciudadano.

Aumento de la publicidad oficial

Secchi recordó que la publicidad oficial pasó de 46 millones de pesos, en 2003, a más de 600 millones sólo en el primer semestre de 2009. Y, según sus estimaciones, ese año debe de haber superado los $ 1200 millones, sin contar los gastos que originó el plan oficial Fútbol para Todos.

Por su parte, Eleonora Rabinovich, directora del Programa de Libertad de Expresión de la ADC, opinó que “la negativa del Poder Ejecutivo pone de relieve la falta de transparencia y de control de la pauta oficial”, y abogó por aprobar cuanto antes una ley que controle la materia.

De la reunión también participaron los diputados Patricia Bullrich y Elsa Quiroz (Coalición Cívica); Gustavo Cusinato (UCR) y Roy Cortina (socialismo), entre otros. Pro y el peronismo disidente apoyarían impulsar juntos un proyecto común sobre publicidad oficial.

“Necesitamos que la publicidad oficial deje de ser propaganda; que los canales sean del Estado y no del Gobierno; que no se use el dinero discrecionalmente y que la gente pueda tener acceso a la información”, adelantó Bullrich sobre los ejes que trabajará la oposición en las próximas semanas.

Con información de La Nación

Los municipales rechazaron el aumento de 20% escalonado vuelven con un paro de 48 horas la próxima semana.

Este jueves se realizó en la capital provincial una nueva reunión paritaria entre los integrantes de la Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe (Festram) y los jefes comunales.

La oferta de los intendentes se mantuvo en un 20% de aumento de manera escalonada con la última suba en los salarios de agosto. Los sindicalistas rechazaron la propuesta y definieron ratificar la medida de fuerza que tenían decidida por si fracasaban las negociaciones.

El secretario adjunto del sindicato rosarino, Antonio Ratner, explicó que se rechazó la oferta porque el último aumento se cobraría en el mes de septiembre con los sueldos de agosto. En ese sentido, reiteró la demanda de cobrar el 20% en el primer semestre del año.

La propuesta presentada este jueves consistió en un incremento del 10% en los haberes de marzo, un 5% en junio y el último 5% en agosto.

“Estamos dispuestos a seguir discutiendo y estamos atentos a un próximo llamado pero por lo pronto está ratificado el paro de martes y miércoles”, agregó Ratner.

Con información de La Capital y Punto Biz

Un informe de la Universidad Austral aporta datos positivos principalmente en autos y maquinaria aunque no es alentador en lechería y carnes.

Habría  quedado atrás la fase recesiva del ciclo económico a partir del último trimestre de 2009. Este giro positivo estaría liderado por los sectores que fueran los más castigados por la recesión internacional: la industria automotriz y la de maquinaria agrícola, que muestran una enérgica velocidad de recuperación.

Además, de acuerdo a la investigación, el alza en el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales y en el consumo de gas oil, confirman que la producción y el transporte en la Región están en movimiento. Los datos de recaudación también constatan que la mayor actividad económica ha mejorado los ingresos fiscales en las tres provincias.

Sin embargo, el impulso no parece contagiar por ahora las decisiones de más largo plazo del sector privado como las referidas a la inversión en construcción o al endeudamiento. Tampoco al mercado laboral el que hasta enero no ha mostrado signos de recuperación.

En coincidencia con lo que indican los consultores privados, a la par de la recuperación económica que se observa desde el último trimestre del año pasado, se registra también una evidente aceleración de la inflación. En enero de este año, la proyección anualizada de la tasa de inflación se ubica por encima de 30%.

El desborde inflacionario es más notorio en los alimentos y los datos oficiales de la provincia de Santa Fe mostraron un alza promedio de 4,4% en los alimentos para el mes de enero y en Rosario algunos productos básicos, como el asado o la leche fresca, registraron precios 40% a 45% más altos que los que tenían un año atrás.

A continuación los aspectos más importantes que se desprenden del estudio, según el  sector económico.

Lechería

En Santa Fe, los datos filtrados de diciembre registraron una variación negativa respecto al mes anterior de 1,1% siendo también negativa la variación de la tendencia (0,9%). La comparación resultó desfavorable (2,4%) por primera vez en 23 meses. El precio promedio por litro de leche cobrado por el productor en Santa Fe, ascendió en diciembre a $0,993 mostrando una variación mensual positiva de 10,0% en la tendencia y una visible brecha positiva (29,8%).
Carnes

En Santa Fe, la faena del mes de diciembre mostró una variación negativa de 2,0% en su tendencia y una brecha interanual positiva de 3,5%, pero que se desacelera visiblemente mes a mes.

Oleaginosas

Durante enero los precios internacionales de la soja (FOB Golfo) registraron una leve caída de su tendencia (1,0%).El aceite de soja cotizó en enero a un valor promedio de u$s 905 la tonelada con tendencia creciente (1,0%).

Maquinaria agrícola

Las ventas totales de tractores y cosechadoras en la provincia de Santa Fe, correspondientes a los doce meses del año 2009, se ubicaron 61,2% por debajo de las del año anterior. La venta de 213 cosechadoras representa una caída de 78,2% respecto a 2008. En el rubro tractores también se registró un descenso (57,2%) en la cantidad de unidades vendidas en relación al año anterior.

A poco de comenzar el año, se observa que 2010 se perfila muy favorablemente para este sector. En enero las ventas de tractores y cosechadoras en la provincia de Santa Fe aumentaron 33,1% respecto de las del año anterior. El impacto fue mayor en la venta de tractores que crecieron 34,9% respecto del año pasado, mientras que las 170 cosechadoras vendidas significaron un aumento interanual de 21,1%.
Atomotriz

En enero, las cifras filtradas registraron una caída coyuntural de la producción automotriz de 7,2% en la Región Centro; la tendencia creciente experimentó una variación mensual positiva de 2,6% en este mes. La brecha positiva de 155% en enero y la de los últimos meses de 2009 revela la velocidad de recuperación de la demanda de vehículos producidos en la Región.

Supermercados

En Santa Fe, la facturación de los supermercados en pesos constantes -filtrada del efecto estacional- no se modificó en diciembre respecto del mes anterior con una tendencia prácticamente sin cambios.

Con información de Punto Biz

Tras las críticas que despertó el fallo que prohíbe la fumigación con el herbicida más utilizado, la Provincia apuesta a moderar su postura para no afectar productividad de la zona.

El Ministerio de la Producción de Santa Fe convocará a entidades técnicas vinculadas a la producción agropecuaria para unificar una postura de cara al reciente fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que prohíbe la fumigación con glifosato en cercanías de la zona urbana de San Jorge, una ciudad del oeste santafesino.

Equilibrio entre producción y medio ambiente

A esa mesa, que se empezará a convocar la semana que viene, el gobierno provincial lleva una postura bien definida. ““Hay que buscar un equilibrio entre la producción y medio ambiente. Entendemos que el productor adopto la siembra directa, que conlleva la aplicación de distintos productos para control de malezas, y que son claves para que el cultivo tenga una muy buena productividad. Lo que hay que hacer es buscar su uso razonable para que no se atente contra la salud, pero tampoco contra la productividad lograda por el campo argentino”, dijo Carlos Sartor, el secretario del Sistema Agropecuario, Agroalimentos y Biocombustibles de Santa Fe.

El funcionario reconoció que “si bien se trata de un recurso de amparo sólo para un barrio de San Jorge”, es cierto que “genera inquietud por el temor a que cree jurisprudencia”.

El fallo implica al gobierno provincial porque establece que durante la prohibición, que es por 6 meses contados desde que quede firme la sentencia, “el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia deberá presentar al Juez un estudio conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral en el área que estime el mismo pertinente a cerca del grado de toxicidad de los productos identificados al postular y si por los mismos es conveniente continuar con las fumigaciones o no”.

Profesionales del sector en busca de un criterio válido

Es por eso que el Ministerio se dispone a ampliar el abanico y, además de la UNL, convocará a otras entidades para analizar el fallo y acordar un criterio común. “Vamos a hacer una convocatoria muy amplia a técnicos, vamos a llamar a colegios, como el de ingenieros, autoridades nacionales, como el Senasa, y hasta a entidades técnicas de los productores”, dijo y aclaró que “el Ministerio no es quien tiene la competencia para dictaminar si se puede usar o no el glifosato”. Incluso, recordó que “hay una comisión, que fue encomendada por el propio gobierno nacional para analizar este tema que estableció que si se lo usa con cuidado no hay problemas para la salud humana”.

Fuera de la ley

Sartor no oculta su molestia al señalar que “todo esto se hubiese solucionado si los municipios y comunas cumplieran con la normativa medioambiental de la provincia”.

El secretario hizo así referencia a la ley 11.273 que establece que los municipios deben fijar, por ejemplo, las líneas agronómicas y determinar donde termina el ejido urbano para delimitar hasta dónde se pueden hacer las aplicaciones. “Como ocurre en muchas localidades, en San Jorge el problema se inicia porque el municipio no definió la línea agronómica que establece el área en las cuales no se pueden hacer las aplicaciones”, resaltó finalmente el funcionario.

Con información de Punto Biz

A pesar de las reuniones en Buenos Aires  no hubo arreglo que frene la crisis exportadora. La cooperativa de Herme Juárez insiste con una suba de tarifas del 100% en dólares.

Trabajadores portuarios bloquearon ayer la terminal de la cerealera Bunge de Puerto San Martín, en una nueva escalada del conflicto que enfrenta a las exportadoras del extremo norte del cordón industrial del Gran Rosario con la cooperativa que les presta servicio.

Con este paso ya suman tres los puertos bloqueados en la zona, ya que los primeros piquetes se habían establecido el lunes pasado sobre instalaciones de Cargill y Terminal 6, y se puso en estado de máxima tensión todo el negocio exportador de granos.

El origen del problema

El enfrentamiento surgió de una disputa por tarifas que se pagan en las actividades de estibaje. Las ocho terminales que operan en la zona ofrecieron una recomposición del 25% de los valores, pero el líder de la cooperativa y secretario general del Supa, Herme Juárez, se despachó con un planteo del 100% y en dólares, que fue calificado como “extemporáneo y fuera de toda lógica”, según testimoniaron voceros del sector exportador.

Consecuencias externas e internas

Los problemas en los puertos locales ya repercutieron en el exterior.

Según la agencia de noticias Reuters, los operadores de granos temen que la protesta “se termine generalizando”. Una generalización del conflicto traería inconvenientes a los exportadores pero también afectaría a más de 4.000 trabajadores de la zona que se verían imposibilitados de cumplir funciones, a los camiones que van con destino a puerto y hasta el abastecimiento de gasoil, porque en el cordón están ubicadas las principales plantas de biocombustibles de la Argentina.

El Estado también sufriría lo suyo, si se tiene en cuenta que el fisco ingresa en conceptos de retenciones unos 12.5 millones de dólares diarios.

Reclamo tarfario

El origen del conflicto está en un reclamo de recomposición de tarifas impulsada por la Cooperativa de Servicios Portuarios Ltda., que regentea un peso pesado del gremialismo, la política y los negocios de la zona, Herme Juarez.

Las ocho terminales que operan en Puerto San Martín y Timbués ofrecieron una suba de tarifas del 25%, pero Juárez se despachó con un reclamo del 100%. Los exportadores rechazaron de plano esa pretensión porque consideraron no responde a la lógica de las circunstancias, en base a los razonamientos que siguen:

• Los mayores costos que debe afrontar la cooperativa (equipos nacionales y/o importados más servicios) durante el último año apenas crecieron cifras por encima del 10% en pesos.

• Si se ingresos se trata, los arreglos en discusiones paritarias que llegaron a un acuerdo en el mejor de los casos reportan aumentos del 25%, también en moneda nacional.

• Por ser un monopolio, la Cooperativa de Trabajos Portuarios cobra tarifas que son el doble de las que se pagan en puertos vecinos, como los de San Lorenzo.

• Sólo la tercera parte de lo que recauda la cooperativa va a parar al bolsillo de los trabajadores asociados. El resto, unos ocho millones de dólares anuales, queda en poder de los directivos de la empresa que lidera Juárez.

Reunión en Baires

Las partes en conflicto fueron convocadas en la tarde del martes por autoridades del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio de Vido, para acercar posiciones. A esa cita también concurrió el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano y a su término el presidente de la cooperativa, Herme Juárez, pidió un compás de espera para evaluar la propuesta del 25%.

Durante la jornada de ayer Juárez volvió a tomar contacto con los directivos de las terminales por separado, pero entre diálogo y diálogo se verificó que el gremialista-empresario había decidido echar más leña al fuego, sumando un tercer piquete.

Con información de Punto Biz

Dos gobernadores kirchneristas se encolumnaron ayer con la Casa Rosada para rechazar la coparticipación de la totalidad del impuesto al cheque, propuesta por la oposición en el Congreso.

El mandatario de Misiones, Maurice Closs, calificó la idea como “irresponsable”, lo que se interpretó en su distrito como una clara diferenciación del senador Luis Viana (FPV-Misiones), que anticipó la semana última su decisión de votar en favor de la coparticipación del cheque.

Viana no participó del asado ofrecido por la presidenta Cristina Kirchner a los legisladores nacionales del oficialismo, el sábado último en la residencia de Olivos, tras el cual se consideró que su ausencia era una señal de alejamiento de la postura monolítica que podía tener el bloque en la Cámara alta.

Closs consideró que la coparticipación total del impuesto al cheque, que brindaría dinero automáticamente a las provincias, “desfinanciará al Estado nacional”.

Sin embargo, aún Closs admite que la situación presupuestaria de su provincia es compleja. “Estamos jodidos. Misiones tiene que pagar este año 400 millones de deuda con financiamiento de la Nación. Si se coparticipa el impuesto al cheque llegarían a 300 millones, de los cuales un porcentaje se debería coparticipar a los municipios”, planteó Closs.

El gobernador kirchnerista consideró que una redefinición de la manera en que se distribuye ese gravamen “no sería beneficioso, ya que la Nación al carecer de recursos no podría refinanciar la deuda” de Misiones.

Su par de Río Negro, Miguel Saiz, planteó que “nadie puede estar de acuerdo” con esa reforma impositiva “si la consecuencia es la suspensión de la asignación universal por hijo o de planes de vivienda”. En esa línea, el dirigente radical K propuso “tratar de encontrar una solución global que puede ser la nueva ley de coparticipación federal, aunque se demore en el tiempo su aplicación”.

Con información de La Nación

Un 20% escalonado para los estatales y la policía, y un 22,5 para los docentes. Esa fue la oferta de aumento que hizo el gobierno provincial en las paritarias. Todo indica que será suficiente para desactivar la ola de protestas que prácticamente paralizaron la educación y la administración pública en las tres primeras semanas de marzo.

Los titulares de los gremios estatales UPCN y ATE, Alberto Maguid y Jorge Hoffman, se fueron conformes del encuentro con el ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, por lo cual, si bien falta la decisión orgánica de las asambleas gremiales, se descuenta que la propuesta será aceptada. La misma comprende un 15% en marzo y un 5% en julio. Para enero y febrero, en tanto, se pagará una suma de $300 por única vez. Además, se establece un piso de $250 para el aumento posterior y una cláusula gatillo para el caso de que se dispare la inflación. Igual trato recibiría la policía.

En tanto, la oferta también escalona en dos veces el aumento: 17% en marzo y la otra, en julio, de 5,5. Además, se pagará por única vez una cifra de $250  para material didáctico.
El número mejora claramente el 7% para febrero ya rechazado por los gremios y equipara lo acordado en la paritaria nacional.

Así las cosas, para un maestro de grado sin antigüedad, a marzo el aumento será de $345  y el sueldo llegaría a $2.200. En julio se incorporarán $100 más (se llegarán a 445 de aumento total), con lo cual el sueldo total será de 2.300 pesos.

Palabra gremial

Por el lado de los gremios estatales, había clara conformidad tras la reunión. “Esto es una salida, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos habían ofrecido antes”, opinó Alberto Maguid, titular de UPCN.

Para Jorge Hoffman, de ATE, la “oferta es superadora” y “se respondió al 20% que pedimos. Además, la cláusula gatillo nos da tranquilidad”. “Es una propuesta sensata, razonable, merituable”, insistió.

¿Sustentable?

A la mañana, el secretario de Finanzas Públicas, Carlos Fernández, había adelantado a Radio 2 que se iba a mejorar la oferta rechazada inicialmente por los sindicatos. Pero aclaró que “cualquier propuesta que pueda ser aceptada por los gremios va a ser de cumplimiento incierto en el tiempo”.

Es que el aumento se implementará de acuerdo a las posibilidades de lo que para el oficialismo es un exiguo fondo salarial aprobado por el Senado y la “ponderación razonable del impacto de la inflación en la recaudación provincial”. Este último componente, entiende Fernández, es lo que le dará a la propuesta un margen de incertidumbre sobre su real posibilidad de cumplimiento.

Con información de Punto Biz