Los agrodiputados, con respaldo de la Federación Agraria presentaron una iniciativa que limita la cantidad de tierras a explotar y fija sanciones para quienes arrienden tierras a grandes grupos.

El documento apunta a reemplazar la ley de arrendamiento vigente  frenar la reducción que viene exhibiendo el segmento de los productores más chicos que se dedican a la explotación agrícola. Según números de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), desde 2002 a esta parte, la Argentina perdió alrededor de 60.000 pequeños productores.

Este indicador es, precisamente, el argumento enarbolado por los diputados nacionales Ulises Forte, de la UCR La Pampa, y Pablo Orsolini, del socialista Acuerdo Cívico por el Chaco y ex vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), para haber presentado en el Congreso esta iniciativa que promete levantar polémica.

El proyecto plantea destrabar la concentración de tierras para el cultivo de, por ejemplo, soja, que hoy muestran las zonas más fértiles del país. En la actualidad, apenas 65 pooles de siembra, según datos aportados a este medio por fuentes privadas, controlan más de 2,5 millones de hectáreas de tierra.

En paralelo, y de acuerdo a Orsolini, “del total de la producción agrícola que se exporta, el 50% es controlado por apenas de 20 compañías. Y de esas firmas, ocho son multinacionales. Además, casi el 70% de toda la producción nacional de soja está hoy en manos de menos de 2.500 empresas”, precisó a iProfesional.com.

Los nombres

Al momento de aportar los nombres de las firmas que operan como pooles de siembra y que el nuevo marco pretende limitar, el funcionario no titubeó en afirmar: “Grobocopatel, con operaciones en Argentina y en la región, El Tejar, Cresud y Adecoagro, en donde participa el magnate George Soros, son algunas de las compañías que concentran inversiones y en algunas zonas explotan hasta 200.000 hectáreas”.

El funcionamiento del pool

Aunque la estructura varía en cada pool, por lo general éstos tienen el perfil de un fideicomiso tradicional. Es decir, reunen dinero de empresarios y también fondos de profesionales como médicos, abogados o contadores que se acercan a estos grupos con el fin de aprovechar las oportunidades de inversión que brinda el campo argentino.

Orsolini explicó que en uno de sus puntos el marco propone un máximo de 20 unidades económicas a ser explotadas por estas firmas y emprendimientos. Si bien las características de cada una de estas divisiones varían según la provincia, lo cierto es que apunta a fijar un techo en la superficie a la que podrán acceder los fondos de inversión.

“El proyecto que estamos impulsando establece que, más allá de las particularidades de cada unidad económica, los pooles de siembra sólo podrán controlar, en toda la geografía argentina, algo así como 2.000 hectáreas en lugares muy productivos o directamente 20.000 en áreas de bajo rendimiento”, detalló.

Es decir, una superficie sustancialmente menor a la actual.

Fundamentos

La propuesta de Orsolini y Forte se fundamenta, además de la concentración denunciada, en la expansión que los pooles ahora exhiben en todos los puntos del país. “En un principio, la atención estaba puesta en las principales zonas de la pampa húmeda, pero la ‘sojización’ ha generado un peligroso desplazamiento que atenta cada vez más contra los pequeños y medianos productores”, indicó Orsolini.

Según el funcionario, tanto en el noroeste como el noreste de la Argentina se evidencia cada vez más la actividad de estos fondos de inversión dedicados al acopio de tierras para la producción de soja.

“Salta, Santiago del Estero, y el mismo Chaco ahora van en camino de quedar bajo el poder de muy pocos empresarios. Con ellos llega el desmonte y un cuidado menor de la riqueza de las superficies. El poder económico hace que a los empresarios chicos no les quede más alternativa que arrendar sus campos o directamente venderlos”, comentó.

Aunque el movimiento de los pooles en esos espacios en principio se ajustaba al alquiler de amplias superficies de siembra, con el correr de los meses los fondos de inversión habrían comenzado a tentar a los dueños de campos de 100 o 200 hectáreas.

“La falta de control en cuanto a la aplicación de la ley 13.242, que actualmente regula el arrendamiento, incluso ha permitido que estos grupos empresarios impongan condiciones como la de pactar contratos de alquiler por sólo tres años. O el pago en granos de los arriendos acordados. Esta última pauta, hoy por hoy, es completamente ilegal”, disparó.

Alquileres y cuidado del suelo

El proyecto de ley que acaba de ser presentado postula, en ese sentido, que los alquileres no podrán hacerse por menos de cinco años, y que cada contrato incluirá un apartado de rotación de tierras mediante el cual cada explotador se comprometerá a utilizar una franja del terreno arrendado para la aplicación de cultivos que recuperen la riqueza mineral del suelo.

“Hay campos en la Argentina que desde hace varios años cultivan soja. Y es común ver a los pooles abandonando estas tierras que van perdiendo capacidad de producción. A partir de este marco, no sólo deberán explotar los campos por cinco años, sino que además deberán dejar un 20% de la superficie para la siembra de productos que potencien el suelo como maíz, pasturas o forrajeras”, destacó.

Premios y castigos

La futura legislación que respalda Federación Agraria Argentina también contempla un régimen de “premios” y “castigos” para los pequeños y medianos productores que cedan sus lotes a los pooles de siembra.

“Quienes alquilen sus tierras a otros productores de menor envergadura pagarán una cuota impositiva menor en lo que hace al impuesto inmobiliario. A la inversa, aquellos que arrienden a los pooles en detrimento de sus pares deberán enfrentar un pago mayor”, indicó Orsolini.

“Una cosa será alquilarle a diez pequeños productores y otra a una firma grande, que sólo ve a la producción agraria como una oportunidad momentánea. La idea es incentivar la primera opción. Por otro lado, se establecerá que los pagos por el alquiler puedan hacerse de todas las formas posibles, tanto en efectivo como aportando parte de la producción obtenida”, aseveró.

Los próximos pasos

¿En qué estado se encuentra hoy el proyecto de ley? “Fue presentado hace muy pocos días y la intención es que se apruebe en los próximos meses. Por fortuna no es el único proyecto en danza: hay otros tres que tienen un perfil similar, y que plantean la necesidad de redistribuir el control de la tierra”, concluyó.

Con información de On 24

El oficialismo no sumó su respaldo y la SIP expresó su preocupación por la tensión, persecución y violencia que sufren los trabajadores de la prensa en Argentina.

En medio de múltiples expresiones de solidaridad llegadas desde todos los sectores de la sociedad, un grupo de periodistas víctimas de intimidaciones recibió ayer el apoyo de la Cámara de Diputados.

Las expresiones de respaldo legislativo, sin embargo, no fueron parejas, y el kirchnerismo se negó a firmar un dictamen de la Comisión de Libertad de Expresión donde se repudiaba explícitamente el “juicio ético y político” que horas más tarde Hebe de Bonafini lideró en la Plaza de Mayo contra varios periodistas.

“Los periodistas se fueron con el respaldo de todos los bloques, pero me deja un sabor amargo el kirchnerismo, que dejó en claro que son los responsables de todo lo que está pasando”, dijo la diputada Silvana Giúdici, presidenta de la comisión.

En el encuentro estuvieron los jefes de todas las bancadas opositoras, varios kirchneristas y los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú, Luis Majul, Joaquín Morales Solá, Daniel Santoro, Gustavo Silvestre, Marcelo Bonelli, Edgardo Alfano, Ricardo Kirschbaum, Fanny Mandelbaum y miembros del Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

“No nos van a callar aunque esta lamentable saga tenga que terminar con un muerto si el Gobierno así lo decide”, expresó Morales Solá, en el discurso más fuerte de la tarde.

Los casos

También impactaron los datos que brindó Fopea: en 2009 hubo 147 casos de agresiones a periodistas en todo el país, principalmente físicas y psicológicas, perpetradas mayoritariamente por atacantes anónimos.

Los ataques a la prensa también fueron objeto de otras expresiones de repudio. En un duro comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó “la continua campaña de desprestigio a la que están sometidos medios de comunicación y periodistas argentinos”.

También manifestaron su rechazo al juicio de la Plaza de Mayo la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, el Club Gente de Prensa y Poder Ciudadano, mientras el politicólogo Guillermo O´Donnell y el gobernador santafecino, Hermes Binner, expresaron su solidaridad a varios afectados. “Hebe de Bonafini es el D´Elía de hoy”, criticó la diputada Elisa Carrió, mientras Mauricio Macri dijo que “la Argentina no puede seguir mostrando esta imagen grotesca ante el mundo”.

 Con información de La Nación

Los empresarios que se “prendían” luego eran invitados a participar de la campaña electoral de Cristina y Scioli. La empresa que cobraba las comisiones es la misma que exporta el fuel oil venezolano a Argentina.

Un empresario de la maquinaria agrícola que exportó a Venezuela aportó detalles de la transacción y confirmó al diario La Nacion, con pedido de reserva de su identidad, que tuvo que pagar una comisión a la firma Palmat International, que intervino en la operación, para poder vender, y que eso fue por una “recomendación” de funcionarios argentinos y venezolanos que participaban de la negociación.

El empresario precisó, después de haber hecho la operación con ese país y poco antes de las elecciones presidenciales de 2007, alguien que se presentó como dirigente del Frente para la Victoria (FPV) le pidió que colaborara para la campaña de Cristina Kirchner.

“La verdad es que [para poder exportar a ese mercado] había que pagar una comisión del 15% y esto venía facturado por una compañía, Palmat International. Si a alguna de las empresas del gobierno de Caracas se le vendía por 100 pesos, por ejemplo, después había que pagarle 15% a Palmat; nos quedamos con el 85% [de la operación]”, dijo. En Venezuela, Palmat estaría vinculada con el negocio petrolero.

Exagerada comisión

Habitualmente, las empresas que prestan estos servicios de trader (intermediarios) cobran una comisión que no supera el 5% y es raro que sean requeridas cuando, como ocurrió en este caso, la negociación se acuerda de gobierno a gobierno.

Las pruebas

El empresario, cuya compañía es muy conocida en la Argentina y fabrica diferentes equipos, mostró una factura que le dio Palmat por el pago del 15%. No figura el domicilio de la firma en Venezuela, pero sí en Miami, donde tiene una filial. En la factura se detalla lo siguiente: “Comisión de Agencia de 10% sobre 70% del Contrato de Suministro del… [en este tramo el empresario borró el nombre de su firma para preservar su identidad] entre v/empresa y CVA de Venezuela, por servicios prestados en el exterior”. CVA significa Corporación Venezolana Agraria, un ente vinculado al gobierno de ese país cuyo fin es, según consigna en su página de Internet, “luchar por la búsqueda de la soberanía alimentaria”.

En la factura se lee que el pago de la comisión se transfería al Regions Bank, en Miami. Si bien el empresario señaló que la comisión era del 15%, en esa factura iba un 10% como comisión de negociación, mientras que en otra factura se computaba un 5% restante por “logística”.

Otra fuente del sector admitió que la elección de Palmat no corrió por cuenta de los empresarios argentinos. “Vino como parte del paquete del negocio; a la tarde no la elegimos nosotros”, señaló.

El diario argentino accedió también a contratos celebrados por Palmat con otras empresas, datos que figuran en un expediente abierto en la Defensoría del Pueblo. En esos documentos la empresa afirmó que tenía “una amplia y exitosa trayectoria en la promoción y gestión de venta de distintos productos para su variada gama de clientes”.

Palmat era designada por las empresas que pretendían exportar a Venezuela como su “agente exclusivo e irrevocable”. En todos los casos, el pago que recibía Palmat era un 10% del valor FOB facturado por la empresa como comisión por su gestión y un 5% de ese mismo valor FOB por los gastos en los que incurría.

“En blanco”

El empresario consultado por LA NACION agregó: “Pusieron esa compañía en el medio; lo hicieron en blanco [por la factura]”. Según él, pagó una comisión por servicios, que, a su juicio, no consideró bien recibidos. ¿Quién indicaba que había que pagarle a esa empresa? Según el empresario, en un momento, después de cotizar los equipos al gobierno venezolano, a las compañías argentinas se les planteó que “tuvieran en cuenta que podían aparecer gastos eventuales” en el marco de la operación. Funcionarios “de los dos lados [por la Argentina y Venezuela]” avisaron que había que cumplir el trámite del pago de la comisión, añadió el empresario. El ejecutivo no identificó a esos funcionarios.

Hubo industriales del sector que plantearon que de esa comisión se hiciera cargo el mismo gobierno venezolano. Sin embargo, la respuesta fue que la comisión formaba parte del “paquete del negocio”.

Millonaria suma

El acuerdo de la Argentina y Venezuela por la provisión de maquinaria incluye un negocio a cinco años por 500 millones de dólares. “Si se concretaran esos 500 millones de dólares, la comisión sería de 75 millones”, proyectó el empresario.

Campaña de Cristina y Scioli

La fuente contó que después de haber exportado recibió un llamado para “colaborar” con la campaña presidencial de Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Daniel Scioli. “Después de los primeros embarques, me llamaron y me pidieron colaborar con la campaña”, dijo.

Otros empresarios consultados admitieron también que había que pagarle a una trade , pero aseguraron que no lo consideraron una coima. “Al precio total había que agregarle ese porcentaje, pero a mí nunca me pidieron nada”, indicó un industrial.

El intermediario que estaba en los dos extremos del negocio

El empresario Roberto Jorge Wellisch es un hombre clave para entender los negocios con Venezuela: es el presidente de Palmat, pero también actúa como representante en Venezuela de la empresa que trajo a Buenos Aires el combustible que compra el país como parte del acuerdo económico con el gobierno de Hugo Chávez.

Esa compañía es Glencore, un gigante fundado por el millonario suizo del jet set Marc Rich, que se convirtió en el mayor estafador de la historia norteamericana con un pedido de condena de 325 años de prisión, hasta que fue indultado por el presidente Bill Clinton.

Wellisch, nacido en la Argentina, con nacionalidad venezolana y norteamericana, tiene importantes influencias en el mundo empresarial de Venezuela, a tal punto que es vicepresidente primero de la Cámara de Comercio Argentino Venezolana.

La justicia

La justicia argentina investiga si ese pago es por un servicio legal -como figura en los contratos- o bajo esa formalidad se enmascara el pago de una coima, que regresa a bolsillos de funcionarios del Ministerio de Planificación, como dijo el ex embajador argentino en Venezuela Alejandro Sadous.

Wellisch aparece vinculado con 14 sociedades anotadas en los registros públicos de Miami, algunas de ellas inactivas, pero todas con la misma dirección: 10620 o 10640 NW 27th Street, de Miami, donde está radicada Palmat International.

Además, Wellisch es el representante de Glencore para Venezuela en negocios con aluminio que tiene la compañía en el Estado venezolano de Guyana, según explicó el propio empresario en declaraciones a diarios venezolanos. Se le adjudican aceitados contactos políticos con la familia de Hugo Chávez.

Glencore es un gigante suizo que se dedica a la comercialización de granos, minerales, metales y productos energéticos con operaciones en todo el mundo. En Venezuela fue denunciada por supuestas irregularidades en obras de infraestructura.

Enarsa

Las operaciones argentinas de compra de gasoil a Venezuela se hacen a través de Enarsa, la empresa estatal argentina de energía, que adquiere el combustible a través de Glencore y también mediante Vitol, otro trader . El presidente de Enarsa, Exequiel Espinoza, fue uno de los pasajeros del avión en el que viajó Guido Alejandro Antonini Wilson con la valija con 800.000 dólares que desató un escándalo, en 2007.

En cambio, en las compras de fueloil, que es el otro combustible que utilizan las usinas, la operación se hace directamente entre Pdvsa, la empresa estatal de petróleos venezolanos, y la Compañía Administradora del Mercado mayorista Eléctrico (Cammesa), que lo distribuye a las usinas.

Wellisch en Recoleta

Wellisch tiene domicilio en la Argentina en un elegante piso de Rodríguez Peña 1682, en Recoleta. Así lo confirmó la mujer que atendió a periodistas de La Nación en el domicilio.
Cuando no está aquí, vive en Venezuela, donde es vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentino-Venezolana, como delegado de Palmat, que también tiene domicilio en ese país en el edificio Torre de las Mercedes, piso 6, oficina 602, de Caracas.

Su otro domicilio es en Miami, donde adquirió el 19 de enero de 2009 un departamento en un condominio situado en Aventura, al norte de Miami Beach. Pagó 395.000 dólares por el departamento de 145 metros cuadrados con dos dormitorios y dos baños.

Incluso aportó 500 dólares en la última campaña electoral del Partido Republicano.

Los negocios con Venezuela le aseguraban a Palmat el 15% de comisión hasta que entró en el negocio una segunda empresa de trader , Madero Trading, con domicilio en Alicia Moreau de Justo 1720, tercer piso departamento I.

El presidente de la sociedad es José Ernesto Rodríguez, un argentino ex ejecutivo de Impsa, la empresa de Pescarmona, que construyó una presa de 200 millones de dólares en Venezuela, entre otras importantes inversiones. Rodríguez es, además, representante en la Argentina del Banco de Guyana.

La sociedad Madero Trading se formó el 14 de septiembre 2007,cuando cambió la modalidad de contratación con Palmat Internacional. Pero el 11 de mayo del año pasado Madero Trading modificó su estatuto social y la heredó Madero del Plata, continuadora de sus negocios.

Una vez que reciba los contratos de las empresas agrícolas, el juez Julián Ercolini investigará a estas compañías y los vínculos con los negocios entre ambos países y sus funcionarios.

Con información de La Nación

Tras el fallo de La Haya por el caso Botnia ambos países decidieron un monitoreo conjunto de la papelera aunque no se decidió cómo se resolverá el conflicto en Gualeguaychú.

Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica intentaron ayer terminar con más de cinco años de desgaste en la relación entre la Argentina y Uruguay con un compromiso y una sugestiva omisión.

Los presidentes acordaron comenzar un plan de vigilancia ambiental conjunto en las aguas del río Uruguay para auditar el funcionamiento de Botnia, pero eludieron, deliberadamente, hablar en público sobre el corte de la ruta internacional 136 por parte de los asambleístas de Gualeguaychú. Tal reserva, trascendió, se debió a la falta de avances en el intento de que termine el bloqueo al puente General San Martín.

Ese fue el resultado del primer encuentro presidencial después del fallo de la Corte

Internacional de La Haya, que se conoció hace una semana. Los mandatarios se reunieron durante una hora en la residencia de Olivos en Argentina y manifestaron públicamente la voluntad política de superar los roces mediante un acatamiento de la sentencia del tribunal internacional con sede en Holanda.

“Hoy estamos en el comienzo de un proceso que yo definiría de reencauzamiento definitivo de lo que nunca debió pasar en la relación entre la Argentina y Uruguay”, dijo Cristina en una declaración ante la prensa al término del encuentro, en la que no se permitieron preguntas.
“Mi pequeño país no se hace viable en conflicto con la Argentina”, sintetizó Mujica, para demostrar la voluntad de promover un salto de calidad en el vínculo.
El cónclave se prolongó durante una hora y transcurrió en un clima que tanto fuentes uruguayas como argentinas calificaron de “ameno” y “prometedor”.

Sin disculpas

Pese a las expectativas argentinas, no hubo allí pedidos de disculpa por parte de Uruguay por haber aprobado la instalación de Botnia en Fray Bentos en desconocimiento del Estatuto del Río Uruguay, tal como lo estableció la sentencia de La Haya. Más aún, Mujica dijo, antes de salir de Montevideo rumbo a Olivos, que “las disculpas las piden los novios”, en clara negativa a satisfacer los deseos locales.

Pero tampoco hubo, pese a las expectativas uruguayas, un planteo expreso por parte de Mujica para que la Argentina arbitre los medios necesarios para levantar el corte de ruta en el puente internacional de modo inmediato, tal como su canciller, Luis Almagro, había adelantado a la prensa antes del cónclave. Al regresar a Uruguay tras el encuentro, Almagro dijo que el asunto del corte de ruta en Gualeguaychú “estuvo en la agenda”, pero que “no se habló de plazos” y mencionó que “es un proceso que requiere varias etapas”.

Monitoreo

El principal compromiso asumido en la audiencia fue el plan de vigilancia ambiental para auditar el funcionamiento de Botnia. El control será puesto en marcha en las próximas semanas y tendrá como ámbito de aplicación la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

“Ambos países vamos a dar mandato a la CARU para vigilar la tarea de Botnia y el impacto ambiental que pueda tener sobre las aguas del río”, dijo la Presidenta. “Nos comprometemos a darle todos los recursos necesarios para que pueda cumplir su cometido”, sostuvo.

De cara al futuro

Ambos presidentes depositaron en ese plan las expectativas de que sus resultados puedan contribuir a regenerar la confianza de los habitantes de Gualeguaychú para que se deponga la protesta. Eso, dijeron, quedó expresado en las constantes alusiones de los mandatarios a entender la recomposición como un “proceso”.

El propio Mujica lo puso en esos términos. “Tenemos que tener la garantía de que el hombre puede trabajar sin dañar el medio ambiente. Iniciamos un proceso, pero los presidentes no somos magos. No somos Mandrakes. Las sociedades deben palpitar la confianza suficiente de datos científicos que nos den garantías y buena fe.”

La preocupación argentina de lo que podría ocurrir en el futuro quedó expresada por la Presidenta. “Respetar los tratados es el único camino posible para evitar los conflictos”, dijo. “Vamos a respetar reglas porque es lo que más conviene a nuestras sociedades”, asintió Mujica.

Los presidentes volverán a reunirse a fines de mayo en la residencia presidencial de Anchorena para ampliar la agenda de asuntos bilaterales por fuera de la disputa por Botnia.

La Presidenta cerró su alocución con un reclamo. “El habernos apartado del tratado fue lo que motivó el conflicto, y eso no es bueno”, dijo. Mujica cerró su alocución con una alusión al futuro: “En nombre de mis compatriotas: un gigantesco abrazo y un compromiso”.

Con información de La Nación

Con gastos e ingresos  que superan en 110 millones de pesos a lo recaudado y gastado el período anterior, finalmente el Secretario de Hacienda municipal, Gustavo Asegurado, envió ayer al Concejo Municipal la actualización del presupuesto 2010.

En resumidas cuentas, todos los ingresos que el Ejecutivo municipal cree que recaudará por encima de lo ya presupuestado a fines del año pasado, gracias a la coparticipación de los aumentos que trajo la reforma tributaria y la moratoria provincial, se equilibran casi simétricamente con los fondos que necesitará el gobierno para hacer frente al aumento salarial establecido con los empleados municipales en las últimas paritarias.

Ahora la pretensión del gobierno es que el proyecto se trate el martes de la semana próxima en la comisión de Presupuesto, donde el oficialismo, a pesar de tener cuatro de los siete miembros para emitir dictamen por la mayoría, intentará consensuar un dictamen con miembros de la oposición.

El presidente de la comisión, Oscar Greppi, del ARI, aliado del PS en el Frente Progresista, que recientemente se resistió a votar un proyecto clave del oficialismo en relación al transporte, aclaró su posición sobre este tema: “Yo acompaño porque creo que por lo menos el presupuesto anterior, no sé este anexo, al que todavía no tuve acceso, era un presupuesto prolijo, un presupuesto orientado hacia donde yo pienso que se deben orientar los gastos; seguridad, salud y asistencia social”.

Obra pública

Con respecto a las críticas de la oposición sobre la exigua inversión en obra pública, Greppi, y el propio Asegurado, dijeron estar conversando con concejales de otros partidos para encontrar mecanismos que permitan mejorar este punto en especial. Tal vez de estas conversaciones salga el consenso y los votos que permitan al oficialismo aprobar el proyecto sin recurrir el doble voto del presidente del cuerpo, Miguel Zamarini.

Sobre este punto Greppi dijo: “En el recinto hay posibilidades de que salga, porque yo creo que nadie está dispuesto a quitarle una herramienta necesaria para el funcionamiento del Ejecutivo como es el presupuesto. Siempre la historia es que algunos piensan que los recursos pueden ser imputados a otro tipo de cuentas pero en realidad el presupuesto es una política que establece el Ejecutivo”.

Lo mismo piensa Asegurado, quien además confirmó que la no aprobación del presupuesto le trae muchos problemas en la administración y en la imputación de los recursos, los que hasta el momento dice haber podido manejar, pero que resultan imposibles de sostener algún tiempo más.

El hombre que debe marcar límites al gasto y proyectar los ingresos se las vio en figurillas este año debido a las meneadas discusiones que socialismo y peronismo llevaron adelante en la Legislatura provincial sobre la reforma tributaria, a lo que luego tuvo que sumarles el aumento de un 20% a los empleados municipales establecidos en paritarias.
Por eso es que el presupuesto 2010, que había sido girado en noviembre del año pasado, tuvo que esperar hasta ahora para ser tratado.

Las modificaciones

La primera modificación que tuvo que hacer Asegurado sobre los recursos se produjo sobre fin de año, cuando se decidieron en la primera reforma los aumentos en Patente, Impuesto Inmobiliario y algunas alícuotas de Ingresos Brutos. Luego llegó la segunda reforma, o el llamado Fondo Salarial, que planteó entre otros ingresos una moratoria provincial sobre impuestos que también se coparticipan.

Y por último también hubo que hacer el cálculo de los gastos, que también se incrementaron cuando se decidió un aumento del 20% para todos los empleados municipales.

La composición final del presupuesto

La suma de todos los conceptos a Asegurado le dio cifras muy parecidas, tanto del lado de los recursos como de los gastos. Este empate en el recálculo del presupuesto mantiene vigente un déficit de 50 millones de pesos para todo el año y eleva el monto total del presupuesto a 1.600 millones de pesos para todo el año (810 para la masa salarial, 500 millones para Bienes de Consumo y Servicios Públicos, 140 millones para amortizar capital e intereses de deudas, 90 millones para transferencias y para Obras Públicas quedaban poco más de 60 millones).

Críticas

Desde la oposición las críticas más escuchadas tienen que ver con la baja inversión en obra pública. El debate en la comisión de Presupuesto comenzará la próxima semana. Allí estarán los oficialistas Aldo Gómez, Clara García, Oscar Greppi (presidente), y Edgardo Falcón, y los opositores Daniela León, María Eugenia Bielsa y Héctor Cavallero.

Con información de Punto Biz

Se cumplieron todos los requisitos y el canje se abrirá el lunes; el monto total elegible es de 18.300 millones de dólares

Mientras en el Congreso Nacional se analiza la posibilidad de auditar la deuda dada su dudosa legitimidad, y además se debate la legalidad del decreto de necesidad y urgencia que permite disponer de los fondos para hacer frente a estos pagos, el Ministerio de Economía se alegró por la aceptación del canje del cual, esperan, les permita renovar el endeudamiento.

Argentina consiguió ayer las dos aprobaciones de organismos regulatorios que le faltaban para tener vía libre en la reapertura del canje de deuda en cesación de pagos. El próximo lunes se dará inicio a la operación, en la que el Ministerio de Economía aspira a obtener una adhesión mínima del 60%.

En horas del mediodía, se conoció ayer la aprobación del organismo regulador de Luxemburgo, el Cssf. Más tarde, se supo que la Consob italiana, equivalente a la Comisión Nacional de Valores, también había dado luz verde a la operación, por lo que las cuatro naciones donde el Gobierno presentó la oferta, ya la habían habilitado Estados Unidos y Japón, dieron su visto bueno.

El secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, adelantó que a fines de esta semana se lanzará la oferta final y el próximo lunes quedaría formalmente abierta la posibilidad para los acreedores de canjear los títulos en default por las nuevas emisiones. Además, indicó que, en paralelo al lanzamiento, funcionarios del Ministerio de Economía iniciarán el road show para explicarles a los inversores los detalles de la operación. La gira prevé escalas en Nueva York, Londres, París y en Italia.

El Gobierno aguarda una aceptación de por lo menos el 60%, aunque analistas de mercado creen que ese porcentaje se superará. En el Ministerio que comanda Amado Boudou consideran que logrando una alta adhesión se conseguirán minimizar los efectos judiciales de aquellos acreedores que no aceptaron ninguna de las dos ofertas (la de 2005 y ésta).

El registro para ingresar en el canje estará abierto durante 30 días y existirá un incentivo para los que ingresen durante la primera semana.

Monto de la deuda

El monto total elegible para el canje es de 18.300 millones de dólares, de acuerdo con los registros de deuda en vigor al 31 de diciembre de 2001 y según los tipos de cambio existentes a diciembre de 2003. Los acreedores podrán optar entre dos tipos de bonos, uno Discount -orientado a inversores institucionales- y otro Par, que fue diseñado para inversores minoristas.

En el tramo minorista, para aquellos que tengan títulos hasta 50.000 dólares o su equivalente en otras monedas, los acreedores recibirán un bono Par, sin quita, con un cupón atado a la evolución futura del PBI y el pago de los intereses devengados en efectivo, hasta un total de 160 millones de dólares.

Para los mayoristas, la propuesta contempla bonos Discount, con una quita del 66,3%, un bono atado al PBI, también hacia adelante, y el pago de los intereses devengados a través de un bono 2017, con una tasa de interés del 8,75% anual en dólares.

El canje se hará respetando la moneda de origen en la que está emitido el título en default, ya sean pesos, dólares, euros o yenes, y los nuevos papeles en pesos mantendrán la actualización por inflación. Quienes ingresen de manera más temprana en el canje recibirán antes los títulos, según señala el prospecto que contiene los detalles de la oferta. La oferta, en líneas generales, es similar a la que el gobierno de Néstor Kirchner formuló en 2005, por una deuda elegible que ascendía entonces a unos 81.800 millones de dólares.

Anteayer, el juez de Nueva York, Thomas Griesa, había rechazado un pedido de los bonistas en default que mantienen litigios con la Argentina para frenar la operación.

El economista jefe del Banco Mundial para América latina, Augusto de la Torre, consideró: “Es una excelente noticia que la Argentina esté en un proceso decidido de normalizar la relación con los acreedores externos”. Y agregó: “Ello va a permitir a la Argentina disfrutar de un acceso más normal a recursos, en mejores condiciones de precio y de plazo, que se traduce en los mercados financieros en mejores condiciones de financiamiento en cuanto a plazo y costo doméstico”.

Tras el canje de bonos, el Gobierno planea normalizar sus obligaciones por unos 7500 millones de dólares con las potencias que integran el Club de París, según anunció Boudou hace dos semanas.

Con información de La Nación

Ocho ex secretarios de Energía cuestionan la operación y pedirán al Gobierno que de a conocer los detalles.

Los ex Secretarios son autores de un informe sobre abastecimiento silenciado hace un año por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Darán a conocer hoy un pedido al Gobierno por una de las cuestiones más inescrutables de la política exterior: las compras de fueloil que la Argentina hizo a Venezuela.

Enrique Devoto, Jorge Lapeña, Alieto Guadagni, Roberto Echarte, Raúl Olocco, Julio César Aráoz, Daniel Montamat y Emilio Apud, todos ellos especialistas del área, le enviaron hace quince días una carta al secretario de Energía, Daniel Cameron, en la que le reclaman información acerca de esas operaciones.

Los ex funcionarios fueron protagonistas de una controversia hace un año cuando, en medio de una fuerte presión gubernamental, el decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Carlos Rosito, canceló el acto en el que preveían difundir un informe crítico de la situación energética.

El texto que le enviaron a Cameron, que hasta ayer no tenía respuesta alguna, consigna que hacen el pedido “en el entendimiento de que la transparencia de los actos de la administración permite un mejor funcionamiento de la república”.

Los cuestionamientos

Entre otras cosas, cuestiona, por ejemplo, que se compre combustible cuando la demanda interna está “plenamente satisfecha” y agrega que el análisis de los números “tampoco es claro, porque Enarsa no procede a adquirir el fueloil mediante un proceso abierto y competitivo”.

Otro de los planteos es por qué la Argentina le compra a Pdvsa combustible de peor calidad que el que vende a otros países.

“Según las cifras de comercio exterior publicadas por Indec, nuestro país importó 982.292 toneladas de fueloil en 2007, pero, al mismo tiempo, se exportaron 1.650.169 toneladas. Según el Indec, se generaron divisas por exportaciones en el orden de los 586,3 millones de dólares (355 dólares por tonelada) y las importaciones costaron 385,7 millones de dólares (o sea, 392 dólares por tonelada). Esta diferencia natural entre valores implicó un quebranto económico de 36.344.800 dólares en este año 2007 según las cifras del Indec”, dice la carta, que justifica esas divergencias en las diferencias de calidad.

“Este quebranto probablemente bien medido sea superior, ya que el fueloil que exportamos se destina a mercados muy exigentes en términos ambientales (como Estados Unidos), mientras que el que importamos (según lo expresa la resolución 150 de 2008) es de menor calidad ambiental por contener mas azufre”, agrega la misiva.

Con información de La Nación

Ante la puesta en vigencia del reglamento que rige la caza y pesca deportiva, la Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero del Ministerio de la Producción dio detalles acerca del cronograma de especies y cupos habilitados, así como también sobre el costo de las licencias de caza y pesca deportiva para la temporada 2010.

El reglamento que rige comenzó a aplicarse el 18 de abril, a partir de la resolución N° 20 de la Secretaría de Medio Ambiente.

La norma fija períodos de caza deportiva para las diferentes especies. Desde el 1º de mayo al 8 de agosto, se puede cazar pato crestón; sirirí común y sirirí pampa; paloma torcaza; cotorra; morajú; varillero; y liebre.

En tanto, desde el 16 de mayo hasta el 25 de julio se podrá cazar la perdiz chica común. Sobre esta especie podrá practicarse la caza exclusivamente los días sábados, domingos y feriados.

Licencias

Cada cazador deberá poseer licencia-permiso, así como también portar la Planilla Individual de Caza (PIC) –de uso, portación y devolución obligatoria–, y la autorización por escrito del propietario u ocupante legal del campo donde se realice el acto de caza.

Los valores de las licencias para caza y pesca deportiva son los siguientes:

Caza Comercial: 15 pesos.

Caza Deportiva: 15 pesos.

Caza Deportiva Turista Nacional: 30 pesos.

Caza Deportiva Turista extranjero: 51 pesos.

Caza Deportiva Club: 10 pesos.

Caza Deportiva Federación: 25 pesos.

Acopio de la fauna Silvestre: 300 pesos.

Pesca deportiva: 100 pesos.

Pesca deportiva Nacional: 100 pesos.

Pesca deportiva Extranjero: 333,30 pesos.

Pesca deportiva Club: 50 pesos.

Pesca deportiva Federación: 25 pesos.

Con información de Punto Biz

Un grupo de legisladores provinciales pidió a los industriales santafesinos implicados que declaren ante la justicia.

El diputado nacional Carlos Comi (CC-ARI Santa Fe) y los diputados nacionales Juan Carlos Morán y Héctor Flores (CC-ARI Buenos Aires), ampliaron hoy en los tribunales federales de Comodoro Py de la Capital Federal la demanda por asociación ilícita contra Néstor Kirchner y otros por la causa fideicomiso con Venezuela que tramitan ante el juzgado de Julián Ercolini.

El negociado

Fuentes de la Coalición Cívica - ARI informaron que esta causa fue iniciada en noviembre de 2008 por Elisa Carrió y otros diputados de la Coalición Cívica, y recibió un impulso en la última semana cuando el ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, confirmó las tres cuestiones que habían denunciado los legisladores: coimas de un 15 o 20% a empresarios que exportaban; un faltante de casi 90 millones de dólares de la cuenta del fideicomiso durante un período prolongado; y que el responsable de los negociados era Claudio Uberti.

Al respecto, Comi le pidió a Eduardo Buzzi, presidente de FAA, quien afirmó que empresarios fueron coimeados en negocios entre Venezuela y Argentina, a Rafael Bielsa ex canciler de la Nación en los tiempos en que se denuncian el inicio de los sobornos, y a los industriales del complejo metalmecánico santafesino que exportaron maquinaria en aquella época, que concurran a la justicia a decir lo que saben ya que, “aún sin ser quienes cometieron delito, pueden estar al tanto de la operatoria a través de comentarios de terceros o por vivencias personales”, entienden los diputados.

Además, Comi señaló: “Le pido a los empresarios de mi provincia, que habían declarado con identidad reservada ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, que se presenten ante la Justicia para desentrañar la ruta de los pagos”.

Los diputados indicaron que desde la Coalición Cívica aportaron nueva información al expediente, y solicitaron nuevas diligencias al fiscal al tiempo que señalaron que, según Morán “Las coimas del 15% en el fideicomiso de Venezuela tiene su correlato en las valijas de dólares que Uberti le traía a Kirchner en avión desde ese país”, “Uberti, Jaime y De Vido, son los cajeros de Néstor Kirchner. No es casualidad que todas las cajas negras estén a cargo de un pingüino con historia al lado de K. El enriquecimiento de todos es escandaloso, simplemente que algunos aun no lo declaran.

En tanto, Comi recordó que en los tiempos de la presentación de la demanda contra Kirchner por asociación ilícita, Carrió fue tildada de “loca” , “mentirosa” o “fabuladora”, y sostuvo que al parecer, y a tenor de lo declarado por el ex embajador Eduardo Sadous, Lilita no estaba tan equivocada.

Con información de Punto Biz