En la provincia de Santa Fe avanza el proyecto de unificar las listas de candidatos. El autor del proyecto, Pablo Javkin, explicó que la iniciativa se basa en la necesidad de transparentar y agilizar el proceso electoral0.

Fue aprobada en la cámara baja el proyecto de ley para la aplicación de la Boleta Única y la unificación del padrón electoral en el territorio provincial. La propuesta, elaborada por el diputado de la CC-ARI en consonancia con la presentada a nivel nacional por la Coalición Cívica, se plantea en Santa Fe para los procesos electorales de autoridades electivas provinciales, municipales y comunales.

Recién para las elecciones generales

Javkin explicó que, de aprobarse la ley, habrá una sola boleta para cada cargo y no se aplicaría en las primarias de 2011 sino recién en la elección general.

En los casos de diputados, senadores y concejales, la autoridad electoral establecerá en cada sufragio qué número de candidatos titulares y suplentes deberán figurar en ella. En todas las elecciones, las listas completas de candidatos con sus respectivos suplentes serán publicadas en afiches de exhibición obligatoria que contendrán de manera visible y clara las listas de candidatos propuestos por los partidos políticos, agrupaciones municipales, federaciones y alianzas que integran cada Boleta Única. En el caso de los cargos ejecutivos podrán incluirse fotos, que incluso facilitarán la identificación por parte de electores no alfabetizados.

Unificación del Padrón electoral

En cuanto a la Unificación del Padrón Electoral, cada circuito se dividirá en mesas que se constituirán con hasta 350 electores inscriptos agrupados por orden alfabético y sin distinción de sexo. De esta manera, se suprime una discriminación entre hombres y mujeres que resulta injustificable ante la garantía de igualdad reforzada en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional.

Por otra parte, las mesas sin distinción de género facilitarán alcanzar la igualdad de número de electores por mesa, particularmente en aquellos circuitos de escasa población o en lugares donde por diversos motivos existe un notable predominio de uno de los sexos.

Menos fraude

Javkin indicó que el sistema de Boleta Única reduce significativamente las posibilidades de fraude y el robo de boletas, ya que hay una sola para todos los partidos, lo que por otra parte reduce ostensiblemente los costos. Se evita también el ‘voto cadena’, es decir, ya no puede haber entrega anticipada de boletas porque la impresión pasa a ser responsabilidad del Estado, que las provee el día de la elección.

Este sistema no sólo hace al proceso más transparente, sino que también lo agiliza. Hoy en día si una persona quiere elegir dos partidos de distinta categoría tiene que cortar la boleta. Además, con la abundancia de listas que se presentan se hace más complicado ubicar las boletas en el cuarto oscuro, entonces se especula con el número de lista y la ubicación”, amplió.

Más fácil para el votante

El diputado señaló además que en contraposición al sistema vigente, la Boleta Única permite al elector identificar más fácil y rápidamente en qué tipo de elección vota, y por cuáles partidos y candidatos; facilita también el voto de los no videntes en tanto se prevé la confección de boletas en alfabeto Braille.

Fin de las colectoras y el “arrastre”

“También se evitan los efectos de las ‘listas colectoras’ porque sólo puede ir un candidato por partido político o alianza. Como habrá una Boleta Única por cada categoría, varios candidatos no podrán sumar votos para una categoría superior, y tampoco se dará el ‘efecto arrastre’ de una categoría superior a una inferior. Es el anhelado fin de la lista sábana horizontal.

Otra ventaja importante es que ya no existirán boletas adulteradas, o truchas, que en numerosos distritos del país han sido utilizadas deliberadamente para confundir al elector generando luego la anulación de los votos”, explicó Javkin, y agregó que incluso el escrutinio será más fácil y transparente.

Con información de Notifé

En 15 días la Nación debe buscar una salida negociada al reclamo del gobernador Hermes Binner.

El gobernador santafesino concurrió ayer a la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a raíz de los reclamos que el gobierno santafesino lleva adelante desde 2009 para que el Estado nacional suspenda la detracción del 15 por ciento que aplica sobre los recursos coparticipables para financiar la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

El mandatario santafesino estuvo acompañado por los ministros de Economía, Ángel Sciara; de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, y el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre.

“Este es un espacio muy importante”, señaló el gobernador en declaraciones periodísticas, una vez finalizada la audiencia. “La Nación se comprometió a responder dentro de los próximos 15 días acerca de la voluntad de diálogo sobre este tema, para encontrar una solución”, añadió, en relación al desarrollo de la reunión.

“Tuvimos una audiencia informativa hace dos meses y medio –recordó Binner–, y hoy acabamos de tener una audiencia de conciliación. Es importante que este tema se siga tratando porque habla de la necesidad de que haya mayor diálogo entre Nación y provincia”.

“No nos interesa desfinanciar a la Anses; creemos que las necesidades de Santa Fe ameritan que la Nación cumpla con las deudas que tiene con la provincia”, reiteró el gobernador al respecto.

Por su parte, Superti señaló que la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema representa “un paso más para llegar a una solución, ya sea por vía de un acuerdo o por medios judiciales. La presencia del gobernador Binner pone de manifiesto la importancia que el gobierno santafesino le dio a esta convocatoria. La Nación no estuvo representada por el ministro de Economía, quien justificó su inasistencia”.

La audiencia tuvo lugar en el despacho presidencial del Máximo Tribunal y junto al gobernador había sido convocado el ministro de Economía y Finanzas Públicas nacional, Amado Boudou, quien finalmente no concurrió.

En representación del gobierno nacional, asistieron el subsecretario Legal del Ministerio de Economía, Horacio Diez; la subsecretaria de Relaciones con las Provincias, Nora Fracarolli; y el director de Control y Gestión Judicial, Gustavo Pistarini.

El desarrollo de la reunión

“En un primer momento de la audiencia se habló acerca de la medida cautelar presentada por la provincia de Santa Fe y luego se intentó buscar alguna solución, sin perjuicio de que las partes mantuvieran férreamente su posición”, relató el ministro Superti.

Tras la presentación inicial de la demanda, la Fiscalía de Estado de la provincia presentó una medida cautelar en la que el gobierno de Santa Fe solicitó que, hasta tanto se resuelva de modo definitivo la cuestión de fondo planteada, “se ordene la suspensión parcial” de la aplicación del artículo en cuestión y también “el cese preventivo” de la detracción de los fondos coparticipables.

En tal sentido, la pretensión cautelar se limita “a los períodos sucesivos” y “tan sólo al 50% de los fondos que corresponden a la provincia de Santa Fe y se encuentran comprometidos en la detracción cuestionada”.

Superti indicó hoy que “en esta idea de buscar caminos alternativos, el gobernador ratificó su apertura a todo tipo de diálogo, mientras que los representantes de la Nación dijeron que sus instrucciones se acotaban a los objetivos de la audiencia”.

En ese marco, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos explicó que “la Corte pidió que en un plazo de 15 días el Estado nacional exprese su decisión de abrir un espacio de diálogo amplio en la búsqueda de esas vías alternativas o, en caso contrario, manifieste que no hay disposición para ello, lo que determinará que la causa siga su curso según corresponda”, concluyó.

La deuda Nación-Provincia

“Hay una serie de deudas que tiene la Nación con la provincia de Santa Fe, motivo por el cual hemos recurrido al único espacio que tiene un Estado subnacional para reclamar ante el gobierno central que es la Corte Suprema de Justicia”, argumentó Binner acerca de los reclamos presentados ante el Alto Tribunal.

“Este reclamo, en particular, se refiere al tema de la Anses, que en su momento necesitó del aporte de las provincias para salvar una caja que estaba con muchos beneficiarios y pocos aportantes, como consecuencia de la creación de las AFJP. Dado que ahora ese dinero de las AFJP volvió a la Anses, nosotros sostenemos que las causas para aplicar la detracción del 15 por ciento sobre los fondos coparticipables que se le sigue haciendo a Santa Fe desaparecieron y, por lo tanto, creemos que el 31 de diciembre de 2005 caducó el pacto federal que la había establecido. A partir de allí, la detracción es ilegítima”, afirmó.

Acerca de la detracción

Por medio de un acuerdo federal de 1992, el gobierno nacional comenzó a detraer a las provincias el 15 por ciento de la masa de recursos coparticipables para afrontar el déficit del sistema provisional. Sin embargo, una vez que la Anses dejó de ser deficitaria, el Estado nacional continuó descontando el porcentaje a las provincias pese a que, en el caso de Santa Fe, retiró su aval para esa detracción desde el inicio de 2006.

En la audiencia del 17 de marzo pasado, el gobernador Binner presentó ante la Corte los argumentos acerca de la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley Nº 26.078, señalando que “el compromiso de Santa Fe –pactado en 1992– fue para afrontar el déficit del sistema previsional, no para el sostenimiento de la Anses, con lo cual las causas de aquel acuerdo cesaron”.

En cuanto a la masa de recursos que le corresponden a Santa Fe, el fiscal de Estado estimó que “sólo para este año estaría entre los 900 y 1.000 millones de pesos”, aunque aclaró que el gobierno santafesino no hizo un planteo “en términos cuantitativos, sino que lo que busca es que la Corte resuelva un problema de derecho, es decir, que no se ponga la lupa sobre los números, sino sobre las normas jurídicas”.

Con información de Punto Biz

El gobierno, con Amado Boudou a la cabeza se mostraron exultantes tras el cierre del canje de la deuda, sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo en tiempo y dinero, el financiamiento para Argentina si se abre, será el más caro.

“Le ganamos la pulseada a [Nicola] Stock, les ganamos a los bonistas más hostiles”, dijo anoche, cansado pero entonado por el resultado del canje, el ministro de Economía, Amado Boudou. Instalado en su despacho junto con el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, el funcionario afirmó que el resultado de la operación para tratar de salir del default “aísla a los fondos buitre” del resto de los acreedores.

Entusiasmado porque el resultado de la operación se ubicó por encima del 60%, -aunque por debajo del 75% esperado en un principio por el mercado-, el ministro considera que el Gobierno está en condiciones de pedir en los tribunales de Estados Unidos el fin de los embargos.

Los datos finales

El canje sumó 12.067 millones de dólares sobre 18.300 millones de dólares elegibles; está en duda qué pasará con 600 millones de dólares que ingresaron en el canje de 2005 y repitieron la acción ahora, a la espera de que la emisión del Global 2017 que no se dio. Esta emisión, confían en Economía, podría darse si el clima internacional se tranquiliza en los próximos dos meses y el riesgo país se acerca a los 600 puntos.

Entre los dos canjes (2005 y 2010) se llegó a una adhesión del 92,4% del total de la deuda en default; Economía considera que hay 4500 millones de dólares en manos de fondos buitre y 1600 millones de dólares que habría que dar por perdidos. La emisión de bonos Par por 2000 millones de dólares se completó, por lo que se les pagarían en efectivo los intereses a los inversores minoristas.

Más intereses

El canje sumará al programa financiero una carga de intereses de 365 millones de dólares en 2011 y 371 millones de dólares en 2012. La presidenta Cristina Kirchner destacó luego en un acto en la Casa Rosada que el nivel de quita fue del 75,6% -en términos de valor nominal- y dijo que ayer debería ser declarado “día del desendeudamiento”.

Sin embargo, la deuda pública en realidad crecerá, porque estos bonos en default habían sido excluidos en la contabilidad del Ministerio de Economía desde el canje de 2005.

Fondos buitre

Mientras los fondos buitre Dart y Elliott prometen redoblar sus esfuerzos para cobrar y creen que en agosto pueden ganar el caso contra el Banco Central, el equipo económico afirma que el resto de los bonistas rebeldes “perdió representatividad”. De ahí la frase temeraria del ministro contra el polémico representante de los bancos italianos, Nicola Stock.

“Les ganamos la batalla a él y a los más hostiles”, afirmó con mucha confianza. Su base es que habrían ingresado unos 3000 millones de dólares de inversores minoristas sobre los 4000 millones de dólares que Stock aseguraba representar y que quieren demandar al Gobierno en los tribunales del Banco Mundial (Ciadi). La presidente Cristina Fernández de Kirchner ratificó que no habría prórroga (”no tiene sentido porque quedan pocos minoristas que pueden entrar”, dijo), y precisó que en Italia la aceptación fue del 75%.

Si esa cifra se confirma, compensaría la performance lograda entre los grandes fondos de inversión, donde la aceptación fue de 8550 millones de dólares, por debajo de los 10.000 millones prometidos en un principio por el consorcio de bancos Barclays, Citi y Deutsche.

Para más adelante quedarán los reproches para dos de estos tres bancos, que, al parecer, no se esmeraron mucho en sumar voluntades.

Adhesión en Japón, Alemania y Suiza

Más allá de Italia, en Japón al parecer la adhesión fue casi total, mientras que en Alemania y en Suiza fue menor que en el canje de 2005. Este último caso tiene una explicación concreta: los bonistas debían declarar su inversión con nombre y apellido para ingresar.

Los puntos no resueltos

Si Argentina quiere volver a endeudarse debe superar algunos obstáculos. El segundo canje dejó aún pendientes de pago títulos por unos 6300 millones de dólares, en su mayoría en manos de los llamados fondos buitres. “Queda entre un 8 y un 10% de los más radicalizados”, analizaba anoche Carlos Melconian. Es cierto que hoy son más altas las posibilidades de demostrar voluntad de pago ante el temido juzgado de Thomas Griesa, en Nueva York, pero el riesgo de embargos no desaparece por completo, al menos por ahora.

Por otra parte, sigue pendiente de resolución la deuda en default con el Club de París, por unos 6700 millones de dólares.

Cuando se lanzó formalmente el canje, en abril, y aun hoy, el mundo no habla de otra cosa que de la posibilidad de que más de un país europeo entre en default. En este clima, los inversores prefieren apostar por opciones menos riesgosas, y la Argentina no está entre ellas.

El financiamiento sigue siendo caro

Tanto el Gobierno como las empresas argentinas seguirán teniendo limitado el acceso a los mercados de financiamiento o, en el mejor de los casos, deberán pagar tasas más altas que sus competidores de otros países. Ayer, Boudou recordó que si hoy quisiera emitir un bono nuevo tendría que pagar una tasa en torno del 11%, algo que Néstor Kirchner no está dispuesto a admitir. “Vamos a elegir el momento porque no tenemos apuros fiscales”, dijo el ministro.

El indicador más ilustrativo al respecto es la evolución de la tasa de riesgo país, que tras haberse ubicado en torno de los 600 puntos una vez que el Gobierno anunció las condiciones en que ofrecía cambiar los bonos viejos (y defaulteados) nuevos y haber coqueteado con los 900 puntos en el peor momento de la crisis griega, cerró ayer a 785 puntos, con una suba levemente superior al 1% respecto de la jornada previa por los resultados mixtos que mostraron los bonos ayer, intercambiando leves alzas con leves bajas, según la especie, pero en un marco de negocios acotados que confirmó que no hubo excitación por el fin del canje.

Ni siquiera cambió las cosas el hecho de que la calificadora Fitch Ratings haya reconocido ayer que la adhesión alcanzada por la Argentina sería “probablemente suficiente” para elevar la nota de la deuda del país “a una categoría altamente especulativa, en algún punto dentro del rango B” (la nota actual es B-).

El problema es que, sin crédito, es mucho más difícil sostener el crecimiento de la inversión productiva y, por lo tanto, la creación de empleo. Luego de un pico de 23/24 puntos del PBI en 2007, la inversión se desplomó en la recesión del año pasado y ahora parece estabilizarse en niveles de 21%. “No es mucho más que reinversión, y con capital propio”, resume un analista. Con un horizonte inflacionario fijado en torno del 25% anual, la confianza es un bien escaso en estos días.

Lo que sigue en default

En referencia a la deuda que aún queda en default (unos 6300 millones de dólares), Ramiro Castiñeira, del estudio Econométrica, opinó que habría que dejar “una puerta abierta, seguir invitando a quienes se quieran sumar, para que la única instancia no sea la judicial, más si son inversores minoristas”.

Con información de La Nación

Se encendió la polémica por el debatido tema de los fondos provinciales. En el cruce de acusaciones los justicialistas respaldan la administración anterior y aseguran que Binner no sabe gobernar.

Las revelaciones de Antonio Bonfatti respecto a que el gobernador Jorge Obeid mintió al sostener que la gestión que comandó hasta 2007 le dejó en caja 1.400 millones al gobierno socialista provocaron ayer un cimbronazo en el ámbito del peronismo. El ex ministro de Hacienda de la administración Obeid, Walter Agosto, tildó de “mentiroso” a Bonfatti, al tiempo que legisladores justicialistas trataron al Ejecutivo santafesino de “incapaz de gobernar”.

Los dichos de Bonfatti

El ministro de Gobierno había señalado que “nadie puede creer que un gobernador sea tan tonto de dejar 1.400 millones en la caja, eso es una gran mentira, o al menos una verdad a medias, con lo cual sigue siendo una mentira. Cuando Obeid habla de 1.400 millones de pesos no dice que 800 millones son del fondo unificado de cuentas, eso no se toca”.

Binner sin capacidad de gestión

Agosto, diputado nacional por Santa Fe del bloque Peronismo Federal, respondió ayer que “el gobierno transita su tercer año de gestión y todavía trata de entretener a la gente con una polémica que se está pretendiendo recrear ahora, porque en su momento no existió. El gobierno socialista tiene poco para mostrarle a la gente, poco para exhibir porque tiene una capacidad de gestión restringida por sus propios errores y trata de reflotar estas cuestiones”.

En este sentido, recordó que el 10 de diciembre del año 2007 “hicimos un procedimiento administrativo sobre la base de informes de profesionales de carrera, determinando los saldos de todas las cuentas públicas. No estamos hablando de papelitos, sino de plata contante y sonante, se hizo un arqueo y un documento depositado en la escribanía del gobierno”. Además, Agosto remarcó que “el gobierno que entraba solicitó una auditoría a la Auditoría General de la Nación, la auditoría dio lo mismo que habíamos determinado nosotros. En su momento, el mismo gobernador Binner dijo que recibía una provincia ordenada. Hay que dejar de cambiar el eje de la discusión”.

Consultado si el ministro de Gobierno estaba faltando a la verdad con estas declaraciones, Agosto respondió: “Claro que está mintiendo”.

En declaraciones a un programa televisivo rosarino, Bonfatti reveló que “se habla de un gran cuento que es el que dice que Obeid dejó mucho dinero, en realidad no dejó más que 100 millones”.

La respuesta justicialista

Frente a esto, el ex ministro de Hacienda apreció que “la incapacidad para gestionar hace que este gobierno, que está sin rumbo, busque centros para polemizar en lugar de plantear las verdaderas realizaciones de la gestión”.

A la polémica se sumaron inmediatamente los diputados provinciales justicialistas Mario Lacava y Silvina Frana, quienes recordaron que la auditoría pedida por Binner fue la que afirmó que en 2007 “había 1.650 millones en la caja provincial. Cuando Binner asumió solicitó una auditoría sobre el estado de las cuentas públicas de la provincia. Esta auditoría informó que había en cuentas corrientes y plazos fijos 1.650 millones de pesos, y el propio ministro (Angel) Sciara reconoció días después que 450 millones de pesos de los dejados en caja eran de libre disponibilidad”.

¿Qué pasó con la plata?

“Que Bonfatti pretenda ahora negar lo afirmado por la auditoría que su propio gobierno solicitó, habla a las claras del desconcierto que reina hoy en el gobierno socialista a la hora de explicar qué hicieron con toda esa plata y con la mucha que recaudaron durante su gobierno. En el 2008 recaudaron 40% mas que lo recaudado en el 2007 y en el 2009 el 20% mas que el año anterior. No obstante esa importante recaudación, gastaron más de lo que recaudaron y a fin del año pasado anunciaron que el rojo provincial ascendía a 1.200 millones de pesos, lo que es difícil de explicar”.

Las afirmaciones del funcionario socialista parecen haber actuado como disparador de una gran pelea política. En ese marco, Lacava y Frana concluyen: “Bonfatti inició su campaña electoral mintiendo, porque está convencido de que puede cambiar la realidad con maquillajes y maquetas y disimular la inacción y parálisis de su gobierno con operaciones mediáticas y títulos en los diarios”.

Con información de La Capital

El rojo de la actividad agropecuaria roza los $ 1.000 millones en el norte de la provincia.
Productores autoconvocados al borde del quebranto reclaman un salvataje financiero. A esta altura y con las actuales tasas advierten que cualquier ayuda crediticia es impagable. Como amargo contraste, calculan en 1.500 millones de pesos los aportes en retenciones de esta región a las arcas nacionales.

El sombrío panorama en ciernes sobre la actividad agropecuaria que motoriza gran parte de la economía regional del norte provincial fue alertado de manera contundente por productores del área en un informe que muestra el millonario pasivo que afrontan.

La deudas estimadas en concepto de insumos agrícolas en las últimas campañas, sumadas a los costos de estructura, del sistema financiero, más el pasivo del sector ganadero, ascienden a 600 millones de pesos. Pero trepa a 1.000 millones, si se asientan obligaciones contraídas por compra de maquinarias agrícolas, reparaciones y otras inversiones, aparte de las que se contrajeron muchos años atrás y que no se pudieron cancelar.

Este enorme rojo está integrado por atrasos financieros con entidades bancarias, cooperativas, mutuales, proveedores de insumos y prestadores de servicios; y contempla la formidable suma de dinero en concepto de intereses que éstas generan.

El documento indica que la actual realidad tiene su origen en “malas políticas agropecuarias implementadas en estos tiempos”, como en “las adversidades climáticas que asolaron esta región del norte”. Asimismo, agrega que la mayor parte del endeudamiento corresponde a siembras malogradas durante los últimos años y rindes paupérrimos.

Estas pérdidas alcanzan a los últimos tres años de la agricultura y la ganadería. En la mayoría de los casos “se perdieron las dos últimas cosechas de girasol, de soja, maíz, trigo, algodón, sorgo, caña de azúcar; la recolección de miel, de cítricos y de hortalizas. La actual de soja se sembró fuera de época y no toda el área prevista”, expresa el trabajo.

En este sentido, precisa que la ganadería se “destruyó por decisiones absurdas de un gobierno equivocado”. A eso debemos sumarle la sequía más prolongada que se tenga memoria y, “por si algo faltaba, se desataron devastadoras lluvias a fin del año 2009 que complicaron más aún la situación. Del stock ganadero, entre mortandad y ventas forzadas, se perdieron alrededor de 600.000 cabezas, achicándose notablemente los rodeos”.

Transferencia de recursos

El apunte evidencia también el malestar porque “en los últimos seis años se transfirieron al Estado Nacional en concepto de retenciones alrededor de $ 1.500 millones. Trabajamos para las arcas del gobierno, degradando nuestro capital de trabajo material y humano. Y, si a esto le sumamos el impuesto a los débitos y créditos bancarios, ganancias, IVA, bienes personales, las cifras son colosales”.

En tanto, los productores también posan su visión crítica sobre el costo financiero del dinero, al que consideran “demasiado oneroso para el riesgo que conlleva la actividad agropecuaria”.

Al respecto, observan que se trabaja con tasas promedio del 20 % anual que tornan inviable la actividad. “Los intereses absorben las utilidades y corroen el capital. En estos últimos años, se pagaron extraordinarias sumas de dinero en este concepto, que van en detrimento de la actividad y que empobrecieron la región”, disparan.

Para graficar esta situación, describen que sobre una deuda cercana a los 1.000 millones de pesos, a una tasa del 20 % promedio, “nos da la friolera suma de alrededor de 200 millones de pesos anuales que hay que cancelar sólo por intereses. De esta forma, la actividad se torna inviable si no se toman medidas acordes a esta situación”.

Este pedido puntual se fundamenta en el advenimiento de una nueva campaña que encuentra al 70% de los productores sin capacidad financiera para continuar produciendo, y al 90% de los productores medianos y chicos, sin asistencia. El precio de insumos, más el costo de estructura y financiero para estas nuevas siembras, asciende a más de 200 millones de pesos.

Consecuencias

El impacto de esta crisis se siente también en el desempleo rural y en el éxodo que se está produciendo hacia las ciudades. De un total de casi 30.000 trabajadores, en la última campaña quedaron fuera del sistema 4.900.

Refinanciación

Para poder salir de esta situación agobiante es preciso “aplicar un plan de refinanciación a 10 años de plazo con 2 de gracia, franquicia que es necesaria para no perder el capital de trabajo y seguir produciendo; y, luego, amortizarlas en tiempo y forma”, reclama el sector.

Como opciones, se propone una tasa de interés diferencial que no supere el 6 % anual para amortizar adecuadamente las deudas; para aquellas contraídas con el Banco Nación, buscar mecanismos de refinanciación en los plazos mencionados anteriormente.

Además de gestionar préstamos en los fondos que posee la Anses con vencimientos en los mismos plazos. Otras alternativas que consideran apropiadas son el uso de de los fondos de la Ley de Emergencia Agropecuaria sancionada el año pasado, la emisión de bonos y la implementación de fideicomisos.

Con información de El Litoral

El representante del ENAPRO aseguró que la propuesta del diputado provincial Raúl Lamberto tiene la intención de “cerrar el puerto” de Rosario

Sin embargo, el legislador aclaró que “lejos está en mi intención cerrar el puerto”. El Socialista planteó que el puerto se extienda hacia el sur y que la parte céntrica sea destinada para el mega proyecto cultural.

El representante del Ente Administrador del Puerto de Rosario (ENAPRO), Pablo Ferrés Sayazo, y el diputado provincial del Frente Progresista Cívico y Social, Raul Lamberto, protagonizaron un nuevo cruce en torno a la construcción del Puerto de la Música en terrenos portuarios de la ciudad de Rosario.

En esta oportunidad, el legislador Socialista propuso que la actividad portuaria se extienda hacia el sur de la ciudad rosarina y que los terrenos del puerto ubicados en la zona céntrica sean destinado para la concreción del mega proyecto cultural y musical. Ante este planteo, Ferrés sostuvo que Lamberto propone “directamente cerrar el puerto”.

“El diputado Lamberto no debe estar bien informado, porque lo que él propone es directamente cerrar el puerto. Hasta ahora nadie me dijo de cerrar el puerto. Hablé con funcionarios del Gobierno y les dije que me parecía que había riesgo de que se quisiera seguir avanzando sobre terrenos portuarios y me dijeron que no era así” declaró el titular del ENAPRO.

Además, Ferrés Sayazo agregó que “lo que dice Lamberto es un plan de hace 20 años. Hace 20 años el puerto era una realidad diferente de lo que hoy es y lo que pude llegar a ser”.

A su turno, el diputado del FPCyS explicó que “el Plan Director empezó se planteó extender el puerto de 27 de Febrero al sur. Para nada nosotros se ha hecho incompatible el puerto con la ciudad, pero si nos parece que debe tener una ubicación donde el puerto sea puerto y el desarrollo urbanístico tenga su independencia”.

“En función de eso, nos parece que se afectó en su momento las hectáreas para la construcción del Puerto de la Música. La idea era liberar zonas del puerto que están muy cerca del centro de la ciudad para que sean áreas recreativas culturales y que el puerto se extienda para el sur de la ciudad” añadió el legislador.

Sobre el planteo de Ferrés que con la instalación del Puerto de la Música se perdía un 40% de la actividad del puerto y que ni iba a ser fácil recuperarla, Raul Lamberto respondió que Ferres “estaba en perfecto conocimiento de la decisión del Gobierno de la provincia de liberar una zona para construir el Puerto de la Música” cuando asumió en su cargo.

En el mismo sentido, dejó en claro que “es necesario que el puerto funcione, que sea operativo y ese es el plan que tiene asignado el Ente Portuario. Apostamos a un puerto activo, un puerto productivo, pero nos parece que es adecuado que un puerto donde se toca el centro de la ciudad es incompatible para el futuro de la ciudad de Rosario”.

Por último, uno de los presidentes del Bloque de Diputados oficialista señaló que “lejos está en mi intención -y la de este Gobierno- de cerrar el puerto. El puerto debe ser operativo, debe funcionar. Ha habido inconvenientes y hay que tratar de solucionarlos. Lo importante es debatir cómo se hace compatible una obra importante para la ciudad con la actividad productiva del puerto”.

Con información de On24

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Hermitage S.A.”, declaró que que su aplicación no respeta el principio de razonabilidad.

Este impuesto, vigente desde el año 1998, grava a la alícuota del 1% el total de los activos que posee todo tipo de empresa y cualquiera sea la actividad que desarrolle, independientemente de los pasivos que posea.

Conforme a la ley de su creación, la tenencia de activos por un importe superior a los $ 200.000.-, permite presumir que se está en condiciones de obtener utilidades por las cuales debería abonarse el Impuesto a las Ganancias y, por ello, aunque las mismas efectivamente no se obtengan, se aplica un impuesto equivalente al 1 % de dichos activos.

Se pretende captar así, la capacidad contributiva de una renta mínima cuya existencia el legislador presumió en términos absolutos, con abstracción de que dicha renta efectivamente se haya generado, sin aceptar la posibilidad de demostrar lo contrario.

Empresas deficitarias

En tales circunstancias, quedan alcanzadas por el tributo empresas que generan pérdidas, están concursadas, en quiebra o, directamente, sujetos tributarios que nunca las obtendrán como, por ejemplo, fideicomisos de construcción al costo o fideicomisos de garantía.

En la presente causa, la Corte recuerda que si bien están admitidas las presunciones en materia tributaria, ellas deben aplicarse sólo en circunstancias excepcionales que lo justifiquen, porque pueden vulnerarse principios básicos de la tributación como el de capacidad contributiva.

En base a una pericia contable que comprobó que los balances de la empresa arrojaban pérdidas, se pudo demostrar que aquella utilidad que la ley presume, en este caso no existió. La Cámara Federal, a su turno y en la misma causa, había destacado la marcada desconexión entre el hecho imponible previsto en este impuesto y su base imponible, en tanto se grava la capacidad contributiva presunta considerando a tal efecto sólo el valor de los activos del sujeto, sin tener en cuenta la existencia de pasivos.

Celebramos esta sentencia de nuestro Máximo Tribunal que pone coto a una de las situaciones más injustas en materia tributaria, como lo es ingresar un impuesto sobre una presunción de ganancias inexistentes.

Si bien esta declaración de inconstitucionalidad tiene validez sólo para quien llevó adelante la acción y para el caso planteado, sin duda, abre el camino a una innumerable cantidad de reclamos de repetición que seguramente iniciarán quienes, sin obtener utilidades o sin ni siquiera estar en condiciones de obtenerla, han abonado este impuesto.

Con información de On 24

El inicio de los trámites para el nuevo DNI no pudo efectuarse como estaba previsto por problemas en la logística del operativo.

Esta mañana se produjeron demoras en el inicio de la tramitación de los nuevos DNI. Si bien estaba prevista una forma ágil de acceder al documento en 14 puestos distribuidos por la ciudad, la falta de habilitación en una clave de seguridad impidió la puesta en marcha del operativo.

Esto generó malestar en las personas que desde temprano se habían acercado a los centros de atención, ubicados en los centros municipales de distrito Centro (Wheelwright 1486), Norte (Warnes 1917) y Sudoeste (Francia 4435) y en las oficinas del Registro Civil de Salta 2752.

Desde temprano, muchos rosarinos se acercaron a los 14 lugares apostados en la ciudad para tramitar los DNI con mayor celeridad.

“La provincia tenía que enviar una serie de datos para que se habilitara la digitalización de los datos de las personas que se van a hacer el DNI con el nuevo sistema, lo que implica que para acceder a este sistema la gente tenía que tener un usuario y clave”, conto la concejal Norma López. Pero como el Registro Civil omitió este procedimiento, no se pudo iniciar el operativo previsto, describió la edil. De esta manera, cuando la gente empezó a hacer las colas esta mañana se encontró con que no le habían habilitado los usuarios.

En el transcurso de la mañana la provincia espera subsanar este error para poner en marcha con normalidad este servicio. De todas maneras, anticiparon que en pocos días más darán a conocer un 0800 que permitirá pedir turnos telefónicos para iniciar los trámites, evitando así las largas colas frente a los Centros de Distrito.

Con información de La Capital

Por falta de pago al personal contratado, los hospitales provinciales de Rosario y Granadero Baigorria atienden solo urgencias y emergencias.

El paro comenzó esta mañana. En diálogo con LT8, la delegada de los empleados del Hospital Provincial, Mirta Ledesma, sostuvo que funcionan “sólo guardias mínimas”.

Si bien existen promesas de que en el transcurso de la mañana se efectivice el pago, la delegada confirmó que el paro no se levantará “hasta que no cobre la última persona contratada”.

Según datos del gremio, son cerca de 500 las personas que se encuentran en esta situación laboral, quienes hace tres meses que no perciben su salario.
La medida de fuerza afecta a los hospitales Centenario y Provincial, de Rosario, y al Eva Perón de Granadero Baigorria.

Con información de La Capital