Al caer los precios de la exportación de aceite, bajaron los ingresos al fisco. En los primeros 7 meses de 2010 esas retenciones representaban el 52% del total recaudado.

Durante los primeros siete meses de 2010 el complejo soja aportó al fisco 3.362,3 millones de dólares en materia de derechos de exportación. Dicho monto llevado a moneda local representa unos 13.111 millones de pesos y nada menos que el 52% del total recaudado por retenciones hasta el pasado 31 de julio.

Pero siguiendo los datos publicados ayer por el INDEC sobre comercio exterior queda claro el espectacular aporte realizado este año por las ventas externas de poroto de soja que en materia de retenciones crecieron un 158% sobre el nivel registrado entre enero y julio de 2009.

Más aun, el espectacular comportamiento del cultivo y la agroindustria asociada a la oleaginosa, incluido el biodiesel, totalizó ventas al mundo por 10.446 millones de dólares. Estas exportaciones representaron este año el 27% del total del valor exportado al mundo desde la Argentina.

Pero mientras las exportaciones de poroto aumentaron en valor en más de 2.000 millones de dólares, las exportaciones de sus derivados como harina y pellets estuvieron por debajo de las ventas realizadas el año pasado, con unos 550 millones de dólares.

En cambio el valor del aceite de soja exportado en 2009 que alcanzó los 2.067 millones de dólares, fue similar a los 2.043 millones vendidos en el año en curso, a pesar de las complicaciones que hubo por las colocaciones a China.

Pero si se mira el vaso medio lleno, podría decirse que este año las exportaciones de aceite también fueron más voluminosas si se computa el producto que se embarcó como biodiesel, y que totaliza en siete meses 674 millones de dólares, un 58% más que el año anterior.

Entre todos estos productos sumaron retenciones que representan más de la mitad de los 25.204 millones de pesos que recaudó la AFIP en los puertos por derechos de exportación.

En total las exportaciones argentinas sumaron en siete meses 38.298 millones de dólares, de las cuales 9.560 millones correspondieron al sector primario. Ello significó una suba interanual del 19% en las exportaciones totales, y del 58% en las exportaciones fundamentalmente provenientes del campo.

Con información de Punto Biz

La presidente Cristina Fernández de Kirchner acusó a los diarios de apropiarse ilegalmente de Papel Prensa y anunció que irá a la Justicia.

Con un discurso que duró 72 minutos y por cadena nacional, la mandataria se dirigió a los diarios Clarín y LA NACION por supuesta “apropiación ilegal” de la empresa Papel Prensa, anunció que el Estado se presentará ante la Justicia para que investigue la operación de compraventa, aunque no aportó elementos probatorios concretos que vincularan esa transacción con las amenazas, torturas o delitos de lesa humanidad.

La presentación judicial será formulada en las próximas horas por el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.

Ante más de 1500 invitados y notorias ausencias de empresarios, la Presidenta anunció además que presentará ante el Congreso, aunque no tiene mayoría propia en ninguna cámara, un proyecto de ley para controlar la producción, distribución y comercialización de papel para diarios y a la vez declararla “de interés público”. La directora del Estado en Papel Prensa, Beatriz Paglieri, dijo a LA NACION que no se contempla la estatización de la empresa. “El Estado nunca tuvo en cuenta la estatización ni la expropiación. En ninguna reunión se trató y lo aclaré muchas veces”, dijo.

El informe de 300 páginas, que no fue entregado a la prensa, fue elaborado por una comisión a cargo del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, jefe político de Paglieri, que intervino en Papel Prensa, con serias amenazas a sus directores del sector privado. La funcionaria señaló que “ahora se presentarán todas las pruebas, de 27.000 fojas, a la Justicia y ella deberá determinar qué hacer, si hay delitos y tipificarlos”.

En el Salón de los Patriotas, hubo tres oradores: la Presidenta, Paglieri y el representante estatal del consejo de vigilancia en Papel Prensa, Alberto González Arzac. “Hay probanzas irrefutables de la apropiación ilegal de la empresa por parte de los actuales controlantes del sector privado”, dijo González Arzac.

Sin embargo, en todos los discursos se hizo un repaso de la época, de los diarios, y se mencionaron secuestros y torturas sufridos por Lidia Papaleo y por los familiares de su esposo, David Graiver, fallecido el 7 de agosto de 1976. Pero no se dieron elementos que probaran que la propia venta de Papel Prensa por parte de Lidia Papaleo a Clarín, LA NACION y La Razón estuviera vinculada con torturas o delitos de lesa humanidad.

Consultada sobre este punto, Paglieri dijo que “están todos en el expediente y son muchísimos”. Pero no los reveló. “Yo creo que fueron mencionados. Pero hay oídos que no pueden oír”, dijo. Ante la misma pregunta, el ministro de Economía, Amado Boudou, indicó a este diario: “Para mí son muchísimos elementos. El clima que había en ese momento?”.

Papel Prensa fue comprada por Clarín , LA NACION y La Razón el 2 de noviembre de 1976 a Lidia Papaleo, que fue secuestrada y torturada cinco meses más tarde, en 1977, y nunca denunció haber sido coaccionada para realizar la transacción. En la actualidad, la empresa suministra papel a 170 diarios del país y está compuesta por Clarín, con 49% de las acciones; LA NACION, con 22,5%, y el Estado, con 27,5%.

Ausencias empresarias

Héctor Méndez, N° 1 de la Unión Industrial Argentina (UIA), la cámara más importante del país, desoyó las convocatorias del gobierno y no asistió al anuncio. A la negativa se sumaron la alimentaria Copal, que conduce Daniel Funes de Rioja, y otros dirigentes como Carlos Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción, y Adelmo Gabbi, de la Bolsa, que envió al acto al secretario técnico y a la secretaria legal.

La réplica de los accionistas

Frente a las acusaciones formuladas en la Casa de Gobierno, los accionistas privados de Papel Prensa ratifican que:

•    La compra de Papel Prensa, concretada 34 años atrás por parte de los diarios Clarín, LA NACION y La Razón, fue efectuada de manera absolutamente legítima.

•    La compra de las acciones de Papel Prensa tuvo lugar el 2 de noviembre de 1976 y se le dio amplia publicidad en los diarios de todo el país.

•    Los integrantes del Grupo Graiver, vendedores de la empresa, fueron secuestrados y detenidos al año siguiente de la venta, por imputaciones totalmente ajenas a Papel Prensa y su compra parte de los diarios.

Situación de los Graiver

Al momento de vender, los Graiver estaban libres, no habían sido secuestrados, torturados ni amenazados por la dictadura. Así surge de las causas judiciales en las que declararon en democracia, en las que relataron los vejámenes a los que fueron sometidos durante su secuestro e identificaron a sus responsables.

Los Graiver decidieron vender esa empresa, así como otros importantes activos de su propiedad, para cancelar cuantiosas deudas que tenían. Así lo declararon en la Justicia, en democracia. La operación fue calificada por el diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, padre del actual canciller, como “ventajosa para los Graiver”.

Las acciones de la sucesión Graiver, reiteradamente mencionadas por la presidente, nunca fueron adquiridas por los diarios, que desistieron de dicha operación ante la indefinición del juez de la sucesión, que debía aprobarla. Dichas acciones pasaron al Estado Nacional, como otros bienes de los Graiver, y hoy son parte del paquete accionario con el que el Estado vota en la empresa.

El caso Graiver ya fue investigado en democracia por el Juez Miguel Pons y la Cámara Federal, en este caso luego de la condena a las Juntas Militares. La Justicia no encontró vínculo alguno entre la detención de los Graiver y la venta de Papel Prensa. La transacción también fue investigada, en democracia, por el fiscal Ricardo Molinas, quien tampoco encontró irregularidades en la compra por parte de los diarios.

Los diarios del interior del país desarrollaron en la misma época otro proyecto papelero, Papel del Tucumán, que luego fue adquirido sucesivamente por los grupos Bulgheroni y Pierri. Esta empresa hoy no produce papel para diarios por su baja rentabilidad. Si lo hiciera, como estaba previsto, el mercado más que se autoabastecería de productos nacionales.

Papel Prensa es una empresa privada, una sociedad anónima regida por la ley de sociedades comerciales, que siempre cumplió la ley. En este contexto sorprende que un convenio de sindicación entre socios, habitual en muchas empresas, intente ser presentado como algo irregular.

La empresa abastece a más de 170 diarios de todo el país, sin discriminar por tamaño, ubicación o línea editorial.

Competencia

Es falso que el abastecimiento de papel en la Argentina sea un monopolio. Muy por el contrario, el papel es commodity, y además es uno de los pocos productos que se importan sin ningún tipo de restricciones ni aranceles. Papel Prensa compite como pocas industrias lo hacen en la Argentina, sin ningún tipo de protección frente a los productos importados. Hay abundante presencia en el mercado de productores del exterior. Las exportaciones de nuestro vecino Chile triplican las importaciones de Argentina. También operan proveedores de lugares tan diversos como Canadá, Finlandia, Rusia, Estados Unidos y Suecia, entre otros.

De hecho, muchos de los diarios argentinos vienen comprando papel importado más barato que el de Papel Prensa.

Papel Prensa ha reinvertido constantemente sus utilidades desde su puesta en marcha, pasando de una producción anual de 105 mil toneladas a una de 175 mil toneladas.

Información disponible

Es falso que Papel Prensa oculte información. Más aún, en los últimos meses ha puesto a disposición de los directores estatales más de 30 mil fojas de documentos, muchas de las cuales ni siquiera fueron retiradas. La designación de un coadministrador judicial fue consecuencia de dos resoluciones arbitrarias de la Comisión Nacional de Valores que han sido declaradas nulas por la Cámara Comercial, la última de ellas ayer. Previamente, el coadministrador judicial presentó su renuncia debido a las intimidaciones y coacciones del secretario Guillermo Moreno.

La puesta en escena de la Casa Rosada confirma la intención del Gobierno Nacional de criminalizar a los accionistas de Papel Prensa apelando a innumerables mentiras, hechos que no ocurrieron, manipulación de testigos y tergiversaciones de la historia, bastardeando en el camino la causa de los derechos humanos.

El falaz informe encomendado nada menos que a los funcionarios que destruyeron el INDEC y presentado por la Presidenta, confirma la vocación de estigmatizar a medios, editores y periodistas no adictos. Del mismo modo, el proyecto de ley anunciado aparece como un nuevo riesgo de intervención estatal en el mercado de los medios gráficos.

Este no es sólo un ataque a los accionistas de Papel Prensa. El abuso manifiesto del Estado para perseguir injustamente a medios y directivos de empresas periodísticas es una clara muestra de autoritarismo y una amenaza a la libertad de expresión y el resto de las libertades individuales.

Con información de Punto Biz y La Nación

Los principales bloques de la oposición al kirchnerismo de la Cámara baja concretaron la presentación de un proyecto de ley para que se deje sin efecto la Resolución de la Secretaría de Comunicaciones por la cual se declaró la caducidad de la licencia de Fibertel, se informó hoy.

La presentación del proyecto, que lleva las firmas de Federico Pinedo (PRO), Oscar Aguad (UCR), Ricardo Gil Lavedra (UCR), Elisa Carrió (CC), Patricia Bullrich (CC) y Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), se produjo a última hora de anoche, confirmaron fuentes parlamentarias.

En los fundamentos del proyecto de ley impulsado para dejar sin efecto la caducidad de la licencia de Fibertel, se advierte que “el Poder Ejecutivo Nacional ha decidido utilizar todos los organismos del Estado Nacional que le permitan someter a su merced o a la de sus jefes políticos, la fortuna, el honor y esperamos que no la vida, de personas que no concuerdan en todo con el punto de vista del gobierno y tienen la osadía de publicarlo en medios de difusión”.

El texto, elaborado por Pinedo, considera que “el último acto de la guerra personal y pública de quienes ejercen el poder político ejecutivo contra un grupo económico con intereses en medios de comunicación masivos, ha sido la Resolución SC Nº 100/2010, por la que se caduca, con efecto retroactivo y sin otorgar derecho a defensa, la licencia para prestar servicios de telecomunicaciones a una empresa de dicho grupo”.

Al respecto, agrega que “la Administración no sólo se ha permitido vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa de personas argentinas, sino que pretende generar un daño irreparable a su propiedad, limita la facultad de más de un millón de usuarios a la libre elección del prestador de sus servicios”.

Las cartas en la manga de Clarín ante la baja de Fibertel

El titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Ceferino Namuncurá, señaló que desde el Estado “vamos a seguir a las empresas que están dentro del sector para que cumplan con la reglamentación y para que no cometan abusos”. En ese sentido, anticipó que las empresas que reemplacen a Fibertel no podrán cobrar la conexión y el módem a los usuarios que dejen la compañía. De todos modos, admitió que Cablevisión podría usar las mismas instalaciones de Fibertel y brindar el servicio bajo otra marca.

Según trascendió, esa estrategia estaría en los planes del grupo Clarín, aunque primero intentarán sostener a Fibertel por vía judicial.

En declaraciones al programa A diario, que conduce alberto Lotuf en Radio 2, adelantó además que el Estado tomará mayor protagonismo en la provisión de internet inalámbrica.

En ese sentido, sostuvo que “va a haber una participación más importante del Estado de aquí en más”.

“Obviamente que migrar un millón de usuarios no es una tarea sencilla. Se estableció un plazo, entendimos que había que hacer un seguimiento sobre cómo iba marchando la migración, y si es necesario, se redefinirá el plazo”, afirmó Namuncurá.

El funcionario dijo que “tenemos una expectativa importante en los medianos y pequeños operadores, que dan servicios de excelencia y mejores que las grandes empresas”.

Namuncurá consideró que “el mapa actual de distribución va a ir cambiando no solamente por esta medida, sino porque hay empresas que están haciendo despliegue de redes y van a ser proveedores de segmentos más importantes de los que tienen actualmente”.

Interpelación a De Vido

El bloque GEN, que preside Margarita Stolbizer, está juntando firmas para presentar un proyecto de Resolución en la que pedirá la interpelación del ministro de Planificación, Julio De Vido, para que explique las razones para decretar la caducidad de la empresa prestadora del servicio de Internet.

Con información de Punto Biz

En el Primer Congreso Portuario hubo fuertes críticas por la carencia  de obras de infraestructura vial. Los empresarios locales, funcionarios y especialistas en economía debatieron ideas sobre el futuro de la actividad marítima.

Organizado por la Cámara de Actividades Portuarias y marítimas de San Lorenzo, se llevó a cabo el 1º Congreso Anual denominado: “El campo, la ciudad y el Puerto” que contó con la presencia de empresarios del sector marítimo y funcionarios regionales.

Con este congreso como debut, la cámara organizadora que tiene 30 empresas asociadas, tiene la aspiración de entrar en el escenario de debate público en los temas que interesan a las agencias marítimas, lancheras, de estibaje y empresas de transporte fluvial de cargas.

Puertos e infraestructura

“El objetivo del congreso fue generar un ámbito de debate para analizar la zona con gente que conoce el puerto y que la discusión pase por acá donde están los puertos” señaló Martín Maggiori, gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y marítimas”

Los temas de discusión incluyeron la importancia de los puertos y la necesidad de obras de infraestructura inmediatas, la evolución y crecimiento de los puertos del Gran Rosario, control de seguridad y tráfico de buques, comercialización de granos entre otros temas

Desde la institución empresarial destacaron haber sido incluidos dentro del Consejo Consultivo Aduanero, recientemente creado con el objetivo de discutir temáticas aduaneras.

Atraso en la construcción

“Estamos en una excelente posición comparados con el resto del mundo; aquí en San Lorenzo existe la mejor tecnología de cargas, estamos muy avanzados en la actividad sobre el río con el dragado del Paraná y la hidrovía, pero el problema es la estructura de las rutas que no acompañan, no van a la par, se cargan más barcos y camiones, se tapona el tránsito y no avanzamos”,  explicó Maggiori.

La crítica sobre la falta de obras de infraestructura vial en la región fue parte del discurso común de todos los sectores intervinientes en el debate. “Ya se tendrían que haber hecho las obras y accesos, no puede ser que tengamos q escuchar por radio por donde entramos, lo mismo que el plan circunvalar, se torna imposible pensar sin estas obras” concluyeron los empresarios”, dijo.

Entre los disertantes estuvieron los intendentes Carlos de Grandis y Leonardo Raimundo de Puerto San Martín y San Lorenzo respectivamente, las Cámaras de Comercio de San Lorenzo y Puerto San Martín y la Unión de Comerciantes de San Lorenzo.

El debate estuvo dividido en tres módulos, el campo, la ciudad y el puerto en los cuales se destacaron las disertaciones de Pablo Ferrés de Enapro, Rogelio Pontón, Director de información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio, Dante Romano y Salvador Distéfano de la Fundación Libertad, entre otros.

Con información de Punto Biz

Trabajo ya dictó la conciliación obligatoria y se levantó el paro, pero la medida de fuerza de los camioneros afectó también a los proveedores y las PyMEs santafesinas que vieron cortada su cadena de pagos.

La conciliación obligatoria dictada ayer por el ministerio de Trabajo echa paños fríos en el conflicto que desde hace varios días venía manteniendo el gremio de los camioneros con Siderar, impidiendo la entrada y salida de camiones en las cinco plantas que la acería del grupo Techint tiene en el país.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria durante 15 días hábiles en el conflicto entre el gremio de camioneros y la empresa siderúrgica Siderar SA, cinco de cuyas plantas permanecieron bloquedas por la entidad sindical. El ministro Carlos Tomada, quien se comunicó por teléfono con el líder de los camioneros Hugo Moyano y los ejecutivos de la empresa metalúrgica para hacerles conocer la decisión.

La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, firmó la resolución 1191 de la cartera, que obliga a las partes a retrotraer el conflicto al inicio de la crisis, de acuerdo con lo que fija la Ley 14.786.

La medida lleva tranquilidad a varias industrias -entre ellas GM- que ya habían anunciado un freno en su producción por falta de insumos básicos, aunque en el caso de algunas pymes santafesinas, los problemas ocasionados por el bloqueo que ayer cumplió una semana, no se solucionarán de la noche a la mañana.

Problema para los proveedores

Tal es el caso de Fundición San Diego, la firma que pertenece al titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM), Miguel Conde. “Todos hablan de las automotrices, las fábircas de autopartes o las de línea blanca, pero nadie dice nada de los proveedores de Siderar. Yo soy proveedor, estuve 10 días sin entregar y se me cortó la cadena de pagos”, advirtió el empresario y resaltó: “Tengo 100 empleados y esto me genera un gran problema”.

Según Conde, la medida de los sindicalistas -que reclaman el pago de diferencias salariales y denuncian irregularidades en los empleos de las compañías proveedoras de servicios a la empresa- le impidió facturar un 30% de la producción, además de lo que les significó el parate en materia de almacenamiento de las piezas que quedaban sin entregar.

Malestar de las PyMEs

El dirigente estuvo reunido antenoche con otros industriales de la región, quienes le manifestaron situaciones similares. “Saquemos del medio a las empresas más grandes que pudieron seguir trabajando porque tienen stock. Yo que tengo mi PyME no puedo entregar porque a alguien se le ocurre que tiene la potestad de impedirlo. Esto es una cuestión penal, no laboral, y el gobierno debería haber actuado con más celeridad”, opinó.

Anoche a última hora todavía se estaba discutiendo, en una reunión de la que participaban todas las partes involucradas, si los sindicalistas iban a levantar el bloqueo, pese a que ya estaba dictada la conciliación.

Con información de Punto Biz

El bloqueo que impuso el Sindicato de Camioneros, liderado por la familia Moyano, contra Siderar se agrava, y desde la industria automotriz advierten que ” en una semana se acaba el stock”.

Crece el malestar con los sindicatos y advierten que tras el fracaso de la negociación, se advierte que en las próximas horas dejaría de funcionar la planta de San Nicolás.

En las próximas 30 horas podría dejar de funcionar el alto horno de la planta siderúrgica de San Nicolás, la más importante de los cinco establecimientos industriales de la empresa Siderar, que desde hace una semana se encuentran paralizados por un bloqueo que llevan adelante integrantes del Sindicato de Camioneros.

Efecto en las automotrices

La falta de acero obligó a las automotrices a comenzar a detener, a partir de hoy, líneas de producción. El bloqueo del sindicato puso en alerta a automotrices, autopartistas, fabricantes de envases, empresas de línea blanca y otros electrodomésticos y metalúrgicas en general, que ya ” se quedaron sin stock de chapas de acero y podrían tener que parar sus líneas de producción en las próximas horas”.

“El bloqueo vigente afecta los derechos constitucionales al trabajo y a la circulación de bienes y servicios”, señaló la UIA, que calificó la medida de ” ilegal, ilegítima e inconducente”.

Por el momento, el sector más afectado es el automotriz que, por un lado, no recibe chapas para alimentar sus líneas de producción; y por el otro, tiene a la mayoría de sus proveedores a punto de dejar de operar.

Hasta el momento, frenaron sus actividades de forma total desde hace tres días las plantas situadas en Morón (Haedo), Florencio Varela y Ezeiza (Canning).

Fracaso de las negociaciones

Ayer por la tarde, funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, volvieron a intentar mediar en el conflicto, pero no pudieron encontrar una solución.

Aunque Tomada mantuvo conversaciones telefónicas con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y con su hijo Pablo, secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), las fuentes indicaron que “son los empresarios los que tienen que resolver el problema para efectivizar el blanqueo de los trabajadores”.

Continúa la medida de fuerza

Por eso, los camioneros continuarán hoy con los bloqueos en los portones de acceso a los cinco establecimientos industriales de Siderar. En tres de estas plantas, situadas en Morón (Haedo), Florencio Varela y Ezeiza (Canning), la protesta gremial derivó en la paralización total de los establecimientos industriales.

“Nosotros seguiremos con los bloqueos hasta que se resuelva el conflicto. La empresa es la que no entiende el planteo”, dijo Pablo Moyano, y anticipó que mañana podría haber otras medidas de fuerza.

Anoche, precisamente, Omar Viviani, secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), dijo que si Siderar no resuelve el problema que tiene con los camioneros mañana se reunirá con “su gente” para analizar la posibilidad de convocar a un paro general en apoyo a ese reclamo gremial.

Quejas de la Uocra

La medida de fuerza de los camioneros afecta seriamente la planta industrial de San Nicolás, donde trabajan más de 5000 empleados y funciona el alto horno industrial. En aquella ciudad, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) local, Carlos Romero, se quejó porque a su entender el bloqueo de los camioneros podría perjudicar a los trabajadores enrolados en ese gremio.

“Si esto continúa y no se resuelve en el Ministerio de Trabajo, quedarán 1000 compañeros [afiliados a la Uocra] en la calle”, dijo Romero en declaraciones a la prensa.

Amenaza ambiental

Según el dirigente, la medida podría generar una tragedia ecológica. “Los compañeros no tienen en cuenta que hay que volcar el coque [combustible para los hornos] en el piso, podrían hacer un reclamo judicial o de otro tipo, y no tienen por qué poner en riesgo a la ciudad de San Nicolás y a toda la zona”, comentó Romero. Por su parte, Julio Cabaley, secretario general de la seccional del Sichoca de San Nicolás, intentó ponerle un paño frío a la interna sindical y aseguró que no hay diferencias gremiales con la Uocra.

Ayer, el director general de Ternium Siderar, Martín Berardi, dijo que en San Nicolás se están haciendo “enormes esfuerzos para mantener lo que llamamos el proceso aguas arriba y altos hornos, que son procesos mucho más delicados de parar, y obviamente con el bloqueo es muy difícil seguir metiendo los insumos críticos, pero hasta ahora de a poquito lo hemos ido logrando. Es una situación muy tensa y muy complicada”. El empresario aseguró que harán todo lo posible para que las plantas industriales de San Nicolás y de La Plata no dejen de funcionar.

Con información de La Nación e Infobae

Los opositores impulsan una resolución en el Congreso en la que le advertirá que ya no podrá utilizar para la gestión las más de 200 leyes con facultades legislativas vigentes, ya que éstas caducan hoy y no habrá una nueva prórroga, si bien hasta que el Congreso dicte otras leyes, seguirán en vigencia las disposiciones del Ejecutivo.

Con este proyecto de resolución, la oposición pretende dejar explícito que a partir de hoy el Congreso asume todas las facultades que, de 1853 a 1994, le había delegado al Poder Ejecutivo.

La intención es que esta resolución prospere en ambas cámaras parlamentarias; para ello habrá hoy una reunión entre diputados y senadores de la oposición para acordar una estrategia común.

Las 30 leyes clave

De las 200 leyes con delegaciones legislativas vigentes, la oposición detectó una treintena de normas que resultan clave para la gestión. En el paquete figuran, por caso, la ley de abastecimiento -que utiliza el polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para condicionar a las empresas-; la de emergencia económica; la de reforma del Estado; el Código de Procedimiento Tributario; la de entidades financieras, y la más resonante, la del Código Aduanero, que fija los derechos de exportación e importación de innumerables productos, entre ellos los del agro.

La decisión de asumir plenamente todas estas facultades se terminó de definir ayer, durante una reunión en el despacho del diputado Ricardo Gil Lavedra (UCR). Allí, los diputados Graciela Camaño (bloque Peronista), Paula Bertol (Pro), Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), Mónica Fein (socialismo) y Gerardo Millman (Gen) debatieron sobre las consecuencias que podría provocar en la gestión el vacío jurídico que se generará con la caducidad de estas delegaciones legislativas.

Primó, al final, la línea más dura que alentaba Camaño: advertir al Poder Ejecutivo, vía resolución, que ya no podrá utilizar más esas delegaciones.

Asimismo, se propone crear por ley una comisión bicameral para adecuar toda la legislación con delegaciones a esta nueva premisa, es decir que el Congreso retomará las facultades.

Por su parte, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó ayer un nuevo proyecto de Código Aduanero, y también una propuesta para derogar la ley de abastecimiento, dos de las normas incluidas en el paquete con facultades delegadas.

Además, adelantó que presentará ante la Justicia una acción declarativa de certeza para que se expida sobre la suerte de las delegaciones legislativas.

Retenciones

Entre las atribuciones que el Congreso le había cedido al Poder Ejecutivo figura la de fijar las retenciones al campo. Como esa facultad también caduca hoy, la oposición presentará hoy al menos dos dictámenes para dejar sin efecto las alícuotas vigentes.

Debate en comisión

La discusión se dará hoy en el plenario de las comisiones de Agricultura y de Economía, donde se espera un debate agitado por las diferencias que persisten entre los opositores.
Las posturas en pugna se sintetizan en dos. La UCR, en la voz del presidente de la Comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile (UCR), junto con el Peronismo Federal, Pro y Gen, propicia la rebaja a cero en las alícuotas de todos los cultivos (sorgo, girasol, trigo, productos de la economía regional) salvo la soja y el maíz. Este debate será crucial para la unidad de la Comisión de Enlace.

Así, las retenciones se rebajarían del 35 al 30% en el caso de la soja y del 20 al 10% en el caso del maíz. Para estos dos cultivos se aplicaría un esquema de segmentación, que rondaría las 500 toneladas en el caso de la soja y las 1200 toneladas para el maíz.

Por otro lado, el socialismo, Proyecto Sur, SI y un puñado de legisladores del radicalismo, encolumnados detrás de los agrodiputados Ulises Forte y Pedro Orsolini, proponen mantener como están las actuales alícuotas, aunque introducir un esquema de segmentación para los cinco cultivos: soja, maíz, trigo, sorgo y girasol, con un rápido cobro de las compensaciones vía AFIP.

Resistencia del oficialismo

El oficialismo sigue de cerca la puja entre los sectores opositores. Y no duda en meter su cuña: ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, les recordó que lo único que vencen son las facultades para fijar retenciones, pero entendió que para imponer un nuevo esquema de alícuotas es necesario aprobar una ley.

Para ello, es necesario reunir la mayoría, lo que hoy aparece difícil por las diferencias entre los diferentes bloques.

Con información de La Nación y La Capital

La Cámara Comercial revocó dos resoluciones de la Comisión Nacional de Valores con lo que la intervención judicial a la empresa pierde sustento.

Mientras esta tarde el Gobierno se apresta a presentar el informe “Papel Prensa, La Verdad” para controlar el suministro del principal insumo de los diarios, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dictó un fallo que deja sin sustento alguno la intervención judicial que solicitó el Gobierno en la empresa.

El fallo del tribunal de segunda instancia, que contraría una de las líneas de ataque que viene desarrollando el Poder Ejecutivo, fue dictado por los jueces de la Sala C de esa cámara, doctores Juan R. Garibotto, José Luis Monti y Alfredo A. Kölliker Frers.

El anuncio del gobierno

La presentación del informe, elaborado por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, estará a cargo de Beatriz Paglieri, directora en Papel Prensa por parte del Estado y colaboradora de Moreno en el Indec. El acto está previsto para las 18. Ayer se cambió el lugar: pasó del Salón Mujeres Argentinas a la Galería de los Patriotas, en la Casa Rosada.

Después de la presentación de Paglieri hablará la presidente Cristina Fernández de Kirchner. Se especulaba anoche con la posibilidad de que pidiera la cadena nacional para dar su mensaje.

Ayer, Paglieri anticipó en una entrevista con Radio Nacional que uno de los ejes del informe, que derivaría en una denuncia judicial que presentará el procurador Joaquín Da Rocha, jefe de los abogados del Estado en representación del Gobierno, será un repaso histórico, según la versión del kirchnerismo, sobre la compra de la papelera por parte de Clarín , LA NACION y La Razón .

Estrategia del Gobierno

Trascendió que se buscaría anular la operación de venta y se denunciaría a los accionistas actuales de la empresa de supuestos delitos de lesa humanidad en la compra de la compañía. Tal como había dejado trascender el Gobierno, Paglieri confirmó que se hará una denuncia judicial. “Cuando uno tiene como funcionario público un documento con estas conclusiones, debe elevarlo a la máxima autoridad y ésta lo eleva a la Justicia”, dijo la funcionaria.

Uno de los puntos que se conocieron sobre el informe del Gobierno es que se denunciará a los accionistas actuales de la empresa por supuestos delitos de lesa humanidad en la compra de la compañía. Además, anticipó que parte del informe denunciará a los accionistas de “gerenciar la empresa y ponerla a su servicio”, según sostuvo la funcionaria ayer.

Intervención sin fundamento

La acusación basada en la supuesta violación de los derechos humanos es la estrategia que comenzó a fogonear el Gobierno a medida que se hacía evidente el fracaso de la otra estrategia: la inexistencia de las supuestas irregularidades administrativas y comerciales que llevaron al Gobierno a pedir la intervención de la firma.

El 8 de marzo último, Papel Prensa fue intervenida a pedido de Moreno y de la Comisión Nacional de Valores, sobre la base de dos resoluciones -números 16.222 y 16.276- que dictó ese organismo.

El juez comercial Eduardo Malde, aunque no accedió a desplazar a los directores de los accionistas privados -los diarios Clarín y LA NACION-, sí nombró a un coadministrador y dispuso mantener la intervención “mientras no medie un pronunciamiento de la Cámara que nulifique las resoluciones 16.222 y 16.276 de la CNV en cuya presunción de legitimación se basa la cautelar (la intervención)”.

Esta situación es, precisamente, la que cambió, porque esas resoluciones de la CNV fueron declaradas nulas.

El fallo de la Cámara Comercial

En efecto, en junio último, la Sala C de la Cámara Comercial dispuso la nulidad de la primera de esas resoluciones (que pretendía dejar sin efecto una reunión de directorio del 4 de noviembre último). Y ayer, con los mismos fundamentos, dictó la nulidad de la segunda resolución (la CNV la había dictado para invalidar otra del 3 de febrero).

En un duro fallo, los jueces tuvieron por acreditado que Papel Prensa “vio afectado su derecho de defensa”, que “no medió posibilidad para que la sociedad pudiera ser oída” y que “resulta evidente que el trámite administrativo seguido por la CNV adolece de los mismos defectos que tuvo ocasión de evaluar el Tribunal en oportunidad de decidir la nulidad de la resolución 16.222″.

En ambos fallos, la cámara reprochó duramente a la CNV que obró fuera de su competencia, porque Papel Prensa no afectó el mercado de valores, y que también lo hizo con marcada desviación de poder.

Con información de La Nación

El puerto de Santa Fe se transformará en una terminal multipropósito y se esperan las ofertas de los inversores privados para la construcción de las nuevas instalaciones.

En la actualidad, la iniciativa se encuentra en la etapa de manifestación de interés por parte de inversores privados. Esta convocatoria prevé la calificación de los potenciales interesados, quienes de esta manera podrán participar del proceso de data room. Durante el mismo, se pondrá a disposición de los participantes la información del anteproyecto para que puedan realizar los aportes que consideren convenientes con la finalidad de incorporar valor a la propuesta ya desarrollada.

Ayer se proyectó un video informativo sobre las características que tendrá la futura terminal portuaria, que fue seguido por una presentación con los detalles administrativos y de financiamiento (público - privado), a cargo del titular del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Marcelo Vorobiof.

Luego, el gobernador exhortó a un auditorio conformado por representantes de entidades públicas, empresarias y productivas de toda la provincia, a acompañar el proyecto y expresó el compromiso de la gestión “para que el traslado del puerto se haga realidad en el menor tiempo posible”.

“La presencia de todos ustedes brinda la fortaleza necesaria para demostrar que este no es el proyecto de un determinado color político, sino una política de Estado, que necesitamos para lograr una mejor realidad de la que hoy tenemos”, sostuvo.

En ese marco, el mandatario santafesino calificó la futura localización del puerto de Santa Fe como “estratégica” y apuntó que “hay otras obras que definir en este masterplan para la región”. Entre ellas mencionó el puente Entre Ríos - Santa Fe y la nueva conexión vial Santa Fe - Santo Tomé, proyectos que “generarán una integración más amplia, en donde esta terminal va a tener cada vez mayor importancia”, agregó.

Plazos, objetivos y financiamiento

El ministro de Economía, Ángel Sciara consideró que “a través de esta manifestación de interés y luego, mediante el sistema de data room, podremos obtener un proyecto definitivo para el llamado a licitación, no más allá de diciembre del año en curso”.

Los interesados podrán presentar sus antecedentes hasta el 30 de setiembre y el 1º de octubre se realizará la apertura de sobres.

Con respecto a los objetivos de la reconversión portuaria, Vorobiof destacó la necesidad de “un puerto que mire al productor para dotarlo de la mejor infraestructura, de forma tal que cada vez tengamos costos más eficientes y por lo tanto, podamos obtener mejores divisas para nuestro país”.

En ese sentido, remarcó que el proyecto propone “una terminal multipropósito que desarrolle todas las actividades posibles con distintas unidades de negocios: agrograneles, minerales, y nodo logístico, entre otros”.

“El corrimiento de la frontera agropecuaria y la mayor productividad producto de la biotecnología demuestran que la demanda de la infraestructura va quedando detrás de los productores. Siendo este el último puerto fluvial marítimo de la Hidrovía, tendrá un rol fundamental como lugar de acopio y distribución de toda la región Centro y Noroeste del país; el sur de Brasil, Paraguay y Bolivia, hasta donde ha llegado la explotación de cereales y oleaginosas”, describió.

Con respecto al financiamiento, Vorobiof detalló que “están garantizados distintos aportes: una partida del gobierno nacional destinada a los accesos viales, de 57.750.000 pesos; un préstamo del Fonplata de 25 millones de dólares y una contrapartida del gobierno de la provincia por otros 15 millones de dólares”.

Con información de la Secretaría de Comunicación Social