El gobernador santafesino salió a defender el inicio de las obras a pesar de que aún
no se firmó el acuerdo con Vías Navegables.

El mandatario provincial Hermes Binner aseguró que el Puerto de la Música se hace aún sin papeles firmados. En un acto que más que una apertura de sobres pareció una celebración, Binner reconoció que falta firmar el acuerdo con Vías Navegables, pero reveló que “en realidad el problema son los operadores del puerto”.

Al mejor estilo kirchnerista, el Salón Blanco de la sede del gobierno provincial en Rosario se vio inusitadamente lleno de músicos, artistas, escritores y personalidades de la cultura que acompañaron al equipo completo de funcionarios socialistas, también presentes y apoyaron la construcción del Puerto de la Música.

El acto -que se realizó por la apertura de los sobres con la oferta técnica de las constructoras para hacerse cargo de la primera parte de la construcción del Puerto de la Música- terminó leyéndose como una especie de celebración por el comienzo de la obra de Niemeyer. A esta altura y a pesar de todavía no estar asegurada su concreción, el “nuevo monumento” se transformó en el emblema de la gestión socialista y en el acontecimiento que pone a prueba su muñeca política.

Al clima de fiesta lo ratificó el gobernador Hermes Binner cuando, a pesar de reconocer que faltan algunos acuerdos con la subsecretaria de Vías Navegables que todavía no autoriza el uso de los terrenos para fines culturales, sentenció ante la prensa: “Les aseguro que el Puerto de la Música se hace”.

Pero a diferencia de lo que pasó hasta hoy, en este caso Binner corrió el eje de la discusión de Vías Navegables. A pesar de que ayer el subsecretario de esta cartera había dicho que le parecía “una locura” que se largara la licitación sin que esté firmado el convenio con su repartición, el jefe de la Casa Gris minimizó los entredichos con la Nación: “El problema no es Vías Navegables, la discusión es con los operadores del puerto”, aclaró escueto el gobernador, al tiempo que reveló que se reúne permanentemente con los concesionarios.

“No tenemos apuro en llegar a un acuerdo, hay tiempo hasta el 2016”, ironizó Binner. Es que el mandatario opinó una vez más que no hay nada que pierda el puerto en el aspecto productivo con la cesión de los terrenos de Pellegrini y el río.

Desinversión en el puerto

“Por la falta de inversión el puerto fue perdiendo la expectativa con la que fue creado. Se perdió la posibilidad de operar las cargas que podría aportar General Motors, cargas de limones, de azúcar. El Puerto es una lágrima”, se despachó Binner.

Para el nuevo muelle hay que esperar

A pesar de que el gobernador ratificó su optimismo con respecto al acuerdo, hay un punto que estaría haciendo ruido en las conversaciones entre los operadores del puerto (el productivo) y el principal defensor del Puerto de la Música: la construcción del nuevo muelle en la zona sur, que se le otorgaría al concesionario en compensación.

El problema es que si bien la Provincia se comprometió a hacerse cargo de los 100 millones de pesos que costará su puesta en funcionamiento, lo haría en el marco de un proyecto plurianual, es decir, demoraría varios años en concretarlo.

Prueba de ello es que la cifra que propone la Secretaria de Servicios Públicos para asignar al nuevo muelle en el Presupuesto próximo es de 60 millones de pesos. “Creo que se podría estimar en cinco años la construcción”, calculó a mano alzada Alejandro Boggiano, secretario de Servicios Públicos.

Con información de Punto Biz

Unos 30 motoqueros que intentaron eludir el corte de la autopista a Buenos Aires provocaron una durísima reacción de los trabajadores de Paraná Metal, que también mantuvieron cruces verbales con efectivos de Gendarmería, a quienes acusaron de “mandarnos la gente en contra para perjudicarnos”. Después de los incidentes tampoco faltaron críticas a la conducción sindical por la falta de organización de la protesta en la ruta, que ayer cumplió 25 días consecutivos.

Los obreros de Paraná Metal protagonizaron un momento de furia en el piquete que sostienen desde hace semanas para mantener su trabajo.

Después de las 17 horas, el clima era más tranquilo, si bien los cortes se mantenían cada 30 minutos. Esto cambió cuando unos 30 motoqueros que regresaban de un encuentro en Entre Ríos se acercó hasta el piquete principal en la mano hacia Buenos Aires con la intención de pasar sin esperar el tiempo estipulado por los manifestantes.

La reacción de los obreros fue instantánea. Después, las discusiones dieron lugar a los gritos. Y 3 o 4 motos cortaron por la hondonada central de la ruta y huyeron por un camino lateral.

Después, otros 5 o 6 se largaron a campo traviesa, y un par de motoqueros quedó atrapado en uno de los alambrados. Hasta allí llegaron los enardecidos operarios y la situación ya era caótica. Algunos gendarmes corrieron, pese a que otro uniformado, que parecía ser el jefe, los había desalentado de intervenir: “No es nuestra jurisdicción”, dijo.

Otro incidente que elevó la tensión fue protagonizado por un matrimonio de unos 65 años que esperaba en un Fiat Palio gris. La mujer se puso a llorar y al final los mismos obreros le abrieron el paso hacia Buenos Aires. “Ustedes tienen la culpa, porque nos mandan a la gente contra nosotros cuando saben que la ruta está cortada. Ya lo hicieron estos días, y recién hubo uno de ustedes que hasta desabrochó la cartuchera del arma”, acusaron los operarios a los gendarmes.

Mientras la mano hacia Rosario estaba liberada mediante las colectoras, las decenas de coches que esperaban en la otra mano debieron aguardar hasta las 17 para seguir la marcha.

“La culpa la tienen los motoqueros. Primero dejamos pasar a 2 o 3, pero tomaron por donde estábamos en las carpas y casi atropellan a compañeros. Por eso no los dejamos pasar y que esperen como todos”, explicaron los manifestantes en medio de un marcado nerviosismo.

Críticas a la conducción sindical

La calma fue llegando a medias, dado que una treintena de obreros criticaron a la conducción sindical por la falta de apoyo logístico en esta protesta que ya lleva 25 días. “Aquí no tenemos para comer, y sabemos que la gente donó mucha mercadería. Ayer tiraron 30 kilos de carne porque se pudrió, y también varias bolsas de papas. Falta organización y alguien se tiene que hacer cargo”, sostuvieron.

Si algo quedó en claro ayer es que si la resolución del conflicto se demora en el tiempo, algo grave puede pasar en cualquier momento. Y así lo reconocen los mismos trabajadores: “Estamos todos muy nerviosos. Hace 2 meses que no cobramos, nuestras familias no tienen ni para comer. Estamos peor que antes y las soluciones no llegan”.

Los próximos pasos en la negociación

Recién para mañana, a las 15.30, está citada una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Allí debería comparecer la empresa, que fue citada bajo apercibimiento de ley. Pero nadie alberga la más mínima esperanza que Oil M&S continúe al frente de la autopartista.
“Si faltaron cuando tenían que rubricar el acuerdo que ellos mismos habían aceptado, qué esperanza podemos tener de que esta situación cambie”, dijeron delegados sindicales.

Llamado al gobierno nacional

Ante ese panorama, los gremialistas desenfundarán mañana ante el ministro Carlos Tomada su plan B: pedirán que el gobierno nacional se haga cargo de la autopartista e invierta la suma necesaria para reabrir sus puertas.

“En el preacuerdo del jueves, que la empresa finalmente acordó pero no firmó, el gobierno hacía todo el esfuerzo económico, así que desde allí sólo tienen un paso para hacerse cargo de la fábrica junto con nosotros”, reflexionaron.

De todos modos, los tiempos que estas alternativas demandarán no condicen con las urgencias del piquete. Por eso, el desafío para los funcionarios nacionales será el de brindar una urgente respuesta a las necesidades vitales de los trabajadores, para recién después avanzar con las soluciones de fondo que requiere el mantenimiento de la fuente laboral de 900 familias.

Con información de La Capital

Las universidades denuncian graves fallas y afirman que la preparación estuvo plagada de fallas en las preguntas.
Las universidades advirtieron que no existen las condiciones para desarrollar adecuadamente el censo de población del mes próximo por falta de preparación técnica, errores en las preguntas e imprecisiones sobre el nivel de cobertura.

Como parte del informe sobre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las casas de estudio señalaron una serie de debilidades del operativo anunciado por el Gobierno para el 27 de octubre.

Las fallas detectadas

Entre otros cuestionamientos, las universidades señalaron que “son escasos los antecedentes técnicos-profesionales” de quienes diseñaron el censo en términos conceptuales.

El censo debería brindar los datos clave del país para la próxima década. Sin embargo, los académicos expresaron que, entre otros elementos, “no se dispone de la información referida a las fechas de incorporación y de las actividades que realizan en el equipo de diseño conceptual” del censo.

El agravante, según los académicos, es que el Indec no consultó a organismos del propio Gobierno para esta tarea, como los ministerios de Trabajo y Planificación, la Dirección de Migraciones y el Instituto de Asuntos Indígenas. Tampoco aparecen consultas previas a organismos estadísticos del Mercosur, pese a que las autoridades lideradas por Ana Edwin y Norberto Itzcovich se jactaron de haber realizado un amplio proceso de intercambio previo.

“Hubiera sido deseable una amplia convocatoria a reuniones formales con las instancias institucionales antes referidas”, indicaron conjuntamente las universidades de Buenos Aires, Tres de Febrero, Rosario, Mar del Plata y Tucumán. Otro de los errores presentes es que no hay indicadores confiables para realizar el censo en las poblaciones de hasta 100.000 habitantes. “El informe no incluye las técnicas estadísticas que se aplicarán para obtener datos a nivel de pequeños dominios”, indicaron. Más aún, en los datos brindados por las autoridades, “no se especifica si se podrá tener información confiable” en las localidades que cuentan con una población de entre 50.000 y 99.000 habitantes.

Pruebas preocupantes

Un precedente preocupante es que, en las pruebas piloto que se realizaron para asegurar el éxito del censo, “se observó que el análisis de calidad sobre diferentes variables y temáticas parece insuficiente”.

En particular, aparece como insatisfactorio el “universo analizado y un elevado porcentaje de entrevistas no efectivas, rechazos u omisiones”, que tornan poco claro el resultado de estos exámenes preliminares.

En la misma sintonía, les llamaron la atención a los académicos los resultados de los censos experimentales en dos localidades, Chivilcoy y Tolhuin. “Carecen del requerido rigor metodológico”, sentenciaron, al punto tal que “no hay análisis alguno sobre el realizado en Tolhuin”.

En esos casos hubo excesivas imprecisiones en términos del tamaño de la población y de las preguntas realizadas en forma inadecuada.

En cuanto a las preguntas que se incluirán en el formulario, aparece “un mayor nivel de error” que el nivel tolerable y, además, genera dudas la exclusión de preguntas acerca de la carrera universitaria en el segmento sobre el nivel educativo.

“La no inclusión de la pregunta sobre carrera universitaria en ninguno de los cuestionarios imposibilitará el conocimiento de la situación de la población al respecto, siendo que aparece como uno de los objetivos del censo”, indicaron.

También subrayaron la existencia de “niveles de error relativamente elevados en las preguntas referidas a tipo de establecimiento educativo, último grado aprobado, nivel educativo y completitud del mismo”.

En suma, las conclusiones sobre el censo tienen el mismo tono crítico que las referidas al índice de precios al consumidor (IPC) y sobre la estructura institucional del Indec que forman parte del informe realizado por estas universidades por un decreto presidencial. Fuentes de la UBA aclararon que hasta ahora no lograron que el ministro Amado Boudou, quien había liderado en un principio el tema, los reciba para entregarles el informe.

Con información de La Nación

La Cámara de Diputados de Santa Fe escuchó los argumentos de los impulsores de un compromiso político cuya meta es avanzar hacia la transparencia del Estado.

Los autores provienen de cuatro vertientes partidarias distintas. La iniciativa contempla una serie de prohibiciones e incompatibilidades para funcionarios de los tres poderes del Estado.

No recibir regalos y obsequios, no usar instalaciones del Estado en beneficio propio ni aprovechar información obtenida en el ejercicio de la función para cuestiones privadas, son algunas de las premisas estipuladas en el proyecto de ley de Ética Pública que ayer fue presentado en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia. Los autores pertenecen a diferentes sectores políticos: Ricardo Spinozzi del PJ, Mónica Peralta del GEN, Pablo Javkin de la Coalición Cívica, y Clara García (concejal de Rosario) del Socialismo.

La iniciativa surgió a partir de la visita de estos dirigentes a Nueva Zelanda, organizada por Fundación RAP (Red de Acción Política), la Embajada de ese país en Argentina, y por la agencia de cooperación “NZAID”, con el fin de conocer el funcionamiento de los sistemas de gobernabilidad y de administración pública.

“Nos interesa una ley que pueda ponerse rápidamente en marcha. Tenemos la posibilidad de demostrarle a la ciudadanía santafesina que la madurez cívica es posible. Este proyecto de ley es un puntapié inicial para que luego puedan venir otros, como la ley de libre acceso a la información (ver aparte) o un proyecto de ley sobre declaraciones juradas”, dijo Spinozzi.
Javkin destacó que el proyecto pretende legislar sobre el conjunto de la administración, incluyendo los tres poderes del Estado. “Establece el deber para todos -sentenció-. Articula la ética pública en relación a la administración, y es un parámetro para el ámbito privado cuando intervienen con la cosa pública”.

Mónica Peralta y Clara García pusieron énfasis en destacar el trabajo conjunto y el acuerdo logrado entre los dirigentes, a pesar de que todos provienen de vertientes ideológicas y partidarias diferentes. “Trabajando esta ley hemos generado un compromiso con la cosa pública. Integrantes de cuatro partidos políticos distintos logramos pensar una lógica política diferente”, dijo Peralta.

El proyecto

Establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria.

Dispone que los funcionarios deberán “abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados”. Tampoco podrán usar las instalaciones y servicios del Estado Provincial para su beneficio particular.

Será incompatible con el ejercicio de la función pública “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”. Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

Los funcionarios públicos tampoco podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática, la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico-cultural.

Una comisión

Según el texto presentado ayer, se creará una Comisión Provincial de Ética Pública, que funcionará como órgano independiente de los poderes estatales y actuará con autonomía funcional. Estará integrada por 5 miembros elegidos por concurso de oposición y antecedentes cuyo pliego será evaluado a la Legislatura. Estos miembros no podrán pertenecer al órgano que los designa y durarán cinco años en su función pudiendo ser reelegidos por un período.

Esta Comisión será la responsable de recibir las denuncias de personas o de entidades intermedias registradas legalmente, respecto de conductas de funcionarios o agentes de la administración contrarias a la ética pública. Las denuncias deberán ser acompañadas de la documentación y todo otro elemento probatorio que las fundamente.

El proyecto de ley ingresará a la Legislatura a través del Senado, y según sus autores, esperan que pueda ser tratado en el corto plazo.

Sin fotos

El proyecto de ley establece que la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, “no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”. Eso es exactamente lo que sucede actualmente a nivel nacional, cuando el gobierno promociona las obras públicas con mensajes acompañados por la foto de la presidenta Cristina Fernández.

Acceso a la información pública

El senador Ricardo Spinozzi confirmó ayer que su intención es reimpulsar la ley de libre acceso a la información pública, que por diferentes vaivenes legislativos durante los últimos años perdió estado parlamentario.

“Tendría que avanzar en esta charla con mis compañeros de bloque, pero en lo que a mí respecta como presidente de la bancada justicialista en el Senado y después de haber hablado con algunos de sus integrantes, la idea sería, no interesaría tanto quién es el padre de la criatura, pero ver si entre los diputados y senadores que estuvimos trabajando el tema podemos ponernos de acuerdo para tener, en el menor tiempo posible, una buena ley y que se pueda poner en marcha”, manifestó.

El legislador adelantó que su deseo es que antes de fin de año pueda haber ley de libre acceso a la información pública. “El año que viene, que será de una gran saturación desde lo electoral, por ahí se resiente el trabajo legislativo. Quizá podríamos aprovechar este año”, mencionó.

Con información de EL Litoral

En las aceiteras aumenta la capacidad ociosa y, a pesar de la cosecha récord, las exportaciones están bajando. EL bloqueo de China y los costos de producción golpean al sector.

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Alberto Rodríguez, trazó ayer un escenario delicado para el sector con exportaciones planchadas pese a la cosecha récord de soja, histórico nivel de capacidad ociosa en las plantas, altos márgenes negativos por los descuentos que sufre el aceite argentino por el bloqueo de China y fuerte aumento de los costos de producción.

Y en el marco de su disertación en el congreso de economía de la Fundación Libertad, que termina hoy en la Bolsa, advirtió que esa situación reduce el poder de compra de granos en el mercado interno para procesar, dato que fue seguido por atención por los referentes del comercio cerealista que fueron a escuchar su disertación y entendieron el mensaje de que las exportadoras no están dispuestas a convalidar precios altos por los granos, como piden los productores para vender la mercadería.

“Nuestro sector se caracterizó siempre por ser altamente competitivo, pero esa competitividad se está erosionando”, disparó Rodríguez.

Menos rendimiento que en 2009

Uno de los datos que expuso fue que mientras la producción de soja orilló este año los 55 millones de toneladas y la capacidad de procesamiento instalada de la industria ascendió a 50 millones de toneladas, la molienda fue de 35 millones de toneladas. La conclusión salta a la vista cuando se ve que en 2009, con una cosecha sojera de 35 millones de toneladas, muy baja por la fuerte sequía, la molienda fue de 34 millones de toneladas y la capacidad ascendía a 45 millones.

Según contó, la competitividad se erosiona porque la suba de costos reduce los márgenes de la industria. Además del aumento de costos productivos (como energía, que también, a veces, escasea), se destacó la suba del costo laboral que se disparó 258% entre el 2007 y el 2010.

En el plano interno pidió obras de infraestructura para reducir costos logísticos y resaltó: “Al menos es necesario que el gobierno haga una parte ínfima del Plan Circunvalar”.

Dificultades en la exportación

Por el lado comercial, alertó que el avance de medidas proteccionistas a nivel mundial también complica el panorama y señaló que el cierre de las exportaciones de China, que sigue desde marzo pasado, le generó un descuento de entre 50 y 70 dólares al aceite argentino ya que debe competir por precio con el aceite de palma (que es más barato) para ingresar a India, país que absorbió el excedente de aceite argentino.

Rodríguez no avisoró cambios en el cierre del mercado chino, pero recordó que estaba el compromiso de una misión diplomática del gigante asiático antes de fin de año y dijo que las negociaciones encaradas por el gobierno argentino fueron buenas.

Luego de aclarar que no se trató de un problema sanitario, ya que el 50% de la industria nacional ya alcanzó el estatus extra que exige China, mientras que es nulo el cumplimiento de Brasil y Estados Unidos a quien sí le siguen comprando, contó que en China el gravamen del derecho de importación de aceites (9%) es muy superior al de granos (1%) y que para harinas hace tiempo que directamente no autoriza licencias para importar.

“Nos decían desde China que embarquemos por Brasil pese a que las plantas allá no cumplen con el estatus sanitario que piden a la Argentina”, comentó preocupado.

Además contó que además de la sustitución de importaciones, China está exportando harina de soja con bonificaciones impositivas y alertó que “hay amenazas de medidas arancelarias también para el ingreso de biodiesel argentino”.

Efecto interno del bloqueo exportador

El tema es que entre las 3 millones de toneladas más de granos que se exportaron (y se preveían procesar) por esta situación con China más los 3 millones de toneladas menos que ingresaron de Paraguay para moler en el país, a raíz de la prohibición de importación temporaria, le hicieron perder 6 millones de toneladas a la industria, casi el equivalente a dos meses de producción.

“La utilización de la capacidad instalada es la más baja en año llegando al 69% contra el histórico 82%”, advirtió. Y por eso, pese a la cosecha récord de soja de este año contra la magra producción anterior por la sequía, mostró que la exportación de aceites está planchada y será similar a la del año pasado.

“Por todo esto, el margen bruto de molienda cayó 57% entre abril de 2009 y septiembre de 2010, y el margen neto negativo del sector es el peor de los últimos 6 años, con la cualidad de que no se da, como era antes por razones estacionales, sobre el final del ingreso de la cosecha sino que fue durante todo el año”, alertó.

Con información de Punto Biz

Los legisladores de la oposición aseguran que la realización de obra pública no alcanza ni al 20% de lo proyectado. Un duro comunicado pone blanco sobre negro entre lo realizado y lo que el gobierno expone en su sitio web oficial.

“El gobierno provincial publicita su pobre gestión en materia de obras publicas a través del blog santa fe-obras, en la cual se entremezclan en un fotomontaje algunas pocas obras terminadas que venían ejecutándose desde la gestión anterior, con otras apenas licitadas o con muy poco avance en su ejecución”. Éste es el demoledor arranque de un informe sobre obra pública elaborado por legisladores del justicialismo.

Uno de los temas que irritó al justicialismo de extracción obeidista fue la presentación, en el Foro de Obra Pública de la Bolsa de Comercio, realizada días atrás y en presencia de funcionarios nacionales como José López (secretario de Obras Públicas) y Nelson Peirotti (Director Nacional de Vialidad). En el hall de la Bolsa se exhibían ploteados con el programa de Obra Pública provincial, con fotos de los avances, que se pueden consultar en el portal oficial www.santafeenobras.com.ar.

“La metodología de comunicación del gobierno, no obstante los recursos insumidos en la misma, no alcanza a disimular la profunda caída operada en el nivel de inversión. La página oficial es la contracara de la realidad, y la escasa inversión en obras no es ni más ni menos que la consecuencia directa de las políticas fiscales seguidas desde el inicio mismo de la gestión”, reza, durísimo, el comunicado.

La dura realidad de los números

La diputada provincial Silvina Frana advierte que la caída es tal que el presupuesto de este año, de acuerdo a datos que asegura, son confiables, difícilmente superará el 20% del total. “La ejecución del plan de obra pública ni siquiera está en un 20%. Es poco, pero está en los números de la provincia. Tenía planteado un plan de gastos de capital, y de obras públicas que ascendía a 2600 millones, de los cuales a la fecha ejecuta 697 millones. Esta ejecución habla a las claras de la falta de gestión”, advirtió. “La provincia recaudó a nivel nacional 600 millones de pesos más de lo previsto en el presupuesto, pero el profundo déficit en los dos primeros años de gestión sobre todo el gasto político, hace que hoy no sea una provincia con superávit, que haya una fuerte detracción de obra pública”, explicó.

La sub ejecución ya va para el 3º año

“Queda claro lo señalado, cuando advertimos que el año 2008 se invirtió el 59,6% del presupuesto consolidado de la Administración Provincial con EPE y ASSA para obras ($791,6 millones gastados en relación a $1.327,6 millones autorizados), en el año 2009 descendió la ejecución a un 46,6% del presupuesto ($ 656,3 millones respecto de 1497,8 millones), manteniéndose la tendencia en este ejercicio, dado que a junio de 2010 apenas se ejecuto el 15,5% de los créditos presupuestarios”, reza el informe elaborado por el FIE (Fundación para el Fortalecimiento de las Instituciones y la Equidad, dirigida por el ex Ministro de Hacienda del Jorge Obeid, diputado nacional Walter Agosto).

Según datos recabados por la FIE, “durante el mes de agosto, las transferencias automáticas por coparticipación al conjunto de las provincias alcanzaron los 8.487 millones de pesos, registrando un aumento 36% con relación a agosto de 2009.
El Fondo Federal Solidario (FFS), conocido como Fondo Soja, alcanzó en el mismo mes los 646 millones de pesos, significando para las provincias un incrementó del 170% - 407 millones de pesos – en relación a agosto del año anterior”, detalla.

Según el trabajo, sumando las transferencias automáticas y el FFS, los recursos se incrementaron 2.649 millones de pesos en agosto, representando una suba del 41%.

Coparticipación

“Sobre coparticipación nacional. Ese 39% más que el año pasado si lo comparamos con lo presupuestado, se previó un 11,8% más en consecuencia se recibió casi un 27% más de los previsto”, explicó Frana. Consultada sobre la “discriminación” que sufre la provincia a manos del Gobierno nacional en el envío de recursos, tesis esgrimida por el Gobernador, Frana remarcó que “ya no tiene sentido acompañar a la Nación con una detracción del 15% de los recursos (que van a financiar a la Ansés)”.

Con información de ON24

La entidad agropecuaria resaltó que el informe de la Universidad Nacional del Litoral no contradice la utilización del fertilizante y va de la mano con la FAO y la OMS.

El uso de fitosanitarios es un tema muy importante para el sector rural y los productores son la población más expuesta a su uso y en consecuencia, los más interesados en que los productos con los que trabajan habitualmente no se transformen en un peligro para la salud.

Según indicó la Sociedad Rural, el informe elaborado por la UNL no presenta contrariedad en cuanto a la utilización de agroquímicos. Por el contrario, se encarga de remarcar que “la seguridad de uso de los fitosanitarios depende de la forma de aplicación y del conjunto de medidas que aseguran el uso adecuado, regulado y controlado del mismo” y este es el criterio que debemos atender.

UNL en línea con la FAO y la OMS

La UNL cita con claridad que “el glifosato está clasificado como un químico del grupo E (no cancerígenos en humanos)”. Agrega también que “los estudios epidemiológicos que investigaron la asociación entre exposición a glifosato y diversas patologías presentan asociaciones débiles y raramente son significativas”. De esta manera, el trabajo de la UNL sigue el lineamiento presentado por los diversos organismos internacionales como la FAO o la OMS.

Distancia para la utilización

Otro de los aspectos de singular importancia es tema de las distancias en las que se prohíbe la aplicación de glifosato. El proyecto de ley de fitosanitarios que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe establece la prohibición de la aplicación aérea de glifosato dentro de los 1.000 metros de la planta urbana y de 500 metros para aplicación terrestre, cuando EEUU o los países europeos cuentan con una prohibición máxima de 50 metros y muchos de ellos con prohibición cero.

En este sentido, el trabajo de la UNL indica el establecimiento de áreas buffer o amortiguadoras para la aplicación de herbicidas cerca de los cuerpos de agua dulce superficial en un ancho de 25 a 30 metros. Estas distancias, semejantes con los demás países, demuestran que los Diputados provinciales no han realizado un estudio científico que les permita avalar los metros sugeridos para el proyecto de ley.

La intención de la Sociedad Rural de Rosario es que los legisladores tomen en cuenta los estudios realizados, por ejemplo, en los países europeos para que no terminen afectando innecesariamente a la provincia al restringir sin avales científicos a la producción.

La entidad rural coincidió con la UNL en la necesidad de insistir en “la promoción y el fortalecimiento de la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas, el manejo integrado de plagas y todas las disposiciones en curso sobre el manejo sustentable agrícola”.

Con información de Punto Biz

El cara a cara entre la empresa y los trabajadores terminó con documento de acuerdo que será sometido a la asamblea.

La seccional local del gremio metalúrgico informó que en la reunión mantenida ayer entre los trabajadores de la autopartista Paraná Metal y la empresa, que finalizó a las 21 de ayer, hubo importantes avances que derivaron en un principio de acuerdo.

También aclaró que hoy, con la intervención del jefe de Gabinete de Santa Fe, Norberto Ciaravino, y la viceministra santafesina de Trabajo, Nora Ramírez, darán forma al documento que se elevará a los trabajadores, para ser tratado en una asamblea general que se realizará en Villa Constitución.

El principio de acuerdo sorprendió anoche, ya que en un comienzo se había informado de un nuevo cuarto intermedio sin resultados concretos a la vista. Tanto, que el dirigente de la UOM, Naldo Brunelli, había afirmado que “nunca en mi vida participé de una negociación tan complicada”, según dijeron fuentes gremiales a la agencia.

Propuestas de la empresa

Entre las novedades de las deliberaciones, pudo saberse que la empresa propuso un esquema de suspensiones por seis meses, a cuyo término los trabajadores suspendidos pasarían a planta permanente.

Uno de los puntos de conflicto entre las partes es la falta de pago de las quincenas atrasadas y la negativa de la empresa a aceptar un programa de retiros voluntarios, ya que prefería la modalidad de indemnizaciones por despido.

El corte no se interrumpe

Mientras tanto, los trabajadores en la ciudad santafesina de Villa Constitución continuaron con el corte en la autopista Rosario-Buenos Aires, la interrupción del tránsito en las colectoras, la ruta provincial 21, y caminos alternativos.

La planta de la autopartista, ubicada en la ruta 21, a 55 kilómetros de Rosario, se encuentra paralizada desde el pasado 4 de agosto.

Con información de Infobae

Los dirigentes del Peronismo Federal se reunieron para definir el método para elegir el candidato que enfrentará a Kirchner. Tres de los cuatro candidatos presidenciales del peronismo opositor se reunieron a cenar, anoche, en el piso que el senador puntano, Adolfo Rodríguez Saá, tiene sobre la calle Quintana, en La Recoleta. Además del anfitrión, estuvieron su hermano, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; el de Chubut, Mario Das Neves; los senadores Carlos Reutemann y Juan Carlos Romero; y los diputados Felipe Solá y Ramón Puerta. Eduardo Duhalde no pudo participar del encuentro porque está en Europa, adonde viajó por motivos académicos.

En declaración a LT2 de Rosario, esta mañana el gobernador de Chubut Mario Das Neves marcó las diferencias inconciliables entre el Peronismo Federal y el kirchnerismo y reveló que no irían a elecciones internas.

¿Cómo seleccionar el candidato?

Entre el temario a discutir entre los jefes del PJ Federal se encontraba la modalidad a la que se someterían a una interna entre ellos. Ocurre que Das Neves les había propuesto a sus aliados que se establezca una suerte de primaria a disputarse por regiones del país, copiando el modelo norteamericano: domingo por vez, se votaría en la región del NOA, en el NEA, Cuyo y la Patagonia, para cerrar después con Capital Federal y Buenos Aires. Unos de lo que se resistía a este plan era Solá.

Además de las cuestiones relativas a las internas -ninguno de los dirigentes del Peronismo Federal puede garantizar siquiera si realmente se harán-, en la cumbre de La Recoleta se debatía sobre próximas recorridas proselitistas por el interior del país. Los viajes de los jefes del peronismo opositor estarían ahora más enfocados en las cuestiones programáticas relativas a la seguridad, la educación o la inflación. En esas giras provinciales se inaugurarán nuevos locales partidarios desde donde los jefes territoriales locales le disputarán el poder a sus adversarios K.

Consolidando la unidad

Más allá de las discusiones sobre las internas y las cuestiones programáticas, el desafío que enfrentan hoy los jefes del PJ que quieren derrotar a Kirchner es mostrarse como un grupo homogéneo que resiste a las luchas políticas interpares.

La última reunión entre ellos, 10 días atrás, en el hotel NH, se presentaron los precandidatos presidenciales del espacio y se abrió el debate entre los técnicos que cada uno aportó para la creación de un plan de Gobierno. Se pudo ver allí, además, a algunos nuevos aliados del PJ Federal, como la senadora formoseña Adriana Bortolozzi, quien hasta hace poco pertenecía al bloque de senadores del oficialismo. El título de ese encuentro bastó para conocer la finalidad real de aquel evento: “Reafirmando la Unidad”, se llamó.

Con información de Clarín