Va por fuera del justicialismo porque no puede ganar la interna. “Rossi quiere fracturar al peronismo santafesino”, señaló Antonio Ciaurro.

Duras críticas de Ciaurro a Rossi, tilda sus actos de antidemocráticos, y a su mensaje de “sobreactuado, intolerante y fascista”.

 “Que piense bien antes de tomar cualquier decisión de ruptura, porque ahora no tendrá retorno”, fue la advertencia que ayer le formuló el presidente del congreso provincial del Partido Justicialista, Antonio Ciaurro, al diputado y precandidato a gobernador Agustín Rossi, luego de que éste anunciara su intención de competir electoralmente, por fuera del PJ.

Rossi no puede ganar la interna

“Lo que Rossi no dice es que no tiene suficientes congresales para imponer nada y sabe que tampoco gana la interna. Por eso anuncia que competirá como Frente Para la Victoria y yo le digo que nosotros lo haremos como Partido Justicialista. Si el se va otra vez, probablemente no pueda volver”, agregó Ciaurro quien confirmó a La Capital la realización del congreso el sábado venidero.

El FpV no da señales de querer ganar Santa Fe

No es casual que el presidente del congreso justicialista saliera a ratificar la reunión en la que se dará forma a la estrategia electoral partidaria del peronismo horas antes de que arribe a la capital provincial la presidente de la Nación quien, según Rossi, le dictó la decisión de romper con la estructura orgánica partidaria. “No me consta lo que ha dicho el diputado”, respondió Ciaurro cuando se le preguntó por esa orden de Cristina y exhortó al Frente para la Victoria “a dar señales claras de que también quiere ganar en la provincia de Santa Fe”.

Artífice del triunfo socialista

Es que según este dirigente si Rossi va por fuera del PJ “no será ya funcional a otro triunfo socialista será el artífice de ese triunfo. A nadie escapa y este fin de semana lo dijeron todos los analistas: si el PJ va dividido garantiza el triunfo del socialismo.

No estamos en contra de nadie. Defendemos la institucionalidad y el disenso. Necesitamos del concurso de todos, peronistas e independientes, para poner a Santa Fe de pie. Esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Por eso me cuesta creer que la presidenta haya ordenado eso y voy a estar muy atento mañana (por hoy) cuando el periodismo, si es que puede, le pregunte esto a la presidenta cuando venga a Santa Fe. Los que niegan al PJ anteponiendo otras siglas se están pasando al bando contrario”.

Dijo también que “no hay necesidad de nacionalizar el proceso provincial cuando son escenarios distintos y con tiempos distintos. En el peronismo nunca hubo un pensamiento único pero así como queremos ganar la provincia llegado el momento de analizar cuáles serán las opciones en la Nación estaremos a lo que resuelve el congreso nacional partidario conforme la mejor estrategia que éste determine para los comicios de agosto/octubre. Por eso tampoco es aceptable que haya dirigencia nacional que ponga bolillas de ningún color a dirigente santafesino alguno. En democracia en todo caso quienes ponen bolillas de aprobación y rechazo son los ciudadanos al momento de votar”.

Antidemocrático

Ciaurro aseguró que “Rossi sabe que hay muchos intendentes y presidentes comunales que ya le han adelantado que si va por fuera, no lo acompañarán. No soy nadie para darle un consejo —agregó— pero espero que no siga con esto de condicionar a los que no piensan como él, eso es antidemocrático. Hay muchos que no piensan como él en toda la provincia y en todo el país, su mensaje es sobreactuado, intolerante y fascista”.

“No podemos ser sectarios ni excluyentes o seguir con los mismos dogmas y fundamentalismos generando más divisiones entre los argentinos. Lo mismo digo para los operadores nacionales quienes tienen que dar señales claras de que quieren un peronismo unido, trabajando todos juntos para recuperar la provincia y las ciudades que perdimos. De lo contrario, serán responsables también de lo que ocurra luego en las elecciones nacionales posteriores por su desidia, especulación e inacción”, concluyó Ciaurro.

Con información de La Capital

Los precandidatos aseguran que ya no quedan obstáculos para que puedan definir el elegido de su espacio a través de elecciones internas.

Los precandidatos presidenciales del Peronismo Federal Eduardo Duhalde y Alberto Rodríguez Saá coincidieron ayer en que ya no existen obstáculos para la realización de las elecciones internas anticipadas de su espacio, al advertir que utilizarán los padrones de las “últimas elecciones” legislativas si no les dan los actualizados.

Además, prometieron que los comicios serán “transparentes” para que “gane” el postulante “que la gente quiera” y evitaron reavivar la polémica entre referentes del peronismo opositor.

Los otros dos precandidatos del PF, Mario das Neves y Felipe Solá, se habían quejado de lo que consideraron una convocatoria inconsulta, pero mientras que el primero se mostró dispuesto a participar en los comicios internos, Solá lo descartó y anticipó que competirá en las elecciones primarias de agosto.

“El Ministerio del Interior bajo ninguna argucia legal puede evitar que nosotros decidamos nuestros candidatos”, advirtió Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, en declaraciones consignadas por la agencia DyN.

Duhalde reiteró su defensa de la realización de comicios internos en su espacio, al opinar que los postulantes no deben ser elegidos “a dedo”, y evitó reavivar la polémica con Solá, quien lo había calificado como “autoritario”.

“Hay que ir a elecciones [internas]. No estoy de acuerdo con que los candidatos se elijan a dedo”, afirmó el ex presidente Duhalde, al insistir en su propuesta.

Con información de La Nación

Los ruralistas denuncian la intencionalidad política detrás de las nuevas atribuciones que se pretenden otorgar al Ministerio de Trabajo. Para que haya trabajo debe haber empleadores, advierten desde la oposición.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner propone crear un nuevo registro de trabajadores rurales para eliminar el ente autárquico que integran las cuatro entidades.

Para el kirchnerismo es una avanzada para combatir el trabajo en negro. Para las organizaciones del campo y el sindicato de trabajadores rurales, en cambio, es una estrategia para avivar el estado de crispación permanente que distancia al Gobierno del sector agropecuario. Se trata, en definitiva, de una jugada audaz, que está dando sus primeros pasos y promete tomar más relieve el mes próximo, cuando se active la labor parlamentaria.

La iniciativa, que ya comenzó a producir la reacción de las entidades del campo, está plasmada en un proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo en el Congreso.

Nuevo órgano

Plantea la creación de un organismo que funcionaría dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo y que reemplazaría al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), ente autárquico que hoy reúne a las cuatro entidades agropecuarias y al gremio de los trabajadores rurales, liderado por el sindicalista opositor Gerónimo Venegas, aliado del precandidato a presidente Eduardo Duhalde.

El Renatre, que registra a los trabajadores rurales y administra los aportes al fondo de desempleo que hacen los empleadores del sector agropecuario, recauda hoy entre 3 y 5 millones de pesos mensuales.

Si se aprobara la modificación del régimen del peón que impulsa la Casa Rosada, el organismo y sus fondos pasarían a manos del Gobierno.

Empleados en negro

“El proyecto es una propuesta malintencionada. Quieren quedarse con todo. Es parte de la pelea que tiene el Gobierno con el campo y con el gremialismo opositor. El Gobierno no quiere entender que, para que haya trabajo, tiene que haber empleadores”, dijo Venegas.

De acuerdo con la entidad y el gremio que regula el trabajo agrario, existen aproximadamente 800.000 empleados registrados y se estima que unos 600.000 están fuera de regla. Esto implicaría millones de pesos en evasión en seguridad social.

Sectores cercanos al Gobierno evalúan que el trabajo en negro alcanzaría al 60% y que en algunas provincias supera el 90%.

“El problema no es sólo el trabajo en negro, sino también la comercialización ilegal y la evasión”, alertó Venegas, que presidirá el Renatre hasta mayo próximo.

RENATRE

Presentado en junio del año pasado, el proyecto de ley que el oficialismo quiere impulsar amenaza con la desaparición del Renatre, que está integrado por representantes de la Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y el gremio de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).

En manos del Estado

“El Renatre tiene que estar en manos del Estado y no del sector empresarial y sindical. Queremos avanzar en la eliminación de la precariedad y desprotección de los empleados rurales”, señaló a La Nacion el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, antes de reunirse con dirigentes de clubes barriales en una parada de su campaña electoral para ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

“Existe trabajo ilegal y también trabajo esclavo en condiciones infrahumanas. Se reproducen situaciones de los siglos XVIII y XIX. Por eso, sería bueno que el Parlamento argentino pusiera en su agenda el tratamiento del nuevo Estatuto del Peón Rural”, sugirió la presidente Cristina Fernández el miércoles pasado, en un acto realizado en el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada.

Con la apertura del año legislativo, dentro de un mes, el Congreso discutirá distintos proyectos para modificar el Régimen Nacional de Trabajo Agrario (RNTA), creado en 1980 durante el gobierno militar de Rafael Videla y aún vigente.

Proyecto alternativo

Además de la propuesta oficial, que está firmada por el ministro Tomada y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, existe en el Congreso otro proyecto que mantiene sin cambios el Renatre. Se trata de una iniciativa impulsada por el diputado del Peronismo Federal Roberto Mouilleron, vicepresidente primero de la comisión de Legislación del Trabajo, que también contaría con el respaldo del radicalismo.

“Nuestro proyecto está más avanzado y es el que va a caminar. No le tengo miedo al Gobierno. Del Renatre me sacan con los pies para adelante”, desafió Venegas, al criticar el proyecto oficial.

La última semana, el gremio de los trabajadores rurales alertó en el Ministerio de Trabajo sobre irregularidades en algunas zonas de Buenos Aires. A partir de las denuncias, se activó con éxito una serie de allanamientos.

Trampa política

Más allá de este episodio, el avance contra el trabajo en negro esconde una trama política más profunda, que amenaza con el futuro del Renatre, lo que se puede interpretar como una batalla más en el conflicto entre el Gobierno y el sector agropecuario.

Síntesis del proyecto del gobierno

Control: El Gobierno impulsa un proyecto de ley para crear un Registro Nacional de Trabajadores Rurales, que actuaría dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo.

Recursos: En caso de prosperar el proyecto oficial, los fondos del actual Renatre, que hoy recauda unos 5 millones de pesos por mes, pasarían a manos del Gobierno.

En regla: Según las cifras del Renatre, hay unos 800.000 trabajadores agrarios registrados y se estima que otros 600.000 stásn en negro.

En negro: El argumento del Gobierno para promover un nuevo organismo de control es que el trabajo en negro supera el 60% en el sector agrario y llega al 90% en algunas provincias.

Denuncia de las entidades rurales

“El proyecto del Gobierno para reformar el trabajo rural no es más que un intento de confiscar el organismo. El cambio propuesto plantea una organización igual a la que tiene hoy el Renatre, lo que demuestra que lo único que quiere el Gobierno es cambiar la dirección del organismo, barriendo a las entidades y al gremio de su conducción”, explicó el abogado Abel Guerrieri, representante de la Sociedad Rural en el Renatre.

Desconocimiento del tema

“La redacción del proyecto muestra que el que lo hizo no tiene conocimiento de la actividad, porque proponen derogar el trabajo de sol a sol, que ya fue erradicado. La ley del trabajo rural es la única en el país que se actualiza todo el tiempo, porque todas las semanas nos reunimos las entidades, el gremio y el Gobierno en la Comisión Nacional de Trabajo Agraria para analizar las condiciones de los peones rurales”, indicó Guerrieri. “No hay sector más adaptado a la realidad del día a día en materia de legislación laboral que el del peón rural”, agregó.

Intencionalidad política

Para Pedro Apaolaza, directivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), detrás de la movida del Gobierno hay una clara intencionalidad política. “El Renatre tiene plata, por eso el Gobierno lo quiere, para hacer clientelismo. Y, además, si se lo quedan, eso sería un golpe para el titular de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Gerónimo Venegas, que trabaja con Eduardo Duhalde”, dijo Apaolaza. “El Renatre funciona bien, No hay razones para modificarlo”, acotó.

Las entidades, en tanto, al enterarse del proyecto oficial, elaboraron con la Uatre su propio proyecto de reforma del régimen del trabajo rural, con el apoyo de varios diputados de la oposición, un proyecto que esperan que se trate este año.

Con información de La Nación, La Capital y El Litoral

“Todas las encuestas nos dan arriba” lanzó el precandidato a gobernador por el Frente Progresista. Confía en la militancia y piensa en su vice.

Giustinani se mostró confiado en su lucha por la Gobernación santafesina, y de cara a la interna que tendrá que afrontar con el sector que encabeza el gobernador Hermes Binner

“Todas las encuestas que manejamos nos muestran instalados arriba, con un nivel de conocimiento, imagen positiva e intención de voto parejos en toda la provincia”, confesó ayer ante diversos medios.

Según publica el diario La Capital, Giustiniani envió un mensaje al Gobernador, que desde hace varias semanas viene rechazando la postulación del senador. ” Lo que nos tranquiliza es que contamos con el recurso de la militancia de nuestro partido y de los demás del Frente Progresista”, dijo.

Giustiniani confirmó que el próximo 5 de febrero se realizará un plenario un plenario en el colegio de la Inmaculada de Santa Fe donde definirán los nombres. Paradójicamente, el mismo lugar frente a la Casa Gris donde tres días antes el binnerismo proclamará la candidatura de Bonfatti.

El vice de Giustiniani

Si bien se descarta que Giustiniani encabezará la fórmula de su sector, ayer contempló la posibilidad de llevar a un radical de Santa Fe como vice. Igual, volvió a dejar abierta la puerta a todas las posibilidades.

Hasta referentes y candidatos de otros partidos reconocen que Giustiniani puntea los sondeos, con números que van del 20 a 25 por ciento de intención de voto. El “candidato de Binner” (sea Bonfatti u otro) estaría trepando a un nivel cercano al 15 %.

“Contamos con el recurso de la militancia de nuestro partido y de los demás del Frente Progresista. Porque el gobierno del Frente Progresista, hoy encabezado por Binner y Tessio y su proyecto de gobierno, es uno solo. Así que integraremos en nuestras listas a dirigentes de otros partidos y también contaremos con su militancia haciendo campaña”, concluyó Giustiniani.

Con información de DERF

A 24 días de la fecha límite para las presentaciones de listas —22 de febrero—, la Casa Rosada fue tajante, ordenó no participar en las internas porque dice que el PJ es una trampa.

La decisión llevó alivio y tranquilidad al candidato oficialista y jefe de bloque en Diputados: “Agustín (Rossi) anotate en la carrera como Frente para la Victoria y al congreso del 5 de febrero (del PJ de Santa Fe, convocado en la ciudad capital) no vayas porque nos tienden una trampa. El PJ de Santa Fe está controlado por el reutemismo, no tenemos nada que acordar ahí”, fueron las palabras que partieron del despacho presidencial y llegaron a oídos del propio Rossi.

La línea discursiva y de trabajo que venía desarrollando el candidato oficialista ya iba en ese sentido: “Si no hay pronunciamiento a favor de la candidatura de Cristina Fernández no tiene sentido participar en una interna”, había repetido muchas veces el candidato que se lanzó el 8 de diciembre pasado en Rosario, en un acto de enorme envergadura donde concurrieron unas 15 mil personas.

La buena nueva para el Chivo es que su idea ha sido explícitamente refrendada por la jefa máxima del kirchnerismo: al igual que en 2009, la boleta PJ tampoco será utilizada por el kirchnerismo, que volverá a presentarse como Frente para la Victoria. Resta saber si el peronismo reutemista de la provincia de Santa Fe, o Peronismo Federal, que continúa ejerciendo el control de la institución PJ, hará o no uso de la sigla para la elección de gobernador (compitiendo contra el candidato kirchnerista y los postulantes del Frente Progresista).

La instrucción desde la Casa Rosada acrecienta las posibilidades de que finalmente el peronismo —pro K y anti K— tenga más de una oferta para la elección de gobernador el próximo 24 de julio. Sin embargo, recién se sabrá el 21 de febrero qué actitud tomará el resto de la constelación de candidatos peronistas que vienen amagando una postulación, aún no explícitada.

“Nosotros no estamos para andar mendigando el apoyo a la candidatura de Cristina. El congreso del sábado 5 de febrero no será válido porque van a evitar pronunciarse en ese sentido y porque buscarán decir algo ambiguo —sin atacar frontalmente a la presidenta— por pura conveniencia electoral. No la atacan ahora por una cuestión táctica, pero el objetivo de ellos es debilitar, desviar o directamente vaciar y desbaratar el proceso político que se inició en 2003”, explicó ayer el diputado Rossi desde el tercer piso de un Palacio de Congreso semivacío y en obras de refacción.

De todos modos, el gesto de Cristina para que Rossi no se mezcle en una interna con el reutemismo, no debería leerse, al menos por ahora, que el Chivo fue elegido como el candidato excluyente de la presidenta. Falta saber qué caminos y qué eventuales guiños reciben desde Balcarce 50, otros precandidatos, que, con distintas intensidades, podrían incluirse dentro del universo K, como Rafael Bielsa u Omar Perotti.

Fuentes muy sensibles para analizar los movimientos de la Rosada, por otra parte, confirmaron que el estilo cristinista para intervenir en los armados provinciales, por ahora se define con las bolillas negras, y no por el amor que le tenga a tal o cual candidato, y decida promoverlo.

Y como ya es un secreto a voces, el dirigente santafesino que Cristina no quisiera ver de nuevo en la Casa Gris es Obeid. Justamente, un peronista reutemista, que mantenía aspiraciones a un tercer mandato. Habrá que ver qué juego puede intentar el ex gobernador con Carlos Reutemann fuera de la escena y distanciado de lo que fue el Peronismo Federal y con la Casa Rosada vedada para él. ¿Jaque mate para las aspiraciones de Obeid?

Mientras tanto, Rossi estudia planes de campaña que le ofrecen de distintas agencias de Buenos Aires. Sin adelantar detalles, ayer había satisfacción en el equipo más estrecho de colaboradores: “Por primera vez vamos a tener un plan de campaña, algo organizado. Igual sabemos que una buena campaña ayuda un poco, pero por sí sola, la campaña no gana la elección. La gana el candidato”, dicen, y se permiten soñar.

Con información de La Capital

Crinigan (Bolsa de Buenos Aires) le dijo a Domínguez que libere el mercado en vez de seguir con habilitaciones como las que recibió AFA. Además, la Cámara Arbitral de Buenos Aires pidió precisiones sobre el flamante “Trigo Pan de Baja calidad”.

Se caldeó ayer mucho el ambiente cerealista por la decisión del gobierno nacional de presionar a los molinos para que compren 500 mil toneladas del trigo a AFA dejando afuera del reparto a acopios, corredores y productores trigueros que no pueden vender el grano porque el mercado está intervenido.

Los sectores afectados (por ejemplo los corredores) advierten sobre el riesgo de quedar afuera de los repartos para sus propias empresas.

“La gravedad de este accionar no se puede dejar pasar, ya que afecta muchos puntos, deja sin poder participar a todo el sector acopiador, a todo el sector corredor a todo productor y/o cooperativa que no pertenezca a AFA”, se quejó Javier Buján, de la corredora porteña Kimei Cereales, quien insistió con que “se está afectando la libertad de trabajo, se atenta contra el sostenimiento de las empresas”.

Error del segundo de Domínguez

Es más, el Centro de Corredores de Buenos Aires le envió ayer una carta al ministro de Agricultura, Julían Domínguez, en la que expresan su molestia por las declaraciones del segundo de la cartera, Oscar Solís, quien a la hora de explicar porqué se le está dando tanto aire a las cooperativas dijo que “los corredores se quedan con una diferencia de precio respecto al precio FAS del trigo”.

En la misiva que lleva la firma del presidente de la entidad, Jorge Torruella, dijo que “llama profundamente la atención el desconocimiento de nuestra actividad y del funcionamiento de la cadena comercial, ya que el Corredor no compra ni vende, con lo cual no podría nunca quedarse con una diferencia”. Según explicaron, “el corredor acerca la oferta a la demanda buscando el mejor negocio para las partes, siendo un actor fundamental en el descubrimiento de precios y la transparencia de los mercados disponibles y de futuros”.

Acopios preocupados por fuga de clientes

También hubo ayer muchos productores que tienen trigo entregado en acopios y/o cooperativas que no pertenecen a AFA están solicitando que se les devuelva la mercadería para poder comercializarla por intermedio de AFA, que puede conseguir no sólo venderlo sino también a mejor precio, pero en principio el cupo es sólo para los granos que AFA ya tiene almacenado y necesitaba despachar.

Este tema, y el impacto económico para las empresas, levantó mucha preocupación ayer en la reunión cumbre de acopiadores que se hizo en Entre Ríos convocada por el presidente del Centro de Acopiadores de Granos, Jonatan Walfisch.

Las Bolsas responden

Ante tanto revuelo y cruce de todos contra todos, las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe y de Cereales de Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca emitieron por la tarde un comunicado conjunto en el que dicen que “la solución para evitar injustas distorsiones en el mercado de ese cereal, garantizando una justa retribución a los productores y un precio accesible para los consumidores de los productos de la canasta básica de alimentos que tienen al trigo como principal insumo, es abrir las exportaciones, sin ningún tipo de cupos, cuotas o restricciones de cualquier naturaleza, de modo tal de asegurar la concurrencia de los sectores de la demanda, en iguales condiciones”.

Las Bolsas también hicieron público el “rechazo a políticas como las expresadas en este caso proponiendo, concretamente, que se revea la decisión que estamos objetando, equiparando a todos los participantes de nuestro quehacer, en lugar del inaceptable favorecimiento de una sola empresa, en perjuicio de todas las demás”.

Gestiones de Crinigan ante Domínguez

Más allá del comunicado, el presidente de la Bolsa porteña, Ernesto Crinigan, se comunicó ayer con el ministro de Agricultura, Julían Domínguez, y su segundo en la cartera, Oscar Solís.

“Me dijeron que fue una decisión tomada para facilitar la salida de trigo de las plantas de AFA, a lo que les respondí que tengan en cuenta que en la misma situación está todo el sector, sin espacio en los silos cuando se está por venir la soja, y no pedí que repitan esta experiencia favoreciendo a otro sector sino que liberen el mercado”.

Según Crinigan, en el sur de Buenos Aires todavía queda mucho trigo sin vender y además hay problemas porque la exportación exige una alta calidad que hoy no tiene el grano cultivado.

Previamente, Crinigan había hablado con representantes de la industria molinera. “Me dijeron que comprarle a AFA fue un pedido expreso que les llegó del Ministerio y que ellos sólo se limitaron a ordenar la operatoria”, señaló.

En ese marco, el Centro de Corredores de Rosario convocó para hoy a las 11 a una reunión en abierta el Salón Circular de la Bolsa de Comercio para analizar la situación de la comercialización del trigo.

Las Cámaras Arbitrales piden respuestas

Sobre trigo, el otro tema que ayer se debatió mucho en el recinto de operaciones de la Bolsa de Rosario y será tratado en la reunión de corredores de hoy, fue la nueva categoría bautizada “Trigo Pan baja proteína” que arrancó a un precio FAS de 744 dólares por tonelada.

Ayer la nueva condición pasó sin pena ni gloria en un debut sin operatoria. La opinión mayoritaria fue que se trata de un intento del gobierno de destrabar las ventas de trigo de menor calidad que no encuentra precio ni comprador bajando el valor FAS que están, supuestamente, obligadas a cumplir las exportadoras (que arrancó con una diferencia de 48 dólares con el precio FAS), mientras que también fue recibido como un intento de blanquear el descuento que se practica al productor desde hace años.

“Hay un error conceptual. El bajo nivel de proteína no lleva al cambio de grado del trigo sino que ocasiona un descuento en el precio. No es una condición de recibo estando el comprador obligado a recibir la mercadería con cualquier proteína, aunque sujeto a bonificaciones o rebajas, según corresponda, a partir del 11%”, dijo Crinigan.

“La resolución no deja claro y fundamente cuál es el corte en proteínas para decir que trigo es bajo en su contenido”, agregó y contó que le pidió a Domínguez una urgente reunión de los funcionarios con los ejecutivos de las Cámaras Arbitrales para que se definan estas cuestiones.

Precisamente, Buján quien preside la Cámara porteña, le envió ayer una carta a Domínguez en la que hace un compendio de todas las dudas que recibió de los operadores y le pide aclaraciones y precisiones, por ejemplo a partir de qué parámetros se considera la rebaja.

Con información de Punto Biz

Los exportadores de granos pidieron al Ministerio de Trabajo que intervenga para que se levante la medida de fuerza de la CGT. Los piquetes que comenzaron en las terminales de San Lorenzo se extendieron ahora a los puertos de Timbúes y San Martín.

Origen del conflicto

El conflicto en el cordón industrial del Gran Rosario, que comenzó el martes después de que la CGT San Lorenzo lanzó un paro por tiempo indeterminado, en reclamo por la equiparación de los salarios de los trabajadores de los puertos, se agravó ayer cuando la protesta se extendió a más plantas procesadoras de granos y, consecuentemente, a casi la totalidad de la red portuaria privada que se extiende desde Puerto General San Martín hasta Arroyo Seco.

El bloqueo puede generar desde la falta de biodiésel, como alertó el director ejecutivo de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Alberto Rodríguez, hasta problemas de congestionamiento de camiones en los accesos a los puertos.

El reclamo

La central obrera, conducida por el mecánico Walter Cabrera, reclama que todos los trabajadores que cumplen tareas dentro de las terminales cobren el mismo salario que el que establece el convenio del Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo cuyo salario inicial es de 5.000 pesos. Según Cabrera, el 87 por ciento de los trabajadores del sector perciben ese sueldo. “Nosotros queremos que el 13 por ciento restante, que son trabajadores encuadrados en otros convenios, como el de la Uocra y empleados de Comercio, también cobren este monto”.

Piden mediación a la Nación

Desde Ciara, los exportadores le reclamaron al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que medie en el conflicto, pero al cierre de esta edición no habían tenido respuesta.

“Aún no se midieron los perjuicios económicos, pero por el momento no sólo la comercialización de granos está bastante parada porque los camiones no pueden acceder a las plantas, sino que no se pueden cargar los buques”, amplió.

El eje del reclamo se centra en el pedido de 5000 pesos de salario mínimo para que los operarios de toda la regional queden equiparados con los aceiteros. Como no se alcanzó un acuerdo entre las partes tras una reunión convocada el martes pasado en el Ministerio de Trabajo, se dio comienzo a una huelga por tiempo indeterminado que incluye cortes en el ingreso de las principales plantas del Gran Rosario.

Más piquetes

Ayer, los piquetes se extendieron a Timbúes, en las puertas de Noble y Buyatti. En tanto, los trabajadores agrupados en la CGT San Lorenzo continuaban prohibiendo el paso a las terminales en los ingresos a Nidera, Bunge, Cargill y Terminal 6 de Puerto General San Martín y también en la ACA de San Lorenzo, entre otras. Los trabajadores aceiteros (que tienen su propia CGT, la 17 de Octubre), se presentaban a trabajar y dejaban constancia policial de que se les impedía el ingreso en las plantas.

Edgardo Quiroga, secretario general de la CGT San Lorenzo, reiteró durante la tarde de ayer que “sigue la medida de fuerza de la CGT San Lorenzo con piquetes en los portones, sin ingreso de los trabajadores. No hubo inconvenientes, se ha acatado el paro y los trabajadores aceiteros se solidarizaron porque históricamente existe esta relación solidaria. No es posible seguir trabajando por 2500 pesos cuando se hace la misma tarea que un compañero que recibe 5000 pesos. Si todos los obreros que laboran en los complejos oleaginosos pasaran al gremio aceitero, no existiría este conflicto. Esta CGT no va a permitir que persistan los niveles de desequilibrio de los trabajadores de una misma empresa”, subrayó.

Cola de buques

Si bien el procesamiento de granos en esta época es bajo, muchas plantas contaban con stock para embarcar.

Hasta ayer, nueve buques esperaban amarrados a los muelles de los puertos la resolución del conflicto. En tanto, otros 12 buques aguardaban en rada su turno para anclar.

Los piquetes son simbólicos porque la totalidad de los gremios con acción en los puertos adhirieron al paro: los recibidores de granos (que reciben a los camiones e inspeccionan el cereal), los estibadores portuarios (que trabajan a bordo de los buques y en los elevadores) y los marítimos (que “estacionan” los buques en el muelle con remolcadores).

Las pérdidas son millonarias si se consideran la capacidad de molienda cesante de 110.000 toneladas en las 10 plantas afectadas y el alquiler de los buques que no operan, de entre 11.200 y 12.700 dólares por día.

Cartas de porte

Durante la noche del miércoles un grupo de camioneros realizó un contra-piquete, en la playa de camiones de ACA para reclamar la liberación de las cartas de porte. Por la mañana la policía intervino en la situación y la empresa se comprometió a firmar las cartas de porte y quedaron liberados. Los transportistas exigieron además que la empresa se hiciera cargo de la estadía.

Según la policía hay 350 camiones en la playa de ACA, en tanto, San Miguel, la playa de Terminal 6 y Bunge tiene 100 camiones y el resto están vacías y no hay camiones en la ruta, a pesar de que se especuló con un importante arribo de tránsito pesado.

Además, la entidad gremial empresaria, acordó con la CGT por intermedio del Ministerio de Trabajo provincial firmar un acta con el compromiso de la central obrera de respetar las guardias mínimas dentro de las fábricas. Dicha acta se firmará esta tarde, pero no se discutirá otro tema, adelantaron los trabajadores.

Con información de La Nación, Punto Biz y El Litoral

Reiteró los reclamos por la política triguera. La Mesa de Enlace hará un seguimiento de los mercados para demostrar que molinos y exportadores no pagan el precio que el gobierno fijó. Insisten con la liberación de cupos de exportación.

La Mesa de Enlace Rural declaró ayer el estado de alerta, movilización y asamblea frente al problema que enfrenta la comercialización de trigo. Además dispuso la creación de un observatorio para analizar diariamente si se paga el Fas Teórico a los productores.

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi dijo que “el gobierno sabe que hay malestar en el campo y debe crear condiciones para normalizar y transparentar el mercado de trigo”.

Buzzi, junto a Mario Llambías (Confederaciones Rurales), Carlos Garetto (Coninagro) y Hugo Biolcati (Sociedad Rural), volverán a encontrarse el próximo martes para definir “niveles de responsabilidad” dentro de la compraventa de trigo que muestra que “hay grandes ganadores como la molinería y las cerealeras exportadoras”. Al respecto, Llambías aseguró que “hoy se paga el precio pleno al productor triguero, pero con operaciones condicionadas a la venta adicional de soja o cebada” y manifestó que se cerraron operaciones a razón de 660 pesos la tonelada de trigo que figuran en los datos con que cuentan la Afip, la Aduana y el Oncca.

Pese a que según el Ministerio de Agricultura el productor debe recibir un valor de 929 pesos por tonelada en concepto de Fas teórico (precio de exportación menos retenciones y otros costos), Garetto reconoció que en el mercado “se hacen concesiones que generan distorsiones, algo en lo que el productor debe entrar por falta de transparencia y por necesidad” para afrontar deudas.

Observatorio

Las entidades ruralistas acordaron la puesta en marcha de un “observatorio del mercado cerealero” local, que permitirá hacer un seguimiento diario de las operaciones realizadas en trigo en las bolsas de Rosario, Bahía Blanca y Buenos Aires.

“Seguiremos atentos durante un par de semanas los resultados que arrojen los mercados y viendo cual es el mejor precio posible que recibe el productor, y luego veremos que otras formas de protesta se pueden encarnar”, aseguró Buzzi tras el encuentro.

Para el titular de la Federación Agraria, “ahora la pelota está en el campo del gobierno”, que deberá actuar tras la protesta realizada por el sector agrícola. Estimó que “la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer”.

Según Biolcati, en el sistema oficial de comercialización de trigo “lo malo es el cupo (para exportar) y el reparto del mercado, que lo establecen la Asociación de Exportadores con el gobierno. Eso corrompe todo el sistema. No hay mercado y queremos que esto se termine”, dijo.

También hay problemas con la comercialización del maíz

Los productores argentinos sufren un descuento del 10% en el precio del maíz debido al “intervencionismo oficial” en el mercado, indicó un informe de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Crea), y estimó que la pérdida equivale a 20 dólares por tonelada.

La entidad calculó que, con una producción estimada de 20 millones de toneladas para la campaña 2010/11, los 20 dólares por tonelada “suman 408 millones de dólares transferidos desde el sector productor a los consumos internos y a los exportadores”. “Por el intervencionismo oficial, los productores argentinos están perdiendo el 10 por ciento del precio que les correspondería cobrar sin que los consumidores obtengan beneficios”, cuestionó.

El trabajo precisó que, de acuerdo a los valores de la semana anterior, esto significó “20 dólares por tonelada sobre 211 dólares” del Fas teórico (precio internacional menos retenciones y gastos de comercialización). Al respecto, detalló: “a partir de un precio FOB puertos argentinos de 278 dólares por tonelada, se deben descontar 56 dólares por las retenciones del 20 por ciento, y 11 dólares por tonelada por gastos de embarque. Eso da un valor Fas teórico de 211 dólares por tonelada, que debería ser el precio de bolsillo para el productor”. “La posición Abril del Mercado a Término de Buenos Aires marca 191 U$S/T, con un descuento de 20 dólares por tonelada respecto de la paridad teórica, equivalente al 10 por ciento del precio”, puntualizó el documento. La institución destacó que “durante todos los años en lo que el mercado de maíz funcionó sin intervencionismo oficial, no hubo desabastecimiento del consumo interno”.

Con información de El Litoral

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner retrocedió en su decisión de frenar el envío del dinero para la Caja de Jubilaciones de Santa Fe y beneficiar en cambio a Santa Cruz y Misiones. Sin embargo, aún no se ordenó mandar el dinero a los santafesinos.

Hoy se publicó en el Boletín Oficial una resolución rectificadora de la que retraía más de 93 millones de pesos asignados originalmente a la Caja de Jubilaciones de la provincia. El argumento fue “un error administrativo”.

El gobierno nacional decidió dar marcha atrás con la resolución que establecía la retracción de 93 millones de pesos destinados originalmente a sanear parte del déficit previsional de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe.

Después de la fuerte repercusión pública, política y periodística que tuvo la noticia, apareció hoy publicada, en la página 29 del Boletín Oficial, una nueva disposición que rectifica y deja sin efecto la anterior.

La firma de Aníbal Fernández

Según precisó esta mañana el subsecretario de Seguridad Social de la provincia, Víctor Adamik, se trata de “la disposición Nro. 12 de 2011, rectificadora de la disposición anterior que había emitido el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández”. El funcionario reparó en que esta medida correctiva “lleva la firma de Joaquín Alperovich”, director de la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía de la Nación.

“Técnicamente, se plantea como un error administrativo, sin embargo, la rectificación no está firmada por Aníbal Fernández, que era quien había rubricado la disposición original, sino por Hacienda”, advirtió.

La detracción

El origen de la polémica fue la Decisión Administrativa Nro. 1001 firmada por Aníbal Fernández, que establecía una reasignación de partidas presupuestarias. Ello implicaba quitarle 93,1 millones de pesos a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, para destinarlos a los organismos previsionales de Santa Cruz y Misiones.

La difusión de la noticia desató una fuerte reacción de las autoridades santafesinas. Excepto el diputado nacional Agustín Rossi (FPV), que dudó de la veracidad de la información, los demás funcionarios se alinearon para repudiar lo sucedido. Desde el gobernador Hermes Binner hasta sus ministros y el intendente Mario Barletta hablaron de “discriminación”, y se quejaron del trato “obsceno” que está recibiendo Santa Fe.

El tema actualizó viejos reclamos que viene realizando la provincia, y que han llegado ya a la instancia judicial máxima debido a la falta de respuesta. Es que, desde 2006, el gobierno central no remitió un solo peso a Santa Fe de las partidas que debe enviar para financiar el déficit previsional de cada año. Sólo en 2010, el rojo de la Caja provincial fue de casi 300 millones de pesos, mientras que la deuda acumulada supera los 800 millones.

La corrección

La rectificación del Ministerio de Economía, según puede leerse en los considerandos de la nueva disposición, fue argumentada a partir de que “se ha detectado en la planilla anexa al artículo 1 de la Decisión Administrativa Nro. 1001, que la descripción del Código 96 del Clasificador de Ubicación Geográfica no concuerda con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias vigente, lo cual constituye un error que es necesario enmendar”. A renglón seguido se especifica que los recursos, que igualmente serán enviados a Misiones y Santa Cruz, provendrán de la Anses.

No está la orden de enviar el dinero a Santa Fe

Adamik relativizó que realmente se haya tratado de un error, y opinó que “seguramente tuvo mucho que ver el impacto nacional de la noticia”. De todos modos, celebró que la corrección se haya hecho con celeridad. “Por lo menos fue un paso adelante y rápido. Eso es positivo. Ahora, de ahí a que llegue el dinero, es otra discusión”, advirtió. De hecho, en ningún tramo de la nueva disposición administrativa se ordena el envío de alguna partida de dinero a Santa Fe para saldar parte de la deuda millonaria.

“Esto (la rectificación) me satisface. Es un paso adelante. Si nos hubiéramos quedado con lo otro, habría sido una pelea sin fin. Pero estaremos al acecho para poder cobrar lo que nos deben. La Nación no ha pagado nada desde 2006. La provincia ya tuvo que iniciar acciones legales el año pasado para recuperar lo que Anses retiene de nuestra coparticipación, y esperamos que la Corte se expida pronto. Esta reasignación de partidas habría sido demasiado”, concluyó.

Con información de El Litoral