El vicepresidente Amado Boudou y un grupo de empresarios que son amigos o conocidos de él ya son investigados por la Justicia por los supuestos delitos de lavado de dinero en el caso Ciccone y negociaciones incompatibles con la función pública.
Así lo dispuso ayer el fiscal federal Carlos Rívolo al pedir informes a entidades estatales sobre las gestiones realizadas por empresarios ligados al vicepresidente para controlar la mayor imprenta de la Argentina, la ex Ciccone Calcográfica, habilitada para imprimir documentos y papel moneda.
Rívolo dio de esa manera el impulso formal a una causa penal iniciada a partir de investigaciones periodísticas, que revelaron el vínculo entre Boudou y los empresarios que adquirieron la quebrada Ciccone con el objetivo y la semicerteza de acceder a un negocio de 50 millones de dólares, a partir de la impresión de billetes de 100 pesos.
La investigación de la causa, del juzgado de Daniel Rafecas, fue delegada al fiscal, que dispuso las primeras medidas. “Lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública es la calificación tentativa a la luz de los hechos relatados en el expediente”, escribió Rívolo al ordenar las medidas de prueba.
La quiebra de Ciccone
Esto es así, según dijeron fuentes judiciales, porque se trata de determinar si el vicepresidente se interesó en la definición del levantamiento de la quiebra de Ciccone y en establecer de dónde salieron los fondos para hacerlo, pues en principio fueron aportados por personas que no tendrían la capacidad económica para eso.
La AFIP le había pedido a la justicia en lo comercial la quiebra de Ciccone tras acumular deudas por más de 240 millones de pesos. La quiebra se decretó el 15 de julio de 2010. Sin embargo, la AFIP volvió sobre sus pasos en las semanas que siguieron y pidió el levantamiento de esa quiebra, mientras que un socio comercial de Boudou, el abogado José María Núñez Carmona, contactaba a acreedores de la ex Ciccone. Les anticipó que con la ayuda del entonces ministro de Economía obtendrían nuevos contratos, según fuentes al tanto de las gestiones.
Se trataba de un amigo de Mar del Plata de Boudou, el abogado Alejandro Vandenbroele, que actuó en representación de la firma The Old Fund SA, la jugadora que se haría cargo de Ciccone.
Como si fueran muñecas rusas, que se colocan una dentro de otra, The Old Fund SA es controlado por el fondo holandés Tierras International Investments CV, que a su vez es controlada por dos sociedades domiciliadas en Ginebra, Suiza.
Testaferro de Boudou
Tanto el fondo holandés como las empresas suizas figuran disueltas en los registros comerciales. Y como representante legal del fondo Tierras figura Carlos Schneider, un jubilado que cobra el haber mínimo, tras 27 años en la marina mercante y que afirmó que no sabía de qué se trataba todo esto.
La mujer de Vandenbroele, Laura Muñoz, dijo públicamente que su esposo es “el testaferro de Boudou”. El testimonio de la señora, que se está divorciando de su marido, podría estar alcanzado por la prohibición legal que rige de declarar contra el cónyuge, en caso de que el delito no afecte a la interesada. No obstante, hay jurisprudencia que entiende que ese relato podría admitirse como una primera noticia del supuesto hecho delictivo.
El escándalo de Ciccone
La ex Ciccone, ya con sus nuevos dueños, se encargó de la impresión de las boletas electorales del Frente para la Victoria correspondientes a las elecciones primarias de agosto del año pasado y obtuvo el apoyo técnico de Casa de Moneda para la impresión de billetes de 100 pesos, por unos 50 millones de dólares. Este negocio quedó trunco porque estalló el escándalo.
Uno de los funcionarios del Banco Central que habrían respaldado la participación de Ciccone en el negocio fue el gerente general Benigno Vélez, ahora desplazado del cargo en una decisión que comunicó la presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont.
Rívolo personalmente ayer diligenció los oficios que él mismo había firmado para pedir los primeros elementos. Busca hacerse de esos papeles para determinar rápidamente si hay o no delito. El fiscal fue a mediodía desde el edificio de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en Retiro, hasta la zona del Obelisco, donde visitó en Roque Sáenz Peña al 1200 al juez Javier Cosentino, del juzgado comercial N° 8, en el séptimo piso.
Allí está radicado el expediente de la quiebra de Ciccone. El juez mostró total predisposición para darle completo acceso al caso, que circunstancialmente está en la Cámara de Apelaciones. En ese expediente están narrados paso a paso los aportes de capital y los movimientos de los allegados al vicepresidente. También Rívolo pidió informes a la AFIP para determinar qué intervención tuvo en el tema y cómo se produjeron los aportes de capital que permitieron el levantamiento de la quiebra.
También envió un oficio al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, donde le pide antecedentes del expediente mediante el cual se le restituyó a la ex Ciccone la planta impresora que estaba alquilada por un año a la firma Boldt, a pesar de que el juez de la quiebra había autorizado este alquiler. Y además pidió datos a la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y de Contrabando (Ufitco) de sus investigaciones por evasión sobre Ciccone.
En la oposición analizan pedir el juicio político
Dirigentes de la oposición apoyaron ayer la decisión del fiscal Carlos Rívolo de investigar los nexos del vicepresidente Amado Boudou con la ex imprenta Ciccone Calcográfica y anunciaron que si la causa avanza en ese sentido y se hallan pruebas suficientes, su próximo paso será pedir el juicio político del funcionario.
“Si hubiera semiplena prueba de estos delitos, el próximo paso es pedir el juicio político”, dijo la diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos).
Bullrich, junto con diputados de Pro, del GEN y del peronismo disidente ya habían reclamado varias instancias de investigación. En primer lugar hicieron un pedido en la Oficina Anticorrupción, para que determinara si hubo gestiones incompatibles con la ley de ética pública.
“Pasa que acá la Oficina Anticorrupción no se moviliza. Parece la Oficina Pro Corrupción, porque no se mueve ni un papel”, dijo Bullrich, escéptica sobre el futuro de su propia presentación.
Pedido de información
Además, esos mismos partidos habían citado al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, para que informaran sobre los avales y apoyos que recibió Ciccone en ambos organismos.
“Me parece auspicioso que se abra una investigación. La Argentina tiene un larga cuenta pendiente en investigación y castigo de hechos de corrupción donde la impunidad ha sido la regla”, sostuvo el presidente del bloque radical en Diputados y ex camarista, Ricardo Gil Lavedra.
Para Adrián Pérez, presidente de la Coalición Cívica, la medida del fiscal va en sentido correcto. “Hay que determinar la responsabilidad penal del actual vicepresidente, porque a primera vista el manejo fue escandaloso, igual que la utilización que se hizo del poder”, sostuvo Pérez. Pidió que, además, se investigaran los delitos de enriquecimiento y tráfico de influencias por parte del vicepresidente Boudou.
“Boudou debería largar la guitarrita y dar explicaciones. Y el Gobierno cada vez que hay un problema descabeza instituciones pero no habla del tema”, señaló el diputado de Pro Jorge Triaca. Para el macrista, la información era lo suficientemente concreta como para ahondar la investigación, por eso él también avaló su decisión.
Desde el Frente Peronista, el diputado Eduardo Amadeo fue más allá e, igual que Pérez, reclamó profundizar la investigación sobre otros delitos. “Si uno lee los hallazgos periodísticos como un secuencia, no cabe duda de la existencia del delito de asociación ilícita”, opinó Amadeo. Para el peronista, Boudou fue el gestor de “una organización para delinquir que lo tiene a él en el centro: nada se podría haber hecho sin Boudou”.
Con información de La Nación
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