Padres de la escuela Ceferino Namuncurá dejaron de cobrar la asignación universal y se desató la bronca en Santa Fe.

A las familias de las escuelas de gestión privada de zonas urbano-marginales que atienden a población escolar de bajos recursos de la capital santafesina, les suspendieron la Asignación Universal por Hijo. No hay explicación por parte de Anses. El arzobispo Arancedo dijo que es “injusto”.

Madres de la escuela Ceferino Namuncurá se mostraron preocupadas y angustiadas. “Soy empleada doméstica y tengo 3 hijos ¿Qué hago sin la asignación?”, planteó una de ellas.

Las familias que envían a sus chicos a las escuelas de gestión privada dejaron de percibir intempestivamente la Asignación Universal por Hijo, que otorga el gobierno nacional a través de Anses. Esta situación desató la desesperación y el enojo de muchos padres, entre ellos, los de la escuela Ceferino Namuncurá, del barrio Yapeyú, que protagonizaron esta mañana un piquete en la esquina de avenida Blas Parera y Teniente Loza. Además, amenazan con movilizarse el viernes a Casa de Gobierno si no hay respuesta.

Alrededor de 300 personas se habían autoconvocado temprano en la escuela, sita en avenida 12 de Octubre 9400, para analizar el problema y firmar una nota que el colegio enviará al Inadi y a la Defensoría del Pueblo, porque considera que se está “discriminando” a sus alumnos.

El decreto presidencial de creación de la asignación universal dice claramente que el pago del subsidio es para los hijos de padres desocupados o con empleo no registrado, que concurren a escuelas públicas. Sin embargo, el gobierno nacional revisó la medida y decidió comenzar a pagar a principios de este año también a aquellas familias cuyos hijos asisten a escuelas privadas gratuitas, generalmente confesionales y enclavadas en zonas urbano-marginales o en los pueblos, donde a veces son la única oferta educativa. Pero este mes, sin aviso previo ni explicación alguna, la Nación retiró el pago a esos beneficiarios.

“No terminamos de entender este giro del gobierno nacional porque habíamos acordado que se iba a pagar la asignación a los alumnos de las escuelas privadas que cumplen tres requisitos: con cuota cero o muy baja, que es única en alguna localidad y que recibe el 100% de subsidio del Estado”, indicó el director provincial de Educación Privada, Germán Falo.

El funcionario dijo estar realizando los trámites correspondientes ante la Nación para que reponga el pago suspendido. “Estamos hablando de una cantidad importante de alumnos afectados. En la provincia tenemos unas 400 escuelas privadas que atienden a población de sectores vulnerables, pero no sabemos cuántos alumnos dejaron de percibir la asignación”.

Piquete

La directora de la escuela pidió tranquilidad a los autoconvocados, pero ante la falta de respuestas un grupo de 40 personas decidió pasar a la acción e improvisó un piquete en plena ruta. Quemó cubiertas e interrumpió el tránsito en ambas manos durante una hora para hacerse escuchar.

“Creemos que se está discriminando a nuestros chicos que provienen de familias muy humildes. Si bien esta escuela es de gestión privada dependiente del Arzobispado, no cobra cuota. Acá se nos confunde con los colegios privados céntricos, pero nuestra realidad es muy distinta: los padres aportan apenas una cooperadora de 15 pesos si pueden y nos sustentamos a duras penas con el aporte del Estado provincial para pagar los sueldos docentes”, explicó Beatriz Ingüi, directora del nivel primario de la escuela Ceferino Namuncurá, adonde concurren 1.200 alumnos de Yapeyú y alrededores.

La directora está en desacuerdo con los “piquetes”, pero dijo entender la angustia de las familias “que están sufriendo necesidades importantes”.

Desde otra escuela, la Santa Rosa de Lima, también se está por presentar mañana un reclamo formal ante el Instituto Nacional contra la Discriminación. “El gobierno nacional está poniendo en evidencia una cuestión ideológica porque considera que en estas escuelas hay plata, cuando en realidad tenemos que juntar tapitas y papel para pagar los gastos de funcionamiento”, planteó la vicedirectora Verónica Reyes.

“Injusto y discriminatorio”

Monseñor José María Arancedo expresó su preocupación por la situación generada y calificó como “injusta y discriminatoria” y “sin sentido” la decisión de suspender el pago de la Asignación Universal por Hijo a los padres de escuelas parroquiales. “Me ha sorprendido esta situación, creo que es injusto, conociendo la necesidad de la gente pobre que manda a sus hijos en un concepto de sana libertad de enseñanza a una escuela, y que necesitan de esta ayuda del Estado”, expresó.

“Es un acto discriminatorio y no podemos hacer callar nuestras voces ante esta situación”, insistió Arancedo, para quien “la autoridad política jurisdiccional, el Estado provincial, tiene que intervenir para resolver la cuestión. Debe el gobernador reclamar por este derecho que tienen los padres de cobrar la asignación, y por el derecho de esos chicos de estudiar en esas escuelas”.

“Toda educación es pública, el Estado no puede dejar de sentirse responsable para las escuelas de gestión privada, porque toda la educación es pública. Los planes de estudio, la supervisión, todo depende del Estado. Estas escuelas afectadas sólo cobran una contribución mínima a los padres a modo de cooperadora”, dijo Arancedo. “Espero que se encuentre una salida responsable, y que no les quiten a los padres de alumnos de las escuelas parroquiales esa asignación universal”, cerró.

Las escuelas afectadas

En el área metropolitana, la Ceferino Namuncurá, la Santa Lucía, Santa Rosa, Cristo Obrero, Alto Verde, Varadero Sarsotti, Santa Mónica son algunas de estas escuelas parroquiales de gestión privada (dirigidas por la Iglesia). También hay escuelas no parroquiales, dirigidas por instituciones civiles o sociales.

Preocupación del Sadop

A través de un comunicado de prensa, la seccional Santa Fe del Sadop expresó públicamente su preocupación por el conflicto generado. “Los beneficiarios no pierden por enviar a sus hijos a estas escuelas privadas ningún derecho según la normativa originaria. Es una injusticia”, dice el texto.

Afirma el gremio de docentes privados que se le hizo llegar su preocupación a otros funcionarios nacionales, para que “urgentemente pongan fin a esta anomalía administrativa, que desnaturaliza la universalidad de la asignación y, fundamentalmente, lleva angustia e incertidumbre a un sector social tan castigado y debilitado”. Finalmente reclama y exhorta a las autoridades nacionales, “incluso a la presidente Cristina Fernández, para que solucionen de inmediato esta situación”.

Con información de El Litoral

Con cambios en los circuitos electorales y los padrones para las 4 elecciones a celebrar, las autoridades de la provincia firmaron un acuerdo para la actividad electoral del próximo año.

La pretensión es facilitar el acceso del electorado al lugar de votación. Se habilitarán nuevos sitios para sufragar y habrá más mesas. Por primera vez en el país se utilizará el padrón unificado.

Con al menos cuatro elecciones previstas a lo largo del año, 2011 será también el elegido para debutar con reformas en la ingeniería electoral. Habrá nuevos circuitos electorales, más mesas de votación y se eliminarán los padrones diferenciados por sexo.

Esta mañana, el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, el juez federal con competencia electoral en Santa Fe, Reynaldo Rodríguez; y el ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, firmaron un acuerdo que permitirá avanzar con la puesta en práctica de estas medidas.

Lo acordado

Concretamente, el acuerdo permitirá la creación, subdivisión y delimitación de circuitos electorales en aquellos distritos que así lo ameriten por su crecimiento demográfico y densidad poblacional.

El gobierno de la provincia se hará cargo de la financiación de las erogaciones necesarias y el suministro de información, básicamente, del Servicio de Catastro e Información Territorial. El Tribunal Electoral, por su parte, dispondrá de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo las verificaciones “in situ”, que se determinen oportunas.

El anteproyecto de actualización de los circuitos electorales se hará sobre un sistema de coordenadas geográficas utilizando un Sistema de Información Geográfica. Los funcionarios destacaron que el convenio suscripto hoy es “pionero” en la materia, así como la aplicación de recursos tecnológicos en el país para organizar los procesos electorales.

Circuitos

Para graficar cómo impactará en la práctica la creación de nuevos circuitos electorales, el secretario electoral de la provincia, Avelino Lago, puso dos ejemplos: Los Zapallos y Villa Gobernador Gálvez.

“En este paraje poblacional (Los Zapallos), cuyos electores tienen que recorrer quince kilómetros para votar porque están dentro de la jurisdicción de Santa Rosa de Calchines, se creará un circuito nuevo y se hará un operativo especial de cambio de domicilio para que quede constancia de que viven allí. Además, se habilitará un lugar de votación”, comentó.

En el caso de Villa Gobernador Gálvez, se trata de una ciudad con 70 mil electores y un solo circuito electoral, por lo que el votante debe recorrer a veces sesenta cuadras, cruzar la ruta y la vía para poder votar. “Lo que haremos allí es dividir esa ciudad en más circuitos electorales, teniendo en cuenta las vías de comunicación y los accidentes geográficos, afectando nuevos lugares de votación de modo tal que el vecino no tenga que salir de su barrio para poder sufragar”, explicó.

Según dijo, esta modificación se dará gradualmente en todas las ciudades que lo requieran, por su crecimiento poblacional.

Padrón único

El otro cambio trascendente en la organización de los próximos comicios es una consecuencia de la reforma política sancionada a nivel nacional, que elimina las listas de electores diferenciados por sexo, y exige la utilización de un padrón único.

“En las elecciones de 2009 -recordó Lago-, tuvimos 5.490 mesas para las elecciones generales y a partir de esta reforma política, vamos a tener mesas de 350 electores, lo cual implicará un crecimiento del padrón de 5.490 mesas a 7.600, y de 1.100 locales de votación a 1.500 locales”, comentó.

Agilidad

Lago destacó que el objetivo esencial de estas modificaciones es agilizar el acto de sufragar de parte del elector, porque habrá cien votantes menos por mesa.

“El acto será más ágil y, además, el padrón único eliminará la división por sexo. Esto implicará, posiblemente, que el abuelo, el padre, el hijo y el nieto estén en la misma fila de votantes”, sostuvo. El funcionario acotó que la primera experiencia con este nuevo sistema se dará el próximo 19 de septiembre en la ciudad de Laguna Paiva, con la elección de un nuevo intendente.

Con información de El Litoral

La Fiscalía objetó los convenios de pesca en un dictamen confidencial. La protección del sábalo es clave por su lugar en la cadena alimentaria. Los decomisos son parte de las medidas para limitar la pesca comercial.

El Ministerio de la Producción evalúa cómo ajustarse a las objeciones legales del fiscal de Estado, Jorge Barraguirre. Su dictamen tiene carácter confidencial: recurre a las excepciones del decreto 692 de Derecho de Acceso a la Información.

La Fiscalía de Estado de la provincia emitió un dictamen -de carácter confidencial- que contradice la decisión del Ministerio de la Producción sobre los llamados convenios pesqueros.

La decisión del fiscal Jorge Barraguirre desautoriza al ministro Juan José Bertero y lo obliga a cambiar -al menos en la implementación- parte de su política pesquera, que busca restringir el impacto de la pesca comercial del sábalo sobre todo el recurso ictícola.

Aunque no ha trascendido el contenido del dictamen confidencial, trascendió que amonesta los acuerdos firmados entre organizaciones de pescadores y empresas frigoríficas exportadoras de sábalos, que distribuían cupos de extracción.

Los convenios pesqueros, que fueron auspiciados por la secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero del ministerio mencionado como parte de un esquema de fiscalización, contienen cifras sobre cupos de extracción que -a cambio de un mejor precio por kilo- han negociado los representantes de los pescadores con los frigoríficos exportadores de sábalos.

Producto exportable

La medida tuvo efectos concretos en el mercado: el valor del kilo de sábalo pagado por los empresarios exportadores a los pescadores llegó a triplicarse, respecto de la situación anterior. Pero hubo frigoríficos que no alcanzaron un acuerdo ni tuvieron cupos y grupos de pescadores que no fueron reconocidos como asociación por el Ministerio. Ambos objetaron los convenios pesqueros.

A las protestas con cortes del puente Oroño y la Ruta Nacional Nº 168 se sumaron presentaciones judiciales (impulsadas por propietarios de frigoríficos), que enfrentan funcionarios del Ministerio de la Producción: su titular Juan José Bertero y el secretario del Sistema Hídrico, Forestal y Minero Ricardo Biani.

Ley Lacava

La flamante Ley de Operaciones Pesqueras -que aprobaron ambas Cámaras y el Ejecutivo tiene que reglamentar- puede ser la vía de salida para que el Ministerio de la Producción pueda cumplir con lo que le ordena la Fiscalía de Estado.
Es curioso: se trata de un proyecto de ley que -si bien contó con un muy amplio consenso de sendas Cámaras- fue impulsado por un diputado de la oposición: el justicialista Mario Lacava, que sigue con atención el tema pesca.

El Ministerio de la Producción indicó oficialmente que no se caerán los convenios ya celebrados con las organizaciones de pesca y que los próximos que se implementen tendrán como marco la nueva ley.

Comunicado

Esta mañana el secretario Biani sostuvo que no habrá cambios de fondo en la política del área y que no se caerán los convenios oportunamente firmados con las organizaciones de pescadores. Destacó que no se ha previsto liberar la pesca de sábalos y aseguró que continuarán los límites a la extracción.

Compromiso

El ministro de la Producción, Juan José Bertero, dijo la semana pasada a diputados del oficialismo y de la oposición que para lo que queda del cupo de exportación de sábalos (aproximadamente un tercio del total para 2010), se aplicará la nueva Ley de Registro de Operaciones Pesqueras.

La norma -cuya reglamentación está aún pendiente- dispone que los frigoríficos registren todas las acciones que emprendan, referidas a la comercialización de los recursos pesqueros y da sustento legal al esquema de fiscalización dispuesto por ese ministerio. El proyecto que aprobaron ambas Cámaras fue impulsado por el diputado justicialista Mario Lacava, quien subraya que se debe buscar “normalizar el sector” y “permitir la pesca sustentable”.

Lacava piensa en una suerte de paritaria que reúna a pescadores y frigoríficos para fijar el precio del pescado. El mecanismo evita que se otorguen cupos de captura a organizaciones de pescadores, nudo de las críticas -y las denuncias judiciales- contra los llamados “convenios pesqueros”.

Excepción

En Santa Fe el Derecho de Acceso a la Información no está reglado por ley. Cuenta sólo con un decreto, de aplicación exclusiva para el Poder Ejecutivo. Lleva el Nº 692 que ha previsto (en su Art. 14) las excepciones para la difusión de información. El dictamen confidencial del fiscal Barraguirre se basaría en el inciso f), que habla del derecho de resguardar datos que puedan tener algún valor ulterior en juicios y puedan alterar las condiciones del debido proceso.

Audiencia

Hace más de quince días, el fiscal de Estado, doctor Jorge Barraguirre, mantuvo una audiencia con sectores de la pesca: hubo tanto representantes de los pescadores como empresarios de los frigoríficos exportadores. Fuentes consultadas por El Litoral indicaron que el clima no fue el mejor.

Con información de El Litoral

A pesar de la insistencia de la oposición para que se den a conocer las fechas, el ministro de Gobierno, posible candidato a la gobernación, dijo que esa información se difundirá “cuando corresponda”.

Antonio Bonfatti, aseguró que la confección del cronograma se discutirá con los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria.

Hoy por la mañana, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado de la provincia de Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti, dejó en claro que no está entre los planes de la administración socialista difundir el cronograma electoral fijado para 2011 en los próximos días.

Al respecto, el integrante del Gabinete del Dr. Hermes Juan Binner estableció que las fechas dispuestas para los comicios provinciales y locales se conocerán “cuando corresponda que estemos en los términos”. Los dichos parecieron ser una respuesta a los reiterados pedidos del diputado nacional Agustín Rossi y de otros precandidatos a gobernador también justicislistas.

En ese sentido fijó que “hasta pasado fin de año no estamos incumpliendo la ley” si no se difunden las fechas en los cuatro meses venideros. De este modo, Bonfatti intentó poner paños fríos a las reacciones del arco opositor que en varias oportunidades reclamó ya la publicación de los días prefijados.

“No hay posibilidad de darlo porque la ley es muy clara: La Constitución dice 90 ó 180 días antes del traspaso de un Ejecutivo a otro se realizan las elecciones, 60/90 días las primarias y 120/150 la convocatoria” agregó. Igualmente aseveró que “no estamos todavía en tiempo”.

Asimismo, el ministro comunicó que una vez que se dé publicidad a los días elegidos para celebrar los comicios “haremos la convocatoria”. Además, cuando se le consultó so se dialogará con los partidos políticos o la determinación será unilateral, dijo claramente que “lo charlaremos en su oportunidad con los partidos”.

Con información de DERF

Los empleados de la autopartista Paraná Metal decidieron en asamblea levantar el corte en la autopista a la altura de Villa Constitución dado que un grupo de delegados se trasladó a Buenos Aires para reunirse con el ministro de Trabajo de la Nación. Si no hay avances, se retomará el corte.

Claudio Rivas, uno de los delegados de la empresa Paraná Metal, dijo hoy en declaraciones a Canal 5 que “la protesta fue buena. Desde el 3 de agosto estamos sin trabajo y sin cobrar. Hemos hecho reuniones en el ministerio de Trabajo para poder destrabar el conflicto y en ningún momento hubo predisposición. La empresa nos está planteando despedir a 600 trabajadores y reducirles el salario a los que queden.

Seguimos con el corte total, pero como a las 10.30 de la mañana tenemos una reunión con (Carlos, el ministro de Trabajo de la Nación) Tomada hemos decidido por asamblea levantar el corte durante el lapso que dure esa reunión y si no hay una solución satisfactoria volveremos a cortar la ruta”

En medio de la incertidumbre por su futuro laboral, unos 900 trabajadores mantuvieron también por la noche el corte de la Autopista Rosario-Buenos Aires y también bloquearon la ruta 21 (ex 9) a la altura de la planta de Paraná Metal. Hubo un gran caos de tránsito en la zona.

Más de mil trabajadores y manifestantes de distintas organizaciones sociales en solidaridad cortaron desde las primeras horas de ayer la autopista Rosario-Buenos Aires –a la altura de Villa Constitución–, a raíz del conflicto que puso en jaque 900 puestos de trabajo. Por la tarde, además, se resolvió el corte de la ruta 21, frente a la sede de la fábrica.

“Nos encontramos en asamblea permanente por lo que no descartamos ningún tipo de medida de fuerza, incluso el posible bloqueo al casino de Rosario o a la refinería de San Lorenzo, que al igual que Paraná Metal pertenecen al empresario Cristóbal López. Las tratativas son un verdadero chantaje ya que prácticamente nos colocan un revólver en la cabeza para cumplir con sus objetivos”, apuntó Juan Actis,  delegado de la autopartista, respecto del estado de las negociaciones.

Por otro lado, el gremialista detalló que la Justicia no concedió la prórroga solicitada por la UOM local para esperar por nuevos oferentes, por lo que las únicas dos soluciones posibles serían –según Actis– la normalización del funcionamiento con los dueños actuales o bien la cooperativa creada por los empleados que ya goza del visto bueno en Tribunales.

“Ni el frío ni el agua nos impide manifestarnos; lo que defendemos es algo justo”, sostuvo por su parte el delegado metalúrgico Alberto Churichi, en declaraciones a los móviles apostados en el lugar. Anoche la decisión era continuar con la medida por tiempo indeterminado. El sindicalista agradeció en ese sentido el apoyo a otros gremios y organizaciones sociales que se sumaron a la vera de la autopista.

Es que ayer se conoció que la Justicia negó a los trabajadores los cinco días que habían pedido de prórroga para la inscripción de nuevos interesados en manejar la fábrica. Con todo, sí aceptó la inscripción de la cooperativa de empleados.

La decisión de cortar la autopista fue votada en medio de una asamblea de empleados de la firma villense, ante la incertidumbre por la continuidad de la firma tras la ausencia de un plan de pago para acreedores de la compañía de Cristóbal López.

La autopartista entró en convocatoria de acreedores el año pasado y ahora los trabajadores esperan que se acerque algún inversor privado para darle continuidad a la fábrica, que tiene más de 50 años de historia.

¿Futura cooperativa?

En enero pasado la firma Oil M&S ingresó a la empresa con el objetivo de darle continuidad a la producción de autopartes –que en su mayoría se exportan a terminales automotrices de otros países del Mercosur– pero en las últimas semanas decidió retirarse de la operatoria, sin hacer uso de la opción de compra.

Sin embargo, no hubo otro oferente privado, y la única presentación la realizaron los trabajadores bajo el paraguas de una cooperativa denominada Villa Metal. “Nos presentamos ante la Justicia como una cooperativa en formación; queremos que la jueza lo acepte para que no se decrete la quiebra en forma automática ante la ausencia de oferentes”, explicó el secretario de Organización de la UOM villense, Leandro Del Greco.

Merma de producción

Los trabajadores explicaron que en 2008 la planta producía alrededor de 4 mil toneladas mensuales de piezas de fundición para terminales automotrices, de las cuales el 95% estaba destinada al mercado externo. Allí se producían blocks de motores, tambores y discos de frenos, carcasas de diferencial, tapas de cojinetes, volantes y cubrerruedas que se exportaban a Ford Argentina, Ford y Volkswagen de Brasil, entre otros destinos.

Hoy la producción cayó a 600 toneladas “y la planta está parada y sin producción”, dijo Del Greco. Para el sindicalista, “el problema de Paraná Metal, más que económico y financiero, es político”. Y agregó: “Le vende el 95 por ciento de su producción a terminales de Brasil, como la Ford, que es el mayor comprador. Hoy la Ford se ha retirado de esta empresa, y dijo que podría seguir en octubre pero a fin de año se quiere retirar definitivamente, porque va a buscar la producción a Sudáfrica. Por eso decimos que la cuestión es política, en un contexto donde hoy la producción automotriz ha llegado a un récord histórico”.

Los trabajadores mantuvieron la semana pasada reuniones con funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, que beneficia con el pago de Repro a los empleados de la planta. “Lo único que están cobrando los compañeros”, según Del Greco.

Desvío de tránsito

La Agencia Provincial de Seguridad Vial implementó ayer por la tarde un esquema orientador para los conductores que necesitan cubrir el trayecto Rosario-Buenos Aires o viceversa.

En Rosario, la salida hacia Buenos Aires se hace por ruta provincial Nº 14 hasta Bigand, y tomando la ruta nacional Nº 178 hasta Pergamino.

En el sentido Buenos Aires a Rosario, se desvía desde autopista Rosario - Buenos Aires a la altura de San Nicolás, por ruta nacional Nº 188 hasta Pergamino, ingresando a la provincia de Santa Fe por ruta Provincial Nº 18.

Con informaión de La Capital y Noti Express

Por la medida de los trabajadores del Hospital de Niños de Rosario se suspendieron 500 turnos y cancelar las cirugías.

El paro que están llevando adelante los empleados del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, que hoy entra en su tercer día, ya generó la suspensión de 500 turnos y la paralización de todas las cirugías programadas. No obstante, está garantizada la atención de las urgencias en la guardia y en el sector de internación.

Si bien los médicos no se plegaron a la huelga, ayer un grupo de profesionales manifestó su solidaridad con el reclamo, lo que profundizó la preocupación entre las autoridades del hospital. La llave que destrabe el conflicto podría aparecer hoy, a las 15, hora en que está agendada una reunión entre ambas partes. Mientras tanto, los trabajadores esperarán el resultado en asamblea permanente.

Los empleados reclaman la incorporación al plantel de 38 personas de distintas áreas. Ayer al mediodía se reunieron con el secretario de Salud municipal, Lelio Mangiaterra, pero no llegaron a un acuerdo ya que la propuesta oficial, que podría ser mejorada hoy, es el ingreso de los trabajadores de manera escalonada “en un plazo no muy extenso”, según dijo ayer Mangiaterra.

El secretario gremial del Sindicato Municipal, Sergio Rodríguez, admitió que la reunión “se puso tensa en un momento. Sólo obtuvimos una respuesta favorable al 50% del reclamo”, indicó. Mangiaterra, que no quiso públicamente dar a conocer la propuesta oficial, ofreció —según Rodríguez— “la incorporación de unos 20 trabajadores, cuando pedimos casi 40”.

Poca actividad en el hospital

La vicedirectora del hospital, Velia Peralta, se mostró sumamente preocupada por la situación, aunque aclaró que “la atención en la guardia es normal y lo mismo sucede con los niños internados”. Sí confirmó la suspensión de la entrega de turnos, unos 250 por día, y desde ayer, de las cirugías programadas: “Incluso estamos pensando en posponer las intervenciones cardiovasculares previstas para los próximos días hasta que el conflicto se solucione”, indicó.

Sobre la posible ausencia de insumos en el hospital, otro de los reclamos del gremio, Peralta, y hasta el intendente Miguel Lifschitz, negaron que existan faltantes que pongan en riesgo a los pacientes.

En los pasillos y las salas de espera del hospital ayer se respiraba la angustia de los padres que llevaban a sus hijos. “La gente está viviendo también la incertidumbre, es inevitable, están preocupados como nosotros”, destacó Peralta.

Por su parte, el secretario de Salud municipal enfatizó que “es primordial que la gente se quede tranquila, porque se están atendiendo las urgencias y toda necesidad de los pacientes se va a cubrir” destacó y agregó: “Por ahora tenemos la situación bajo control y esperamos llegar a un acuerdo. Si el paro se prolonga, no descarto que tengamos que derivar pacientes a otros efectores públicos”.

Mangiaterra, quien se mostró más optimista que los representantes del gremio sobre la posibilidad de arribar hoy a un acuerdo que permita levantar el paro, pidió que “los padres recurran a los centros de salud cercanos al domicilio —hay 84 en Rosario—, o bien a los hospitales Centenario, Zona Norte y Eva Perón, que tienen atención pediátrica”, para minimizar en el Vilela la concurrencia de pacientes que no deben ser atendidas por urgencias.

Con información de La Capital

En un duro revés al Gobierno, la Justicia revocó la intervención a la empresa imponiendo un primer freno a las pretensiones del Ejecutivo conducido por Cristina Fernández de Kirchner de controlar la producción y suministro del papel para diarios.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dejó sin efecto la intervención en Papel Prensa y revocó el nombramiento del coadministrador judicial que había sido designado, en marzo pasado, a instancias del Gobierno.

El fallo fue firmado por unanimidad por los camaristas Juan R. Garibotto, José Luis Monti y Alfredo Kölliker Frers, que integran la Sala C, y es un duro revés para el Gobierno. Pero, además, el mismo tribunal dictó otras seis sentencias, todas favorables a Papel Prensa.

La decisión fue adoptada exactamente una semana después de que la presidente Cristina Fernández de Kirchner anunciara la decisión de denunciar ante la justicia penal a directivos de LA NACION y Clarín, accionistas mayoritarios de Papel Prensa, por la supuesta participación en delitos de lesa humanidad, y ante la justicia comercial por violaciones a la lealtad comercial.

Estas denuncias todavía no se concretaron, pero la decisión de la Cámara de Apelaciones expone, en términos categóricos, que la intervención judicial en Papel Prensa no tuvo fundamento alguno.

El fracasado plan del Gobierno

Papel Prensa es una empresa privada, en la cual el Estado es accionista minoritario. Sus representantes, incluso, jamás objetaron las decisiones societarias, pero el año pasado el Gobierno lanzó una feroz embestida para controlar la producción de papel y, por esa vía, controlar a los periódicos.

A instancias del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en noviembre fueron removidos los titulares de la Sindicatura General de la Nación y de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Y, a partir de dos resoluciones de la CNV que anularon sendas reuniones de directorio realizadas en Papel Prensa, Moreno solicitó y obtuvo que el juez comercial Eduardo Malde nombrara a un coadministrador. Tras la renuncia del primer funcionario judicial, Carlos Bianchi, fue designado Martín Arecha, que ayer cesó en sus funciones.

Fundamentos del fallo

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial fundamentó la sentencia con los siguientes argumentos:

El tribunal, en dos fallos dictados en las últimas semanas, había dispuesto la nulidad de las resoluciones 16.222 y 16.276 de la CNV, a cuya vigencia el propio juez Malde subordinó la continuidad de la intervención. Por eso, ahora dejó sin efecto la intervención que sólo se apoyaba en esas medidas.

“No se advierten acreditados la verosimilitud del derecho invocado ni el peligro en la demora” que pueden justificar la suspensión de las decisiones societarias y la intervención.

Frente al argumento del Estado que había denunciado defectos formales en la realización dos asambleas, en la adopción de decisiones societarias y en la presentación de los balances de la empresa ante la Bolsa de Comercio -Papel Prensa cotiza en Bolsa-, la Cámara de Apelaciones afirmó que el Estado hizo “una mera invocación de presuntos defectos formales”, que “no tienen relevancia”.

La supuesta irregularidad de que un balance trimestral llevara las firmas del presidente saliente de Papel Prensa y de quien lo reemplazó, “en rigor no es tal cosa”, determinó el tribunal. Los jueces señalaron: “Sólo con un uso forzado del lenguaje puede hablarse de una flagrante alteración, cuando lo cierto es que simplemente aparecen dos firmas de directores, la del presidente renunciante y la de quien lo sucedió”.

El Estado, cuando pidió la intervención, también invocó que la empresa no le suministraba información societaria. Papel Prensa siempre negó esta acusación y la Cámara de Apelaciones lo confirmó: “El pedido de información no parece comprometer el desenvolvimiento de la sociedad. El requerimiento de información adolece de una excesiva generalidad e imprecisión”.

La situación patrimonial de la sociedad podría surgir de la simple lectura de los estados contables de la sociedad. El tribunal interpretó que pedir otros datos sólo se justificaría si (el Estado) tuviese en miras la adquisición de la empresa. Así, la cámara parece aludir, en términos elípticos, a que la actitud del Estado parecía traslucir la intención de apoderarse del control de la empresa.

Fin de la intervención

Con el fallo de ayer, la intervención del coadministrador cesó. La empresa no está ahora intervenida. Sí seguirá en su cargo el doctor González Arzac, que había sido designado miembro del Consejo de Vigilancia.

La Cámara Comercial también rechazó los dos pedidos de agravamiento de la coadministración solicitados en distinta oportunidad por el Estado nacional y la CNV.

El tribunal desestimó, además, el pedido del Estado de suspender las reuniones de Directorio de la empresa celebradas el 9, el 13, el 21 y el 29 de abril de 2010.

Con el fallo, Beatriz Paglieri y otros directores que representan al Estado seguirán suspendidos, fuera de la sociedad, y permanecerán en funciones los directores suplentes hasta tanto se resuelva una apelación presentada por Papel Prensa. La CNV pretendió mantenerlos en sus funciones y la Cámara Comercial resolvió que la apelación de Papel Prensa tiene efecto suspensivo, con lo cual hoy son directores del Estado los suplentes, ya que los titulares han sido removidos.

Lidia apaleo pide protección

La viuda de David Graiver, Lidia Papaleo, solicitó ayer a la Fiscalía Federal que instruye la investigación sobre Papel Prensa que se le brinde la condición de testigo protegido, tras haber declarado el jueves pasado. Según informaron las fuentes judiciales consultadas, dijo tener “temor” por su vida. Su pedido será evaluado por un equipo de especialistas que determinarán si procede su petición. De prosperar, se le ofrecerá custodia policial, así como contención terapéutica. El fiscal Marcelo Molinas, en tanto, citó a declarar la semana próxima, también como testigo, a Rafael Ianover, ex testaferro de los Graiver.

Con información de La Nación

La presidente Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto que fue publicado esta mañana en el Boletín Oficial entrando en vigencia.

El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto de reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, impulsada por el Poder Ejecutivo y sancionada por el Congreso hace poco más de un año.

La articulación de la norma 26.522, también conocida como Ley de Medios, fue oficializada mediante del decreto 1225/2010, firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y entrará en vigencia desde hoy.

El decreto faculta además a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual a dictar las normas complementarias y aclaratorias de la reglamentación que se aprueba por el presente decreto.

Agrega que “el decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial”.

El decreto lleva la firma de la presidente Cristina Kirchner y del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Con información de Télam

Negando que el gobierno no de importancia a lo productivo, Ana Brunet, nueva representante de la provincia en el Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro), reemplazará al desplazado Pablo Ferrés.

El gobierno provincial informó hoy que Ana Brunet, actual Coordinadora Provincial de Puertos asumirá esta semana. La llegada de Brunet está prevista por la Casa Gris como el corolario del final de la disputa de Santa Fe con el gobierno nacional por el Puerto de la Música, que se tejió hacia fin de la semana pasada.

“No creo que el gobierno santafesino no privilegie la actividad productivo- portuaria”, aseguró la funcionaria al ser indagada por la importancia que aparenta dar el gobernador Hermes Binner al proyecto cultural del Puerto de la Música por sobre el propio puerto.

Antecedentes de Brunet

Durante su gestión en la coordinación de Puertos, cargo que ocupa desde 2008, Brunet participó de la elaboración del Plan Estratégico del Puerto de Villa Constitución y la redacción del Código de Conducta Ambiental Portuario de la provincia, entre otras actividades.

La misión de la nueva funcionaria

Terminada la aprobación del recambio de accionistas en TPR (hace semanas se concretó formalmente el traspaso de la mayoría accionaria a Aotsa y los derechos exclusivos sobre la totalidad de esas acciones para Vicentín), la tarea de Brunet será la de cuadrar al concesionario con los términos del contrato (renegociar plan de obras, mejorar la calidad de los seguros), un proceso inciado por Ferrés luego de un comienzo dubitativo de la gestión de Hermes Binner.

También tendrá que ver cómo arbitra ente TPR y el otro concesionario (Servicios Portuarios), cuya relación no está tirante. El último conflicto es por el reclamo de TPR a Servicios Portuarios por el cobro y el valor de los servicios logísticos prestados a los trenes que pasan por sus terminales con destino a los silos graneleros de su vecino.

Encaminada la situación del Puerto de la Música, la guerra fría en los muelles de Rosario hoy es entre privados y es por los contenedores.

Con información de El Litoral y La Capital