Nueva plataforma para la fiscalización del impuesto a las ganancias de las personas jurídicas. Aumenta la recaudación y considera nuevos conceptos.

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray anunció la creación de una matriz inteligente para la fiscalización del impuesto a las Ganancias de las personas jurídicas, que ayudará a reducir la evasión impositiva, en particular de las grandes empresas. En ese sentido, se establece un nuevo formato en la presentación de la Declaración Jurada con mayor detalle de los gastos deducidos y ajustes informados en el rubro “otros” y la identificación de las operaciones con moneda extranjera.

“En 2010, analizamos las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y la AFIP observó que las empresas dedujeron más de 452.000 millones de pesos en conceptos no identificados, lo que representa el 30% de las ventas totales declaradas en el período 2009. Esta nueva herramienta nos permitirá verificar la consistencia entre la operatoria comercial, los flujos financieros y la situación fiscal de los contribuyentes. De esta manera, buscamos que el crecimiento de la economía se vea reflejado en los impuestos que deben pagar las empresas”, evaluó Echegaray.

Además, el funcionario agregó que esta nueva matriz “ayudará a optimizar las acciones de control, minimizar la planificación fiscal nociva y conocer el motivo que origina los movimientos de divisas”, entre otros aspectos.

40 conceptos nuevos

La nueva Declaración Jurada incorpora más de 40 nuevos conceptos para la categoría “otros ajustes” e incluye en el rubro “otros egresos” y “otros gastos vinculados al costo” como por ejemplo, los gastos en publicidad, los servicios públicos, los seguros, los gastos de combustible y médicos, los viáticos, y los sistemas de seguridad y transporte de caudales.

“Queremos identificar los gastos en el balance que presentan las empresas”, resaltó Echegaray y detalló que en 2009 el monto en el rubro ‘otros ajustes’ ascendió a $138.000 millones (60% del monto total de ajustes) y $ 314.635 millones fueron declarados en conceptos genéricos”, especificó el funcionario.

Respecto de la moneda extranjera se deberá identificar el motivo que originó la compra y venta, por ejemplo, para el pago de importaciones, alquileres y de comisiones realizadas al exterior, buscando de esta forma conciliar la situación fiscal con los movimientos de divisas.

Con información de Punto Biz

Otra vez los fondos previsionales se utilizan para otros fines. En menos de tres semanas, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, volvió a usar los superpoderes para hacer un fuerte aumento del gasto total, sincerando en parte los números presupuestarios.

Esta vez autorizó un aumento del gasto total de 4612,7 millones de pesos, en parte reconociendo el aumento de recursos propios de algunos organismos y en parte haciendo alquimia contable, fingiendo reducciones de inversiones financieras.

El Gobierno no ha sincerado la recaudación general de impuestos, que ha resultado mucho mayor que las deliberadamente bajas previsiones que puso en el presupuesto 2010.

Para poder echar mano de esas partidas no basta con los superpoderes del jefe de Gabinete, por lo que se debería recurrir al Congreso y negociar la reasignación. Pero se espera que, tal como hizo en 2009, la presidente Cristina Fernández de Kirchner utilice un decreto de necesidad y urgencia que probablemente aparezca sincerando todas las partidas presupuestarias cuando esté más cercano el final de las sesiones ordinarias del Parlamento.

Con la decisión administrativa 765/10, publicada ayer en el Boletín Oficial, Aníbal Fernández destinó los mayores aumentos del gasto a aumentar los subsidios destinados a contener los incrementos de las tarifas eléctricas ($ 590 millones) y las de transporte ($ 360 millones).A la Anses se le reconocieron 2731 millones de pesos más de recursos propios de los que tenía previstos hasta el momento.

Pero de ese total 1115 millones se gastaron en otras jurisdicciones para destinos que no son previsionales. Por ejemplo, 815 millones fueron enviados como “contribución a la administración central” y se repartieron del siguiente modo: 15 millones para el Servicio Penitenciario Federal, 100 millones para la caja de retiros y pensiones de la Policía Federal (en una repetición de un mecanismo utilizado para financiar esos dos destinos a mediados de octubre pasado).

Otros 200 millones fueron al pago de retiros y pensiones militares y 800 millones al Ministerio de Desarrollo Social, para el pago de pensiones no contributivas.También a la Anses se la obligó a hacer una contribución de 36 millones de pesos a la AFIP, y la autorizaron a gastar 170 millones de pesos más en gastos de funcionamiento, que no incluyen aumentos salariales para el personal y en cambio sí pagos de servicios de mantenimiento y limpieza, comunicaciones, de informática, comerciales, financieros, comisiones y un misterioso rubro de “otros no especificados precedentemente”, que se llevó casi la mitad del total, con 82 millones de pesos.

Asignación por hijo

También se sinceraron, aumentándolas, partidas para el pago de la asignación universal por hijo, asignaciones familiares y complementos de prestaciones previsionales.Las jurisdicciones con mayores incrementos fueron los ministerios de Trabajo, del que depende la Anses, seguido por el Ministerio de Planificación. La cartera de Julio De Vido recibió, además de los subsidios mencionados, incrementos de 200 millones de pesos para Vialidad y otro tanto para el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico.

Pero los subsidios energéticos no terminaron allí: también se destinaron 300 millones adicionales a Enarsa, la subsidiada compañía estatal que había recibido un refuerzo de aportes en octubre. Claro que en este caso las partidas no salieron de la cartera de De Vido sino de la cuenta Obligaciones a cargo del Tesoro. Otros 10 millones fueron a aumentar los subsidios a la empresa Educar.

Con información de La Nación

“Sin un juez que habilite el embargo, la AFIP viola la defensa al contribuyente”

La Corte Suprema podría resolver hoy que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no tiene facultades para embargar bienes o cuentas de los contribuyentes sin contar con una orden judicial previa. Por este motivo, el programa radial de Meridiano, Base de Datos, dialogó con Enrique Lingua, tributarista.

¿Cómo se manejan las cosas desde la AFIP?
Esto arrancó en diciembre de 1999, cuando se modificó una ley: se dió una facultad de que se pueden embargar cuentas bancarias apenas está determinada una deuda, y al contribuytente se le hace un ajuste, si es que el quiere.

Es como una suerte de anticipo que puede tener la AFIP. Lo que hace la AFIP es embargar la cuenta bancaria que después se puede cambiar como embargo voluntario, pero esto se lleva a cabo cuando empieza la discusión administrativa. Es un tema preventivo, y ahora se está entendiendo que viola la defensa del contribuyente, porque lo hace sin un juez. Lo que la corte dice es que la AFIP puede embargar pero que tiene que haber una intervención judicial.

¿Un fallo con un juez sería para darle más seguridad al contribuyente?
Es que se ha avanzado en un sentido en que el contribuyente tiene derecho a defensa, pero cualquier diferencia determinada por los organismos lo pone al contribuyente como que no tiene recursos de defensa. En el fondo no significa que tenga razón el ajuste, es un tema muy controvertido. Este tema de la corte le va a dar legitimidad, va a plantear el paso previo, y para embargar una cuenta tiene que estar un juez que es el único que tiene las facultades de hacerlo. La corte, si falla, va a dividir los poderes. Es un tema que afianza la división de poderes. En Santa Fe a partir de que una persona tiene una diferencia de impuestos, automáticamente se embarga la cuenta de los contribuyentes, en el momento en que se comienza con una discusión administrativa. Si esto tiene un avance importante, tiene que haber una homologación en las provincias.

Con información de Punto Biz

La entidad aclaró las pautas que tendrá en cuenta para excluir del Monotributo a los contribuyentes que hagan compras, gastos o depósitos bancarios sospechosos.

Mediante la Circular 5/2010, publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial, la AFIP dijo que las compras de bienes o gastos personales que sean incompatibles con los ingresos declarados serán motivo de exclusión.

No obstante, aclaró que no se tendrán en cuenta para decidir esa exclusión las compras o gastos respecto de los cuales se demuestre que han sido pagados con ingresos adicionales a los obtenidos por las actividades incluidas en el Monotributo, que resulten compatibles con el mismo.

De los depósitos bancarios incompatibles con los ingresos, se dejarán de lado para computar esa situación los fondos respecto de los cuales se pruebe que corresponden a ingresos originados en actividades no incluidas en el monotributo que resulten adecuadas para este impuesto.

También los depósitos que pertenecen a terceras personas, en virtud de operar como cuentas recaudadoras o administradoras de fondos de terceros (por ejemplo, administradores de consorcios) o cotitulares, cuando se trate de cuentas a nombre del pequeño contribuyente y otra u otras personas.

Respecto de la proporción entre ingresos y gastos, del total de compras se detraerán los importes correspondientes a las adquisiciones de bienes que tengan para el sujeto el carácter de bienes de uso respecto de los cuales se demuestre que han sido pagados con ingresos adicionales a los obtenidos por las actividades incluidas en el régimen simplificado, que resulten compatibles.

Bienes de uso

En el Monotributo, se consideran bienes de uso aquellos cuyo plazo de vida útil sea superior a 2 años, en tanto hayan permanecido en el patrimonio del monotributista como mínimo 12 meses desde la fecha de habilitación del bien.

Retención de IVA y Ganancias

Además de la exclusión de oficio del Monotributo por parte de la AFIP, otro peligro que acecha a los pequeños contribuyentes es que las empresas clientes de monotributistas deberán retener IVA y Ganancias cuando la facturación supere la de la categoría máxima del Régimen Simplificado.

En cada pago al monotributista, la empresa cliente debe sumar todas las operaciones del mes más las realizadas en los últimos once meses. Luego, tiene que controlar que, si son servicios, no superen –en los doce meses– la suma de $ 200.000 y en el resto de las operaciones (comercio, industria y actividad agropecuaria) la suma de $ 300.000.

Si supera el tope, debe retener el 21% del IVA y el 35% del Impuesto a las Ganancias e ingresarlo a la AFIP, lo que significa que se retiene el 56% del importe total pagado al pequeño contribuyente.

En el caso de la venta de cosas muebles, también se deberá retener cuando el precio unitario de venta de la factura sea superior a $ 2.500.

Con información de ON24

El gobierno provincial pondrá en marcha el Plan de Regularización Tributaria para los que tengan deudas con la Administración Provincial de Impuestos (API).

El plan contempla reducciones de intereses, de entre 20 y 60%, quitas del 35 al 70% en multas y convenios de hasta 36 cuotas.

Este plan, que comenzará a regir mañana en toda la provincia y beneficiará en mayor medida a quienes opten por pagar al contado o de manera inmediata, abarca obligaciones fiscales devengadas al 31 de diciembre de 2009, de un “monto máximo de 5 millones de pesos por tributo, cuya titularidad corresponda a un mismo contribuyente”, explicó el subsecretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari.

“Quienes excedan ésa cifra, primero tendrán que regularizar el excedente de esos cinco millones mediante alguno de los convenios vigentes de la API; para luego regularizar los cinco millones en el plan de reducciones de intereses y multas”, advirtió el funcionario.

El alcance de la medida

La regularización incluye los impuestos sobre los Ingresos Brutos; Inmobiliario Urbano, Suburbano y Rural; las actividades hípicas; Sellos; Aportes Sociales Ley Nº 5.110; Contribución de Mejoras; Patente Única Sobre Vehículos; Tasa Retributiva de Servicios; entre otros. Para acceder al plan, los contribuyentes deberán estar al día con las obligaciones fiscales devengadas durante 2010.

Los planes de pago incluyen hasta 36 cuotas, con importes mínimos de 50 pesos en impuesto inmobiliario y de 100 pesos en el resto de los tributos. En tanto, la regularización prevé dos vencimientos: el primero, el 30 de abril, con un régimen de reducciones de intereses y de multas; y el segundo, el 31 de mayo.

Recaudación estimada

El objetivo planteado desde la Subsecretaría de Ingresos Públicos, junto a la API y Catastro, “es darle la posibilidad al contribuyente de que tenga facilidad para ponerse al día con la Administración Provincial de Impuestos, en un momento en que la provincia necesita fondos líquidos y a partir de eso comenzar con el plan de fiscalización integral que estamos desarrollando para generar una conciencia en el contribuyente, de que no sólo tiene que pagar lo que corresponde, sino además en tiempo y forma”, indicó Beccari.

“Nosotros planteamos un escenario para todo 2010 de recaudación de entre 80 y 100 millones de pesos” que ingresarán a través de este régimen a las arcar provinciales, y que serán “incluidos en el Fondo de Recomposición Salarial”, agregó el funcionario provincial. El Plan de Regularización Tributaria fue aprobado a través de la ley 13.066, sancionada por la Legislatura.

Pagos virtuales

Asimismo, el funcionario adelantó que aun se está terminando de definir el programa para que el contribuyente tenga la posibilidad de hacer la mayor cantidad de trámites posibles a través de Internet, sin tener que concurrir a las oficinas de la API para visualizar las deudas, acceder a los planes y emitir comprobantes, “que luego deberán ser abonados en el banco”, aclaró el subsecretario.

Beneficios

Los beneficios de acogimiento al plan propuesto por el gobierno, en lo que refiere a impuestos en general, incluyen reducción de intereses en un 50% y de multas en un 70% para quienes efectúen pagos al contado hasta el 30 de abril; de un 35% en intereses, y del 50% en multas, para quienes lo hagan antes del 31 de mayo; y, finalmente, la reducción de un 20% de intereses y de 35% en multas para quienes efectúen un convenio de pago de 12 cuotas.

En lo que respecta a impuesto inmobiliario, a partir del 12 de abril “la API enviará una liquidación con los detalles de la deuda a los domicilios de los contribuyentes en toda la provincia, con un plan de pago de hasta 12 cuotas, para que puedan pagar antes del 30 de abril”, indicó Beccari.

En el caso de los deudores de “impuesto inmobiliario por inmuebles menores a 100 metros cuadrados, incluidas las mejoras no declaradas y de Patente Única sobre Vehículos de transportes de pasajeros, de cargas en general y moto vehículos de hasta 125cc” los beneficios alcanzarán una reducción del 60% de intereses por pago contado hasta el 30 de abril; del 50% hasta el 31 de mayo; y del 20% en convenios de 12 cuotas.

Exclusiones

Por otra parte, el régimen excluye a los contribuyentes con proceso penal abierto por delitos tributarios referidos a impuestos provinciales; agentes de retención y/o percepción por los importes que hubieren retenido o percibido y que no fueron ingresados al fisco; a agentes de retención y/o percepción por los impuestos, tasas o contribuciones no retenidos y/ o percibidos; y las multas por defraudación en concepto de impuesto inmobiliario.

Finalmente, ante “la falta de pago de 3 cuotas consecutivas o alternadas” se dará caducidad al convenio.

Con información de La Capital

En 2010, comenzará un proceso de digitalización de los datos. El trámite será obligatorio para más de siete millones de personas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarrollará en 2010 un proceso de reempadronamiento para digitalizar todos los datos de los contribuyentes inscriptos con clave única de identificación tributaria (CUIT).

Se trata de unos 7 millones de personas físicas y empresas que, desde enero, deberán volver a inscribirse ante el fisco para “brindarles una mayor seguridad jurídica” y evitar que terceros utilicen sus claves.

El jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, sostuvo ayer en un encuentro con periodistas que en primer término la obligación regirá para quienes se den de alta en el régimen impositivo. Luego, el cambio regirá para todos aquellos que ya están inscriptos y tienen esta clave.

A todos, el fisco les escaneará el documento nacional de identidad (DNI), huella digital, fotografía y firma, tanto en las agencias como en puestos que la AFIP promete colocar en grandes centros comerciales. Las personas físicas deberán hacer el trámite en forma personal, mientras que en el caso de las personas jurídicas la responsabilidad recaerá en los presidentes de directorio y los apoderados.

Quienes tengan deudas con el fisco podrán cumplir con este trámite al igual que los que están al día.

En ningún caso cambiará el número del CUIT. El funcionario dijo que, una vez que la AFIP confirme el domicilio de las personas que se reempadronen, les entregará una tarjeta de identificación que permitiría cumplir en el futuro con pagos impositivos en cajeros automáticos.

Para evitar complicaciones a contribuyentes y contadores, aclaró que habrá fechas específicas para los diferentes números de CUIT, y que si no se llega a realizar el cambio de todo el padrón el año próximo, se utilizará parte de 2011. “La intención es completar este proceso de digitalización para que esté disponible en el próximo gobierno”, indicó.

Agregó que, una vez que se cierre el plazo, quienes no hayan cumplido con la reinscripción posiblemente sean dados de baja del sistema.

Para animarse a dar este paso, este año la AFIP realizó una prueba piloto entre los operadores de comercio exterior. Por esta depuración, se pasó de 91.500 a 56.288 inscriptos y no hubo ningún conflicto, según señaló orgulloso Echegaray.

Sin invadir la privacidad del contribuyente

En el mismo sentido, descartó que pudiera haber cuestionamientos en torno de la posible invasión de la privacidad de los contribuyentes con CUIT a partir de todos los datos digitales que manejará el organismo fiscal desde 2010.

“Esto estará protegido por el secreto fiscal; es la tendencia de otros países de la región y desarrollados. Además, evitará que otra persona diferente del titular del CUIT pueda utilizar esa clave”, aseguró Echegaray.

A partir de la energía colocada en esta reforma, la AFIP deja en stand by el decreto que dispone la unificación del CUIT y la clave única de identificación laboral (CUIL) que rige para los empleados en relación de dependencia.

Dudas de los tributaristas

El presidente de la Federación de Consejos de Ciencias Económicas de la Argentina (Fapce), Jorge Paganetti, expresó: “El avance tecnológico siempre es positivo, pero el problema es su implementación en el interior, ya que en algunos lugares no es posible cumplir con este tipo de reformas por la falta de un buen acceso a Internet”.

La vicepresidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires, Flavia Melzi, dijo: “El reempadronamiento en sí no está mal, pero no se entiende bien su finalidad, porque la mayor parte de los trámites ya se realizan a través de la informática”. Melzi pidió, además, que se hiciera lentamente para no complicar a los contadores.

Con información de La Nación

La iniciativa del gobierno de invertir en aviones no tripulados para hacer un control fiscal a los campos resulta incongruente a ojos de los ruralistas.

El sector agropecuario reaccionó ayer con duras críticas al proyecto del Gobierno de vigilar los campos con aviones no tripulados, como los que se usan para espionaje en zonas de conflicto armado. La iniciativa fue adelantada ayer y estará a cargo del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray.

“Nos enteramos, atónitos, de que el mismo gobierno que veta leyes para los damnificados por la terrible sequía, y que dice no tener fondos, va a destinar millones para utilizar la más moderna tecnología bélica con el único fin de controlarnos a nosotros, los productores. ¡Aviones que se usaron en Afganistán sobre nuestros campos! ¿Hasta tal punto nos consideran el enemigo?”, se preguntó Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural Argentina. El ruralista encabezó ayer el acto central de la exposición rural de Mercedes, en Corrientes.

El plan de los aviones

La idea de Echegaray consiste en filmar y fotografiar a los evasores en la Argentina, empezando por los productores rurales. Comenzaría a aplicarse a partir de 2010, con la contratación de un servicio tercerizado de captura de fotografías y videos aéreos y de vuelos para el seguimiento de objetivos.

Desde su cargo anterior en la Oncca, Echegaray fue el impulsor de una batería de controles administrativos que permiten al Gobierno regular las exportaciones agrícolas mediante la aplicación de autorizaciones de embarque que demandan varios días de trámites. El funcionario también había dejado a la Federación Agraria y a la Federación de Centros de Acopiadores sin un ingreso fundamental, al retirales la potestad para comercializar cartas de porte, un documento clave en el transporte de granos.

El director de la AFIP precisó que el plan podría comenzar a desarrollarse a partir de 2010 en dos fases. La primera, “contratando un servicio tercerizado de captura de fotografías y videos aéreos”, junto con “vuelos para el seguimiento de objetivos”, es decir, blancos móviles. En la segunda etapa, el gobierno compraría los aviones “si el servicio tercerizado genera el valor agregado en la recaudación”, aclaró.

El pliego de licitación se encuentra ya para revisión en la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI). Incluye doce rubros: la captura y el procesamiento de imágenes, la asistencia técnica y el servicio de análisis, entre otros.

En suma, un proyecto que podría abarcar cerca de 24 millones de hectáreas -lo que equivale a la mitad de la pampa húmeda- y la captura de videos específicos por sobre 3360 hectáreas.

“Cuando estaba en la Aduana, lo pensé para la lucha contra el narcotráfico y el ingreso ilegal de mercaderías. Pero desde que pasé a la Oncca y luego a acá [por la AFIP], empecé a ver su utilidad para el campo. Los productores no te dicen lo que producen, por lo que el control tributario se basa en estimaciones”, argumentó.

Los costos

20 millones de pesos cuesta el avión no tripulado Heron 1, que se usa en tareas de inteligencia y que construye una compañía estatal israelí que ya acercó un presupuesto al Gobierno.

Habría unas 12 empresas interesadas en participar de la licitación del servicio de supervisión aérea.

Respuestas de los ruralistas

“Yo haría [esta filmación] en los countries donde están los políticos, para ver si es que ellos pueden justificar las propiedades que tienen; acá hay algo raro”, arriesgó Néstor Roulet, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

El campo, que mañana celebrará el Día del Agricultor con concentraciones en varios puntos del país, también empieza a sospechar de la decisión del Servicio Nacional de Calidad y Seguridad Alimentaria (Senasa) de retirar la exclusividad que las sociedades rurales de cada pueblo mantenían en el combate contra la aftosa. Hasta ahora, esas rurales de base coordinaban la actividad de los vacunadores y percibían una comisión por ese servicio, que ahora quedó totalmente desregulado.

Operativo de la AFIP en Córdoba

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó ayer que detectó que el principal grupo empresario manisero de Córdoba, al que evitó nombrar, “estaría realizando operaciones a nombre de empresas inexistentes por montos que superarían los 50 millones de pesos en los últimos ejercicios comerciales”, según denunció el organismo recaudador en un comunicado. “La AFIP detectó la maniobra luego de realizar siete allanamientos en las localidades de General Cabrera y Carnerillo, en los que participaron cerca de un centenar de funcionarios de la Regional Río Cuarto”, destacaron.

Con información de La Nación

El Gobierno exigirá a los individuos y a las empresas que demuestren si tienen fondos en blanco para poder comprar dólares. La medida fue mal recibida por bancos y financieras.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Central trabajan en una resolución conjunta que demandará a las personas físicas y jurídicas que justifiquen sus ingresos para adquirir divisas. Si hasta ahora la AFIP tenía la capacidad para controlar varios meses después de una operación si el contribuyente compraba con fondos declarados, con esta decisión podrá exigirlo online. El rumor de la medida ya generó una reacción preliminar de histeria en ejecutivos bancarios y en el circuito de las financieras.

El jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo que “se están instrumentando las normas que regirán el control contra la evasión, teniendo en cuenta que el 31 de agosto culmina el acuerdo fiscal, que incluía, entre otros conceptos, el blanqueo de capitales”. Luego agregó que “se trabajará sobre un control con transacciones informáticas que permitirá corroborar la capacidad económica de los contribuyentes para la compra de divisas; buscamos un monitoreo en tiempo real sobre las posiciones en monedas extranjera”.

Así, cuando una persona vaya a un banco, se le revisará en el momento si con base en su declaración jurada de ganancias y bienes personales tiene los recursos para esa operación. En ese momento, se le podrá retener una parte de la compra de dólar como contribución tributaria.

El objetivo primario, afirman en la AFIP, es reducir la evasión y engordar el blanqueo; el indirecto es acotar la fuga de capitales, que ascendió a 43.000 millones de dólares desde mediados de 2007 y a más 11.000 millones desde enero. En el Central agregaron: “Primero cortamos el circuito de contado con liquido y ahora trataremos de cerrar esta ventanilla por la cual cualquiera podía comprar 2 millones de dólares sin tener que justificarlo, lo cual generaba un negocio espectacular y poco transparente”.

Cada comprador “deberá contar con clave fiscal” y podrá llevar adelante la operación “siempre que no se detecten inconsistencias” entre el monto de la operación y su situación fiscal, objetivo que suena complicado en términos operativos. Así, todos aquellos que compren dólares a partir de un piso que fijará la AFIP deberán estar registrados ante el fisco con CUIT o CUIL, para “eliminar la participación de testaferros”, indicaron las fuentes.

En la actualidad rige un tope de 2 millones de dólares mensuales para la adquisición de divisas y tanto la AFIP como el Banco Central consideran que, en el actual contexto de salida de capitales, había que aplicar medidas adicionales. En el Central niegan que se trate de una “restricción” adicional.

Con información de La Nación

Entre el tercer trimestre de 2008 y el primero de este año, el nivel de empleo en las empresas privadas cayó 1,8%, según los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). (mas…)