Su director denunció que las empresas acumulan ganancias y no las reparten, perjudicando al organismo. Hubo tibias críticas de la oposición.

El director de la Anses, Diego Bossio, defendió ayer en el Senado la decisión de incrementar la presencia de representantes del Poder Ejecutivo en empresas privadas y admitió que así se pretende controlar que la distribución de dividendos a los accionistas “se haga en tiempo y forma”. El funcionario, además, expresó “la necesidad de poner en pie de igualdad los derechos políticos y económicos” del Estado y de los accionistas privados.

En respuesta a la fuerte reacción de las cámaras empresariales, Bossio intentó llevar calma. “A nosotros nos interesa que a estas empresas les vaya bien”, afirmó. El director de la Anses concurrió ayer al anexo del Senado para informar a una comisión bicameral sobre la evolución de los fondos que administra el organismo tras la estatización de las AFJP. Allí criticó los fallos de la Corte Suprema de Justicia que avalan los miles de reclamos por actualizaciones de haberes previsionales.

Oposición reacciona tibiamente

Bossio se encontró con una tibia resistencia de la oposición a la ampliación de la participación del Estado en los directorios de 42 compañías. Le cuestionaron la forma en que se adoptó la medida, un decreto de necesidad y urgencia, y plantearon dudas sobre la transparencia en la elección de los nuevos representantes.

“No queremos entrar en el aquelarre de que todos los sectores del Gobierno salgan a pedir un pedazo de poder”, advirtió el senador Gerardo Morales (UCR-Jujuy), en referencia a la disputa que ya habrían generado esos codiciados y bien remunerados lugares entre la CGT y La Cámpora. Sin embargo, la decisión en sí no encontró demasiadas resistencias. “En general, estaríamos de acuerdo en mejorar la participación [del Estado], tendría amplio consenso”, aceptó Morales. La diputada Alicia Ciciliani (PS-Santa Fe) consideró que la medida “no cambia la participación de la Anses en el control de las compañías”.

Al justificar la medida, Bossio criticó el límite del 5% que la ley 26.425 imponía a la representación del Estado en los directorios y lo contrastó con su participación accionaria superior al 20% en esas compañías. “El Estado quiere ejercer los derechos políticos de sus acciones en la misma medida que su participación económica”, insistió. “No existen conflictos de intereses. Al Poder Ejecutivo le interesa que a estas empresas les vaya bien”, agregó. No obstante, admitió que la idea es también controlar la distribución de dividendos; en realidad, su efectiva ejecución. Al respecto ejemplificó con el Grupo Clarín, que, dijo, “hace tres años que no distribuye dividendos”.

“Acumulan dividendos y no dan causas de distribución”, afirmó Bossio, que se mostró optimista en que el Estado ganará el juicio que le inició al Grupo Clarín por ganancias no liquidadas. Estimó la cifra en 89 millones de pesos.

El cuestionamiento más duro de la oposición estuvo referido a la forma en que se tomó la medida. La diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica-Capital) le dijo a Bossio que no existían causas de necesidad y urgencia y que tampoco se cumplía el otro requisito para un decreto: el no funcionamiento del Parlamento. “Las leyes se modifican en el Congreso, no vía DNU”, lo reprendió. Además, le recordó que Amado Boudou, cuando conducía la Anses, había asegurado que el Poder Ejecutivo no iba a incrementar su participación en las empresas privadas.

Tras el reclamo de la socialista Ciciliani (”El debate en el Congreso podría haber esclarecido algunos puntos oscuros”, dijo), el senador Morales sumó su queja. “El debate en el Congreso podría permitir un sistema transparente de designación por concurso de los directores y evitar así las disputas de La Cámpora y la CGT por nombrar directores”, sentenció. El radical también cuestionó el argumento oficialista de que la medida se tomaba en defensa de los aportes de los trabajadores. “En nombre de los trabajadores a Pedraza lo fueron a buscar a un departamento de Puerto Madero valuado en 2 millones de dólares”, ironizó.

Con información de La Capital

Los decretos de la presidente habilitarían al Estado a tener participación directa en los directorios, a pesar de que esto había sido descartado con la norma que terminó con las AFJP. La CGT aprovecha la ocasión para meter su cola desatando todo esto la furia de la UIA, la AEA y el rechazo de Diputados que intentarán revertir la normativa.

La decisión del gobierno nacional de ampliar su poder de decisión en más de 32 empresas privadas cayó como una bomba entre los principales ejecutivos del país. Casi nadie, sin embargo, quiso expresar su malestar abiertamente y en forma individual. Algunos lo dejaron entrever fuera de micrófono, otros lo canalizaron en los duros comunicados que emitieron ayer las asociaciones.

La UIA

Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el de la Unión Industrial Argentina (UIA), que directamente pidió que la Casa Rosada “revea la medida adoptada”. La entidad expresó en un comunicado su “preocupación” por el decreto 441, publicado ayer en el Boletín Oficial, que eliminó el límite que tenía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para ejercer sus derechos accionarios en las empresas que cotizan en Bolsa.

Sin límites al ANSES

Luego de la disolución de las AFJP, el organismo que dirige Diego Bossio recibió paquetes accionarios correspondientes a 42 empresas. Ninguna AFJP podía en forma individual controlar más del 5% de una firma, pero al acumularse los activos de varios fondos de jubilación y pensión, el Estado heredó participaciones accionarias muy superiores. Sólo en 10 de esas empresas la Anses se quedó con menos del 5%. En las 32 firmas restantes, el Estado amplió desde ayer su espacio de influencia y podría nombrar más directores.

Tanto la UIA como la Asociación Empresaria Argentina (AEA) recordaron en sus comunicados la justificación original que había tenido el tope del 5% y consideraron que la ley 26.425, que traspasó las tenencias de las AFJP a la Anses, fueron aprobadas con la aclaración expresa de que ese tope se mantendría.

La AEA

“Más aún, esta limitación es ahora mucho más necesaria, dada la fuerte preponderancia de un organismo del Estado, la Anses, como principal inversor institucional en el mercado de capitales argentino”, sostiene el comunicado de AEA, una organización en la que tienen fuerte influencia dos de los grupos perjudicados por el decreto y que mantienen un fuerte enfrentamiento con el Gobierno: Techint y Clarín.

La entidad que preside Jaime Campos afirmó además que “es fundamental preservar la conducción empresaria de las empresas privadas, evitando por lo tanto el avance de la participación estatal en dicho ámbito”.

Todo por un DNU

La UIA, por su parte, cuestionó que la medida se haya hecho efectiva por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), teniendo en cuenta que las acciones de las ex AFJP fueron transferidas hace más de dos años. En sus considerandos, el decreto justifica la urgencia en que varias compañías van a celebrar sus asambleas anuales antes del 30 de este mes.

Ir a la Justicia

En varias empresas consultadas creen que la urgencia del decreto estuvo vinculada con el hecho de que mañana Siderar, del grupo Techint, celebra su asamblea anual. La Anses tiene el 25,97% de Siderar y con ese porcentaje podría colocar hasta tres de los once directores, además de un síndico. A diferencia de lo que ocurrió en 2009, cuando la empresa y el Gobierno consensuaron el nombre de Aldo Ferrer para representar a las acciones en manos del Estado, esta vez la Casa Rosada propuso que se designe a Axel Kicillof, un economista ligado a la agrupación La Cámpora. Voceros de Techint no quisieron hacer declaraciones, aunque en ámbitos empresariales señalaron que el grupo que comanda Paolo Rocca podría ser el primero en recurrir a la Justicia para impugnar el decreto 441.

Descontento en los bancos

Otro sector en el que la noticia cayó como una bomba fue el bancario. Las expresiones de disgusto estuvieron a la orden del día en la City. “La idea es pedir una suerte de explicación sobre qué se busca con esta medida. Es un golpe a la inversión”, señalaron fuentes del sector bancario, que calificaron la medida como un elemento más de la campaña electoral. De hecho, la empresa más afectada por la medida es un banco, el Macro, cuyo presidente, Jorge Brito, está al frente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba). La Anses tiene el 30,9% de las acciones del Macro, contra el 39,9 por ciento que conserva Brito.

Un sector con varias firmas involucradas es el energético, pero allí se lo tomaron con más calma. “Somos un sector regulado y estamos acostumbrados. Si ponen más directores hasta nos puede beneficiar porque van a ver que de verdad perdemos plata y necesitamos una suba de tarifas”, se ilusionó una fuente.

Fiat y campo

En tanto, el presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, señaló: “No es función del Gobierno involucrarse en empresas privadas”. También hubo un fuerte malestar en el campo, con duras críticas de Hugo Biolcati (Sociedad Rural) y Confederación Rurales Argentinas (CRA), que en un comunicado declaró: “No nos sorprende una nueva intromisión en la actividad privada”.

La presidente no mantuvo su palabra

Ese DNU es más controvertido porque elimina una cláusula sin la cual la estatización de las AFJP tal vez no habría sido aprobada: la que establece que, cualquiera que fuera su posición accionaria, el Estado no tendría derecho a una representación superior al 5% en la conducción de las empresas. La “defensa de los intereses de los trabajadores” es invocada, entonces, como un pretexto para violar la ley.

La CGT se quiere colar en los directorios

La Confederación General del Trabajo (CGT) aprovechó la brecha abierta por la reforma legal que le permitirá al Gobierno (a través de la Anses) ganar espacio en la mesa directiva de las empresas con cotización pública para reclamar que representantes del sector sindical también se sumen a ella.

“Nosotros queremos jugar ahí, ¿por qué no?”, afirmó y se preguntó ayer Omar Viviani, secretario gremial de la CGT, representante de los peones de taxis y hombre de estrecha confianza del jefe de esa central, Hugo Moyano, en una entrevista concedida a Radio Rivadavia.

Decreto inconstitucional

La decisión del Gobierno fue calificada como “inconstitucional” por los juristas. Criticaron que la medida se haya tomado a través de un DNU en momentos en que el Congreso se encuentra sesionando y a casi dos años y medio de la sanción de la ley por la que las tenencias de las administradoras privadas de fondos de jubilación y pensión (AFJP) pasaron a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

“La medida es inconstitucional porque no tiene sentido derogar el artículo de una ley vía un decreto de necesidad y urgencia en un momento en que el Congreso está sesionando normalmente. Además tampoco es admisible argumentar que existe una urgencia cuando la estatización de las AFJP que posibilitó el ingreso de la Anses en las empresas lleva más de dos años y nunca se había analizado ese tema”, opinó el constitucionalista Gregorio Badeni.

En la misma línea, su colega Daniel Sabsay destacó que “el decreto está pasando por encima de las atribuciones del Congreso en forma muy grosera”. El jurista igualmente aseguró que los problemas que implica la medida trascienden lo estrictamente legal. “Más allá de la inconstitucionalidad se trata de una prueba adicional del hegemonismo del Poder Ejecutivo y representa otro avance sobre los derechos de propiedad y, por lo tanto, un factor más de inseguridad jurídica”, explicó.

El constitucionalista Pablo Manili también sostuvo que la medida atenta contra el espíritu con el que se había sancionado la ley que habilitaba el ingreso de los fondos de jubilación en el capital de las empresas. “Los derechos que tenían originalmente las AFJP eran del tipo económico y no político, es decir que no estaban pensados para influir en la toma de decisiones corporativas. Y cuando se sancionó la ley de estatización de las AFJP se mantuvo el mismo concepto”, recordó.

Diputados buscan derogar el decreto

Una porción de la oposición en la Cámara de Diputados se puso en marcha ayer para lograr que el Gobierno dé marcha atrás con la medida. En esta iniciativa están: Patricia Bullrich (Coalición Cívica), que presentó un proyecto de ley para restablecer la limitación del 5%;

diputados de Pro, de la UCR y del Peronismo Federal. Pero encuentra resistencia en los bloques de centroizquierda y hasta en la propia bancada de Bullrich. Adrián Pérez, compañero de fórmula de Elisa Carrió, está en contra del proyecto de la diputada.

Con información de La Nación

El director de la Anses, Diego Bossio, concurrirá hoy al Senado para brindar un informe de fin de año sobre los fondos administrados por la entidad.

La Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social recibirá al director de Anses en el último día del período de sesiones ordinarias del Congreso. La cita será a las 13 y es esperada con ansiedad por la oposición, que pretende que Bossio explique cuántos millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se aplicaron a otras áreas y el criterio que se usó para su asignación.

“La idea es hacerle preguntas sobre los procesos que usa la Anses para financiar obras de infraestructura”, afirmó el vicepresidente de la comisión bicameral, el senador radical Ramón Mestre (Córdoba).

La Anses también financia planes para cooperativas, la asignación universal por hijo y la entrega de computadoras portátiles a estudiantes secundarios, todas medidas del Poder Ejecutivo que la oposición sostiene que debería financiar el Tesoro Nacional.

Según Mestre, la Anses no ha dado detalles de los criterios aplicados para asignar esas partidas. “Están muy lejos de los que aplica el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bandes)”, afirmó Mestre.

Con información de La Nación

En un inédito acuerdo, los principales bloques de oposición insiste con el 82% jubilatorio vetado por la presidente.

Tras un esfuerzo titánico, los principales bloques opositores de la Cámara de Diputados acordaron ayer un proyecto único de presupuesto 2011, alternativo al del Gobierno. En la iniciativa se insiste en un tema por demás irritante para el oficialismo: la suba de los haberes jubilatorios acorde con el 82% del salario mínimo, vital y móvil, ley que fue vetada por la presidente Cristina Fernández de Kirchner el mes pasado.

El acuerdo, inédito en la historia parlamentaria, se celebró entre el radicalismo, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica, Pro, GEN, el Frente Cívico de Córdoba, el bloque Peronista, entre otros.

La votación

El dictamen reunió 23 firmas, igual que el del oficialismo. El bloque Proyecto Sur presentó el suyo, mientras que el Partido Socialista no suscribió ninguno de los dos. Sin embargo, y éste es el dato saliente, todo el arco opositor suscribe la idea de insistir, en el presupuesto, en la suba de los haberes jubilatorios.

Amenaza de Rossi

En buen romance, de persistir esta mayoría en el recinto, la oposición tiene buenas oportunidades de torcerle el brazo, una vez más, al oficialismo, al menos en el artículo sobre las jubilaciones. El jefe de bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, ya pasó el aviso: si la iniciativa opositora es ley, la presidente la vetará.

“En ningún país del mundo un gobierno se rige con un presupuesto opositor”, advirtió.

“Nuestro dictamen no implica un plan de gobierno alternativo. Sólo estima los recursos públicos con parámetros más realistas de crecimiento, tipo de cambio e inflación, evitando que el Gobierno repita el truco de utilizar los excedentes presupuestarios para gastos no aprobados por el Congreso”, retrucó el diputado Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica), uno de los principales artífices del dictamen.

El socialismo podría apoyar al Ejecutivo 

El debate del presupuesto 2011 se realizará el miércoles próximo en la Cámara baja: el oficialismo ya solicitó una sesión especial. Confía en que contará con los votos suficientes para su aprobación en general porque, según hizo trascender, algunos diputados opositores no estarían dispuestos a dejar sin presupuesto al Gobierno. Ese sería el caso del socialismo, que mantiene una posición ambigua sobre el tema.

Otra historia promete ser el debate en particular de cada artículo; en esa instancia podrían sobrevenir las sorpresas si la oposición mantiene su mayoría.

Sin reservas

El dictamen opositor contiene, además de la suba en los haberes jubilatorios, varios ingredientes que prometen generar dolores de cabeza al oficialismo:

    * Inflación y crecimiento. El oficialismo estimó una inflación del 8,9% y un crecimiento del 4,3% para el año próximo. Para la oposición, el oficialismo subestimó a propósito estas estimaciones para alzarse con un millonario excedente en la recaudación. Para los opositores, en cambio, el crecimiento rondará el 6% y la inflación estará cerca del 25%.

    * Recaudación. Al sincerarse la inflación, también se recalcula en el dictamen la pauta de ingresos. La oposición estima que se recaudarán no menos de $ 35.000 millones extras de lo que presupuestó el Gobierno. Con esos fondos, se financiará el 82% móvil y una suba de $ 10.000 millones en la partida de la asignación por hijo.

    * Reservas. Se prohíbe el uso de las reservas del Banco Central. Predominó finalmente el criterio del diputado Prat-Gay, quien insistió en que el Gobierno cuenta con fuentes alternativas para financiarse y que no incluyó en el presupuesto: el Banco Nación; la reprogramación de deuda en manos de la Anses y adelantos del Banco Central. Algunos opositores firmaron este punto en disidencia.

    * Superpoderes. Se suspende, por un año, el uso de la ley de superpoderes, que permite al Gobierno reasignar partidas a discreción.

El diseño de este proyecto de ley de presupuesto demandó más de un mes de trabajo; en él participaron, además de Prat-Gay, los diputados Walter Agosto (Peronismo Federal), Jorge Triaca y Federico Pinedo (Pro), Miguel Giubergia y Jorge Alvarez (UCR), Marcelo López Arias (Peronismo) y Horacio Alcuaz (GEN).

Con información de La Nación

Otra vez los fondos previsionales se utilizan para otros fines. En menos de tres semanas, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, volvió a usar los superpoderes para hacer un fuerte aumento del gasto total, sincerando en parte los números presupuestarios.

Esta vez autorizó un aumento del gasto total de 4612,7 millones de pesos, en parte reconociendo el aumento de recursos propios de algunos organismos y en parte haciendo alquimia contable, fingiendo reducciones de inversiones financieras.

El Gobierno no ha sincerado la recaudación general de impuestos, que ha resultado mucho mayor que las deliberadamente bajas previsiones que puso en el presupuesto 2010.

Para poder echar mano de esas partidas no basta con los superpoderes del jefe de Gabinete, por lo que se debería recurrir al Congreso y negociar la reasignación. Pero se espera que, tal como hizo en 2009, la presidente Cristina Fernández de Kirchner utilice un decreto de necesidad y urgencia que probablemente aparezca sincerando todas las partidas presupuestarias cuando esté más cercano el final de las sesiones ordinarias del Parlamento.

Con la decisión administrativa 765/10, publicada ayer en el Boletín Oficial, Aníbal Fernández destinó los mayores aumentos del gasto a aumentar los subsidios destinados a contener los incrementos de las tarifas eléctricas ($ 590 millones) y las de transporte ($ 360 millones).A la Anses se le reconocieron 2731 millones de pesos más de recursos propios de los que tenía previstos hasta el momento.

Pero de ese total 1115 millones se gastaron en otras jurisdicciones para destinos que no son previsionales. Por ejemplo, 815 millones fueron enviados como “contribución a la administración central” y se repartieron del siguiente modo: 15 millones para el Servicio Penitenciario Federal, 100 millones para la caja de retiros y pensiones de la Policía Federal (en una repetición de un mecanismo utilizado para financiar esos dos destinos a mediados de octubre pasado).

Otros 200 millones fueron al pago de retiros y pensiones militares y 800 millones al Ministerio de Desarrollo Social, para el pago de pensiones no contributivas.También a la Anses se la obligó a hacer una contribución de 36 millones de pesos a la AFIP, y la autorizaron a gastar 170 millones de pesos más en gastos de funcionamiento, que no incluyen aumentos salariales para el personal y en cambio sí pagos de servicios de mantenimiento y limpieza, comunicaciones, de informática, comerciales, financieros, comisiones y un misterioso rubro de “otros no especificados precedentemente”, que se llevó casi la mitad del total, con 82 millones de pesos.

Asignación por hijo

También se sinceraron, aumentándolas, partidas para el pago de la asignación universal por hijo, asignaciones familiares y complementos de prestaciones previsionales.Las jurisdicciones con mayores incrementos fueron los ministerios de Trabajo, del que depende la Anses, seguido por el Ministerio de Planificación. La cartera de Julio De Vido recibió, además de los subsidios mencionados, incrementos de 200 millones de pesos para Vialidad y otro tanto para el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico.

Pero los subsidios energéticos no terminaron allí: también se destinaron 300 millones adicionales a Enarsa, la subsidiada compañía estatal que había recibido un refuerzo de aportes en octubre. Claro que en este caso las partidas no salieron de la cartera de De Vido sino de la cuenta Obligaciones a cargo del Tesoro. Otros 10 millones fueron a aumentar los subsidios a la empresa Educar.

Con información de La Nación

La Justicia nacionalinstó hoy a la Anses a que en el término de cinco días informe “la incidencia económica que tendría” para el organismo devolverle el 15% de aportes coparticipables que le quita a la provincia de Santa Fe, por un acuerdo de 1992.

El máximo tribunal se pronunció así en el marco de una causa en la que el Estado santafesino le reclama a la Nación la devolución de ese aporte, que entiende ya está superado por el tiempo, la coyuntura y la nueva realidad del organismo previsional, para cubrir sus necesidades económicas.
La medida ordenada por la Corte es previa a la decisión que deberá tomar ante un pedido de la provincia de Santa Fe para que, mediante una medida cautelar, se le permita recuperar esos fondos mientras se sustancia el juicio de fondo.

La Anses debe precisar, con la exhibición de informes fundamentados en sus cuentas, “la incidencia económica que tendría en el sistema la no detracción” del 15% que reclama la provincia gobernada por el socialista Hermes Binner.

El Estado Nacional y Santa Fe celebraron una audiencia pública el 17 de marzo pasado en la que cada parte expuso sus argumentos a favor y en contra de la caducidad de la quita del 15% de los fondos coparticipables.

El pedido de un informe al organismo “tiende a valorar si se configuran los presupuestos de admisibilidad de la pretensión cautelar provincial, introducida en aquel incidente”, informó la Corte. Luego de ello, el máximo tribunal deberá resolver si concede o rechaza la medida cautelar pedida por la provincia, en un plazo relativamente corto, pues se trata de una disposición de resolución rápida.

Con información de El Litoral

Un nuevo paro de trabajadores mantiene cerradas las puertas de las oficinas de Sarmiento y Rioja.

La medida de fuerza podría seguir el martes y hay una jornada nacional de protesta el miércoles. Sí hay atención en la Ansés Zona Norte.

Mejor dejar para después los trámites en la Ansés. Es que un nuevo paro de los trabajadores mantenía sin atención las oficinas de Sarmiento y Rioja este lunes, lo mismo pasará el miércoles y probablemente el martes. En cmabió, sí hay atención en la Ansés Zona Norte, donde la protesta se realizará después del horario de trabajo.

Lucía Rosso, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dijo a Radio 2 que el paro es porque no hay respuesta de la Ansés a los reclamos laborales y que el miércoles el personal se adherirá a una medida nacional del gremio. En la oficina de Sarmiento y Rioja había gente haciendo cola que no podía ocultar su malestar.

Rosso no descartó que se atiendan trámites vinculados a la Asingnación Universal por Hijo debido que para esa cuestión personal ingresaron “500 trabajadores que están en negro y que a pesar de que están hace dos meses todavía no saben cuándo van a cobrar”.

Con información de La Capital y Rosario 3

El director ejecutivo del organismo previsional sostuvo ante los legisladores del Congreso nacional que hay superávit pero que no se usará para jubilaciones.

Diego Bossio, director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), afirmó que el fondo de garantía del sistema previsional tiene un saldo de 120.116 millones de pesos, y ratificó que esos recursos no serán volcados a los jubilados y pensionados, salvo que se produzca un déficit entre la recaudación y los compromisos de pago que asume el sistema.

El saldo del fondo es un 22,3% superior al de diciembre, cuando se hizo el traspaso de los ahorros de los ex afiliados al régimen de capitalización. En rigor, la mejora se explica por la recuperación del valor de los activos financieros, ya que el traspaso de fondos se hizo en uno de los peores momentos de la crisis: un ítem en el que hubo una revalorización significativa fue en el de las inversiones que las AFJP habían hecho en el exterior, según la información presentada ayer y a la que desde ahora es posible acceder mediante un portal especial al que se ingresa por www.anses.gob.ar.

Oposición no conforme con las explicaciones

El funcionario habló en el Congreso ante los legisladores que integran la Comisión Bicameral de control del fondo de garantía. Referentes de la oposición -que no se mostraron conformes con varias respuestas- volvieron a expresar sus demandas por un acceso más dinámico a la información y por una mayor claridad en los criterios de inversión. Y hubo expresiones de disconformidad con el Gobierno cuando Bossio se refirió a que las normas no prevén el uso del fondo para mejorar haberes, ya que el pago de las jubilaciones tiene su propio flujo de recursos (en el primer semestre del año dio un superávit de 3003 millones de pesos).

Fernanda Reyes (diputada de la Coalición Cívica) recordó que en el decreto 897 de 2007, que creó el fondo de garantía, se había dispuesto un máximo para acumular recursos -el límite era un año de pago de prestaciones- pero lamentó que ese artículo fuera derogado en 2008 por el Poder Ejecutivo, con la intencionalidad de que no se diera disponibilidad a los fondos que, tras la estatización de los recursos de las AFJP, quedarían como excedentes. “Y todo esto cuando la Justicia ya dijo que tenemos una deuda histórica con los jubilados” por la falta de movilidad durante varios años, dijo la legisladora.

Reyes también apuntó contra los plazos fijos colocados en el Nuevo Banco del Chaco, una entidad crediticia con mayoría accionaria de la provincia gobernada por el oficialista Jorge Capitanich. Allí se derivaron $ 275 millones, cifra superior al patrimonio neto del banco.

Con respecto a los criterios de inversión, Bossio sostuvo que además de evaluar la “rentabilidad social” de un proyecto -a la que definió con conceptos como creación de empleos- se toman inversiones “a tasas de mercado”.

Con información de La Nación

La oposición consideró “testimonial” y “sin independencia de criterio” el órgano creado para ejercer un control, y destacó que sus miembros son afines al Gobierno.

Casi dos años después de crearla por decreto, el Poder Ejecutivo designó formalmente a los integrantes de una comisión multisectorial que debe hacer un monitoreo de los millonarios recursos que maneja la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Sin embargo, dados los nombramientos hechos, desde la oposición advierten que funcionará como un grupo de control “testimonial”.

Según el decreto 926, publicado ayer en el Boletín Oficial, el llamado Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino deberá ser convocado por el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, antes del 4 de agosto para su primera reunión.

El Consejo estará integrado, en representación del Congreso, por el senador Eric Calcagno y por el diputado Juan Carlos Díaz Roig, ambos del oficialista Frente para la Victoria. También estarán José Gaincerain, funcionario de la Jefatura de Gabinete, y Pablo Fontdevila, de la Anses. Además, se nombró a dos dirigentes propuestos por la CGT: el secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, y el representante de los empleados de la Anses, Leonardo Fabre. Por el empresariado participará sólo el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide. Otros dos integrantes pertenecen al Organo Consultivo de Jubilados y Pensionados que funciona en el ámbito de la Anses: Marcelo Venecia y Carlos Recke.

El organismo de la seguridad social había convocado también a la Unión Industrial Argentina (UIA), a la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), pero esas entidades no propusieron aún a sus representantes, aunque podrán hacerlo en los próximos días.

El Consejo fue creado por el decreto 897, de agosto de 2007. La Anses había constituido un fondo de garantía con recursos excedentes y con activos que llegaban desde las cuentas de algunos afiliados a las AFJP para los que se había dispuesto el pase al sistema de reparto. A fines de 2008, los recursos se ampliaron por la estatización de los ahorros de todos los trabajadores afiliados al régimen de capitalización, que quedó eliminado. Al 30 de abril pasado, el fondo tenía $ 103.000 millones, según la Anses.

Conformación del Consejo

Junto con la reforma previsional del año pasado se modificó el decreto sobre el funcionamiento del Consejo. Se eliminó el requisito de que uno de los representantes del Congreso fuera de la oposición y se dispuso que la Presidenta designara a los miembros, a propuesta de las entidades.

Críticas de la oposición

“El Consejo no va a controlar nada porque nadie tiene ahí independencia de criterio”, sostuvo el senador Gerardo Morales (UCR-Jujuy). Morales afirmó que se objetaría la integración porque no se habían hecho consultas para definir quiénes representarían al Congreso. Ese trámite no se hizo, advirtió, ni en las cámaras en general ni en particular en la Comisión Bicameral que debe controlar los fondos de la Anses (comisión que preside Calcagno y de la que Morales es vicepresidente).

Otros dos integrantes de la Bicameral afirmaron que no habían existido consultas. “Deberían haberse reunido ambas cámaras y proponer a quiénes estarían”, afirmó la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica-Capital Federal), que agregó que se estaba solicitando que se volviera a convocar a una reunión de la Bicameral, algo que depende del oficialismo.

“Definitivamente es un consejo testimonial”, sentenció el diputado Julián Obiglio (Pro-Capital Federal). Según evaluó, la reunión en la que el ex director de la Anses y ahora ministro de Economía Amado Boudou dio datos sobre el fondo, a mediados de mayo, demostró que “se invierte con absoluta discrecionalidad y con tasas de interés negativas”. La próxima reunión de la Bicameral será el 4 de agosto. Y para mediados de ese mes se citaría a Bossio.

Con información de La Nación