En el informe de la Fundación Libertad y Progreso, el país perdió cinco puestos respecto de 2010. Está en el lugar 125 de 194 países evaluados.

La Argentina perdió cinco lugares en materia de calidad institucional, cayó de la posición 120 a la 125 con relación al año pasado, según el índice que sobre la materia divulgó ayer un grupo de organizaciones no gubernamentales sobre la base de mediciones en diferentes áreas del ámbito político y económico realizadas por organizaciones locales e internacionales.

Según este trabajo, elaborado por Martín Krause, de la Fundación Libertad y Progreso, la Argentina es uno de los siete países que más han caído en su índice de calidad institucional (ICI).

El ICI nacional se ubica en 0,3719 (es decir que sólo hay un 37% de países por debajo de su nivel de calidad institucional), lo cual lo ubica en el lugar 125 sobre un total de 194 naciones analizadas. Comparado con la medición de 2007, la caída es de 32 lugares.

El indicador también es negativo en contraste con países vecinos. Así, Chile ascendió cinco lugares -pasó del puesto 26 al 21-, con un ICI de 0,8328. La cifra correspondiente a la Argentina la ubica por debajo de países como Guyana, Moldavia y Honduras y apenas unos puestos por encima de las islas Salomón, Nicaragua y Malí.

Desarrollo económico

Al respecto, Krause relacionó el desarrollo económico de los países con su calidad institucional, al afirmar y demostrar con estadísticas que “cuando hay buena calidad institucional se obtiene un resultado beneficioso, con mayores inversiones y mejores índices de desarrollo humano”. Además, cuestionó las políticas populistas, al calificarlas como “la antítesis de la calidad institucional”.

La encuesta fue presentada ayer en la sede del British Art Center (BAC), en el barrio de Recoleta, y contó con la presencia del abogado Alejandro Fargosi, miembro del Consejo de la Magistratura; el secretario de Redacción de La Nacion Claudio Jacquelin, y Martín Fraguío, director de la Fundación Maizar; moderó el presidente de Libertad y Progreso, Aldo Abram.

El indicador está elaborado sobre la base de diferentes aspectos institucionales en cada uno de los países analizados, como cumplimiento de la ley, libertad de prensa, percepción de corrupción, competitividad global y posibilidad de hacer negocios, entre otros ítems.

Fargosi centró su exposición sobre la calidad institucional en la situación en el Poder Judicial y lo hizo con un encendido optimismo al afirmar que las cifras establecidas en el trabajo “no tienen mucho que ver” con lo que es el país. Al respecto, aseguró que “los índices son como un cuchillo: hay que saber cómo se los maneja” y adjudicó tan baja percepción de calidad institucional a una “actitud autocrítica y lamentadora” de los argentinos que relacionó con la pasión por el tango.

“Este es un país bendecido. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta y ser permeables a lo bueno y no a lo malo”, reclamó Fargosi, para quien las demoras en los procesos judiciales y las trabas en áreas de la política y la economía “se solucionan con tres patadas al tablero”, tras lo cual pidió a la sociedad “entrar en la política” para cambiar esta situación.

Por último, Jacquelin trazó un cuadro de situación sobre la libertad de prensa en el país, en el que destacó la existencia de “acosos, hostigamientos, linchamientos virtuales desde tribunas oficiales y parodias de juicios públicos a periodistas”. A la vez, dijo que es necesario que el país cuente con leyes de acceso a la información pública y de defensa de la libertad de expresión.

Con información de La Nación

Un informe del organismo internacional puntualiza que una empresa tarda un promedio de 77 días para conseguir un permiso para ingresar productos del exterior. En la región, Venezuela tarda 69 días, Brasil 43, Chile 23 y México, 16

En los últimos años, la Argentina ha profundizado la política proteccionista con el fin de desarrollar el sector industrial de su economía. Dichos lineamientos han despertado fuertes críticas en países de la región, y llevó a un conflicto con Brasil, que impidió durante algunos días el ingreso de automóviles producidos en el país.

Ahora, la situación se refleja en un estudio del Banco Mundial: Argentina es el país que más tiempo tarda en autorizar el ingreso de importaciones. En promedio, una empresa radicada en la Argentina tardó 77 días en obtener un permiso del Ministerio de Industria para ingresar mercadería el año pasado. Se trata de un verdadero récord burocrático a nivel mundial.

Para tomar real dimensión de los números que arroja el estudio, en la región Venezuela tarda 8 días menos que Argentina en otorgar licencias, en Brasil, la tardanza fue 43 días, según los últimos datos disponibles, que datan de 2009. En otros países, la espera resultó aún más breve: en Chile, bastaron 23 días y en México, 16.

El dato que ubica a la Argentina a la cabeza de las demoras se desprende de las encuestas de empresas que llevó a cabo el Banco Mundial en 1.054 compañías argentinas el año pasado.

Detalladamente, el sector más perjudicado por las demoras del ministerio de Industria fue el comercio minorista, que experimentó tardanzas de 111 días y el de manufacturas, con demoras promedio de 88 jornadas. Si se analizan los datos según el tamaño de las compañías, las firmas más afectadas fueron las medianas, que esperaron, en promedio, 94 días, más del triple de la demora media de la región para organizaciones de esa misma dimensión.

Excusa de la protección a la industria

Si bien las restricciones al comercio, según el Gobierno, apuntan a proteger a la industria nacional, en este caso, las mayores tardanzas en el otorgamiento de los permisos afectaron a las empresas de capitales nacionales, que promediaron demoras de 82 días, mientras sus competidoras de propiedad extranjera esperaron 49 días.

Datos mundiales

El informe también señala que Amércia Latina y el Caribe es la región que más demora en permitir el ingreso de productos, con un promedio de 32 días. Oriente Medio y el Norte de África tarda 27 días, África al Sur del Sahara 18; Asia Oriental y el Pacífico, 16 días; Europa y Asia Central, 16; y Asia Meridional, 13 días.

Con información de Infobae

¿Qué tan lejos está nuestro país de Japón? Por la dinámica atmosférica, las masas de aire que circulan en el hemisferio norte no pasan al Sur. Cancillería no anunció si realizará un rescate de los argentinos en el devastado país.

La experiencia de especialistas en radioprotección y en circulación atmosférica de contaminantes permite anticipar que la posibilidad de que las partículas radiactivas que emitió la central de Fukushima I viajen más de 17.500 kilómetros, desde Japón hasta la Argentina, es prácticamente nula.

“Estuve haciendo algunas simulaciones con los campos meteorológicos pronosticados y no hay probabilidad alguna de que la pluma radiactiva llegue acá, quedaría todo en el hemisferio norte -explica la profesora Graciela Ulke, docente del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA-. Probé con varias alturas, hasta la tropopausa, a unos 10.000 metros de altura, y de acuerdo con las previsiones que existen para los próximos doce días, incluso es baja la probabilidad de que llegue a la costa oeste de los Estados Unidos.”

Para poder evaluar el rumbo que adquiriría la pluma radiactiva en la atmósfera es imprescindible conocer cómo son las corrientes de aire, qué tipo de partículas transportan y a qué altura se desplazan, entre otros parámetros. “Hay que establecer de qué tipo de material radiactivo se trata y cuál es la tasa de decaimiento -explica-. En el caso de los contaminantes, cuanta más altura ganan, más rápido viajan. Pueden llegar a recorrer unos 100 km por hora si están muy altos, pero cerca del suelo se desplazan a menor velocidad.”

En general, los vientos soplan de Oeste a Este y se mantienen dentro de uno de los dos hemisferios, ya que la atmósfera del hemisferio norte y sur normalmente no tiene intercambio de masas de aire. Estas últimas ascienden cuando llegan al ecuador y vuelven a bajar en el Polo, como si produjeran un círculo en el hemisferio norte y otro, en el Sur.

“Hay que aclarar que en Fukushima I no se produjo una nube radiactiva, sino una salida de material -puntualiza Rodolfo Touzet, doctor en radioquímica y especialista en protección radiológica-. No tiene nada que ver con lo que recuerda la gente de Chernobyl. Pero supongamos por un instante que efectivamente se hubiera formado una nube: primero se dispersaría en el hemisferio norte. Por eso, cuando Francia provocaba explosiones nucleares en Mururoa nosotros podíamos medir la radiactividad, pero en los Estados Unidos, no.”

Una característica de la capa gaseosa que rodea el planeta es que en el nivel de la atmósfera (la más próxima a la superficie) los hemisferios no están conectados, pero a la altura de la estratosfera (la capa más externa), sí.

“En una franja llamada «tropopausa» existen al nivel de los trópicos unas discontinuidades que se llaman jet springs -afirma Trouzet-. Allí, algo puede ir pasando de la atmósfera a la estratosfera, donde se mezcla todo. Más tarde vuelve a bajar, y entonces podría eventualmente llegar al hemisferio sur, pero eso sería después de varios meses.”

Según el especialista, tampoco es esperable que si las partículas son arrastradas hacia el mar produzcan contaminaciones en la vida marina. “Se registró cuando se hacían explosiones directamente en el agua, pero en esta situación es extremadamente improbable”, destaca.

No hay riesgo por los productos importados

Tampoco es esperable que ingresen alimentos contaminados desde Japón. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Salud de la Nación y del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), el país prácticamente no importa productos frescos de ese origen. “Y lo que ingresa, envasado, tarda alrededor de un mes en llegar -aclara el doctor Roberto Lede, vocero del INAL-, de modo que todo lo que está a la venta en este momento no tiene ningún problema, porque se embarcó mucho antes del accidente.”

Precaución a futuro

De todos modos, los técnicos del Anmat están organizando una reunión con expertos de la Comisión Nacional de Energía Atómica para analizar si es prudente tomar alguna medida con importaciones que lleguen desde la zona del accidente.

La Cancillería

Por otra parte, la cancillería argentina no informó si cuenta con planes para evacuar a los ciudadanos afectados por el tsunami, aunque aclaró que está monitoreando la situación. Se trata de unas 4500 personas, pero se desconoce la cantidad que reside en las zonas cercanas a la catástrofe.

Con información de La Nación

Son  181.000 los trabajadores en estas condiciones según los datos oficiales del último trimestre de 2010.

Un tercio de los trabajadores del Gran Rosario (33,9%) no estaba registrado formalmente en el cuarto trimestre de 2010, lo que significa que había 181 mil personas asalariadas sin aportes al sistema de jubilatorio, en un contexto donde la región experimentó un fuerte crecimiento económico en torno a los dos dígitos en el último año —según informes públicos y privados— y en el que el desempleo se redujo al nivel más bajo en dos décadas: 7,8%.

El empleo en negro retrocedió 3,6 puntos porcentuales respecto de igual período de 2009 — que representan 14.010 trabajadores formalizados—, pero subió 0,4 puntos porcentuales comparado con el tercer trimestre del año pasado, que hasta ahora es el registro más bajo de la serie desde 2001. Los datos se desprenden de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que difundió ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los cuales ubican el nivel de empleo no registrado en el Gran Rosario apenas por encima de la media nacional (33,7%) y 2,1 puntos porcentuales arriba del promedio de la región Pampeana.

Sectores más afectados

Si bien el informe no está desagregado por sectores económicos, en el Gran Rosario existen fuertes bolsones de informalidad laboral en algunas áreas como es el caso del empleo doméstico que según datos del Ministerio de Trabajo de Santa Fe alcanza al 85% del personal ocupado en estas tareas.

El Indec precisó que los asalariados sin aportes al sistema jubilatorio en los 31 aglomerados urbanos relevados disminuyeron 2,4 puntos porcentuales en el cuarto trimestre del año pasado en comparación con igual período de 2009 y 2,1 puntos porcentuales frente al tercer trimestre de 2010 (35,8%).

En consecuencia, según los datos oficiales, entre octubre y diciembre de 2010 las empresas “blanquearon” más de 180 mil trabajadores en todo el país luego de haber estado prácticamente un año sin producir cambios en la situación de su plantilla.

De las cifras del Indec se deduce que sobre una población económicamente activa de 17 millones de personas en la Argentina, cerca de 14.435.244 tienen un trabajo regular, con una tasa de desempleo de 7,3% y de subempleo de 8,4%.

En consecuencia sobre el total de trabajadores, 3.755.531 no estaría registrado en forma oficial. A fines de 2009 esa cifra trepaba a 3.937.010 empleados.

Lo particular es que durante todo el año pasado, el porcentaje de trabajo no registrado se mantuvo prácticamente estable, según los datos del Indec, produciéndose una avalancha de inscripciones en el último trimestre.

La situación más precaria se vive en norte del país

En el noroeste el 41,9% de los trabajadores no está anotado y en el noreste el 39,9%. En Cuyo los empleados no inscriptos alcanzan a 37,5% de los empleados, en el Gran Buenos Aires ese porcentaje es de 33% y en la región Pampeana a 21,8%. Las mejores condiciones laborales se observan en la Patagonia, donde el porcentaje de trabajadores informales se reduce a 14,3%.

Vale recordar que el gobierno nacional prorrogó durante el 2010, y lo hizo de nuevo a comienzos de este año para el 2011, la reducción de las contribuciones patronales para fogonear el blanqueo laboral que se habían fijado por ley (Nº 26.476), en el denominado “paquete anticrisis” con que la gestión de Cristina Fernández instituyó para hacer frente a la crisis internacional a finales de 2008.

El impacto de la reducción de las contribuciones patronales sobre la masa de utilidades sólo de las primeras 500 empresas en facturación del país, ascendería a los 127.150 millones de pesos en 2011, según un relevamiento del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp), que conducen Claudio Lozano y Tomás Raffo.

Con información de La Nación

Hacer las cosas bien desde 2003, hubiese costado 8000 millones de dólares. En cambio, el gobierno lleva invertidos 14.000 millones de dólares en subsidios energéticos desde 2004.

Acompañar la explosiva demanda eléctrica que la Argentina tuvo entre 2003 y 2010 debería haber obligado al país a instalar otros 5300 megavatios de capacidad instalada, es decir, el equivalente a lo que generan ocho centrales del tamaño de Atucha. Eso habría costado 8000 millones de dólares, bastante menos que los más de 14.000 millones que el Estado argentino destinó a subsidiar la energía desde 2004 hasta hoy, según la consultora ASAP. Así informan los ex secretarios de Energía en un duro informe.

Es una de las conclusiones de un crítico informe que volvió a elaborar el grupo de ocho ex secretarios de Energía que desde hace tiempo viene provocando enojo en la Casa Rosada, con documentos sobre la gestión en el abastecimiento de combustibles, petróleo, gas y electricidad. Son Alieto Guadagni, Daniel Montamat, Enrique Devoto, Jorge Lapeña, Roberto Echarte, Raúl Olocco, Julio César Aráoz y Emilio Apud, los mismos a los que, por pedido del Gobierno, la Universidad de Buenos Aires (UBA) les prohibió una presentación en abril de 2009.

No se puede frenar el aumento de la demanda

El documento sostiene que la Argentina sufrió un significativo desfase en generación eléctrica entre 2003 y 2010. Es, en realidad, en cifras, lo que lleva al Gobierno todos los inviernos, desde 2007, a llamar a las industrias para que dejen de consumir electricidad en los momentos de alta demanda, tarea que suelen asumir el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el subsecretario Roberto Baratta. “Puede observarse claramente -dice el informe- que el incremento de la oferta, medido por la ampliación de la capacidad instalada (21%), ha sido menos de la mitad del incremento de la demanda (44% en el caso de la carga máxima y 41% en el caso de energía) en el período. Esta circunstancia provoca aumento de costos de funcionamiento y restricciones de oferta. Si esto no se corrigiera en el futuro -y es un imperativo categórico hacerlo-, conspiraría contra el funcionamiento del sistema productivo y también el social”.

Improvisación, cortoplacismo y desaliento a la inversión

También es duro en las palabras elegidas. Afirma, por ejemplo: “La gestión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner estuvo signada por la improvisación, la visión de corto plazo, el desaliento a la inversión; el manejo de los operadores del sector mediante subsidios; amenazas y concesiones arbitrarias; las licitaciones poco claras para favorecer a empresarios afines; el desaliento a la actividad hidrocarburífera local y la discrecionalidad en la toma de decisiones”.

Reacción del gobierno

La difusión del trabajo provocó, como era de esperar, una respuesta del secretario de Energía, Daniel Cameron. “Parecen cronistas del diario Clarín -dijo ayer, según un cable de la agencia estatal Télam-. Es sorprendente que quienes condujeron los mayores fracasos energéticos de la Argentina sean ahora los iluminados que nos dicen lo que tenemos que hacer.”

Inauguración de Atucha II

Cameron aprovechó para anunciar que Atucha II será inaugurada en septiembre próximo. Precisamente, una de las obras cuestionadas por el informe de los ex secretarios, que recuerdan que lleva dos años de retraso y que ya ha costado cuatro veces más de lo previsto. “Aún no se conoce la fecha de finalización de la central nuclear de Atucha II, anunciada para 2009, con un presupuesto original de US$ 500 millones. La información disponible indica que a la fecha ya se llevan gastados más de US$ 2000 millones”.

Gasoducto bolivariano

Otra de las objeciones tiene que ver, según el texto, más con la imagen que con los hechos. “Se abusó como nunca antes de los anuncios sin fundamento técnico o económico de obras que nunca se iban a ejecutar. Fue paradigmático el antecedente que estableció el denominado «Gasoducto bolivariano» [N. de la R.: en realidad, se llamaba Gran Gasoducto del Sur], anunciado el 9/12/2005 por los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez. En otra oportunidad, también el año 2005, se anunció la construcción de una nueva refinería en la Patagonia de gran escala que ni siquiera avanzó en las etapas previas. Queda además pendiente el gasoducto GNEA, anunciado en 2004 para transportar el gas de Bolivia, cuyo inicio no se realizó”.

Tema sensible: Cóndor Cliff

El texto se adentra en un tema caro a los intereses del kirchnerismo: el relato de lo que ocurre. “La estrategia comunicacional del Gobierno a lo largo de más de 7 años ha sido negar las evidencias y -sobre todo- ocultar las consecuencias de su mala gestión en el área energética. En este contexto consideramos necesario presentar a la sociedad una síntesis de los principales problemas que padece el sector y señalar los acuerdos sobre una política de Estado alternativa para superar dichos problemas.”

Capitalismo de amigos

El punto más crítico se refiere a lo que el propio informe llama “capitalismo de amigos”. Cita, por ejemplo, el plan energético anunciado en 2004 por el Gobierno y su relación con una obra muy cuestionada: la usina prevista para ser construida en el río Santa Cruz, sobre la que pesan acusaciones de sobreprecios y escasa transparencia en la licitación.

“En el plan energético PEN 2004-2008 se estableció, a nuestro juicio con buen criterio, una revisión de proyectos hidroeléctricos existentes, mayores de 400 MW de potencia para «seleccionar los 3 o 4 más rentables». Sin embargo, en contra de las conclusiones de la revisión, se decidió priorizar la construcción del proyecto del río Santa Cruz, Cóndor Cliff y Barrancosa, cuando el mismo figuraba en la ponderación del inventario de la propia Secretaría de Energía en el puesto 23, postergando 22 proyectos más factibles localizados en Chubut, Neuquén, Mendoza y Río Negro.”

El otro ejemplo son las áreas de explotación de hidrocarburos en Santa Cruz que se adjudicaron, por separado, Cristóbal López y Lázaro Báez. “Se ha dado de hecho un proceso no coordinado y hasta anárquico en los procesos de licitaciones de nuevas áreas provinciales, así como también de las renegociaciones de contratos vigentes antes de su vencimiento. Vaya como simple ejemplo de lo dicho que del total de las nuevas áreas petroleras licitadas en la provincia de Santa Cruz todas se adjudicaron a empresarios amigos del Gobierno luego de ser descalificadas o desalentadas empresas petroleras nacionales e internacionales con probados antecedentes en la actividad.”

Dos años de duros informes

Hoy se cumplen exactamente dos años desde que el grupo de ocho ex secretarios de Energía de la Nación emitió el primero de sus documentos con propuestas para instrumentar políticas de Estado que corrijan los problemas que afectan al sector.

Pero el momento en que esta informal asociación de ex funcionarios adquirió notoriedad pública fue un mes y medio después, el 21 de abril de 2009, cuando la Facultad de Ingeniería canceló -en una decisión de último momento- la charla que tenían previsto dar para presentar su propuesta. Corrieron versiones de que había habido presiones del Gobierno para prohibir la presentación y la polémica se acrecentó luego por las críticas que cayeron desde el Poder Ejecutivo contra los firmantes del documento. “Ellos, cuando estuvieron al frente de carteras, tuvieron una gran suma de fracasos”, fustigó Julio De Vido, ministro de Planificación Federal.

Se trata, en realidad, de un caso único de coincidencia entre técnicos pertenecientes a corrientes políticas enfrentadas. Los ex secretarios actuaron en los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. El grupo está compuesto por Jorge Lapeña (1986-1988), Roberto Echarte (1988-1989), Raúl Olocco (1989), Julio César Aráoz (1989-1990), Daniel Montamat (1999-2000), Emilo Apud (2001), Alieto Guadagni (2002) y Enrique Devoto (2002-2003).

El documento, titulado “Propuesta de una política de Estado para el sector energético argentino”, fue finalmente presentado en la Cámara de Diputados a comienzos de junio de ese año. En 2010, los ex secretarios publicaron otros cuatro documentos: uno sobre el desarrollo petrolero marítimo; dos notas al actual secretario de Energía, Daniel Cameron, sobre las importaciones de fueloil, y una declaración sobre la necesidad de normalizar los entes reguladores.

Con información de La Nación

Ayer el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) comunicó que el país recuperó su status de zona libre de fiebre aftosa con vacunación en la región de alta vigilancia de la enfermedad en la frontera norte.

La región mencionada está comprendida por el territorio denominado Cordón Fronterizo, a lo largo del límite con Bolivia, Brasil y Paraguay.

La medida fue informada por el director general de la OIE, Bernard Vallat, al presidente del Senasa, Jorge Amaya, a través de una nota enviada desde París.

En la misiva, se aclara que debe mantenerse separada del resto de la zona reconocida como libre de fiebre aftosa con vacunación, lo que implica la implementación diferenciada de actividades de control y vigilancia de la enfermedad.

El Senasa precisó, en un comunicado, que la recuperación del estatus alcanza también a las zonas de vigilancia en territorio de Bolivia, Brasil y Paraguay, dado que la presentación ante la OIE se realizó de manera conjunta, en el marco del Comité Veterinario Permanente (CVP) del Cono Sur, que integran los servicios sanitarios de estos países junto a la Argentina y Uruguay.

Con información de Punto Biz

Nuevamente Argentina ante posibles sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) GAFI. Un funcionario nacional admitió que el cuadro es crítico.

El Gobierno admitió, en una nota que circuló entre distintos organismos, que la Argentina está en una situación crítica por no combatir el lavado de dinero. Por eso, como respuesta, envió al GAFI un plan de acción el cual, sin embargo, no refleja la urgencia que atraviesa el país.

En las últimas semanas, circuló una nota oficial de alerta. “De caracter muy urgente. Ampliación y reiteración”, tituló Alejandro Strega, director de Coordinación de Políticas Nacionales y representante del país ante el GAFI. Era el pedido de colaboración que remitió en noviembre pasado al Banco Central, Superintendencia de Seguros, Comisión Nacional de Valores y a la Unidad de Información Financiera.

Titular del GAFI en Argentina

Dentro de una semana visitará el país el titular del GAFI, Luis Urrutia Corral y, en febrero, ese organismo podría tomar contramedidas respecto de la Argentina. La presidente Cristina Fernández de Kirchner no tiene agendada ninguna reunión para recibir a Urrutia Corral -se entrevistará con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y con el ministro de Justicia, Julio Alak- ni incluyó en la convocatoria a extraordinarias del Congreso las reformas más importantes que reclama el organismo del que la Argentina es parte.

Plan de acción

Como consecuencia de la nota de Strega, donde se reconoce la situación crítica del país, la Unidad de Información Financiera (UIF) elaboró un plan de acción. Alak dijo a La Nacion que contiene medidas innovadoras, pero muchos en voz baja dicen que fue hecho para salir del paso. El documento al que accedió este diario promete que las reformas legales más importantes estarán concretadas para noviembre de 2011.

Alerta del funcionario argentino

Strega, en su nota de alerta, escribió: “Los países que integran el GAFI consideraron muy graves las debilidades detectadas y las mismas deberían atenderse urgentemente”. No hacerlo podría traer graves consecuencias para las operaciones comerciales y financieras, según se señala.

La semana última, entre los cables de la diplomacia norteamericana filtrados por WikiLeaks, se conoció uno elaborado en la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, en diciembre de 2009, que informaba al Departamento de Estado sobre la falta de cooperación de nuestras autoridades para mejorar el sistema. En rigor, el asunto ya venía siendo analizado por el GAFI desde hacía años y el organismo, en la reunión plenaria realizada en París, en octubre último, emitió un duro informe: la Argentina sólo cumple plenamente con 3 de las 49 recomendaciones que deben seguir los países para combatir el lavado de dinero, por lo cual fue colocado según un “procedimiento de revisión y seguimiento intensivo de muy corto plazo y alta intensidad”.

Plazo de corrección

En aquel plenario, el representante de España había propuesto directamente sancionar a la Argentina, aunque finalmente prosperó la moción de darle al Gobierno un plazo de 100 días para corregir las serias deficiencias. De regreso de aquella reunión, Strega -cuyas funciones de coordinación podrían ser absorbidas por la Unidad de Información Financiera- escribió: “La totalidad de las 16 recomendaciones consideradas clave no son cumplidas por la Argentina. El país es el miembro GAFI con el más bajo nivel de cumplimiento y el único que presenta un sistema con deficiencias estratégicas en todas las denominadas recomendaciones clave. Dado el procedimiento de seguimiento intensivo, el país deberá demostrar cambios significativos dentro de su sistema para la próxima reunión plenaria del GAFI de febrero de 2011″.

Francisco D’Albora, jurista especializado en lucha contra lavado y miembro de una organización, Fapla, que tiene previsto reunirse con Urrutia Corral, explicó que el GAFI puede adoptar “cinco contramedidas respecto de un país”. Entre ellas, el envío de una carta (ya mandó esa nota al Gobierno, en la que expresa “la seria preocupación que existe entre los miembros de la comunidad internacional”); una visita de alto nivel (la de Urrutia Corral la semana próxima); una declaración pública; la suspensión de un país y su expulsión del GAFI.

El pedido de colaboración elevado por Strega alerta sobre ese riesgo: “Para febrero deberá tenerse un sistema consolidado y atender la gran cantidad de deficiencias, para evitar que GAFI emita una declaración pública que traerá consecuencias a todo el sistema financiero y no financiero de la Argentina, de acuerdo con las medidas que van a adoptar el resto de los países según la Recomendación 21″, alertó.

La Recomendación 21, una de las 49 normas que guían a los países que participan del GAFI, obliga a todos los Estados a “prestar especial atención a todas las relaciones comerciales y transacciones que realicen personas, empresas, bancos e instituciones financieras”. Es decir, todo dinero que entre y salga del país, incluso por operaciones transparentes de giro de utilidades o cobros de exportaciones, podrían ser consideradas operaciones sospechosas.

Alerta en Europa

La  Autoridad Federal de Supervisión Financiera (Bafin) de Alemania alertó a sus bancos sobre la Argentina. Poco después, según trascendió, el Reino Unido emitió una alerta similar.

“Hay que hacer reformas legales urgentes, como, por ejemplo, reformar el tipo penal de lavado y de financiamiento del terrorismo. Eso no puede hacerse por DNU. Y también, mostrar voluntad política de hacer cambios”, explicó D’Albora.

Con información de La Nación

Aun no se materializó el pedido de ayuda de Argentina, pero el simple acercamiento ya generó efectos positivos. ¿A qué se debe el giro del gobierno?

Por lo pronto, instaló un “ambiente más positivo” hacia el país, uno “como hacía tiempo no se respiraba”, dijeron en el organismo. Y en el terreno de las efectividades detuvo, al menos hasta ahora, un mecanismo que, de haber avanzado, podría haber desencadenado sanciones contra el país por su resistencia a dejar que le revisen las cifras de su economía.

“Hace una semana sí se hablaba de la posibilidad de llamar la atención a la Argentina. Hoy [por ayer] nadie habla de eso. Y eso es un cambio enorme y muy positivo”, dijo a una fuente inobjetable en la estructura de la entidad.

El cambio se percibe aun cuando todavía no trascendieron en el organismo las características de la inminente misión técnica que viajará a Buenos Aires. Y que aquí se insiste en definir como “muy específica y acotada” a la tarea que se le encomendó en cuanto a la revisión de las cifras de la inflación. “Nadie piensa aquí que eso sea un artículo IV disfrazado”, se indicó. La expresión se refirió así a la revisión bianual de cifras económicas a la que, por norma, están obligados los países que, como el nuestro, son miembros activos de la entidad.

Nadie desecha aquí que esa revisión -a la que el gobierno kirchnerista se viene resistiendo desde 2007- se encuentre ahora un poco más cerca. Pero por lo pronto, lo que hay es una misión referida y acotada a la medición del costo de vida.

Índice de precios

La asistencia técnica para la elaboración de un índice de precios nacional es un tema que ya había sido tratado en la asamblea de primavera del Fondo, en abril de este año.

Sanciones

En lo inmediato, el reconocimiento de que algo no va bien con las mediciones oficiales sirvió para descomprimir la presión sobre la Argentina. Y para poner freno a un crítico documento interno que, de haber llegado a circular y considerarse en el directorio de la entidad, hubiera activado un mecanismo que podría haber desembocado en sanciones contra el país.

“Es un documento elaborado sobre la base de los términos del artículo VIII, que puede desembocar en sanciones. Pero que hasta que no se evalúa en el directorio del Fondo no se considera como tal. Es casi un no documento”, se explicó.

En todo caso, fue el giro dado por las autoridades -con la misión supuestamente secreta que se encomendó a los ministros Héctor Timerman y Amado Boudou- lo que evitó que la cosa llegara a mayores.

Motivo del cambio

¿Con qué intención se puso ese freno? La explicación tiene que ver con un criterio de conveniencia y de oportunidad, explicitado con una sentencia según la cual “nadie sabe en qué momento el país va a necesitar al Fondo. Y si se sospecha que ese momento podría estar más cerca que lejos, es mejor estar en buenos términos”.

INDEC

Aquí no son pocos los que afirman que aun para negociar un plan de pagos con el Club de París o para coquetear con la idea de volver al mercado de deuda es mejor estar en buenos términos con el organismo crediticio. Además de no cumplir con lo dispuesto en el artículo IV, otro hecho conflictivo en la relación tiene que ver justamente con las cifras del Indec, ya que en los últimos informes del organismo se incluyeron notas que hacían alusión a que economistas del ámbito privado realizan sus propias mediciones de inflación.

Ya sea por casualidad, por conveniencia o por fidelidad a un estilo riguroso, fueron dos países europeos los que, en el directorio de la entidad, estuvieron a la cabeza de los que pidieron aplicar rigor con la Argentina.

Entre ellos, uno que fue clave en la negociación que abrió la puerta a la posibilidad de que el Gobierno negociara la deuda del Club de París sin el aval del FMI. “Lo que no se pide por un lado se pide por el otro”, se conjeturó.

Varios países de América latina -entre ellos Colombia y Brasil- actuaron de colchón para el reclamo. También algunos del continente asiático.

Conflictos con el FMI

En falta : desde hace cuatro años, el Gobierno -primero el de Néstor y luego el de Cristina Kirchner- se niega a recibir una misión del Fondo Monetario Internacional para hacer la revisión anual de sus indicadores económicos, a la que están obligados todos los países socios.

Posibles sanciones: en los últimos tiempos se había comenzado a hablar de la posibilidad de abrir un mecanismo que llevaría a la aplicación de sanciones contra la Argentina.

Revisión más cerca: si bien los funcionarios del Fondo no creen que el acuerdo implique el cumplimiento “disfrazado” del artículo IV, tampoco desechan la idea de que ese trámite esté ahora más cerca.

Con información de La Nación

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le reclamó ayer a la Argentina que afrontara las serias “deficiencias” corroboradas en el sistema local de prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que muestra una “falta de efectividad” y “adecuada coordinación”.

El reclamo del GAFI se explicitó a través de un documento de 25 carillas que el GAFI subió ayer a su página de Internet, y que sirve de “resumen ejecutivo” de la evaluación que un grupo de expertos de todo el mundo llevó adelante sobre el país.

Ese informe, que las delegaciones miembros del GAFI aprobaron en París el 22 de octubre último, se convirtió en el reporte más duro efectuado sobre un país miembro del grupo desde su creación, en 1989. Concluye que sobre 49 ejes sujetos a revisión (”recomendaciones”), la Argentina sólo registró 3 total o mayormente cumplidas y el resto, parcial o totalmente incumplidas.

Entre otros temas, el reporte concluye que la UIF carece de facultades legales para efectuar inspecciones -tal como argumentó su titular, José Sbattella mediante una resolución-, que las estadísticas de esa unidad son incompletas y carecen de credibilidad y que su actuación debe mejorar de manera sustancial.

El informe también señala que la normativa antilavado debe ampliarse o reforzarse sobre otras actividades y profesionales (casinos, escribanos, abogados y corredores inmobiliarios, entre otros), y que la UIF, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintentendencia de Seguros deben intercambiar su información.

La evaluación no sólo se centra en las tareas pendientes para el Poder Ejecutivo Nacional, sino que también expone una amplia agenda pendiente para el Congreso, y subraya que las provincias y la Nación deberían compartir, por ejemplo, sus registros de sociedades comerciales y de propiedades inmuebles.

Junto a la difusión del informe, el GAFI dio sus primeros pasos que pueden terminar con graves sanciones contra el país.

El primer paso fue el envío de una carta formal al Gobierno, en la que expresó su “decepción” y su “seria preocupación” ante las falencias del sistema local, que urgió a revertirlo.

El segundo paso se dará a mediados del mes próximo, cuando el presidente del GAFI, Luis Urrutia Corral vendrá a Buenos Aires para dialogar con las autoridades locales.

El tercer paso, en tanto, podría concretarse en febrero, cuando el plenario del grupo volverá a reunirse para evaluar las eventuales mejorías de la Argentina -o su ausencia- y determinar si lo somete al proceso que podría concluir, en octubre, con su ingreso en la llamada “lista gris”.

Con información de La Nación