Un 25% de los argentinos es pobre, si bien los fondos destinados a combatir la marginalidad siguen en aumento.

A una década del estallido social de 2001, el Estado multiplicó los programas sociales, que, sólo en el caso del plan Asignación Universal por Hijo y la entrega de jubilaciones a quienes no tenían aportes, alcanzan hoy a más de 5,5 millones de personas. Esto, sin contar un entramado de planes que se superponen sin información oficial precisa. Pero este aumento del presupuesto social y del crecimiento de la economía a “tasas chinas” no ha conseguido que deje de persistir un núcleo duro de pobreza, que está entre el 20 y el 25% de la población. Los expertos le ponen un nombre a este escenario: la Argentina “dual”.

Para dos reconocidos centros de investigación, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica y SEL Consultores, la persistencia de un núcleo duro de pobreza se comprueba al medir las condiciones de hábitat, educación, situación laboral y alimentación, entre otras variables.

A fines de 2001, con el 38% del país sumido en la pobreza (ese porcentaje trepó al 57,5% en octubre de 2002 y a partir de allí empezó a caer), la Alianza intentó evitar el estallido social entregando 300.000 planes Trabajar. Lo que no pudo el gobierno de Fernando de la Rúa tampoco lo logró Eduardo Duhalde, quien, apenas un año después, distribuía más de dos millones de planes Jefes y Jefas de Hogar.

Una década después de las cacerolas y los muertos de 2001 la pobreza se mantiene en el orden del 20 al 25%, lo que representa unos 10 millones de argentinos.

Tras la recuperación económica que, de 2003 a 2011, llevó el PBI nacional de 127.000 millones de dólares a más de 440.000 millones. En vez de disminuir por el crecimiento a “tasas chinas” de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los planes sociales se multiplicaron. Con una paradoja: según los estudios que emplean los índices oficiales no alterados por la intervención del Indec, el “núcleo duro” de la pobreza persiste. No por casualidad más de cinco millones de hogares hoy siguen sin tener una red cloacal o el servicio de gas en red.

Pesimismo en los analistas y consultores

Para el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y SEL Consultores, de Ernesto Kritz, la paradoja tiene un mismo nombre: la persistencia de una “dualidad estructural” o, a secas, de un “país dual”, donde la desigualdad no cedió terreno y un cuarto de la población quedó atrapado en un “núcleo duro” de pobreza, “a pesar del crecimiento económico, la recuperación del empleo y del salario real de los trabajadores formales” y la multiplicación de planes sociales y ocupacionales.

“Se ha mantenido vigente un orden económico y social que ha impuesto barreras estructurales a la superación de la dualidad que atraviesa la sociedad argentina”, sostuvo el director del ODSA, Agustín Salvia, en un balance del período 2004-2010 publicado por la UCA.

Para Kritz, esa situación involucra hoy entre 8 y 10 millones de personas. “El balance es dual, porque entre un 20 y 25% de la población ha emergido de la pobreza y se ha incorporado [o reincorporado] a la clase media baja desde el pico de la crisis; pero cerca de un cuarto de la población permanece en estado de privación no obstante los ocho años de elevado crecimiento.”

Lo preocupante es que, en el balance de la década, ambos investigadores coinciden en que 2007 volvió a marcar una bisagra en los índices de creación de empleo y mejora social del país, que no se revirtieron con la recuperación económica de 2009. A similares conclusiones llegan otros investigadores más próximos al Gobierno, como Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, de la UBA, que pone en duda la disminución de la pobreza que continuó reflejando el Indec -intervenido desde 2007- en los últimos años, a pesar del “exiguo” crecimiento del empleo.

Los números del Indec asombran por su optimismo: a pesar del freno económico de 2007, sumado a la inflación y la crisis internacional de 2008, la pobreza, según el organismo controlado por Guillermo Moreno, pasó de 23,4% (primer semestre de 2007) a 8,3% en 2011. La indigencia, a su vez, cayó del 8,2 al 2,4%.No opinan lo mismo las consultoras privadas y los centros de investigación social que muestran cifras superiores a las oficiales.

¿Qué pasó, en cambio, con el gasto social? Según un estudio de la Fundación Siena, el presupuesto 2012 eleva al 60% el gasto social (303.028 millones de pesos) y destina las mayores subas a las jubilaciones y planes sociales (39% más que en 2011).

Planes sociales en aumento

Los datos oficiales muestran un aumento significativo de la cantidad de beneficiarios de planes sociales en la última década.

En 2001, había 300.000 planes Trabajar que dieron paso a dos millones de personas del plan Jefes y Jefas de Hogar. En 2009 se sumaban a los planes alimentarios y los programas provinciales y municipales unas 8 millones de personas.

Luego de la derrota electoral de 2009, el kirchnerismo creó el Plan Argentina Trabaja que originalmente estaba pensado para 250.000 personas y que hasta ahora tiene unos 150.000 benefieciarios en todo el país, concentrada la mayoría en Buenos Aires. Después, la presidenta Cristina Kirchner puso en marcha el plan de Asignación Universal por Hijo, que alcanzó a 3,5 millones de niños.

Con información de La Nación

“Este gobierno habla mucho y hace poco en inversión sanitaria”, acusó el ex presidente de Aguas, Juan Venesia.

El miércoles el gobernador Bonfatti defendió el aumento de tarifas de agua. “Este es el menor aumento en la tarifa de agua que podíamos aplicar. Por años no dieron respuesta en materia de cloacas y agua potable y nos tuvimos que hacer cargo de una deuda enorme. Así Bonfatti respondió las críticas por el aumento anunciado, que supera el 100% y que incluso fue rechazado por el Enress. “La única forma de invertir es contar con dinero y en este caso es de aquellos que tenemos cloacas y agua para que aquellos que no tienen puedan acceder”, agregó.

Por su parte, Venesia, quien además el primer titular de la compañía reestatizada en el último tramo de la gestión de Jorge Obeid, salió ayer a responder las críticas por la falta de inversión con una definición categórica: “Este gobierno provincial habla mucho y hace poco en inversión sanitaria”.

Blandiendo números en los que asegura que entre 2006 y 2007 fue el período en que hubo más inversión en infraestructura sanitaria a raíz de los acueductos pequeños para provisión de aguas que se construyeron en varias ciudades, Venesia agregó: “Si el gobierno sigue pensando que con la tarifa financiará obras, en poco tiempo estamos frente a un colapso”.

Es por eso que el ex funcionario justicialista propuso “la creación de un Fondo de Saneamiento, que con aportes provinciales y nacionales pero sobre todo buscando financiamiento externo (que hay disponibles para programas sanitarios) que encare la realización de las obras de infraestructura de base necesarias para hacer frente al crecimiento de la población y mejorar la eficiencia del sistema”.

Según Venesia, “la discusión tarifaria, cuyo retraso no se discute por la presión de la inflación, es una punta del iceberg, cuando el verdadero problema de esta administración es la falta de un plan estratégico para la inversión sanitaria”.

“La tarifa sostiene como máximo el 70% de los gastos operativos, por lo que Aguas tiene un déficit operativo del 20%. Está claro entonces que no es con los ingresos por tarifas que se podrán hacer las obras. Pero además, está el déficit estructural, por ejemplo la falta de provisión de agua, que va de un 5% a un 20% depende la ciudad, y la falta de cloacas, que va de un 35% a un 90% depende la ciudad, o los problemas de presión con el agua, que en Rosario afectan hoy al 40% de la población. Y ante el crecimiento de la población, estos déficits se incrementan”, explicó.

Falta planificación

Fue allí que insistió con “la necesidad de atacar el problema íntegramente pensando en una política que planifique teniendo en cuenta como esencial el fondeo para las obras estratégicas”.

Finalmente, Venesia resaltó que “la Municipalidad de Rosario, que salió a defender el tarifazo, todavía no ingresó al directorio de Aguas Santafesinas, pese a que tiene el mismo signo político de la Provincia”.

Con información de Punto Biz

Ayer, el titular del ENRESS denunció que el aumento que aplicó la empresa es mayor al autorizado. Sin embargo hoy el gobernador avaló la suba.

El gobernador Antonio Bonfatti defendió ayer los incrementos dispuestos para la tarifa de Aguas Santafesinas que van del 63 al 117 por ciento. “Es el menor aumento que podíamos aplicar. La única forma de invertir es contar con dinero”, planteó el mandatario, tras lo cual recordó que en 2007, cuando el Frente Progresista se hizo cargo de la provincia, se encontró con una empresa sanitaria “desfinanciada”.

Denuncia del ente regulador

El titular de la Casa Gris respondió así las críticas lanzadas por el titular del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), Alberto Muñoz, quien mostró su malestar por la suba autorizada y la falta de precisiones sobre el plan de obras.

Justificación de Bonfatti

Ante los primeros cuestionamientos a la resolución del Ministerio de Aguas que fijó el nuevo esquema tarifario de Assa, Bonfatti justificó los aumentos dispuestos recordando la fallida privatización del servicio sanitario durante los ‘90. “Nos hicimos cargo de una deuda enorme, por años no dieron respuesta en materia de cloacas y agua potable a las 15 ciudades que tenían bajo su órbita”, sostuvo el gobernador, aludiendo a la concesión comandada por la francesa Suez.

Según el mandatario, “la única forma de invertir es contar con dinero, y en este caso es de quienes tenemos cloacas y agua para que aquellos que no tienen puedan acceder al servicio”, en referencia a las localidades de Santa Fe donde no opera la estatal Assa.

Discrepancia

La observación de Bonfatti llegó después que el presidente del Enress manifestara su disconformidad con los aumentos decretados. “La verdad es que no estamos conformes. El cuadro tarifario es muy distinto al que presentó el Ente para su consideración”, indicó Muñoz en diálogo con La Ocho. El titular del organismo de contralor contó que en su dictamen el Ente había solicitado que en cuatro de las cinco categorías las subas no superaran el 100% “y finalmente en tres rangos el aumento supera ese porcentaje, con lo cual muchas familias pagarán una suba elevada”.

Muñoz fue más allá al advertir sobre las consecuencias de no tomar en cuenta las sugerencias del organismo, más allá de que su dictamen no sea vinculante. “Estamos convencidos de que cuando hacemos una audiencia pública donde se expresan los usuarios, empresas y organizaciones, no es solamente para que se haga catarsis”, graficó.

En ese marco cuestionó al Ministerio de Aguas por “darle 45 días a la empresa para que presente un plan de obras y detalles de la colocación de medidores domiciliarios, cuando debiera haberse establecido con el esquema tarifario un plan preciso de obras”.

El gobierno no entiende de regulación y control

Para Muñoz, el gobierno “sigue sin entender qué significa la regulación y el control. Nuestra propuesta era taxativa, decíamos que la empresa debía colocar 66 mil medidores en dos años, y que el tercer aumento (en el quinto bimestre) estaba supeditado al cumplimiento de parte de esa meta. Esas cosas el ministerio las reconoce, pero en la resolución las relativiza, y pide a la empresa que sugiera un plan de instalación de medidores y realización de obras”.

Según el funcionario, “esto es retroceder en el tema, porque además la matriz del aumento ya contempla el costo de los medidores, por lo tanto su instalación debe ser una exigencia y no una solicitud”.

Muñoz instó a avanzar “cuanto antes con un nuevo marco regulatorio para el agua, y también para la energía para que se pague según el consumo y los usos”.

Con información de la Capital

El presidente del Ente Regulador de Servicios Sanitarios, Alberto Muñóz, dijo que el aumento tarifario de Aguas Santafesinas es muy diferente al que planteó el organismo luego de la audiencia pública. Además aseguran que la empresa está dilatando la colocación de medidores.

“La resolución del ministerio sobre los incrementos de la tarifa del agua no es la que presentó el ente”.

Se conoció recientemente los aumentos en la tarifa del agua para los santafesinos, medida que implementó la empresa desde el 1 de enero y que contará de tres aumentos escalonados en el primero, segundo y quinto trimestre, alcanzando, según el consumo familiar, hasta el 117% de aumento.

La resolución del ministerios de Aguas tuvo en cuenta el informe presentado por el Enress luego de las audiencias públicas en donde los santafesinos opinaron sobre los aumento, pero esta mañana desde el organismo se mostraron disconformes con la medida.

Reunión para correjir los aumentos

Alberto Muñoz, presidente del Enress, dijo que: “La resolución del ministerio sobre los incrementos de la tarifa del agua no es la que presentó el ente. Por este tema, hoy hemos convocado a reunión de comisión directiva para analizar la situación. En primera instancia, los porcentajes de incremento no son los que se habían planteado. Nosotros creemos que cuando uno convoca a audiencia pública no es para que la gente haga catarsis sino para intentar consensuar una solución en el tema tarifario”.

“Nosotros vemos que en esta resolución se superan los porcentajes sugeridos, especialmente en el tercer rango. En la propuesta que hicimos nosotros solamente el quinto rango superaba el incremento del 100% (estamos hablando de shopping y grandes industrias). En la resolución de ayer hay tres rangos que superan el 100% en las cuales hay un gran sector medio. Estamos hablando de 200 mil cuentas”, aseguró Muñoz.

Medidores

Sobre la exigencia de colocación de medidores, el presidente del Enress sostuvo que: “Fue una demanda muy grande que se tomaran compromisos concretos en obras y colocación de medidores. Nosotros habíamos planteado que el último aumento esté atado al cumpliendo de un programa de colocación de medidores. En la resolución actual se le pide a la empresa que presente un proyecto. El Enress ya hizo este proyecto que exige que en dos años ASSA coloque 66 mil medidores (lo mismo que había colocado la empresa privada en 10 años). Nosotros vemos que en esta resolución se vuelve a dilatar la colocación de medidores”.

Con información de Sin Mordaza

“Si el aumento es menor al 138 por ciento lo pagaremos entre todos los santafesinos”, sostuvo el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio.

El titular de Aguas señaló que si no se concreta el aumento del 138%, el costo de la tarifa seguirá siendo subsidiado por el Estado y por los impuestos de todos los santafesinos, en tanto dijo que tendrá en cuenta lo resuelto por la audiencia pública pero no lo seguirá “al pie de la letra”.

Ayer se reveló que el Enress culminó con su dictamen tras la audiencia pública y este documento pronto que llegará a las manos del ministro: “Me enteré por lo medios, algo que no debería haber sido así”, se quejó el funcionario de la gestión de Antonio Bonfatti.

Ciancio entendió que uno de los resultados que se desprende de la audiencia pública es que “quedó claro que el 138% del costo es la realidad del costo de hoy de mantener el servicio”.

Además enumeró las obras que realiza el ministerio para mejorar el servicio. “Hay una infinidad de trabajos que hacemos para que las personas tengan agua en distintas localidades de la provincia que Assa no puede hacer”.

En tanto fue claro al expresar que si el aumento no llega a los clientes será absorvido por los impuestos de los contribuyentes y por el gobierno. “Lo que sea menor al 138% lo seguiremos pagando entre los santafesinos, saldrá de subsidios del Estado”, dijo.

Respecto al dictamen señaló: “No puedo decir que voy a tomar al pie de la letra lo que salió en la audiencia pública ni tampoco que lo vamos a negar, tal vez nos hubiera gustado que sea más amplio el espectro”.

Por último estimó que el servicio es bueno. “La calidad del agua es excelente y otra es la cantidad que depende de dos cuestiones: del consumo excesivo que se tiene en las zonas centrales y en las distancias que se tiene en la periferia de la ciudad, en ese sentido no estamos llegando con la presión suficiente, no somos ajenos a esta situación y estamos dando soluciones, pero luchamos con el deterioro de las redes de años y eso implica un esfuerzo enorme.”

Con información de La Capital

En una sesión maratónica, el Concejo de Rosario aprobó el presupuesto 2012 y la suba de tasa. La nueva intendente no logró que se aprueben facultades extendidas.

En cuestión impositiva, la suba más importante es la de un 60% en TGI. También se sancionó la iniciativa que crea carriles exclusivos para vehículos de transporte en el centro. En cambio, cerca de las 23, el bloque socialista se quebró y no pudieron tratarse las facultades especiales para que el jefe comunal pueda subir el precio del transporte.

A favor y en contra

La sesión se inició pasadas las 15. Desde el oficialismo, Clara García defendió la aprobación del presupuesto para el año que viene. Después, durante unos 45 minutos, Héctor Cavallero planteó su oposición a algunos puntos del proyecto pero adelantó que votará a favor del texto porque es una herramienta clave para el Ejecutivo. María Eugenia Bielsa, en cambio, desarrolló durante una hora el porqué de su negativa.

Pasadas las 19.30, con más de cuatro horas de debate, los ediles aprobaron el presupuesto -por mayoría de 19 a 3- y continuaron con la discusión en la suba de las tasas, que también se sancionó aunque por un margen menor: 12 voluntades a favor y 10 en contra.

Presupuesto 2012

El presupuesto 2012 es de 2.693 millones de pesos y gastos corrientes por poco más de 2.300 millones. Se destinarán 19.549.000 para el Instituto de Seguridad Social, 2.609 millones para la administración central y 64 millones están previstos para organismos descentralizados. El déficit sería de 74 millones.

Aumento de tasas

En cuanto a la suba de tasas, oscila entre un 35 y un 50% en la mayoría de los casos, aunque la TGI se va un 60% arriba y con modificaciones: se creó un nuevo radio, el 6, en la ciudad para la zona de Puerto Norte, que es el más caro y pagará un 20% más que el radio 5. Los incrementos se reflejarán en la factura del primer bimestre del año próximo.

Carriles exclusivos

Después de las 21 se avanzó con el proyecto de carriles exclusivos. Se crearán para colectivos y taxis que trasladen pasajeros en corredores como Córdoba, San Lorenzo, Laprida y Maipú, en la zona del macrocentro.

Superpoderes

El proyecto que consiste en ceder al jefe comunal la facultad de incrementar en los próximos 12 meses el precio del pasaje del transporte urbano, siempre que la brecha entre tarifa vigente y estudio de costos sea superior al 10%, encendió la polémica cerca de las 23.

La iniciativa logró despacho favorable gracias al voto de los socialistas, más su aliado Oscar Greppi (ARI). Planteaba que el jefe comunal podría firmar el incremento sin que haya debate en el Concejo. Pero solo en los casos en los que la brecha entre la tarifa vigente y el estudio de costos sea superior al 10%. Si es menor, la discusión debería darse primero en comisiones y luego en el recinto, como sucede en la actualidad.

La intención del socialismo era establecer este método por dieciocho meses, pero en el proyecto que tuvo despacho favorable se estableció finalmente la delegación de facultades por solo doce meses.

Sin embargo, no pudo ni tratarse. Es que, según informó por Radiópolis (Radio 2) el periodista Atiel Borderi, los concejales socialistas Mariana Alonso, Orlando Debiassi y Edgardo Falcón se retiraron del recinto en oposición a la iniciativa. El presidente, Miguel Zamarini abandonó su sillón para buscarlos por lo que la sesión debió ser presidida por la vice presidenta Norma López.

La ausencia de estos tres ediles fue el comienzo de una retirada de otros concejales, dejando la sesión sin quorum. Cuando Zamarini regresó, nada se podía hacer y el proyecto quedó a la deriva. Jorge Boasso ya había manifestado su postura en contra y el discurso que brindó anoche, lo dejó bien en claro: “¿Nosotros, qué mierda somos, no tenemos capacidad?”, preguntó encendido.

Tránsito y cocheras

Por otro lado, el Concejo aprobó este jueves un proyecto para poder estacionar por las noches en ambas manos de calles anchas. Será en el horario de 21 a 8, de lunes a viernes, y sábados, de 14 a 8, para calles con un ancho mayor a 8 metros en el radio de Francia, 27 de Febrero y el río.

En tanto, la licitación para construir una cochera subterránea debajo de la plaza San Martín quedó en el tintero. La iniciativa surgió tras un proyecto de una firma privada y al no tener despacho de comisiones requería una mayoría especial para su aprobación. Deberá esperar al miércoles próximo.

Con información de Punto Biz

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial rechazó y consideró calificó de “ilegal” e “injusto” el aumento del 66% en las tarifas que pagan desde hoy jueves quienes transitan las rutas provinciales 6, 14, 16 y 70.

Decreto de Binner

“Este incremento carece de fundamento técnico-económico”, plantean. Se quejan de la falta de audiencias públicas para tratar el tema. El aumento se dispuso por un decreto firmado por el gobernador Hermes Binner, y eleva la tarifa para autos de tres a cinco pesos, la de camiones de doce a veinte y la de colectivos de seis a diez.

El órgano “expresa su más enérgico rechazo a este incremento, por ilegal,  injusto y principalmente por carecer de fundamento técnico-económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte”, se planteó en una nota de prensa.

Antidemocrático y autoritario

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial “lamenta la actitud antidemocrática y autoritaria del gobierno de la provincia de Santa Fe, que ni siquiera convocó a una audiencia pública donde los usuarios viales pudieran expresar sus reclamos y las alternativas para evitar este escandaloso aumento”. Y señaló: “Los usuarios viales son parte de los contratos de concesión, y son quienes realmente con mucho esfuerzo financian este régimen perverso de “falso peaje” y de impuesto al tránsito”.

“Lo único que se logra con esta medida es seguir beneficiando y premiando a los concesionarios de los caminos, sin importarle al Estado provincial los graves perjuicios económicos que ocasionan y seguirán ocasionando, no sólo a los usuarios viales, sino a toda la comunidad en su conjunto”, continúa el texto.

En este marco, el órgano reiteró “la denuncia realizada al inicio de las respectivas concesiones viales llevadas a cabo en las rutas de la provincia y la autopista Rosario-Santa Fe, en cuanto a que no existen estudios técnico-económicos que fundamenten las tarifas que se han estado cobrando y que se cobran actualmente, no cumpliendo así con lo expresamente establecido por la ley de peaje provincial 11.204″.

En la normativa se expresa “que el cobro de la tarifa de peaje es una contraprestación por un ahorro real que recibe el usuario, y nunca la tarifa lo debe superar”. Desde el Comité plantearon: “Desde ya que este ahorro se puede medir, y existen metodologías aceptadas al respecto, todo lo cual significa un conocimiento técnico, disponible a través de profesionales especializados en ingeniería económica de transporte”.

El órgano considera que “las tarifas aprobadas por el Poder Ejecutivo Provincial son ilegales, ya que son superiores a los ahorros, y en consecuencia no cumplen con la ley de peaje vigente ni con las reglas de arte de la ingeniería económica de transporte; por lo tanto no hay ahorros excedentes, no hay disminución del costo de transporte, y no hay promoción económica regional”.

“En las condiciones actuales, hay pérdida económica y las tarifas deben ser corregidas, o reemplazar el régimen de peaje con cabinas de cobro en ruta, por un sistema de peaje indirecto o en la sombra, sin garitas de cobro ni aduanas interiores, y evitando así el costo que tienen las casillas de peaje, y revertir esta lamentable situación”, fue una de las conclusiones.

Con información de Rosario 3

Los rosarinos pagarán el precio más alto del país por dejar los autos estacionados en la vía pública. Críticas opositoras.

La medida se hará efectiva a partir del miércoles y convertirá a la ciudad en la más cara del país para el estacionamiento medido, según aseguró ayer el titular de la Red Argentina de Consumidores, Christian Galindo, quien sostuvo además que el porcentaje del incremento (un 70% acumulado en los últimos 13 meses) “no responde a la actualización salarial ni a la evolución de los precios al consumidor, incluso de la que consignan las mediciones privadas”.

A la saga de incrementos en los servicios públicos que se conoció en los últimos días se sumó, la semana pasada, la del estacionamiento medido en el centro y macrocentro de Rosario.

La suba, que llegará al 40%, fue solicitada a la Municipalidad por la concesionaria Tránsito Rosario SA para compensar incrementos en los costos de su prestación. Así, la tarifa pasará de 2,70 a 3,80 pesos en las zonas A y B, y de 1,70 a 2,40 en la C.

Para defender el aumento, el subsecretario de Servicios Públicos municipal, Diego Leone, invocó la necesidad de que la tarifa acompañe la suba de los costos de la empresa (un 50% en los salarios y un 40 en insumos, dijo), el encarecimiento de las cocheras privadas y el objetivo de disuadir la llegada (o al menos las largas permanencias) de autos particulares en el área céntrica.

El aumento supera la inflación

Pero todos esos argumentos fueron rebatidos. “La suba supera holgadamente las mediciones privadas referentes a la evolución de precios al consumidor y a los ajustes salariales”, aseguró Galindo, convencido de que no existe índice (público ni privado) que justifique el incremento.

Para demostrarlo, la organización de consumidores contrastó los valores locales con los de otras ciudades. Como siempre, comparar puso las cosas en perspectiva: en Buenos Aires estacionar una hora cuesta 1,40 peso, en Córdoba y Mar del Plata 2 y en Mendoza 2,70.

Entre las ciudades sin tarifa plana se cuentan Santa Fe, donde el estacionamiento arranca de 1 peso para las primeras dos horas y sube a 3 en la tercera, La Plata, con valores que oscilan entre 1,50 y 2,50 según las horas, y Neuquén, cuya tarifa va de 1 a 1,50.

“Arribamos a la conclusión de que Rosario tiene la tarifa más cara del país en materia de estacionamiento medido”, sentenció Galindo, convencido de que tanto los valores como la progresiva extensión del área paga apuntan “mucho más a garantizar la rentabilidad de la empresa que a desalentar la llegada de vehículos al centro”.

Crítica de la oposición

El concejal radical Jorge Boasso afirmó que el sistema de parquímetros de Rosario “no sólo es el más caro sino el más extenso del país”, lo que demuestra, agregó, que se trata de un “traje de neoprene para la concesionaria” o, dicho sin metáforas, “de un curro liso y llano”.

“Así como está, el contrato es escandaloso”, indicó, para advertir que la situación se agravará con los carriles exclusivos porque para preservar los intereses de la empresa ya se piensa en sumar nuevas áreas o elevar la tarifa de parking en la zona C.

Nº de reclamo

Galindo, en tanto, también expresó otro reclamo: que el 0800-555-0333 de Tránsito Rosario extienda alguna constancia que sirva a los usuarios como antecedente en caso de elevar una denuncia ante algún organismo defensor de los consumidores.

Con información de La Capital

Antonio Bonfatti, gobernador electo de la provincia de Santa Fe, justificó el aumento de tarifas de servicios porque no se reciben subisidios y los costos aumentaron. Recordó que “sin el agua no existe la vida humana”.

Santa Fe sin subsidios nacionales

Binner recordó que a Santa Fe no llega desde la Nación “ningún subsidio para el agua”.

El gobernador electo de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, señaló esta mañana que los aumentos en la tarifa del agua son inminentes porque se han incrementado los costos y además no se reciben subsidios de la Nación que financien este servicio.

“Tenemos que tener una empresa eficiente que tenga los recursos para poder seguir haciendo obras y construyendo cloacas. Si no hay turbulencias grandes en la macroeconomía, la provincia de Santa Fe puede avanzar en las obras que tiene previstas”, dijo en diálogo con el programa “Dos tipos audaces” de La Ocho.

Bonfatti se refirió a la eliminación de subsidios en Buenos Aires y recordó que “en Santa Fe no tenemos subsidios así que cuando aumentan los costos inexorablemente hay que aumentar la tarifa”.

Costo de los servicios

En tanto el gobernador que asume el próximo de 10 de diciembre comparó el costo del servicio del agua con otros gastos como el teléfono y el cable que son más costosos.

“Hay que recordar que pagamos más por cosas que no son tan necesarias como el agua. Por ejemplo todos queremos tener cable y pagamos entre 150 y 160 pesos. En cambio yo en mi casa pago 45, 50 pesos de agua, y con el agua vivimos, sin agua no existe la vida humana”. dijo.

“A veces no valoramos, no cuidamos el agua, por ejemplo en Rosario estamos en 500 litros por persona y en Capitán Bermúdez alrededor de 250 litros porque tienen medidor”, concluyó.

Con información de La Capital