El Banco Central llevó en agosto de 1.000 a 1.400 millones de dólares el “rojo” de la cuenta corriente que tiene abierta en el Banco Internacional de Acuerdos  (BIS, por sus siglas en inglés).

El endeudamiento se usa para disimular la caída de las reservas que está sufriendo a partir de la aceleración de la salida de divisas, que habría llegado a los 3.000 millones de dólares en agosto y acumula los 15.000 millones en los ocho primeros meses del año.

La utilización de esa línea de crédito, una deuda de corto plazo con los bancos centrales europeos, es una herramienta habitual que utilizan los reguladores monetarios para atravesar situaciones de volatilidad en sus reservas, tal lo que está ocurriendo en la Argentina, donde hasta la semana pasada se observó una fuerte presión compradora sobre el dólar que finalmente termina impactando en las reservas del BCRA.

La deuda con el BIS forma parte de la línea “otros pasivos” del balance del BCRA. En la primera semana de setiembre esa deuda saltó de 11.659 a 16.053 millones de pesos. En el Central reconocieron que solo una parte (5.900 millones de pesos) corresponden a deuda con sus pares europeos. Y otra vez recordaron que la deuda con el BIS está lejos de ser récord: “En septiembre de 2009, durante la gestión Redrado, trepó a 26.000 millones de pesos, equivalentes a 5.600 millones de dólares”).

Los préstamos del BIS son de corto plazo y a tasas muy bajas. No es para menos, es una deuda que está garantizada por las reservas del BCRA que están depositadas precisamente en ese organismo, con sede en Basilea, Suiza.

Con estos préstamos el Central mantiene las reservas cerca de los 50.000 millones (49.596 millones de dólares, ayer). La cifra se estabilizó a partir de que esta semana parecen haber cesado las intervenciones del BCRA en el mercado mayorista de compra y venta de dólares.

La premisa del Gobierno es mantener el precio del dólar más o menos calmo o con ligeras variaciones. Desde hace una semana el tipo de cambios está clavado en 4,20 pesos en el mercado mayorista y 4,24 en el minorista. Esto ocurre a pesar la persistente devaluación del real brasileño, que acumula una depreciación de casi 7% en el último mes.

Con información de Clarín

A pesar de haber sido informado y constatado el robo de fajos de billetes que debían ser destruidos, aún se desconoce el monto sustraído. Hay ocho empleados suspendidos.

Los investigadores judiciales intentan cuantificar el monto robado a partir de un dato preciso: sólo en uno de los operativos de destrucción de billetes se movieron más de 42 millones de pesos.

La cifra surge de un informe que la Gerencia General del BCRA envió al área de la auditoría general del propio banco y que llegó el viernes hasta los tribunales de Comodoro Py, según indicaron fuentes de la entidad y tribunalicias, que obtuvo una copia de ese reporte.

Primeras medidas

El juez federal subrogante, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó en tanto las primeras medidas de prueba. Citó a declarar como testigos al gerente general del BCRA, Benigno Vélez, al subgerente general del área jurídica, Marcos Moiseeff, y a dos empleados de la Tesorería, y ordenó peritajes sobre las filmaciones.

Ocho empleados suspendidos

Las autoridades abrieron un sumario y suspendieron a ocho empleados de menor rango sospechados de ser partícipes en el robo de billetes, hasta que la Justicia determine su responsabilidad. Según trascendió, la Justicia ya habría allanado los domicilios de los sospechosos, aunque eso no fue confirmado.

Este sábado, el robo ocurrió dentro de la Gerencia Principal del Tesoro, área que a su vez depende de la Subgerencia General de Medios de Pagos, a cargo de Vélez, quien mantiene una tensa relación con la presidenta, Mercedes Marcó del Pont.

Amigo y ex secretario legal junto al ministro de Economía, Amado Boudou, Vélez quedó como responsable del área afectada desde que el director de esta subgerencia fue desplazado durante el verano, a raíz de la crisis generada por el faltante de billetes de 100 pesos en plaza, lo que se palió con la importación desde Brasil.

El dinero que no se destruyó

De acuerdo con ese informe interno, la revisión de las filmaciones de la destrucción de los billetes pronto se concentró en lo ocurrido el 25 de abril pasado, cuando se detectaron movimientos “inusuales” de varios empleados.

Ese día, cuatro agentes del Tesoro y uno de la Auditoría del BCRA debían destruir bolsas repletas de billetes de 20, 50 y 100 pesos procedentes de los bancos Galicia, Francés, Santander Río, Credicoop, Macro y Santiago del Estero, entre otros.

Parte de esos fondos, correspondientes al Banco de Santiago del Estero, habían arribado seis días antes, el 19 de abril, transportados desde el Tesoro Regional ubicado en Tucumán. Según la revisión de ese mismo día y el recuento del día siguiente, arribaron 42 millones de pesos en fajos de billetes de 100, “sellados y embalados, termosellados en packs de a millares”.

Al día siguiente, esos 42 millones de pesos provenientes de Santiago del Estero a través del Tesoro debieron ser destruidos en Buenos Aires junto a los fajos aportados por los restantes bancos en sacas negras. Pero la duda es cuántos fajos de billetes se destruyeron y cuántos, por el contrario, fueron sustraídos de la máquina destructora y reingresados al circuito financiero.

Denuncias 

De manera oficial, en tanto, las autoridades del Banco Central radicaron la primera denuncia penal el 5 de mayo pasado, a partir de la detección de 42 billetes de 100 pesos que parecían haber sido sometidos a algún proceso químico.

¿Qué encendió la alarma?

“Por lo que surge de las pruebas, intentaron lavar el sello de destrucción que les había aplicado el Banco de Santiago del Estero con algún producto químico, pero al revisarlos mejor se detectó esa anomalía”, indicó un informante.

¿Cómo se descubrió el robo?

La detección de los billetes irregulares ocurrió cuando un presunto ex empleado o jubilado del BCRA se presentó para canjear algunos en la entidad. Ese día logró llevarse billetes en buen estado, pero los que entregó ya contenían el sello invisible que indica que deben ser destruidos. Esto activó la alarma.

Anoche, para ahondar por esa posible pista, el juez Martínez de Giorgi le pidió al BCRA que verifique si, en efecto, quien canjeó los billetes trabajó en el Banco, lo que podría arrojar una pista sobre cómo fue la operatoria y quiénes podrían haber participado dentro de la entidad.

El programa monetario oficial ingresó en una inercia inflacionaria, según coinciden los analistas. Sostienen que la política monetaria dejó de ser contemplativa con la inflación para pasar a comportarse como una aliada activa de ella.

Las opiniones, que hasta hace relativamente poco presentaban divergencias, se fueron homogeneizando con el correr de los meses, aunque por distintas razones.

Si bien todos reparan en la tendencia al desborde que muestra la emisión de monetaria, las opiniones se reparten entre quienes cargan las tintas sobre el manejo de la política cambiaria y quienes lo hacen sobre el de la política monetaria en sí, aunque ambas bien pueden verse como dos caras de una misma moneda.

El debate ganó actualidad en los últimos días al crecer la posibilidad de que el Banco Central (BCRA), por primera vez tras 29 trimestres, incumpla con las metas de su plan monetario, una inoportuna señal que irrumpe en momentos en que vuelve a dinamizarse la inflación, pese a que dichas metas fueron actualizadas hace apenas 3 meses, cuando la entidad que dirige Mercedes Marcó del Pont readecuó las proyecciones heredadas de la gestión Redrado para validar la sobreemisión de unos $ 20.000 millones más.

La variable más sensible es el denominado M2 privado, incluido como meta monetaria anual desde 2008 para tener una mejor medición de la demanda de dinero del sector privado. Se trata de la suma de los medios de pago (el dinero circulante más los depósitos bancarios a la vista) de los agentes privados, que actualmente se expande a una tasa del 34%, cuando la recientemente actualizada meta para diciembre imponía una tasa del 29,9%.

Para poder alinear la realidad con la meta, el M2 privado debería crecer en diciembre apenas por encima del 4%. Pero como se trata de un mes de alta estacionalidad en la demanda de dinero (por los pagos de aguinaldos y de vacaciones, entre otras cosas), la expansión en el último mes del año suele ser mayor aun cuando la economía crezca menos. De hecho, creció casi 8% en diciembre de 2009, al 6% en igual mes de 2008 y al 5,8% en diciembre de 2006.

Esto hace que los analistas ya juzguen incumplida la meta, aunque en el BCRA no se hayan dado aún por vencidos. “En rigor, será la segunda vez que se incumpla un plan basado en agregados monetarios, ya que en 2008 había registrado una expansión levemente inferior a la proyectada. Lo que preocupa es que ahora lo incumplirán por exceso”, recuerda el economista Andrés Méndez, de la consultora Actividad, Moneda y Finanzas (AMF). El trasfondo preocupante es el aporte que la política monetaria estaría haciendo a una inercia inflacionaria que mostró renovados signos de vitalidad en los últimos meses.

Un BCRA complaciente

El economista Gabriel Caamaño Gómez, del Estudio Joaquín Ledesma & Asociados, no tiene dudas. “No hay dudas de que la política monetaria ya tiene responsabilidad en la inflación”, dice antes de estimar que a ella correspondería “el 40% de la culpa”, mientras el resto correspondería a la política fiscal. “En los últimos 12 meses el circulante (emisión neta) se incrementó en $ 29.000 millones. Al mismo tiempo, el BCRA financió al Tesoro en poco más de $ 25.000 millones por utilidades devengadas giradas e incremento neto de adelantos transitorios. En otras palabras, 85% de la emisión monetaria neta de operaciones de esterilización tuvo su origen en el financiamiento monetario del déficit del Gobierno. Así se descubre que la principal variable que considera el BCRA al fijar el programa monetario no es la tasa de inflación ni el tipo de cambio ni las reservas, sino las necesidades financieras del Tesoro Nacional”, dispara.

Además, observa que entre fines de octubre de 2009 e igual mes del año en curso la política monetaria permitió una tasa de expansión nominal del circulante del 35,2% cuando la economía en igual período habría crecido en torno al 8% real anual. “La diferencia entre la tasa de crecimiento real y la nominal fue levemente superior a 25%”, apunta Caamaño Gómez, y recuerda que no accidentalmente “la mayor parte de las consultoras privadas anunciaron tasas de inflación interanuales para octubre pasado en torno a 24%. Es decir, casi todo el exceso de emisión se fue a aumento de precios dada la capacidad ociosa casi nula”.

Méndez juzga que la política monetaria del BCRA este año fue consistente con el objetivo de “acompañar” la dinámica de las políticas de ingresos y fiscal fuertemente expansivas, sin interferir mayormente en su desenvolvimiento, pero no deja de observar que esta conducta lo lleva a “mirar para otro lado” ante la aceleración en el ritmo de crecimiento de los precios internos.

Hecha esta aclaración, agrega que el aumento del dinero privado transaccional al orden del 34% “no responde a una mayor preferencia de los agentes económicos por mantener mayores saldos reales, sino a la propia dinámica seguida por las cantidades y precios transados en la economía”, y calcula: “Sólo un cuarto de este crecimiento nominal respondió a los mayores requerimientos de fondos para solventar las mayores cantidades transadas: los restantes tres cuartos respondieron a la dinámica del proceso de crecimiento de precios”.

Osvaldo Cado, de la administradora QFD, le apunta al retraso que está comenzando a mostrar el tipo de cambio contra el dólar al buscar el gatillo inicial de la inflación. “El tipo de cambio nominal depreciado es la otra cara de una política monetaria expansiva. Entran dólares y, para que no se aprecie el peso, el BCRA los compra y después no llega a esterilizar todo. En conclusión, gran parte de la inflación en ese período fue importada”, señaló.

Para el Estudio Bein, la conducta complaciente del BCRA está a la vista. “Con una inflación moviéndose en torno al 24% anual, es evidente que se requiere una moderación en las políticas fiscal y monetaria. Los anuncios de gasto electoral que arrancaron con el pago de una vez a jubilados, montados sobre una dinámica del gasto público que desde septiembre volvió a crecer al 40% interanual, y una política monetaria que mantiene las tasas que remuneran el ahorro en la mitad de la inflación y emite pesos para sostener el tipo de cambio -en un mundo donde el dólar se devalúa-, claramente no apuntan al objetivo de bajar significativamente el ritmo de aumento de los precios”, observó.

Con información de La Nación

El uso de las reservas del Banco Central, el costo de los festejos por el Bicentenario y la situación del Indec serán sólo algunos de los temas que deberá responder esta tarde el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y que prometen convertir su presencia en el Senado en una fuerte pulseada política con la oposición.

La sesión está convocada para las 15 y será la segunda vez en nueve meses que Fernández concurrirá a brindar el informe que, según lo establece la Constitución, debe ofrecer ante cada cámara legislativa y de manera alternada una vez por mes.

Desde que asumió el cargo, el jefe de Gabinete sólo concurrió una vez a cada cámara, a pesar de que en su primera exposición, el año pasado ante el Senado, había prometido “asistir todos los meses”, al tratar de diferenciarse de su antecesor, el actual intendente de Tigre, Sergio Massa.

En aquella oportunidad, Fernández se presentó en el Senado en vísperas del debate sobre la ley de medios. Aceptó responder preguntas que los senadores formularon en el recinto, lo que llevó a que la jornada se extienda por más de seis horas.

Hasta ayer, sólo algunas de las cientos de preguntas que le fueron elevadas por escrito de manera anticipada por los senadores habían sido respondidas por el jefe de los ministros de Cristina Kirchner, por lo que se estima que los legisladores del arco no oficialista pretenderán obtener esas respuestas en el recinto.

Si se toman en cuenta su carácter y estilo, la de hoy será una sesión de fuerte contenido político, ya que el jefe de Gabinete hará frente a los cuestionamientos que tiene preparados la oposición. Así lo estiman en los bloques no kirchneristas, y con esa idea se preparan para enfrentarlo.

Con información de La Nación

Dos fallos de segunda instancia abrieron las bóbedas del Central para que el Ejecutivo pague con ese dinero la deuda externa. El Congreso reaccionó convocando una sesión, pero para ese entonces el dinero ya habría sido usado. Ahora la Casa Rosada incluso piensa en pagar al Club de París.

El miércoles pasado, las salas I y VI de la Cámara Contencioso Administrativo dejaron sin efecto dos medidas cautelares por las cuales la jueza Claudia Rodríguez Vidal había suspendido la vigencia del decreto 298/10. En principio, desde ayer no hay obstáculos para que el Poder Ejecutivo tome 4300 millones de dólares del BCRA que estaban bajo el amparo de la citada norma.

Los diputados de la oposición convocaron a una sesión para el 7 de abril para derogar esa norma, pero los fallos de ayer asestan un duro golpe a esa estrategia: es probable que para entonces el dinero en juego o parte de él haya sido usado.

Justificación de los tribunales

Los fundamentos de los fallos son distintos: uno de los tribunales consideró que la jueza de primera instancia se extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones; el otro afirmó que desde el dictado de la cautelar hasta la fecha variaron las circunstancias porque el Congreso se reunió pero los legisladores de la oposición, por “desidia o desinterés” -dice la sentencia-, no se convocaron para expedirse sobre el decreto.

Decreto y fallo de 1ª instancia

En diciembre, la presidente Cristina Kirchner dictó el decreto 2010/09, por el que dispuso el uso de reservas, pero al mes siguiente la jueza María José Sarmiento aceptó varios planteos de los partidos políticos y entonces pronunció sendas medidas cautelares. El 1° del actual, la presidente lo reemplazó por el decreto 298/10, casi idéntico al anterior, y la oposición obtuvo que la jueza Rodríguez Vidal dictase dos nuevas cautelares que suspendieron el citado decreto.

El Gobierno apeló ambas sentencias, pero los legisladores opositores, durante el último mes, no articularon una respuesta unificada: los diputados sólo pudieron aprobar una resolución que anuló el decreto 2010/09, que ya había sido derogado por la propia presidente, y en una reunión de varias comisiones emitieron un dictamen en favor de derogar el decreto, que recién será tratado en la sesión del 7 de abril. Así, el transcurso del tiempo jugó en contra de la oposición.

Los fallos de ayer

Al mediodía de ayer, la Sala I, integrada por Sergio Fernández, Luis María Márquez y Jorge Morán -un tribunal próximo al Gobierno-, dictó una dura resolución que anuló el fallo dictado por Rodríguez Vidal. Para este tribunal, la magistrada jamás pudo haber dictado el fallo.

Apenas una hora después, la Sala I de la misma cámara, integrada por los jueces Néstor Bouján, Clara Do Pico y Pedro Coviello, dictó otro fallo para revocar -no anular- la decisión de Rodríguez Vidal.

La sentencia de la Sala I pareció redactada para descalificar a la jueza. Fernández, Márquez y Morán hicieron hincapié en que la jueza, cuando concedió la cautelar pedida por la UCR, aceptó hacerlo como una ampliación de la cautelar que había dictado su colega Sarmiento respecto del decreto 2010/09, pero pasó por alto un detalle fundamental: este decreto ya había sido derogado, por lo cual la jueza nunca pudo extender los efectos del fallo a un DNU nuevo.

El otro fallo apuntó a la falta de voluntad política de los legisladores de la oposición para reunirse en el Congreso. La jueza Do Pico, que en febrero había confirmado una cautelar dictada por Sarmiento, ahora dijo que se produjo un cambio de circunstancias porque en marzo comenzaron las sesiones del Congreso.

El Gobierno reflotó la idea de pagar al Club de París

Después de los dos fallos el Gobierno anunció que avanzará la semana próxima con los primeros desembolsos y reflotó un viejo anuncio presidencial de saldar finalmente la deuda con el Club de París.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, apareció de sorpresa por la sala de periodistas de la Casa de Gobierno y expresó: “Vamos a hacer el canje y después vamos a ir por el Club de París”.

Desde el lunes comienzan a utilizar los nuevos fondos

El primer pago beneficiará a los tenedores de préstamos garantizados que, al menos dos veces, se negaron a canjearle estas tendencias al Gobierno para tomar a cambio un título de mayor duración. Por estos títulos, emitidos a comienzos de la crisis fiscal de 2001 (en el marco del llamado megacanje) y ratificados (aunque pesificados) tras el fin de la convertibilidad en 2002, al Tesoro este año le corresponde abonar servicios por 531 millones de dólares.

Pero el vencimiento más importante ocurrirá a fin de este mes, cuando haya que pagar los 244 millones de dólares correspondientes al Boden 2013, el otro título con que el Estado pagó a los ahorristas atrapados en el corralón de depósitos bancarios en 2003, en lo que se conoció como el “canje 2″ de esas tenencias.

El anuncio de la puesta en marcha del nuevo mecanismo de pago corrió por parte del ministro del Interior, Florencio Randazzo, poco después de conocidos los fallos judiciales. “Todos los vencimientos a partir de ahora se pagan con reservas”, anunció ayer, asumiendo el rol de su colega de Gabinete, Amado Boudou, ocupado por entonces en discutir con el senador Gerardo Morales en el Senado (de lo que se informa por separado).

Con información de La Nación

El presidente del Banco Municipal aclaró que se trató de un error del Ministro Bonfatti . No hay auditoría, aunque si se sigue discutiendo el cobro de tasas.

El ministro de Gobierno de Santa Fe, Antonio Bonfatti, denunció ayer por la mañana que, como parte de la fuerte embestida del gobierno nacional contra la provincia, “es llamativo que el Banco Central mande una investigación al Banco Municipal de Rosario”, y también le pareció “llamativo que, al mismo tiempo, el Banco Nación anuncie que deja de cobrar las tasas de servicio de la Municipalidad de Rosario”.

Por la tarde, el presidente del Banco Municipal de Rosario, Eduardo Ripari, resaltó “hoy no hay ninguna investigación ni auditoría del Banco Central sobre el Municipal”.

El funcionario estimó que Bonfatti podría haber confundido “la reciente auditoría que concluyó a principios de año el Banco Central y que arrojó resultados altamente favorables”. Según dijo Ripari, el lunes pasado estuvo con ejecutivos de la autoridad monetaria y sólo hubo comentarios muy buenos con la performance y las perspectivas para el banco”. Es más, estimando que se habría tratado de una confusión del ministro, el banquero contó que “la inspección que terminó el año pasado es de las habituales a cualquier entidad”.

Cobro de tasas

Por el contrario, Ripari sí confirmó las declaraciones de Bonfatti sobre la decisión del Banco Nación de querer dejar de cobrar las tasas de la intendencia. “Nosotros manejamos este tema como un tema comercial”, contó.

Según explicó, hace 60 días el Nación solicitó un cambio en la metodología del cobro por el servicio al Municipal que el banco local no quiere aceptar.

En la actualidad, el Nación se lleva una comisión por monto y no por unidad (boleta) cobrada en concepto de tasa municipal. Como se trata de muchas boletas y montos chicos, ahora el banco estatal nacional quiere cobrar por unidad y no por monto. Por lógica, el cambio de metodología significará un mayor costo al banco local, quien como agente financiero de la Municipalidad es el que subcontrata entidades para sumar más bocas de cobro.

Si el Municipal, como agente financiero de la intendencia no lo acepta, en poco más de un mes el Nación dejará de cobrar las tasas municipales.

“Si lo deja de hacer no nos generará grandes problemas porque representa menos del 15% de las boletas, pero nuestra intención es que haya más alternativas para que los contribuyentes puedan pagar sus tasas”, dijo Ripari.

Ninguna otra entidad bancaria a la que el Municipal contrata por el servicio presentó pedido similar. “Estamos viendo. Estamos abiertos al diálogo, pero todavía no hay acuerdo porque lo que proponen no nos conviene y nosotros tenemos una postura definida”, dijo Ripari, quien no quiso vincular esta negociación con temas políticos y aclaró que “la tomamos como una cuestión comercial”.

Con información de Punto Biz

En medio de una intensa polémica que incluye al Congreso y la Corte Suprema de Justicia por la legalidad de la medida, el gobierno avanzará con el pago de la deuda externa con reservas. Hay dudas en el Central sobre los fondos transferidos.

El equipo económico liberó ayer la alegría contenida tras más de dos meses de angustia, ante lo que considera la inminente aprobación del canje de la deuda para salir del default. La oferta, que se podría a dar a conocer en una semana, incluirá bonos en euros y en dólares, y reconocerá una parte del pago de los intereses atrasados del bono ligado al PBI.

Los bancos que organizan la operación pidieron que se paguen todos los intereses desde 2005, incluido 2009, pero en el Ministerio de Economía harán un recorte para que la oferta sea “financieramente conveniente y políticamente viable”.

Así lo indicó una fuente muy cercana al ministro Amado Boudou, que ratificó que el piso de aceptación que esperan se ubica en el 60% de los US$ 20.000 millones canjeables, y que, tras la transacción, se resucitaría la negociación para pagarle al Club de París.

Movimientos en EEUU

Ayer, la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC, en inglés) subió a su página de Internet un prospecto con todas las bondades y riesgos de la economía argentina, antes de la aprobación final del trámite.
Este paso podría darse el lunes próximo; el viernes 26 se ingresarían los datos precisos de la oferta ante la SEC y los organismos reguladores en Japón, Italia y Luxemburgo.

Los mercados festejaron la inminencia del anuncio y operadores de bonos creen que es posible lograr una aceptación de 12.000 millones a 15.000 millones de dólares.

El canje se abrirá una semana para los fondos que les dieron el mandato a los bancos organizadores y luego quedarían otras tres semanas a la espera de que se sumen otros grandes y pequeños inversores.
En Economía destacaron la fuerte baja del riesgo país de ayer, “mayor que la que experimentaron otros países latinoamericanos”, aunque estos pagan tasas más bajas.

Dudas en el Central sobre el uso de las reservas

Sorpresivamente, el polémico fondo que creó el Gobierno para el uso de las reservas se encuentra ahora con trabas ya no en la Justicia o en el Congreso, sino en el propio Banco Central (BCRA). Un debate se está dando por estos días en la entidad sobre la posibilidad de que, por usar las reservas para el pago de deuda, el Tesoro quede inhabilitado para demandar unos US$ 4300 millones (casi el mismo monto que el Fondo de Desendeudamiento) que esperaba recibir este año en concepto de adelantos transitorios.

El tema, de hecho, es motivo de gran preocupación en el directorio del BCRA. “Va a ser difícil que encuentren un vericueto legal para poder sortear esta valla, salvo que directamente decidan cambiar la Carta Orgánica del BCRA”, reconoció una alta fuente de la entidad. “Por el artículo 20° de la Carta, no pueden pedir plata en concepto de adelantos transitorios para pagar una deuda para la cual ya tienen los fondos”, agregó. Ayer, en el BCRA declinaron referirse oficialmente al tema.

De acuerdo con el artículo 20° de la Carta Orgánica del Banco Central, en un año el Tesoro puede recibir adelantos transitorios de la autoridad monetaria por el equivalente del 12% de la base monetaria (así se denomina en la jerga de los economistas la sumatoria del dinero que está en circulación y en las cuentas corrientes que los bancos tienen en el BCRA) más el 10% de la recaudación de impuestos. En teoría, entre ambos conceptos el Tesoro iba a poder hacerse en 2010 de adelantos por unos $ 47.000 millones ($ 16.000 por el 12% de la base monetaria y $ 31.000 por el 10% de la recaudación).

El problema reside en que, según la Carta Orgánica del BCRA, el dinero que corresponde al 10% de la recaudación sólo puede ser destinado al pago de deuda con organismos multilaterales de crédito o de vencimientos en moneda extranjera, y como los dos fondos creados por el Gobierno a través de los decretos 298 y 297 tienen el mismo fin, el Tesoro ya no tendría justificativo legal para demandarle al BCRA los adelantos transitorios que surgen bajo este concepto.

Utilizado el dinero de los dos fondos, al Gobierno sólo le restaría pagar en lo que va del año deuda en moneda extranjera por el equivalente a unos $ 14.000 millones. Por lo que de los $ 31.000 millones que podría recibir en concepto de adelantos por la recaudación tributaria podría tener que resignar al menos $ 17.000 ($ 31.000 menos $ 14.000). La cifra no es menor, teniendo en cuenta que representan unos US$ 4300 millones, esto es, poco menos que los US$ 4382 millones que el Gobierno se hizo mediante la creación del Fondo de Desendeudamiento.

Cobos apela el fallo que impidió discutir el controvertido decreto

El vicepresidente Julio Cobos apelará hoy el fallo del juez Enrique Lavié Pico, que impugnó la representación con mayoría opositora de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, votada por el Senado hace dos semanas y que obligó a la oposición a paralizar en pleno recinto de la Cámara de Diputados su ofensiva para derogar el controvertido DNU que creó el Fondo del Desendeudamiento (Fondes).

El recurso no hará más que profundizar la aguda crisis política que atraviesa la Cámara alta, que se encuentra virtualmente paralizada ante la imposibilidad de oficialistas y opositores de asegurarse una mayoría lo suficientemente clara para imponer su agenda de temas.

Con información de La Nación

Con una iniciativa del PJ federal, la oposición busca limitar el traspaso de utilidades del Banco Central al Gobierno para que no se genere otro “fondo del bicentenario o del desendeudamiento”.

Los proyectos tienen un trasfondo: la posible modificación de la carta orgánica del BCRA.

Un proyecto del diputado por el peronismo federal Eduardo Amadeo, apoyado por legisladores del radicalismo, exige que el Gobierno sólo pueda transferir las ganancias “líquidas” o realizadas y no las contables o devengadas.

El radical Miguel Giubergia, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, manifestó su apoyo a esta idea.

Amadeo dijo que “este año se habla de una transferencia de utilidades por casi 23.000 millones de pesos, de los cuales 1500 millones ya fueron transferidos como adelanto transitorio”.

Por lo tanto, el primer artículo del proyecto propone modificar el decreto 1599/2005, ratificado por ley 26.076, que permitió el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) con reservas.

El texto afirma que “las utilidades no capitalizadas se utilizarán para el fondo de reserva general y para los fondos de reserva especiales, hasta que los mismos alcancen el 50% del capital del BCRA”.

Una vez que se supere ese límite, “las utilidades no capitalizadas o aplicadas en los fondos de reserva deberán ser transferidas libremente a la cuenta del gobierno nacional”. Además, indica que “el BCRA sólo podrá girar al Gobierno, al cierre de cada ejercicio anual, las utilidades líquidas y realizadas que surjan del cobro efectivo de ganancias de tasas de interés [y] efectivizadas por operaciones de mercado abierto entre divisas”.

También podrán usarse las surgidas “de la compra y venta efectiva de activos financieros del ejercicio fiscal anterior de acuerdo con el balance” aprobado por el directorio. Luego, aclara que el directorio “no podrá adelantar ni transferir al gobierno nacional utilidades contables o devengadas”.

Además de apoyar esta iniciativa, Giubergia también propone -en un proyecto firmado por Oscar Aguad y Ricardo Alfonsín, entre otros- que sea el Congreso el que defina el nivel de reservas excedentes que puedan pasar al Tesoro.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, sostuvo que no es necesario limitar la transferencia de utilidades por ley, porque esa decisión ya fue acordada en julio de 2003 entre el BCRA -presidido por él- y el Ministerio de Economía, conducido entonces por Roberto Lavagna.

Con información de La Nación

¿Cómo explicar la desesperación del Gobierno que a pesar de la polémica por los DNU, ayer saldó 12 millones de dólares con un organismo y ahora pretende cubrir casi 800 millones de vencimientos con acreedores privados?

Sin escuchar los reclamos de toda la oposición, el Gobierno empezó ayer a pagar deudas con las reservas del Banco Central que había tomado el día anterior por medio de dos polémicos decretos presidenciales.

“Los pagos de deuda ya empezaron.” Orgulloso, el ministro de Economía, Amado Boudou, anunció ayer que el Gobierno comenzó a usar las reservas del Banco Central para abonarles a los acreedores sobre la base del polémico decreto anunciado anteayer. El primer giro desde las cuentas del Tesoro en el Banco Central fue para la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 12 millones, según precisó Boudou.

En cambio, no hubo desembolsos para los bonistas -sólo caían vencimientos en pesos-, pero se concretarán en las próximas horas.

En lo que resta del mes, el Gobierno aspira a pagar con fondos del Banco Central casi 800 millones de dólares a acreedores privados. En marzo hay pagos en dólares de capital por 250.898.000 y de intereses por 521.162.000.

Irrecuperable

El apuro de la Casa Rosada por usar las reservas apunta a invalidar la ofensiva judicial que retomó ayer la oposición. La UCR ya presentó un recurso de amparo para impedir el uso de los fondos de la entidad monetaria y hoy lo harán la Coalición Cívica y Pro. Pero al haber ejecutado los pagos, será más complicado recuperar el dinero, ya que empezarían a correr derechos adquiridos de los acreedores que hayan cobrado.

Contra Marcó del Pont

En el plano político, la oposición le apuntó a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, a la que acusa de haber incumplido con sus deberes al autorizar, en tiempo récord, la ejecución de los decretos presidenciales. La Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados la citó a declarar -junto con el directorio y con el ministro de Economía, Amado Boudou-, mientras avanza un acuerdo para no aceptar el pliego de su designación en el Senado.

El revuelo en el Congreso parecía proporcional a la celeridad del Gobierno. Los Kirchner se preocuparon por pagar ayer con reservas para mostrar una señal clara de que no darán marcha atrás. “Lo único que importa es que las finanzas del país anden bien para poder seguir haciendo obras. Y eso se hace con plata, no con palabras”, dijo la Presidenta en un acto en Berazategui.

Con información de La Nación