Con una iniciativa del PJ federal, la oposición busca limitar el traspaso de utilidades del Banco Central al Gobierno para que no se genere otro “fondo del bicentenario o del desendeudamiento”.

Los proyectos tienen un trasfondo: la posible modificación de la carta orgánica del BCRA.

Un proyecto del diputado por el peronismo federal Eduardo Amadeo, apoyado por legisladores del radicalismo, exige que el Gobierno sólo pueda transferir las ganancias “líquidas” o realizadas y no las contables o devengadas.

El radical Miguel Giubergia, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, manifestó su apoyo a esta idea.

Amadeo dijo que “este año se habla de una transferencia de utilidades por casi 23.000 millones de pesos, de los cuales 1500 millones ya fueron transferidos como adelanto transitorio”.

Por lo tanto, el primer artículo del proyecto propone modificar el decreto 1599/2005, ratificado por ley 26.076, que permitió el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) con reservas.

El texto afirma que “las utilidades no capitalizadas se utilizarán para el fondo de reserva general y para los fondos de reserva especiales, hasta que los mismos alcancen el 50% del capital del BCRA”.

Una vez que se supere ese límite, “las utilidades no capitalizadas o aplicadas en los fondos de reserva deberán ser transferidas libremente a la cuenta del gobierno nacional”. Además, indica que “el BCRA sólo podrá girar al Gobierno, al cierre de cada ejercicio anual, las utilidades líquidas y realizadas que surjan del cobro efectivo de ganancias de tasas de interés [y] efectivizadas por operaciones de mercado abierto entre divisas”.

También podrán usarse las surgidas “de la compra y venta efectiva de activos financieros del ejercicio fiscal anterior de acuerdo con el balance” aprobado por el directorio. Luego, aclara que el directorio “no podrá adelantar ni transferir al gobierno nacional utilidades contables o devengadas”.

Además de apoyar esta iniciativa, Giubergia también propone -en un proyecto firmado por Oscar Aguad y Ricardo Alfonsín, entre otros- que sea el Congreso el que defina el nivel de reservas excedentes que puedan pasar al Tesoro.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, sostuvo que no es necesario limitar la transferencia de utilidades por ley, porque esa decisión ya fue acordada en julio de 2003 entre el BCRA -presidido por él- y el Ministerio de Economía, conducido entonces por Roberto Lavagna.

Con información de La Nación

¿Cómo explicar la desesperación del Gobierno que a pesar de la polémica por los DNU, ayer saldó 12 millones de dólares con un organismo y ahora pretende cubrir casi 800 millones de vencimientos con acreedores privados?

Sin escuchar los reclamos de toda la oposición, el Gobierno empezó ayer a pagar deudas con las reservas del Banco Central que había tomado el día anterior por medio de dos polémicos decretos presidenciales.

“Los pagos de deuda ya empezaron.” Orgulloso, el ministro de Economía, Amado Boudou, anunció ayer que el Gobierno comenzó a usar las reservas del Banco Central para abonarles a los acreedores sobre la base del polémico decreto anunciado anteayer. El primer giro desde las cuentas del Tesoro en el Banco Central fue para la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 12 millones, según precisó Boudou.

En cambio, no hubo desembolsos para los bonistas -sólo caían vencimientos en pesos-, pero se concretarán en las próximas horas.

En lo que resta del mes, el Gobierno aspira a pagar con fondos del Banco Central casi 800 millones de dólares a acreedores privados. En marzo hay pagos en dólares de capital por 250.898.000 y de intereses por 521.162.000.

Irrecuperable

El apuro de la Casa Rosada por usar las reservas apunta a invalidar la ofensiva judicial que retomó ayer la oposición. La UCR ya presentó un recurso de amparo para impedir el uso de los fondos de la entidad monetaria y hoy lo harán la Coalición Cívica y Pro. Pero al haber ejecutado los pagos, será más complicado recuperar el dinero, ya que empezarían a correr derechos adquiridos de los acreedores que hayan cobrado.

Contra Marcó del Pont

En el plano político, la oposición le apuntó a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, a la que acusa de haber incumplido con sus deberes al autorizar, en tiempo récord, la ejecución de los decretos presidenciales. La Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados la citó a declarar -junto con el directorio y con el ministro de Economía, Amado Boudou-, mientras avanza un acuerdo para no aceptar el pliego de su designación en el Senado.

El revuelo en el Congreso parecía proporcional a la celeridad del Gobierno. Los Kirchner se preocuparon por pagar ayer con reservas para mostrar una señal clara de que no darán marcha atrás. “Lo único que importa es que las finanzas del país anden bien para poder seguir haciendo obras. Y eso se hace con plata, no con palabras”, dijo la Presidenta en un acto en Berazategui.

Con información de La Nación

Cueste lo que cueste. La presidente Cristina Fernández de Kirchner derogó el Fondo del Bicentenario, que sería modificado por el Congreso, y firmó dos nuevos decretos para pagoa ya la deuda con dinero del BCRA.

La mandataria nacional redobló la apuesta ayer y tras anunciar ante la Asamblea Legislativa que derogaba el DNU 2010/09, que creó el polémico Fondo del Bicentenario, comunicó la firma de dos nuevos decretos, uno simple y otro de necesidad y urgencia, por los cuales dispuso de US$ 6500 millones de reservas de libre disponibilidad del Banco Central (BCRA) para el pago de deuda con los organismos multilaterales y con los tenedores de títulos.

El anuncio provocó escozor y descolocó a una oposición que ayer mismo había comenzado a tomar medidas destinadas a tratar de detener una jugada que el Gobierno, alertado por el fiasco del DNU anterior, puso en práctica apenas unas horas después del discurso de la jefa del Estado en el Congreso.

Aseguren la salida

La estrategia a la que apeló el Gobierno a partir del paso que dio ayer fue apurar los tiempos para evitar que un derrotero judicial le devuelva un nuevo traspié. “Si el Congreso no aprueba el DNU, esa decisión no será retroactiva”, argumentó Randazzo. Desde allí se construirá el discurso oficial. Por eso, con los fondos (US$ 2187 millones para el pago a los organismos internacionales y otros 4382 millones para el pago a los bonistas) en poder del Tesoro, el oficialismo argumentará que es un derecho adquirido y avanzará en su postura de cancelar los vencimientos de 2010.

A pesar del apuro y la frenética mañana de trabajo, la Casa Rosada intentó cerrar todos los posibles focos de conflicto. Por las dudas, ayer mismo, Zannini incorporó a último momento en el artículo séptimo del nuevo DNU que el decreto regiría desde el momento mismo en que fue dictado. El agregado pretendía evitar posibles planteos jurídicos amparados en las pocas horas en las que la medida no estuvo publicada en el Boletín Oficial.

Por orden del matrimonio Kirchner, todo el proceso debería quedar en pocas horas completamente cerrado.

La gambeta utilizada por el Poder Ejecutivo para hacerse de los fondos del BCRA fue el campanazo final del discurso sobre el Estado de la Nación con el que la Presidenta dejó inaugurado ayer el 128° período de sesiones ordinarias del Congreso.

Además de asegurarle los fondos que tanto anhelaba, el paquete de medidas anunciado por Cristina Kirchner contempla la creación de una comisión bicameral destinada a seguir y controlar cada uno de los pagos que se realizarán este año. La resolución es, como mínimo, inédita y avasalla los reglamentos de ambas cámaras parlamentarias, que son las únicas habilitadas para crear ese tipo de comisiones por resolución o por ley.

La de ayer fue una Asamblea Legislativa cargada de una palpable alta tensión política como no se tiene memoria, ante la cual la jefa del Estado desgranó un discurso de fuerte tono autorreferencial, decididamente maniqueo y polarizado entre los logros de su gestión -todos los datos que ofreció incluyeron el mandato de Néstor Kirchner- y una heterogénea oposición, compuesta por políticos, empresarios y medios de comunicación, que niega esos avances.

País real, país virtual

Es que según Cristina Kirchner en la Argentina existen dos países. Uno es “el país real”, en el que “se batieron récords” de producción y crecimiento, con disminución del desempleo y de la pobreza y en el que la inflación no mereció ni una mención en 96 minutos de discurso, y el otro, “virtual y mediático, en donde suceden cosas horribles, en donde nada está bien, en donde todo está mal”.

Ese fue el eje central de las palabras de una presidenta visiblemente nerviosa por tener que enfrentar, por primera vez desde que el apellido Kirchner llegó al poder, un Congreso controlado por la oposición.

Contra la Justicia

Además de los decretos para vencer la resistencia parlamentaria al uso de las reservas del BCRA, la Presidenta dejó flotando un elíptico anuncio sobre la necesidad de una “profunda reforma” en la Justicia.

Esta mención sonó a una velada amenaza hacia un Poder Judicial que se mostró reacio a permitirle hacerse de los fondos del BCRA y al que acusó de ser permeable a los intereses del “resto de las fuerzas políticas”, con lo cual excluyó al oficialismo, y de los “poderes económicos concentrados”.

Campo y oposición

Siempre haciendo hincapié en la existencia de esos dos países diametralmente opuestos, la jefa del Estado también dedicó párrafos para los productores agropecuarios y, en tono admonitorio y escolar, a la dirigencia política opositora.

En el final del discurso, Cristina Kirchner se declaró apasionada por el debate, algo que llamó la atención teniendo en cuenta que acababa de anunciar, el mismo día que inauguraba las sesiones ordinarias del Congreso, una medida que elude la discusión parlamentaria del arreglo de la deuda, algo reclamado por toda la oposición.

Con información de La Nación

Duro revés para el Fondo del Bicentenario: la Cámara trasladó el caso a la Corte, que analizará el decreto.

A partir de ayer, el debate por los 6500 millones de dólares de reservas del Banco Central (BCRA) se trasladó a la Corte Suprema de Justicia y, principalmente, al Congreso nacional. Mientras esto ocurre, según lo dejó expresamente en claro la Justicia, el Gobierno no podrá disponer de esos fondos.

La Sala IV de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo rechazó el pedido del Gobierno para que habilite el uso de reservas del BCRA, pero concedió el recurso extraordinario y elevó el caso al máximo tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti.

Los camaristas Jorge Morán, Sergio Fernández y Luis Márquez dictaron el fallo por unanimidad. A pesar de que la oposición les imputó a los dos últimos un pedido de recusación por su proximidad al Gobierno, en su fallo, la Sala IV se abstuvo estrictamente a lo que establece la legislación procesal.

El tribunal de apelaciones rechazó en forma expresa el pedido del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, para que la cámara suspendiera una medida cautelar y permitiera al Poder Ejecutivo acceder a los fondos mientras la Corte estudia el caso.

El Gobierno había pedido que la medida cautelar dispuesta por la jueza federal María José Sarmiento y por las camaristas Clara Do Pico y Marta Herrera fuese dejada sin efecto. El tribunal de apelaciones dijo “no”.

Si bien, en principio, la Corte no estudia medidas cautelares, lo que justificaría rechazar el recurso extraordinario presentado por el Estado, en esta ocasión hay que concederlo y elevar el caso al máximo tribunal porque el fallo causa un agravio irreparable.

El fondo del asunto

En la Corte no existe ánimo alguno de revisar la medida cautelar de Sarmiento y el alto tribunal sólo se ocupará de este asunto luego de que la jueza de primera instancia y la cámara, dentro de varios meses, se expidan sobre el fondo del asunto, algo que ocurrirá dentro de varios meses. Para entonces, sin embargo, el Congreso ya habrá dado su debate político sobre el tema y la resolución de la Justicia habrá perdido interés.

La cámara también afirmó que existe gravedad institucional, porque lo decidido excede el interés de las partes del juicio y afecta a toda la comunidad.

Estos son argumentos que le vienen bien al Gobierno para poder presentar el tema en la Corte y Da Rocha, en declaraciones periodísticas, intentó mostrar que había sido un éxito oficial. También el ministro del Interior, Florencio Randazzo, consideró que el fallo de la Cámara Federal fue “positivo”, ya que permitió “llegar a la Corte para que se expida finalmente”.

Derrota para el oficialismo

“Hay que tener en cuenta que este fallo no es definitorio sobre la utilización de reservas, sino sobre otra medida judicial, por eso creemos que el máximo tribunal lo resolverá favorablemente”, aseguró Randazzo.

Sin embargo, para el Gobierno, el fallo fue una derrota.

En efecto, el Gobierno fracasó: la cámara dijo en forma expresa, para que no quedara ningún lugar a dudas, que “no es procedente acordar efectos suspensivos -como lo solicitó el Gobierno- al recurso concedido, toda vez que ello importaría modificar lo ya resuelto por la propia cámara y determinaría la posibilidad de sustraer al conocimiento de la Corte la resolución”. Dicho en términos más sencillos: si el Gobierno pudiese echar mano a las reservas, lo que resolviese después la Corte perdería eficacia, por lo cual la cámara mantuvo la prohibición de usar esos recursos.

De todos modos, el máximo tribunal no apurará el paso para debatir este asunto: por un lado, no es proclive a ocuparse de medidas cautelares y, por el otro, dará tiempo suficiente para que el Congreso se pronuncie sobre el DNU que dictó la presidenta Cristina Kirchner en diciembre último e, incluso, para que pueda elaborar eventualmente un proyecto de ley.

En la cámara de apelaciones y, fundamentalmente en la Corte, parece haber primado el criterio de que no deben ser los jueces los que resuelvan este conflicto, que surgió cuando la primera mandataria, mediante un DNU, intentó soslayar la intervención del Congreso. Es decir, un conflicto entre poderes políticos, por equilibrio de poder, debe resolverse en sede política.

Con información de La Nación

En las primeras horas de hoy, la Sala IV de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo rechazará un pedido del Gobierno para que habilite el uso de fondos y se elevará el caso a la Corte Suprema.

De esta manera, se cerraría un capítulo en los Tribunales luego de que la presidenta Cristina Kirchner dictó el decreto 2010/09, por el cual pretendió tomar 6500 millones de dólares de reservas del BCRA, la jueza federal María José Sarmiento y las camaristas Clara Do Pico y Marta Herrera dictaron varias medidas cautelares, impidiendo que el Poder Ejecutivo pudiera acceder a esos fondos.

El procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, presentó un recurso extraordinario para llevar el tema a la Corte, pero también pidió que el tribunal de apelaciones suspenda la aplicación de esas cautelares, lo que le daría al Gobierno la posibilidad de acceder a estos recursos.

Según las mismas fuentes judiciales, los camaristas Sergio Fernández, Jorge Morán y Luis Márquez concederán el recurso extraordinario y elevarán el asunto de las reservas a estudio del máximo tribunal, pero no accederán a suspender las medidas cautelares.

La oposición critica a la sala IV de la Cámara por su proximidad al oficialismo, por lo que esos jueces no están dispuestos a dictar un fallo como el que pretende el Gobierno, que no tendría sustento jurídico.

El fallo de la Sala IV será dado a conocer hoy: allí, en un texto breve, que no tendrá más de dos carillas, se diría que el caso reviste una gravedad institucional.

Anteayer, la UCR recusó a dos de los tres camaristas, a los que les imputó proximidad con el Poder Ejecutivo, y el tribunal comenzó a sustanciar ese planteo, algo que insumirá varios días. Pero la Sala IV, hoy mismo, estará en condiciones de dictar el fallo en el otro expediente, impulsado por Pro.

Coparticipación de Santa Fe

De paso, ante la inminencia de la Asamblea Legislativa, la Corte dio ayer otra señal: convocó al gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y al ministro de Economía, Amado Boudou, a una audiencia, que se realizará el 17 de marzo, para que ambas partes discutan sobre una demanda que la provincia planteó por la coparticipación.

La Corte quiere dar una señal para que el Congreso incluya en su agenda el tema de la coparticipación federal.

Uso de reservas del Central en Diputados

Los bloques de Proyecto Sur, Solidaridad e Igualdad y Libres del Sur no participarán de la sesión especial que convocó la oposición para el martes próximo en la Cámara de Diputados, donde procurará derogar el polémico decreto 2010 que crea el Fondo del Bicentenario.

Este sector revisará esta posición si la sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal emite un fallo a favor del Gobierno y suspende la medida cautelar.

Revisar la deuda

Los 11 legisladores de estos bloques son cruciales para garantizar a la oposición el quórum para arrancar la sesión. Conscientes de ello, condicionan su participación en la sesión especial a que se aprueben al menos dos de sus iniciativas: crear una comisión bicameral que investigue la legitimidad de la deuda y un fondo que financie el desarrollo constituido con reservas del BCRA.

Con información de La Nación

Ante la posibilidad, cada vez mayor, de que el Senado impida el uso de reservas para el Fondo del Bicentenario, el Gobierno nacional ya ideó otra estrategia para apoderarse de recursos del Banco Central por  24.700 millones de pesos.

Mientras espera la decisión de la Justicia y del Congreso sobre la creación del Fondo del Bicentenario, el Gobierno se prepara para usar otra caja, equivalente a ese fondo, con la que financiará el aumento del gasto público de cara a las elecciones del año próximo.

Se trata de las utilidades que el Banco Central (BCRA) obtuvo en 2009, proyectadas en $ 24.700 millones, unos 6365 millones de dólares, una suma bastante cercana a los US$ 6569 millones del Fondo del Bicentenario, cuya conformación provocó la mayor crisis política de los últimos años. “Al ser recursos que le pertenecen al Gobierno, se van a transferir al Tesoro”, afirmó una alta fuente del Palacio de Hacienda.

Boudou: la medida no genera déficit

El ministro de Economía, Amado Boudou, defendió, la legitimidad de este gigantesco movimiento de fondos, que achicará en forma considerable la ganancia del BCRA, respaldo clave de la estabilidad financiera de un país.

En ese sentido, Boudou descartó que pueda generarle déficit cuasi fiscal a la entidad rectora de la política monetaria y del sistema financiero. “Lo que causaba déficit cuasi fiscal era la estrategia de licitación de Lebac y Nobac [letras] de la gestión de Martín Redrado, con altas tasas de interés”, indicó el titular de Economía.

En cambio, según el ministro, a partir de los cambios en la conducción del Central, la nueva política de licitaciones mantiene el objetivo de esterilización de dinero, pero a un costo menor que en el pasado.

El origen de los fondos a transferir

Las utilidades del BCRA por transferir al Gobierno son, básicamente, ganancias contables del año pasado, que corresponden a la suba en los bonos públicos que tiene la entidad monetaria en su cartera y a la mejora en el valor del tipo de cambio.

En 2008, la entidad que ahora preside Mercedes Marcó del Pont ya le había traspasado dinero al Tesoro por este concepto, pero la polémica se amplificó el año pasado porque se trató de utilidades “poco genuinas”, según la discusión generada entre los analistas. El Ministerio de Economía negocia cada año el giro de las utilidades con el directorio del BCRA, tras arduas discusiones técnicas cuando cierra el balance del organismo, a fines de marzo.

En 2008 y 2009, el pase de fondos rondó los $ 4500 millones anuales.

En ambos casos, se trató de un porcentaje relativamente menor del superávit fiscal; este año, en cambio, sería un monto mayor que el proyectado como ahorro total en el presupuesto. Además, la resolución será más fácil, ya que allegados a Marcó del Pont indicaron que “si Economía lo pide, no habrá ningún conflicto en ceder esos fondos”.

Polémica por el traspaso de fondos

Cerca del ministro Boudou confirmaron la estrategia, más allá de la suerte que corra el Fondo del Bicentenario en la Justicia o en el Congreso en los próximos días. La polémica por el traspaso de todas las utilidades del BCRA al Tesoro se puede resumir en dos ejes centrales:

Por un lado, la puesta en marcha del Fondo del Bicentenario generaría, como advertía Redrado, la emisión de $ 25.000 millones para financiar gasto corriente y de capital, al liberarse recursos presupuestarios que antes estaban destinados al pago de la deuda pública. A este monto se agregaría otro similar por las utilidades del BCRA y, de este modo, se sumarían a la circulación monetaria actual unos $ 50.000 millones que presionarían a los precios. La cifra parece todavía más significativa si se toma en cuenta que el total de la base monetaria asciende a unos 115.000 millones de pesos.

Por otro, a diferencia del Fondo del Bicentenario, que encontró obstáculos en la Justicia (al menos hasta ahora) y cuya aprobación parlamentaria está en duda, la apropiación de las utilidades para el Gobierno será automática si el BCRA no expresa resistencia alguna. De hecho, la nueva conducción confirmó su acuerdo con la estrategia de inyectar más dinero para expandir todo lo posible el nivel de actividad. Para Néstor Kirchner, eso significa crecer cerca del 7% en 2010, aun con el riesgo inflacionario que significa mientras la inversión, como lo admite el propio Gobierno, no crece desde el año pasado.

Panorama inflacionario

Ahora la presidente Cristina Fernández de Kirchner convocó a empresarios; la titular del BCRA y la ministra de Industria, Débora Giorgi, comenzaron a reunirse con diversos sectores y Boudou defiende el Fondo del Bicentenario y el canje de deuda como instrumentos para recuperar la confianza del sector privado. Pero, paradójicamente, si el Gobierno logra su objetivo, realimentará la inflación, prevista en un 20 a un 25% para 2010.

“Cuando una inversión comienza, implica un incremento en la presión inflacionaria, porque incrementa la demanda agregada. Luego de algunos años, al aumentar la capacidad productiva, esa demanda se transforma en oferta y logra disminuir la presión sobre los precios”, advirtió un economista. Más allá del riesgo inflacionario, la decisión política de captar todas las utilidades se tomó mientras la entidad monetaria enfrenta otra mala noticia: luego de un último trimestre positivo en 2009, en enero y febrero se reinició la fuga de capitales.

En enero, según números que se manejan en reserva, llegó a US$ 1000 millones -compensada por un superávit comercial similar- y en febrero se proyecta en US$ 1500 millones. Desde 2007, la salida neta de capitales fue de US$ 47.000 millones.

Con información de La Nación

Marcó del Pont acordó con banqueros una agenda para promover un aumento en los préstamos al sector privado

La presidenta del Banco Central (BCRA), Mercedes Marcó del Pont, acordó ayer una ambiciosa agenda de trabajo con los banqueros para promover créditos a tasa fija, en una reunión amigable en el que se destacó la estabilidad de los depósitos a pesar de la traumática salida de Martín Redrado de la entidad.

Fuentes que participaron en la reunión subrayaron que los ejecutivos de entidades nacionales (públicas y privadas) y extranjeras coincidieron en precisar que, pese a la turbulencia en torno del uso de reservas, “los depósitos crecieron en enero”.

El encuentro, que marcó el primer contacto formal con los representantes de las distintas cámaras de los bancos, se hizo ayer desde las 4 en la sala anexa al despacho de Marcó del Pont, que estuvo acompañada por el vicepresidente de la entidad, Miguel Pesce. El economista de origen radical estuvo a cargo del BCRA durante unos días tras la salida de Redrado y su presencia en el encuentro fue destacada por los banqueros como un gesto importante de la nueva presidenta de la entidad.

La importancia de su participación, además de política, es técnica, ya que Pesce está en el banco desde 2005 y se le reconoce un conocimiento de la realidad y las normas del sector. Estuvieron, además, el titular de Adeba, Jorge Brito; el presidente de ABA, Mario Vicens; el presidente de Abappra, Juan Carlos Fabrega; el vicepresidente de la misma entidad, Carlos Heller, y Ricardo Maistch, tesorero de la Asociación de la Banca Especializada, ABE.

Heller dijo que “hubo coincidencia en la estabilidad registrada en el sistema financiero, pese a las turbulencias políticas, reflejando el contexto de fortaleza macroeconómica”. Según trascendió, en el encuentro cada uno de los invitados trazó un panorama sobre la situación financiera. Los dirigentes del sector ratificaron la solidez y solvencia del sistema y destacaron el proceso de crecimiento de los depósitos que se ha venido verificando en los últimos meses, pese al aumento de la demanda en el dólar minorista y a la baja en las tasas de interés. En ese sentido, tampoco habría sido significativa la dolarización de las colocaciones en los bancos.

También se coincidió en la alta liquidez que muestra y el sistema y se acordó trabajar sobre alternativas que permitan volcar parte de esa liquidez a la economía real. Al respecto, los participantes acordaron que cada asociación elaborará una agenda de trabajo. A la vez, se coincidió en pedir que se aceleren medidas que ya comenzaron a impulsarse, como la simplificación de los trámites para tomar préstamos.

El objetivo final -y complicado- es lograr que haya créditos con tasa fija. “Esa es la variable que falta y que unifica los temores tanto de los bancos como de los eventuales demandantes del crédito, por la incertidumbre que genera la tasa variable en el largo plazo”, indicó uno de los participantes.

En cambio, no hubo ninguna referencia al proyecto que hace temblar a varios bancos privados: la nueva ley de entidades financieras. “Eso se discute en otros ámbitos”, se comentó con cierta ironía.

Liquidez

Según el último informe monetario, conocido ayer, la posición de liquidez total del sistema bancario argentino se mantiene estable en los últimos meses en torno del 37% del total de depósitos captados, duplicando la media que se suele considerar prudencial, un dato que muestra la cautela con que se siguieron los últimos acontecimientos de la economía. En base a estos datos se puede decir que los bancos tienen una capacidad prestable ociosa de unos $ 20.000 millones, aunque con situaciones dispares según tipo de entidad.

Ayer, también se reunió el directorio del BCRA, que resolvió encomendar a su presidenta que “propicie” ante el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, la integración de un consejo de coordinación de política monetaria, financiera y cambiaria.

Más allá de estas cuestiones, la funcionaria deberá lidiar con un directorio que ganó bastante espacio en la pelea por la salida de Redrado y con una línea técnica algo alborotada por los cambios impulsados desde la gerencia general de la entidad.

Con información de La Nación

La jueza María José Sarmiento falló a favor del amparo presentado por la Coalición Cívica respecto del uso de las reservas del Banco Central. Las reservas no se pueden usar hasta que el Congreso se pronuncie.

Esto implica que hasta que no haya una instancia de apelación por parte del Gobierno de Cristina Kirchner, el fondo del Bicentenario queda sin efecto.
El PRO también presentó este amparo y junto a la Coalición Cívica, piden “moderación”. No desean que el Fondo del Bicentenario no se constituya, sino que la actividad parlamentaria tome lugar al respecto.

El fallo de la jueza María José Sarmiento sostiene que debe ser el Parlamento el que decida el uso de fondos del Banco Central, por lo que suspendió el decreto que la presidenta argentina, Cristina Fernández, firmó a mediados de diciembre para pagar deudas con reservas monetarias.

El asunto es motivo de un conflicto que este jueves desembocó en la destitución, también por decreto, del presidente del Banco Central, Martín Redrado, por su negativa a los mandatos del Ejecutivo.

Con información de EFE

Los dos decretos de necesidad y urgencia que dictó la presidente Cristina Fernández de Kirchner, para disponer de las reservas y para echar a Martín Redrado del BCRA, encubren un solo objetivo: eludir todos los controles institucionales y burlar la división de poderes. Redrado impondrá un amparo para defenderse de los atropellos del Ejecutivo.

De cara a un 2010 sin financiamiento, sin liquidez para continuar con el gasto que sostiene al matrimonio presidencial en el gobierno, y previendo el consecuente aún mayor desgaste de su ya debilitada imagen, la presidente no tiene más remedio que avasallar las instituciones.

El DNU 2010/09, que dispone el uso de las reservas, peca de un vicio que es insanable: más allá de que el Poder Ejecutivo no puede disponer de los fondos del BCRA para pagar la deuda, la presidente nunca pudo justificar cuál fue la urgencia en dictar un DNU, en lugar de convocar a sesiones extraordinarias.

La Constitución nacional dice que sólo puede dictarse un decreto de necesidad y urgencia cuando se dan ciertos requisitos: que no se pueda seguir el procedimiento ordinario de sanción de las leyes, algo que la mandataria pudo haber subsanado convocando a extraordinarias, y cuando existe urgencia. ¿Cuál era la urgencia, en diciembre último, para incautarse de 6500 millones de dólares del BCRA que sólo serán usados para afrontar vencimientos que se producen, principalmente, entre marzo y agosto, y para cuyo pago también se previó una partida similar en el presupuesto nacional?

Fallo judicial

El objetivo de ese DNU, dictado fuera del período de sesiones ordinarias del Congreso y sin convocar a extraordinarias, sólo tuvo un objetivo: esquivar al Poder Legislativo. Por eso, es de esperar que la jueza María José Sarmiento, en las próximas horas, suspenderá la aplicación de ese decreto, para dar tiempo a que funcionen los equilibrios que establece la Constitución.

El DNU 18/2010, que removió al titular del BCRA, pretende justificarse con un sofisma, un argumento circular: la ley que estableció la Carta Orgánica del BCRA establece que su presidente no obedece órdenes del Poder Ejecutivo, pero -dice Cristina de  Kirchner- el DNU no es una orden, sino que tiene fuerza de ley y modifica esa Carta Orgánica. Por eso, sostiene la mandataria, Martín Redrado lo desobedeció y por eso fue destituido, alegándose su mala conducta.

Si un DNU, con fuerza de ley, pudiese reformar cualquier ley, se llegaría al absurdo de que, por ejemplo, un decreto de necesidad y urgencia puede reformar los mecanismos legales de acceso a la Corte o diluir los controles que prevé la ley de la Auditoría General de la Nación.

Límites a los DNU

Hay leyes que establecen procedimientos constitucionales que, por razón de la misma lógica constitucional, que requiere controles recíprocos y equilibrios de poderes, quedan necesariamente fuera del alcance de los DNU. Los constituyentes nunca prevén el absurdo y no anticiparon semejante intento de atropello. Esa es, precisamente, la situación del BCRA: la Constitución estableció que será regulado por una ley del Congreso, para dejarlo fuera del alcance del Poder Ejecutivo. En las próximas horas, Redrado presentará una acción de amparo y pedirá una medida cautelar.

Ambos decretos son distintos, pero ponen en riesgo la autonomía del Central, exponen las reservas y, en definitiva, importan un atropello a la división de poderes.

Blejer puso en duda su eventual asunción

A última hora de ayer parecía claro que la posibilidad de que Mario Blejer suceda a Martín Redrado en el Banco Central (BCRA) es más una expresión de deseos del Gobierno que una realidad.

Desde el entorno de Blejer dejaron trascender que el economista habría puesto como condición para aceptar el cargo que la administración interna del BCRA, a cargo de Miguel Angel Pesce, hiciera antes parte del trabajo sucio. En otras palabras, que llevara adelante la constitución del Fondo del Bicentenario, la medida que disparó la crisis en la relación de la Presidenta con Redrado.

Ayer trascendió que la presidenta Cristina Kirchner se reunió con el presidente de la Anses, Diego Bossio. Muchos en la City lo ubican en el podio entre los posibles candidatos a sucederlo a Redrado, de no aceptar Blejer el cargo. Con menos fuerza suenan también los nombres de Mercedes Marcó del Pont, Roberto Feletti, Sergio Chodos y Gabriela Ciganotto.

Urgente autoconvocatoria opositora

Acusando a la presidente de abuso de poder, la oposición impulsará una sesión de emergencia para el 20 del actual en la Cámara de Diputados. En ese ámbito, donde cuentan con una clara mayoría, los opositores se proponen rechazar los dos últimos y más polémicos decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno.

Paralelamente, el vicepresidente y titular del Senado, Julio Cobos, evalúa adelantar para fines de este mes (posiblemente el 27 del actual) la sesión que había programado para el 3 de febrero con idéntico propósito. La decisión quedará supeditada a que la oposición en ese cuerpo logre garantizar la mayoría en el recinto, ya que allí, a diferencia de la Cámara baja, existe un virtual empate de fuerzas con el oficialismo.

En lo inmediato, el primer paso de la oposición será convocar para el miércoles próximo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, a cargo de aprobar o de rechazar los DNU que dicta el Poder Ejecutivo. Así lo anticipó ayer el jefe de la UCR y presidente de la UCR, Ernesto Sanz. Sin embargo, difícilmente se resuelva allí el entuerto que generan los decretos: tanto el oficialismo como la oposición cuentan con igual cantidad de miembros (ocho cada uno), con lo cual la situación se resolverá, irremediablemente, en el recinto de ambas cámaras.

El análisis de los constitucionalistas

Con definiciones que van desde “dudoso judicialmente” hasta “esquizofrenia” y “atropello” legal, la mayoría de los especialistas en derecho constitucional cuestionaron la validez del decreto que desplaza a Martín Redrado de la presidencia del Banco Central.

La mayoría coincidió en que, por sus características, la norma que desplaza a Redrado es un decreto de necesidad y urgencia (DNU), y consideró que no había urgencia alguna, salvo el “capricho de los gobernantes”, según palabras del profesor de derecho constitucional de la UBA, Daniel Sabsay.

“El decreto es abiertamente inconstitucional porque no se dan las circunstancias excepcionales que impidan que se reúna el Congreso”, sostuvo Sabsay.

Para Alberto García Lema, conjuez de la Corte Suprema “correspondía haber convocado a sesiones extraordinarias en el Congreso” y el DNU “sería inconstitucional”.

Gregorio Badeni coincidió con él. “Si bien el presidente no está obligado a aceptar la opinión de la comisión bicameral especial, sí debe pedirla como requisito previo a la destitución”, sostuvo sobre lo que establece la Carta Orgánica del Banco Central.

A contramano de sus colegas, Eduardo Barcesat dijo que como la opinión del Congreso “era técnica y no vinculante, era correcto que la Presidenta ejecutara su decisión si ya la tenía tomada”. Sin embargo, expresó serias objeciones al DNU previo, que tomaba las reservas del Banco Central para pagar deuda.

Los especialistas también defendieron lo actuado por Redrado al negarse a implementar las instrucciones del Poder Ejecutivo.

“Es una locura, una esquizofrenia, porque lo quieren acusar por cumplir la ley”, opinó Sabsay. La abogada constitucionalista María Angélica Gelli agregó que por eso Redrado tendrá derecho a defenderse en tribunales, y podría presentar una medida cautelar o una acción de amparo contra su desplazamiento.

El más crítico de todos fue Félix Loñ, que lo calificó como “un atropello al Banco Central” y opinó que por ello “la Presidenta se expone al juicio político”.

Con información de La Nación