Ex secretarios de Agricultura advirtieron que el Gobierno debe sacar los controles si quiere crecimiento.

Convocados a un debate por la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE), los ex secretarios de Agricultura Lucio Reca, Marcelo Regúnaga, Rafael Delpech y Jesús Leguiza reclamaron la liberación del comercio y de las exportaciones del sector agropecuario y advirtieron que “ningún productor va a querer agregar valor a los granos, como pide el Gobierno, si no puede exportar y vender libremente, y tiene que lidiar con gran cantidad de controles”.

Esta fue una de las conclusiones centrales del debate, en el que también participaron el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Luis Biolcati, y los periodistas Matías Longoni, de Clarín, y Raúl Dellatorre, de Página 12, y que se centró en el contenido del documento “La agroindustria para el desarrollo argentino, aportes para una política de Estado”, presentado por Reca, Regúnaga, Delpech y Leguiza recientemente.

“Hoy todo el mundo habla alegremente de agregar valor, pero la forma de agregar valor a nuestros granos es producir carne y leche. Y acá nadie va a producir estos productos si no los puede exportar, que es lo que pasa hoy”, advirtió Regúnaga.

En esta misma línea habló Biolcati. “El Gobierno critica al campo por la sojización, pero con la intervención permanente en la carne, la leche, el maíz y el trigo empuja a los productores a hacer cada día más soja. Es el Gobierno el que está impulsando el avance del desierto verde, y el no agregado de valor”, destacó el presidente de la Rural.

Valor agregado

Por su lado, Delpech acotó que el concepto de agregado de valor no siempre es lo que parece. “Hoy en día cotiza mucho mejor una manzana o limón fresco para exportar, producido bajos determinados estándares, que estos frutos industrializados. El concepto de valor agregado es muy complejo”, dijo Delpech.

Desarrollo extraordinario

Por otro lado, los ex secretarios de Agricultura coincidieron en que el sector agropecuario está teniendo un desarrollo extraordinario, pero que no está aprovechando todas las oportunidades que tiene. “La agricultura creció a un promedio del 5% anual en los últimos años. Pero el crecimiento podría haber sido mucho mayor si se hubieran aplicado las políticas adecuadas. De eso se trata este documento, de plantear qué políticas necesitamos para aprovechar mejor el momento”, destacó Reca.

Delpech subrayó la necesidad de tener una visión integrada de lo rural y de lo urbano, que se expresa en el trabajo. “El país todavía tiene la visión antigua de ciudad y campo por separado, y eso es favorecido por el sistema tributario, que deslinda el aporte de la producción de los gobiernos locales, ya que la recaudación va a parar a manos del Estado nacional y éste la reparte”, explicó Delpech.

Biolcati coincidió con este concepto y apuntó: “Hoy se desmerece el trabajo del sector dentro de la economía nacional”.

Por su parte, Regúnaga y Leguiza enumeraron los nueve pilares sobre los que, de acuerdo con su estudio, debería basarse una buena política agropecuaria: la promoción de la adopción de tecnología; el libre comercio agropecuario; una política impositiva que priorice los impuestos coparticipables; la apertura de nuevos mercados; la construcción de infraestructura de transporte y riego; la promoción de la sustentabilidad, el desarrollo de productos estratégicos como la bioenergía; la promoción de la agricultura familiar y el fortalecimiento de la institucionalidad agropecuaria.

Luego de terminadas las exposiciones de los secretarios, uno de los panelistas destacó la necesidad de recuperar la institucionalidad del sector, uno de los pilares de la política propuesta por los ex secretarios. “La Secretaría de Agricultura pese a ser ahora un ministerio es una cáscara. Tenemos que devolverle la importancia que tenía”, explicó Longoni.

Seguidamente, uno de los periodistas preguntó si el aprovechamiento de las oportunidades del mercado mundial, que propone el estudio de los ex funcionarios, no es opuesto a la defensa de la soberanía alimentaria. “Tenemos que debatir sobre si es posible solucionar el hambre del país con un modelo de producción orientado a aprovechar los precios internacionales, y ver cómo vamos a manejar el tema de los precios internos “, dijo, que además agregó: “La política agropecuaria de este gobierno es difícil de definir, por la contradicción entre los enunciados del Ministerio de Agricultura y lo que se lleva a la práctica desde la Secretaría de Comercio Interior”.

Con información de La Nación

Las presentan hoy ex secretarios del área presentan hoy las políticas de Estado que el campo necesita para salir del estancamiento y volver a producir a los máximos niveles.

Los autores del documento son cuatro ex secretarios de Agricultura provenientes de gobiernos de distinto signo político. La presentación se hará hoy en Rosario e intenta ser un aporte para generar una política de Estado que impulse el desarrollo nacional.

Lucio Reca (fue secretario de Agricultura durante el gobierno de Raúl Alfonsín), Marcelo Regúnaga (trabajó con Carlos Menem y Fernando de la Rúa), Jesús Leguiza (estuvo durante la fugaz presidencia de Adolfo Rodríguez Saá) y Rafael Delpech (con Eduardo Duhalde) se proponen generar políticas que impulsen el desarrollo sostenible del sector agropecuario y de las áreas rurales, la creación de empleos genuinos, el equilibrio territorial y, en definitiva, el desarrollo nacional, según se informó.

El documento, titulado “La agroindustria para el desarrollo argentino. Aportes para una política de Estado”, será presentado hoy a las 15 en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Según trascendió, los ex funcionarios destacan la importancia del sistema agroindustrial en la economía argentina, demostrando que es uno de los sectores con mayor capacidad para generar ingresos y empleos directos e indirectos.

Empleos

También hacen una estimación en torno al aumento de empleos que se generarían con un incremento del 50% de la producción de cereales y oleaginosas.

Además, proponen lineamientos concretos para una política de Estado para el gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre, sea cual fuere el partido político que resulte ganador en las elecciones nacionales.

Con información de La Nación

El titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, sostuvo esta mañana que el gobierno nacional desarrolla una estrategia mediante la cual “apela al chamuyo y al barullo para construir un relato, confundir a la sociedad y poner al campo como adversario”. Reconoció además la labor de Julíán Domínguez al frente del Ministerio de Agricultura nacional, pero agregó que “mientras hay un ministro que tira puentes hay una presidenta que los dinamita”.

En declaraciones a Radio 2, el dirigente agropecuario respondió así a las críticas por evasión fiscal y trabajo esclavo que realizara la presidenta Cristina Fernández en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

“La presidenta estuvo muy hostil y agresiva contra el sector agropecuario. Hacía rato que no escuchaba tantas llamadas y opiniones como ayer en la Expoagro, de gente molesta por el discurso de la presidenta del martes”, señaló Buzzi.

Poner al campo como enemigo

Es que para el dirigente federado, la Casa Rosada construye permanentemente un discurso contra el sector agropecuario. “O están caras las coutas de los colegios o el campo evade. Es un relato para poner al campo como adversario, como sector que no contribuye, que tiene ambiciones, es angurriento, no quiere pagar impuestos y tiene a los trabajadores en negro”, sostuvo el líder de Federación Agraria.

Este discurso es para Buzzi “chamuyo y barullo, pero la realidad es que la renta agraria se la siguen dando a las multinacionales de exportación”.

Menos faena

Respecto de la merma en la cantidad de cabezas de ganado en el país, Buzzi dijo que “la verdad es que diezmaron el plantel de vacas en la Argentina y no están haciendo absolutamente nada por recuperarlo”.

El martes el propio ministro de Agricultura, Julián Domínguez, vinculó esta caída a razones climáticas. “Me extraña que una persona como Domínguez, que es de un pueblo como Chacabuco, haya dicho eso. ¿Qué tiene que ver el clima con la ganadería?”, se preguntó Buzzi.

En este sentido, dijo que es cierto que el clima conspiró contra la reproducción de vacas, pero agregó: “El gobierno conspiró durante cuatro años para que se maten hembras preñadas”. En este marco, reconoció que durante 2009 hubo carne barata, pero que esto se debió al cierre de las exportaciones y a la política de precios máximos aplicada por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

“Nos estábamos comiendo las joyas de la abuela, el patrimonio y las fábricas de productoras de terneros. Eso no tiene un pito que ver con el clima, sino con las políticas disparatadas que aplicó este gobierno, en donde algún funcionario debería hacer un mea culpa”.

Con información de La Capital

Si el gobierno no cambia sus políticas agropecuarias “faltará pan, carne y leche”, repitió Biolcati. El gobierno proyecta combatir el trabajo en negro en el sector rural.

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, aseguró que “faltará pan, carne y leche” en la mesa de los argentinos si el gobierno de Cristina Kirchner no cambia sus políticas agropecuarias. Además, le pidió al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que “se saque la careta” y diga “si ampara el robo a los productores” en beneficio de las exportadoras.

“Nunca faltó pan ni carne ni leche en la mesa de los argentinos. Va a faltar, aunque me tilden de agorero, si se continúa con esta política de desestímulo a la producción, como ha sucedido con la carne”, dijo Biolcati en su discurso inaugural de la 69º Exposición de la Sociedad Rural de Neuquén, en la ciudad de Junín de los Andes, donde afirmó que el gobierno se “empecina en castigar y en subestimar al campo”.

Trabajo en negro

Entretanto, el gobierno nacional admitió que está avanzado un proyecto para combatir el trabajo en negro en el sector rural, que enviará al congreso el mes próximo cuando se active la labor parlamentaria.

La iniciativa, que ya comenzó a producir la reacción de las entidades del campo, plantea la creación de un organismo que funcionaría dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo y que reemplazaría al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), ente autárquico que hoy reúne a las cuatro entidades agropecuarias y al gremio de los trabajadores rurales, liderado por el sindicalista opositor Gerónimo Venegas, aliado del precandidato a presidente Eduardo Duhalde.

El Renatre, que registra a los trabajadores rurales y administra los aportes al fondo de desempleo que hacen los empleadores del sector agropecuario, recauda hoy entre 3 y 5 millones de pesos mensuales. Si se aprobara la modificación del régimen del peón que impulsa la Casa Rosada, el organismo y sus fondos pasarían a manos del gobierno.

“El proyecto es una propuesta malintencionada. Quieren quedarse con todo. Es parte de la pelea que tiene el gobierno con el campo y con el gremialismo opositor. El gobierno no quiere entender que, para que haya trabajo, tiene que haber empleadores”, dijo Venegas en declaraciones periodísticas.

Unidad del campo

Por su parte, el titular del Movimiento Rural Confederado, Mario Llambías, expresó en Junín de los Andes, que “la unidad de la Comisión de Enlace es la unidad del campo”.

“Priorizar los intereses individuales de nuestras entidades por sobre la defensa de los productores y de la producción nacional no nos ayuda para lograr las soluciones de fondo que necesitamos”, resaltó.

Con información de La Nación

Los ruralistas denuncian la intencionalidad política detrás de las nuevas atribuciones que se pretenden otorgar al Ministerio de Trabajo. Para que haya trabajo debe haber empleadores, advierten desde la oposición.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner propone crear un nuevo registro de trabajadores rurales para eliminar el ente autárquico que integran las cuatro entidades.

Para el kirchnerismo es una avanzada para combatir el trabajo en negro. Para las organizaciones del campo y el sindicato de trabajadores rurales, en cambio, es una estrategia para avivar el estado de crispación permanente que distancia al Gobierno del sector agropecuario. Se trata, en definitiva, de una jugada audaz, que está dando sus primeros pasos y promete tomar más relieve el mes próximo, cuando se active la labor parlamentaria.

La iniciativa, que ya comenzó a producir la reacción de las entidades del campo, está plasmada en un proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo en el Congreso.

Nuevo órgano

Plantea la creación de un organismo que funcionaría dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo y que reemplazaría al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), ente autárquico que hoy reúne a las cuatro entidades agropecuarias y al gremio de los trabajadores rurales, liderado por el sindicalista opositor Gerónimo Venegas, aliado del precandidato a presidente Eduardo Duhalde.

El Renatre, que registra a los trabajadores rurales y administra los aportes al fondo de desempleo que hacen los empleadores del sector agropecuario, recauda hoy entre 3 y 5 millones de pesos mensuales.

Si se aprobara la modificación del régimen del peón que impulsa la Casa Rosada, el organismo y sus fondos pasarían a manos del Gobierno.

Empleados en negro

“El proyecto es una propuesta malintencionada. Quieren quedarse con todo. Es parte de la pelea que tiene el Gobierno con el campo y con el gremialismo opositor. El Gobierno no quiere entender que, para que haya trabajo, tiene que haber empleadores”, dijo Venegas.

De acuerdo con la entidad y el gremio que regula el trabajo agrario, existen aproximadamente 800.000 empleados registrados y se estima que unos 600.000 están fuera de regla. Esto implicaría millones de pesos en evasión en seguridad social.

Sectores cercanos al Gobierno evalúan que el trabajo en negro alcanzaría al 60% y que en algunas provincias supera el 90%.

“El problema no es sólo el trabajo en negro, sino también la comercialización ilegal y la evasión”, alertó Venegas, que presidirá el Renatre hasta mayo próximo.

RENATRE

Presentado en junio del año pasado, el proyecto de ley que el oficialismo quiere impulsar amenaza con la desaparición del Renatre, que está integrado por representantes de la Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y el gremio de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).

En manos del Estado

“El Renatre tiene que estar en manos del Estado y no del sector empresarial y sindical. Queremos avanzar en la eliminación de la precariedad y desprotección de los empleados rurales”, señaló a La Nacion el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, antes de reunirse con dirigentes de clubes barriales en una parada de su campaña electoral para ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

“Existe trabajo ilegal y también trabajo esclavo en condiciones infrahumanas. Se reproducen situaciones de los siglos XVIII y XIX. Por eso, sería bueno que el Parlamento argentino pusiera en su agenda el tratamiento del nuevo Estatuto del Peón Rural”, sugirió la presidente Cristina Fernández el miércoles pasado, en un acto realizado en el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada.

Con la apertura del año legislativo, dentro de un mes, el Congreso discutirá distintos proyectos para modificar el Régimen Nacional de Trabajo Agrario (RNTA), creado en 1980 durante el gobierno militar de Rafael Videla y aún vigente.

Proyecto alternativo

Además de la propuesta oficial, que está firmada por el ministro Tomada y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, existe en el Congreso otro proyecto que mantiene sin cambios el Renatre. Se trata de una iniciativa impulsada por el diputado del Peronismo Federal Roberto Mouilleron, vicepresidente primero de la comisión de Legislación del Trabajo, que también contaría con el respaldo del radicalismo.

“Nuestro proyecto está más avanzado y es el que va a caminar. No le tengo miedo al Gobierno. Del Renatre me sacan con los pies para adelante”, desafió Venegas, al criticar el proyecto oficial.

La última semana, el gremio de los trabajadores rurales alertó en el Ministerio de Trabajo sobre irregularidades en algunas zonas de Buenos Aires. A partir de las denuncias, se activó con éxito una serie de allanamientos.

Trampa política

Más allá de este episodio, el avance contra el trabajo en negro esconde una trama política más profunda, que amenaza con el futuro del Renatre, lo que se puede interpretar como una batalla más en el conflicto entre el Gobierno y el sector agropecuario.

Síntesis del proyecto del gobierno

Control: El Gobierno impulsa un proyecto de ley para crear un Registro Nacional de Trabajadores Rurales, que actuaría dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo.

Recursos: En caso de prosperar el proyecto oficial, los fondos del actual Renatre, que hoy recauda unos 5 millones de pesos por mes, pasarían a manos del Gobierno.

En regla: Según las cifras del Renatre, hay unos 800.000 trabajadores agrarios registrados y se estima que otros 600.000 stásn en negro.

En negro: El argumento del Gobierno para promover un nuevo organismo de control es que el trabajo en negro supera el 60% en el sector agrario y llega al 90% en algunas provincias.

Denuncia de las entidades rurales

“El proyecto del Gobierno para reformar el trabajo rural no es más que un intento de confiscar el organismo. El cambio propuesto plantea una organización igual a la que tiene hoy el Renatre, lo que demuestra que lo único que quiere el Gobierno es cambiar la dirección del organismo, barriendo a las entidades y al gremio de su conducción”, explicó el abogado Abel Guerrieri, representante de la Sociedad Rural en el Renatre.

Desconocimiento del tema

“La redacción del proyecto muestra que el que lo hizo no tiene conocimiento de la actividad, porque proponen derogar el trabajo de sol a sol, que ya fue erradicado. La ley del trabajo rural es la única en el país que se actualiza todo el tiempo, porque todas las semanas nos reunimos las entidades, el gremio y el Gobierno en la Comisión Nacional de Trabajo Agraria para analizar las condiciones de los peones rurales”, indicó Guerrieri. “No hay sector más adaptado a la realidad del día a día en materia de legislación laboral que el del peón rural”, agregó.

Intencionalidad política

Para Pedro Apaolaza, directivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), detrás de la movida del Gobierno hay una clara intencionalidad política. “El Renatre tiene plata, por eso el Gobierno lo quiere, para hacer clientelismo. Y, además, si se lo quedan, eso sería un golpe para el titular de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Gerónimo Venegas, que trabaja con Eduardo Duhalde”, dijo Apaolaza. “El Renatre funciona bien, No hay razones para modificarlo”, acotó.

Las entidades, en tanto, al enterarse del proyecto oficial, elaboraron con la Uatre su propio proyecto de reforma del régimen del trabajo rural, con el apoyo de varios diputados de la oposición, un proyecto que esperan que se trate este año.

Con información de La Nación, La Capital y El Litoral

Reiteró los reclamos por la política triguera. La Mesa de Enlace hará un seguimiento de los mercados para demostrar que molinos y exportadores no pagan el precio que el gobierno fijó. Insisten con la liberación de cupos de exportación.

La Mesa de Enlace Rural declaró ayer el estado de alerta, movilización y asamblea frente al problema que enfrenta la comercialización de trigo. Además dispuso la creación de un observatorio para analizar diariamente si se paga el Fas Teórico a los productores.

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi dijo que “el gobierno sabe que hay malestar en el campo y debe crear condiciones para normalizar y transparentar el mercado de trigo”.

Buzzi, junto a Mario Llambías (Confederaciones Rurales), Carlos Garetto (Coninagro) y Hugo Biolcati (Sociedad Rural), volverán a encontrarse el próximo martes para definir “niveles de responsabilidad” dentro de la compraventa de trigo que muestra que “hay grandes ganadores como la molinería y las cerealeras exportadoras”. Al respecto, Llambías aseguró que “hoy se paga el precio pleno al productor triguero, pero con operaciones condicionadas a la venta adicional de soja o cebada” y manifestó que se cerraron operaciones a razón de 660 pesos la tonelada de trigo que figuran en los datos con que cuentan la Afip, la Aduana y el Oncca.

Pese a que según el Ministerio de Agricultura el productor debe recibir un valor de 929 pesos por tonelada en concepto de Fas teórico (precio de exportación menos retenciones y otros costos), Garetto reconoció que en el mercado “se hacen concesiones que generan distorsiones, algo en lo que el productor debe entrar por falta de transparencia y por necesidad” para afrontar deudas.

Observatorio

Las entidades ruralistas acordaron la puesta en marcha de un “observatorio del mercado cerealero” local, que permitirá hacer un seguimiento diario de las operaciones realizadas en trigo en las bolsas de Rosario, Bahía Blanca y Buenos Aires.

“Seguiremos atentos durante un par de semanas los resultados que arrojen los mercados y viendo cual es el mejor precio posible que recibe el productor, y luego veremos que otras formas de protesta se pueden encarnar”, aseguró Buzzi tras el encuentro.

Para el titular de la Federación Agraria, “ahora la pelota está en el campo del gobierno”, que deberá actuar tras la protesta realizada por el sector agrícola. Estimó que “la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer”.

Según Biolcati, en el sistema oficial de comercialización de trigo “lo malo es el cupo (para exportar) y el reparto del mercado, que lo establecen la Asociación de Exportadores con el gobierno. Eso corrompe todo el sistema. No hay mercado y queremos que esto se termine”, dijo.

También hay problemas con la comercialización del maíz

Los productores argentinos sufren un descuento del 10% en el precio del maíz debido al “intervencionismo oficial” en el mercado, indicó un informe de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Crea), y estimó que la pérdida equivale a 20 dólares por tonelada.

La entidad calculó que, con una producción estimada de 20 millones de toneladas para la campaña 2010/11, los 20 dólares por tonelada “suman 408 millones de dólares transferidos desde el sector productor a los consumos internos y a los exportadores”. “Por el intervencionismo oficial, los productores argentinos están perdiendo el 10 por ciento del precio que les correspondería cobrar sin que los consumidores obtengan beneficios”, cuestionó.

El trabajo precisó que, de acuerdo a los valores de la semana anterior, esto significó “20 dólares por tonelada sobre 211 dólares” del Fas teórico (precio internacional menos retenciones y gastos de comercialización). Al respecto, detalló: “a partir de un precio FOB puertos argentinos de 278 dólares por tonelada, se deben descontar 56 dólares por las retenciones del 20 por ciento, y 11 dólares por tonelada por gastos de embarque. Eso da un valor Fas teórico de 211 dólares por tonelada, que debería ser el precio de bolsillo para el productor”. “La posición Abril del Mercado a Término de Buenos Aires marca 191 U$S/T, con un descuento de 20 dólares por tonelada respecto de la paridad teórica, equivalente al 10 por ciento del precio”, puntualizó el documento. La institución destacó que “durante todos los años en lo que el mercado de maíz funcionó sin intervencionismo oficial, no hubo desabastecimiento del consumo interno”.

Con información de El Litoral

Sin respuesta a sus reclamos, el campo seguirá con la protesta. El paro terminará el domingo, pero continuará el estado de alerta.

“Vamos a seguir luchando hasta que el productor consiga el precio justo por su trigo. Por eso sostenemos que aunque el cese de comercialización termine el domingo, la protesta debe seguir hasta que se resuelva el problema.”

Con estas palabras, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, convocó a los 900 productores asistentes al acto que organizó ayer la Comisión de Enlace en la ciudad de bahía Blanca para continuar en estado de alerta y movilización hasta tanto el Gobierno solucione el problema de la comercialización del trigo, trabada por la intervención oficial desde 2006.

Nuevas medidas

Los ruralistas no descartaron convocar a nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas, como la que se realiza esta semana. “Lo consultaremos con las bases y decidiremos en los próximos días”, dijo Llambías.

Altísima asistencia

Con asistentes de lugares distantes como la santafecina Rufino, o las localidades bonaerenses de Pergamino, San Antonio de Areco, Bragado, Rivera, Stroeder, Bajo Hondo y Mones Cazón, entre otras, la asamblea realizada ayer demostró el poder de convocatoria que tiene el conflicto del trigo ante los productores. “No esperábamos tanta concurrencia. Es que en el Sudoeste hay mucho enojo, porque luego de cuatro campañas con sequía finalmente cosecharon algo, y no lo pueden vender porque el mercado está destruido”, confesó un conocido ruralista bonaerense. “No podemos creer lo que nos pasa. Tenemos la mejor cosecha en muchos años y no tenemos cómo venderla. Si seguimos así un año más, nos hundimos todos”, explicó el presidente de la Sociedad Rural de San Cayetano, Sergio Melgarejo.

El enojo es tal que logró que las diferencias de las entidades quedaran momentáneamente de lado. “Mientras exista un kirchnerista en este país, la unidad del campo se va a mantener, para defender nuestro derecho a producir en paz”, señaló ante la concurrencia el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Garetto.

Problemas con el trigo, el maíz y la ganadería

El problema del trigo, cuyo mercado está intervenido oficialmente desde 2006, no fue el único motivo de quejas. Muchos de los productores y los dirigentes ya están preocupados por el maíz, que en los próximos dos meses comienza a ser vendido y que también padece la intervención estatal. “Ojo, no sólo nos preocupemos por el trigo. El maíz también está bajo la influencia de la intervención del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y tenemos que tener cuidado que no se convierta en el negocio de cuatro multinacionales, como pasó con el trigo”, alertó el presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Luis Biolcati, afirmó: “Hoy estamos acá por el trigo. Pero esta es la gota que rebasó el vaso. Los problemas de la ganadería continúan, y también los de la comercialización del maíz, y las economías regionales. Queremos defender a todo el campo. La política de este gobierno no cambió. Hay una gran miopía”, opinó el presidente de la Sociedad Rural.

Intervención

Pese a que hubo una fuerte presencia de dirigentes, los protagonistas de la asamblea fueron los productores, que, llegados en ómnibus, camionetas y autos desde varios rincones de Buenos Aires y La Pampa, aprovecharon la asamblea para quejarse de la intervención y la desatención del Gobierno al trigo y contestar a las críticas que desde varios sectores del oficialismo se hicieron al campo por organizar el paro. “El Gobierno habla de que nos va bien, pero no tiene en cuenta la realidad de miles de productores de trigo que están hace años mal. Cuando en todo el mundo el cereal vale mucho, acá desaprovechamos la oportunidad desde hace cuatro años, y no sólo perdemos los productores por eso, sino el país”, dijo el productor José Guilhamelou, llegado de San Antonio de Areco.

El Gobierno descalificó la medida del campo

Para el ministro de Planificación, Julio De Vido la protesta sólo “sirve para dar que hablar con poca operatividad”.

De Vido señaló: “Habrá que ver si esto se sostiene en el tiempo, porque el productor quiere vender sus productos”. En este contexto, en una entrevista con el diario Tiempo Argentino el ministro criticó a la Comisión de Enlace por la convocatoria al paro. “Se sabe que la Comisión de Enlace está fracturada. En este caso, aparentemente, se llegó a una medida conjunta que sirve para dar que hablar con poca operatividad”, expresó.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, de recorrida por partidos trigueros del sudoeste bonaerense, señaló que el Gobierno generó los mecanismos para que el productor pueda recibir el precio internacional, pese a las quejas del sector de que esto no ocurre.

“Afortunadamente, en esta campaña no discutimos un problema de rentabilidad de los 27.000 productores que sembraron trigo en todo el país”, sino que “generamos los instrumentos para que el productor pueda captar el precio internacional, que en este momento es extraordinario”.

Con información de La Nación

El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, aseguró ayer que su gobierno no apoya la metodología del paro empleada por la mesa de enlace para protestar contra la política triguera del gobierno nacional, tras lo cual indicó que “no cree que ese sea el camino” para solucionar los conflictos.

En el segundo día de la protesta patronal, Binner -quien participó ayer de la inauguración de un puente en un camino rural entre Correa y Berreta- sintetizó así la postura del Ejecutivo santafesino respecto al cese de comercialización de soja, trigo y maíz dispuesto por los ruralistas para toda esta semana, que tendrá su actividad central esta tarde con un acto y asamblea en Bahía Blanca.

“Nosotros no apoyamos las medidas de fuerza porque no nos parece que ese sea el camino”, dijo el mandatario socialista, quien también reiteró su pedido al gobierno nacional para que abra la exportación del excedente de la cosecha de trigo.

Binner recordó que en esta campaña se cosecharon 14 millones de toneladas: “si necesitamos 5 millones para el consumo argentino, nos quedan 9 millones que tenemos que comercializar”, amplió.

Ese es el reclamo de la mesa de enlace rural, que le exige al Ejecutivo nacional la liberalización total de las ventas externas de trigo.

Para el ministro Domínguez no hay límite a la exportación

Por su parte el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, aseguró ayer que la producción triguera está en camino de volver a niveles récord, justificó el reclamo del productor respecto de los precios y desestimó los argumentos de la mesa de enlace para justificar el lock out patronal.

“Me he propuesto ser parte de la solución de este paro, y no parte del problema, y cualquier declaración que uno haga puede enredar las cosas”, afirmó el funcionario, quien desestimó el argumento central de la protesta patronal al afirmar que la exportación “no está limitada”.

“No hay ninguna restricción, históricamente en Argentina se exportan 3,2 millones de toneladas durante el primer trimestre, y hoy el saldo es de 7 millones”, explicó, tras lo cual aclaró que la molinería compró ya 1 millón de toneladas en diciembre y se comprometió a adquirir 1,5 millones más, a lo que hay que sumar el millón de toneladas que los productores podrán retener gracias a los créditos oficiales a tasa cero para no malvender su cosecha.

“No hay motivos para que no se pague el precio pleno”, consideró.

Asamblea de la Mesa de Enlace

Los representantes de las cuatro entidades agropecuarias estarán hoy a pleno en una asamblea de productores en Bahía Blanca, ciudad elegida por tratarse del principal puerto de exportación de trigo del país, y por ser el epicentro de una de las mejores zonas núcleo productivas del planeta.

El acto se realizará a partir de las 10 de la mañana en el predio ferial de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, entre las rutas 33 y 35.

La agenda de la reunión se centrará en lo que consideran es la errónea política oficial de intervención en los mercados, principalmente el de trigo.

Para las entidades rurales, “la política oficial hace que el productor tenga serias dificultades en la comercialización de su producción y reciba un precio sensiblemente menor, lo que repercute en las economías regionales perjudicando y empobreciendo a la producción, sin beneficio alguno para los consumidores”.

Resultado del paro

La segunda jornada de la semana de protesta estuvo signada por asambleas de productores en el interior del país y una reducción sensible de actividad en las terminales portuarias.

La actividad fue nula en el complejo portuario del Gran Rosario, y prácticamente inexistente en la Bolsa de Comercio de la ciudad, donde los operadores habituales no estuvieron presentes en el recinto.

Por su lado, los productores entrerrianos realizaron una asamblea en la Sociedad Rural de Nogoyá con el objetivo de elaborar propuestas que elevarán a la mesa de enlace.

Con información de DERF

El cese de comercialización es por manejos del secretario de Comercio y la Oncca, que deciden quién y cuánto vende al exterior. El gobierno promete un precio a productores, pero molinos y cerealeras no lo pagan. Despilfarro por la intervención en trigo.

Buzzi, como vocero de la mesa, disparó contra Cargill, Dreyfus, Bunge y la molinería, que recibe subsidios y “no emplean buenas prácticas comerciales”.

La Mesa de Enlace Rural resolvió ayer un cese de comercialización de cereales y oleaginosas, del 17 al 24 de este mes. El gobierno prometió liberar la exportación del trigo que no es necesario para abastecer el mercado interno, pero mantendrá el esquema de cupos (ROE verdes) para vender al exterior.

Productores sin pago

Los ruralistas sostienen que con ese esquema de cupos, bajo control de la Oncca y con la intervención de Guillermo Moreno, tanto los molinos que abastecen el mercado interno como las cerealeras que compran el trigo para exportarlo, pagan a los productores hasta 62 dólares por debajo de lo que oportunamente se había acordado por cada tonelada.

Molinos y cerealeras exportadoras tienen un supuesto acuerdo con el gobierno -vía Moreno- para pagar el denominado FAS Teórico de 984 pesos por tonelada a los productores; la cifra surge del precio internacional menos las retenciones y otros aranceles portuarios. Sin embargo los productores se quejan porque eso no sucede.

Especulación de cerealeras y molinos

Sin la liberación del mercado externo, los compradores locales del trigo especulan con las necesidades de los productores, que venden por debajo de lo acordado con tal de poder financiarse. Por eso Hugo Biolcati reclamó incluso el resarcimiento a los agricultores que ya “malvendieron” sus granos, además de la eliminación de los cupos.

No hay verdadera liberación

El dirigente, junto a sus pares Mario Llambías (Confederaciones Rurales), Eduardo Buzzi (Federación Agraria) y Carlos Garetto (Coninagro), consideraron “pomposo” el anuncio de la liberación de la exportación de trigo, cuando en realidad mantiene la “cuotificación” que distorsiona los precios.

Marcha atrás con los créditos

Domínguez anunció la liberación de la totalidad del saldo exportable de trigo, conformada por unos 7,5 millones de toneladas correspondientes a la campaña 2010-2011, y reiteró la oferta de créditos por $ 840 millones para auxiliar a los productores.

El ministro de Trabajo pidió que los ruralistas “repudien” el “trabajo esclavo”. El gobierno presiona al campo por la informalidad laboral en el sector.

Trabajo esclavo

Pero además el gobierno sumó a la mesa al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por pedido de la presidenta Cristina Fernández, para tratar el tema de “trabajo esclavo”. Curiosamente el gobierno acaba de fiscalizar un caso en el que ese fenómeno se detectó en contratos laborales de una exportadora cerealera, pero no de los productores.

Molineros con Moreno

A poco de concluir el encuentro con Domínguez y Tomada, los ruralistas aumentaron su malestar al conocer que en una sala próxima a la que estuvieron reunidos, y en la propia sede de Agricultura, estaba por comenzar una reunión presidida por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con referentes de la industria molinera.

Incongruencia del Gobierno

Por eso Buzzi calificó a la política oficial de “incongruencias” en torno a la estrategia empleada para sostener al mercado de trigo y reconoció que “la fijación de las exportaciones de trigo las toma la Secretaría de Comercio Interior, por ello hay decisiones que escapan al ministerio competente”.

Mario Llambías explicó que, con una cosecha de 14,5 millones de toneladas y un consumo interno que apenas araña el 50% de este volumen, “los cupos para exportar no tienen relevancia para el mercado interno”, por lo que carece de sentido tener cuotas para vender al exterior, que dependen de autorizaciones de la Oncca y Moreno.

Garetto dijo esta mañana que “falta transparencia” y “hay contradicciones” en el anuncio oficial para liberar saldos exportables del cereal. Relató que el ministro comunicó que iba a liberar este mes tres millones de toneladas, pero intervino luego Moreno y planteó que la cantidad iba a ser un millón y medio.

La intervención en el trigo costó a la producción 4608 millones de dólares

Según un trabajo de Raúl Dente, integrante de la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, el costo total de las medidas de intervención en el mercado de trigo de 2006 a 2010 fue de 4608 millones de dólares.

“Este monto significa que los productores dejaron de ganar 86 dólares por tonelada en las campañas 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010. En plata, significa que los productores regalaron dos millones de toneladas más que todo el trigo que se consumió en el mercado interno en los últimos cuatro años”, acotó Dente.

“Se confirma una vez más que las experiencias de intervención para abaratar los alimentos generan beneficios a sectores no necesitados y grandes empresas, y provocan despilfarro de recursos”, explicó.

Según el asesor de la Federación de Acopiadores, el monto de 4608 millones de dólares incluye no sólo el costo que implican las trabas a la exportación (US$1269 millones), sino que incluye también transferencias al fisco, que computan derechos de exportación menos compensaciones (US$ 977 millones), y transferencias indirectas a los consumidores pobres a través de la fijación de precios oficiales (US$ 854 millones), entre otros ítems

Dente destacó el costo de los subsidios que recibieron las exportaciones de trigo y harina en las campañas estudiadas: US$ 463 millones para el trigo (US$ 15 por tonelada exportada) y US$ 152 millones para la harina (US$ 29 por tonelada de trigo comprada por la industria molinera para exportar harina).

“Este esquema de comercio intervenido no es neutral pues genera una competencia absolutamente desleal que sufren las empresas acopiadoras por parte de los acopios de las exportadoras y, en alguna medida, de las cooperativas exportadoras. Con la excusa de proteger la matriz de seguridad alimentaria y la mesa de los argentinos, se ha montado un espectacular mecanismo de despilfarros y prebendas”, dijo Dente.

Con información de El Litoral y Punto Biz