Por novena vez el Gobierno citó a los ruralistas, aunque aún no hay fecha precisa. Aníbal Fernández fue quién se comunicó con Llambías y Buzzi para reunirse la semana que viene.

Las llamadas fueron el domingo, a última hora. “Hay que volver a hacer una reunión”, les dijo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a los ruralistas Mario Llambías, por un lado, y a Eduardo Buzzi, por el otro.

Fuentes del Gobierno habían llegado a relativizar que el diálogo telefónico entre el ministro y los ruralistas hubiera sido una convocatoria oficial. “Fue una conversación informal para aceitar el futuro mecanismo de diálogo”, mandó a contar Aníbal Fernández.

La vuelta al diálogo se da en medio de las movilizaciones de protesta del agro en varios puntos del país que siguieron al paro de una semana finalizado el viernes.

Para ese futuro encuentro, sin embargo, no está en agenda una rebaja en las retenciones. Así lo anticiparon voceros oficiales, y agregaron que los nuevos contactos servirán para “comenzar a acercar posiciones”; el mismo argumento que usaron hace un mes y medio, antes de la última reunión con la Comisión de Enlace en la Casa Rosada.

Convenio para la exportación de trigo y maíz

Uno de los temas centrales que el Gobierno pondrá a consideración es la firma del prometido convenio para abrir permanentemente las exportaciones de trigo y maíz, que se había anunciado después de la reunión del 31 de agosto.

El papel de Aníbal Fernández será convencer a los ruralistas de que firmen el acuerdo, algo que, según comentaron en el sector agropecuario, en principio no están dispuestos a hacer sin discutir “la letra chica”. El presidente de Coninagro, Carlos Garetto, sostuvo que no aceptarán ese pedido del Gobierno. Esa es la gran carta que guarda la presidente Cristina Kirchner para evitar una escalada de tensión. Pretende presentar ese convenio como una concesión a los reclamos del campo.

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y la ministra de la Producción, Débora Giorgi, ya mantuvieron varias reuniones con exportadores y molineros. Según confiaron cerca de ambos funcionarios, esa parte del convenio estaría acordada. “El principal trabajo de Aníbal Fernández es convencer a la Mesa de Enlace para que firme”, confió una alta fuente oficial.

En la Casa Rosada agregaron que el acuerdo para la exportación de trigo y maíz se firmará igual, con o sin el aval de los representantes de los productores. Ese fue uno de los anuncios que hicieron Aníbal Fernández, Giorgi y el ministro de Economía, Amado Boudou, tras el último encuentro en la Casa Rosada con los representantes del agro.

Con esta iniciativa, el Gobierno apuesta, una vez más, a quitarle argumentos al campo en sus reclamos. La propuesta implicará dejar por escrito lo que en los hechos ya se hace: liberar las exportaciones de trigo y maíz de manera permanente, siempre y cuando se garantice el abastecimiento interno de granos.

El Gobierno apuesta a frenar por un tiempo las movilizaciones que el agro realiza por estos días y que mantendrá la semana próxima. La estrategia es ganar tiempo y evitar los constantes reclamos del campo.

En el sector agropecuario sostienen que de los anuncios de la última reunión solamente se cumplió el de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que agilizó los trámites para habilitar las ventas al exterior. El campo denuncia que el pago de una compensación para la cría de novillos pesados en los últimos 100 kilos de engorde no se cumplió, como tampoco la compensación de 20 centavos para los tamberos que anunció la Presidenta.

La Comisión de Enlace reconoce la cintura negociadora del jefe de Gabinete. Según dijeron cerca del ministro, él encabezará la reunión, y la nueva secretaria de Integración Nacional, María del Carmen Alarcón, sólo aportará información.

Echegaray querella a Mario Llambías

El jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, le mandó una carta documento a Mario Llambías, presidente de CRA, que lo había acusado de “tomar alguna sustancia que lo pone mal”. Echegaray lo intimó a que “se abstenga” de insultarlo. Y lo demandará en la Justicia por calumnias e injurias.

Con información de La Nación

Sin esperanzas sobre una solución de manos del gobierno nacional, en el Día del Agricultor el sector renueva sus reclamos con actos en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Chaco.

Después del paro de ocho días que realizó la semana pasada, el campo eligió el Día del Agricultor para renovar sus reclamos al gobierno nacional. Este día, en que se conmemora la creación de la primera colonia agrícola del país, fundada en la localidad santafecina de Esperanza, el 8 de septiembre de 1856, los principales actos se realizaron en Olavarría, Resistencia, Concepción del Uruguay y San Nicolás.

Plan de lucha hasta el 10 de diciembre

Según los ruralistas, las movilizaciones forman parte de un plan de lucha más amplio que si no se retoma el diálogo con el Gobierno culminará el 10 de diciembre próximo, cuando asuman los legisladores elegidos el 28 de junio pasado.

Actividad de la Mesa de Enlace

Los presidentes de las entidades que integran la Comisión de Enlace resolvieron encabezar por separado las concentraciones. El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, orador principal del acto de Olavarría. Junto con él estará el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

En el acto de Resistencia, quien tendrá el papel protagónico será el líder de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi. Productores de esa entidad y autoconvocados marcharán desde distintos puntos del territorio chaqueño hacia la capital provincial.

En tanto, el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, asistirá al acto de Concepción del Uruguay, mientras que el presidente de Coninagro, Carlos Garetto, participará de la concentración que se efectuará en las cercanías de San Nicolás, en la que habrá una misa que estará a cargo del obispo Héctor Cardelli, responsable de la Arquidiócesis de San Nicolás.

Mensaje al Gobierno

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Luis Biolcati, se lamentó de que no haya “absolutamente nada” de diálogo con el gobierno nacional y se mostró escéptico sobre la voluntad negociadora del Poder Ejecutivo. No obstante, el dirigente, dijo que las entidades procurarán “acercar soluciones” al Gobierno.

Con información de La Nación

La iniciativa del gobierno de invertir en aviones no tripulados para hacer un control fiscal a los campos resulta incongruente a ojos de los ruralistas.

El sector agropecuario reaccionó ayer con duras críticas al proyecto del Gobierno de vigilar los campos con aviones no tripulados, como los que se usan para espionaje en zonas de conflicto armado. La iniciativa fue adelantada ayer y estará a cargo del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray.

“Nos enteramos, atónitos, de que el mismo gobierno que veta leyes para los damnificados por la terrible sequía, y que dice no tener fondos, va a destinar millones para utilizar la más moderna tecnología bélica con el único fin de controlarnos a nosotros, los productores. ¡Aviones que se usaron en Afganistán sobre nuestros campos! ¿Hasta tal punto nos consideran el enemigo?”, se preguntó Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural Argentina. El ruralista encabezó ayer el acto central de la exposición rural de Mercedes, en Corrientes.

El plan de los aviones

La idea de Echegaray consiste en filmar y fotografiar a los evasores en la Argentina, empezando por los productores rurales. Comenzaría a aplicarse a partir de 2010, con la contratación de un servicio tercerizado de captura de fotografías y videos aéreos y de vuelos para el seguimiento de objetivos.

Desde su cargo anterior en la Oncca, Echegaray fue el impulsor de una batería de controles administrativos que permiten al Gobierno regular las exportaciones agrícolas mediante la aplicación de autorizaciones de embarque que demandan varios días de trámites. El funcionario también había dejado a la Federación Agraria y a la Federación de Centros de Acopiadores sin un ingreso fundamental, al retirales la potestad para comercializar cartas de porte, un documento clave en el transporte de granos.

El director de la AFIP precisó que el plan podría comenzar a desarrollarse a partir de 2010 en dos fases. La primera, “contratando un servicio tercerizado de captura de fotografías y videos aéreos”, junto con “vuelos para el seguimiento de objetivos”, es decir, blancos móviles. En la segunda etapa, el gobierno compraría los aviones “si el servicio tercerizado genera el valor agregado en la recaudación”, aclaró.

El pliego de licitación se encuentra ya para revisión en la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI). Incluye doce rubros: la captura y el procesamiento de imágenes, la asistencia técnica y el servicio de análisis, entre otros.

En suma, un proyecto que podría abarcar cerca de 24 millones de hectáreas -lo que equivale a la mitad de la pampa húmeda- y la captura de videos específicos por sobre 3360 hectáreas.

“Cuando estaba en la Aduana, lo pensé para la lucha contra el narcotráfico y el ingreso ilegal de mercaderías. Pero desde que pasé a la Oncca y luego a acá [por la AFIP], empecé a ver su utilidad para el campo. Los productores no te dicen lo que producen, por lo que el control tributario se basa en estimaciones”, argumentó.

Los costos

20 millones de pesos cuesta el avión no tripulado Heron 1, que se usa en tareas de inteligencia y que construye una compañía estatal israelí que ya acercó un presupuesto al Gobierno.

Habría unas 12 empresas interesadas en participar de la licitación del servicio de supervisión aérea.

Respuestas de los ruralistas

“Yo haría [esta filmación] en los countries donde están los políticos, para ver si es que ellos pueden justificar las propiedades que tienen; acá hay algo raro”, arriesgó Néstor Roulet, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

El campo, que mañana celebrará el Día del Agricultor con concentraciones en varios puntos del país, también empieza a sospechar de la decisión del Servicio Nacional de Calidad y Seguridad Alimentaria (Senasa) de retirar la exclusividad que las sociedades rurales de cada pueblo mantenían en el combate contra la aftosa. Hasta ahora, esas rurales de base coordinaban la actividad de los vacunadores y percibían una comisión por ese servicio, que ahora quedó totalmente desregulado.

Operativo de la AFIP en Córdoba

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó ayer que detectó que el principal grupo empresario manisero de Córdoba, al que evitó nombrar, “estaría realizando operaciones a nombre de empresas inexistentes por montos que superarían los 50 millones de pesos en los últimos ejercicios comerciales”, según denunció el organismo recaudador en un comunicado. “La AFIP detectó la maniobra luego de realizar siete allanamientos en las localidades de General Cabrera y Carnerillo, en los que participaron cerca de un centenar de funcionarios de la Regional Río Cuarto”, destacaron.

Con información de La Nación

En un inesperado cambio de rumbo, la ex funcionaria de Binner y líder de Pampa Sur, María del Carmen Alarcón, se sumó al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y criticó el paro del campo.

El giro de la ex diputada del Frente Para la Victoria confirma que muchos funcionarios tienen un precio. Alarcón pasó de defender activamente el reclamo agrario a aceptar un cargo en la administración nacional en el que se desempeñará como secretaria de Integración Nacional.

“Quiero dejar atrás la apología del problema del campo. Terminar de hablar del problema y empezar a tratar de solucionarlo”, dijo Alarcón al tratar de explicar el inesperado cambio de bando.

El campo alerta y expectante

El presidente de la Sociedad Rural (SRA), Hugo Luis Biolcati, destacó el conocimiento de Alarcón de la problemática rural y consideró prudente “darle tiempo” para ver en qué se traduce su sorpresivo desembarco en el Gobierno.

“Tenemos que ver cómo se delinea la nueva secretaría, que hasta ahora es un gran misterio, y evaluar si va a servir para atender nuestros reclamos o si va a ser otra forma de vaciar la Secretaría de Agricultura”, planteó respecto de Secretaría de Integración Nacional, la dependencia que Aníbal Fernández creó a propuesta de la propia Alarcón y de la que la líder del grupo Pampa Sur quedará a cargo.

Biolcati advirtió: “Tenemos que esperar y ver con qué grado de autonomía se maneja y cuáles son sus atribuciones, porque si no le dan margen para moverse vamos a estar en la misma”.

Desde la Federación Agraria, Ulises Forte fue menos contemplativo y apuntó sin medias tintas contra el Gobierno. “Lo que pasó con Alarcón no me sorprende en lo más mínimo. Es una movida más dentro del reordenamiento del PJ. El Gobierno está resolviendo su interna con cargos”, lanzó en diálogo con este medio.

Alarcón intenta explicar el giro

Durante el conflicto entre el campo y el Gobierno, surgido en marzo del año pasado por la resolución que estableció las retenciones móviles, la ex diputada participó de decenas de manifestaciones en las rutas, e incluso estuvo procesada por la obstrucción de la ruta nacional 9, cerca de San Pedro, junto a otros dirigentes políticos, ruralistas y sociales.

En mayo de 2006, y tras oponerse a la política oficial de exportación de carnes, Alarcón había sido expulsada de la presidencia de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja.

“Esto es muy difícil -pasar de dirigente ruralista a funcionaria del Gobierno-. Para cualquier dirigente es muy riesgoso, lo que se puede perder es mucho, pero sigo confrontando o me paro desde otra posición y busco caminos para solucionar las cosas. No quiero profundizar más la polarización”, dijo Alarcón.

Para dejar en claro dónde está ubicada en la actualidad, Alarcón criticó ayer, por segundo día consecutivo, el paro de comercialización de granos y hacienda dispuesto por la Mesa de Enlace, por efectivizarse a partir de mañana. “No estamos para siete días de paro, más allá de que podamos respetar absolutamente las necesidades, decisiones y demandas de los dirigentes gremiales”, expresó Alarcón en declaraciones radiales, durante la tarde. “No tenemos que ir con diez problemas en un día, sino ir de a uno, dos o tres”, agregó.

La nueva Secretaría

La secretaría de Integración nacional fue creada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y asumiría funciones que antes competían a la secretaría de Agricultura. Otros dos integrantes de Pampa Sur, Miguel Saredi y Mariano Pinedo, también se sumarían al gobierno nacional en el futuro equipo de Alarcón.

Aníbal Fernández dijo que el Gobierno no se fijó si Alarcón era de otro partido o trabajaba con Binner. “La convocamos por sus conocimientos relacionados con el campo y porque nos satisfizo la propuesta que nos hizo -por la secretaría-, no por otro motivo”.

Gobierno de Binner sin reacción

Consultado por la decisión de la hasta ayer Secretaria de Integración Regional, el gobernador Binner expresó: “Toda actividad que signifique un beneficio a la democracia es buena”.

Pablo Javkin, presidente de ARI Santa Fe e integrante del Frente Progresista que apoya al gobierno de Binner, fue mucho más crítico. “Me parece absolutamente incoherente con la política del gobierno provincial en su relación con los sectores productivos. No hay excusa para disimular un acuerdo inexplicable”.

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, del cual dependía la Secretaría de Alarcón en la provincia, declaró sentirse “sorprendido” por la forma en que se manejó Alarcón. “Nunca me llamó, me enteré por los diarios. Tampoco sabíamos que le había llevado al gobierno nacional una propuesta para realizar lo que estaba haciendo en la provincia”, dijo el funcionario anoche.

Con información de La Capital y La Nación

En el que será el séptimo paro agropecuario en lo que va del mandato de la presidente Cristina Fernández Kirchner, a partir de mañana habrá decenas de concentraciones en distintos puntos del país y en algunos lugares habrá “control de cargas”, como llaman los ruralistas a la verificación de que los camiones que circulan no transporten granos ni hacienda.

La Federación Agraria anunció ayer que habrá “controles” en General Villegas, Ameghino, Lincoln, Firmat, Chabás, Maciel, Armstrong y Rufino, entre otras localidades. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) definirá hoy en 25 de Mayo su agenda de protestas durante el paro agropecuario.

Los presidentes de las cuatro entidades recorrerán el fin de semana varias provincias. Mario Llambías, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), estará en Misiones, Corrientes y Salta. Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, que no participó del anuncio del nuevo paro, que se extenderá hasta el 4 de septiembre, siguió su gira gremial por tierra bonaerense. Hugo Biolcati, de la Sociedad Rural, prepara otro discurso para la inauguración de la exposición de Mercedes, Corrientes.

El mercado también se prepara para el paro. Aunque tradicionalmente no se realizan operaciones los jueves, hoy se esperan en el Mercado de Liniers entre 6000 y 8000 vacunos. Ayer los precios reflejaron la proximidad de la medida de fuerza y subieron levemente. Además, sorpresivamente, los directivos de las principales empresas exportadoras de granos del país fueron convocadas de urgencia al despacho del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Con información de La Nación

Tras el veto de la emergencia bonaerense el sector agropecuario decidió la no comercialización durante 8 días y el regreso a las movilizaciones.

La Comisión de Enlace del campo convocó ayer a un nuevo paro agropecuario, el séptimo en lo que va del mandato de la presidenta Cristina Kirchner. La medida, que consistirá en el cese de comercialización de granos y ganado, comenzará pasado mañana y se extenderá hasta el viernes 4 de septiembre y es la respuesta del sector al veto del Poder Ejecutivo a la ley de emergencia que suspendió el pago de las retenciones o redujo las alícuotas en más de media provincia de Buenos Aires afectada por la sequía.

El ruralismo, que llamó a los productores agropecuarios a no cortar las rutas y aseguró que no habrá desabastecimiento de alimentos, también prepara movilizaciones en distintos puntos del país para el 8 de septiembre, fecha en que desde 1944 se celebra el Día de la Agricultura y del Agricultor. “Estamos canalizando institucionalmente el reclamo para evitar desbordes”, anunció el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati.

La intensidad de la medida de fuerza está ahora en manos de los productores, que en algunos puntos del país controlarán en las rutas el acatamiento al cese de comercialización. Hoy, en la localidad de 25 de Mayo, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) decidirá cómo llevará a la práctica la protesta. Carbap y la Federación Agraria fueron las entidades que más presionaron para convocar a un nuevo paro.

“Nosotros veníamos propiciando el espacio de diálogo, sin duda que algunos acontecimientos de la semana pasada y la publicación hoy del veto lamentablemente es la gota que rebalsó el vaso”, afirmó el presidente de Coninagro, Carlos Garetto, encargado de leer el comunicado oficial en el que se convocó al cese de comercialización.

“Finalizada esta etapa y durante la vigencia del plan de lucha, la Comisión de Enlace permanecerá en estado de sesión permanente para evaluar y definir los pasos a seguir”, agregó Garetto, que estuvo acompañado por Biolcati y el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías. El líder de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, no participó de la reunión porque se encuentra de “gira gremial” por la provincia de Buenos Aires. Anoche encabezó una asamblea de productores en la localidad de El Triunfo. “Estamos en los albores de una nueva [resolución] 125. No sé si [la reacción] va a ser superior a la del año pasado, pero va a ser muy similar”, alertó desde allí.

En representación del ruralista estuvieron los dos vicepresidentes de la entidad (ambos diputados nacionales electos por la UCR), Pablo Orsolini y Ulises Forte.

Llambías dijo desconocer si el Gobierno tiene en estudio una suba de 5 a 10 puntos en las retenciones a las exportaciones de soja, versión que circuló con fuerza en los últimos días. “Si es así, en su momento se verá. Ahora no tenemos ninguna información de que esto sea cierto”, afirmó.

El ruralismo dejó a un lado las diferencias ideológicas y cerró filas contra la política del Gobierno para el sector. La Federación Agraria, incluso, rechazó el tratamiento en el Congreso de un proyecto de ley de arrendamientos agrarios que orginalmente impulsaba. “Es una chicana política para dividir a las entidades”, afirmó Orsolini.

Con información de La Nación

Tras el veto del Ejecutivo a la ley de emergencia agropecuaria, el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, amenaza con nuevo paro agrario para “los primeros días de septiembre”.

El Gobierno confirmó ayer el “veto total” de la ley que suspende la aplicación de retenciones a gran parte de los productores agropecuarios bonaerenses, y profundizó la tensión con la cúpula de la dirigencia rural y los líderes de la oposición.

“La ley es pésima y deja huecos por todos lados”, se quejó ayer Aníbal Fernández. El jefe de Gabinete hizo pública, a primera hora, la decisión del matrimonio presidencial. “En ninguna condición uno puede aceptar un proyecto de estas características, que sabe cómo empieza y nunca cómo termina”, justificó, en declaraciones radiales. Y terminó la entrevista con una frase terminante: “El veto será total”.

En la Casa Rosada culpan por el “error” a los legisladores oficialistas. “No quiero hacer calificaciones de lo sucedido en el Congreso. Sabrán cuáles son las razones y por qué se llegó al punto al que se llegó, pero tengo muy claro que la norma es de muy mala factura y nos obliga a vetarla”, insistió ayer Fernández.

El Gobierno considera inadmisible el texto de la ley de emergencia agropecuaria que el Congreso aprobó la semana pasada por unanimidad y que eliminaba el pago de las retenciones a la producción en 22 partidos bonaerenses, y otorgaba una rebaja del 50 por ciento para otros 15 distritos afectados por la sequía. Implicaría una exención cercana a los 3000 millones de dólares. En despachos oficiales sostienen que esa medida sólo beneficia a los acopiadores y exportadores, y no a los productores.

“Nueva agresión”

La dirigencia rural tomó la decisión como “una nueva agresión”. El presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, habló de “disparate”. El presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, lo consideró una “afrenta”. El jefe de Coninagro, Carlos Garetto, dijo que el veto será “un error político grave”. La Comisión de Enlace ayer le envió una carta a Cristina Kirchner para que reviera la decisión (de lo que se informa por separado).

Buzzi, anticipó hoy que en la reunión de esta tarde de la Mesa de Enlace se resolverá “un paro de producción y comercialización” en el campo para “los primeros días de setiembre” y “una gran movilización al Congreso” el 10 del mismo mes.

La Mesa de Enlace tiene previsto reunirse esta tarde, a las 15, en la sede que la Sociedad Rural Argentina (SRA) posee en Palermo.

Se espera la participación de los titulares de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi; Sociedad Rural, Hugo Biolcati; Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías; y Coninagro, Carlos Garetto.

Ley de arrendamiento

Por otra parte, Buzzi consideró que el proyecto de ley de arrendamientos que se tratará en el Congreso toma como base al elaborado por la FAA pero que “está descuartizado”, por lo cual consideró que “no podemos salir a apoyarlo”, aunque admitió que su contenido es mejor que la legislación que rige actualmente sobre ese tema.

Con información de La Nación y La Capital

La sesión clave en la Cámara Alta será mañana y, los representantes rurales ya estuvieron conversando con los legisladores de la oposición para evitar la sanción del proyecto.

El dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo De Angeli, amenazó a los senadores con volver a las rutas si mañana convierten en ley la prórroga de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que incluye la posibilidad de fijar alícuotas de retenciones a la exportación de granos.

El dirigente, junto al presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, recorrieron ayer los despachos de los senadores opositores para acordar una estrategia común tendiente a evitar lo que parece una segura aprobación de la prórroga, tal como llegó de la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción.

Si bien dentro de la mesa de enlace agropecuaria no hay acuerdo sobre la decisión de impulsar medidas de fuerza si se aprueba la delegación de facultades, Buzzi y De Angeli advirtieron que existe malestar entre los productores. “Yo no quisiera volver al corte de ruta”, dijo el entrerriano, quien no obstante adelantó que los militantes agropecuarios se concentrarán en las banquinas para vigilar la sesión de mañana en la Cámara Alta.

La presión del ruralismo sobre los senadores llegó incluso a los aliados del reutemismo. El presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Hugo Iturraspe, calificó de “traidora” a la senadora santafesina Roxana Latorre por haber firmado, aunque en disidencia total, el despacho del oficialismo favorable a la prórroga de las facultades delegadas, en la comisión de Asuntos Constitucionales.

En el bloque oficialista de la Cámara alta se da por hecho que mañana contará con los votos necesarios para convertir en ley el proyecto que ya tuvo media sanción en el Senado, que entre otras cosas prorroga la facultad del Ejecutivo de fijar la alícuota de retenciones por un año más.

La bancada justicialista se reunirá hoy para reagrupar fuerzas. El kirchnerismo cuenta como sufragios asegurados los de tres patagónicos que en la sesión de las retenciones móviles del 17 de julio de 2008 contaron en contra. Se trata del neuquino Horacio Lores y de los fueguinos José Martínez y Mario Rosa Díaz. Estos últimos están interesados de que, a cambio, el oficialismo apruebe el proyecto de impuesto a los productos electrónicos importados.

El oficialismo tendría los votos necesarios

Según fuentes tanto del justicialismo como de la oposición, el oficialismo estaría al menos “tres o cuatro senadores” arriba de los 37 que necesita como mínimo para aprobar el proyecto.

La certeza de una derrota en su plan de trabar la delegación de facultades motorizó a los dirigentes agropecuarios a redoblar su presión sobre el Senado, incluso con la amenaza de reanudar las medidas de fuerza.

Con información de La Capital

Con aportes de los productores del 2 por mil de sus ventas de granos, se constituirá el  “Fondo Federal Agropecuario” para respaldar la actividad de la Mesa de Enlace.

Desde el ruralismo estiman que tendrán unos 20 millones de dólares para que los representantes de los productores agropecuarios encaren lo que estiman serán dos años más de enfrentamiento con el gobierno nacional por los problemas de su sector.

Con ese objetivo, el ruralismo creó el Fondo Federal Agropecuario, un fideicomiso que administrarán la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

El presidente de la Rural, Hugo Biolcati, lo anunció en la Exposición de Palermo, “La voluntad permanente de colaborar que recibimos en la Comisión de Enlace nos llevó a crear el Fondo Federal Agropecuario, que permitirá impulsar y sustentar con cada venta la tarea patriótica y transformadora que el campo lleva adelante”.

Funcionamiento

El proyecto de las cuatro entidades es relativamente sencillo: todos los productores que no se expresen explícitamente en contra aportarán el 2 por mil de cada venta primaria de granos a un fideicomiso. La recaudación estará en manos de la Federación de Centros de Acopiadores de Granos, que por su servicio percibirá un quinto de lo percibido. La cifra de 20 millones de dólares supone que sólo el 30% de los productores aceptará aportar al fondo. Otras fuentes prevén que de tener éxito la convocatoria agropecuaria la cifra podría duplicarse.

Con excepción de la SRA, cuyas finanzas se apoyan en la explotación del predio ferial de Palermo y en la administración de los registros genealógicos, las arcas de las demás entidades no son exuberantes. La FAA -al igual que la Federación de Centros de Acopiadores- perdió su principal fuente de financiamiento cuando el Gobierno le retiró la comercialización de las cartas de porte, un documento obligatorio para el traslado de granos.

En Coninagro, en la práctica, las cuentas las paga la federación de cooperativas que ocupa circunstancialmente la presidencia, que actualmente está a cargo de Carlos Garetto, un hombre de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), una de las mayores empresas exportadoras de capital nacional. La situación menos holgada es la de CRA, que depende para su funcionamiento de lo que aporten las 13 federaciones de sociedades rurales que la componen y de la generosidad de un grupo de empresas que, además de aportar, funcionan como una suerte de consejo asesor. El presupuesto de CRA no superaría los 100.000 pesos mensuales.

Las entidades con una estructura institucional más grande son la Rural y la Federación Agraria, aunque esta última debió recortar personal y gastos cuando el jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, le retiró la atribución de comercializar cartas de porte.

Objetivos del fondo

Los fondos recaudados serán destinados a financiar las actividades de sus principales dirigentes, que ahora dependen de los fondos que manejan sus propias entidades. También para crear un instituto de investigaciones, una suerte de think tank agropecuario que sirva de apoyo para los once agrolegisladores que asumirán sus cargos en diciembre próximo.

Aunque es un acuerdo entre privados, el Fondo Federal Agropecuario tiene inspiración en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), un ente público no estatal que se financia con un impuesto a la venta directa de hacienda y tiene un presupuesto anual de 18 millones de pesos.

“Cuando recorremos el país, los productores nos dicen que busquemos una forma de aporte para contar con equipos técnicos y una comunicación más importante, y ahora hemos encontrado el mecanismo”, afirmó Llambías, presidente de CRA. Hacia el interior de las entidades, el objetivo se describe de manera más llana: “Es plata para hacer política gremial”, sostienen.

Campaña contra diputados oficialistas

Como en los días del conflicto por las retenciones móviles, productores autoconvocados comenzaron una campaña de rechazo a los diputados que votaron en favor de la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Editaron un afiche, que se distribuye por correo electrónico, en el que se muestran las caras y los nombres de los diputados oficialistas y aliados con una leyenda que dice: “Estos son los que están en contra de la producción y a favor de la pobreza”. Y, más abajo se lee: “Traidores”. Son cinco afiches diferentes para la Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa.

Ley de contratos rurales

La Cámara de Diputados avanzará en los próximos días en una nueva ley de arrendamiento rural, una iniciativa largamente reclamada por la Federación Rural, pues establece cláusulas que protegen al pequeño y mediano productor y procura evitar la concentración excesiva de la tenencia de la tierra por medio de fondos de inversión, fideicomisos, pooles de siembra y otras formas indirectas de la propiedad rural.

El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, Alberto Cantero (Frente para la Victoria-Córdoba), convocará a los distintos bloques a apurar el tratamiento de este proyecto, que ya tiene dictamen de comisión y está listo para ser discutido en el recinto.

El proyecto, impulsado por el bloque Solidaridad e Igualdad (SI), que preside Eduardo Macaluse, cuenta con el apoyo del oficialismo y, con algunas disidencias, del socialismo y la UCR. En cambio, Pro anticipó su rechazo.

Con información de La Nación