Logró un predictamen de una de las comisiones, aun no cuenta con los apoyos suficientes para imponerse en la votación.

Con el apoyo de sólo seis de los 31 diputados que la integran, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitió ayer un predictamen favorable a un proyecto de ley que propone la legalización del aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo.

La decisión significó el primer paso concreto hacia la legalización del aborto. Pero los pormenores de la reunión dejaron al descubierto las dificultades que deberá superar la iniciativa para llegar al recinto antes de fin de año.

Para empezar, el despacho deberá obtener predictámenes de otras dos comisiones de la Cámara baja: las de Familia y de Salud, presididas por Claudia Rucci (Peronismo Federal) y por Antonio Morante (Frente para la Victoria), respectivamente. Ninguno de los dos mostró hasta el momento intenciones de agilizar el tratamiento del proyecto.

Si, como es previsible, el debate quedara para el año próximo, caería el predictamen dictado ayer y el proceso volvería a punto cero. Entonces, se tornaría decisiva la postura que adopte el kirchnerismo, dado que tendrá mayoría en ambas cámaras.

Sin apoyo kirchnerista

Diana Conti fue la única integrante del bloque del Frente para la Victoria que estampó ayer su firma (en disidencia) en el proyecto que cuenta con el apoyo de cincuenta diputados de todas las bancadas y que fue elaborado por la “Campaña de aborto legal, seguro y gratuito”, promovida por diversas organizaciones no gubernamentales. Los restantes once kirchneristas que conforman la comisión ni siquiera dieron quórum para el tratamiento de la iniciativa. La propia Conti afirmó que el tema “no está en la agenda del Poder Ejecutivo Nacional”. La presidenta Cristina Kirchner manifestó varias veces su oposición a la legalización del aborto.

Los otros cinco firmantes del dictamen fueron Victoria Donda, Horacio Alcuaz (ambos del Frente Amplio Progresista), Claudia Gil Lozano (Coalición Cívica), Rubén Lanceta (UCR) y Jorge Rivas (Nuevo Encuentro), aunque él no estuvo presente y por lo tanto su firma era anoche objetada.

El debate fue convocado por el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica). El diputado firmó en soledad su propio predictamen, que apunta sólo a asegurar la aplicación de las excepciones previstas en el artículo 86 del Código Penal, para los casos de mujeres dementes, violación o peligro para la vida de la madre.

El debate

La discusión se extendió por tres horas y estuvo marcada por la presencia de distintos grupos, en su mayoría de mujeres, que, en respaldo o rechazo de la iniciativa, coparon la sala donde se llevó adelante el debate. La misma confrontación se produjo en las puertas del Congreso, donde la policía cortó el tránsito y separó a los manifestantes con vallas.

“Aunque el dictamen no llegue al recinto este año, como gesto, estamos dispuestos a firmarlo”, dijo Vilma Ibarra, una aliada del oficialismo. “¿Alguien piensa que con seis firmas de 31 esto va a llegar al recinto?”, agregó. La postura de la diputada, que no firmó el dictamen porque no es parte de la comisión, resume la sensación que se llevaron ayer varios de los impulsores de la iniciativa: el predictamen aprobado ayer tiene un valor más gestual que real.

A favor de la despenalización

Encargada de fundar el proyecto que obtuvo dictamen, Cecilia Merchán (Libres del Sur) planteó que el tema debe ser entendido como una cuestión de salud pública. “La clandestinidad de los abortos trae consecuencias para todas las mujeres, pero en especial para las que son pobres y jóvenes”, sostuvo. Detalló, además, con cifras que compartieron todos los diputados, que en la Argentina se practican más de 400.000 abortos por año y que mueren entre 80 y 100 mujeres en esas operaciones.

En contra de la despenalización

Una de las que se manifestaron en contra del proyecto fue la diputada Cynthia Hotton (Valores para mi País), que sostuvo que la solución del problema es la creación de un sistema de contención integral de las mujeres embarazadas. “La interrupción del embarazo es matar al niño por nacer”, dijo.

Con información de La Nación

La Federación Agraria, autora intelectual hace muchos años del reclamo para que se pongan límites a las compras de campos por parte de extranjeros, presentó ayer al Congreso su propio proyecto de ley sobre el asunto , mucho más ambicioso que el redactado por el Gobierno. También reclamó que se ponga en marcha la Comisión Bicameral encargada de investigar una maniobra de las exportadoras de granos para eludir el pago de retenciones en 2007.

“Se está hablando de una Ley de Tierras como un título rimbombante. Pero se están tratando solo aspectos parciales y de manera muy mezquina”, evaluó Eduardo Buzzi, titular de la entidad, al dejar en la mesa de entrada su propio proyecto de ley, que además de imponer límites a la compra de campos por extranjeros propone otra serie de medidas, como la creación de un Instituto de Colonización y un Banco Nacional de Tierras, que promueva la “democratización” de ese bien y facilite el arraigo de pequeños y medianos productores.

La delegación de FAA se reunió con representantes de diferentes bloques de la oposición, como la UCR y el Socialismo, para evaluar el tema. Ayer también trató el asunto la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero sin grandes avances por falta de quorum.

Grandes cerealeras

Buzzi, además, presentó cartas a las autoridades del Congreso, para que cumplan con la convocatoria de la Bicameral creada en 2008 que debía analizar supuestas maniobras de las grandes cerealeras para eludir el pago de retenciones retroactivas por 1.800 millones de dólares. La fuga de ese dinero fue posible por la inacción de la ex ONCCA y la Aduana, en ambos casos a cargo de Ricardo Echegaray; y una sucesión extraña de fallos judiciales de una cámara federal.

“En 2008 este Congreso dictó una ley, la 26.397, por la que tendría que haber funcionado por 90 días una Comisión Bilateral que investigue las irregularidades en el comercio de granos. En ese tiempo algunas cerealeras se beneficiaron realizando operaciones que derivaron en negocios fenomenales para unos pocos”, sostuvo Buzzi.

Y recordó: “A pesar de la vigencia de la ley no se convocó a esta comisión hasta que en diciembre de 2010. Lamentablemente, esa convocatoria no tuvo quórum, y luego de eso no se volvió a citar en otra oportunidad”.

Con información de Clarín

El índice del Congreso demostró que el aumento fue del 1,87% el mes pasado, según el promedio de consultoras que presentan diputados opositores.

Por tercera vez consecutiva, la oposición parlamentaria se convirtió en vocero de las consultoras privadas que fueron censuradas por el Gobierno para difundir el índice de inflación que elaboran. Según informaron ayer en rueda de prensa legisladores de distintos bloques, la inflación de agosto alcanzó el 1,87%, lo que muestra una leve aceleración respecto del índice del mes anterior, que fue del 1,62%.

Esta cifra, que resulta de un promedio de cálculos que elaboró un grupo de consultoras privadas, se dio a conocer dos días antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunda el índice oficial. Si bien se desconoce ese resultado, se estima que el dato privado lo duplicaría, si es que el Indec se mantiene entre 0,7 y 0,8% que alternó en los últimos 16 meses.

Los legisladores precisaron que la inflación de agosto refleja la suba de precios que registran las provincias cuyos institutos estadísticos no fueron intervenidos por funcionarios que responden al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, como lo fue el Indec. Indicaron, además, que el índice acumulado anual alcanza el 23,6%.

“La Argentina ostenta la segunda inflación más alta de la región, detrás de Venezuela, que ya alcanza el 30% anual. Todos los demás países de América latina tienen índices inflacionarios por debajo del 6%, es decir, cuatro veces inferiores. Esto demuestra que es posible crecer sin inflación”, enfatizó el diputado Eduardo Amadeo (Peronismo Federal).

Sin presencia del FAP

En la conferencia de prensa participaron, además de Amadeo, los diputados Patricia Bullrich (Coalición Cívica), Paula Bertol (Pro), Ricardo Gil Lavedra (presidente de bloque de la UCR), Fernando Iglesias (Coalición Cívica) y Gustavo Ferrari (Peronismo Federal). No participaron representantes del Frente Amplio Progresista (FAP), que lidera el socialista Hermes Binner.

“El nuevo índice general de precios es brindado por nosotros, ya que el Gobierno persigue a las consultoras privadas encargadas de su cálculo -sostuvo Gil Lavedra al iniciar la conferencia de prensa-. De esta manera, estamos defendiendo la libertad de expresión e informando a la sociedad qué es lo que pasa en materia inflacionaria, ante la ausencia de un instituto responsable, como debería ser el Indec.” Precisamente, ayer por la noche un cable de la agencia oficial Télam informó que la fiscal que actúa en las causas iniciadas por Moreno contra los consultores Melconián & Santángelo y Orlando Ferreres “dio curso formal a la querella presentada” por el funcionario.

Por su parte, la diputada Bullrich advirtió que la inflación de agosto calculada según las consultoras privadas “representa el doble de lo que señala el Gobierno”.

“No es nuestra intención competir, sino que buscamos que la inflación sea vista como un problema, de modo de tomar las medidas adecuadas para solucionarlo”, enfatizó Bullrich.

Al unísono, los legisladores advirtieron que la suba inflacionaria golpea con mayor dureza a los más pobres, hasta tal punto que, acotó Amadeo, la pobreza alcanza el 20% de la población, y la indigencia, al 10%, según un relevamiento de la Universidad Católica Argentina. Al subestimar el costo de vida, el Indec considera que más gente tiene ingresos suficientes para cubrir la canasta básica.

“La asignación universal por hijo, que días atrás el Gobierno anunció que aumentaba a 270 pesos, tendría que estar en 300 pesos para recobrar el poder adquisitivo que tenía cuando se lanzó”, sostuvo Ferrari.

“Estos índices de inflación se están comiendo el dólar competitivo de la primera etapa del kirchnerismo, y eso se ve reflejado en la fuga de capitales. Significa menos inversiones y menos trabajo para los argentinos”, continuó Bertol.

“Vamos a seguir haciendo esto [la difusión del índice privado de inflación] todos los meses, hasta que el Gobierno se decida a reconocer que la inflación es un problema serio, que la Argentina necesita tener estadísticas públicas confiables y, de una vez por todas, se pueda normalizar la situación del Indec”, concluyó Gil Lavedra.

Con información de La Nación

Un grupo de diputados nacionales de la oposición anunciará hoy el índice de inflación del mes de agosto elaborado por las consultoras privadas.

Este índice comenzó a ser difundido en mayo último por los legisladores opositores luego de que el Gobierno aplicara multas a las consultoras por “difundir y opinar sobre la inflación”, recordaron en un comunicado los bloques opositores.

El anuncio de la inflación de agosto confeccionado por esas empresas privadas lo realizarán los diputados Patricia Bullrich (Coalición Cívica); los radicales Silvana Giudici y Ricardo Gil Lavedra; Gustavo Ferrari y Eduardo Amadeo, del Peronismo Federal, y los macristas Paula Bertol y Federico Pinedo.

El acto se realizará a las 15 en la sala José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados de la Nación.

En julio último los legisladores de la oposición anunciaron que el índice de costo de vida elaborado por ocho consultoras arrojó un incremento del 1,62%, contra el 0,8 que arrojño el Indec.

Un grupo de ocho consultoras eligió este mecanismo de difusión por la vía parlamentaria del índice inflacionario para evitar sanciones por parte de la Secretaría de Comercio Interior. Por tercer mes consecutivo, los datos discrepan con los que informa el Indec. El índice de agosto que se dará a conocer hoy en el Congreso también diferiría de lo que dice el Indec.

Con información de La Nación y Clarín

Cristina Fernández de Kirchner adjudicó a su propia gestión la victoria electoral del domingo. En una conferencia de prensa relativizó su convocatoria a la oposición del día anterior. “Los acuerdos se hacen en el Congreso”, dijo.

Convocó a una conferencia de prensa después de 556 días desde la última vez que se expuso a preguntas. Con el nuevo tono moderado y conciliador que ensayó antes de las elecciones, la jefa del Estado anticipó, además, que habrá escasos actos de campaña y que hasta los comicios generales del 23 de octubre se concentrará en mostrar el día a día de la gestión.

“La sociedad votó una gestión de gobierno que viene desarrollándose desde el año 2003, con errores, con aciertos, con marchas y contramarchas. Es también un reconocimiento al trabajo y a la gestión”, se plantó Cristina ante la primera pregunta de las cinco que aceptó contestar, en una suerte de análisis de situación.

A pesar de que en la noche de su triunfo había reiterado varias veces la necesidad de hacer una convocatoria a todas las fuerzas políticas, y había pedido “unidad”, ayer acotó el diálogo al ámbito del Congreso y cerró la puerta a eventuales reuniones con los partidos políticos de la oposición.

Entre las pocas definiciones que dio, contó que no cambiará su estrategia de campaña. Después del 50% de los votos que obtuvo y la abismal diferencia con sus competidores, quedó claro que Cristina no hará grandes retoques. “Para mí no hay mejor campaña que trabajar, sobre todo cuando uno tiene responsabilidades institucionales. Eso es lo que la gente espera: trabajo, esfuerzo, y ése es el camino que vamos a seguir”, anticipó.

La jefa del Estado negó que estuviera en sus planes reunirse con la dirigencia opositora. “Uno de los ámbitos donde deben realizarse los diálogos y los acuerdos es el Parlamento, donde están representadas todas las fuerzas políticas”, planteó ante la consulta de cómo llevaría adelante, y sobre qué temas, el llamado que había hecho la noche anterior.

Ley de tierras

Cuando habló sobre la necesidad de acuerdos en el Congreso, reclamó que se debatiera una nueva ley de tierras después de que el Gobierno presentara un proyecto en abril pasado. “Apuremos el tratamiento. Es importante para demostrar a la sociedad, a los sectores productivos y al mundo la idea que las fuerzas políticas en la Argentina tenemos acerca de un recurso estratégico y vital, como es la tierra”, exigió.

A pesar de la escasa participación del sindicalismo en las listas de candidatos y una tensa relación que la une al líder de la CGT, Hugo Moyano, Cristina les envió un guiño tanto a los gremios como a los empresarios. Dijo que ratificará el rumbo en materia social y que seguirá convocándolos y reuniéndose con ambos sectores.

Tampoco se privó de hablar de la crisis internacional. “Somos un modelo que están mirando, porque lo que está pasando en el mundo se parece mucho a la Argentina del año 2001″, festejó. Tampoco anticipó cambios sobre el pago de la deuda. “

Con información de La Nación

Ante el afán gastador del Gobierno, que ya sobrepasó lo autorizado en 2010, el congreso comenzó a discutir la creación de una oficina de presupuesto para hacer un seguimiento de los fondos públicos.

El Gobierno nacional ya gastó 100.000 millones de pesos más que los fondos autorizados por el Parlamento el año pasado. Como consecuencia, la Comisión de Presupuesto y Hacienda sesionó ayer y trató la iniciativa, impulsada, con matices, por varios bloques de la oposición y del propio oficialismo, para crear una oficina de control.

Los legisladores, que juran que el Gobierno aún no envió el adelanto del presupuesto 2012 que tenía que haber ingresado a fin de junio, prometieron limar las diferencias entre los proyectos de Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica), Jorge Triaca y Federico Pinedo (Pro), junto con algunas ideas de Gustavo Marconato, del Frente para la Victoria; Miguel Giubergia, del radicalismo, y Eduardo Amadeo, del peronismo federal, entre otros.

Marconato, presidente de la comisión (que sólo sesionó tres veces desde enero), les dijo ayer a sus pares que el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, se comprometió a enviar los lineamientos del presupuesto 2012 “en el corto plazo”.

El legislador jujeño cree que sería una buena idea reflotar el proyecto para crear una oficina de presupuesto bicameral en el Congreso, tal como lo pensaron hace unos diez años los especialistas Oscar Lamberto (PJ) y Raúl Baglini (UCR). Sin embargo, expresó poco optimismo sobre la posibilidad de sancionarlo este año electoral, en el que varios legisladores del oficialismo terminan su mandato.

“Sería importante hacerlo para que no pasaran cosas como en mi provincia (en referencia al enfrentamiento que provocó cuatro muertes, con la ocupación de tierras y la posterior represión de la policía jujeña la semana pasada), por el manejo discrecional de fondos; la oficina puede ser un buen ámbito para evitar que el Ejecutivo gobierne sin control de los fondos de la sociedad, como ocurrió este año”, indicó.

¿Cómo sería la oficina de control?

Estaría integrada por personal técnico designado por concurso y su misión sería asesorar a los legisladores tanto en el análisis de la aprobación del presupuesto como en su ejecución posterior. Prat-Gay dijo que “los legisladores no cuentan con las herramientas necesarias para la discusión del presupuesto”. Para el ex presidente del Banco Central y los legisladores Federico Pinedo, Jorge Triaca y Paula Bertol, de Pro, sería importante que la oficina sea un órgano descentralizado del Congreso.

En cambio, en el oficialismo prefieren un organismo con un poder más acotado, comentó un asesor de Marconato. Ayer, el diputado pidió “consensuar” los diferentes proyectos y debatirlos el 24 de este mes, pensando que seguramente a mediados de septiembre ya no habrá más sesiones en vísperas de las elecciones presidenciales.

Prat-Gay indicó que, si funcionara la oficina, “el oficialismo no habría podido usar la excusa de falta de fondos para rechazar el 82% móvil” para todos los jubilados, tal como pretendía casi toda la oposición.

Además, citó el ejemplo de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos como un modelo a seguir.

Presupuesto

“La Oficina del Congreso de Estados Unidos (CBO) preparó esta semana un informe contra reloj para que ambas cámaras discutieran las implicancias fiscales a 10 años del acuerdo bipartidario alcanzado. Acá no pudimos acordar el presupuesto de 2011 porque el cálculo de recursos presupuestarios del oficialismo era inferior en 50.000 millones de pesos al cálculo de la oposición”, disparó Prat-Gay.

Triaca indicó en su proyecto que el Congreso “debería cumplir un rol clave en la definición de las grandes prioridades de gasto, aunque en la práctica se aprueba casi a libro cerrado el proyecto que año a año envía el Ejecutivo, o a lo sumo incorpora nuevos fondos para atender temas específicos de una determinada provincia o zona”.

Apoyo de los expertos

El presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), Marcó Makón, expresó un entusiasta apoyo a la discusión parlamentaria para crear esta oficina. ASAP está integrada por funcionarios y ex funcionarios del área de Hacienda.

“Revalorizaría el rol del Congreso, que no tiene autonomía de análisis para debatir el presupuesto, y ayudaría al Ejecutivo a tener una discusión técnica mejor, más allá de la decisión política que luego adopte”, explicó el especialista.

Desde 2003, el Gobierno envía en forma anual proyectos de presupuesto con un cálculo de crecimiento económico inferior al real para poder gastar los recursos adicionales en forma discrecional.

Con información de La Nación

El Congreso volvió a difundir su índice de inflación: 1,5% en junio. El dato contrasta contra el 0,7% arrojado por el INDEC.

Mostrando un pequeño cartel, con la foto del secretario Comercio, Guillermo Moreno rodeado de frutas y verduras, debajo de la palabra “censurado”, los legisladores de la oposición difundieron ayer en el Congreso su propio dato de inflación de junio. En rigor, es el promedio de las estimaciones de las consultoras privadas, que calcularon una suba del 1,52% para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado.

Inflación acumulada

En una conferencia de prensa que ofrecieron en el anexo del Congreso, los legisladores informaron, además, que la inflación acumulada en el último año es del 23,6% según este índice alternativo. El INDEC dará a conocer recién el jueves esta información.

Esta es la segunda vez que los legisladores muestran el “IPC Congreso”, que resulta de las mediciones que hacen consultoras privadas multadas por el Gobierno por, supuestamente, no dar información veraz o con suficiente fundamento sobre la evolución inflacionaria. El mes pasado, la suba de los precios -según los privados- fue del 1,5%, cuando para el organismo oficial resultó el 0,7%.

Los datos que mostraron los legisladores, liderados por la diputada de la Coalición Cívica (CC), Patricia Bullrich, se orientaron a mostrar cómo fueron distorsionadas las cuentas oficiales a partir de que la Secretaría de Comercio intervino el INDEC en enero de 2007. En este sentido, precisó que, entre esa fecha y mayo de 2011, las consultoras mostraron una inflación acumulada del 130,3%, mientras que los entes públicos provinciales arrojaron un 129,4% y el INDEC apenas el 44,4%.

Conferencia de prensa

En la conferencia de prensa estuvieron presentes, además de Bullrich, Fernando Iglesias (CC); Eduardo Amadeo y Gustavo Ferrari (Peronismo Federal); Silvana Giúdici y Elsa Alvarez (UCR); Federico Pinedo y Paula Bertol (PRO) y Cinthia Hotton (Valores para mi país).

Denuncia penal

Casi todos los legisladores, hicieron fuertes críticas a la política oficial y también destacaron la gravedad de que el Gobierno intente disuadir los cálculos de las consultoras privadas. Particularmente, los legisladores consideraron “peligrosa” la forma en que el Gobierno “avanzó” la semana pasada sobre el economista Carlos Melconian, a quien la secretaría de Comercio denunció penalmente.

Daño al país

Silvana Giúdici, ratificó que la oposición seguirá difundiendo los índices de inflación alternativos a los informados por el INDEC porque, destacó, “esta es la Argentina de la censura, la Argentina de la mentira” para ocultar la evolución inflacionaria. “De esta manera, el Gobierno no hace más que promover la pobreza”, opinó Amadeo. En tanto Bullrich opinó: “Esto le está haciendo mucho daño al país”. Y agregó que “este mes fue el período en el que se fue más dinero del país: unos 3.000 millones de dólares”, dijo.

Para que Marcó del Pont de explicaciones

Por otra parte, el presidente del bloque PRO, Federico Pinedo, anunció la presentación de un proyecto para obligar a concurrir a la Cámara Baja a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marco del Pont, para explicar la política monetaria. Sobre este tema, Pinedo sostuvo que la entidad “emitió un 40% de moneda más que en 2010” y que, por eso, mediante un proyecto de ley esperan forzar la asistencia de Marcó del Pont al Congreso para que pueda explicar qué pasó.

Finalmente, Bullrich indicó que el arco opositor impulsará una sesión de la Cámara de Diputados para la semana que viene para considerar el proyecto para regularizar en INDEC que devolvió revisado el Senado.

Resta solo un mes para el fin de las sesiones ordinarias y la oposición deberá resolver proyectos vitales. El presupuesto 2011 será el tema prioritario, pero también esperan su turno el Consejo de la Magistratura y los superpoderes.La muerte de Néstor Kirchner generó incertidumbre sobre la agenda parlamentaria de aquí a fines de mes, cuando terminará el período de sesiones ordinarias, luego de lo cual el Congreso sólo podrá debatir los proyectos que habilite el Poder Ejecutivo.La oposición, entre hoy y mañana celebrará, en ambas cámaras, reuniones entre sus máximos referentes para definir cómo continuará su estrategia legislativa.Por lo pronto, la única certeza en la oposición es su pretensión de avanzar con el debate del proyecto de presupuesto 2011. “Tenemos que emitir dictamen cuanto antes, porque si no, no llegamos a tratarlo antes del fin del año parlamentario”, afirmó el jefe del bloque de diputados de Pro, Federico Pinedo (Capital). “El presupuesto es la prioridad”, confirmó su par de la bancada radical de la Cámara alta, Gerardo Morales (Jujuy).Temas de la agenda legislativaPinedo también confirmó la intención de avanzar pasado mañana con dos temas que calificó de “urgentes”: la modificación del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias y una nueva suspensión de las ejecuciones hipotecarias.”Creo que estos temas son urgentes y deberían tratarse en la sesión especial prevista para el miércoles”, explicó el líder de Pro en la Cámara baja.

Sin embargo, el resto de la agenda legislativa podría quedar supeditado a una suerte de tregua unilateral ante la delicada situación personal, y por ende política, que atraviesa la presidenta Cristina Kirchner tras el deceso de su esposo. Eso sí, dependerá de la actitud que tome el Poder Ejecutivo, advierten.

Tregua en el Senado

En el caso de la Cámara alta, esta suerte de tregua se traducirá en una “sesión no conflictiva”, convocada para pasado mañana, la cual también serviría para rendirle el lógico tributo de todo el arco político con representación parlamentaria al ex presidente fallecido el miércoles último.

Mientras tanto, y hasta que haya una definición sobre el futuro de la estrategia parlamentaria, la idea de la oposición en la Cámara alta es avanzar con la firma de los dictámenes en dos de los temas que más interesan al arco opositor del Senado.

Se trata de la modificación del Consejo de la Magistratura -el oficialismo perdería su poder de veto si se aprueba- y la eliminación de los denominados “superpoderes”, que le permiten al Poder Ejecutivo modificar el presupuesto mediante el uso de decretos de necesidad y urgencia.

Ambos despachos serían firmados mañana, en sendos plenarios de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y de Asuntos Penales (Consejo de la Magistratura), y de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales (”superpoderes”), respectivamente.

En la Cámara baja, en tanto, la consideración del impacto que la muerte de Kirchner provoca en el oficialismo podría traducirse en la postergación de algunos proyectos como la normalización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la reforma de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), los que podrían ser postergados hasta marzo próximo.

El primero de los proyectos cuenta con aprobación del Senado, pero para poder avanzar se le introducirán modificaciones propuestas por la bancada de Proyecto Sur. Esto obligará a que la iniciativa vuelva en segunda revisión a la Cámara baja.

Con información de La Nación

La oposición busca incrementar por ley el piso del pago del impuesto y convocó para mañana a una sesión especial. El objetivo es reducir la carga impositiva al trabajador.

La oposición buscará revancha, mañana, en la Cámara de Diputados. Después de cuatro semanas sin poder avanzar en su agenda legislativa, decidió convocar a una sesión especial para intentar aprobar el proyecto de aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.

Los diputados de la oposición pretenden subir ese piso mínimo en un 4%, para ampliar así el monto de deducciones que el trabajador puede efectuar sobre ese tributo. Vale recordar que en agosto último la presidente Cristina Fernández de Kirchner, presionada por la CGT que conduce Hugo Moyano, dictó una resolución por la cual subió en un 20% el piso del mínimo no imponible del impuesto. La oposición, sin embargo, consideró insuficiente ese monto.

El miércoles último, la Cámara de Diputados inició el tratamiento del proyecto opositor, pero el oficialismo, sorpresivamente, ordenó levantar la sesión porque se había quedado sin quórum. Los opositores, indignados, decidieron llamar a sesión especial para mañana.

La iniciativa faculta a los trabajadores a deducir, en concepto de ganancias no imponibles, un total de 13.300 pesos; 14.700 pesos por cada cónyuge y 7400 pesos por cada hijo menor de 24 años.

“No creemos que esta medida genere un costo fiscal al Estado; lo que pretendemos es evitar un aumento de los impuestos -que no corresponde- que se da por la dinámica propia de la inflación, que el Gobierno no combate”, argumentó el diputado Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica), previo a que fracasara la sesión.

El kirchnerismo anticipó que no avalaría el proyecto opositor, aunque uno de sus miembros, Juan Mario País (Chubut), impulsó una iniciativa muy similar que establece un mecanismo automático de actualización del mínimo no imponible todos los años. La oposición anticipó que contemplaría esta propuesta en el dictamen.

“Con esta actualización, se tiende a dar una solución a un problema que data de 2006, ya que desde entonces no se actualiza el piso mínimo del impuesto”, fundamentó País.

El kirchnerismo, en la voz del presidente de la Comisión de Presupuesto, Gustavo Marconato, anticipó que su bloque se abstendría en la votación en general de esa iniciativa y se opondría en la discusión de cada artículo en particular. “Nos vamos a abstener porque en el proyecto de ley de presupuesto del año próximo propiciamos una nueva suba del 20% del piso mínimo no imponible, pero no estamos de acuerdo con elevarlo al 47%, como pretende la oposición”, explican en el oficialismo.

“Este incremento es insuficiente -sostuvo el diputado Walter Agosto [PJ Federal]-. Reducir la presión impositiva resulta crucial, no sólo para los trabajadores en relación de dependencia, sino también para los autónomos, incluidos en nuestra propuesta.”

Con información de La Nación