El Congreso fue testigo ayer de una demostración de la baja toxicidad del agroquímico. Los expertos en el tema sostienen que los datos que había presentado el científico cuyo análisis condenó al producto, no se condicen con la realidad.

Ayer el glifosato volvió a ser objeto de debate en el Congreso, ya que mientras los bloques de centroizquierda siguen impulsando la restricción de su uso, el diputado Juan Casañas (UCR-Tucumán) organizó una audiencia para demostrar la baja toxicidad del producto.

“Ningún agroquímico es inocuo. Pero el volumen de las exposiciones a glifosato tenidas en cuenta en el estudio de Carrasco (Andrés, científico del Conicet) no se repiten en la vida real. Si yo inyecto un embrión de anfibio con una burbuja de oxígeno o con agua probablemente también haya malformaciones, como pasó con el glifosato. Hasta el momento, no hay una asociación significativa entre glifosato, abortos espontáneos y partos prematuros ni tampoco las estadísticas indican un aumento de casos de cáncer infantil en la última década”, sostuvo la médica toxicóloga Cecilia Travella, del Hospital Víctor Vilela de Rosario.

El ex profesor de Terapéutica Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) Alberto Etiennot informó sobre los controles a los que está expuesto el glifosato. “El producto lleva la aprobación del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria (Senasa), cuyas exigencias son paralelas a las de los organismos internacionales. Antes de aprobarlo se hacen estudios de posible toxicidad vinculados con los efectos sobre las personas, los animales, el aire, el agua y el suelo. El peligro en estos productos está en el mal uso. Si se respetan las buenas prácticas no acarrean problemas”, dijo.

Belisario Alvarez de Toledo y Emilio Satorre, que hablaron por el Movimiento CREA, dijeron que “con la tecnología actual el 70% de los fitosanitarios usados son catalogados como clase IV, que no ofrecen peligro toxicológico”.

Y añadieron que “los niveles de uso por hectárea son 75 veces menores que en los años ochenta”.

Los opositores impulsan una resolución en el Congreso en la que le advertirá que ya no podrá utilizar para la gestión las más de 200 leyes con facultades legislativas vigentes, ya que éstas caducan hoy y no habrá una nueva prórroga, si bien hasta que el Congreso dicte otras leyes, seguirán en vigencia las disposiciones del Ejecutivo.

Con este proyecto de resolución, la oposición pretende dejar explícito que a partir de hoy el Congreso asume todas las facultades que, de 1853 a 1994, le había delegado al Poder Ejecutivo.

La intención es que esta resolución prospere en ambas cámaras parlamentarias; para ello habrá hoy una reunión entre diputados y senadores de la oposición para acordar una estrategia común.

Las 30 leyes clave

De las 200 leyes con delegaciones legislativas vigentes, la oposición detectó una treintena de normas que resultan clave para la gestión. En el paquete figuran, por caso, la ley de abastecimiento -que utiliza el polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para condicionar a las empresas-; la de emergencia económica; la de reforma del Estado; el Código de Procedimiento Tributario; la de entidades financieras, y la más resonante, la del Código Aduanero, que fija los derechos de exportación e importación de innumerables productos, entre ellos los del agro.

La decisión de asumir plenamente todas estas facultades se terminó de definir ayer, durante una reunión en el despacho del diputado Ricardo Gil Lavedra (UCR). Allí, los diputados Graciela Camaño (bloque Peronista), Paula Bertol (Pro), Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), Mónica Fein (socialismo) y Gerardo Millman (Gen) debatieron sobre las consecuencias que podría provocar en la gestión el vacío jurídico que se generará con la caducidad de estas delegaciones legislativas.

Primó, al final, la línea más dura que alentaba Camaño: advertir al Poder Ejecutivo, vía resolución, que ya no podrá utilizar más esas delegaciones.

Asimismo, se propone crear por ley una comisión bicameral para adecuar toda la legislación con delegaciones a esta nueva premisa, es decir que el Congreso retomará las facultades.

Por su parte, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó ayer un nuevo proyecto de Código Aduanero, y también una propuesta para derogar la ley de abastecimiento, dos de las normas incluidas en el paquete con facultades delegadas.

Además, adelantó que presentará ante la Justicia una acción declarativa de certeza para que se expida sobre la suerte de las delegaciones legislativas.

Retenciones

Entre las atribuciones que el Congreso le había cedido al Poder Ejecutivo figura la de fijar las retenciones al campo. Como esa facultad también caduca hoy, la oposición presentará hoy al menos dos dictámenes para dejar sin efecto las alícuotas vigentes.

Debate en comisión

La discusión se dará hoy en el plenario de las comisiones de Agricultura y de Economía, donde se espera un debate agitado por las diferencias que persisten entre los opositores.
Las posturas en pugna se sintetizan en dos. La UCR, en la voz del presidente de la Comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile (UCR), junto con el Peronismo Federal, Pro y Gen, propicia la rebaja a cero en las alícuotas de todos los cultivos (sorgo, girasol, trigo, productos de la economía regional) salvo la soja y el maíz. Este debate será crucial para la unidad de la Comisión de Enlace.

Así, las retenciones se rebajarían del 35 al 30% en el caso de la soja y del 20 al 10% en el caso del maíz. Para estos dos cultivos se aplicaría un esquema de segmentación, que rondaría las 500 toneladas en el caso de la soja y las 1200 toneladas para el maíz.

Por otro lado, el socialismo, Proyecto Sur, SI y un puñado de legisladores del radicalismo, encolumnados detrás de los agrodiputados Ulises Forte y Pedro Orsolini, proponen mantener como están las actuales alícuotas, aunque introducir un esquema de segmentación para los cinco cultivos: soja, maíz, trigo, sorgo y girasol, con un rápido cobro de las compensaciones vía AFIP.

Resistencia del oficialismo

El oficialismo sigue de cerca la puja entre los sectores opositores. Y no duda en meter su cuña: ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, les recordó que lo único que vencen son las facultades para fijar retenciones, pero entendió que para imponer un nuevo esquema de alícuotas es necesario aprobar una ley.

Para ello, es necesario reunir la mayoría, lo que hoy aparece difícil por las diferencias entre los diferentes bloques.

Con información de La Nación y La Capital

El gobernador santafesino salió a dar explicaciones por sus declaraciones sobre retenciones que, además de enemistarlo con el mayor sector productivo de la provincia creó enfrentamientos dentro de su propio partido.

Hermes Binner aseguró hoy que no cambió de idea respecto de las retenciones; que las alícuotas de dicho impuesto debe fijarlas el Poder Ejecutivo y convalidarlas o no el Congreso.

El mandatario había dicho que no era adecuado que el Congreso decidiera de cuánto debía ser este impuesto. Esta mañana, sostuvo que “en toda conversación (en alusión a la entrevista periodística) siempre quedan cosas sin explicitar”.

Sin embargo, aclaró “Hay que terminar con las facultades delegadas. Tenemos un presupuesto que construye el Ejecutivo y lo aprueba el Legislativo. El presupuesto tiene egresos e ingresos; allí están los fondos derivados de los derechos de importación y exportación. Eso es un ingreso real que tiene el Ejecutivo y lo plasma en una propuesta, y es el Legislativo el que tiene que aprobarlo o no. Esto surge de la misma interpretación de la necesidad de no delegar responsabilidades y de aceptar lo que dice la Constitución”, expresó.

Consultado sobre la posición de su partido a favor de las retenciones segmentadas, el gobernador sostuvo: “Filosóficamente no defendemos las retenciones, sino los impuestos, sobre todo a las ganancias. Hoy se buscan formas más sencillas para recaudar, como el IVA, el impuesto al cheque o las retenciones. No estamos a favor de las retenciones; ahora, instaladas como están hoy, merecen un tratamiento especial. Si vemos que en el Congreso hay 29 proyectos distintos sobre el tema, es porque es complejo y de interpretación diversa. Y obviamente, quien fija esa retención, cuánto es lo que se pretende recaudar por esa vía, es el Ejecutivo. Y quien la aprueba es el Legislativo”.

Binner no cambia de opinión

Para el gobernador el Congreso no puede moderar al Ejecutivo. “¿qué herramientas tenemos en el Congreso para definir si la retención debe ser del 35 o del 25%? Estamos hablando de un tema que pertenece al plan económico vigente en el país. Pasaba lo mismo con el Banco Central. No podemos generar un banco independiente de la política económica; tiene que tener rasgos de complementariedad con los poderes para dar determinados pasos. Del mismo modo, no se puede despegar el ingreso que se va a tener de la política económica”.

“Cuando esto se ve parcialmente, cometemos errores. Ahora, si Ud. me pregunta si este programa lo llevaría adelante el Frente Progresista, yo le digo rotundamente que no. Pero el programa vigente es el que está aplicando quien ganó las elecciones”.

Si Binner estuviese en el poder Ejecutivo, lo resolvería de esta manera: “El Ejecutivo puede decir 35%, por ejemplo, y el Congreso puede dar las pautas: 35% para las extensiones de determinadas hectáreas, o 15% para las más pequeñas; eso lo puede hacer el Congreso. Puede establecer pautas de funcionamiento. Creo que hay un principio básico que tiene que ver con la oportunidad en el manejo de estos impuestos, vinculados con el desempeño de un producto, que es la soja”, manifestó.

“Apostando sólo a esto podemos caer en una especie de montaña rusa donde nos caemos a cero de un día para otro. Tenemos un modelo económico con una gran fragilidad. Hay que convertirlo en uno mucho más sustentable. Pero esto es producto de otro plan económico; evidentemente, a quienes hoy gobiernan no les interesa esto”, declaró el gobernador.

Consultado sobre las críticas que despertó su declaración, Binner sostuvo: “Desde mi modo de ver he sido lo suficientemente claro. Tal vez no quedó claro para quién tomó la información. Rápidamente han girado una propuesta política y no era ésa mi intención”.

Críticas oficialistas y opositoras a los dichos de Binner

La postura del gobernador produjo nuevas tensiones en el Frente Progresista e incluso en el seno del propio Partido Socialista, aunque sus principales referentes optaron por el “silencio de radio”. El senador Rubén Giustiniani, por medio de un comunicado dejó en claro que seguirá trabajando desde el Congreso por los pequeños y medianos productores.

La crítica más dura provino desde la Coalición Cívica - ARI a través de los diputados nacionales Carlos Comi y Susana García y el presidente del partido a nivel provincial, Pablo Javkin. Desde el radicalismo, el diputado nacional Jorge Álvarez se limitó a reafirmar el compromiso de campaña del Frente Progresista, lista que encabezó. “Es una facultad del Congreso y se deben fijar en forma segmentada”, le dijo antes de ingresar a reuniones para discutir el tema.

El justicialismo no se sintió ajeno a las expresiones de Binner y la reutemanista Alejandra Vucasovich afirmó que “una vez más el gobernador se pone al lado de Kirchner y en contra de los productores santafesinos”.

Golpe injusto

Comi y Javkin consideran que las expresiones de Binner, además de desconocer la Constitución son “un golpe profundamente injusto a los productores que se movilizaron durante el 2008, a los pueblos del interior y por ende a corazón productivo del país”.

Los aristas no dejaron de destacar que “los principales sorprendidos deben ser los legisladores socialistas como el senador Giustiniani que tienen distintas iniciativas presentadas en el Parlamento”.

Para Vucasovich “los productores agropecuarios de Santa Fe acaban de ver cual es el verdadero rostro de Binner con respecto al tema de las retenciones: con la ambigüedad que lo caracteriza salió a respaldar la pretensión del gobierno de los Kirchner de seguir manejando en forma arbitraria esa potestad, desconociendo el discurso de campaña de los candidatos socialistas que intentaron mostrarse opositores”.
La legisladora justicialista señaló que “tanto el gobernador como su ministro de la Producción, Juan José Bertero, apoyaron la famosa resolución 125 el día en la que el gobierno nacional la dio a conocer, y después, cuando vieron que no les era políticamente beneficioso quedar de ese lado intentaron ponerse del lado de la gente de campo, y ahora, extrañamente, vuelven a estar del otro lado del mostrador”.
Con información de El Litoral

El oficialismo aseguró que si el Congreso aprueba la ley para la protección de las reservas de agua dulce, el Ejecutivo no la vetará.

El jefe de Gabinete,  Aníbal Fernández, dijo hoy que el proyecto que establece  presupuestos mínimos para la protección de glaciares “acarreará  serias complicaciones a las provincias”, pese a lo cual aclaró que  si se aprueba en el Congreso, el Poder Ejecutivo “no lo vetará”.

“Proyecto de gaciares en tratamiento acarreará serias  complicaciones a las provincias. No lo compartimos. Si se vota, no  se vetará. Se promulgará”, escribió Fernández en su cuenta de  Twitter.

La oposición de la Cámara de Diputados buscará sesionar hoy  para retomar el debate en particular del proyecto, cuya discusión  había quedado pendiente en la última sesión del cuerpo y no se  pudo retomar la semana pasada por falta de quórum.

El proyecto impulsado por el diputado de Diálogo por Buenos  Aires Miguel Bonasso fue aprobado en general por 129 votos contra  86, en la sesión del pasado 14 de julio.

Para el jefe de Gabinete, “no hay ningún proyecto de autoría  de Bonasso; en el mejor de los casos, (se trata de) un refrito del  de la ex diputada Marta Maffei”, según escribió también en  Twitter.

La iniciativa establece los presupuestos mínimos para la  preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, donde se  establece un sistema de evolución del impacto ambiental de la  actividad y otro de infracciones y sanciones para el caso de  contaminación, entre otros aspectos.

Con información de Telam

Los sectores agropecuarios llegaron a un acuerdo para impulsar la segmentación de retenciones y diseñaron una estrategia común para cumplir su objetivo en el Poder Legislativo.

Las cuatro entidades rurales acordaron ayer, en el marco de la Exposición Rural de Palermo, impulsar en el Congreso un proyecto unificado para segmentar y bajar gradualmente las retenciones a las exportaciones de soja.

“Felizmente llegamos a un consenso. Explicamos al resto de las entidades que la segmentación es fundamental, porque sin segmentación los pooles de siembra y los grandes productores siguen teniendo grandes ventajas sobre nosotros. Y todos lo entendieron”, dijo Buzzi, que contó que, para graficar su apreciación, relató a los demás ruralistas su caso personal. “Les conté que este año, cuando quise renovar un alquiler en el Chaco, el dueño me dijo que El Tejar [uno de los pooles de siembra más grandes del país] le ofreció pagarle el doble de lo que yo ofrecía y me quedé sin campo. Por eso yo insisto tanto en diferenciar a los medianos y chicos, porque en este esquema los grandes corren con ventaja”, dijo Buzzi.

Reducción escalonadade retenciones a la soja

“Acordamos pelear por una reducción escalonada de las retenciones, y mientras este impuesto permanezca, una segmentación que elimine el gravamen para los productores chicos. La idea es que haya una devolución con un método ágil y práctico”, coincidió el presidente de la Rural, Hugo Luis Biolcati. “Además, vamos a pelear por retenciones cero en economías regionales, carne, trigo, sorgo y girasol. También queremos la eliminación del gravamen en el maíz, pero tenemos que ponernos de acuerdo en un mecanismo de eliminación que no afecte a los productores avícolas y porcinos”, acotó Biolcati.

Tanto Buzzi como Biolcati enfatizaron que las entidades harán causa común en el Congreso para lograr modificaciones en el impuesto a las exportaciones. “Ahora falta que Ulises Forte y Pablo Orsolini [diputados del Acuerdo Cívico y Social que militan en la Federación Agraria] y Ricardo Buryaile [diputado del ACyS por Formosa, presidente de la Comisión de Agricultura y militante de CRA] se pongan de acuerdo en un proyecto”, dijo Buzzi.

Hasta Forte y Buryaile, diputados de origen ruralista, que se enfrentaron por la reforma de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), se mostraron optimistas respecto del acuerdo logrado por las retenciones. “Estoy seguro de que en la Comisión de Agricultura vamos a lograr un dictamen conjunto”, dijo Buryaile. “Aún hay que pulir detalles y trabajar varias cosas, pero confío en que llegaremos a un proyecto consensuado”, acotó Forte.

Sin embargo, puertas adentro, en el seno de la Rural y de CRA hay dudas sobre cómo aplicar de forma fácil y ágil la devolución de retenciones que implicaría poner en marcha la segmentación que pide la FAA. “Tenemos que darle esto a la Federación Agraria para conseguir el acuerdo, pero es complejo de llevar a la realidad”, confesó un ruralista.

El debate sobre este impuesto continuará hoy, en la charla que se realizará a las 10 en el Pabellón Rojo de Palermo, con la presencia de varios legisladores y el constitucionalista Daniel Sabsay.

Con información de La Nación

Los sectores agropecuarios llegaron a un acuerdo para impulsar la segmentación de retenciones y diseñaron una estrategia común para cumplir su objetivo en el Poder Legislativo.

Las cuatro entidades rurales acordaron ayer, en el marco de la Exposición Rural de Palermo, impulsar en el Congreso un proyecto unificado para segmentar y bajar gradualmente las retenciones a las exportaciones de soja.

“Felizmente llegamos a un consenso. Explicamos al resto de las entidades que la segmentación es fundamental, porque sin segmentación los pooles de siembra y los grandes productores siguen teniendo grandes ventajas sobre nosotros. Y todos lo entendieron”, dijo Buzzi, que contó que, para graficar su apreciación, relató a los demás ruralistas su caso personal. “Les conté que este año, cuando quise renovar un alquiler en el Chaco, el dueño me dijo que El Tejar [uno de los pooles de siembra más grandes del país] le ofreció pagarle el doble de lo que yo ofrecía y me quedé sin campo. Por eso yo insisto tanto en diferenciar a los medianos y chicos, porque en este esquema los grandes corren con ventaja”, dijo Buzzi.

Reducción escalonadade retenciones a la soja

“Acordamos pelear por una reducción escalonada de las retenciones, y mientras este impuesto permanezca, una segmentación que elimine el gravamen para los productores chicos. La idea es que haya una devolución con un método ágil y práctico”, coincidió el presidente de la Rural, Hugo Luis Biolcati. “Además, vamos a pelear por retenciones cero en economías regionales, carne, trigo, sorgo y girasol. También queremos la eliminación del gravamen en el maíz, pero tenemos que ponernos de acuerdo en un mecanismo de eliminación que no afecte a los productores avícolas y porcinos”, acotó Biolcati.

Tanto Buzzi como Biolcati enfatizaron que las entidades harán causa común en el Congreso para lograr modificaciones en el impuesto a las exportaciones. “Ahora falta que Ulises Forte y Pablo Orsolini [diputados del Acuerdo Cívico y Social que militan en la Federación Agraria] y Ricardo Buryaile [diputado del ACyS por Formosa, presidente de la Comisión de Agricultura y militante de CRA] se pongan de acuerdo en un proyecto”, dijo Buzzi.

Hasta Forte y Buryaile, diputados de origen ruralista, que se enfrentaron por la reforma de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), se mostraron optimistas respecto del acuerdo logrado por las retenciones. “Estoy seguro de que en la Comisión de Agricultura vamos a lograr un dictamen conjunto”, dijo Buryaile. “Aún hay que pulir detalles y trabajar varias cosas, pero confío en que llegaremos a un proyecto consensuado”, acotó Forte.

Sin embargo, puertas adentro, en el seno de la Rural y de CRA hay dudas sobre cómo aplicar de forma fácil y ágil la devolución de retenciones que implicaría poner en marcha la segmentación que pide la FAA. “Tenemos que darle esto a la Federación Agraria para conseguir el acuerdo, pero es complejo de llevar a la realidad”, confesó un ruralista.

El debate sobre este impuesto continuará hoy, en la charla que se realizará a las 10 en el Pabellón Rojo de Palermo, con la presencia de varios legisladores y el constitucionalista Daniel Sabsay.

Con información de La Nación

La preservación del agua dulce y el equilibrio ambiental es en que Argentina no puede permitirse corrupción ni favoritismos con las empresas extractivas.

Bajo el nombre “Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar”, resumido en “Ley de glaciares”, dará comienzo un debate que excede las bellísimas áreas de hielo para abrir otras discusiones:, ¿qué tipo de intervención extractiva, productiva, debe darse la Argentina sobre sus recursos naturales?

Pero además, ¿existe corrupción en el vínculo entre las empresas mineras, la Secretaría de Minería de la Nación y las distintas administraciones provinciales?

“Lo que estamos discutiendo no es una a cuestión paisajística o menor, sino una concepción férreamente ecologista frente a una posición desarrollista. Ahora vamos a ver de qué lado está la patria y de qué lado está la colonia”, desafió el diputado Miguel Bonasso en la sesión del último miércoles en Diputados.

El tema tomó gran visibilidad cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó en 2008 la ley de glaciares conocida como ley Bonasso, quien volvió a la carga con su proyecto, en este caso con un precario acuerdo con el kirchnerismo que quedó al borde la ruptura en la última sesión.

Pero la novedad es que Cristina hizo saber que esta vez “no vetará la nueva ley sea cual fuere su contenido”.

Impulsada por aquellas provincias —San Juan y Catamarca, las principales—, el avance de la inversión y explotación minera a gran escala continúa con viento a favor, y cuenta con el explícito aval de la cúpula kirchnerista. Por si quedaba alguna duda, basta con ver la foto que le concedió la propia primera mandataria argentina al presidente de la Barrick Gold, en su reciente viaje a Canadá.

Por su parte, Héctor Tomas, sanjuanino, oficialista y presidente de la comisión de minería en Diputados, le contestó a Bonasso con una pregunta : “¿Cómo quieren que desarrollemos nuestra provincia si el 80% son montañas?. Nosotros no podemos cultivar soja. Queremos proteger nuestros glaciares pero también queremos nuestra producción de la provincia”.

La discusión en el Congreso

La remozada ley de glaciares surgió de una convergencia de su proyecto original con otro que proviene del Senado y cuenta con media sanción, impulsada por el oficialista Daniel Filmus.

Luego de negociaciones, ambos proyectos se complementaron y mejoraron mutuamente, pero horas antes de llegar al recinto los diputados oficialistas —y no oficialistas— de las provincias mineras le retiraron el apoyo “y pidieron más tiempo para estudiarlo”.

Agustín Rossi fue el encargado de pedir 14 días pero la oposición olfateó una maniobra, no le concedió las dos semanas y avanzó con la media sanción en general. Sin embargo, la media sanción de todos modos no se concretó porque en plena madrugada, y en la votación en particular, la alianza opositora sufrió desgajamientos, y sin el aval oficial, se quedó sin quórum. La sesión cayó.

Cuestión ecológica

La concepción ecologista dispara contra la minería a cielo abierto por el impacto ambiental que provoca, en especial por lo millones de litros de agua dulce que diariamente utiliza en los procesos productivos. Sin embargo, representantes de la provincia, como el diputado Juan Carlos Gioja, contesta: “En muchos lugares de San Juan llueven 100 milímetros por año, ¿alguien puede creer que si fuera cierto que nos están envenenando el agua en esa escala los sanjuaninos lo permitiríamos?, no somos una sociedad suicida”.

Rossi se quejó de la posición excesivamente preservacionista cuando dijo: “Es muy fácil decirle no a la minería a cielo abierto que utiliza cianuro, pero debe ser muy difícil prohibir, por ejemplo, la fumigación de los campos de soja por vía aérea. Digo esto porque todos los problemas de contaminación que tenemos en la Pampa Húmeda como consecuencia del uso de insecticidas y herbicidas no los hemos vistos reflejados en ninguna iniciativa parlamentaria”.

Con información de La Capital

Una encuesta de la UCA muestra que solo el 17,6% cree en las instituciones. Las organizaciones más creíbles son las asociaciones de caridad, la Iglesia y los medios con un 40%.

A raíz de una mejoría en la percepción reflejada en los sectores más vulnerables, los niveles de confianza en las instituciones de gobierno registraron en un año un leve crecimiento. Sin embargo, más del 80% aún expresa su desconfianza en quienes gobiernan.

Así lo revelan los resultados de la Encuesta de la Deuda Social Argentina, realizada por la Universidad Católica Argentina (UCA), que ubican en el 17,6% el índice de confianza que despierta el Gobierno.

Si bien la cifra mejora el 14,9% de la medición anterior (2008), está muy lejos del 30,5% registrado en 2007. Y también refleja niveles de confianza muy alejados de los que presentan las organizaciones de la sociedad civil (la Iglesia, entidades de caridad y los medios de comunicación), que hoy superan el 40%.

La muestra comprendió un universo de 2520 encuestados, mayores de 18 años, en hogares particulares y en conglomerados urbanos con más de 200.000 habitantes.

La muy leve recuperación de la confianza en el Gobierno fue impulsada “por el aumento de la confianza del decil más bajo en la institución gubernamental, que pasó del 13,7% al 25% entre 2008 y 2009″, se explica en el estudio, realizado por el Observatorio de la Deuda Social, que dirige Agustín Salvia.

La diferencia en los estratos sociales se significativa si se repara en que la confianza en el Gobierno se redujo del 20,4% al 12% en el nivel socioeconómico más alto.

Un panorama similar se percibe al medir la confianza que despiertan otras instituciones del país.

Congreso

La evolución de la confianza en el Congreso, por ejemplo, aumentó del 12,5% al 14,4%, pero el índice está por debajo de los resultados de 2007, cuando se ubicaban en el 15,5%. “Los varones y los jóvenes registraron mejores niveles de confianza que las mujeres y los adultos”, indica la investigación.

Justicia

La Justicia tampoco alcanza las mediciones de hace tres años. Reúne un 13,5% de confianza en la población, frente al 11,9% en 2008 y el 16,8% en 2007.

Sindicatos y partidos políticos

Menores adhesiones registran los sindicatos (11,1%) y los partidos políticos (6,7%). En el caso de los gremios, las mujeres confían más que los varones, proporción que se revierte en las agrupaciones partidarias. Aunque las cifras son muy bajas, la credibilidad en los partidos políticos aumenta a medida que se avanza en edad: 5,7% en los menores de 34 años; 6,7% en la población de 35 a 59 años, y 8,3% en los mayores de 60. Aún más baja es la confianza en los movimientos piqueteros: 4,8%, aunque el número es mayor que el 3,9% de la encuesta anterior.

La sociedad civil

Otro universo es la imagen de las organizaciones de la sociedad civil. Las instituciones de caridad tienen un nivel de confianza del 59,4%, proporción que creció respecto de 2008 (54,6%) y de 2007 (54,9%).

La Iglesia también registra índices en alza: 47,7% en la última encuesta, frente al 46.6% en 2008 y 45,9% en 2007. Los sectores más bajos (63,5%), las mujeres (55,3%) y los mayores (61,4%) son quienes registran mayores niveles de credibilidad en la institución religiosa.

Pese a que aún se conserva alta, la confianza en los medios de comunicación descendió en el último año del 42,4% al 40,5%.

El informe señala que la reducción de la confianza en los medios se presenta con mayor nitidez en los sectores más altos del estrato socioeconómico. Por el contrario, la credibilidad subió en los sectores más bajos, del 34,7% al 41,8%.

Con información de La Nación

Las senadoras Latorre y Bongiorno decidieron apoyar la designación de la economista y los bloques no kirchneristas dejaron la sesión sin quórum.

“A no rasgarnos las vestiduras mañana si el oficialismo no baja al recinto”, dijo Pichetto; también quedó sin tratamiento la coparticipación del impuesto al cheque

Un nuevo traspié de la oposición en el Senado desnudó la fragilidad del acuerdo de los bloques no kirchneristas en el Parlamento. Hoy, ante la posibilidad de una derrota, no dieron quórum para tratar el pliego de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont.

La senadora justicialista Roxana Latorre (Santa Fe), ex aliada de Carlos Reutemann, decidió apoyar la designación de Marcó del Pont, con lo cual el frente legislativo no oficialista no reunió los votos suficientes para rechazar el diploma de la economista.

En tanto, la senadora rionegrina María José Bongiorno bajó al recinto junto con el oficialismo y no acompañó tampoco la estrategia opositora.

Sin coparticipación del impuesto al cheque

Tras el fracaso de la sesión, se frustró también el tratamiento de la coparticipación del impuesto al cheque, lo que les reportaría a las provincias el giro directo de más de 11.000 millones de pesos, que en la actualidad van a parar a las arcas del Poder Ejecutivo.

“Lamentamos profundamente la ausencia de los sectores opositores. Tenía mucho interés en tratar el pliego de Marcó del Pont y la ley de cheque. Siempre estamos dispuestos a dar el debate. A no rasgarnos las vestiduras mañana si el oficialismo no da quórum”, advirtió el jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Angel Pichetto.

Por la mañana, los referentes del PJ disidente en el Senado se habían reunido para delinear estrategias ante el sorpresivo cambio de panorama.

La postura de Latorre, que se definió horas más tarde como perteneciente al arco opositor, terminó siendo clave para la estrategia del Gobierno. El año pasado su firma fue decisiva para el dictamen de comisión que permitió debatir y aprobar en el recinto la prórroga de las facultades extraordinarias cedidas al Poder Ejecutivo. Aquel respaldo le valió el distanciamiento de Carlos Reutemann, su histórico jefe político.

Desde esta mañana, Pampuro había puesto en duda que la oposición contara con los votos necesarios (37) para abrir el debate y para desplazar a Marcó del Pont.

Además, había recordado que, por el viaje de la Presidenta, Cobos está al frente del Ejecutivo, y que él presidiría la sesión. Por ocupar ese lugar, en caso de empate, su voto valdría doble.

“No me siento fuera”. Esta mañana, Marcó del Pont volvió a justificar el rápido trámite que dio al decreto de necesidad y urgencia por el que el Gobierno tomó fondos del BCRA para pagar deuda y pidió a los senadores que “reflexionen”.

“No me siento fuera del Central”, dijo ante los periodistas que la esperaban en la puerta de su casa.

Enseguida, tal como había hecho ante la Comisión de Acuerdos del Senado, defendió su decisión de girar al Tesoro los US$ 4300 millones de reservas reclamados por el Poder Ejecutivo mediante el DNU 298/10.

“Ayer quedó claro que el Banco Central no violó la Carta Orgánica ni recibió una instrucción del Poder Ejecutivo, sino que cumplió con lo que establecía un decreto que tiene rango de ley. Lo único que se podía hacer es lo que se hizo”, reiteró.

Con información de La Nación