Por Norberto Nicotra, La Capital, 23 de Agosto de 2010.
La realidad económico y social de nuestro país nacida a partir de la provincialización y el fortalecimiento del modelo agro exportador, donde el nexo con el resto del mundo fue el Puerto de Buenos Aires, llevó a que el sistema federal declarado en el texto constitucional tuviera que convivir con un país unitario en los hechos.
Con la reforma del ´94 a la Constitución Federal a través de la incorporación de todo un nuevo articulado y de los tratados internacionales aprobados por el Congreso, aparece con más fuerza el plexo axiológico referido al desarrollo económico y social, que -desde la reforma constitucional de 1957- había quedado limitado al artículo 14 bis de la constitución histórica. En particular y en cuanto a la existencia de las regiones y el poder de las provincias, los artículos 124 y 125 de la Constitución federal reformada dan cuenta de ello, en cuanto disponen: Art. 124: “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines….” ; Art. 125: “Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines….de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal, promover su industria, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la exploración de sus ríos… Las provincias… pueden… promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura”.
Pero a pesar de la ilusión del constituyente de transformar la realidad y de ensanchar el marco de los derechos económicos y sociales de la población o de la “justicia social”, cuando se toman en cuenta los índices elaborados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se llega a la conclusión que en la Argentina el federalismo es “una mera ilusión”.
En los últimos años, los niveles de pobreza en el país se incrementaron dramáticamente, en especial la indigencia, siendo las regiones del noroeste y noreste, las que muestran los guarismos de mayor deterioro.
Ya a fines de 2008, habían nuevamente tantos argentinos pobres como en 2001, 11,5 millones de compatriotas viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Desde el segundo semestre de 2006, más de tres millones de personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza. Según el cálculo que se tome, la sociedad argentina viene creando algo más de 70.000 nuevos pobres por mes. La causa principal de esto es la inflación, articulada en los últimos tiempos con la muy baja a nula creación de nuevos empleos. Se ha consolidado de este modo un modelo de desarrollo desigual endogénico.
La diferencia entre el ingreso medio de los más ricos y los más pobres son brutales en Argentina, y se han ampliado en los últimos dos años. Por cada peso que gana el 10% más pobre de la población, el 10 % más rico se queda con más de $ 29, una diferencia de casi 30 veces entre uno y otro. La experiencia de las naciones más desarrolladas indica que para alcanzar el bienestar colectivo distribuir resulta tan importante como crecer.
Estas inequidades surgen -entre otras causas- como consecuencia del problema fiscal que tiene nuestro país. Es necesario recordar que en la Argentina el gasto es descentralizado, esto es, que cada provincia decide cuánto destina a salud, educación administración, etc., pero la fuente de financiamiento de ese gasto no depende del gobierno local, sino de un sistema tributario controlado por la Nación.
Las provincias recaudan impuestos sobre la riqueza no móvil (impuesto inmobiliario) o sobre una porción del patrimonio personal (impuesto automotor), en tanto que la Nación recauda los impuestos relacionados con el consumo (IVA, Internos, al cheque, retensiones, etc.) y los que hacen a la redistribución del ingreso (ganancias, etc.). Esto hace que la Nación sea superavitaria y la mayoría de las provincias deficitarias.
Siguiendo a Daniel Muchnik, esta situación viene a remediar el acuerdo sobre el que está asentado el sistema de coparticipación federal: que la Nación recaude muy por encima de las provincias debería aparejar que, a la hora de la redistribución se compense a aquellas provincias más pobres, en base en un criterio de justicia. Ello contribuiría a lograr un país más igualitario y, por lo tanto, más federal. Pero los objetivos declarados en el sistema de coparticipación federal lejos están de coincidir con los datos que arroja la realidad.
Aparecen así las soluciones regionales para el desarrollo económico y social y la modificación del acuerdo sobre el que se asienta la coparticipación federal, como una de las herramientas para modificar el cuadro de desigualdad que presenta nuestro país.
Refiriéndonos específicamente a la Región Centro, y a la Provincia de Santa Fe en base a una elaboración propia del MECOM (Ministerio de Economía de la Nación), y estimaciones de distintos estudios de centros económicos privados, y calculando la evolución de las transferencias de coparticipación en términos de porcentaje de producto bruto, la pérdida promedio en la participación sobre estos recursos se sitúa en un 35 a 40% en términos de participación en el PBI, entre 2002 y 2010, teniendo en cuenta que el 2010 tiene el nivel más elevado de presión tributaria desde 1930 pero también de toda la historia argentina. Hay que recordar que antes de 1930 no existía ni el impuesto a las ganancias ni el IVA.
Esto implica un 4,2% de diferencia acumulada en términos de participación en el PBI, entre el año 2002 y el 2010 consolidados y en un cálculo muy conservador, suman alrededor de unos 12.180 millones de pesos, de 1993 (en ese momento con convertibilidad de $1 = u$s1.
El Gobierno Nacional se ha beneficiado con la creación de impuestos de baja o nula coparticipación, como el impuesto al cheque, y los Derechos de Exportación (retenciones), se apropia de las utilidades contables del BCRA, se quedó con el stock y flujo de la estatización de las AFJP, e incorporó como un recurso a los DEGs (derechos especiales de giro distribuidos por la crisis mundial) del FMI. Las provincias tienen una caída de la participación en la torta de recursos del 28% al 25% entre 2003 y 2009 y son aportantes netas del Sistema Previsional a través de la detracción por precoparticipación a la ANSeS y la AFIP.
La diferencia entre la participación teórica y efectiva de Santa Fe muestra las consecuencias de las modificaciones en el régimen de coparticipación y de la evolución de sus agregados en el tiempo. Se puede establecer por otro lado, tomando la totalidad de todos los conceptos de transferencias Nación-Provincias, incluida la ley 23548, que en promedio Santa Fe detrae entre un 25 al 30% del total de recursos distribuidos diferencialmente a favor del resto de las provincias argentinas durante los últimos 8 años.
Nos encontramos así con que la Provincia de Santa Fe que posee un potencial exportador que reúne las mejores condiciones de competitividad a escala mundial, paradójicamente, tiene un producto per cápita inferior al promedio nacional y, lo que es más grave aún, con que la zona del Gran Rosario detenta una de las tasas de empobrecimiento y falta de desarrollo más altas del país.
Creemos que el fortalecimiento de la capacidad negociadora frente al Estado Nacional y un desarrollo económico y social que posibilite solventar las necesidades propias de nuestra provincia, es uno de los aspectos fundamentales para contribuir a revertir las desigualdades existentes.
Ello, claro está, sin olvidar el aspecto solidario que debe primar en relación a las regiones más empobrecidas del país, en miras a que el tan mentado federalismo argentino deje de ser una utopía.
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