La nueva normativa favorece a los usuarios y genera resistencia de las empresas por  impedir el rechazo de afiliados por enfermedades preexistentes.

Con el impulso del oficialismo y el respaldo de la mayor parte de la oposición, la Cámara de Diputados convirtió ayer en ley la regulación del sistema de medicina prepaga, que contempla nuevos beneficios para los usuarios, pero que es resistida por las más importantes empresas del sector.

Votación

La norma, que había sido votada originariamente en Diputados por unanimidad y modificada este año en el Senado con el acuerdo de todos los bloques, obtuvo ayer 190 votos a favor, ninguno en contra y 29 abstenciones, en su mayoría de miembros de Pro y de la Coalición Cívica (CC).

Cambios

Entre otros cambios, la ley impide a las empresas de medicina prepaga rechazar la afiliación de personas con enfermedades preexistentes. La edad no puede ser un criterio para rechazar la admisión, y a los mayores de 65 años, con diez años de antigüedad como afiliados, no se les puede aumentar la cuota.

Si bien la mayoría de la oposición se manifestó a favor del proyecto, la iniciativa fue tomada como bandera por el oficialismo. La sesión especial se originó, de hecho, por un pedido del presidente de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi. El oficialismo logró reunir el quórum gracias al aporte de los bloques de centroizquierda, es decir, de Proyecto Sur, del Partido Socialista y de GEN, de Margarita Stolbizer.

Publicidad oficial y aumento del mínimo a las ganancias

El asunto era parte, también, del temario de una sesión especial que había reclamado Pro para incluir temas centrales para la oposición, como la regulación de la publicidad oficial y el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Pero los opositores sólo lograron reunir 89 diputados. “Es una buena ley. Tutela lo que debemos tutelar. El eslabón más débil de la cadena, que es el señor que llega a los 65 años, pagó durante 20 y le triplican la cuota”, dijo Rossi, en el cierre del debate.

En la misma sintonía, se manifestó Felipe Solá, presidente del bloque del Peronismo Federal. “Las reglas de juego no son que no pueden ganar plata, sino que no pueden hacer algunas cosas. Por ejemplo, no pueden romper el contrato con alguien subiendo la cuota sólo porque es viejo”, argumentó. “Dicen que peligra el sistema de medicina privada. Lo que peligra es la máxima rentabilidad de varias prepagas”, añadió Solá.

El jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, apoyó el proyecto, pero señaló objeciones. “La medicina prepaga es un seguro voluntario de un bien público fundamental. Si bien la regulación que votamos es un paso adelante, deja falencias que si no se corrigen pueden romper la ecuación que tienen estos seguros”, opinó.

En 31 artículos, la ley introduce estas modificaciones:

-Obliga a las empresas a cubrir planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio (PMO) y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad.

-Las prestaciones de las empresas no podrán ser inferiores al PMO.

-Los contratos de prestaciones deben ser autorizados por el Ministerio de Salud y los usuarios pueden rescindirlos en cualquier momento.

-La edad no puede ser un criterio de rechazo de admisiones.

-Las empresas no pueden rechazar la afiliación de personas con enfermedades preexistentes, pero sí aplicar valores diferenciales debidamente justificados y autorizados.

-A los mayores de 65 años, con diez años de antigüedad en la cobertura, no se les puede aumentar la cuota.

-Se impondrían mecanismos para que desde el Gobierno se autorice o no el aumento de las cuotas.

-Los contratos entre las empresas y los usuarios no pueden incluir períodos de carencia o espera para todas aquellas prestaciones que se encuentran incluidas en el PMO.

Las abstenciones

Los bloques que se abstuvieron en la votación dieron dos argumentos distintos. El bloque de Pro advirtió que la ley podía generar un empeoramiento del servicio de medicina prepaga y perjudicar a los usuarios de ese sistema. “El riesgo de esta ley es el de desmejorar significativamente la calidad del servicio de salud para aquellos que están asociados a una prepaga, sin mejorar la calidad de los servicios del resto del sistema”, sostuvo Gabriela Michetti.

La ley excluye a las obras sociales sindicales

La Coalición Cívica afirmó que estaba a favor de una mayor regulación estatal, pero reclamó que se votara el proyecto aprobado originalmente en Diputados, que incluía a las obras sociales sindicales dentro del ámbito de aplicación de la ley. “Además de regular a las empresas de medicina prepaga, hay que controlar a las obras sociales sindicales. Si no, esta ley significa una liberación para que puedan vender medicina prepaga sin ser reguladas. No podemos acompañar este pacto que se hizo en el Senado”, sostuvo Juan Carlos Morán. “Queremos regulación, pero esto no puede terminar siendo el buen negocio de Zanola [Juan José], Moyano [Hugo] y otros sindicalistas corruptos”, agregó.

La réplica corrió por cuenta del kirchnerista Omar Plaini, dirigente sindical cercano a Moyano. “Le voy a responder con una frase de José Ingenieros: «Enseñemos a perdonar, pero enseñemos también a no ofender, que sería más eficiente»”. En el cierre, también le respondió Rossi, que justificó la exclusión de las obras sociales sindicales, cooperativas y mutuales. “Está bien que se haya sacado a las instituciones de la economía social. No son empresas de medicina prepaga, son otra cosa”, sostuvo.

Con información de La Nación

Tras la excarcelación del líder de las 62 organizaciones, Gerónimo Venegas, la oposición cuestionó el accionar del Juez y los gremios.

El viernes por la noche, luego de un día de intensa crispación política, el juez federal Norberto Oyarbide excarceló al sindicalista Gerónimo Venegas, a quien había ordenado detener el jueves  por el fraude de la mafia de los medicamentos. Venegas salió de los tribunales de Retiro, a las 23, abrazado a su aliado Eduardo Duhalde.

La presión de la CGT

Horas antes, la cúpula de la CGT, con Hugo Moyano al frente, se había reunido de urgencia para reclamar la liberación del opositor Venegas, con un duro documento en el que denunció “un ataque” a los gremios y no ahorró advertencias que rozan al Gobierno. En simultáneo, había protestas en rutas de todo el país, organizadas por el gremio de los peones rurales, que lidera Venegas. En todas acusaban a la Casa Rosada de alentar la detención.

Adelanto de la declaración

Cuando la presión empezaba a crecer, al mediodía, Oyarbide aceleró inesperadamente la declaración indagatoria, que, en un principio, estaba prevista para el sábado a las 12. Venegas declaró durante siete horas, acusado de asociación ilícita y comercialización de sustancias peligrosas para la salud. El viernes por la noche recuperó la libertad bajo fianza, al pagar 500.000 pesos de caución.

Para entonces, la fuerte jugada de Moyano había causado conmoción en el mundo político. Extremadamente preocupado y decidido a enviar un mensaje de alto impacto, el camionero activó el comité de crisis de la CGT para solidarizarse con el duhaldista Venegas, líder de Uatre desde hace 20 años.

Comunicado de Moyano

Después de reunirse con la cúpula de la central obrera en un intento de unificar posturas, Moyano decidió manifestar su inquietud a través de un comunicado, en el que advirtió que la CGT defenderá “a los compañeros sindicales, más allá de las posiciones diferentes”.

Lejos de expresiones disciplinadas y neutrales, un párrafo del documento firmado por el Consejo Directivo Nacional de la CGT, sugirió cierta complicidad entre el Gobierno y la Justicia: “Hay un ataque y un ensañamiento con las instituciones sindicales. No caemos en la ingenuidad de no advertir la intención manifiesta que busca debilitar al movimiento obrero”.

No fue sencillo aunar conceptos y alcanzar el consenso en la cima de la CGT. Presionado por algunos secretarios generales, Moyano aceptó recién en la noche del jueves, cuando aún estaba en Salta por un acto preelectoral, convocar para ayer a una reunión de urgencia del Consejo Directivo de la central obrera.

“Hugo, la voluntad de la mayoría es solidarizarse con el Momo. Algo tenemos que hacer. No nos podemos quedar de brazos cruzados como si no pasara nada”, exigió uno de los diez vocales de la mesa chica de la CGT.

División interna

A Moyano le habrían disgustado algunos gestos de rebeldía interna, sobre todo, que lo hubieran apresurado para pronunciarse sobre la detención de Venegas, un reconocido opositor de la Casa Rosada.

Los dirigentes Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Julio Piumato (Judiciales) se encolumnaron detrás del camionero y fueron los más difíciles de convencer para revelar el crítico mensaje que después dio a conocer la CGT.

El encuentro de los referentes sindicales se desarrolló en el tercer piso de la Federación de Peones de Taxi, en el barrio de Boedo. Desde allí partió el comunicado de la central obrera, que en otro fragmento deslizó una conspiración contra los sectores gremiales y exhibió un espíritu de unidad. “Produce asombro el trato diferente. Frente algunas imputaciones los dirigentes sindicales parecen sufrir la presunción de culpabilidad y no de inocencia”, dijo.

En el entorno de Moyano preparan una ofensiva política tras los embates judiciales. La CGT le reclamaría al Gobierno que agilizara los pagos que se le deben a las obras sociales en conceptos de reintegro. Un dirigente de un gremio de peso precisó que la deuda alcanzaría los 6000 millones de pesos.

Críticas de la oposición

La presión ejercida por la CGT y por referentes del Peronismo Federal para conseguir la liberación de Gerónimo Venegas provocó ayer la crítica de parte de varios dirigentes de la oposición, que calificaron los pronunciamientos y movilizaciones en favor del dirigente del gremio de los trabajadores rurales y estibadores (Uatre) como una “actitud corporativa” y un “apriete” hacia el juez Norberto Oyarbide.

Una de las más duras fue la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, quien, tras insistir en su denuncia de que “hay un sistema corrupto en las obras sociales sindicales”, aseguró que las manifestaciones gremiales del último viernes fueron “las reacciones corporativas para que ese sistema no caiga”.

En el mismo sentido se manifestó el precandidato presidencial de la UCR Ernesto Sanz, quien cuestionó la defensa de los gremios, pero también deslizó críticas contra Oyarbide por su actuación en las diferentes causas que tiene en su poder y por su reacción ante la presión gremial.

“Tan nefasto es detener a una persona por razones políticas como liberarla por presiones políticas”, sentenció el senador por Mendoza. “Si hay delito, tiene que haber castigo; y si no lo hay, no se puede acusar a alguien de lo que no ha hecho”, agregó.

Algo similar manifestó el diputado nacional Francisco de Narváez (Peronismo Federal), quien apuntó sus dardos contra el juez. Lo hizo al manifestar su preocupación por la “doble vara” con la que, opinó, se miden las conductas de personas procesadas por delitos tan graves como el imputado a Venegas.

“Hay funcionarios del Gobierno implicados en casos terribles de corrupción que gozan de libertad, viajan fuera del país, regresan y de ninguna manera sufren persecución”, afirmó el político y empresario.

Como contrapartida, De Narváez dijo que “otros que son opositores son detenidos sin habérselos indagado previamente y en medio de un gran despliegue, como para mostrar que quieren ese espectáculo”, en clara alusión a la detención de Venegas, el jueves último.

Críticas en la CTA

Más atento a su disputa con la CGT, el dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Hugo Yasky criticó la reacción de la entidad que dirige Hugo Moyano.

“No se puede hacer una defensa corporativa con la detención de Venegas, no se puede decir que es un ataque al sindicalismo”, señaló Yasky. “La causa de la mafia de los medicamentos tiene fundamento, hay denuncias y hechos que muestran el desvío de fondos de obras sociales de manera no transparente”, agregó el sindicalista.

Ocaña fue más allá y se manifestó preocupada por la decisión de Oyarbide de ceder ante la presión gremial. “Eso me preocupa, porque observo una defensa corporativa más ligada a una sociedad mafiosa que democrática, un sistema de privilegios”, sentenció.

Por último, Sanz insistió en que “lo más importante en este caso es saber si hay delito o no”.

Con información de La Nación

Con críticas y un gran escepticismo, las universidades entregaron el informe del Indec. Fueron recibidas por el ministro de Economía, en una reunión en la que no se analizó la investigación

Falta de interés del gobierno

El consejo académico le entregó ayer al ministro de Economía, Amado Boudou, el informe que afirma que el índice de precios elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no sirve como referencia para medir la inflación real, la pobreza ni para fijar la discusión salarial.

El encuentro comenzó con la expresión de malestar de los representantes académicos por la demora del Gobierno en recibir el informe que había solicitado, a través de un decreto de la Presidencia.

El delegado por la Universidad de Buenos Aires, Enrique Zuleta Puceiro, fue el encargado de expresar esta sensación, ya que desde septiembre los académicos habían terminado el informe, pero no fueron convocados para presentarlo ante Boudou. Finalmente, anteayer, luego de que el ministro informara que el Gobierno le pidió asistencia técnica al Fondo Monetario Internacional (FMI) por el Indec, decidió llamarlos.

“Expresamos el malestar de las universidades por no hacer una reunión técnica y acordamos que el ministro se reunirá con los rectores a la brevedad”, dijo anoche Zuleta Puceiro.

El rector Rubén Hallú le pidió a Zuleta Puceiro que transmitiera ese mensaje, y ante la negativa de Boudou a difundir el informe, la UBA decidió que hoy “se colgará la investigación en la página web” de la universidad ( www.uba.ar ), indicaron fuentes del rectorado.

“Boudou no dio razones claras que justifiquen ni la demora ni la decisión de no publicar el informe”, indicaron.

Por otro lado, los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas le habían pedido a Hallú varias veces que presionara al Gobierno para dar a conocer el informe. “Queremos que se haga público”, dijo el director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Andrés López.

Gobierno nunca respondió a los rectores

Los rectores de las cinco universidades que integraron el consejo académico (CAES) le habían enviado una carta al ministro, que nunca respondió.

Ayer, Boudou habló casi dos horas con Zuleta Puceiro, Jorge Fernández Bussy (Universidad de Tres de Febrero) y Ernesto Seselovsky (Rosario); no pudieron estar Mario Jorrat (Tucumán) ni Daniel Pérez (Mar del Plata) por lo sorpresivo del encuentro, convocado por el jefe de asesores del ministro, Guido Forcieri.

FMI

“Más allá del momento inicial, el encuentro fue positivo porque el ministro nos dio detalles de la misión acordada con el FMI y porque el informe de las universidades, más allá de las críticas, contiene una importante lista de propuestas”, agregó Zuleta Puceiro.

Boudou les comentó que “analizará puertas adentro del Gobierno el contenido del informe y que luego se evaluará nuevamente con las universidades”, según Zuleta Puceiro y Fernández Bussy.

Fernández Bussy dijo que el ministro les habló de la participación del FMI en el asesoramiento técnico para generar un nuevo índice de precios al consumidor nacional “en términos condicionales”.

“Nos comentó que esta ayuda es positiva para la imagen del Gobierno hacia afuera”, expresó el profesor de la Untref.

Para Fernández Bussy, este informe “puede ser un insumo importante para la misión del FMI, porque contiene propuestas de mejoramiento efectivo del Indec”. De hecho, en su informe anual, el FMI dio cuenta de este informe y, por otro lado, el decreto presidencial que dio origen al consejo académico obliga al Gobierno a girarlo al Congreso Nacional.

Con información de La Nación

Mientras crecen las críticas al programa agroalimentario por lo confuso de los objetivos, la Sociedad Rural Argentina (SRA) abandonó el plan.

El Programa Estratégico Agroalimentario (PEA) que impulsa el Gobierno nunca tuvo el total beneplácito de las entidades rurales. Pero hoy parece estar en su peor momento, ya que la Sociedad Rural Argentina (SRA) anunció que dejará de participar en su formulación, mientras que en las otras entidades crecen las críticas al armado del programa.

Motivos de la SRA

“Se avanzó poco en el plan. Tenemos decepción y desconfianza. No queremos involucrarnos en un proceso que no compartimos ni avalar un sinnúmero de ideas que están lejos de nuestro pensamiento”, dijo el presidente de la SRA, Hugo Luis Biolcati, al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en la carta en la que notificó el retiro de la entidad del PEA.

“El plan es complicado y menciona conceptos que no compartimos, como la soberanía decisional, que implicaría que el Estado podría regular la producción. Tenemos demasiados problemas en la comercialización del trigo o en la ganadería como para perder el tiempo en planes pomposos y poco concretos”, dijo Biolcati.

Respuesta del gobierno

Las declaraciones del ruralista motivaron una reacción inmediata de la cartera de Agricultura. “Resulta llamativa la poca relevancia que (Biolcati) le asigna al PEA. Parecería ser que sólo un sector es capaz de conformar un plan estratégico”, dijo el secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, en un comunicado, en el que también acusó a Biolcati de no conocer el sector y ser contradictorio en sus declaraciones.

Críticas de otras entidades rurales

En la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) comparten la visión de la Rural de que el plan tiene definiciones confusas y defiende objetivos no compartidos por el grueso del sector, pero afirmaron que seguirán asistiendo a las reuniones técnicas del PEA. “Seguiremos participando en el nivel técnico como hasta ahora, pero hemos expresado nuestro desacuerdo total con varios puntos que propone el plan. Creemos que hay que seguir yendo y objetar todo lo que sea objetable”, explicó el economista de Coninagro, Daniel Asseff.

“En el fondo, nadie en las entidades está convencido de lo que se hace ahí. Hay desconfianza con el Gobierno, porque mientras se habla de un trabajo a largo plazo se mandan señales negativas hacia la producción, como la intervención de los mercados”, relató uno de los técnicos que asisten a las reuniones y que pidió mantener su nombre en reserva.

Este mismo técnico relató una anécdota que pinta de cuerpo entero la falta de identificación entre muchos ruralistas y los ideólogos oficiales del PEA. “A la primera reunión de lechería no nos invitaron y un funcionario del área de lechería, Roberto Socín, nos echó en persona. Reclamamos al Ministerio y a las horas nos llamaron de parte de Domínguez para pedirnos disculpas por la confusión”, dijo el técnico.

La Federación Agraria Argentina (FAA) continuará participando en los debates políticos y técnicos del plan, como lo hizo desde el principio. Esto marca un nuevo punto de división entre la FAA, que mantiene una relación cercana al principal impulsor del PEA, Domínguez, y el resto de la Mesa de Enlace, contrario a la política que aplica el ministro.

Con información de La Nación

El gobernador santafesino salió a dar explicaciones por sus declaraciones sobre retenciones que, además de enemistarlo con el mayor sector productivo de la provincia creó enfrentamientos dentro de su propio partido.

Hermes Binner aseguró hoy que no cambió de idea respecto de las retenciones; que las alícuotas de dicho impuesto debe fijarlas el Poder Ejecutivo y convalidarlas o no el Congreso.

El mandatario había dicho que no era adecuado que el Congreso decidiera de cuánto debía ser este impuesto. Esta mañana, sostuvo que “en toda conversación (en alusión a la entrevista periodística) siempre quedan cosas sin explicitar”.

Sin embargo, aclaró “Hay que terminar con las facultades delegadas. Tenemos un presupuesto que construye el Ejecutivo y lo aprueba el Legislativo. El presupuesto tiene egresos e ingresos; allí están los fondos derivados de los derechos de importación y exportación. Eso es un ingreso real que tiene el Ejecutivo y lo plasma en una propuesta, y es el Legislativo el que tiene que aprobarlo o no. Esto surge de la misma interpretación de la necesidad de no delegar responsabilidades y de aceptar lo que dice la Constitución”, expresó.

Consultado sobre la posición de su partido a favor de las retenciones segmentadas, el gobernador sostuvo: “Filosóficamente no defendemos las retenciones, sino los impuestos, sobre todo a las ganancias. Hoy se buscan formas más sencillas para recaudar, como el IVA, el impuesto al cheque o las retenciones. No estamos a favor de las retenciones; ahora, instaladas como están hoy, merecen un tratamiento especial. Si vemos que en el Congreso hay 29 proyectos distintos sobre el tema, es porque es complejo y de interpretación diversa. Y obviamente, quien fija esa retención, cuánto es lo que se pretende recaudar por esa vía, es el Ejecutivo. Y quien la aprueba es el Legislativo”.

Binner no cambia de opinión

Para el gobernador el Congreso no puede moderar al Ejecutivo. “¿qué herramientas tenemos en el Congreso para definir si la retención debe ser del 35 o del 25%? Estamos hablando de un tema que pertenece al plan económico vigente en el país. Pasaba lo mismo con el Banco Central. No podemos generar un banco independiente de la política económica; tiene que tener rasgos de complementariedad con los poderes para dar determinados pasos. Del mismo modo, no se puede despegar el ingreso que se va a tener de la política económica”.

“Cuando esto se ve parcialmente, cometemos errores. Ahora, si Ud. me pregunta si este programa lo llevaría adelante el Frente Progresista, yo le digo rotundamente que no. Pero el programa vigente es el que está aplicando quien ganó las elecciones”.

Si Binner estuviese en el poder Ejecutivo, lo resolvería de esta manera: “El Ejecutivo puede decir 35%, por ejemplo, y el Congreso puede dar las pautas: 35% para las extensiones de determinadas hectáreas, o 15% para las más pequeñas; eso lo puede hacer el Congreso. Puede establecer pautas de funcionamiento. Creo que hay un principio básico que tiene que ver con la oportunidad en el manejo de estos impuestos, vinculados con el desempeño de un producto, que es la soja”, manifestó.

“Apostando sólo a esto podemos caer en una especie de montaña rusa donde nos caemos a cero de un día para otro. Tenemos un modelo económico con una gran fragilidad. Hay que convertirlo en uno mucho más sustentable. Pero esto es producto de otro plan económico; evidentemente, a quienes hoy gobiernan no les interesa esto”, declaró el gobernador.

Consultado sobre las críticas que despertó su declaración, Binner sostuvo: “Desde mi modo de ver he sido lo suficientemente claro. Tal vez no quedó claro para quién tomó la información. Rápidamente han girado una propuesta política y no era ésa mi intención”.

Críticas oficialistas y opositoras a los dichos de Binner

La postura del gobernador produjo nuevas tensiones en el Frente Progresista e incluso en el seno del propio Partido Socialista, aunque sus principales referentes optaron por el “silencio de radio”. El senador Rubén Giustiniani, por medio de un comunicado dejó en claro que seguirá trabajando desde el Congreso por los pequeños y medianos productores.

La crítica más dura provino desde la Coalición Cívica - ARI a través de los diputados nacionales Carlos Comi y Susana García y el presidente del partido a nivel provincial, Pablo Javkin. Desde el radicalismo, el diputado nacional Jorge Álvarez se limitó a reafirmar el compromiso de campaña del Frente Progresista, lista que encabezó. “Es una facultad del Congreso y se deben fijar en forma segmentada”, le dijo antes de ingresar a reuniones para discutir el tema.

El justicialismo no se sintió ajeno a las expresiones de Binner y la reutemanista Alejandra Vucasovich afirmó que “una vez más el gobernador se pone al lado de Kirchner y en contra de los productores santafesinos”.

Golpe injusto

Comi y Javkin consideran que las expresiones de Binner, además de desconocer la Constitución son “un golpe profundamente injusto a los productores que se movilizaron durante el 2008, a los pueblos del interior y por ende a corazón productivo del país”.

Los aristas no dejaron de destacar que “los principales sorprendidos deben ser los legisladores socialistas como el senador Giustiniani que tienen distintas iniciativas presentadas en el Parlamento”.

Para Vucasovich “los productores agropecuarios de Santa Fe acaban de ver cual es el verdadero rostro de Binner con respecto al tema de las retenciones: con la ambigüedad que lo caracteriza salió a respaldar la pretensión del gobierno de los Kirchner de seguir manejando en forma arbitraria esa potestad, desconociendo el discurso de campaña de los candidatos socialistas que intentaron mostrarse opositores”.
La legisladora justicialista señaló que “tanto el gobernador como su ministro de la Producción, Juan José Bertero, apoyaron la famosa resolución 125 el día en la que el gobierno nacional la dio a conocer, y después, cuando vieron que no les era políticamente beneficioso quedar de ese lado intentaron ponerse del lado de la gente de campo, y ahora, extrañamente, vuelven a estar del otro lado del mostrador”.
Con información de El Litoral

El ministro de Aguas y Servicios Públicos alegó razones de urgencia para contratar sin licitación previa al concesionario de la autopista Santa Fe- Córdoba. El PJ remarcó que el acto está “viciado de nulidad”.

Antonio Ciancio concurrió a la Legislatura para explicar la contratación directa a la UTE conformada por las empresas Edeca y Supercemento, para la administración de la autopista Brigadier López.

“No creemos que haya habido mala fe, pero tampoco nos gusta que nos tomen por estúpidos. Porque para tapar baches y cortar yuyos, con una recaudación de 4 millones de pesos, ministro, démelo a mí que yo lo hago”.

El irónico comentario del presidente del bloque kirchnerista de diputados de la provincia, Luis Rubeo, marcó la fuerte impugnación de todo el justicialismo al proceso por el cual el gobierno de la provincia concedió la administración de la autopista Santa Fe-Rosario en forma directa, y provisoria, al consorcio vial Edeca- Supercemento.

Para la oposición, no sólo el acto está viciado de nulidad -y por lo tanto reclamó que sea dejado sin efecto-, sino que tampoco se explican las contradicciones del Poder Ejecutivo -que primero informó que la explotación iba a ser asumida por el Estado- ni justifican los criterios con los cuales se tomó la decisión, limitando el ofrecimiento a cuatro empresas, sobre las treinta que figuran en los registros oficiales.

Buena fe y transparencia

Precisamente, la buena fe fue uno de los principales ejes de la defensa del ministro de Aguas y Servicios Públicos, Antonio Ciancio, en su exposición de esta mañana ante los legisladores. Los otros fueron la transparencia del proceso y la urgencia de la decisión, que llevó a limitar el número de participantes invitados. “Podríamos haber llamado a más, pero estábamos en una urgencia, y al primero que nos dijo que sí, le dijimos ‘bueno, firme acá’ ”, graficó.

“La transparencia es propia de mi ser, en mis 63 años mi conducta ha sido intachable, este gobierno es transparente, idóneo y con técnicos de primer nivel”, comenzó diciendo el ministro, en su exposición previa, acompañado por el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Boggiano.

Las explicaciones ante la Legislatura

Luego hizo una extensa recapitulación sobre los antecedentes de la administración de la autopista, desde la concesión en 1998, haciendo hincapié en las sucesivas prórrogas y renegociaciones. Y consignó que la provincia no se hizo cargo por las complicaciones que se advirtieron.

“Teníamos que empezar a pagar IVA e Ingresos Brutos y eso no es propio del Estado, había que ver que hacíamos con el personal, y cómo hacernos cargo de cortar el pasto y tapar baches. Entonces pensamos que había que prorrogar con Aufe. Lo intentamos, pero ellos no fueron transparentes y casi extorsionaban pidiendo que no se pagara canon.

Pedían además que la tarifa se llevara a cuatro pesos, entonces no fue una opción viable”.
“Así llegamos a la contratación directa sobre la base de lo que en derecho se llama la razonabilidad del funcionario. El fin es la licitación de la autopista, pero había que ver cómo se salía de la transición”, explicó.

Cuestionamientos

Luis Rubeo cuestionó por qué se insistió en negociar con Aufe, si los propios legisladores del oficialismo planteaban otras alternativas, como la constitución de una unidad ejecutora a través de la provincia. Ciancio volvió a decir que la provincialización era una salida muy compleja.

El justicialismo retrucó entonces que en su primera exposición ante la Cámara, Ciancio no mencionó otras alternativas en estudio.

Mario Lacava (PJ-Compromiso con Santa Fe) exigió la copia del expediente con todas las tramitaciones, que le fue negada con el argumento de que estaba en el Tribunal de Cuentas, provocando el enojo del legislador. “Antes de que el decreto se firme, el expediente tenía siete hojas. Cuando se termina de concretar, pasó a 240”, argumentó.

“No hubo urgencia”

Desde el departamento jurídico del ministerio se invocó el Art. 148 de la ley de Administración Financiera que autoriza las contrataciones directas en casos de urgencia e imprevisión. Pero Lacava insistió en que “acá no hubo urgencia ni imprevisión, porque ustedes ya sabían el 10 de marzo cuando vinieron a exponer que la licitación terminaba el 30 de junio y Aufe se iba, y que había que llamar a licitación. Había tiempo, había 90 días”.

Precisamente, en el afán del PJ de demostrar que no hubo urgencia, los justicialistas hicieron admitir al ministro que en 2008 y 2009 se contrató a expertos para estudiar y rehacer los pliegos licitatorios.

El radicalismo, cuyos legisladores habían propuesto que el Estado se haga cargo, mantuvo una presencia dispar durante el encuentro, al punto que muchos -como Santiago Mascheroni y Hugo Marcucci- se retiraron antes de que terminase.

Como conclusión, el PJ pidió que se deje la contratación sin efecto. Y advirtieron que, según lo que dictamine el Tribunal de Cuentas, la cuestión puede terminar ante la Justicia.

Con información de El Litoral

“El liderazgo en los reacomodamientos de precios y costos nuevos están en los sectores que afectan a las exportaciones”, dijo la Cámara de Exportadores por medio de un comunicado en el que detalló las medidas oficiales que impactan en el sector, entre otras:

• Peaje Ivetra para ingresar y retirar contenedores en el puerto de Buenos Aires a partir del II trimestre 2009 (US$ 14 + IVA por contenedor). Lo pagan exportadores e importadores.
• AGP informó que negociaría nuevas tarifas con las terminales del Puerto Nuevo. Implicaría un aumento de las tarifas a la carga en 2010.
• Impuesto a la devolución de impuestos. A partir del 1° de enero se cobra el impuesto a las ganancias a la devolución de impuestos a las exportaciones de mayor valor agregado, con lo que se reduce en un tercio su efecto.
• Aumento en los costos de los servicios de TCA para las exportaciones por vía aérea y disminución de las bonificaciones.
• Outsourcing de la guarda de los documentos de las exportaciones que hacía el Estado (depositario fiel).
• “Regulaciones estatales y tarifas en dólares para actividades que tienen costos en pesos es una fórmula que encarece los costos para exportar y resta competitividad”, dijo Enrique Mantilla.

Con información de La Nación

Para evitar el rechazo del Congreso, el oficialismo nacional estaría dispuesto a reealizar algunas modificaciones en el proyecto de ley sobre medios audiovisuales.

El Gobierno ha comenzado, en las últimas horas, a mostrarse permeable a hacer retoques a su proyecto de ley de servicios audiovisuales, ante la inquietante posibilidad de que la iniciativa, tal como está, sea rechazada por el Congreso, sobre todo en el Senado.

A cuatro días de la presentación oficial, y con el apuro de la presidente para que se debata lo antes posible, un grupo de legisladores oficialistas empezó a negociar en los despachos del Congreso de cara a la discusión en ambas cámaras.

El punto en que el oficialismo estaría dispuesto a ceder

Según confiaron tres altas fuentes del Gobierno y legisladores oficialistas, hay disposición a hacer cambios en un punto que la oposición marcó como uno de los más conflictivos de la iniciativa: la autoridad de aplicación de la ley, que dejará en manos del Poder Ejecutivo la revisión, cada dos años, de los licenciatarios de frecuencias.

El jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, reconoció que buscarán el consenso sobre la iniciativa, pero insistió, en contra de la postura opositora, en que intentarán aprobarla antes del 10 de diciembre, momento en que se renovará el Congreso.

Las críticas a la entidad de control

La iniciativa oficialista plantea la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, integrada por tres representantes del Gobierno y dos del Congreso. Los bloques Solidaridad e Igualdad, Proyecto Sur, Diálogo por Buenos Aires y Forja rechazan la idea de que esta entidad dependa del Poder Ejecutivo y proponen la creación de un órgano autárquico. Entre los proyectos que ya están redactados por otros legisladores, uno establece la posibilidad de que la autoridad de aplicación esté integrada por nueve miembros: seis en representación del Parlamento y tres del Poder Ejecutivo, lo que dará margen de acción a la representación legislativa que alcance un gobierno. En este artículo el Gobierno abrirá el proyecto a debate, si logra convencer al grupo de aliados y de los sectores menos críticos.

Cristina Fernández apurada por aprobar la ley

El apuro de la presidente en sancionar la ley obligó a que hoy el interventor en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, se reúna con la bancada kirchnerista en Diputados. Será un encuentro a puertas cerradas, por lo que algunos diputados aprovecharán para plantear sus reparos a la norma, a la espera de que el funcionario anticipe si hay posibilidades de cambios. No obstante, funcionarios y diputados anticiparon ayer que el Gobierno aceptará modificaciones. Algunos pudieron evacuar sus dudas con el número dos del Comfer, Luis Lázaro, uno de los funcionarios que redactaron el proyecto, que anticipó que se podrían hacer retoques. El Gobierno se está moviendo en pleno para consensuar posturas en la Cámara de Diputados, bajo la coordinación del secretario legal y técnico, Carlos Zannini.

Desacuerdo sobre las telefónicas y la televisión por cable

Otro de los artículos duramente resistidos en el Congreso es el que habilita a las empresas de servicios públicos, como las telefónicas, a prestar servicio de cable, algo que tenían expresamente prohibido por el pliego de privatización y que en la mayoría de los proyectos que ya existen en el Parlamento tenían restringido el acceso.

Ayer, el titular del bloque SI, Eduardo Macaluse, anticipó su desacuerdo. “Tememos que se conformen nuevos monopolios, esta vez a manos de las telefónicas”, advirtió. En la Casa Rosada ya está definido que las empresas telefónicas estarán habilitadas. En eso no hay dudas. Pero según anticiparon en el Gobierno, se podrían introducir restricciones, como obligar a las compañías a desprenderse de parte de la red de telefonía, lo que implicará que se desmonopolicen previamente.

Hoy, el mayor escollo para la Casa Rosada es conseguir el quórum en la Cámara baja: necesita sumar el apoyo de otros 18 legisladores para arrancar la sesión. Pero en el bloque oficialista hay voces que disienten de la iniciativa, entre ellas los cinco diputados que responden al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, que ya reclamó cambios de fondo al proyecto. También expresó sus dudas el salteño Marcelo López Arias.

La opinión de los constitucionalistas

Dos de los más prestigiosos abogados constitucionalistas del país manifestaron a su rechazo al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Ricardo Monner Sans tildó al apurado debate que fogoneará a partir de esta semana el oficialismo K en el Congreso de la Nación de “oportunista, mentiroso y devaluador de la República”. En tanto, Daniel Sabsay advirtió de que la iniciativa va “en contra del principio de seguridad jurídica” y del artículo 17 de la Constitución nacional.

Monner Sans, quien hace poco más de un mes presentó una denuncia ante un juez federal para que se investigue a la primera mandataria y a su esposo, Néstor Kirchner, por presunto enriquecimiento ilícito, fue directo al hueso al decir que “el debate por la ley de servicios de comunicación audiovisual está hecho desde el oportunismo y sólo para los intereses del matrimonio presidencial. Si en la Argentina seguimos con este tipo de discusiones, estamos propiciando un debate mentiroso y devaluador de la República”.

El letrado evitó brindar detalles desde el punto de vista de la legalidad del articulado del proyecto aduciendo “falta de tiempo para leer las 163 páginas” de la iniciativa K, y agregó: “Es necesaria una nueva ley de medios pero entendiéndola desde el debate plural y no desde Olivos-Balcarce 50”, con referencia a la residencia oficial del matrimonio Kirchner y la Casa Rosada, sede del Ejecutivo nacional.

Monner Sans comparó el apurado debate que el oficialismo pretende dar sobre la norma que regularía los servicios de comunicación audiovisual con el nuevo rol del Estado en la televisación de los partidos de fútbol de primera división de la Argentina o “con la estatización de las AFJP, donde el Gobierno necesitaba un Fondo Monetario paralelo. Cuando estas cosas se hacen para jorobar a otros, ya no es una cuestión de principios, sino un problema de ataques”.

Por su parte, el constitucionalista Daniel Sabsay estimó, en primer lugar, que “no es el momento oportuno para la discusión, porque estamos ante una mayoría en las cámaras (del Congreso nacional) deslegitimada en la última elección. La ley de medios es un tema de vital importancia para la vida democrática que debe ser tratado con la mayor amplitud y con el tiempo necesario para llegar a una solución”.

Ya en el terreno del contenido, Sabsay rechazó que la ley tenga un alcance retroactivo, puesto que obliga a los concesionarios de licencias a desprenderse del “excedente” en el término de un año. “Estaría afectando los derechos adquiridos por los actuales licenciatarios y nos encontraríamos contra el principio de seguridad jurídica y el artículo 17 de la Constitución”.

El especialista hiló más fino aún al analizar el rol de la autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual, un organismo de contralor y aplicación creado por la ley y que dependerá de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete.

“Se trata de un proyecto que busca el dominio de los medios, más allá de una cantidad de declaraciones que son muy seductoras desde el punto de vista retórico, pero que se desvanecen cuando se toma conciencia de que la autoridad de aplicación, que será la que les renovará cada dos años la licencia a los medios, está integrada por una mayoría abrumadora del oficialismo, lo cual de por sí tiñe todo de falta de ecuanimidad”, subrayó el especialista. Esta “mayoría aplastante” del gobierno de turno en el organismo de control “va a redundar en desmedro de la libertad de expresión”, según dijo el constitucionalista.

Sabsay avizoró, además, una tendencia a la estatización de los medios “ya que se está reservando el sector estatal un tercio de ellos, lo cual se suma a la experiencia con el fútbol, más un canal específico de deportes en un servicio de TV satelital”.

Con información de La Capital y La Nación