La suma de 22.000 millones de pesos debería pagarse antes de fin de mes. Los gobernadores presionan al gobierno nacional para refinanciar sus obligaciones.

Si la Casa Rosada no les da un auxilio financiero, en enero todos los gobernadores (del PJ, aliados y opositores) deberán comenzar a pagar los vencimientos de deuda, que en 2012 son de 22.000 millones de pesos. Según confiaron altas fuentes del Gobierno, Cristina Kirchner y su ministro de Economía, Hernán Lorenzino, “están elaborando una salida para fin de año”. Y se anunciaría antes de que termine el mes.

En estos días, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, de fuerte llegada a la Casa Rosada, medió entre la Presidenta y varios de sus pares. Su mensaje a ellos fue claro: “Algo va a haber”. Pero agregó: “Todavía no hay novedades”.

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, habló con la presidente. Su colega de Córdoba, José Manuel de la Sota, gestiona un contacto directo con Lorenzino o su equipo. Y el de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, dijo habló con sus pares de Cuyo y del Sur. El Gobierno incluyó casi 15.000 millones de pesos dentro de un fondo fiduciario para auxiliar a las provincias que figura en el presupuesto 2012, que el Senado convertirá en ley esta semana. “Pero ahora hay que buscar la fuente de financiamiento”, dijo una fuente oficial. Saldría, agregó, “de una caja escondida”. No dio detalles del asunto.

“Hay varias alternativas e hipótesis”, dijo otro interlocutor oficial de los gobernadores.

Aun con ese auxilio, si los servicios de deuda son de 22.000 millones de pesos, a las provincias les faltaría cubrir 7000 millones, según alertó un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), del economista Nadin Argañaraz.

¿Cómo financiar a cada provincia?

“Nunca les pagamos todo, ellos pagan el resto como pueden”, dijo la fuente oficial. Si se suman esos 7000 millones de pesos al déficit fiscal provincial total de 16.000 millones de psoes, les quedaría a los gobernadores un saldo a financiar de 23.000 millones de pesos, que hoy no tienen en sus tesoros.

Para la consultora Economía y Regiones, el bache a cubrir sería de 27.000 millones de pesos el año próximo.

La situación no es fácil. Los recursos a la Nación no le sobran: se prevén un déficit nacional en 2012 de 12.000 millones de pesos y un bache financiero a cubrir (déficit más deuda) de 10.000 dólares.

Para peor, en 2012 se espera una recaudación estancada por ajustes fiscales y por la crisis económica internacional.

El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, comenzó incipientes contactos con gobernadores. Pero el negociador es el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, delegado por el ministro Lorenzino. Pezoa recibió hace tres días al gobernador de Río Negro, Carlos Soria, que mostró preocupación.

La situación de cada provincia

El cordobés De la Sota quiere negociar con Pezoa o Lorenzino, además, la deuda que le debe la Nación: 1100 millones de pesospor la caja previsional y 600 millones por obras viales y viviendas. También Córdoba debe pagar 550 millones en 2012 a la Nación. Santa Fe está en situación similar.

En mendocino Francisco “Paco” Pérez dijo que buscará reclamar en conjunto con sus pares José Luis Gioja (San Juan), Luis Beder Herrera (La Rioja ), Lucía Corpacci (Catamarca), Jorge Sapag (Neuquén), Oscar Jorge (La Pampa) y Carlos Soria (Río Negro). En una reciente reunión en Costa Salguero de gobernadores e intendentes organizada por el operador en el PJ Juan Carlos Mazzón, la deuda fue el tema de charla dominante. Todos se preguntaban unos a otros si tenían novedades.

Deuda total

La deuda total que tienen las provincias es de 75.000 millones de pesos. Pero en esa cifra están contempladas las viejas obligaciones provinciales con bancos privados, préstamos que otorgó la Nación, el Plan de Financiamiento Ordenado y el rescate de las cuasi monedas que se realizó en otros momentos.

El período de gracia de la Nación a las provincias termina el 31 del actual y fue parte del programa de desendeudamiento que Cristina Kirchner lanzó en mayo de 2010 para aliviar la situación financiera de las provincias con el año electoral por delante. No pagaron nada por un año y medio.

Además, el Gobierno les transfirió a los distritos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por 9800 millones de pesos y les reprogramó el resto de la deuda hasta 2030, a una tasa fija del 6% anual.

El Gobierno prorrogaría el plazo de gracia un año más o refinanciaría con 15.000 millones de pesos parte de los vencimientos de 2012 de los 22.000 millones de pesos. Para cubrir el resto de las deudas que existen con la Nación, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y otras provincias aumentarían parte de sus impuestos provinciales para aumentar la recaudación.

Además, algunos distritos recurrirían a la colocación de nueva deuda o a préstamos de la Nación como alternativa viable. Pero el desafío de los gobernadores, en rigor, será en adelante no aumentar más el gasto público con nuevos sueldos y cantidad de personal, como suele ocurrir en tiempos electorales.

Con información de La Nación

Cristina Fernández de Kirchner adjudicó a su propia gestión la victoria electoral del domingo. En una conferencia de prensa relativizó su convocatoria a la oposición del día anterior. “Los acuerdos se hacen en el Congreso”, dijo.

Convocó a una conferencia de prensa después de 556 días desde la última vez que se expuso a preguntas. Con el nuevo tono moderado y conciliador que ensayó antes de las elecciones, la jefa del Estado anticipó, además, que habrá escasos actos de campaña y que hasta los comicios generales del 23 de octubre se concentrará en mostrar el día a día de la gestión.

“La sociedad votó una gestión de gobierno que viene desarrollándose desde el año 2003, con errores, con aciertos, con marchas y contramarchas. Es también un reconocimiento al trabajo y a la gestión”, se plantó Cristina ante la primera pregunta de las cinco que aceptó contestar, en una suerte de análisis de situación.

A pesar de que en la noche de su triunfo había reiterado varias veces la necesidad de hacer una convocatoria a todas las fuerzas políticas, y había pedido “unidad”, ayer acotó el diálogo al ámbito del Congreso y cerró la puerta a eventuales reuniones con los partidos políticos de la oposición.

Entre las pocas definiciones que dio, contó que no cambiará su estrategia de campaña. Después del 50% de los votos que obtuvo y la abismal diferencia con sus competidores, quedó claro que Cristina no hará grandes retoques. “Para mí no hay mejor campaña que trabajar, sobre todo cuando uno tiene responsabilidades institucionales. Eso es lo que la gente espera: trabajo, esfuerzo, y ése es el camino que vamos a seguir”, anticipó.

La jefa del Estado negó que estuviera en sus planes reunirse con la dirigencia opositora. “Uno de los ámbitos donde deben realizarse los diálogos y los acuerdos es el Parlamento, donde están representadas todas las fuerzas políticas”, planteó ante la consulta de cómo llevaría adelante, y sobre qué temas, el llamado que había hecho la noche anterior.

Ley de tierras

Cuando habló sobre la necesidad de acuerdos en el Congreso, reclamó que se debatiera una nueva ley de tierras después de que el Gobierno presentara un proyecto en abril pasado. “Apuremos el tratamiento. Es importante para demostrar a la sociedad, a los sectores productivos y al mundo la idea que las fuerzas políticas en la Argentina tenemos acerca de un recurso estratégico y vital, como es la tierra”, exigió.

A pesar de la escasa participación del sindicalismo en las listas de candidatos y una tensa relación que la une al líder de la CGT, Hugo Moyano, Cristina les envió un guiño tanto a los gremios como a los empresarios. Dijo que ratificará el rumbo en materia social y que seguirá convocándolos y reuniéndose con ambos sectores.

Tampoco se privó de hablar de la crisis internacional. “Somos un modelo que están mirando, porque lo que está pasando en el mundo se parece mucho a la Argentina del año 2001″, festejó. Tampoco anticipó cambios sobre el pago de la deuda. “

Con información de La Nación

El cálculo se hizo con información oficial. El organismo previsional santafesino no recibe un peso desde 2007. Córdoba consiguió 2.376 millones de pesos entre 2008 y 2010.

A lo largo de su gobierno en la provincia Hermes Binner siempre demandó mayor equidad en el reparto de fondos por parte de la Nación. Sus críticas le valieron el enojo de funcionarios kirchneristas, que desmintieron cualquier tipo de manejo discrecional de recursos públicos, pero un estudio de la Fundación Apertura le da la razón al dirigente socialista. En tal sentido, la ONG que realizó el destacó que desde 2006 la tesorería nacional dejó de enviar a Santa Fe los dineros para financiar los déficits de la Caja de Jubilaciones, a pesar de estar comprometido a hacerlo.

Al respecto, la deuda estimada a junio de este año es de 1.012 millones de pesos, equivalentes a cuatro de los 12 acueductos que se quieren construir para resolver el problema del agua potable en el interior santafesino. Además, Fundación Apertura remarcó las diferentes respuestas que adoptó la Nación con las provincias de Córdoba y de Santa Fe; la primera de administración justicialista y la otra del Frente Progresista.

Coparticipación

Para entender la génesis del tema, se indicó que en 1992 las provincias y la Nación firmaron el Pacto Fiscal I, mediante el cual cedieron el 15% de la masa coparticipable para el financiamiento del sistema previsional nacional, que en ese momento presentaba un importante déficit. Al año siguiente, buscando una prórroga para ese convenio, se firmó el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, donde el Estado argentino se comprometió a aceptar el traspaso de las Cajas Provinciales al Sistema Nacional.

Luego, entre 1994 y 1996, 11 jurisdicciones realizaron el traspaso de sus cajas de jubilaciones a la Nación. Las provincias que no lo hicieron se sintieron discriminadas porque lo que se les descontaba de la coparticipación era utilizado para financiar las cajas transferidas, mientras ellas debían soportar sus costos y administración sin recibir nada a cambio.

En respuesta a ese reclamo, las provincias y la Nación firmaron el Compromiso Federal ratificado por Ley 25.235, que en la cláusula 12ª estableció que el Gobierno se haría cargo de los déficits de las cajas no transferidas, y que éstas debían armonizar sus sistemas en función de pautas nacionales. Santa Fe, junto a Córdoba, Santa Cruz, La Pampa y Chaco, fue una de las primeras en suscribir convenios de armonización para recibir este aporte.

En los primeros años se cumplió ese compromiso, pero desde 2006 la Nación no transfiere los fondos a la provincia. Sí, en cambio, cumplió ampliamente con la caja cordobesa, que es de similares características económicas y socio-demográficas a la santafesina. Por ejemplo, el distrito mediterráneo recibió entre 2008 y el año pasado 2.376 millones de pesos, y en igual período a Santa Fe no giraron nada.

La Fundación Apertura remarcó que no fueron suficientes los recursos que recibió Córdoba “ininterrumpidamente” para cubrir la totalidad del déficit de su caja de jubilaciones. Por esa razón, y luego de fuertes reclamos que hizo el gobernador Juan Schiaretti, se firmó un acta de reconocimiento de la deuda. El Estado Nacional aportó 1.924.600.000 pesos a un rojo que fue de 2.376 millones, y por los otros 420 millones que faltaron enviar se decidió extinguir las deudas que esa provincia tenía con la Nación.

En cambio, Santa Fe ante el incumplimiento de la Nación y la falta de toda respuesta a sus reclamos, optó por realizar una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que ya no se le detraiga el 15% de la masa coparticipable para financiar el Ansés, alegando la desaparición de la causa que motivó esa cesión, que fue afrontar el déficit del sistema previsional.

El déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, que debió ser cubierto por la Nación desde 2006, suma 1.012 millones de pesos. Como antecedente inmediato, hace cinco años el entonces presidente Néstor Kirchner y el gobernador Jorge Obeid firmaron un convenio bilateral de financiamiento del déficit previsional, en el cual la Nación reconoce en concepto de anticipo a cuenta del déficit correspondiente a ese ejercicio 105 millones de pesos, que se compromete a transferir en el curso de 2007. Ese año sólo se transfirieron 23 millones de pesos, lo que deja un saldo de incumplimiento de 82 millones.

Con información de Notiexpress

Tras varios pedidos de diputados opositores, el gobierno de Binner ejecutó el seguro por la deuda de la Terminal Puerto de Rosario (TPR).

La provincia decidió ejecutar el seguro de caución por 1,4 millones de pesos, garantía de la deuda que la empresa Terminal Puerto Rosario mantenía con la administración central desde tiempos de la concesión de Guillermo Salazar Boero.

La medida se tomó luego de varios pedidos de parte de diputados de la oposición que, incluso, habían generado una reacción “desmedida” de parte del ministro de Economía Ángel Sciara el último día hábil de 2010 en el marco de una reunión en la legislatura a la cual había sido convocado para hablar del tema.

El pedido del gobierno

“Atento al estado falencial en que se encuentra el tomador del seguro Terminal Puerto Rosario SA, cuyo último pago consta del 30-04-2009, se aconseja salvo mejor opinión, exigir se efectivice el pago del Seguro de Caución, procediendo a intimar en forma fehaciente al asegurador el saldo, en su defecto proceder a ejecutar judicialmente la precitada obligación”, dice el expediente de la API.

Pedido opositor

“Lo que resultó ser una desafortunada participación del ministro de Economía Ángel Sciara en la Legislatura, al retirarse gritando e insultando a la oposición, sirvió para que esta administración diera los pasos administrativos y legales que le reclamamos desde un primer momento y, tal como se lo dijimos, ejecutara el seguro de caución, garantía de la deuda reconocida por la suma de $1.410.738,22”, indicó ayer el diputado Marcelo Gastaldi.

La garantía había sido firmada y comprada por TPR luego de acordar con el API un plan de pagos de 36 cuotas por una deuda de impuesto al sello que superaba los 9 millones de pesos.

Origen de la cuestión

En rigor, la polémica estalló cuando en diciembre pasado se conoció que la Administración Provincial de Impuestos (API) pidió a la Justicia en 2008 una medida cautelar por $9.184.919,61 contra Terminal Puerto Rosario en concepto de deuda por Sellos, medida que en enero de 2009 pidió que sea parcialmente sustituida por $1.410.738,22 , levantándose los embargos que originalmente solicitó trabar.

Negligencia o trato privilegiado

“El gobierno provincial, por negligencia y/o trato privilegiado, había adoptado una actitud pasiva ante la convocatoria de acreedores del privado, que se realizó el 20 de julio del 2009. Durante casi un año y medio los ciudadanos santafesinos estuvimos desamparados por quien debe velar por el tratamiento igualitario de todos los habitantes de la bota”, relató Gastaldi.

“Es oportuno recordar que en el 2009 se realizó un Acuerdo Transaccional entre el concesionario TPR y la Administración Provincial de Impuestos (API) que deja muchísimas dudas sobre las decisiones tomadas por la conducción política del organismo. Tan dudoso ha sido el accionar que si no hubiéramos actuado responsablemente desde la oposición, hoy la Provincia ni siquiera recuperaría parcialmente la millonaria deuda que el concesionario privado tiene con el Estado provincial”, siguió el legislador rosarino.

“El ministro Sciara nos dio la razón, y es el primer reconocimiento de un debate que venimos planteando desde el primer día de gestión de esta administración y tiene que ver con la falta de transparencia en la relación del gobierno de Binner con el concesionario privado del puerto de Rosario”, insistió Gastaldi.

Próximo desafío de la oposición

“Sin embargo, nuestra labor no concluyó, el próximo desafío es pedir públicamente –ya lo hemos hecho por nota a las autoridades, a la Oficina Anticorrupción y con un amparo judicial– que se nos brinde la información de lo que se conoce como «Proyecto de Reconversión del Puerto de Rosario», para tener la posibilidad de estudiar los términos en los que se están llevando adelante las distintas negociaciones; tal vez colaboremos a partir de nuestros necesarios cuestionamientos a transparentar información que hoy está oculta y se niega su acceso a una oposición que por lo dicho ha demostrado ser particularmente constructiva”, finalizó Gastaldi.

Con información de Punto Biz

La mayor parte del déficit de 2010 sigue siendo generado por el sector seguridad. Ayer, el jefe de Gabinete usó una partida prevista para Santa Fe para atender a las cajas de Santa Cruz y Misiones. El último aporte parcial a Santa Fe fue en el 2006.

La deuda de la Nación se incrementa con la Caja de Jubilaciones de la Provincia porque también ésta tiene una diferencia entre los aportes y egresos.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia cerró el ejercicio fiscal 2010 con un déficit de 293.695.579 pesos con 69 centavos, el mayor de los últimos años. El otro dato es que, después de varios años, el rojo no sólo es generado por el sector seguridad, sino que también se dio en el sector civil, aunque el subsecretario de Seguridad Social, Víctor Adamik, estimó que será temporal.

La cifra exacta fue suministrada por el funcionario a las pocas horas de que el gobierno provincial se anoticiara -por el Boletín Oficial- de que el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Aníbal Fernández, firmó la Decisión Administrativa 1001, por la cual modifica el Presupuesto general 2010 de la Nación tomando partidas previstas para Santa Fe y girándolas a Santa Cruz y Misiones, en ambos casos, para atender al déficit previsional de esas provincias.

En los pocos fundamentos de la decisión se habla de “redistribución geográfica de las partidas”. Conocedores del manejo presupuestario advirtieron que en etapas de ajuste de cierre de cuentas se buscan partidas no utilizadas para tapar otros reclamos. “Son decisiones políticas de dónde sacar las partidas”, se dijo.

El Presupuesto general de gastos y recursos de la Nación del año pasado tenía prevista una partida para la Caja santafesina que no fue girada, pese a los insistentes reclamos que se hicieron desde el gobierno provincial. “Anses viene a auditar la Caja todos los años, estuvieron hace cuatro meses”, señaló Adamik.

Coparticipación

Santa Fe acordó oportunamente con el gobierno nacional no transferir su sistema previsional y la Nación tomó el compromiso de atender el déficit siempre y cuando se fueran armonizando los sistemas. Fue en momentos en que la Nación abrió a la privatización el sistema previsional con el sistema de AFJP y las provincias cedieron el 15 % de la masa coparticipable para que la administración central atendiera su rojo, debido a que muchos aportantes pasaron al sistema privado.

El compromiso de la transferencia de partidas de la Nación se cumplió hasta 2005 y al año siguiente empezó a acumularse la deuda, que hoy es cercana a los 842 millones de pesos.

Deuda acumulada

Adamik informó que, en el 2006, el reclamo de Santa Fe fue de 111.143.576 pesos con 46, de los cuales la Nación sólo aportó unos 23 millones de pesos. El pendiente es de 88.143.576 pesos con 46.

En el 2007, el reclamo fue de 133.268.444,74; al año siguiente, de 137.491.448,80; en el 2009, 189.363.488, 40, y el año pasado fue de 293.695.579,69 pesos. “El total histórico de deuda es de 841.962.538 pesos” informó el subsecretario.

En manos de la Corte

El gobierno de Santa Fe llevó ante la Corte Suprema de Justicia el reclamo por la detracción del 15 % de masa coparticipable por entender que dicho pacto dejó de ratificarse y, tras la audiencia celebrada en el Palacio de Tribunales porteño, resta conocerse la decisión final.

Adamik recuerda que se fue armonizado el sistema y uno de los aspectos centrales fue la edad, donde Santa Fe, a partir de 1996, fue equiparándola.

“Nosotros pagamos el 82 % móvil a los jubilados con 35 años de servicios y el 72 % a los que aportaron 30 años”, señala a la hora de diferenciar los sistema previsionales.

“De la actual gestión no tenemos ningún reclamo por movilidad ni por determinación de haber”, dice con orgullo.

En cuanto al presente déficit de los agentes civiles, lo consideró temporal y estimó que podrá corregirse en el presente año. Aduce como causa los aumentos percibidos por los agentes en los últimos meses, lo que tuvo su efecto sobre pasividades y en el medio aguinaldo.

No se deja de mirar tampoco la situación del sistema previsional docente, donde se ha estrechado la relación activo-pasivo. “Hoy es de 3,78 activos por cada jubilado del sector, pero la relación va a ir bajando porque hasta hace algunos años el organismo otorgante no era la provincia, sino la Nación, hecho que se está revirtiendo ahora”. Otro caso es el de pasivos del Banco Provincial, donde los actuales empleados del banco -en manos privadas- ya no aportan a la Caja. En cambio, sí volvieron a hacerlo los agentes de Assa y de la EPE.

Con información de El Litoral

La Justicia nacionalinstó hoy a la Anses a que en el término de cinco días informe “la incidencia económica que tendría” para el organismo devolverle el 15% de aportes coparticipables que le quita a la provincia de Santa Fe, por un acuerdo de 1992.

El máximo tribunal se pronunció así en el marco de una causa en la que el Estado santafesino le reclama a la Nación la devolución de ese aporte, que entiende ya está superado por el tiempo, la coyuntura y la nueva realidad del organismo previsional, para cubrir sus necesidades económicas.
La medida ordenada por la Corte es previa a la decisión que deberá tomar ante un pedido de la provincia de Santa Fe para que, mediante una medida cautelar, se le permita recuperar esos fondos mientras se sustancia el juicio de fondo.

La Anses debe precisar, con la exhibición de informes fundamentados en sus cuentas, “la incidencia económica que tendría en el sistema la no detracción” del 15% que reclama la provincia gobernada por el socialista Hermes Binner.

El Estado Nacional y Santa Fe celebraron una audiencia pública el 17 de marzo pasado en la que cada parte expuso sus argumentos a favor y en contra de la caducidad de la quita del 15% de los fondos coparticipables.

El pedido de un informe al organismo “tiende a valorar si se configuran los presupuestos de admisibilidad de la pretensión cautelar provincial, introducida en aquel incidente”, informó la Corte. Luego de ello, el máximo tribunal deberá resolver si concede o rechaza la medida cautelar pedida por la provincia, en un plazo relativamente corto, pues se trata de una disposición de resolución rápida.

Con información de El Litoral

Un monto cercano a los 1000 millones de pesos es la cifra que está considerando el Gobierno que espera poder conseguir tasas de interés no muy altas de inversores nacionales e internacionales.

El secretario de Hacienda de Santa Fe, Carlos Fernández, reveló que la Provincia puso en marcha un procedimiento para obtener financiamiento del mercado con el objetivo de financiar un plan de obras públicas.

El colocador del título será el Nuevo Banco de Santa Fe, agente financiero de la provincia, y la consultora internacional Fitch será la encargada de certificar el riesgo de la transacción, un trámite que se completará la próxima semana.

Fernández puntualizó que el gobierno aspira a pagar una tasa por debajo de los dos dígitos, tal como acaba de ocurrir con el gobierno de Chubut, que acaba de colocar 150 millones de dólares a diez años, al 9,66%.

El monto de la primera operación se definirá de acuerdo a lo que establezcan los pliegos de licitación de una de las obras a ejecutar por la provincia. “Será por un monto pequeño, como caso testigo”, planteó el jefe de Hacienda.

“El mercado está mucho más favorable para buscar créditos para realizar obras. Recordarán que en el presupuesto provincial existe una autorización de endeudamiento para la provincia de algo menos de 1000 millones de pesos, pero luego esa autorización debe ir acompañada de algunos procedimientos que ya hemos comenzado a realizar.

Primero en cuanto a una calificadora internacional que debe pedirse de acuerdo a las cuentas de la provincia, cosa que creemos que en pocos días debe ser de nuestro conocimiento. Y después, a partir del Banco de Santa Fe, conseguir las autorizaciones nacionales correspondientes y para finalizar conseguir los inversores”, aseguró Fernández.

Consultado sobre los plazos de la tramitación, Fernández explicó “la calificación de la santa fe no debería pasar de la semana que viene, y luego vamos a solicitar a las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Economía y nación, y el Banco Central. Pero es un trámite que suele llevar algunos meses. Pero este tiempo no va a venir mal para analizar las condiciones del mercado”.

Con información de Punto Biz

Sin emitir un bono no podrá cumplir con los aumentos de sueldo prometidos, reconoció el gobernador santafesino quién culpó por esto al no haber aprobado la reforma tributaria tal como él la presentó.

“Vamos a tener que emitir algún título algún bono, o que recurrir a deudas, para contar con el efectivo necesario para pagar los aumentos de los sueldos y el aguinaldo”, dijo esta mañana al comentar que la recaudación no cubre los gastos corrientes.

“No hemos podido hacer la reforma tributaria que concretaron, por ejemplo, Córdoba y Buenos Aires, y debemos recurrir a estos mecanismos: la base impositiva de Santa Fe es absolutamente neoliberal, paga más el que menos tiene”, advirtió Binner.

Luego, el ministro de Gobierno Antonio Bonfatti explicó que se recurrirá a tomar un préstamo de 250 millones de pesos para cubrir sueldos. “No están los 1.400 millones (de que hablaba el bloque de senadores del PJ) hay sólo 80 ó 100 millones veremos los números finales, de la moratoria”, dijo el ministro.
Con información de La Capital

Mientras el gobierno de Hermes Binner, en sintonía con el proyecto presentado por el ex gobernador justicialista, diputado Jorge Obeid, reclama a la Nación una distribución más justa de los recursos, el Diputado kirchnerista Agustín Rossi defendió la política nacional y aseguró que no se cometieron injusticias con Santa Fe.

El diputado Agustín Rossi se refirió a la polémica por los recursos de enviados por la Nación a Santa Fe, durante un encuentro del que también participaron el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, el concejal Héctor Cavallero y el periodista de 6,7, 8 Luciano Galende en el Club Unión y Progreso, que se encontraba colmado de militantes.

Respecto al debate sobre la asignación de recursos que recibe Santa Fe de la Nación, Rossi realizó una pormenorizada explicación acerca de la medida de refinanciamiento de las deudas provinciales que recientemente anunció la presidenta Cristina Fernández, y expresó que “entre 2002 y 2009 a las cinco provincias que no tenían deudas con la Nación se les transfirieron más de tres mil millones de pesos en calidad de compensación, y de ese total mil seiscientos millones vinieron para Santa Fe, por fuera de la coparticipación federal”.

El jefe de la bancada del Frente para la Victoria, agregó que “no sólo eso sino que además extendió estas compensaciones hasta el año 2030, con lo que se ve claramente que no hay ninguna discriminación hacia Santa Fe”.

Para aumentar la compensación a Santa Fe

Desde la vereda de enfrente, el gobierno provincial intenta que Santa Fe sea compensada por no haber traspaso deudas al Estado central en 2002.

Allegados a legisladores nacionales socialistas y del Frente para la Victoria recordaron que venían dialogando en torno de los proyectos para movilizar hacia las provincias los 10 mil millones de dólares de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que tenía retenidos la Nación.

Pero el anuncio del plan de desendeudamiento para las provincias que en 2002 transfirieron sus pasivos a la Nación, y que tiene a Córdoba y Buenos Aires como grandes beneficiarias, trastocó las estrategias que se venían desarrollando a nivel legislativo en torno de la distribución de recursos coparticipables.

El lunes mismo, el ministro de Economía, Angel Sciara, denunció que la provincia perdía “por todas partes” con ese plan ya que integra el grupo de cinco distritos que no tenía deudas para pasar a la Nación. Y aunque en el pacto fiscal de 2002 esos Estados recibieron una compensación del 13% de la coparticipación, que significó unos 15 millones de pesos mensuales para Santa Fe, la inflación fue licuando el valor real de ese beneficio. Según el funcionario, hoy debería estar hablándose de unos 60 millones de pesos.

El mismo gobernador Hermes Binner criticó el plan de refinanciación. Dijo que “termina beneficiando a todas las provincias que se endeudaron en cifras considerables” y que Santa Fe sufre una “verdadera discriminación” por no recibir una compensación mayor.

Proyecto de Agosto y Obeid

Paralelamente, los diputados nacionales Walter Agosto y Jorge Obeid, del bloque Santa Fe Federal, presentaron un proyecto de ley para intervenir en el reparto de los ATN.

El ex gobernador sostuvo la semana pasada que “compartía la indignación” de Binner por la discriminación a la provincia. El bloque que integra junto a quien fuera su ex ministro de Hacienda presentó, precisamente ayer, un proyecto para “corregir” el anuncio de la presidenta.

Lo que se propone es una compensación efectiva para las provincias que no tienen deudas con la Nación y, paralelamente, que se actualice la compensación acordada en el marco del pacto fiscal de 2002. Son 15 millones de pesos mensuales que en su momento resultaron de calcular el 13% de la masa coparticipable y que luego se convirtieron en una cifra fija. La propuesta es que se vuelva a aplicar ese porcentaje.

Con información de La Capital