Sin emitir un bono no podrá cumplir con los aumentos de sueldo prometidos, reconoció el gobernador santafesino quién culpó por esto al no haber aprobado la reforma tributaria tal como él la presentó.

“Vamos a tener que emitir algún título algún bono, o que recurrir a deudas, para contar con el efectivo necesario para pagar los aumentos de los sueldos y el aguinaldo”, dijo esta mañana al comentar que la recaudación no cubre los gastos corrientes.

“No hemos podido hacer la reforma tributaria que concretaron, por ejemplo, Córdoba y Buenos Aires, y debemos recurrir a estos mecanismos: la base impositiva de Santa Fe es absolutamente neoliberal, paga más el que menos tiene”, advirtió Binner.

Luego, el ministro de Gobierno Antonio Bonfatti explicó que se recurrirá a tomar un préstamo de 250 millones de pesos para cubrir sueldos. “No están los 1.400 millones (de que hablaba el bloque de senadores del PJ) hay sólo 80 ó 100 millones veremos los números finales, de la moratoria”, dijo el ministro.
Con información de La Capital

Mientras el gobierno de Hermes Binner, en sintonía con el proyecto presentado por el ex gobernador justicialista, diputado Jorge Obeid, reclama a la Nación una distribución más justa de los recursos, el Diputado kirchnerista Agustín Rossi defendió la política nacional y aseguró que no se cometieron injusticias con Santa Fe.

El diputado Agustín Rossi se refirió a la polémica por los recursos de enviados por la Nación a Santa Fe, durante un encuentro del que también participaron el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, el concejal Héctor Cavallero y el periodista de 6,7, 8 Luciano Galende en el Club Unión y Progreso, que se encontraba colmado de militantes.

Respecto al debate sobre la asignación de recursos que recibe Santa Fe de la Nación, Rossi realizó una pormenorizada explicación acerca de la medida de refinanciamiento de las deudas provinciales que recientemente anunció la presidenta Cristina Fernández, y expresó que “entre 2002 y 2009 a las cinco provincias que no tenían deudas con la Nación se les transfirieron más de tres mil millones de pesos en calidad de compensación, y de ese total mil seiscientos millones vinieron para Santa Fe, por fuera de la coparticipación federal”.

El jefe de la bancada del Frente para la Victoria, agregó que “no sólo eso sino que además extendió estas compensaciones hasta el año 2030, con lo que se ve claramente que no hay ninguna discriminación hacia Santa Fe”.

Para aumentar la compensación a Santa Fe

Desde la vereda de enfrente, el gobierno provincial intenta que Santa Fe sea compensada por no haber traspaso deudas al Estado central en 2002.

Allegados a legisladores nacionales socialistas y del Frente para la Victoria recordaron que venían dialogando en torno de los proyectos para movilizar hacia las provincias los 10 mil millones de dólares de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que tenía retenidos la Nación.

Pero el anuncio del plan de desendeudamiento para las provincias que en 2002 transfirieron sus pasivos a la Nación, y que tiene a Córdoba y Buenos Aires como grandes beneficiarias, trastocó las estrategias que se venían desarrollando a nivel legislativo en torno de la distribución de recursos coparticipables.

El lunes mismo, el ministro de Economía, Angel Sciara, denunció que la provincia perdía “por todas partes” con ese plan ya que integra el grupo de cinco distritos que no tenía deudas para pasar a la Nación. Y aunque en el pacto fiscal de 2002 esos Estados recibieron una compensación del 13% de la coparticipación, que significó unos 15 millones de pesos mensuales para Santa Fe, la inflación fue licuando el valor real de ese beneficio. Según el funcionario, hoy debería estar hablándose de unos 60 millones de pesos.

El mismo gobernador Hermes Binner criticó el plan de refinanciación. Dijo que “termina beneficiando a todas las provincias que se endeudaron en cifras considerables” y que Santa Fe sufre una “verdadera discriminación” por no recibir una compensación mayor.

Proyecto de Agosto y Obeid

Paralelamente, los diputados nacionales Walter Agosto y Jorge Obeid, del bloque Santa Fe Federal, presentaron un proyecto de ley para intervenir en el reparto de los ATN.

El ex gobernador sostuvo la semana pasada que “compartía la indignación” de Binner por la discriminación a la provincia. El bloque que integra junto a quien fuera su ex ministro de Hacienda presentó, precisamente ayer, un proyecto para “corregir” el anuncio de la presidenta.

Lo que se propone es una compensación efectiva para las provincias que no tienen deudas con la Nación y, paralelamente, que se actualice la compensación acordada en el marco del pacto fiscal de 2002. Son 15 millones de pesos mensuales que en su momento resultaron de calcular el 13% de la masa coparticipable y que luego se convirtieron en una cifra fija. La propuesta es que se vuelva a aplicar ese porcentaje.

Con información de La Capital

El gobierno de Santa Fe formalizará el anuncio del nuevo endeudamiento en 60 o 90 días, cuando la provincia defina qué obras se harán en el año.

El gobierno de Hermes Binner prepara otro paquete de títulos de la deuda para el segundo semestre del año. Estarán destinados a financiar obras públicas en la provincia por 1.000 millones de pesos. “No hay otra posibilidad de hacer inversiones que no sea con endeudamiento”, dijo el secretario de Finanzas, Carlos Fernández,

Fernández coincidió también con Binner que el repunte económico mejoró los ingresos de la provincia que ya arrastra un déficit de 1.200 millones de pesos desde el año pasado, pero advirtió que “equilibrar las cuentas no será una tarea sencilla ni rápida”.

La semana anterior, el gobierno anunció una primera emisión de títulos públicos por 110 millones de pesos para cancelar demandas históricas de los policías santafesinos y de los bancarios que pasaron al Estado cuando se privatizó el Banco de Santa Fe, en los ´90. Ahora, el equipo económico trabaja en un segundo paquete de bonos que ya no será para transar juicios viejos, sino para invertir en obras públicas.

Desde la óptica oficial, la iniciativa no requiere aval de la Legislatura. “Ya hay una autorización legislativa para el endeudamiento en obras públicas. En ese sentido, con el presupuesto sancionado por la Legislatura, no hay otra posibilidad de hacer obras que no sea con endeudamiento que, precisamente, ya tiene autorización” de las Cámaras, precisó Fernández.

La oposición quiere aval legislativo

Sin embargo, la oposición sostiene que estos bonos deberían ser autorizados nuevamente por la Legislatura.

Consultado sobre si la recaudación impositiva que aumentó en el primer cuatrimestre y el aumento del déficit, Fernández respondió “la recaudación aumentó, pero no muy por encima de lo que teníamos presupuestado para este período enero marzo. Y en el mes de abril hay un comportamiento interesante por el plan de regularización impositiva. Pero bajar la inercia del gasto y que aparezca una recaudación que vuelva a equilibrar los números de la provincia no va a ser una tarea rápida respondió”.

El Secretario no se arriesgó a pronosticar cómo será el déficit de este año, aunque aclaró que “2010 es un año de recuperación económica. Y si bien ese repunte todavía no se ve en los números de la provincia, nosotros creemos que va a ser más visible en el segundo semestre, no en los montos que anuncia generalmente la oposición, pero sí va a haber un repunte”.

¿Van a devolver a los municipios lo que le descuentan por el Fondo de Emergencia Educativa, como ocurrió en 2008 y 2009? Usted ya dijo que sí.

“Esa es nuestra intención. Pero tratándose de un subsidio, hay que recomponer la masa de coparticipación, pero primero debemos tener los fondos. O sea, nuestra voluntad política es corresponde reconocerlo, ahora, la oportunidad la veremos a medida que se nivelen los recursos de la provincia”, se defendió Fernández.

El gobernador anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para que la provincia recupere una herramienta financiera estatal: la Corporación Financiera para el Desarrollo. ¿Cuándo lo manda?

“En las próximas semanas. Es una tarea en común del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Economía. Los dos ministros ya tienen un borrador que preparamos nosotros y está muy avanzado. Ahora, lo deberán discutir para proponerlo a la Legislatura”, concluyó Fernández.

Con información de On 24, Agenciafe y Rosario 12

Es por un monto cercano a los 120 millones de pesos y servirán para pagar la deuda con la Policía y los empleados transferidos del ex Banco de Santa Fe.

El gobernador de Santa Fe firmó el 20 de abril pasado la resolución 556 que dispone la emisión de títulos transferibles por un plazo de cuatro a seis años, con un interés del 12% anual y que podrán ser utilizados para pagar impuestos provinciales como el inmobiliario, patente e ingresos brutos.

Sciara dijo que los reclamos “se pagarán a plazo y en cuotas producto de un convenio al que arribaron el fiscal de Estado (Jorge Barraguirre) y los apoderados de los beneficiarios”. Y aclaró que hasta podría resultar innecesaria la impresión de los cartones en el caso de que se acrediten los montos en las cuentas bancarias de los agentes.

Reacciones

La oposición justicialista se desayunó con la noticia y amenazó con planteos. El ex ministro de Economía Juan Carlos Mercier señaló que “lo primero que salta es que se reconoce una deuda (…) Prefiero leer el documento antes de arriesgar un juicio, pero desde ya digo que si el convenio se quisiera saldar dentro del año no necesitaría el paso de la Legislatura; así que seguramente se lo quiere cargar a futuras administraciones”. Y también manifestó su convencimiento de que dichos reclamos “no llegaron a juicios” contra el Estado.

El diputado Marcelo Gastaldi dijo que “sería oportuna la presencia del ministro de

Hacienda en la Legislatura para que explique en detalle la propuesta y evitar diversas interpretaciones”. Gastaldi consideró “necesario conocer si los beneficiarios directos de los bonos tendrán la posibilidad de transferirlos a un valor inferior al de emisión, por las probables consecuencias indeseadas a la economía provincial. “Puede que terceros los tengan en sus manos por un precio inferior y los aprovechen para pagar deudas impositivas”, mencionó.

Con información de On24

Lo admitió el ministro de economía Amado Boudou. Redrado sostuvo que la política del Gobierno no es de desendeudamiento, sino que cambia un deudor por otro.

El ministro de Economía, Amado Boudou, informó ayer que el Poder Ejecutivo ya usó US$ 1100 millones de las reservas del Banco Central (BCRA) para cancelar vencimientos de deuda al exponer ante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía del Senado.

Las explicaciones de Redrado

En una extensa jornada de consultas sobre el uso de reservas para cancelar obligaciones externas, también expuso Martín Redrado, quien fue desplazado de la presidencia del BCRA por haberse negado a cumplir con el Fondo del Bicentenario.

El ex funcionario descalificó la política que lleva adelante el Poder Ejecutivo, al afirmar que “esto no es una política de desendeudamiento, porque se está cambiando un deudor por otro, salvo que no se le piense pagar al Banco Central”.

Antes, Boudou había dicho todo lo contrario. “El pago con reservas sí es un desendeudamiento porque se están usando activos que rinden menos” en la actualidad.

Los próximos pasos en el Senado

El oficialismo intentará firmar hoy el dictamen a un proyecto de ley que avala el uso de reservas, para lo que convocó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, la Comisión de Economía, que preside la senadora opositora Laura Montero (UCR-Mendoza), recién volverá a reunirse el martes próximo. Aunque suene curioso, el que propuso dilatar el debate fue el peronista disidente Carlos Verna (PJ-La Pampa), autor de la iniciativa que impulsa el kirchnerismo. Ese texto, junto con la derogación del DNU 298/10 que impulsa la oposición, se discutiría el miércoles próximo en el recinto de la Cámara alta.

El Gobierno ya recibió los fondos del Central

Otra de las revelaciones que dejó la jornada estuvo a cargo del economista Arnaldo Bocco, miembro del directorio del Banco Central, quien confirmó que la entidad ya giró la totalidad de los casi US$ 6700 millones reclamados por el Poder Ejecutivo.

Bocco acompañó al vicepresidente del banco, el radical kirchnerista Miguel Pesce, quien admitió ante la presión de los senadores de la UCR que en los balances de la entidad figuran unos $ 13.000 millones en concepto de utilidades por intereses de títulos que vencen a futuro, que se sumarían, si los pide el Poder Ejecutivo, a los ya cedidos por los decretos.

El mismo esquema de presión aplicó el kirchnerismo con Redrado. Así, el jefe de esa bancada, Miguel Pichetto, quiso saber por qué el economista prefería que el Estado se endeudara a tasas más altas en vez de pagar con reservas. “El Banco Central se usa cuando se caen las últimas fichas, porque el camino normal no es sacarle recursos al prestamista de última instancia”, respondió el ex funcionario.

Con información de La Nación

Terminal Puerto Rosario festejó como un triunfo decisión judicial. “Seguimos avanzando a paso firme en la normalización”, dijo Shanahan.

La Justicia ratificó que la deuda concursal de Terminal Puerto Rosario (TPR) es de 85 millones de pesos, tal como lo había calculado la Sindicatura y había estimado originalmente la empresa.

La resolución de la jueza María Mondelli, titular del juzgado de primera instancia de Distrito Civil y Comercial de la 14° nominación, se conoció ayer y en TPR lo festejaron como un triunfo.

Las denuncias

Es que cuando se inició la convocatoria, la Sindicatura recibió denuncias de supuestas acreencias por $176 M, pero de la verificación de de los créditos presentados (por ejemplo, control de la documentación y análisis de la validez del reclamo) surgió que el pasivo final de TPR fue de $85M.

“La decisión de la Justicia nos muestra que estamos avanzando en la normalización financiera de la empresa. La deuda es alta y la situación es complicada, pero estamos avanzando y por el buen camino”, le dijo anoche a punto biz el presidente de TPR, Gustavo Shanahan.

En TPR siempre criticaron que mientras estuvo Guillermo Salazar Boero al frente de la empresa no había nadie que se quejara judicialmente de las deudas y compromisos no cumplidos, pero una vez que lo corrieron y que empezaron a intentar ordenar la situación empezaron “a aparecer” los acreedores.

Que el monto de deuda haya sido de $90 M menos de lo denunciado originalmente, le quita presión a la situación judicial que afronta TPR, que tiene la venia de la Justicia para poder seguir teniendo la concesión mientras dure todo el proceso de concurso, un aval que le hubiese sido difícil de sostener políticamente con un pasivo de $200M.

Es que al estar en línea con lo calculado originalmente, la cifra que surge de la depuración se convirtió en un espaldarazo a la actual conducción de TPR que sostiene que sigue firme en su proceso de normalización financiera de la concesionaria, paso previo al intento de ingreso de nuevos accionistas. TPR también aprovecha lo que estableció la Sindicatura para mostrar hacia fuera que hay que tener paciencia y confianza de que la situación del puerto se va normalizando.

Los próximos pasos

En materia judicial, ahora falta que el próximo 11 de mayo la Sindicatura debe presentar un informe final, pero esta vez general y ya no caso por caso, de cómo quedó la situación financiera de TPR.

Recién una vez terminado el informe de la jueza quedará la cancha lista para que TPR haga oficial una propuesta de pago que luego tendrá que ser aprobada por los acreedores. Cuando se presentó en convocatoria, había trascendido de TPR que la propuesta vendría más por la extensión de los plazos de pago, que por la quita. No obstante, las conversaciones entre la empresa y los acreedores son constantes.

En líneas generales, la deuda con acreedores privilegiados fue de 12.5 millones de pesos, mientras que la deuda con los acreedores quirografarios fue de 72.5. En el primer grupo entra todo el pasivo registrado con la Afip, la API, obras sociales y aportes sindicales. En el segundo grupo, que es el que tiene la llave para aprobar o no la propuesta de pago que haga la concursada, figura la deuda comercial (proveedores) y también financiera (básicamente con las mutuales).

Denuncias invalidadas

¿Cuáles son las denuncias de acreencias presentados originalmente que la Sindicatura estableció que no eran créditos válidos? Allí figuran cerca de 30 millones de pesos presentados por el Enapro por multas impagas de la época de Guillermo Salazar Boero al frente del puerto.

Otro caso que para la Sindicatura no tuvo validez fue el de los cerca de 8 millones de pesos que Servicios Portuarios le reclamó a TPR por la no ejecución de un contrato firmado por Salazar Boero para la explotación del negocio de los contenedores. También ingresó en la casilla de reclamos no válidos uno de la API por el Impuesto a los Sellos. También quedó en esa grilla de deuda no válida el reclamo de una productora de películas y servicios vinculados a la prensa.  Por el contrario, la deuda financiera que TPR tenía con mutuales y bancos sí estaba bien registrada y quedó en su totalidad verificada como válida.

Negociaciones con el Enapro

El ajuste del monto de la deuda (que sigue siendo muy alto pero no inmanejable) fortalece a TPR en sus negociaciones con el Enapro por la forma y plazos de adecuación de la concesionaria a las exigencias contractuales.

En los últimos días, ya sin cruces mediáticos entre las partes pero sin resignar mucho, siguió cobrando forma la estrategia de Vicentín de poner en línea a Aotsa (una empresa vinculada al grupo) para poder cumplir con las exigencias del pliego de concesión para manejar TPR (por ejemplo capitalizándola o consiguiéndole un socio estratégico) y así completar la compra de la mayoría accionaria sin involucrar directamente a la poderosa aceitera del norte provincial.

Con información de Punto Biz

El anuncio llegó durante la asamblea anual del BID. Es el paso más importante previo al lanzamiento final de la propuesta de canje que realizará Argentina.

El viernes, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) finalmente le aprobó a la Argentina la oferta de canje de deuda para los holdouts.

Los próximos pasos

“Ahora sólo queda presentar la oferta económica”, explicó Boudou anoche, después de una jornada de reuniones con los bancos asesores (Citi, Deutsche y Barclays), fondos de inversión internacionales y hasta representantes del Tesoro de los Estados Unidos, en el marco de la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El jueves pasado, el Gobierno había presentado los documentos del canje ante la SEC, después de que el organismo regulador le pidiera al país algunas aclaraciones, sobre todo con respecto a la medición de la inflación.

Hoy, según anticipó el ministro, el Gobierno presentará la oferta económica en la SEC y repetirá el mismo trámite mañana (ya que hoy es feriado) en la Consob, la Comisión de Valores de Italia. Según aclaró el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, en Luxemburgo la oferta ya fue presentada, pero en este caso no es habitual que se hagan públicos los términos de la propuesta. También cumplirán con las formalidades necesarias en Japón.

Italia se suma al canje

“Una de las razones de hacerlo en la Consob es que queremos reconocer a los bonistas italianos, a quienes en su momento los bancos enredaron en una operación que no entendían. No son bonos diseñados para pequeños inversores”, subrayó Boudou. Ya con el antecedente del visto bueno de la SEC, Italia podría aprobar la oferta económica del canje dentro de unos 15 días, por lo que la operación de canje estaría en marcha a comienzos de abril.

Dos ofertas

Aunque Boudou no dio detalles de cómo será la oferta, según confiaron varios inversores que participaron de las presentaciones privadas que realizó el subsecretario de Finanzas, Adrián Cosentino, la Argentina ofrece un canje para los inversores minoristas y otro, para los mayoristas o institucionales. Los primeros recibirán un bono Par y los correspondientes cupones atados al crecimiento, y además se les reconocerán los intereses vencidos desde 2005 tanto del bono Discount como de los cupones del PBI. En compensación, Economía tiene previsto entregarles un bono Global 2013. A los grandes fondos de inversión, entretanto, se les entregará un bono Discount y cupones atados al crecimiento y se les reconocerán los intereses vencidos, tanto del Discount como de los cupones PBI, pero con un bono Global 2017 (es decir, vence cuatro años más tarde que el de los minoristas).

Argentina contraerá más deuda

El Gobierno, además, espera recaudar con el canje dinero fresco por unos US$ 1000 millones, mediante la colocación de deuda nueva, operación que será separada de la del canje. Por otro lado, si bien la oferta no será mejor que la de 2005, quienes participaron de la reestructuración de deuda que en su momento había hecho Roberto Lavagna podrán también entrar en el nuevo canje.

Concretada la reestructuración con los holdouts, el Gobierno tiene previsto desarrollar una política de administración de sus pasivos (liability management, en la jerga financiera), que incluirá canjes de Boden 2012, de deuda pública de corto plazo, indexada por el índice de inflación, y de bonos de corto plazo en dólares, como es el caso del Bonar 11. En el programa financiero 2010 también está previsto renegociar la deuda en default que queda con el Club de París, con el que, según reconoció Boudou, “ya hubo algunas conversaciones preliminares”.

“La verdad es que la propuesta fue muy buena. Está a la vista que la gente técnica del Ministerio de Economía tiene todo pensado desde diciembre. Pero por razones políticas vino dilatándolo”, confió uno de los inversores que participaron de los encuentros cerrados. “Hay que ver políticamente si el Gobierno se quiere amigar con el mercado o no”, subrayó.

Entre las incógnitas que todavía sobrevuelan y que sólo serán reveladas una vez que el Gobierno presente los detalles de la oferta ante la SEC, está si la oferta dará la posibilidad de que quienes tienen bonos en euros tomen títulos en dólares u otra moneda, y viceversa. Tampoco está claro qué porcentaje de los intereses caídos tanto del bono Discount como de los cupones PBI serán reconocidos.

Además de seguir financiándose con la Anses, la AFIP y otras agencias del Estado, el Fondo de Desendeudamiento, emisiones de Letras y emisiones de deuda en el mercado internacional de crédito, Economía dejó trascender en sus presentaciones con inversores que también recibirá dinero de organismos multilaterales (CAF, BID y Banco Mundial). Pero no habló en ningún momento del Fondo Monetario Internacional.

Con información de La Nación

En medio de una intensa polémica que incluye al Congreso y la Corte Suprema de Justicia por la legalidad de la medida, el gobierno avanzará con el pago de la deuda externa con reservas. Hay dudas en el Central sobre los fondos transferidos.

El equipo económico liberó ayer la alegría contenida tras más de dos meses de angustia, ante lo que considera la inminente aprobación del canje de la deuda para salir del default. La oferta, que se podría a dar a conocer en una semana, incluirá bonos en euros y en dólares, y reconocerá una parte del pago de los intereses atrasados del bono ligado al PBI.

Los bancos que organizan la operación pidieron que se paguen todos los intereses desde 2005, incluido 2009, pero en el Ministerio de Economía harán un recorte para que la oferta sea “financieramente conveniente y políticamente viable”.

Así lo indicó una fuente muy cercana al ministro Amado Boudou, que ratificó que el piso de aceptación que esperan se ubica en el 60% de los US$ 20.000 millones canjeables, y que, tras la transacción, se resucitaría la negociación para pagarle al Club de París.

Movimientos en EEUU

Ayer, la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC, en inglés) subió a su página de Internet un prospecto con todas las bondades y riesgos de la economía argentina, antes de la aprobación final del trámite.
Este paso podría darse el lunes próximo; el viernes 26 se ingresarían los datos precisos de la oferta ante la SEC y los organismos reguladores en Japón, Italia y Luxemburgo.

Los mercados festejaron la inminencia del anuncio y operadores de bonos creen que es posible lograr una aceptación de 12.000 millones a 15.000 millones de dólares.

El canje se abrirá una semana para los fondos que les dieron el mandato a los bancos organizadores y luego quedarían otras tres semanas a la espera de que se sumen otros grandes y pequeños inversores.
En Economía destacaron la fuerte baja del riesgo país de ayer, “mayor que la que experimentaron otros países latinoamericanos”, aunque estos pagan tasas más bajas.

Dudas en el Central sobre el uso de las reservas

Sorpresivamente, el polémico fondo que creó el Gobierno para el uso de las reservas se encuentra ahora con trabas ya no en la Justicia o en el Congreso, sino en el propio Banco Central (BCRA). Un debate se está dando por estos días en la entidad sobre la posibilidad de que, por usar las reservas para el pago de deuda, el Tesoro quede inhabilitado para demandar unos US$ 4300 millones (casi el mismo monto que el Fondo de Desendeudamiento) que esperaba recibir este año en concepto de adelantos transitorios.

El tema, de hecho, es motivo de gran preocupación en el directorio del BCRA. “Va a ser difícil que encuentren un vericueto legal para poder sortear esta valla, salvo que directamente decidan cambiar la Carta Orgánica del BCRA”, reconoció una alta fuente de la entidad. “Por el artículo 20° de la Carta, no pueden pedir plata en concepto de adelantos transitorios para pagar una deuda para la cual ya tienen los fondos”, agregó. Ayer, en el BCRA declinaron referirse oficialmente al tema.

De acuerdo con el artículo 20° de la Carta Orgánica del Banco Central, en un año el Tesoro puede recibir adelantos transitorios de la autoridad monetaria por el equivalente del 12% de la base monetaria (así se denomina en la jerga de los economistas la sumatoria del dinero que está en circulación y en las cuentas corrientes que los bancos tienen en el BCRA) más el 10% de la recaudación de impuestos. En teoría, entre ambos conceptos el Tesoro iba a poder hacerse en 2010 de adelantos por unos $ 47.000 millones ($ 16.000 por el 12% de la base monetaria y $ 31.000 por el 10% de la recaudación).

El problema reside en que, según la Carta Orgánica del BCRA, el dinero que corresponde al 10% de la recaudación sólo puede ser destinado al pago de deuda con organismos multilaterales de crédito o de vencimientos en moneda extranjera, y como los dos fondos creados por el Gobierno a través de los decretos 298 y 297 tienen el mismo fin, el Tesoro ya no tendría justificativo legal para demandarle al BCRA los adelantos transitorios que surgen bajo este concepto.

Utilizado el dinero de los dos fondos, al Gobierno sólo le restaría pagar en lo que va del año deuda en moneda extranjera por el equivalente a unos $ 14.000 millones. Por lo que de los $ 31.000 millones que podría recibir en concepto de adelantos por la recaudación tributaria podría tener que resignar al menos $ 17.000 ($ 31.000 menos $ 14.000). La cifra no es menor, teniendo en cuenta que representan unos US$ 4300 millones, esto es, poco menos que los US$ 4382 millones que el Gobierno se hizo mediante la creación del Fondo de Desendeudamiento.

Cobos apela el fallo que impidió discutir el controvertido decreto

El vicepresidente Julio Cobos apelará hoy el fallo del juez Enrique Lavié Pico, que impugnó la representación con mayoría opositora de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, votada por el Senado hace dos semanas y que obligó a la oposición a paralizar en pleno recinto de la Cámara de Diputados su ofensiva para derogar el controvertido DNU que creó el Fondo del Desendeudamiento (Fondes).

El recurso no hará más que profundizar la aguda crisis política que atraviesa la Cámara alta, que se encuentra virtualmente paralizada ante la imposibilidad de oficialistas y opositores de asegurarse una mayoría lo suficientemente clara para imponer su agenda de temas.

Con información de La Nación

En un giro altamente criticado, La presidente Cristina Fernández de Kirchner introdujo un proyecto de ley para pagar la deuda con fondos del BCRA. Utilizó al senador Verna para quebrar la mayoría de la oposición.

Había clima de alivio y euforia en la Casa Rosada. La presidente anunció anoche, en los pasillos del palacio gubernamental, que el Gobierno “va a facilitar el tratamiento del proyecto de ley” que ayer presentó el senador peronista de La Pampa, Carlos Verna, cuyo texto es casi idéntico al decreto de necesidad y urgencia (DNU) N° 298/2010. Se trata de la norma dictada hace diez días, que agudizó la crisis política porque autorizó el pago de la deuda a acreedores privados con 4382 millones de dólares de las reservas del Banco Central.
“Vamos a facilitar el tratamiento porque queremos buscar la mayor cantidad de consenso posible”, dijo la presidente. “Dejemos el debate de si un DNU sí o un DNU no”, agregó.

El ambiente festivo que rodeaba a la mandataria obedecía a que ésta considera que la sanción de una ley podría legitimar el uso de reservas y destrabar el conflicto de poderes abierto por el Poder Ejecutivo. “Con una ley, o aún con una media sanción, la Justicia podría permitir que se use la plata para el pago de vencimientos de este año”, dijo un alto funcionario.

Sin embargo, los opositores en la Cámara de Diputados adelantaron anoche que no aprobarán el proyecto de Verna y que la semana próxima rechazarán en el recinto el polémico DNU. El Gobierno, en tanto, acordó con el senador pampeano que éste no apoye en el Senado la derogación del decreto 298/2010, como intentará hacer la oposición. Verna dejó trascender ayer que ésa sería su posición.

Sin mayoría en el Senado

Sin su apoyo, clave, la oposición no alcanzaría la mayoría de 37 votos. Y si sólo una Cámara -en este caso el Senado- no deroga el decreto, éste quedará vigente hasta que ambas cámaras lo deroguen. Por eso anoche festejaban en la Casa Rosada. “Si el Senado no deroga el DNU, éste quedará vigente, y con la media sanción de la ley en el Senado, podremos levantar la suspensión de la Justicia”, dijo un alto funcionario. “Esto llegará a la Corte Suprema, y nosotros fundamentaremos que el Congreso se abocó al tema, no lo derogó, y hasta sancionó una ley en el Senado”, agregó.

Sucede que la jueza en lo contencioso administrativo Claudia Rodríguez Vidal suspendió la semana última los pagos de vencimientos del Tesoro con los fondos de ese DNU hasta que el Congreso se expida sobre el asunto. Con esta salida, el Gobierno considera que el Parlamento se habrá pronunciado. Y así podrá sortear la prohibición judicial para seguir pagando.

Hasta ahora, pese a que la Presidenta dijo que iba a desconocer el fallo, el Ministerio de Economía evitó pagar con reservas del Banco Central los vencimientos con acreedores privados.

El proyecto de ley de Verna, el senador peronista disidente que rechazaba el uso de reservas por DNU, llegó a las 18 a la Casa Rosada, enviado por el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto.

Casi en el acto, lo revisó la presidente y comprobó que era prácticamente idéntico en su contenido al polémico DNU 298/10 del 1° de marzo, que transfirió del BCRA al Tesoro nacional 4382 millones de dólares de sus reservas sin aval del Congreso y que por ese motivo fue frenado días después por la jueza Rodríguez Vidal.

La presidente aprobó el texto. “Vamos a pedirles a nuestros bloques que traten la iniciativa”, dijo luego a los periodistas.

En medio de una encerrona, la decisión fue producto de un acuerdo político.

Como la UCR se negó a media tarde a discutir un proyecto de ley, la Casa Rosada el domingo, retomó el pacto con Verna para que éste y su comprovinciana, María Higonet, no votaran la derogación del DNU, que quedaría en pie.

Casi idéntico

El texto de Verna no sólo es idéntico al decreto 298. Incluso lo “mejora” a los ojos del Gobierno: eliminará la creación de la comisión bicameral del Congreso para controlar los pagos de este año.

En su artículo 7, ordena devolver las reservas del Tesoro al BCRA, pero con autorización a cancelar vencimientos, que detalla al igual que el 298.

Locuaz y exultante, la presidente destacó ante los periodistas que el proyecto de Verna “tomó los fundamentos del DNU” y subrayó que “son los mismos que tuvo el Poder Ejecutivo para adoptar esta decisión, que es de política económica e incluso se reconoce que el segundo decreto, el 298, ha mejorado sustancialmente fallas que presentaba el anterior, el 2010″.

“Creemos que es un gesto importante porque reclamamos gestos de racionalidad del Congreso”, dijo Cristina Kirchner.

“En los fundamentos del proyecto que me acaban de enviar hay dos puntos muy importantes: nuestra calidad de país emergente, que siempre pone en tela de juicio nuestra capacidad de hacer frente a nuestros compromisos, y también pone como punto de inflexión de ese descreimiento el default”, señaló la jefa del Estado.

“Voy a charlar con las autoridades del bloque de nuestro espacio para que le den tratamiento. Es lo que veníamos solicitando y si esto mejora y podemos lograr un consenso, mejor, porque esto mejora la confianza”, agregó.

Con información de La Nación