La Cámara Baja dio media sanción al proyecto de medios con que Santa Fe tendrá una radio AM, una radio FM y un canal de televisión tanto de cable como de aire, todos públicos.

Anoche la Cámara de Diputados dio unánime media sanción anoche al proyecto de ley que tiene por objeto regular el servicio público de comunicación audiovisual que crea la Radio y Televisión Santafesina Sociedad del Estado.

Falta la media sanción del Senado para que se convierta en ley pero dado el concurso de la totalidad de las bancadas del PJ ayer que acompañaron el proyecto enviado por el Ejecutivo, se estima que ello acontecerá en breve y sin mayores inconvenientes.

De hecho, no pocos diputados peronistas habían presentado hace dos años una iniciativa idéntica, tal como recordó ayer el diputado Marcelo Brignoni, quien celebró la coincidencia que tuvo el gobernador Hermes Binner en considerar a la “comunicación social como un derecho público y no un negocio privado”.

El miembro informante fue el socialista Raúl Lamberto, quien explicó sintéticamente el extenso proyecto, de más de 40 artículos que no solamente regulan la finalidad, competencia, atribuciones y deberes, sino que avanzan, en base al consenso logrado entre oficialismo y oposición, en cuestiones específicas, como ser el idioma nacional intentando reproducir la exitosa experiencia de España en cuanto a la promoción y difusión de su lengua. “Implica intervenir activamente no sólo en el derecho humano a la información, sino también en el fomento a la libertad de expresión, en la promoción de la actividad cultural y la educación, y en ampliar las bases de la participación y preservación del Estado de derecho”, dijo.

Lamberto dijo que se trata de “un desafío y de una autolimitación de hacer un medio publico santafesino tan necesarios y reclamado en la idea de que se promueva el derecho igualitario de cualquier santafesino a informarse, formase, conocer, educarse, pensar, discutir ideas, pensar, investigar, participar activamente en los medios de comunicación pública, lograr una idea diferente respecto de un medio público, que sea un medio santafesino que difunda todo lo vinculado a lo santafesino”.

Organización y contenidos

La figura jurídica que tendrá será la de una empresa del Estado. Se buscó con ello, dijeron ayer los legisladores, trascender el Estado centralizado. Es decir, no tener una dependencia tan directa del poder central y que tenga un margen de maniobra importante siendo una sociedad separada manteniendo la posibilidad de relación hacia terceros de derecho privado. Fija que en televisión el 70% debe estar compuesto por producciones propias, de los cuáles el 20% deben estar a cargo de realizadores independientes y cuando se trata de radio, la producción propia exigida por la norma trepa al 90%, con al menos un 30 reservado a artistas locales.

Dirección

Estará conducida por un directorio de 7 miembros con personas de alta calificación técnica en materia de medios. De los cuáles 4 serán propuestos por los cuerpos legislativos; 2 por el Ejecutivo, de los cuales 1 será el presidente del directorio. Finalmente habrá 1 director a propuesta del personal de la empresa. En cuanto al personal, dado que es una persona jurídica de derecho público se respetará la legislación vigente de los trabajadores de prensa, los convenios colectivos de trabajo, y el encuadre sindical.

Con información de La Capital

El ex apoderado de Madres de plaza de Mayo insistirá en sus denuncias contra Hebe de Bonafini y funcionarios del kirchnerismo.

Sergio Schoklender no verá a sus antiguos compañeros del kirchnerismo en su proyectada y polémica visita del jueves a la Cámara de Diputados. Si bien el bloque que encabeza Agustín Rossi (FPV-Santa Fe) aún no ha tomado la decisión formal, integrantes del bloque del Frente para la Victoria aseguraron ayer que no estarán en la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Vivienda, en la que Schoklender promete ampliar sus denuncias. Apuntará, se prevé, contra Hebe de Bonafini y funcionarios nacionales como el ministro de Economía, Amado Boudou, y el secretario de Obras Públicas, José López, que también estarán en la mira de la oposición.

“Que el circo mediático lo arme la oposición, si es que quieren eso”, afirmó a un importante diputado del FPV. Personas cercanas a Rossi aclararon que sólo mañana el jefe de los diputados kirchneristas iniciará consultas para decidir una posición en común. De todos modos, Rossi ya había acusado a la oposición de “querer investigar las mentiras de Schoklender” y de montar “un circo mediático” con este tema.

La citación

“Esta reunión está viciada de nulidad, ya que citaron a Schoklender sin reunirse primero. Camaño [Graciela] hace lo que quiere con esa comisión”, afirmaron las fuentes, en referencia a la diputada peronista disidente y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La Comisión de Vivienda, que encabeza el radical Hipólito Faustinelli, también cuenta con mayoría opositora, por lo que la responsabilidad de conseguir el quórum será, por entero, de las fuerzas no kirchneristas.

“El Congreso es uno de los tres poderes del Estado, y la comisión tiene la tutela de los temas electorales”, dijo ayer Camaño, para justificar la citación a Schoklender, quien involucró a Boudou y López, entre otros funcionarios, en presuntas irregularidades cometidas por la Misión Sueños Compartidos, de las Madres de Plaza de Mayo (de la que el ex mano derecha de Bonafini fue apoderado) en la construcción de viviendas sociales que investiga el juez federal Norberto Oyarbide.

Denuncias de Schoklender

Camaño, candidata a renovar su banca de diputada nacional por el duhaldismo, calificó de muy serias las denuncias de Schoklender, que acusó a Boudou de recibir $ 1.500.000 de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para su campaña como precandidato a jefe de gobierno porteño. También endilgó a López el cobro de coimas a cambio de acelerar obras públicas en municipios y gobernaciones. “Le dan lugar a un tipo que hace todo esto para salvarse”, afirmaron desde el kirchnerismo en la Cámara baja en referencia al ex apoderado de las Madres.

Desde el oficialismo confían en que las divisiones en la oposición empantanen la citación, que se efectuará formalmente hoy. A la oposición del Frente Progresista de Hermes Binner, que rechazó la conformación de una comisión investigadora parlamentaria para estudiar el caso, se suman las dudas y la prudencia de otros bloques opositores, como Pro, de Mauricio Macri. “Apoyamos, pero que no corra sangre”, fue la directiva que bajó Federico Pinedo, titular del bloque macrista, a sus diputados, según una fuente de ese bloque.

“Nuestra obligación como diputados es controlar el uso de fondos públicos. Y si hay dinero que debía ir a viviendas y fue a campañas políticas estamos hablando de desviación de fondos”, afirmó Patricia Bullrich (Coalición Cívica), otra de las impulsoras de la presencia de Schoklender en la Cámara baja.

Con información de La Nación

“No le demos al Gobierno todos los poderes”, pidió el candidato presidencial Ricardo Alfonsín quien quiere evitar que el Congreso quede otra vez en manos de la hegemonía oficialista.

“El objetivo principal de aquí a octubre es mejorar el desempeño de nuestro partido y sumar más legisladores nacionales para evitar que el Gobierno haga lo que quiera”, afirmó.

-¿Cómo lee el resultado?

-Nos sorprende la cantidad de votos y la diferencia que sacó el oficialismo. Creíamos que era menor. La contracara de esto es lo que sacamos nosotros…

-¿Lo sorprendió que el radicalismo tuviera tan pocos votos?

-Bueno, en realidad de toda la oposición. Somos segundos. Qué queda para los otros si nosotros sacamos poco? Algunos esperaban que saliéramos terceros. Pero sí, yo creía que íbamos a sacar más votos. Tenemos que repasar, revisar y corregir un montón de cosas para ver si podemos revertir la situación. Además, se eligen miembros del Congreso y necesitamos equilibrar el poder para que no puedan hacer lo que quieran.

-¿Qué ejes abordaría en la campaña para acortar diferencia?

-Insistir en lo mismo. Dije siempre que había una porción del electorado que no estaban enamorada de las propuestas del Gobierno, pero tenía temor al cambio. Tenía fresco el 2001. Ese drama está presente en la memoria colectiva. Las condiciones de gobernabilidad de la oposición le generaban dudas a la gente. No supimos construir esperanzas. No hemos sido capaces, pero faltan 70 días.

-¿Cree todavía que pueden llegar a la segunda vuelta?

-Voy a seguir trabajando para eso. Sé que es muy difícil. Uno nunca debe renunciar a lo que cree que es mejor para el país.

-¿No fracasó en parte la estructura radical, en cuanto al aporte que hizo en esta elección?

-No, no, no. En todo caso, los que tenemos que hacer que funcionen las estructuras somos los candidatos. Ya no existe un electorado cautivo.

-¿No cree que el electorado le pasó factura por el acuerdo con Francisco de Narváez?

-No creo. No hubo tanto corte y diferencia con respecto a los votos de él. Una alianza con el peronismo tiene la lógica de sobrepasar al oficialismo en Buenos Aires. Hice lo que muchos me pedían en el partido. No me arrepiento. No soy resultadista.

-¿La alianza con De Narváez sigue intacta, entonces?

-Sí, absolutamente.

-¿Es factible algún acuerdo con otras fuerzas, como la Coalición o el Frente Progresista?

-No creo. Nadie va a desistir. Cualquier candidato tiene que proteger candidaturas que están por debajo de las de presidente.

-Hablaba del riesgo de la hegemonía kirchnerista en el Congreso, ¿ve factible un acuerdo parlamentario con otras fuerzas?

-Después se verá. Pero es importante recordar que en octubre se eligen representantes para un poder del Estado. ¡No le demos todos los poderes al Gobierno! Es necesario que haya equilibrio.

-¿Está pensando en presentar un gabinete?

-Sí, la sociedad tiene miedo al cambio y hay que darle certeza. Con el radicalismo existe una duda especial y con mi persona, por no haber sido intendente o gobernador, también. Pero lo que se necesita para ser un buen presidente no se adquiere con la gestión, se tiene o no se tiene.

Con información de La Nación

La polémica por la última banca de Diputados en Santa Fe fue resuelta por el Tribunal Electoral de la provincia. El organismo asignó la banca al PRO, tal como lo dicta la normativa provincial electoral.

El Tribunal Electoral de la provincia ratificó que el dirigente gastronómico Demetrio Oscar Alvarez ingresará a la Legislatura santafesina por la séptima banca del Pro a partir del 10 de diciembre.

Así lo confirmó ayer una resolución firmada por el presidente del máximo órgano electoral, Rafael Francisco Gutiérrez, los vocales Darío Jukic y Juan Carlos Gemignani y la Secretaria Electoral Claudia Catalin que, al desestimar un planteo del Movimiento Proyecto Sur, zanjó la polémica en torno a la normativa aplicable en la distribución proporcional de los escaños en la Cámara baja que generó una disputa entre esa agrupación y el partido que orienta a nivel nacional Mauricio Macri.

El fallo advierte que “el planteo (de Proyecto Sur) resulta prematuro, por haberse interpuesto antes de la finalización de las operaciones de recuento y procesamiento de datos”. Además el Tribunal consideró: “Queda claro que en este sistema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, para obtener la calidad de candidato se exige el 3% de los votos emitidos válidamente. En cambio otra es la solución legal que corresponde aplicar a la distribución de cargos en la elección general: rige en este aspecto la ley 9280, que, en su artículo 5 establece que «no participará en la distribución de cargos en las distintas calidades de elecciones, las listas que no logren un mínimo del 3% del padrón electoral del distrito, sea éste provincial, municipal o comunal»”.

La resolución desestimó la presentación formulada por Proyecto Sur, cuyo candidato Carlos Del Frade obtuvo 59.924 sufragios y reclamaba una banca en Diputados argumentando que un decreto del gobernador Hermes Binner prescribía que para la incorporación de un legislador se consideraba un piso del 3 por ciento de sufragios válidamente emitidos. “Esto significa que el candidato Carlos del Frade es el diputado número 14 entre los 22 que integran la minoría legislativa”, sostenían desde el Movimiento Proyecto Sur antes de que ayer el Tribunal Electoral diera por tierra con las aspiraciones de la agrupación liderada a nivel nacional por Pino Solanas.

Conforme la distribución realizada por el organismo electoral las cincuenta bancas de Diputados quedó conformada de la siguiente manera: 28 para el Frente Santa Fe Para Todos, 15 para el Frente Progresista y 7 para Unión PRO.

“Acá hubo un cambio en las reglas de juego que sirve para arrebatar al Movimiento Proyecto Sur de la banca que ganó con el voto popular, despreciar 60 mil voluntades y mentir sobre una supuesta ambigüedad en torno a las leyes que se aplican para definir los lugares en la Legislatura”, disparó Del Frade luego de que trascendiera la resolución del Tribunal.

La Secretaría Electoral respondió a Del Frade 

En respuesta al reclamo de Proyecto Sur,  la secretaria Electoral de la provincia, Claudia Catalán explicó que ayer el Tribunal firmó un auto donde clarifica la situación normativa y cuál es el porcentaje exigido para entrar en la distribución del sistema D´hont.

“En la ley de Internas hay dos artículos fundamentales: el 9 y el 18. El primero hace referencia al porcentaje para las primarias y el segundo que establece cómo se proclaman los candidatos en las generales. Este artículo establece 28 diputados para la mayoría, 22 en distribución por sistema D´Hont, y se complementa la interpretación con el artículo 5º de la ley 9880, que establece que para proclamarse se necesita el 3% de los votos del padrón”, destacó.

Con información de La Capital y Sin Mordaza

María Eugenia Bielsa sacó el primer puesto en Diputados y el Frente Santa Fe para Todas se queda con 28 bancas; le siguió Lamberto, dando 15 bancas para el Frente Progresista; y Norberto Nicotra arroja 7 escaños a Unión PRO Federal.

En el Senado, el PJ mantendrá el control con once bancas de un total de 19.

Las dos cámaras legislativas de Santa Fe serán opositoras al Ejecutivo a partir del próximo 10 de diciembre. Con el triunfo de la lista de María Eugenia Bielsa en Diputados y once de 19 departamentos con bancas del PJ en el Senado, se confirmó uno de los escenarios que se evaluaban en la previa de los comicios de este domingo: que el gobernador electo Antonio Bonfatti deberá aceitar los mecanismos de negociación y consensos para garantizar la gobernabilidad con una Legislatura de diferente signo político.

María Eugenia Bielsa obtuvo una leve ventaja con la lista de diputados provinciales del Frente Santa Fe para Todos. La nómina de la actual concejala rosarina sumó el 34,70% de los votos y se ubicó a dos puntos por delante de la lista del Frente Progresista que encabezaba Raúl Lamberto, que sacó el 32, 84%, con el ciento por ciento de los votos escrutados. De esta manera, la lista del PJ unido se queda con 28 bancas y las otras 22 se reparten por el sistema D´Hont entre las demás fuerzas.

En tercer lugar quedó el candidato de Unión PRO, Norberto Nicotra, un histórico del peronismo que apareció en los afiches de campaña junto a Miguel Del Sel y en la categoría de diputados provinciales obtuvo el 14,64% de los votos.

Este resultado además posiciona a María Eugenia Bielsa como una referente para la reconstrucción de espacios en el PJ santafesino junto a Omar Perotti, quien encabezará la lista de diputados nacionales en agosto y octubre acompañando la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Senado

El Senado provincial también contará con mayoría del PJ aunque con dos bancas menos que las que posee actualmente. Ahora la composición en la Cámara Alta, es de 13 senadores justicialistas, cinco radicales y el socialista Juan Carlos Zabalza; a partir del 10 de diciembre quedará con once peronistas y ocho senadores del Frente Progresista (entre radicales y del PS).

El PJ ganó las senadurías departamentales de Belgrano (Alberto Crosetti), Caseros (Eduardo Rosconi), Castellanos (Alcides Calvo), Garay (Ricardo Kaufmann), Las Colonias (Rubén Pirola), 9 de Julio (Joaquín Gramajo), San Javier (José Baucero), San Jerónimo (Danilo Capitani), San Lorenzo (Armando Traferri), San Martín (Cristina Berra) y Vera (Hugo Pucheta).

El Frente Progresista se queda con las bancas de los departamentos Constitución (Germán Giacomino), General López (Enrico Rudy), General Obligado (José Marcón), Iriondo (Hugo Rosetto), La Capital (Hugo Marcucci), Rosario (Miguel Lifschitz), San Cristóbal (Felipe Michlig) y San Justo (Rodrigo Borla).

En cuatro departamentos santafesinos, la banca cambió de color político: en General López con la derrota del presidente del PJ Ricardo Spinozzi a manos de Rudy; en Iriondo y La Capital con triunfos del Frente Porgresista a históricos bastiones del PJ y en San Lorenzo donde Traferri le arrebató la banca al candidato del Frente Progresista.

La mayoría de los senadores y diputados serán opositores y la Legislatura de los próximos cuatro años, necesariamente, será un espacio de negociación y diálogo.

Con información de Rosario 3

La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados publicó las mediciones privadas de inflación y el dato obtenido duplica al que calcula el Indec.

El Congreso Nacional dará a conocer hoy un promedio de la suba de los precios de mayo, ubicada en torno del 1,5%, mientras también estudia difundir otros datos económicos sospechosos de manipulación por parte del Gobierno.

La comisión de Libertad de Expresión que preside la diputada radical Silvana Giudici recibió el insumo de la mayoría de las consultoras multadas por el Gobierno por difundir datos diferentes al cuestionado índice de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La difusión se hará un día antes de conocerse el dato del Indec -que rondaría el 0,7%- y estará a cargo de los diputados que denunciaron al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por presunto abuso de autoridad: Ricardo Gil Lavedra (UCR), Silvana Giudici (UCR), Patricia Bullrich (Coalición Cívica), Federico Pinedo (Pro), Gustavo Ferrari (Peronismo Federal).

El promedio se ubicó entre el 1,4 y el 1,5% el mes pasado, con diferencias amplias entre los consultores -que no dejaron datos por escrito para no volver a ser sancionados-, ya que algunos presentaron una suba del 1% mientras que en otros casos el aumento fue del 1,7%.

La diferencia estuvo dada por el rubro alimentos y bebidas, que en algunos casos reflejó una baja, por la comparación con el mismo período de 2010, cuando había subido fuerte el precio de la carne.

Los rubros más inflacionarios

En cuanto a los rubros que picaron en punta, indumentaria subió más del 3% y le siguieron educación y vivienda con el 2% cada uno; del otro lado, se planchó atención médica, al no haberse registrado aumento el mes pasado en las cuotas de los planes de medicina prepaga.

La inflación anual

En términos anualizados, la suba de los precios se ubica cerca del 22%, frente al dígito que informa el Indec en el IPC, aunque algunos funcionarios destaquen que la medición más aproximada sea la canasta básica alimentaria, que presenta un aumento del 20%.

Los consultores se sienten más reconfortados por el apoyo de los legisladores de la oposición, aunque saben que la gran batalla será en los tribunales. Algunos presentaron a la Cámara en lo Contencioso Administrativo un recurso de queja para forzar a Moreno a que gire las actuaciones con las multas -frenadas en la Dirección de Lealtad Comercial- a la justicia ordinaria.

Orlando Ferreres defendió el derecho de los legisladores y las consultoras a dar a conocer el índice pese a las sanciones del Gobierno. Más aún, frente al silencio elegido por otros estudios, dijo que, de acuerdo con sus proyecciones, la inflación mayo se ubicó en el 1,2%.

“No queremos dejar de poder dar nuestras conclusiones. Son cosas que tenemos derecho a poder publicarlas o, por lo menos, decir nuestra apreciación sobre eso, como ocurre en todos los países del mundo”, expresó.

En ese sentido, Gil Lavedra expresó que la cuestión del Indec “no es un problema de metodología; es una cuestión, directamente, de que no ponen los precios verdaderos”, tal como lo indicaron en su informe las universidades nacionales convocadas por un decreto presidencial para realizar un informe sobre el Indec.

Otras cifras alarmantes

Más allá del IPC, algunas de las consultoras sancionadas por el Gobierno se entusiasmaron con el apoyo del legislador de la Coalición Cívica Alfonso Prat-Gay, para difundir eventualmente otras cifras oficiales cuestionadas a partir del 2007, como el nivel de crecimiento económico y de pobreza.

La intención sería replicar el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que Prat-Gay inició como presidente del Banco Central para difundir las estimaciones de bancos, consultoras y universidades sobre PBI, IPC, desocupación y la política fiscal, entre otros. El objetivo sería sumar a otras fuentes (no multadas), aunque el diputado aún no avanzó en el proyecto.

Con información de La Nación

Diputados y consultores tendrán hoy un nuevo encuentro para avanzar en la mecánica. Aún no está decidido si se conocerá qué firmas aportan datos a la comisión.

Diputados de la oposición esperan difundir en los próximos días una estimación del nivel de inflación surgida del relevamiento de consultoras que desde hace tres meses son multadas por el Gobierno cada vez que publican su índice. Para ello, mantendrán hoy una reunión con representantes de estudios privados que miden el incremento de precios y, luego de ajustar algunos detalles en la operatoria, darán a conocer las mediciones en el marco de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja.

La mayoría de las consultoras privadas estimó para mayo una inflación en torno al 1,5%. Las mediciones van desde 1,2% al 1,7%. Pero el Indec divulgará también hoy su cálculo del índice de precios para el mes pasado, que se ubicaría en las inmediaciones del 0,7%; por lo que el IPC Congreso podría debutar revelando un alza del costo de vida que duplica a la estimación oficial.

Participantes de la reunión de hoy

Del encuentro de hoy participarán la diputada por la Coalición Cívica Patricia Bullrich y representantes de las consultoras. Luego de eso, esperamos esta semana tener el índice, explicó la legisladora. La propuesta de difundir la medición privada de la inflación a través del Congreso fue suya y apunta a que las consultoras no sean pasibles de las multas de hasta medio millón de pesos que les impuso la Secretaría de Comercio Interior a 12 de ellas. El promedio de las estimaciones privadas se conocería a través de proyectos de resolución presentados por legisladores de la comisión.

Sin multas

El jefe de la bancada radical, Ricardo Gil Lavedra, coincidió en estimar que el número se conocerá esta semana. Nos van a mandar cuáles son sus estimaciones y vamos a difundir el promedio, explicó. Aclaró además que la invitación fue extensiva a todas las consultoras que miden inflación y consideró que, a través de este mecanismo, quedan exentas de ser multadas, por lo que evaluó que seguramente se difundirán los nombres de quienes participen en la iniciativa.

Miedo al gobierno

Sin embargo, ese punto aún genera discrepancias y será sometido a discusión. Varios legisladores y algunos titulares de consultoras estiman que si la comisión de Libertad de Expresión informa qué consultoras le aportan información sobre la inflación, el Gobierno las multará igual. Por ello, se inclinan por mantener ese dato en reserva. Los diputados asumiríamos la responsabilidad (de difundir el nivel de inflación medido por los privados), pero tenemos la duda si dar a conocer quiénes son las consultoras que nos proveerán información para que no las terminen sancionando, explicó Gustavo Ferrari, del Peronismo Federal. Sin embargo, mantener el misterio sobre las fuentes de esa información afectaría a su credibilidad, por lo que la decisión sobre este punto no está tomada.

Respaldo de la Justicia

En ese marco, la titular de la comisión de Libertad de Expresión, la radical Silvana Giudici, consideró que será difícil que las sanciones logren el aval de la Justicia. Todos convinimos que cualquier abogado y cualquier juzgado va a resolver a favor de las consultoras. Es aberrante lo que intenta hacer (el secretario de Comercio Interior, Guillermo) Moreno, sostuvo. Además, advirtió que los representantes de las consultoras que estuvieron reunidos con diputados el jueves tuvieron una reacción dispar frente a la propuesta de que sea la comisión quien divulgue el índice, aunque evaluó que los estudios no dejarán de publicar sus números y que algunos, incluso, continuarán haciéndolo a pesar de las multas y mientras aguardan que Moreno destrabe las apelaciones a las primeras sanciones, que aún no reenvió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Giudici también adelantó que esperan noticias del ámbito judicial. Vamos a tener novedades de la Justicia al ratificar la denuncia, indicó sobre la presentación de la oposición contra Moreno.

Con información de El Cronista

Diputados de la oposición lo acusarán ante la justicia penal por uso ilegítimo del poder del Estado al multar y amenazar a los analistas privados que arrojan números diferentes a los del INDEC.

La oposición en la Cámara de Diputados anunció ayer que hoy denunciará ante la justicia penal al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno , y a otros dos funcionarios de esa dependencia por las multas aplicadas a las consultoras económicas que publican índices de inflación alternativos al del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Diputados difundirá las mediciones privadas

La presentación judicial intenta ser, según se anunció, una respuesta a la preocupación manifestada por los economistas ante los diputados de la oposición, y una herramienta para asegurar que se sigan publicando mediciones privadas, con cifras mayores a las del Indec. De hecho, los legisladores opositores anticiparon que se encargarán de difundir mensualmente el promedio de los índices inflacionarios surgidos de los estudios realizados por las consultoras.

“Se utilizaron ilegítimamente herramientas del poder estatal, con el propósito de llevar a cabo una persecución evidentemente ilegal, contra todos los profesionales que efectuaron mediciones de precios, que hubieran dejado en evidencia las mentiras del Gobierno con relación a los índices oficiales”, dice el texto de la denuncia contra Moreno. “La denuncia del funcionario representa una evidente vulneración de los derechos humanos, tal como los interpreta la doctrina de la Corte Interamericana”, agrega.

La presentación lleva la firma de Ricardo Gil Lavedra (UCR), Felipe Solá (Peronismo Federal), Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), Federico Pinedo (Pro), Patricia Bullrich (Coalición Cívica) y Margarita Stolbizer (GEN). Los diputados opositores acusaron al secretario de Comercio del delito de abuso de autoridad, al igual que al director de Comercio Interior, Fernando Carro, y al director de Lealtad Comercial, Adalberto Rotella.

Esos funcionarios intervinieron en las actuaciones administrativas iniciadas en la Secretaría de Comercio Interior contra diez consultoras privadas. Ellas son Orlando Ferreres & Asociados, Finsoport, M&S Consultores, Abeceb.com, FIEL, Ecolatina, Bein & Asociados, Econviews y Gabriel Rubinstein y Asociados, además de Graciela Bevacqua, ex jefa del índice de precios al consumidor del Indec.

Multa

Luego de intimarlas a entregar en un plazo de 48 horas detalles sobre las mediciones que realizan, la Dirección de Lealtad Comercial les aplicó a las consultoras una multa de 500.000 pesos. El argumento de los funcionarios es que esas empresas violaron el artículo 9 de la ley de lealtad comercial.

Según esa norma, está prohibida la realización de cualquier presentación, publicidad o propaganda que por medio de inexactitudes u ocultamientos resulte engañosa o confusa para los consumidores. Mediante esa prohibición, se intenta evitar que el consumidor pueda ser inducido a adquirir un producto o contratar un servicio diferente del promocionado. El argumento está respondido en el texto de la demanda presentada por la oposición. “Resulta irrazonable la aplicación de esta norma respecto de los informes de proyección de la inflación y la determinación y difusión del IPC -dice la denuncia-. Aquellos informes, por lo general, no tienen un fin comercial. No obstante, aun si lo tuvieran, no inducen a error, engaño o confusión respecto del bien o servicio, sino, en su caso, de alguna otra circunstancia, como es el mercado.”

Las multas fueron apeladas por las consultoras ante la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. Pero la actuación de la Dirección de Lealtad Comercial no quedó ahí. El 20 de mayo pasado volvió a requerir información a las empresas sobre cifras publicadas en los medios respecto del índice de precios al consumidor de marzo y de abril. Se les indicó, además, que las actuaciones habían sido giradas al secretario de Comercio Interior, por la posible comisión de un delito.

“El objetivo de este apriete es que no se hable de la inflación”, sostuvo Gil Lavedra, en la apertura de la conferencia de prensa ofrecida en el Congreso por los autores de la denuncia. “No se trata de defender a un sector, a las consultoras, sino de defender a la ciudadanía. Lo que quiere el Gobierno es defender una política de Estado, que es ocultar información”, sostuvo Ferrari.

Freno al Gobierno

A su turno, Bullrich confirmó que la oposición se encargará de publicar el IPC promedio de los estudios realizados por las consultoras y Pinedo afirmó que la denuncia intentaba poner un freno al avance del Gobierno. “Decidimos hacer una denuncia penal para terminar con esto, que ya pasó todos los límites de lo tolerable”, dijo.

Con información de La Nación

Diputados de la UCR, GEN y CC propusieron difundir desde el Congreso las mediciones de las consultoras amenazadas por Moreno.

No bastó con las multas de 500.000 de pesos Guillermo Moreno a quién medía diferente la inflación en Argentina. El gobierno va por más, una nueva intimación oficial objeta las opiniones vertidas por los economistas en distintos medios de comunicación.

Los analistas hablan de una “escalada” y “falta de límites” en lo que comenzó como un cuestionamiento técnico y se convirtió en una “persecución”, según la catarsis colectiva que hicieron los profesionales ayer en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja.

Allí fueron citados a raíz de la última arremetida del Gobierno. Pero sólo escucharon sus pesares los legisladores de la oposición, que buscaron brindarles respaldo y desalentar la autocensura, una palabra repetida en las distintas oratorias de los economistas. Además de la titular de la comisión, Silvana Giudici (UCR), estuvieron en medio del vacío oficialista Margarita Stolbizer (GEN), Alfonso Prat-Gay, Fernando Iglesias (CC) y Carlos Favario (PDP), entre otros.

Representantes de 11 consultoras y una fundación multadas expusieron su preocupación por la avanzada oficial que, según les informó la diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich, será denunciada ante la Justicia. La acción que se pensaba iniciar contra las autoridades de las dependencias oficiales involucradas por abuso de poder también incluirá la “violación a la libertad de expresión”, detalló la legisladora.

Diputados difundiendo índices de precios

Otro de los puntos de convergencia entre economistas y legisladores es la posibilidad de que la comisión de Libertad de Expresión sea la encargada de difundir las estimaciones sobre el avance de precios cada mes. El proyecto de Resolución de Bullrich encomienda solicitar los informes de inflación a las consultoras con el objetivo de que sean publicados con su mediación. Pero, de concretarse esa idea, aún restaría definir la letra chica con los consultores, que pusieron ciertos reparos.

Según comentaron algunos de ellos, la idea de crear un canal alternativo para publicar la información sin dar margen a posibles represalias debería incluir la condición del anonimato. “De otro modo, podrían volver a cuestionar a la fuente, como hicieron con los diarios”, analizó Juan Luis Bour, de la Fundación FIEL.

La voz oficial no puede ser la única que se oiga

De acuerdo con esta alternativa, se haría público un promedio de los cálculos privados y los extremos de las estimaciones. “Aunque sea sin fuentes, el objetivo es publicar los índices y que no se cumpla la meta del Gobierno de que se escuche sólo la voz oficial”, aclaró Bullrich.

Indec

Giudici también alentó la posibilidad de abrir un paraguas para la difusión de cifras contrarias al Indec, mientras se esperan los tiempos de la Justicia. “Están forzando la norma”, señaló, en referencia a la ley de lealtad comercial por medio de la cual se aplicaron las multas.

Autolimitación

Alineados en uno de los costados de la sala, los economistas hablaron de la “autolimitación” que produce el castigo después de sus manifestaciones públicas sobre inflación. Incluso destacaron el uso de las cifras elaboradas por institutos estadísticos provinciales como salvavidas para mantener a flote la posibilidad de opinar, algo que destacó Prat-Gay a su turno. Antes lo había planteado Marina Dal Poggetto, de Bein y Asociados, convencida de que ese será el próximo objetivo del Gobierno.

Bour defendió la solidez técnica de la metodología utilizada y concluyó: “En este proceso al que somos sometidos, la multa no es la sanción, sino el proceso mismo”. En ese punto coincidió Fausto Spotorno, de Orlando Ferreres y Asociados, que se quejó del costo económico que implica cada nueva carta de Moreno.

Los invitados no fueron del todo complacientes con sus anfitriones. Gabriel Rubinstein pidió a los legisladores “ponerse más las pilas” para concretar acciones. “La inacción es aprovechada por el Gobierno como una oportunidad para avanzar”, señaló. En su intervención, Margarita Stolbizer reconoció la “impotencia” frente a la acción oficial, e indicó que lo principal es que el tema “le importe a la gente” y que la inflación no quede fuera del debate.

Miguel Kiguel, de Econviews, sumó críticas: “Cada vez vamos a escuchar menos números”, se lamentó, y advirtió sobre el efecto de la “censura posterior”, similar al de la censura previa. En igual sentido, Jorge Todesca, de Finsoport, denunció la existencia de “un aparato de espionaje o de inteligencia” para perseguir a los economistas.

Carlos Melconian, de M & S Consultores, puso otro foco: “Es clave; urge que la Justicia diga: «Deje a ese cuidadano opinar tranquilo»”. Por último, tras la queja de ADE, Santiago Paz, de Ecolatina, planteó: “Cada vez que abrimos la boca, tenemos una nueva intimación. ¿Cómo podemos seguir sin autocensurarnos?”.

Con información de La Nación