Los decretos de la presidente habilitarían al Estado a tener participación directa en los directorios, a pesar de que esto había sido descartado con la norma que terminó con las AFJP. La CGT aprovecha la ocasión para meter su cola desatando todo esto la furia de la UIA, la AEA y el rechazo de Diputados que intentarán revertir la normativa.

La decisión del gobierno nacional de ampliar su poder de decisión en más de 32 empresas privadas cayó como una bomba entre los principales ejecutivos del país. Casi nadie, sin embargo, quiso expresar su malestar abiertamente y en forma individual. Algunos lo dejaron entrever fuera de micrófono, otros lo canalizaron en los duros comunicados que emitieron ayer las asociaciones.

La UIA

Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el de la Unión Industrial Argentina (UIA), que directamente pidió que la Casa Rosada “revea la medida adoptada”. La entidad expresó en un comunicado su “preocupación” por el decreto 441, publicado ayer en el Boletín Oficial, que eliminó el límite que tenía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para ejercer sus derechos accionarios en las empresas que cotizan en Bolsa.

Sin límites al ANSES

Luego de la disolución de las AFJP, el organismo que dirige Diego Bossio recibió paquetes accionarios correspondientes a 42 empresas. Ninguna AFJP podía en forma individual controlar más del 5% de una firma, pero al acumularse los activos de varios fondos de jubilación y pensión, el Estado heredó participaciones accionarias muy superiores. Sólo en 10 de esas empresas la Anses se quedó con menos del 5%. En las 32 firmas restantes, el Estado amplió desde ayer su espacio de influencia y podría nombrar más directores.

Tanto la UIA como la Asociación Empresaria Argentina (AEA) recordaron en sus comunicados la justificación original que había tenido el tope del 5% y consideraron que la ley 26.425, que traspasó las tenencias de las AFJP a la Anses, fueron aprobadas con la aclaración expresa de que ese tope se mantendría.

La AEA

“Más aún, esta limitación es ahora mucho más necesaria, dada la fuerte preponderancia de un organismo del Estado, la Anses, como principal inversor institucional en el mercado de capitales argentino”, sostiene el comunicado de AEA, una organización en la que tienen fuerte influencia dos de los grupos perjudicados por el decreto y que mantienen un fuerte enfrentamiento con el Gobierno: Techint y Clarín.

La entidad que preside Jaime Campos afirmó además que “es fundamental preservar la conducción empresaria de las empresas privadas, evitando por lo tanto el avance de la participación estatal en dicho ámbito”.

Todo por un DNU

La UIA, por su parte, cuestionó que la medida se haya hecho efectiva por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), teniendo en cuenta que las acciones de las ex AFJP fueron transferidas hace más de dos años. En sus considerandos, el decreto justifica la urgencia en que varias compañías van a celebrar sus asambleas anuales antes del 30 de este mes.

Ir a la Justicia

En varias empresas consultadas creen que la urgencia del decreto estuvo vinculada con el hecho de que mañana Siderar, del grupo Techint, celebra su asamblea anual. La Anses tiene el 25,97% de Siderar y con ese porcentaje podría colocar hasta tres de los once directores, además de un síndico. A diferencia de lo que ocurrió en 2009, cuando la empresa y el Gobierno consensuaron el nombre de Aldo Ferrer para representar a las acciones en manos del Estado, esta vez la Casa Rosada propuso que se designe a Axel Kicillof, un economista ligado a la agrupación La Cámpora. Voceros de Techint no quisieron hacer declaraciones, aunque en ámbitos empresariales señalaron que el grupo que comanda Paolo Rocca podría ser el primero en recurrir a la Justicia para impugnar el decreto 441.

Descontento en los bancos

Otro sector en el que la noticia cayó como una bomba fue el bancario. Las expresiones de disgusto estuvieron a la orden del día en la City. “La idea es pedir una suerte de explicación sobre qué se busca con esta medida. Es un golpe a la inversión”, señalaron fuentes del sector bancario, que calificaron la medida como un elemento más de la campaña electoral. De hecho, la empresa más afectada por la medida es un banco, el Macro, cuyo presidente, Jorge Brito, está al frente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba). La Anses tiene el 30,9% de las acciones del Macro, contra el 39,9 por ciento que conserva Brito.

Un sector con varias firmas involucradas es el energético, pero allí se lo tomaron con más calma. “Somos un sector regulado y estamos acostumbrados. Si ponen más directores hasta nos puede beneficiar porque van a ver que de verdad perdemos plata y necesitamos una suba de tarifas”, se ilusionó una fuente.

Fiat y campo

En tanto, el presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, señaló: “No es función del Gobierno involucrarse en empresas privadas”. También hubo un fuerte malestar en el campo, con duras críticas de Hugo Biolcati (Sociedad Rural) y Confederación Rurales Argentinas (CRA), que en un comunicado declaró: “No nos sorprende una nueva intromisión en la actividad privada”.

La presidente no mantuvo su palabra

Ese DNU es más controvertido porque elimina una cláusula sin la cual la estatización de las AFJP tal vez no habría sido aprobada: la que establece que, cualquiera que fuera su posición accionaria, el Estado no tendría derecho a una representación superior al 5% en la conducción de las empresas. La “defensa de los intereses de los trabajadores” es invocada, entonces, como un pretexto para violar la ley.

La CGT se quiere colar en los directorios

La Confederación General del Trabajo (CGT) aprovechó la brecha abierta por la reforma legal que le permitirá al Gobierno (a través de la Anses) ganar espacio en la mesa directiva de las empresas con cotización pública para reclamar que representantes del sector sindical también se sumen a ella.

“Nosotros queremos jugar ahí, ¿por qué no?”, afirmó y se preguntó ayer Omar Viviani, secretario gremial de la CGT, representante de los peones de taxis y hombre de estrecha confianza del jefe de esa central, Hugo Moyano, en una entrevista concedida a Radio Rivadavia.

Decreto inconstitucional

La decisión del Gobierno fue calificada como “inconstitucional” por los juristas. Criticaron que la medida se haya tomado a través de un DNU en momentos en que el Congreso se encuentra sesionando y a casi dos años y medio de la sanción de la ley por la que las tenencias de las administradoras privadas de fondos de jubilación y pensión (AFJP) pasaron a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

“La medida es inconstitucional porque no tiene sentido derogar el artículo de una ley vía un decreto de necesidad y urgencia en un momento en que el Congreso está sesionando normalmente. Además tampoco es admisible argumentar que existe una urgencia cuando la estatización de las AFJP que posibilitó el ingreso de la Anses en las empresas lleva más de dos años y nunca se había analizado ese tema”, opinó el constitucionalista Gregorio Badeni.

En la misma línea, su colega Daniel Sabsay destacó que “el decreto está pasando por encima de las atribuciones del Congreso en forma muy grosera”. El jurista igualmente aseguró que los problemas que implica la medida trascienden lo estrictamente legal. “Más allá de la inconstitucionalidad se trata de una prueba adicional del hegemonismo del Poder Ejecutivo y representa otro avance sobre los derechos de propiedad y, por lo tanto, un factor más de inseguridad jurídica”, explicó.

El constitucionalista Pablo Manili también sostuvo que la medida atenta contra el espíritu con el que se había sancionado la ley que habilitaba el ingreso de los fondos de jubilación en el capital de las empresas. “Los derechos que tenían originalmente las AFJP eran del tipo económico y no político, es decir que no estaban pensados para influir en la toma de decisiones corporativas. Y cuando se sancionó la ley de estatización de las AFJP se mantuvo el mismo concepto”, recordó.

Diputados buscan derogar el decreto

Una porción de la oposición en la Cámara de Diputados se puso en marcha ayer para lograr que el Gobierno dé marcha atrás con la medida. En esta iniciativa están: Patricia Bullrich (Coalición Cívica), que presentó un proyecto de ley para restablecer la limitación del 5%;

diputados de Pro, de la UCR y del Peronismo Federal. Pero encuentra resistencia en los bloques de centroizquierda y hasta en la propia bancada de Bullrich. Adrián Pérez, compañero de fórmula de Elisa Carrió, está en contra del proyecto de la diputada.

Con información de La Nación

En un año signado por la campaña electoral, la presidente Cristina Fernández dispondrá de 39.548,7 millones de pesos no contemplados en el presupuesto para destinar al gasto público.

La mandataria continuó ayer haciendo modificaciones al presupuesto 2010 para sumar recursos que no estaban previstos y aumentar una vez más los gastos.

Como tales facultades están reservadas al Congreso, debió recurrir una vez más a un decreto de necesidad y urgencia (DNU), instrumento al que ya había apelado en noviembre pasado, cuando aumentó las partidas de gastos en poco más de 30.200 millones de pesos. La semana anterior había apelado a los superpoderes del jefe de Gabinete en dos ocasiones para volver a subirlo en otros casi 6000 millones de pesos, y esta vez, con el nuevo DNU acrecentó los gastos corrientes y de capital en 10.118 millones de pesos. Pero como el kirchnerismo tiene una particular manera de llevar las cuentas, y parte de lo que gasta lo computa como inversiones financieras, la cuenta total se eleva a 39.548,7 millones adicionales.

Dudosa llegada a las provincias

Allí aparecen como inversiones financieras las asistencias concedidas a provincias, que siempre se refinancian y difícilmente se cobren. Durante los primeros años del kirchnerismo se anotaron como préstamos los subsidios al sector eléctrico, por ejemplo, sabiendo que sin un cambio de tarifas -que jamás se produjo- nunca podría devolverse el dinero.

También aparecen los préstamos a empresas privadas, como algunas automotrices, concedidos por la Anses, sin que se detallen los nombres. Confiando en que tales créditos serán devueltos, de todas formas, el efecto es el de un aumento enorme del gasto público y no del ahorro estatal, con todos sus efectos sobre el nivel de actividad y de inflación.

El DNU de ayer transparenta a las claras cuáles son los principales problemas del Gobierno. Hay fuertes sumas para las provincias que la semana pasada, con los superpoderes del jefe de Gabinete, habían recibido 300 millones de pesos. El aporte se hizo con tanto sigilo que figuró en las planillas anexas, pero no en los considerandos de la medida. Ahora aparecieron nuevos recursos, para preparar con urgencia a la Gendarmería para que custodie el inseguro conurbano bonaerense, pero también para planes de vivienda, distintos programas de asistencia social y fondos para obras y gastos corrientes.

Trampas sin salida

Otros destinos de los recursos parecen barriles sin fondo o trampas en las que el Gobierno cayó tras armarlas, y ahora no sabe cómo salir. Es el caso de los subsidios a los servicios públicos, cuyo monto total no para de crecer. Esta vez fueron casi 1000 millones de pesos.

Ninguna de las millonarias modificaciones presupuestarias con aumento de partidas resultó suficiente y casi sobre el último día del año hubo que volver a reforzarlos, mientras se multiplicaban los cortes de luz, y el ministro Julio De Vido era provisto de cerca de 2000 millones de pesos en la cuenta financiera para pagar deudas con los chinos por material ferroviario, y con la Venezuela de Hugo Chávez, por las compras de fueloil.

Fuera de su función como financista del sector público, comprando títulos públicos, y del privado, concediendo préstamos, la Anses también ocupó un lugar relevante en el aumento de los gastos corrientes. Con mayores recursos propios que los previstos pudo financiar también el pago de la asignación extra a los jubilados, que no figuró en la ampliación de noviembre último. También tuvo mayores recursos y gastos para financiar el aumento de la asignación universal por hijo.

En tanto, los aumentos destinados al Ministerio de Trabajo fueron para financiar la burocracia y el funcionamiento, admitiendo mejoras salariales y de otras remuneraciones que no estaban contempladas en el presupuesto 2010.

Según las jurisdicciones, los grandes beneficiarios de los mayores recursos, por recaudación, por colocación de deuda pública y por operaciones financieras que terminan liberando gasto, fueron precisamente la Anses, el Ministerio de Planificación y las provincias (más de 1300 millones de pesos fueron para el interior).

Del ministro Julio De Vido no sólo dependen los subsidios a los servicios públicos, que otorgan gran poder de presión y negociación con el sector privado. También algunos otros destinados a provincias, que dan gran capacidad de maniobra política. De Planificación también depende Vialidad, en tanto que la cartera influye en Enarsa (350 millones), Yacyretá (120 millones) y las redes de alta tensión que se ampliarán.

Otro pozo sin fondo que volvió a requerir recursos fue Aerolíneas Argentinas (81 millones de peses esta vez), que casi todos los meses a partir de junio estuvo recibiendo incrementos. También el DNU resultó un sinceramiento de muchas de las maniobras de distracción que el Poder Ejecutivo hizo durante el ejercicio, aunque parecía que tales desaguisados ya habían sido totalmente emprolijados.

Hasta noviembre, y con el Congreso en funcionamiento, el Gobierno apeló a los superpoderes del jefe de Gabinete, que puede incrementar partidas recortando otras, y que con muchísimas limitaciones puede hacer pequeños aumentos del gasto total. Entonces muchos incrementos de partidas eran “financiados” con la rebaja de otras, aunque era más que evidente que tales disminuciones eran de imposible cumplimiento. Ayer, el Gobierno finalmente dispuso un alza de casi 21% de las partidas para esas cuentas falsamente recortadas, que figuran como obligaciones a cargo del Tesoro.

Con información de La Nación

La cumbre de la UIA fue el escenario desde el cual los diferentes partidos presentaron sus ideas y proyectos de infraestructura.

En el marco del panel “La propuesta industrial de los partidos politicos” realizado durante la conferencia realizada en la UIA en Costa Salguero, los representantes de diferentes partidos expresaron sus propuestas sobre inversión, energía y oferta crediticia.

Industria naval

Alrededor de las 16, Pino Solanas, y ante un espectante y silencioso publico, habló sobre la devastación de los 90. Los comentarios del titular de Proyecto Sur se extendieron durante un largo rato. Enfatizó la necesidad de que Argentina reconstruya un proyecto industrial y mencionó la urgencia de poner en funcionamiento astilleros privados y de toda naturaleza, para lo cual es imprescindible invertir en yacimientos.

Ferrocarriles

El diputado nacional no se alejó de su discurso original. Remarcó la necesidad de proteger los recursos naturales y volvió a insistir en el funcionamiento de la red de ferrocarriles. El máximo referente del Proyecto Sur destacó incluso, que a través de Unasur, se debería hacer una integración internacional industrial, en donde los ferrocarriles deberían unir el Caribe y la Patagonia. Para finalizar, criticó al gobierno asegurando que cada vez existen más deudas que superan los u$s 200.000 M, y señaló que el Estado trae con sigo politicas perversas.

Inflación y superpoderes

Por su parte, Ruben Giustiniani con discurso en mano habló de los hechos negativos de la coyuntura actual, como la creciente inflación y la política fiscal. Otra de las críticas a las que se refirió el senador nacional santafesino fue la ley de emergencia económica que se sigue utilizando.

Giustiniani atacó también el uso de los superpoderes, y los decretos de necesidad y urgencia. Además hizo referencia a la obligación de generar una democracia moderna que se a pacifista, en relación a los conflictos generados entre Camaño y Kunkel.

El presidente del Partido Socialista coincidió con Pino Solanas, al reclamar por la reconstrucción de ferrocarriles y un plan energético integral para el desarrollo diferentes fuentes de energía.

Subsidios

Luego de la finalización del discurso de Giustiniani, fue el turno del presidente del Pro, Mauricio Macri, quien comenzó con frases como “quiero participar de la construcción de Argentina”. Más tarde llegaron las críticas al gobierno al tildarlo de “festival de subsidios”.

Valor agregado

Macri hizo hincapié en la necesidad de hacer acuerdos entre todos los sectores para lograr un pacto de industrialización y exportar productos elaborados y no primarios. El presidente del Pro reflejó la obligación de crear mercados con el mundo, insistió en el desafío de invertir y recuperar un marco económico estable. Por último, señaló que hay que reconstruir el estado para que deje de funcionar como un “motín del clientelismo político”.

Mercosur

Luego del break, el empresariado regresó al salón. Aunque era el turno de Elisa Carrió, quién subió a disertar fue Juan Carlos Romero por la ausencia de la presidente de la Coalición Cívica. El coordinador del peronismo federal, que no estuvo acompañado por Rodriguz Saa como se preveía, efectuó su discurso describiendo la necesidad de desarrollar el Mercosur.

Romero mencionó que hay que implementar políticas a largo plazo, así como también discutir la democratización sindical. El senador señaló que los mandatos no deben perpetuarse ni heredarse, y aseguró que hay que modificar los sistemas de obras sociales. El coordinador del peronismo federal, sostuvo que se deben evitar conflictos entre empresas y trabajadores, y finalizó expresando que el mejor camino “es el del dialogo y no el de los conflicto”.

DNU

Ya con algunas mesas vacías pero con periodistas de CQC rondando, el mendocino Ernesto Sanz, con un efervorizado discurso, criticó el modo de hacer política con decretos de necesidad de urgencia.

El presidente de la UCR acusó a la presidente por hacer “ejercicio y uso” del Banco Central, y atacó el rol del Anses al asegurar que la política no está para prestarle plata a General Motors, sino para generar acciones públicas.

El senador destacó la necesidad de realizar una reforma tributaria para generar competitividad, y aseguró que es necesario disminuir el IVA, el impuesto al cheque y modificar el impuesto a las ganancias. Sanz hizo fuerte hincapié en la apertura de un debate sobre el rol de la universidad pública, y afirmó que la capacitación es fundamental.

Además aseguró que es necesario desarrollar carreras duras para beneficiar a la industria, y que se debe becar a aquellas personas que terminan las carreras de ingeniería. Finalmente reconoció que el gobierno hizo cosas buenas, pero desaprovechó las oportunidades para crecer.

Modernizar el Estado

El disertante que culminó la jornada fue Daniel Scioli. El gobernador de la provincia de Buenos Aires se hizo esperar durante algunos minutos. Ante un salón casi vacío, pero colmado de expectativa y en silencio, Scioli se refirió al alcance de las políticas y al crecimiento de la provincia alcanzado durante su mandato.

El gobernador retomó palabras de Sanz respecto a la educación y a las universidades, y expresó la necesidad de lograr una modernización del estado. Finalmente culminó su discurso afirmando que “mañana, en el cierre de oro con la presidenta, el sector industrial debe brindarle el apoyo y el aliento que se merece”.                          

Con información de Punto Biz y La Nación

Es el monto de la deuda que la Nación tiene con la provincia de La Pampa. Saldando esta deuda,el kirchnerismo se asegurará pasado mañana en el Senado la vigencia del decreto de necesidad y urgencia (298/10) que le permite a la administración de Cristina Fernández de Kirchner continuar pagando deuda con reservas del Banco Central.

Esa es la promesa (140 millones serían de ejecución inmediata) que el oficialismo le realizó al peronista disidente Carlos Verna (La Pampa) para que el miércoles último firmara el dictamen del proyecto de ley que avala el uso de más de 4300 millones de dólares en reservas de libre disponibilidad para cancelar los compromisos que vencen a lo largo del año.

Con ese compromiso, que implica también asegurarse el voto de María Higonet, compañera de bloque de Verna, y una cláusula que establece que el DNU quedará derogado una vez sancionada la ley, la oposición perdió dos votos decisivos en su intento por rechazar el decreto anunciado por la Presidenta el 1° de marzo último ante la Asamblea Legislativa.

Si bien no existe garantía alguna de que el proyecto prospere en la Cámara de Diputados, la UCR y la Coalición Cívica ya adelantaron que no piensan discutir una iniciativa de ese calibre, el hecho de que el DNU no sea rechazado por el Senado le permitirá al Poder Ejecutivo mantener en vigor la ingeniería financiera que creó para no distraer fondos del Presupuesto Nacional para el pago de compromisos externos y usar esos recursos para políticas con fines electorales.

El decreto 298/10 ya fue rechazado por la Cámara baja, por lo que un pronunciamiento de iguales características en el Senado implicaría un duro revés para la administración kirchnerista.

Sin embargo, el arco no oficialista ha perdido de manera casi definitiva toda posibilidad de derogar el DNU. Sucede que a los votos de los peronistas pampeanos deben sumarse las dudas que existen sobre la posición que adoptarán, por lo menos, otros dos senadores: la rionegrina María José Bongiorno (Frente Grande) y la santafecina Roxana Latorre (PJ).

A esto, se suma el ya decidido y desembozado alineamiento de Carlos Menem (PJ-La Rioja) con la Casa Rosada.

Así, el escenario parece decidido. Hoy, la oposición tendría apenas 32 votos seguros, una cifra demasiado exigua para enfrentar a los 35 senadores (32 oficialistas más tres aliados) que el kirchnerismo reuniría en una eventual votación del DNU. Tanto es así, que los principales referentes del arco no oficialista tendrían decidido dejar de lado su intención de someter el tema a votación esta semana.

Aunque con poco énfasis, algunos legisladores de la oposición, como el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), sostienen que si la Cámara alta aprueba el artículo derogatorio, sumado al rechazo explícito de Diputados, el decreto sería rechazado. Una lectura muy forzada que necesitaría, otra vez, de un fallo judicial que la avale.

Con información de La Nación

Una nueva iniciativa de la Cámara Baja pone un importante freno al uso de estos decretos. Además se exige una ley complementaria para actualizar el Presupuesto 2010.

La iniciativa sobre los DNU dispone que éstos mantendrán su vigencia sólo si ambas cámaras legislativas los ratifican en un plazo de 60 días; de lo contrario, caducarán.

Esperan aprobación del Senado y veto de Cristina

El proyecto fue aprobado por 142 votos del arco opositor contra 98 del oficialismo. Cuando se inició el debate, la iniciativa contaba con el apoyo de una abrumadora mayoría, ya que incluso los bloques cercanos al oficialismo, como Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, sumaron sus votos. Ahora restaría entonces la definición del Senado, aunque el oficialismo hizo saber que, de convertirse en ley, la iniciativa será vetada por la presidente.

El proyecto introduce importantes cambios a la actual ley 26.122, sancionada en 2006 durante el apogeo del gobierno de Néstor Kirchner y criticada por la oposición por imponer un mecanismo laxo para la ratificación parlamentaria de los DNU. En efecto, según la legislación actual, el proyecto entra en vigencia no bien es emitido y sólo pierde validez cuando es rechazado por ambas cámaras legislativas. El silencio o la aprobación de una sola de las cámaras convalidan el DNU.

“Esta reglamentación sin límites rigurosos habilitó el uso de un atajo por parte del Poder Ejecutivo para no tener que transitar el camino más democrático, que es el trámite de elaboración y sanción de las leyes”, enfatizó Graciela Camaño (Bloque Peronista), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales al inaugurar el debate.

Todos los discursos opositores elogiaron el avance institucional que implica esta iniciativa. Por el contrario, el oficialismo la criticó con dureza. “Con esta iniciativa, la oposición abroga una atribución del Poder Ejecutivo contemplada en la Constitución. Además, se castiga al Poder Ejecutivo ante una eventual demora del Congreso si no ejerce su labor de control en 60 días”, advirtió el oficialista Jorge Yoma, a lo que

Diana Conti agregó: “La oposición pretende burlar la Constitución al permitir, con este proyecto, declarar nulo un decreto. Esa es una facultad exclusiva del Poder Judicial”.

El presupuesto 2010 ya quedó desactualizado

La Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto de resolución por el cual reclama que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso una ley complementaria del presupuesto 2010, por considerar que las pautas macroeconómicas allí establecidas quedan desactualizadas a partir de nuevas previsiones de gastos y de recursos que se calculan para este ejercicio. La iniciativa, impulsada por el diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur), tiene efecto declarativo y, por lo tanto, no es vinculante. “La actual norma no incluye gastos que ya estaban comprometidos al momento de su sanción”, fundamentó Lozano.

Con información de La Nación

El ministro del Interior propuso un sutil canje de figuritas: deslizó que si el socialismo no ayuda al oficialismo nacional con el DNU para el canje de la deuda y el rechazo a la coparticipación del impuesto al cheque, el kirchnerismo santafesino no puede acompañar en su anhelada reforma impositiva.

El ministro del Interior de la Nación, Florencio Randazzo, se reunió con más de 30 periodistas del interior del país. El objetivo establecer lazos con medios más pequeños y generar contactos fuera de Clarín y Nación. La convocatoria fue para recorrer la planta de los nuevos DNI.

El ministro del Interior aprovechó la oprotunidad para replantear lo que ya había manifestado su par de Economía, Amado Bodou hace 5 días atrás en Rosario: “Santa Fe necesita una reforma tributaria para mejorar su economía”, algo que no es novedad para el gobierno de Hermes Binner, que hace meses tiene trabado un proyecto del ejecutivo al respecto y que a pesar de profundas negociaciones no sumó la aprobación de legisladores reutemista, ni kirchneristas.

La propuesta del ministro del interior

“Binner tiene que hacer una reforma tributaria para mejorar su ingresos. Tiene que modificar Ingresos Brutos y el Inmobiliario Rural”, aseguró el ministro. Sobre la falta de apoyo de los legisladores del Frente para la Victoria en el congreso santafesino, indicó:” Lo real es que el socialismo no acompaña al Gobierno en proyectos claves como los DNU o el tema del impuesto al cheque, nosotros no podemos comportarnos de diferente forma en la provincia”.

Tanto Boudou como Randazzo, con algunos días de diferencia, mantuvieron el mismo mensaje para el gobierno de la provincia de Santa Fe.

Sobre el reclamo del 15% de los fondos de coparticiación destinados al ANSES, el ministro afirmó que es imposible que esto suceda: “Hoy Anses necesita de 29 mil 600 millones de pesos , 11 millones más de lo destinado en 2009, por lo tanto ese superávit no existe, y ese fondo es necesario para garantizar el pago de las jubilaciones. Antes habría que pensar en un aumento de los haberes para los jubilados”, resaltó Randazzo

“Santa Fe es una de las provincias que no adhiere”

Desde que comenzó a funcionar la nueva operatoria para los DNI se fueron incorporando diferentes localidades del país entre ellas Misiones, Mendoza, Salta pero Santa Fe todavía no lo hizo: ” La provincia es una de las que queda pendiente, creemos que es necesario que lo haga y se va a cumplir seguramente en los próximos 60/90 días”, destacó el ministro. En relación a la ley vial hubo otra tarjeta roja para Santa Fe: “Es una de las 4 provincias que todavía no adhirió, 20 ya lo hicieron. Para nosotros es muy importante que lo haga. Es uno de nuestros principales proyectos junto con los nuevos DNI”.

Sobre obras de infraestructura para Santa Fe, señaló que es algo que se esta estudiando por la falta de recursos del Estado Nacional para llevar adelante obras de este tipo sin embargo destacó que la Autopista Rosario- Córdoba estará finaliza en poco tiempo, antes de diciembre. No hay novedades sobre el Plan Circunvalar o sobre obras de accesos a la ciudad.

Tarifas sin modificaciones

El ministro aseguró que la Nación continuará con la política de subsidios por lo tanto no prevén un aumento de tarifas, especialmente en el gas como sucedió el año pasado. Sobre el subsidio para el gasoil que reclama el intendente Lifschitz dijo que “no habrá modificaciones, no están contempladas,a pesar que es injusto que Capital Federal lo tenga y otras localidades con menor poder adquisitivo no”.

De cara al 2010

En relación a los objetivos del gobierno Nacional para este año, uno de los principales está vinculado a cambios en el sistema financiero: ” Tenemos un plan de trabajo que incuye diversas areas una esta especialmente relacionada al tema bancos, es una deuda pendiente, también la anulación del impuesto al cheque que alienta la economía en negro. Sostener los subsidios para que no haya aumentos en el costo de vida de la gente, aunque se está dando a pesar de esto y tratar de concretar un aumento a jubilados y docentes que cuenta con haberes muy bajos”, describió Randazzo.

Con información de ON24

La oposición en la Cámara Baja rechazó el DNU para pagar la deuda con reservas. Para el bloque del PRO esto significó volver al Estado de Derecho”.

Tras el rechazo de la Cámara de Diputados al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que creó el Fondo de Desendeudamiento, el presidente del bloque de Pro, Federico Pinedo, aseguró que ayer se vio “a la oposición en acción”.

Para Pinedo “La oposición le dijo al Ejecutivo que tiene que respetar la Constitución”. El rechazo al DNU de las reservas en Diputados “es una vuelta al Estado de derecho”, aseveró y sostuvo que el Gobierno “no podrá seguir dañando las instituciones”.

“Me parece que fue una mayoría muy contundente. La oposición dijo que hay que respetar la Constitución y al pueblo. Y le marcó a la presidente que no puede seguir haciéndoles daño a las instituciones”, expresó Pinedo.

DNU nulo de nulidad absoluta

La oposición en la Cámara de Diputados festejaba anoche su triunfo, el primero desde que se inició el período ordinario de sesiones. No sólo logró avanzar en el rechazo del decreto; también lo declaró nulo de nulidad absoluta porque, a su juicio, no reúne las condiciones mínimas de necesidad y urgencia que lo justifiquen, ya que el Congreso bien podía tratarlo y los pagos no eran perentorios.

“Es nulo y, por lo tanto, si el Senado o la Justicia así lo convalida, las reservas deben retornar al Tesoro y, además, puede haber sanciones penales para quienes lo dictaron”, enfatizó la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica).

Pindeo precisó que en los fundamentos se establece que el rechazo se produce porque el DNU es nulo. “Eso significa que no tuvieron validez en el momento de su sanción y que, por lo tanto, que tiene efecto retroactivo”, manifestó.

La prueba del Senado

Ahora, para que el Fondo de Desendeudamiento quede sin efecto, el DNU debe ser rechazado también por el Senado.

La sesión de ayer

Después de varios intentos fallidos, la oposición en la Cámara baja reunió quórum y se proponía, esta madrugada, rechazar por nulo el polémico decreto 298, firmado por la presidente hace más de un mes, que autoriza al Gobierno a tomar 4382 millones de dólares de reservas del Banco Central para pagar deuda pública.

Reacciones oficialistas

El oficialismo rechazó estos argumentos y, en la voz de la diputada Diana Conti, calificó de “egoísta, elitista, destituyente e individualista” a la oposición. “El decreto fue recibido positivamente por los mercados, disminuyó el riesgo país y permitió una suba en los bonos”, afirmó.

La diputada kirchnerista Patricia Fadel también criticó la postura opositora. “Los mismos que aceptaron reducir jubilaciones para pagar deuda en 2001, siguiendo las recomendaciones del FMI, son los que hoy se niegan a aceptar esta política activa”, enfatizó.

En la misma sintonía se pronunció el diputado Carlos Heller (Nuevo Encuentro). “Gracias al excelente stock de reservas del BCRA se puede aplicar positivamente una política de desendeudamiento y construir un proceso virtuoso para la economía nacional”, sostuvo.

La oposición desmiente

La respuesta opositora no tardó. “Es mentira que las cuentas públicas pueden peligrar sin el decreto 298, como afirma el oficialismo. Eso es terrorismo barato; el Gobierno necesita de las reservas para disponer de gasto discrecional”, azuzó el diputado Felipe Solá (Peronismo Federal).

“Antes de que el Gobierno hiciera pedazos del Indec, la Argentina pagaba tazas razonables, ahora pagamos tasas insoportables porque no somos creíbles”, sostuvo, por su lado, el diputado Rubén Lanceta (UCR).

Desde el PJ Federal, Marcelo López Arias expresó su acuerdo con el uso “regulado” de las reservas del BCRA pero siempre que se discuta, también, el problema financiero de las provincias.

En tanto, la centroizquierda, en las voces de Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur), plantearon sus críticas al proceso de canje de deuda que se abrirá de manera inminente. “Será un canje que inventaron los bancos amigos del Gobierno que la generación que viene terminará el pagando el doble o el triple”, advirtió Solanas.

Con información de La Nación

En medio de una intensa polémica que incluye al Congreso y la Corte Suprema de Justicia por la legalidad de la medida, el gobierno avanzará con el pago de la deuda externa con reservas. Hay dudas en el Central sobre los fondos transferidos.

El equipo económico liberó ayer la alegría contenida tras más de dos meses de angustia, ante lo que considera la inminente aprobación del canje de la deuda para salir del default. La oferta, que se podría a dar a conocer en una semana, incluirá bonos en euros y en dólares, y reconocerá una parte del pago de los intereses atrasados del bono ligado al PBI.

Los bancos que organizan la operación pidieron que se paguen todos los intereses desde 2005, incluido 2009, pero en el Ministerio de Economía harán un recorte para que la oferta sea “financieramente conveniente y políticamente viable”.

Así lo indicó una fuente muy cercana al ministro Amado Boudou, que ratificó que el piso de aceptación que esperan se ubica en el 60% de los US$ 20.000 millones canjeables, y que, tras la transacción, se resucitaría la negociación para pagarle al Club de París.

Movimientos en EEUU

Ayer, la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC, en inglés) subió a su página de Internet un prospecto con todas las bondades y riesgos de la economía argentina, antes de la aprobación final del trámite.
Este paso podría darse el lunes próximo; el viernes 26 se ingresarían los datos precisos de la oferta ante la SEC y los organismos reguladores en Japón, Italia y Luxemburgo.

Los mercados festejaron la inminencia del anuncio y operadores de bonos creen que es posible lograr una aceptación de 12.000 millones a 15.000 millones de dólares.

El canje se abrirá una semana para los fondos que les dieron el mandato a los bancos organizadores y luego quedarían otras tres semanas a la espera de que se sumen otros grandes y pequeños inversores.
En Economía destacaron la fuerte baja del riesgo país de ayer, “mayor que la que experimentaron otros países latinoamericanos”, aunque estos pagan tasas más bajas.

Dudas en el Central sobre el uso de las reservas

Sorpresivamente, el polémico fondo que creó el Gobierno para el uso de las reservas se encuentra ahora con trabas ya no en la Justicia o en el Congreso, sino en el propio Banco Central (BCRA). Un debate se está dando por estos días en la entidad sobre la posibilidad de que, por usar las reservas para el pago de deuda, el Tesoro quede inhabilitado para demandar unos US$ 4300 millones (casi el mismo monto que el Fondo de Desendeudamiento) que esperaba recibir este año en concepto de adelantos transitorios.

El tema, de hecho, es motivo de gran preocupación en el directorio del BCRA. “Va a ser difícil que encuentren un vericueto legal para poder sortear esta valla, salvo que directamente decidan cambiar la Carta Orgánica del BCRA”, reconoció una alta fuente de la entidad. “Por el artículo 20° de la Carta, no pueden pedir plata en concepto de adelantos transitorios para pagar una deuda para la cual ya tienen los fondos”, agregó. Ayer, en el BCRA declinaron referirse oficialmente al tema.

De acuerdo con el artículo 20° de la Carta Orgánica del Banco Central, en un año el Tesoro puede recibir adelantos transitorios de la autoridad monetaria por el equivalente del 12% de la base monetaria (así se denomina en la jerga de los economistas la sumatoria del dinero que está en circulación y en las cuentas corrientes que los bancos tienen en el BCRA) más el 10% de la recaudación de impuestos. En teoría, entre ambos conceptos el Tesoro iba a poder hacerse en 2010 de adelantos por unos $ 47.000 millones ($ 16.000 por el 12% de la base monetaria y $ 31.000 por el 10% de la recaudación).

El problema reside en que, según la Carta Orgánica del BCRA, el dinero que corresponde al 10% de la recaudación sólo puede ser destinado al pago de deuda con organismos multilaterales de crédito o de vencimientos en moneda extranjera, y como los dos fondos creados por el Gobierno a través de los decretos 298 y 297 tienen el mismo fin, el Tesoro ya no tendría justificativo legal para demandarle al BCRA los adelantos transitorios que surgen bajo este concepto.

Utilizado el dinero de los dos fondos, al Gobierno sólo le restaría pagar en lo que va del año deuda en moneda extranjera por el equivalente a unos $ 14.000 millones. Por lo que de los $ 31.000 millones que podría recibir en concepto de adelantos por la recaudación tributaria podría tener que resignar al menos $ 17.000 ($ 31.000 menos $ 14.000). La cifra no es menor, teniendo en cuenta que representan unos US$ 4300 millones, esto es, poco menos que los US$ 4382 millones que el Gobierno se hizo mediante la creación del Fondo de Desendeudamiento.

Cobos apela el fallo que impidió discutir el controvertido decreto

El vicepresidente Julio Cobos apelará hoy el fallo del juez Enrique Lavié Pico, que impugnó la representación con mayoría opositora de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, votada por el Senado hace dos semanas y que obligó a la oposición a paralizar en pleno recinto de la Cámara de Diputados su ofensiva para derogar el controvertido DNU que creó el Fondo del Desendeudamiento (Fondes).

El recurso no hará más que profundizar la aguda crisis política que atraviesa la Cámara alta, que se encuentra virtualmente paralizada ante la imposibilidad de oficialistas y opositores de asegurarse una mayoría lo suficientemente clara para imponer su agenda de temas.

Con información de La Nación

Diputados rechazó el DNU del Fondo del Bicentenario, pero el fallo del juez Lavié Pico hizo lugar al planteo oficialista y declaró ilegítima la composición de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que tiene mayoría opositora.

La oposición tenía quórum para rechazar el decreto presidencial, pero en plena sesión, llegó la noticia de que la Justicia desbarató los planes de declarar nulos los decretos presidenciales 296 y 298, por los cuales el Gobierno ordenó tomar reservas del Banco Central para pagar deuda pública.

Sorpresivamente, el juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico declaró ilegítima la composición de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo con mayoría opositora.

De esta manera se puso en jaque el dictamen que había emitido este cuerpo el lunes pasado, el cual aconsejaba declarar nulos los mencionados decretos oficiales. Ese era el dictamen que los diputados de la oposición pretendían aprobar ayer, finalmente sin éxito.

Plan B de Carrió

En medio de la batahola y los nervios, de reuniones febriles fuera y dentro del recinto, los bloques opositores ensayaron un plan B, propuesto por Elisa Carrió (Coalición Cívica): al cierre de esta edición se aprestaban a declarar nulo el decreto 2010 de diciembre del año pasado, el que creaba el Fondo del Bicentenario, por el cual el Gobierno pretendía tomar 6500 millones de dólares de las reservas para pagar deuda.

Según interpreta la oposición, de este “decreto madre” (que nunca pudo ejecutarse porque había sido suspendido por la Justicia) se desprenden los posteriores 296 y 298 que emitió el Poder Ejecutivo el 1» de marzo pasado. Ergo, aducen los opositores, si se declara nulo el decreto 2010, automáticamente esta nulidad se hace extensiva a los dos decretos posteriores, ya que ambos se refieren al mismo objeto: la toma de reservas por parte del Gobierno.

Crítica oficialista

El oficialismo descalificó la jugada opositora. “Vamos a caer en el ridículo”, advirtió el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, al recordar que el decreto 2010 no sólo fue derogado por la presidenta Cristina Kirchner (para emitir, a renglón seguido, los dos decretos posteriores y avanzar en la toma de las reservas) sino también declarado abstracto por la Corte Suprema.

El fallo de Lavié Pico

La resolución judicial, al cuestionar la mayoría opositora en la Comisión Bicameral, ordenó la restitución de la senadora oficialista, Beatriz Rojkés de Alperovich, que había sido apartada como miembro. Así, el magistrado ordenó que se restituyera la anterior constitución de la comisión, integrada por ocho legisladores oficialistas y ocho opositores. “Creemos que se ha reparado una injusticia, devolviendo el lugar que correspondía a la senadora Rojkés de Alperovich”, afirmó el jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Pichetto. “La oposición cometió un acto de torpeza política enorme”, asestó, a su turno, Rossi.

Posible apelación de Cobos

El vicepresidente ya prevé presentar una apelación ante la Justicia y así seguir los pasos del senador radical Ramón Mestre, que anoche adelantó que apelará el fallo de Lavié Pico ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Tanto Mestre como Cobos coinciden en la soberanía de poder que tiene el Congreso para la conformación de las comisiones. Sin embargo, los diputados opositores decidieron acatar la resolución del juez.

“Es un fallo ambiguo que no aclara la situación y nada dice sobre los actos ya cumplidos por la Comisión Bicameral (es decir, el dictamen derogatorio). De todas maneras, la ambigüedad nos obliga a ser muy exigentes”, sostuvo el jefe del bloque radical, Oscar Aguad. Carrió coincidió: “No hay ninguna decisión del juez que nos impida a tratar el tema en cuestión, que es el uso de las reservas. Por eso avanzaremos con el decreto 2010″, sostuvo.

Una medida alejada de la doctrina

Según juristas, la Corte dice que la Justicia no debe inmiscuirse en la organización de otros poderes.

El fallo que cuestiona la integración de la comisión bicameral que analiza la validez de los decretos de necesidad y urgencia se aparta de la doctrina tradicional de la Corte Suprema de Justicia que se pronunció en numerosas ocasiones por no intervenir en asuntos internos del funcionamiento parlamentario.

No obstante, en algunos fallos sí lo hizo excepcionalmente cuando esas resoluciones eran violatorias de la Constitución nacional, explicaron juristas, que advirtieron que más allá del fallo judicial ambas cámaras del Parlamento pueden seguir analizando si corresponde o no convalidar los decretos que habilitan al pago de la deuda pública a acreedores privados con reservas del Tesoro.

“La doctrina tradicional de la Corte es no intervenir en las cuestiones internas del proceso parlamentario, que tiene alguna excepción, como en toda doctrina”, explicó el constitucionalista Alberto García Lema.
Explicó el jurista que la tendencia general de la doctrina es “no revisar los aspectos internos del procedimiento, salvo que haya alguna cuestión grosera”.

Su colega Gregorio Badeni coincidió acerca de la postura tradicional de la Corte sobre las cuestiones políticas no justiciables y aclaró: “Las cuestiones internas del Poder Legislativo las debe resolver el Poder Legislativo”. De todos modos, recordó que el tribunal revisó cuestiones “en caso de que se hubiera violado la Constitución”.

“Este no es el caso, acá no hay violación constitucional, sino que la decisión se refiere a una interpretación del reglamento interno de las Cámaras”, afirmó.

Aseguró que este fallo hay que cumplirlo, “más allá de que parezca irrazonable”. Explicó que “no es vinculante para el Congreso, porque se refiere a la conformación de una comisión bicameral cuyas decisiones no son obligatorias para las cámaras en pleno, que pueden apartarse de lo resuelto por esos cuerpos específicos”.

Con información de La Nación