El cuidado del recurso ictícola llevó a modernizar las terminales de fiscalización para saber qué cantidad de pescado de río se consume en el mercado interno y los flujos comerciales que sigue esa mercadería.

La Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero del Ministerio de la Producción informó haber entregado 16 equipos informáticos a cada uno de los puertos pesqueros de fiscalización de la provincia. La medida apunta a un mayor control en la comercialización del recurso ictícola.

Con este equipamiento se establece un sistema de certificación en tiempo real de los productos que ingresen en cualquiera de los 16 puertos habilitados por la provincia, en convenio con municipios y comunas. Asimismo, en forma simultánea, se llevará un registro de todos los pescadores que actúan como proveedores de éstos.

Por otra parte, el Ministerio de la Producción establece un régimen de certificación del acopio de ejemplares de surubí pintado (Pseudoplatystoma Corruscans) y surubí atigrado (Pseudoplatystoma reticulatum).

La medida tiene el propósito de que los titulares de las licencias de acopio previstas en el artículo 37 de la ley 12.212 y sus reglamentaciones, registren las piezas a transportar en los puertos de fiscalización, las que luego serán precintadas individualmente e ingresadas en los registros.

Esta normativa atiende recomendaciones formuladas en el ámbito del Consejo Provincial Pesquero.

El titular del Sistema Hídrico y Forestal, Ricardo Biani precisó que “la informatización de los puertos permitirá dos cosas: por un lado, control de otras especies además del sábalo y por otro, nos va a permitir tener un verdadero mapa de la actividad: hoy tenemos registro de pescadores, de sus organizaciones y los frigoríficos pero no sabemos hacia dónde se orienta la pesca que no va a exportación. Es decir, cómo se dan los flujos comerciales dentro del país y en qué cantidad”.

La  captura para la exportación fue de 4.200 toneladas en 2010 pero no se tiene un número de cuánto pescado va al mercado interno argentino.

Registro de operaciones

En septiembre del 2010 se puso en funcionamiento el Registro de Operaciones Pesqueras creado según ley provincial Nº 13.119, en el cual “se consignarán con carácter obligatorio todos los datos relativos a las operaciones de compra, venta, acopio y registro en los puertos de fiscalización de productos provenientes de la pesca comercial que realicen los acopiadores habilitados en el ámbito provincial”.

Dicha norma, en su artículo 4º, crea el Registro de Organizaciones de Trabajadores del Río, en el que “se consignarán con carácter obligatorio sus datos relativos a la personería jurídica y la nómina de representados con licencia habilitante de pescador artesanal”.

Para dar cumplimiento a ello, la cartera de la Producción está estableciendo los contactos correspondientes con las organizaciones de pescadores, a fin de que regularicen su situación y pasen a formar parte del citado registro.

Con información de El Litoral

El cese de comercialización es por manejos del secretario de Comercio y la Oncca, que deciden quién y cuánto vende al exterior. El gobierno promete un precio a productores, pero molinos y cerealeras no lo pagan. Despilfarro por la intervención en trigo.

Buzzi, como vocero de la mesa, disparó contra Cargill, Dreyfus, Bunge y la molinería, que recibe subsidios y “no emplean buenas prácticas comerciales”.

La Mesa de Enlace Rural resolvió ayer un cese de comercialización de cereales y oleaginosas, del 17 al 24 de este mes. El gobierno prometió liberar la exportación del trigo que no es necesario para abastecer el mercado interno, pero mantendrá el esquema de cupos (ROE verdes) para vender al exterior.

Productores sin pago

Los ruralistas sostienen que con ese esquema de cupos, bajo control de la Oncca y con la intervención de Guillermo Moreno, tanto los molinos que abastecen el mercado interno como las cerealeras que compran el trigo para exportarlo, pagan a los productores hasta 62 dólares por debajo de lo que oportunamente se había acordado por cada tonelada.

Molinos y cerealeras exportadoras tienen un supuesto acuerdo con el gobierno -vía Moreno- para pagar el denominado FAS Teórico de 984 pesos por tonelada a los productores; la cifra surge del precio internacional menos las retenciones y otros aranceles portuarios. Sin embargo los productores se quejan porque eso no sucede.

Especulación de cerealeras y molinos

Sin la liberación del mercado externo, los compradores locales del trigo especulan con las necesidades de los productores, que venden por debajo de lo acordado con tal de poder financiarse. Por eso Hugo Biolcati reclamó incluso el resarcimiento a los agricultores que ya “malvendieron” sus granos, además de la eliminación de los cupos.

No hay verdadera liberación

El dirigente, junto a sus pares Mario Llambías (Confederaciones Rurales), Eduardo Buzzi (Federación Agraria) y Carlos Garetto (Coninagro), consideraron “pomposo” el anuncio de la liberación de la exportación de trigo, cuando en realidad mantiene la “cuotificación” que distorsiona los precios.

Marcha atrás con los créditos

Domínguez anunció la liberación de la totalidad del saldo exportable de trigo, conformada por unos 7,5 millones de toneladas correspondientes a la campaña 2010-2011, y reiteró la oferta de créditos por $ 840 millones para auxiliar a los productores.

El ministro de Trabajo pidió que los ruralistas “repudien” el “trabajo esclavo”. El gobierno presiona al campo por la informalidad laboral en el sector.

Trabajo esclavo

Pero además el gobierno sumó a la mesa al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por pedido de la presidenta Cristina Fernández, para tratar el tema de “trabajo esclavo”. Curiosamente el gobierno acaba de fiscalizar un caso en el que ese fenómeno se detectó en contratos laborales de una exportadora cerealera, pero no de los productores.

Molineros con Moreno

A poco de concluir el encuentro con Domínguez y Tomada, los ruralistas aumentaron su malestar al conocer que en una sala próxima a la que estuvieron reunidos, y en la propia sede de Agricultura, estaba por comenzar una reunión presidida por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con referentes de la industria molinera.

Incongruencia del Gobierno

Por eso Buzzi calificó a la política oficial de “incongruencias” en torno a la estrategia empleada para sostener al mercado de trigo y reconoció que “la fijación de las exportaciones de trigo las toma la Secretaría de Comercio Interior, por ello hay decisiones que escapan al ministerio competente”.

Mario Llambías explicó que, con una cosecha de 14,5 millones de toneladas y un consumo interno que apenas araña el 50% de este volumen, “los cupos para exportar no tienen relevancia para el mercado interno”, por lo que carece de sentido tener cuotas para vender al exterior, que dependen de autorizaciones de la Oncca y Moreno.

Garetto dijo esta mañana que “falta transparencia” y “hay contradicciones” en el anuncio oficial para liberar saldos exportables del cereal. Relató que el ministro comunicó que iba a liberar este mes tres millones de toneladas, pero intervino luego Moreno y planteó que la cantidad iba a ser un millón y medio.

La intervención en el trigo costó a la producción 4608 millones de dólares

Según un trabajo de Raúl Dente, integrante de la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, el costo total de las medidas de intervención en el mercado de trigo de 2006 a 2010 fue de 4608 millones de dólares.

“Este monto significa que los productores dejaron de ganar 86 dólares por tonelada en las campañas 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010. En plata, significa que los productores regalaron dos millones de toneladas más que todo el trigo que se consumió en el mercado interno en los últimos cuatro años”, acotó Dente.

“Se confirma una vez más que las experiencias de intervención para abaratar los alimentos generan beneficios a sectores no necesitados y grandes empresas, y provocan despilfarro de recursos”, explicó.

Según el asesor de la Federación de Acopiadores, el monto de 4608 millones de dólares incluye no sólo el costo que implican las trabas a la exportación (US$1269 millones), sino que incluye también transferencias al fisco, que computan derechos de exportación menos compensaciones (US$ 977 millones), y transferencias indirectas a los consumidores pobres a través de la fijación de precios oficiales (US$ 854 millones), entre otros ítems

Dente destacó el costo de los subsidios que recibieron las exportaciones de trigo y harina en las campañas estudiadas: US$ 463 millones para el trigo (US$ 15 por tonelada exportada) y US$ 152 millones para la harina (US$ 29 por tonelada de trigo comprada por la industria molinera para exportar harina).

“Este esquema de comercio intervenido no es neutral pues genera una competencia absolutamente desleal que sufren las empresas acopiadoras por parte de los acopios de las exportadoras y, en alguna medida, de las cooperativas exportadoras. Con la excusa de proteger la matriz de seguridad alimentaria y la mesa de los argentinos, se ha montado un espectacular mecanismo de despilfarros y prebendas”, dijo Dente.

Con información de El Litoral y Punto Biz

Las autoridades de la provincia y las entidades del sector se reunieron en Rosario y firmaron un documento que será elevado a la Nación.

Las “distorsiones” en la comercialización de trigo, con las limitaciones en los cupos de exportación, fue la consigna que sirvió de convocatoria por parte del Ministerio de la Producción para reunir en Rosario a las principales entidades agropecuarias y bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario. El resultado concreto del encuentro fue la firma de un documento con las inquietudes del sector que el gobierno santafesino elevará a las autoridades nacionales. La demanda más urgente es la apertura de las exportaciones de trigo y el establecimiento de reglas claras para la comercialización del cereal.

Coordinación con Córdoba y Buenos Aires

Antes del encuentro en uno de los salones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el ministro de la Producción, Juan José Bertero, mantuvo durante la mañana una reunión con sus pares de Córdoba y Buenos Aires en San Francisco, donde coincidieron en presentar un petitorio al gobierno nacional en el que se solicita la inmediata instrumentación de los anuncios formulados respecto al registro de operación de exportaciones para el 35 por ciento de la cosecha de trigo, y la necesidad de avanzar progresivamente en la apertura de las exportaciones.

Las preocupaciones en torno a la campaña de trigo -en la que se calcula cosechar un total de 12,7 millones de toneladas- se agudizan porque el gobierno nacional no da señales claras y homogéneas sobre cuánto trigo se podrá exportar. Actualmente, el mercado interno absorbe unos seis millones de toneladas.

Ante este complejo escenario, las entidades agropecuarias y los gobiernos de las provincias que cuentan con una importante producción triguera comenzaron a plantear sus reclamos en torno a la apertura de las exportaciones del cereal.

Del encuentro en la Bolsa de Comercio de Rosario participaron representantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe); Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro); Federación Agraria Argentina; Sociedad Rural Argentina -Distrito Santa Fe-, y de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe.

Intervención del gobierno nacional

“Vemos que la intervención que está tomando el gobierno nacional en el trigo, a través de los cupos de exportación que va otorgando, genera mucha distorsión, porque no le da un precio de referencia al productor”, explicó Bertero.

“Hay productores, sobre todos los más chicos, que están perdiendo mucho dinero, que tal vez lo único que tienen es esta campaña. El tema nos preocupa, porque la superficie de siembra de trigo se hizo sobre un escenario determinado, donde se planteaba que un porcentaje del 35 por ciento de los ROE (Registro de Operaciones de Exportación) se iban a otorgar automáticamente, y eso no se está cumpliendo”, señaló Juan José Bertero.

Imprescindible apertura

El titular de la Bolsa de Comercio de Rosario, Cristián Amuchástegui, sostuvo que “es imprescindible la apertura del mercado de trigo para llevar un mínimo de certidumbre a los productores y a los integrantes de la cadena de comercialización. Así es muy complicado planificar porque las reglas son muy difusas”, subrayó.

Amuchástegui dijo que “está demostrado que en momentos en que se exportaba trigo en el país nunca faltó el cereal en el mercado interno. Y la incidencia en el precio del pan es sólo de un 10%, por lo que deducimos que el argumento del gobierno para resguardar el valor del pan cerrando las exportaciones no tiene demasiado asidero”. “Hay más de 1,5 millones de toneladas de trigo no apto para molino que está guardado porque no se puede exportar”, apuntó Amuchástegui.

Situación delicada de pequeños productores

Omar Barchetta, vicepresidente de Federación Agraria Argentina, aseguró que la convocatoria del Ministerio de la Producción por los problemas en la comercialización del trigo “fue atinada, porque la situación en la que se encuentran los pequeños y medianos productores es muy delicada”.

“Creemos que en este contexto de incertidumbre los que van a salir ganando van a ser los complejos exportadores, como ya viene ocurriendo desde hace tiempo”, resaltó Barchetta, quien recordó que ayer al mediodía el consejo directivo de FAA se reunió en Rosario para abordar “el problema del trigo”.

La entidad, según remarcó el dirigente, decidió por unanimidad trasladar a la Mesa de Enlace la necesidad de que las entidades agropecuarias “realicen medidas de acción directa para que el gobierno nacional establezca nuevas reglas y cambie esta situación”.

Petitorio

También ayer, desde San Francisco, Córdoba, los ministros de Agricultura decidieron mandar un petitorio de cuatro puntos al ministro nacional Julián Domínguez. Según trascendió, la última gota fue la concesión de un cupo por 100 mil toneladas para la provincia del Chaco, mientras se demora la anunciada puesta en marcha de ROE (registros de exportación) por el 35% de la cosecha nueva: representan entre 4,2 y 4,5 millones de toneladas, sobre 12-13 millones de producción y más de un millón de toneladas de remanente de la cosecha pasada.

Con información de El Litoral

Comenzó en noviembre la veda de 90 días. Se entregan subsidios a los pescadores por tres meses y se asegura que se cumplió lo pautado respecto de los cupos exportables.

El ministro de la Producción Juan José Bertero aseguró que entró a la época de veda con un padrón ordenado y confeccionado desde el Estado. Afirmó que se insistirá con políticas de sustentabilidad del recurso pesquero y de apoyo a los trabajadores del río.

El lunes 1º de noviembre comenzó el período de tres meses de veda pesquera dispuesta por ley en la provincia de Santa Fe y a partir del 16 del corriente, unos 3.000 pescadores cobrarán la asignación prevista por la misma ley que en esta ocasión será de mil pesos mensuales para cada uno de ellos. En tanto, a agosto último, según datos del Ministerio de Agricultura de la Nación basados en la información suministrada por Aduana, los frigoríficos santafesinos habían exportado 3.054 toneladas de pescado (2.726 de sábalo) contra 6.096 de Entre Ríos (5.687 corresponden a sábalo).

Cupos exportables

Acerca de lo ocurrido con las exportaciones, el ministro fue tajante: “Hubo política de cupos y se cumplió”. Recordó que en noviembre de 2009, la comisión de Pesca Continental estableció para la cuenca del Paraná un cupo de exportación de 9.600 toneladas más la posibilidad de mil más. De esa cantidad, el 7 % corresponde a provincia de Buenos Aires y el resto se reparte en mitades entre Santa Fe y Entre Ríos. De allí, surge las casi 4.600 toneladas de cupo santafesino. En junio pasado, la comisión de Pesca Continental recomendó elevar a 15.000 las toneladas a exportar por una mejora en el recurso. Santa Fe dijo “no’, en tanto Entre Ríos aceptó la parte que le correspondía. Ahora, la vecina provincia y Buenos Aires quieren utilizar el cupo no usado por Santa Fe. “Nosotros no aceptamos ceder el cupo porque queremos sacarle presión de pesca al río. Mantener los cupos es parte de la política de preservación del recurso”, dijo el funcionario.

“Tenemos una política dura de cupo pero hay que sensibilizar a las otras provincias, especialmente a Entre Ríos”, acotó el funcionario del gabinete de Binner quien entiende que la tarea importante la deben hacer los legisladores en el marco de la Región Centro.

Santa Fe inició el período de veda legal mientras que Entre Ríos anunció que comenzará el 22 de diciembre y la decisión es una resolución ministerial.

Sobre la relación con la vecina provincia, Bertero dijo que hubo y habrá intentos de coordinar la política pesquera porque comparten un gran tramo costero del río Paraná. “Nosotros seguiremos con nuestra política de sustentabilidad del recurso basada en dos conceptos: reducir el volumen de captura y hacer una distribución gradual de los cupos durante los tres trimestres del año”, afirmó.

90 días de veda

Ahora que se inició la etapa de veda, el ministro resalta que existe un padrón realizado por el Estado a partir de un trabajo realizado por tres ministerios entre noviembre del 2009 y mayo último en los 800 kilómetros de costa santafesina. Años anteriores, el padrón era realizado por organizaciones y presidentes comunales. “El padrón puede ser perfectible, pero es la primera vez que fue hecho por el Estado. Tenemos 3.016 pescadores con licencia para vender a la cadena”.

La lista fue puesta en la web del ministerio hace tres semanas y entregada en municipios y comunas. Ahora, a partir del 16 de noviembre cobrarán por ventanilla del Nuevo Banco de Santa Fe mil pesos por mes durante los tres meses de veda.

Protesta

En cuanto a la protesta del último lunes en la Ruta 168, el funcionario señaló que “la organización que utiliza el nombre de pescadores, al momento del relevamiento, decidió autoexcluirse y por lo tanto no figuran en el padrón. Si necesitan ayuda del Estado, será por medio de Desarrollo Social, no de Producción”, aseguró.

Bertero reconoce que hoy la cartera tiene mucho más ordenada la cadena pero aún resta mucho por hacer. Al padrón de pescadores, le siguen los puertos de fiscalización que van normalizándose poco a poco y un mayor seguimiento de los frigoríficos con cruce de datos con Assal, Senasa y Aduana. “Es un proceso de construcción que va ordenando la cadena”, y que en febrero incorporará las guías de tránsito on line. Además, en un mes estará reglamentada la recientemente sancionada ley que crea el Registro de Operaciones Pesqueras que apunta a dar un precio de referencia.

“A los frigoríficos radicados en Santa Fe, le pusimos como condición que para exportar, el pescado debía tener una guía como capturado en Santa Fe y por pescadores santafesinos; antes traían desde Entre Ríos”, aseguró.

Futuro

Más adelante reconoció que hoy hay más peces por la inundación pero admitió que el año próximo habrá menos agua y menos captura. “La sustentabilidad vista desde un punto de vista productivo, económico y social nos indica la necesidad de tener un régimen estable a lo largo de todos los años: 4.600 este año y el que viene, un volumen real al que deben ajustarse las empresas. Vamos a pelear para que la Nación no redistribuya los cupos. Le recuerdo que el recurso, a partir de la reforma constitucional del ‘94, el cuidado y la preservación de los recursos es de las provincias, el problema es que el río no tiene una pared en el medio”.

Hasta octubre, se habían decomisado más de 26 toneladas de pescado y si bien admite que la estructura de inspectores es escasa, el control es más eficaz con la cadena ordenada.

“Estamos ante una actividad con altísimo componente social que es fundamental para garantizar la sustentabilidad en el territorio de un montón de gente”, acota Biani quien defiende la necesidad de que sea el Estado el que establezca reglas de juego, “caso contrario, lo único que hacemos es perfeccionar el negocio de diez o doce empresas (los frigoríficos que exportan). El objetivo de esta política es al revés, si es una actividad importante desde el punto de vista social, apuntalemos esto”.

Por eso, entre los planes está fortalecer al pescador para que agregue valor al producto. Algunos han recibido subsidios para hacer paté, otros para tener refrigeración propia y por otro lado se pretende acercarlos al mercado interno. “Para hacer todo esto, es necesario tener institucionalidad en el territorio, de lo contrato es imposible interactuar con 3 mil personas”, resaltó Bertero.

Las denuncias

El ministro de la Producción dijo que las denuncias realizadas contra él y otros funcionarios por haber firmado acuerdos con organizaciones de pescadores fueron respondidas ante la Justicia. “Todo ha sido respondido ante la Justicia y en ningún caso los jueces hicieron lugar a las demandas”.

Con información de El Litoral

La Fiscalía objetó los convenios de pesca en un dictamen confidencial. La protección del sábalo es clave por su lugar en la cadena alimentaria. Los decomisos son parte de las medidas para limitar la pesca comercial.

El Ministerio de la Producción evalúa cómo ajustarse a las objeciones legales del fiscal de Estado, Jorge Barraguirre. Su dictamen tiene carácter confidencial: recurre a las excepciones del decreto 692 de Derecho de Acceso a la Información.

La Fiscalía de Estado de la provincia emitió un dictamen -de carácter confidencial- que contradice la decisión del Ministerio de la Producción sobre los llamados convenios pesqueros.

La decisión del fiscal Jorge Barraguirre desautoriza al ministro Juan José Bertero y lo obliga a cambiar -al menos en la implementación- parte de su política pesquera, que busca restringir el impacto de la pesca comercial del sábalo sobre todo el recurso ictícola.

Aunque no ha trascendido el contenido del dictamen confidencial, trascendió que amonesta los acuerdos firmados entre organizaciones de pescadores y empresas frigoríficas exportadoras de sábalos, que distribuían cupos de extracción.

Los convenios pesqueros, que fueron auspiciados por la secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero del ministerio mencionado como parte de un esquema de fiscalización, contienen cifras sobre cupos de extracción que -a cambio de un mejor precio por kilo- han negociado los representantes de los pescadores con los frigoríficos exportadores de sábalos.

Producto exportable

La medida tuvo efectos concretos en el mercado: el valor del kilo de sábalo pagado por los empresarios exportadores a los pescadores llegó a triplicarse, respecto de la situación anterior. Pero hubo frigoríficos que no alcanzaron un acuerdo ni tuvieron cupos y grupos de pescadores que no fueron reconocidos como asociación por el Ministerio. Ambos objetaron los convenios pesqueros.

A las protestas con cortes del puente Oroño y la Ruta Nacional Nº 168 se sumaron presentaciones judiciales (impulsadas por propietarios de frigoríficos), que enfrentan funcionarios del Ministerio de la Producción: su titular Juan José Bertero y el secretario del Sistema Hídrico, Forestal y Minero Ricardo Biani.

Ley Lacava

La flamante Ley de Operaciones Pesqueras -que aprobaron ambas Cámaras y el Ejecutivo tiene que reglamentar- puede ser la vía de salida para que el Ministerio de la Producción pueda cumplir con lo que le ordena la Fiscalía de Estado.
Es curioso: se trata de un proyecto de ley que -si bien contó con un muy amplio consenso de sendas Cámaras- fue impulsado por un diputado de la oposición: el justicialista Mario Lacava, que sigue con atención el tema pesca.

El Ministerio de la Producción indicó oficialmente que no se caerán los convenios ya celebrados con las organizaciones de pesca y que los próximos que se implementen tendrán como marco la nueva ley.

Comunicado

Esta mañana el secretario Biani sostuvo que no habrá cambios de fondo en la política del área y que no se caerán los convenios oportunamente firmados con las organizaciones de pescadores. Destacó que no se ha previsto liberar la pesca de sábalos y aseguró que continuarán los límites a la extracción.

Compromiso

El ministro de la Producción, Juan José Bertero, dijo la semana pasada a diputados del oficialismo y de la oposición que para lo que queda del cupo de exportación de sábalos (aproximadamente un tercio del total para 2010), se aplicará la nueva Ley de Registro de Operaciones Pesqueras.

La norma -cuya reglamentación está aún pendiente- dispone que los frigoríficos registren todas las acciones que emprendan, referidas a la comercialización de los recursos pesqueros y da sustento legal al esquema de fiscalización dispuesto por ese ministerio. El proyecto que aprobaron ambas Cámaras fue impulsado por el diputado justicialista Mario Lacava, quien subraya que se debe buscar “normalizar el sector” y “permitir la pesca sustentable”.

Lacava piensa en una suerte de paritaria que reúna a pescadores y frigoríficos para fijar el precio del pescado. El mecanismo evita que se otorguen cupos de captura a organizaciones de pescadores, nudo de las críticas -y las denuncias judiciales- contra los llamados “convenios pesqueros”.

Excepción

En Santa Fe el Derecho de Acceso a la Información no está reglado por ley. Cuenta sólo con un decreto, de aplicación exclusiva para el Poder Ejecutivo. Lleva el Nº 692 que ha previsto (en su Art. 14) las excepciones para la difusión de información. El dictamen confidencial del fiscal Barraguirre se basaría en el inciso f), que habla del derecho de resguardar datos que puedan tener algún valor ulterior en juicios y puedan alterar las condiciones del debido proceso.

Audiencia

Hace más de quince días, el fiscal de Estado, doctor Jorge Barraguirre, mantuvo una audiencia con sectores de la pesca: hubo tanto representantes de los pescadores como empresarios de los frigoríficos exportadores. Fuentes consultadas por El Litoral indicaron que el clima no fue el mejor.

Con información de El Litoral

Por la ola de frío, hace 10 días que la Secretaría de Energía de la Nación cerró las ventas a Paraguay y Bolivia.

El país usualmente consume 900 mil toneladas de gas licuado de petróleo y produce 1,5 millones.

La venta de gas envasado al exterior fue cortada antes de la llegada de la actual ola de frío de julio, “para paliar la escasez de ese producto que se registra en todas las provincias del país desde que recrudecieron las bajas temperaturas”.

Sólo la Capital Federal tiene casi completamente cubierto el servicio de gas natural por redes a los usuarios. En las provincias sólo una parte cuenta con el combustible más económico para calefaccionarse.

El suministro en Santa Fe

En Santa Fe las redes no cubren todo el norte provincial, y lo mismo le ocurre a las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. En esas poblaciones, las quejas sobre la falta de garrafas son muy anteriores a la llegada del invierno.

Por otra parte, el diario editado en la ciudad de Buenos Aires sostiene que “el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se reunirá hoy con productores, fraccionadores, distribuidores y comercializadores de gas licuado en garrafas para acordar nuevos precios y condiciones de abastecimiento”.

Armado de las garrafas

“Las garrafas y los cilindros se llenan con los componentes ricos del gas, como el butano y el propano, cuya producción tiene excedentes si se la compara con el consumo interno durante la mayor parte del año, por lo que se exporta. Entre las mayores productoras se encuentran TGS, YPF, Pluspetrol, Pan American Energy y Mega”, informa El Cronista, que además señala que los principales destinos de exportación en la región son Paraguay y Bolivia.

En despachos oficiales -sigue el matutino- no manejan números precisos con respecto al suministro de gas licuado. Estiman que en el país hay aproximadamente 16 millones de envases, entre garrafas y cilindros. Pero estiman que en el país se consumen unas 900.000 toneladas por año, mientras que la producción es de 1,5 millón.

Contrabando

Por razones cambiarias y sobre todo porque el gas en garrafas de 10 kg en la Argentina está subsidiado por el Estado nacional, un contrabando hormiga de garrafas se observa en las crónicas policiales de los diarios de las provincias fronterizas. En Corrientes se habla de cargamentos de garrafas que iban a Brasil, en Misiones y Formosa de envases que tenían como destino el Paraguay y en Salta del tráfico ilegal a Bolivia.

Debe ser un servicio público

El senador nacional Rubén Giustiniani sostuvo que “han fracasado” las políticas del gobierno nacional para regular el mercado del gas envasado y evitar que se disparen los precios durante el invierno, cuando se crece la demanda.

En un parte de prensa, el representante por Santa Fe considera que el debate ahora debe centrarse en transformar al sector en un servicio público, al tiempo que informa que se reunirá con el defensor Segundo Adjunto de la Nación, Juan Jesús Mínguez, quien puso sobre el tapete a nivel nacional las dificultades que sufren unos 4 millones de usuarios de todo el país.

Giustiniani considera que el control debe ser más riguroso. Pedirá “la aplicación de la Ley de Abastecimiento y de la Ley de gas licuado de petróleo (GPL) para que se garantice la provisión de gas en garrafas en todo el país y su acceso a los precios establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación: 16 pesos la garrafa de 10 kilos; 20 pesos la de 12 kilos; y 25 pesos la de 15 kilos”.

Con información de El Litoral

El gigante asiático volvió a comprar aceite de soja en mayo, al adquirir casi 23.400 toneladas, después de haber cerrado las puertas a ese producto en abril, por lo que se abre una esperanza para los productores argentinos. En comparación con el mismo mes del año pasado, la caída en la adquisición fue del 78,27%.

El gobierno chino de Hu Jintao decidió a principios de abril pasado aplicar nuevas exigencias sanitarias para el ingreso del producto a su mercado afirmando que el aceite de soja argentino contiene residuos de solventes con un nivel superior al permitido.

La decisión golpeó a los exportadores argentinos debido a que el mercado chino es su principal puerto de colocación de aceite, soja y todos los derivados industriales de ese grano.

Las importaciones del país oriental estuvieron cerradas durante todo abril, pero ahora según reveló un registro de Aduanas chino, ese país importó en mayo aceite de soja argentino.

La novedad cayó justo cuando se estaba incrementando la decepción de los productores locales por la renuncia a su cargo del ahora ex canciller Jorge Taiana, principal negociador para destrabar los permisos para los embarques.

Taiana dejó el legado en el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, pero los productores veían el cambio de funcionario como una obligatoria vuelta a foja cero en las negociaciones con el gigante asiático.

Según el documento de la Aduana china, el valor promedio reportado para las operaciones fue de 903,27 dólares por tonelada de aceite de soja ingresado al puerto de ese país.

En tanto, se informó que entre enero y mayo las importaciones de aceite de soja proveniente de Argentina sumaron 143.945 toneladas, un 74,2% menos que el volumen acumulado en el mismo período de 2009.

China es el mayor comprador de aceite de soja a nivel global y Argentina lidera las exportaciones de ese producto en el mercado mundial.

Argentina, por otra parte, vendió en mayo 430.308 toneladas de soja sin procesar, lo que implicó un salto interanual del 85,76%, pero en la medición del volumen de importaciones acumulado en el primer cuatrimestre se produjo una caída de casi el 72%.

Las exportaciones argentinas de aceite de soja a China, asimismo, representaron en 2009 unos 1.500 millones de dólares, cifra que esperaba amplificarse este año, con una cosecha récord de la oleaginosa.

Con información de Punto Biz

El gigante asiático flexibilizará el ingreso del aceite de soja argentino, pero el acuerdo se anunciaría en unos meses.

El gobierno chino está dispuesto a flexibilizar el ingreso de aceite de soja argentino a su país. En su paso por Buenos Aires, ayer el viceministro de Comercio chino, Jian Yaoping, dejó la puerta abierta para que finalmente su país desista de la aplicación de las trabas que desde el 1° de abril rigen sobre la producción aceitera argentina, según explicaron fuentes cercanas a la embajada china.

Oficialmente, el objetivo del viaje de Jian era participar de un Foro de Cooperación Económica que organizó la Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China en el hotel Sheraton, aunque la principal misión que tenía el funcionario durante su paso por Buenos Aires era empezar a negociar un acuerdo que se podría anunciar en dos o tres meses, en coincidencia con un probable visita a Pekín de la presidente Cristina Fernández de Kirchner.

En su fugaz paso por Buenos Aires, Jian -que encabezó una delegación de más de 80 empresarios de su país- mantuvo una serie de encuentros con funcionarios argentinos y representantes de las principales aceiteras locales, a quienes les anunció la decisión de avanzar en una solución del problema.

En su presentación en el foro, el viceministro chino no hizo a alusión al conflicto y destacó que pese a la crisis global, “la envergadura del comercio recíproco se ha ampliado continuamente, mientras que la relación bilateral económica se ha profundizado”, sostuvo.

Hasta ahora, el bloqueo chino a la importación de aceite de soja argentino es más que nada un problema teórico, aunque lo que están en juego son operaciones por más de 2000 millones de dólares.

“Hasta ahora no hay ninguna operación detenida. Este es un problema potencial de la aplicación de una norma que tenemos que evitar”, señaló Néstor Stancanelli, director de Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, tras una reunión que mantuvo ayer con Jian.

“El nuevo estándar técnico chino tiene que ver con el aceite destinado al consumo humano, no al que va para procesamiento, que luego es refinado. Señalamos que no puede aplicarse una norma técnica pensada para aceite de consumo humano al aceite para refinar. No concluimos definitivamente con el tema pero estamos avanzando”, afirmó Stancanelli.

Fundamento político de las trabas

Públicamente, las trabas para el aceite argentino se explican por un tema técnico-sanitario, ya que las autoridades chinas exigen que el producto que ingrese a su país tenga un tope de 100 partes de hexano (un solvente químico) por millón. Sin embargo, fuentes de la embajada de China explicaron que el mayor malestar pasa por la aplicación de las barreras que el gobierno argentino impone a una larga lista de importaciones de productos chinos, incluyendo algunos rubros en los que la Argentina no tiene producción local.

A las trabas comerciales además se sumó el malestar que habría provocado en las autoridades de Pekín la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de suspender en forma imprevista su viaje a Pekín, en enero pasado.

Nuevo acuerdo

Más allá del conflicto del aceite de soja, los funcionarios de ambos países avanzaron en otros temas de comercio bilateral. El acuerdo más importante es el que se firmó ayer para la electrificación de los ramales ferroviarios Belgrano Sur y Belgrano Norte.

“Entre otros requerimientos, la iniciativa deberá contemplar la provisión de material rodante y, como mínimo, el 85% de financiamiento de bancos de origen chino”, explicaron fuentes cercanas al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, firmante del acuerdo.

Aunque no trascendieron cifras oficiales del acuerdo, fuentes privadas estimaron que la Argentina terminará comprando material ferroviario chino por una cifra superior a los 2000 millones de dólares.

Con información de La Nación

El freno a las exportaciones de carnes de Argentina perjudica a los productores locales pero es una excelente noticia para los frigoríficos uruguayos que ya comenzaron a abastecer a restaurantes europeos que antes importaban productos de nuestro país.

Durante la feria Anuga 2009, de la ciudad alemana de Colonia, los dueños de una cadena europea de restaurantes probaron churrascos uruguayos, que se servían en un stand preparado por el Estado, los productores ganaderos y los frigoríficos de Uruguay. Les agradó la carne y decidieron visitar el país, algo que concretaron en febrero. Estos empresarios, que tenían problemas con sus proveedores argentinos, decidieron pasar a servir carne uruguaya a los comensales que visitan los 600 restaurantes que tienen en Europa. Y se comprometieron, además, a presionar para que a Uruguay se le otorgue allí un mayor cupo exportable con aranceles preferenciales.

El relato comenzó a circular en las últimas horas por la satisfacción que el hecho produjo en el Instituto Nacional de Carnes (INAC). No es el único ejemplo de espacio dejado por la Argentina (que ordenó cerrar las exportaciones de carne el viernes pasado), que es ocupado por Uruguay.
Fernando Pérez Abella, vicepresidente de ese instituto, dijo que este logro era apenas una muestra de lo que Uruguay está consiguiendo con un esfuerzo de largo plazo y destacó que hay continuidad en planes similares. “Ahora mismo estaremos presentando carne uruguaya en Shanghai con la intención de ampliar mercados; no nos quedamos quietos”, añadió. “Uruguay es un país serio, que cumple sus compromisos y los proveedores valoran eso”, destacó.

“Manejos erráticos”

Pérez Abella, que representa al Ministerio de Industria en ese instituto de carnes, dijo que prefería que esto no se viera como contraposición a lo que está ocurriendo con la Argentina. La diplomática respuesta se dio luego del revuelo que produjo un reporte del diario Ultimas Noticias, en el que dijo en voz alta lo que muchos comentaban en los corrillos: que Uruguay ha tenido política seria y continuada en distintos gobiernos, como la trazabilidad del ganado que se inició hace dos administraciones, en la gestión de Jorge Batlle, pero que además se beneficia con los problemas de la Argentina.

“El importador es muy celoso del cumplimiento de los pedidos y, debido a los incumplimientos argentinos, una cadena de 600 restaurantes de la Unión Europea dejó de comprarle carne a la Argentina e ingresó a la cartera de clientes de Uruguay”, había dicho Pérez Abella. “La carne argentina ya es una marca en el mundo, pero los manejos erráticos del gobierno vecino nos han dado espacios comerciales atractivos”, agregó.

Así, mientras la Argentina se encierra, Uruguay aprovecha para expandirse. Hace pocos días que las gremiales de la industria frigorífica y de los ganaderos acordaron un plan para aumentar a mediano plazo la faena de vacunos más de 30%, convencidos de que no habrá problemas de colocación, por la capacidad ociosa en las plantas industriales y por la sostenida demanda internacional de carnes.

Sinergia pública y privada que impulsa el proyecto

El proyecto fue presentado al nuevo ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre y es impulsado por la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay (Adifu), la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural (FR). El agrónomo Nicolás Lusich dijo que este proyecto de expansión ganadera se hace posible porque la trazabilidad permite que ese activo se use de garantía y los productores no deban exponer sus campos para asegurar el recupero de préstamos. “El negocio de la carne está muy sinérgico por la coordinación entre sector público y privado y eso determina un resultado muy positivo”, dijo Lusich.

En los últimos años, entre 70% y 75% de la producción de carne se destina a la exportación. Eso no significa que los orientales sean grandes consumidores de carne bovina. Y ayer, los uruguayos celebraron que al ir a las carnicerías se encontraron con que el asado había bajado 8%. Fue coyuntural, pero bienvenido sea para los encuentros parrilleros.

En tanto, Uruguay procura conseguir la ampliación del cupo exportable a Europa con aranceles bajos, lo que se conoce como cuota Hilton, que para este país es de 6300 toneladas. Pero no se queda con eso. En la Expo Shanghai 2010 instalará un restaurante uruguayo, en sociedad con China, para ofrecer cortes simples de carne a un público que se estima en 70 millones de visitantes. Además, esta semana se hizo una promoción en restaurantes de lujo de México, una iniciativa promovida por el propio presidente José Mujica.

Con información de La Nación