Diputados de la oposición lo acusarán ante la justicia penal por uso ilegítimo del poder del Estado al multar y amenazar a los analistas privados que arrojan números diferentes a los del INDEC.

La oposición en la Cámara de Diputados anunció ayer que hoy denunciará ante la justicia penal al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno , y a otros dos funcionarios de esa dependencia por las multas aplicadas a las consultoras económicas que publican índices de inflación alternativos al del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Diputados difundirá las mediciones privadas

La presentación judicial intenta ser, según se anunció, una respuesta a la preocupación manifestada por los economistas ante los diputados de la oposición, y una herramienta para asegurar que se sigan publicando mediciones privadas, con cifras mayores a las del Indec. De hecho, los legisladores opositores anticiparon que se encargarán de difundir mensualmente el promedio de los índices inflacionarios surgidos de los estudios realizados por las consultoras.

“Se utilizaron ilegítimamente herramientas del poder estatal, con el propósito de llevar a cabo una persecución evidentemente ilegal, contra todos los profesionales que efectuaron mediciones de precios, que hubieran dejado en evidencia las mentiras del Gobierno con relación a los índices oficiales”, dice el texto de la denuncia contra Moreno. “La denuncia del funcionario representa una evidente vulneración de los derechos humanos, tal como los interpreta la doctrina de la Corte Interamericana”, agrega.

La presentación lleva la firma de Ricardo Gil Lavedra (UCR), Felipe Solá (Peronismo Federal), Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), Federico Pinedo (Pro), Patricia Bullrich (Coalición Cívica) y Margarita Stolbizer (GEN). Los diputados opositores acusaron al secretario de Comercio del delito de abuso de autoridad, al igual que al director de Comercio Interior, Fernando Carro, y al director de Lealtad Comercial, Adalberto Rotella.

Esos funcionarios intervinieron en las actuaciones administrativas iniciadas en la Secretaría de Comercio Interior contra diez consultoras privadas. Ellas son Orlando Ferreres & Asociados, Finsoport, M&S Consultores, Abeceb.com, FIEL, Ecolatina, Bein & Asociados, Econviews y Gabriel Rubinstein y Asociados, además de Graciela Bevacqua, ex jefa del índice de precios al consumidor del Indec.

Multa

Luego de intimarlas a entregar en un plazo de 48 horas detalles sobre las mediciones que realizan, la Dirección de Lealtad Comercial les aplicó a las consultoras una multa de 500.000 pesos. El argumento de los funcionarios es que esas empresas violaron el artículo 9 de la ley de lealtad comercial.

Según esa norma, está prohibida la realización de cualquier presentación, publicidad o propaganda que por medio de inexactitudes u ocultamientos resulte engañosa o confusa para los consumidores. Mediante esa prohibición, se intenta evitar que el consumidor pueda ser inducido a adquirir un producto o contratar un servicio diferente del promocionado. El argumento está respondido en el texto de la demanda presentada por la oposición. “Resulta irrazonable la aplicación de esta norma respecto de los informes de proyección de la inflación y la determinación y difusión del IPC -dice la denuncia-. Aquellos informes, por lo general, no tienen un fin comercial. No obstante, aun si lo tuvieran, no inducen a error, engaño o confusión respecto del bien o servicio, sino, en su caso, de alguna otra circunstancia, como es el mercado.”

Las multas fueron apeladas por las consultoras ante la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. Pero la actuación de la Dirección de Lealtad Comercial no quedó ahí. El 20 de mayo pasado volvió a requerir información a las empresas sobre cifras publicadas en los medios respecto del índice de precios al consumidor de marzo y de abril. Se les indicó, además, que las actuaciones habían sido giradas al secretario de Comercio Interior, por la posible comisión de un delito.

“El objetivo de este apriete es que no se hable de la inflación”, sostuvo Gil Lavedra, en la apertura de la conferencia de prensa ofrecida en el Congreso por los autores de la denuncia. “No se trata de defender a un sector, a las consultoras, sino de defender a la ciudadanía. Lo que quiere el Gobierno es defender una política de Estado, que es ocultar información”, sostuvo Ferrari.

Freno al Gobierno

A su turno, Bullrich confirmó que la oposición se encargará de publicar el IPC promedio de los estudios realizados por las consultoras y Pinedo afirmó que la denuncia intentaba poner un freno al avance del Gobierno. “Decidimos hacer una denuncia penal para terminar con esto, que ya pasó todos los límites de lo tolerable”, dijo.

Con información de La Nación

Por una resolución del ministro de Economía, Amado Boudou, el instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) giró recursos a un centro de estudios sindical ligado a Moyano.

Los fondos girados por Boudou a un centro de estudios sindicales alineado con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano tendrían el objetivo de mejorar las estadísticas externas del país.

En una resolución de la cartera económica publicada ayer en el Boletín Oficial, se dispuso girar fondos que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) había recibido de la UE al Centro de Estudios Socioeconómicos y Sociales (CESS). Este centro está encabezado por el secretario general de la Unión Molinera Argentina, Carlos Barbeito, ligado a Moyano desde la formación del MTA.

Su director académico es el economista Daniel Carbonetto, también ligado al MTA, que se desempeñó como asesor del presidente peruano Alan García en su primer mandato. Luego se acercó en la Argentina primero a Eduardo Duhalde y luego a Néstor Kirchner, en sus respectivos mandatos presidenciales.

La norma 137 establece una modificación presupuestaria dentro del Indec. En las planillas anexas se explica que se quitan recursos del ítem “Estudios, investigaciones, y proyectos de factibilidad” y se transfieren al CESS.

El CESS recibió 300.000 pesos ayer, que se suman a los 170.000 pesos que ya había recibido a principios de año.

Objetivos del financiamiento

Fuentes del Indec indicaron que se trata de un proyecto de cooperación entre la UE y el Mercosur en materia estadística. En este caso particular, “es de apoyo para el monitoreo macroeconómico y el mejoramiento de la metodología de estadísticas de la balanza de pago, inversión extranjera directa y estadísticas y servicios”.

Consultada por la elección del CESS, la fuente indicó que se lo seleccionó “por la calidad de sus especialistas”.

Precios escondidos

Por otro lado, en un comunicado, ATE-Indec indicó que “las operaciones de maquillaje no ocultan la realidad”, al recordar que desde 2008 el Indec no publica una lista de precios de alimentos y bebidas que difundía desde 1974.

Entre éstos figuran el pan francés, que, según los datos del IPC oficial, debería registrar un precio de 3,51 pesos, frente a los seis u ocho pesos a los que se comercializa efectivamente. La misma diferencia se exhibe con otros como pan lacteado, galletitas dulces, arroz blanco simple, asado (que si se publicara figuraría a 11,92 pesos, levemente por encima de los 10,50 pesos del plan oficial, frente a los 4pesos0  a los que se vende). Este ocultamiento es denunciado por ATE.

Con información de La Nación

Finalizada la visita de asesoramiento, Dominique Strauss-Kahn, líder del organismo internacional, volvió a cuestionar el índice oficial de inflación en la Argentina, y afirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) será “reemplazado”, en el futuro, por uno nuevo.

Aludió así el organismo al nuevo indicador, de alcance nacional, en cuya elaboración colaboró hasta ayer con el Instituto Oficial de Estadística y Censos (Indec), en una tarea de “asesoramiento” gestionada, en noviembre pasado, por los ministros Héctor Timerman y Amado Boudou.

Ayer, tras dos misiones técnicas y visitas por el interior, el FMI dio por terminada esa colaboración y dio cuenta de la entrega de un reporte a las autoridades argentinas con “recomendaciones específicas sobre el diseño y la metodología de desarrollo de un nuevo IPC nacional”.

Lo hizo en forma coincidente con un nuevo embate contra las cifras oficiales en materia de costo de vida (IPC) y de crecimiento de la economía, expresado en los primeros capítulos del Panorama Económico Mundial (WEO, según su sigla en inglés) dado a conocer ayer en esta ciudad.

Como contracara, el WEO corrige en sentido alcista las expectativas de crecimiento de la Argentina. Así, frente al 4% que había previsto en mayo pasado, pronostica ahora del doble: 6% para este año y 4,6% para el próximo. “Eso se debe, en buena medida, al efecto rebote de la economía de Brasil. Es una buena noticia, pero hay que tener cuidado con el recalentamiento”, dijo el economista Jorge Decressin, del Departamento de Investigaciones del Fondo.

Tal como viene ocurriendo en los últimos cuatro años, el Panorama Económico Mundial volvió a cuestionar la credibilidad del IPC, pero, con la novedad, esta vez, de que ese indicador será “reemplazado” en el futuro por uno nuevo, de alcance nacional, elaborado por el Indec con la asesoría del Fondo. Esa sola confección, que correrá por cuenta del Gobierno -el FMI sólo asesora-, podría demorar más de un año.

Cambio drástico

Es un cambio drástico respecto de lo que viene anunciado, hasta ahora, el Ministerio de Economía: que el nuevo indicador conviviría, de algún modo, en el sistema estadístico nacional con el que hasta ahora viene elaborando el Indec. “Las autoridades argentinas han anunciado que están elaborando un índice de precios al consumidor (IPC) nacional para reemplazar al IPC del Gran Buenos Aires actualmente en uso”, dice formalmente el informe del FMI.

Diferencias entre mediciones públicas y privadas

Existen diferencias entre ese indicador y lo que recogen analistas privados, para quienes, dice el Fondo, las mediciones de inflación “han sido considerablemente más altas” que la oficial. “Los analistas privados también opinan que el crecimiento del PBI real fue significativamente inferior a lo indicado en las estimaciones oficiales en 2008 y en 2009, aunque esa diferencia se acotó en 2010″, agrega el informe. De ese modo, y valiéndose de las cifras oficiales, consigna una proyección inflacionaria del 10,2% para este año y del 11,5% para el próximo.

Argentina, segundo país con más inflación

Así, en la perspectiva regional, nuestro país queda segundo en materia de proyección inflacionaria, sólo superado por Venezuela (28%).Brasil, la principal economía en la región, tiene una proyección inflacionaria del 6,3% para este año y del 4,8% para el próximo, así como una evolución del PBI del 4,5% para este año y del 4,1% para el que viene.

En la antesala de su “reunión de primavera”, que comenzará pasado mañana, el responsable del informe, Olivier Blanchard, sostuvo que la región “capeó bien la tormenta de la recesión global”. Sostuvo, sin embargo, que el riesgo ahora es “enfrentar los desafíos de establecer políticas adecuadas para administrar dos fuertes vientos de cola: altos precios de las commodities y fuertes flujos de capital”.

El informe indica que “en los países más grandes de la región, el pronóstico de base señala moderación de los rápidos índices de crecimiento experimentados en 2010″. Y aclara que, pese a eso, el “recalentamiento es un riesgo significativo” contra el que se deben tomar precauciones. De hecho, en su conjunto, el organismo revisó de nuevo al alza las perspectivas de crecimiento para América latina y el Caribe, que ahora sitúa en 4,7% para este año.

Con información de La Nación, La Política Online y La Capital

Las metodologías provinciales de medición de los precios se acercan mucho más que la del INDEC a la inflación real. Se intenta explicar el proceso al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Visita del FMI

Mientras un grupo de funcionarios del FMI permaneció en la sede del Indec para dialogar con las autoridades del organismo -y enfrentaron la protesta de los empleados-, otra parte comenzó su tour por el interior, donde las direcciones de estadísticas se prepararon para exhibirles sus metodologías y sus canastas.

Tres de ellas pertenecen a provincias alineadas políticamente con el gobierno nacional (Mendoza, Jujuy y Córdoba) y la cuarta es Santa Fe, gobernada por el socialista Hermes Binner.

Mendoza

La primera escala fue en Mendoza, donde, en 2010, el gobierno de Celso Jaque reflejó un aumento en el índice de precios al consumidor (IPC) del 20,8%, frente al 10,9% registrado por el Indec.

La directora de estadísticas de Mendoza, María Inés Crisafulli, sostuvo que les explicó a los dos técnicos del FMI -Carlos Medeiros y Marshall Reinsdorf- que estuvieron en la provincia cuyana cuál es la muestra para realizar el IPC. Son 353 productos que se traducen en 20.000 precios actualizados en 2010 a través de una nueva medición realizada por la Dirección de Estadísticas.

Buenos Aires

El IPC del GBA, controlado por Guillermo Moreno, mide unos 440 productos desde 2007, la mitad que antes del inicio de la manipulación registrada desde 2007.

Córdoba

Luego, Reinsdorf viajó a Córdoba, donde se encontró con Pablo Sobrero, director de estadísticas de la administración de Juan Schiaretti, quien le explicó que en 2010 registraron un alza de precios del 13.8%. Los técnicos provinciales explicaron a la misión del FMI que sus encuestadores relevan cada mes una cantidad aproximada de 12.000 precios en alrededor de 1400 negocios informantes.

El IPC Córdoba está compuesto de nueve capítulos; los bienes representan el 69,81%, mientras que los servicios el 30,19%, según el detalle brindado en el encuentro, que duró desde las 8 de la mañana hasta el mediodía.

Santa Fe

La gira continuará hoy en la provincia de Santa Fe que, en 2010, tuvo un aumento en los precios del 23,1%. Allí, en el conglomerado Rosario, se toman aproximadamente 15.700 precios mensuales, provistos por 1220 informantes y en el de Santa Fe se toman unos 9500 precios mensuales, a partir de 700 informantes.

En enero de este año, el IPC santafecino trepó al 1,1%, mientras que en febrero aumentó 1,3%, detalló Jorge Moore, titular del IPEC.

El IPC provincial se calcula a partir de los registros de Santa Fe (Recreo, San José del Rincón, Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo) y Rosario (Funes, Granadero Baigorria, Pérez, Rosario, Soldini, Gobernador Gálvez, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Puerto San Martín, Roldán y San Lorenzo).

Sin diferencia metodológica

Rubros sensibles como los alimentos muestran en Santa Fe un aumento considerablemente mayor al que se carga en las planillas del Indec, por lo que todos los funcionarios provinciales coincidieron en descartar que las diferencias con el IPC GBA puedan ser metodológicas.

Jujuy

Octavio Herrera, director de precios de Jujuy, detalló a La Nacion que la provincia gobernada por Walter Barrionuevo registró un alza de los precios del 32%, a partir de 300 productos que miden.

“Vamos a aprovechar a estos especialistas para el proceso de actualización de la canasta”, sostuvo Herrera, desde San Salvador de Jujuy.

Nuevo IPC nacional

Todos los funcionarios consultados afirmaron que la construcción del nuevo IPC nacional que el Gobierno quiere hacer con el apoyo del FMI no debe tapar los matices que existen en el actual mapa estadístico de precios del país.

Protesta del INDEC

En esa sintonía, los trabajadores del Indec realizaron ayer una protesta con una radio abierta frente a la puerta del edificio del Indec, en oposición al “monitoreo” del FMI.

Números adulterados

“El índice de precios de cobertura nacional ya existía en el Indec. En 2003 se hallaba en su primera etapa de implementación, [pero] la intervención lo discontinuó durante su gestión porque las diferencias entre ese índice y el adulterado del área metropolitana eran evidentes”, expresó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Según ATE, que defiende a los funcionarios del Indec desplazados por orden del Gobierno, “esto no es más que otra forma de ganar tiempo tratando de seguir convalidando y naturalizando la mentira, el accionar de la patota”.

Para legitimarse, la conducción del Indec “no se duda en aliarse nada menos que con el FMI, lo que implica una incalculable pérdida de autonomía técnica y política”, indicaron.

Repudios

En esa sintonía, los diputados Margarita Stolbizer (GEN) y Eduardo Macaluse (SI) repudiaron la alianza coyuntural entre el FMI y el Gobierno, además de reclamar que el Ministerio de Economía cumpla con el decreto que lo obliga a girar al Congreso el informe de las universidades.

“Inflación e Indec, dos políticas de ajuste que el Gobierno pacta con el FMI. La misión es una vergüenza en un país con técnicos y universidades prestigiosas. Cajonearon el informe del Consejo Universitario para meternos en un gasto con el organismo, del que dijeron liberarse con el pago de la deuda”, expresó Stolbizer.

Macaluse agregó que “es llamativo que el gobierno nacional acepte mansamente el monitoreo del FMI en la elaboración de los índices, y esto desmiente el argumento del Gobierno acerca de que la manipulación de los índices era para pagar menos deuda”.

Con la colaboración de José Bordón, en Santa Fe, y Orlando Andrada, en Córdoba.

Con información de La Nación

Las universidades completaron su informe sobre el funcionamiento del organismo con duras críticas. La misión del FMI para confeccionar un índice de precios a nivel nacional ya está trabajando.

En medio de la visita oficial de los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que comenzó hoy y que busca asesorar al Indec para el armado de un nuevo índice de precios a nivel nacional, ayer se conocieron las duras conclusiones del Consejo Académico (CAES) formado por cinco universidades públicas (las nacionales de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Tucumán y Tres de Febrero) y que sentenció que el índice de precios oficial “no es fiable” y que se precisa una “reforma urgente” del organismo estadístico.

¿Cuáles son las principales irregularidades? 

Sobre el IPC:

- “Se menciona el reemplazo de precios de mercado de algunas variedades por la información brindada por organismos públicos, lo cual no permite captar los precios pagados por los consumidores”, escribieron los profesores universitarios.

- El Indec cambió -”sin especificar el criterio”- la muestra de locales en los que se relevan los precios. “Se encuestan menos locales” y en la supuesta ampliación de la cobertura geográfica anunciada oficialmente “sólo se verifica la incorporación del partido de Ezeiza”.

- “Las variedades efectivamente relevadas para el IPC-GBA base abril 2008=100 representan menos del 50% del consumo de los hogares en todos los meses”, según el CAES. Es más, la cantidad de precios relevados fue disminuyendo en el tiempo y pasó de 90.000 -antes del cambio metodológico- a 30.000.

- “Es poco precisa” la forma en la que se sustentan los criterios para incluir o excluir ciertos productos de las canastas. “Varias de las exclusiones cambian cualitativamente la canasta haciéndola menos representativa de los hogares de ingresos medios y altos”, afirmaron.

- “La mayor relevancia que cobra el Capítulo de Alimentos y Bebidas en la ponderación sugiere que la canasta representa el consumo de hogares de menores ingresos”, sostuvieron.

- Se encontraron irregularidades en las maneras de imputar un precio -cuando no se encuentra un producto en la calle se indica un valor de acuerdo a un cálculo que está en la metodología- y a la hora de tratar los precios máximos y mínimos que se salen de la media relevada (los denominados precios “atípicos” u “outliers”). En este último caso, se sugirió que podrían haberse eliminado -sin sustento metodológico- algunos valores altos que podrían no haber sido calificados como “atípicos”.

Marco institucional:

- Según el CAES, de las nueve direcciones nacionales del instituto, siete están vacantes (78%). Del total de las direcciones o coordinaciones, siete están sin ocupar (26%). De los 36 cargos jerárquicos del Indec, el 39% está vacante y el 33% tiene nombramiento transitorio.

- Se afirma que entre 1995 y 2006 hay poca variación en el empleo total del organismo. Es más, en 2006 se alcanza el mismo empleo que en 1996: aproximadamente 1210 trabajadores. “Sin embargo, es notable el crecimiento observado en 2007 (24,9% en un año, llegando a 1506 empleados)”. No obstante, según los profesores, no se observa para el mismo período un incremento de la producción en el Indec.

- En agosto de 2009, el 40% de los empleados del organismo eran profesionales, incluyendo los posgrados. “En los organismos productores de estadísticas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los profesionales representan el 50% del empleo total. El porcentaje de empleados con educación superior en los institutos de estadística de la OCDE es un 25% más alto que en el Indec”.

- Se señaló además que entre los “programas estadísticos más débiles” en cuanto a los cuadros técnicos que los producen se encuentran la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el índice de Precios al Consumidor, entre otros.

Con información de La Nación

El cuestionado organismo ahora pone en tela de juicio a los que se atreven a contradecirlo. El gobierno nacional responde a los cuestionamientos de Consultoras privadas sobre la inflación con multas y sanciones.

Los técnicos del Indec evaluaron el trabajo de las consultoras privadas y consecuentemente el ministro de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sancionaría a tres consultoras tras acusarlas de presentar inexactitudes y debilidades metodológicas en la estimación de la evolución de los precios.

Se trata de Abeceb.com, Efimak, y ADE, que ahora tienen un plazo de diez días para formular sus descargos por escrito.

Datos solicitados

En el caso de Efimak, la consultora en la que Miguel Kiguel es socio, se le solicitó información sobre el índice de inflación que realiza.

A la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE) se le solicitó precisiones en torno a la forma en que releva el índice de inflación anual y a Abeceb -la consultora que conduce el economista Dante Sica- las estimaciones referidas al nivel de consumo mensual.

El evaluador fue mismo el INDEC

El desempeño de las consultoras fueron evaluadas por técnicos el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), quienes aseguran que hay “numerosas inexactitudes, inconsistencias y debilidades metodológicas en los que habrían incurrido” las consultoras sumariadas “durante la elaboración de las presentaciones que luego se difundieran a través de medios periodísticos”.

En base a la conducta verificada, la secretaría que conduce Guillermo Moreno sostiene que las consultoras habrían “incurrido en una presunta infracción al artículo 9 de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, que prohíbe la realización de cualquier clase de presentación, publicidad o propaganda mediante inexactitudes u ocultamiento.

Con información de Punto Biz

Jueces del fuero civil toman sus datos de las consultoras privadas para dictar sentencias; no creen en las cifras del Indec.

Mientras el Gobierno redobla la presión sobre las consultoras privadas que miden la inflación, la Justicia utiliza esa información para dictar fallos en sensibles casos referidos a demandas de cuotas alimentarias.

Según el juez en lo civil Lucas Aon, “para fijar cuotas alimentarias tenemos en consideración el notorio aumento del costo de vida, que no tiene nada que ver con las estadísticas oficiales, sino con la inflación real”. Aclaró que solamente en el último año se fijó una pauta de incremento del 30% anual.

El magistrado en cuestiones de familia dijo que buena parte de sus colegas adoptaron un criterio similar, aunque en forma individual, ya que no hay un criterio común en esta materia.

Los abogados especialistas en derecho de familia Marisa Herrera y Jorge Kielmanovich ratificaron esta innovación aplicada por varios jueces.

“A pedido de las partes, pedimos información a las consultoras privadas como prueba y lo hemos considerado para nuestras decisiones, porque es un hecho notorio que el proceso inflacionario es superior al que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos”, indicó Aon desde su despacho en Tribunales.

La razón por la que los jueces deben buscar esta salida alternativa, explicó Aon, es la prohibición que rige para aplicar la indexación en sus fallos, que continúa vigente desde el plan de convertibilidad, que estalló hace ya 10 años.

Por razones parecidas, tiempo atrás el resto del fuero civil comenzó a aplicar la tasa de interés activa -aunque con discusiones- en lugar de la pasiva.

Al menos tres de las consultoras que recibieron intimaciones de la Secretaría de Comercio Interior, que lidera Guillermo Moreno, por presunto “engaño” a sus clientes, Ecolatina, FIEL y Finsoport, suelen recibir oficios con pedidos de información por parte de la justicia en lo civil.

Así lo confirmaron Rodrigo Alvarez, de Ecolatina; Juan Luis Bour, de FIEL, y Jorge Todesca, de Finsoport, quienes aclararon que se trata de una “práctica habitual”. Según los oficios, en varios casos los actores de causas por demandas de cuotas alimentarias solicitaron a los jueces -que, a su vez, habilitaron sus pedidos- los siguientes datos:

-”Si realiza compulsas de la evolución de los precios al consumidor (canasta familiar) en el mercado interno.”

-”Cuál ha sido su estimación, sobre la base de dichas compulsas, de la evolución de dichos precios desde el mes de julio de 2007 a la fecha del informe, mes a mes, expresada en porcentajes de incremento/disminución, respecto del mes inmediato anterior.”

-”Si, sobre la base de tales compulsas, ha elaborado índices de la evolución de dichos precios, en cuyo caso informará los índices correspondientes al mes de diciembre de 2007 y cada uno de los meses subsiguientes, hasta el último disponible a la fecha de su informe.”

En esa sintonía, los abogados Herrera y Kielmanovich afirmaron que los jueces deben navegar entre la prohibición vigente de indexar y la necesidad de “aggiornar” las cuotas de alimentos fijadas en causas civiles. Ambos mencionaron como antecedente una decisión de la camarista Marta del Rosario Mattera, que abrió una ventana para ajustar las cuotas.

Kielmanovich sostuvo que “en algunos fallos se permiten acuerdos para ajustes, que se hacen sin indexar, pero sí tomando en cuenta la evolución de determinados rubros; pero no son la mayoría”. Herrera agregó que “los padres, al momento de acordar la cuota alimentaria a favor de los hijos, asesorados por sus abogados, toman como parámetro de reajuste automático el valor de ciertos productos o servicios, como la cuota del colegio, las expensas, o determinados bienes, como la leche u otros elementos de la canasta básica”.

Acusación de Itzcovich

Mientras en Buenos Aires avanza el cruce de escritos administrativos entre el Indec y las consultoras -que creen que Moreno ya decidió multarlas-, el director del cuestionado organismo, Norberto Itzcovich, criticó a esos estudios al opinar que no tienen “capacidad operativa” y que “no cumplen con parámetros internacionales de precios”.

En un encuentro organizado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, al que acudió junto con la jefa del Indec, Ana Edwin, agregó que en algunos casos “en realidad hacen estimaciones, no toman precios o apenas toman precios en un supermercado de Barrio Norte”.

Varias de las consultoras intimadas tienen su metodología publicada, mientras que el Indec comenzó a aplicar una diferente en 2007 sin explicar nada.

Tiempo después, admitió que bajó de unos 800 a 400 los productos medidos, dejando de lado insumos importantes de la canasta, según el informe de las universidades nacionales pedido por el Gobierno en 2009.

Con información de La Nación

A la polémica por las estadísticas nacionales se suman los cambios en la Comisión Económica de América latina (Cepal). Ya no será un centro de investigación independiente, se alineará estrictamente al kirchnerismo.

La última semana de este mes llegará a Buenos Aires la secretaria general de la Cepal, Alicia Bárcena, para cristalizar este cambio, con la excusa de un acuerdo que firmará con la presidenta Cristina Kirchner y la ministra de Industria, Débora Giorgi. Se trata de un “plan estratégico para pensar la industria argentina hasta 2020″, según indicaron fuentes oficiales.

Sectores

La conducción será de la Cepal y el trabajo de campo de la ministra, sobre diez sectores productivos: calzado, textil y confecciones, alimentos, madera, papel y muebles, medicamentos, bienes de capital, maquinaria agrícola, autos y autopartes, software y material de construcción.

Limpiar a los economistas críticos

Cuando Bárcena cruce los Andes desde la oficina central de la Cepal en Santiago, Chile, la oficina local culminará el proceso de “limpieza” de los economistas que en estos años posteriores a la convertibilidad habían planteado, justamente, un punto de vista crítico y respetado en los círculos académicos.

Entre otras cuestiones, fueron tajantes en sus informes en cuanto a la falta de cambios sustantivos en la matriz, la mayor extranjerización y concentración industrial registradas desde 2003.

Desde Chile indicaron que los cambios responden a “cuestiones administrativas”, pero, en realidad, la intención oficial es achicar a su mínima expresión la oficina argentina, que ha sido un centro de referencia para el pensamiento económico regional desde 1974.

“De 20 personas que había hace unos años, ahora quedarán cinco, incluidos los empleados administrativos; la intención es que la Cepal pase de ser un centro de investigación a una oficina intergubernamental”, detalló una fuente.

El cambio se pudo hacer a partir del retiro de dos economistas senior: Bernardo Kosacoff y Daniel Heymann, más el paso al costado de Adrián Ramos, transformado en uno de los referentes económicos del radicalismo. Heymann y Ramos participaron además de la comisión de las universidades que hizo el crítico diagnóstico sobre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a pedido del Gobierno.

La administración que se viene

El nuevo director a cargo de la Cepal local, Pascual Gerstenfeld, anunció puertas adentro que no se renovarán otros contratos de investigadores. Habrá un sobreviviente seguro, Martín Abeles, ex secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, área encargada de supervisar los datos del Indec hasta la intervención del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Fue funcionario en las gestiones de Felisa Miceli, Miguel Peirano, Martín Lousteau y Carlos Fernández; tiene buena relación con Giorgi y con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont.

Nunca cuestionó la manipulación de las estadísticas oficiales que, en cambio, criticaron organizaciones heterodoxas respetadas como el Plan Fénix y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras.

Desde el puesto de secretario de Estado, donde ganaba un salario cercano a los $ 10.000, pasó casi sin escalas a uno de los cargos más importantes en la Cepal, con una escala de P4 de las Naciones Unidas, por el que percibe al menos unos US$ 7500 mensuales.

Sin datos críticos

El giro de la Cepal a partir del deseo de Bárcena de continuar su carrera política en las Naciones Unidas ya pudo observarse en 2010, cuando publicó el Panorama Social de América Latina con cifras que reflejaban que la Argentina había logrado una de las caídas más drásticas de la pobreza de la región, pese a la fuerte inflación local.

El detalle es que, a diferencia de otras publicaciones de la Cepal, el trabajo se basó solamente en las estadísticas del Indec.

Con información de La Nación

Distintos bloques acordaron avanzar para llamar a una consulta popular por el 82% jubilatorio, reformar el INDEC y debatir el reparto de la coparticipación federal de impuestos.

A un mes para el inicio de un nuevo período legislativo la oposición ya tiene preparada una batería de temas con los que pretende apurar al Poder Ejecutivo, frente a las elecciones presidenciales de octubre.

El primero de ellos -y más importante- será el lanzamiento de una campaña nacional de respaldo a una consulta popular que obligue al Gobierno a aplicar el 82% del salario mínimo vital y móvil al escalón más bajo de jubilaciones y pensiones.

La ofensiva arrancará antes del comienzo de las sesiones ordinarias del Congreso, previsto para el 1° de marzo, mediante la recolección de firmas en todo el país para presionar a los bloques kirchneristas y a la Casa Rosada a discutir la convocatoria a una consulta popular para pagar el 82% móvil para las jubilaciones mínimas.

La intención es presentar iniciativas similares en ambas cámaras con el objetivo de avanzar con la mayor rapidez posible.

El 82% móvil fue consagrado por ley en octubre último, pero fue vetado por la Presidenta menos de 24 horas después de su sanción, con el voto de la oposición y el rechazo oficialista, en el Senado.

“No puede ser vetada”

“A través del proyecto se convocará a una consulta popular, una ley que no puede ser vetada, y si vota un piso del 30% del padrón, la ley quedará firme”, se entusiasmó el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe), anfitrión del encuentro celebrado ayer entre los referentes de la oposición de la Cámara alta. La consulta sería convocada para 30 días después de sancionada la ley de convocatoria.

Asistentes

El encuentro fue el primero de una serie en la que los bloques antikirchneristas pretenden definir la agenda para los primeros meses de trabajo, en un año en el que el trabajo del Congreso quedará seguramente eclipsado por las elecciones provinciales y nacionales.

“La idea es mostrar que en un año como el que empezó hay temas que no dependen de lo electoral”, advirtió la juecista Norma Morandini (Frente Cívico-Córdoba).

En la reunión participaron, además, el jefe del bloque radical, Gerardo Morales (Jujuy); su correligionaria y aliada del vicepresidente Julio Cobos Laura Montero (Mendoza), y las senadores Liliana Negre de Alonso (Peronismo Federal-San Luis) y María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica-Capita). Estos protagonistas volverán a reunirse el miércoles próximo para continuar definiendo el contenido de las diferentes iniciativas que pretenden impulsar.

Indec

Gerardo  Morales ubicó como segundo tema de la agenda la normalización del Indec, proyecto que fue modificado por la Cámara de Diputados. “Tenemos que decidir si insistimos [en la sanción del Senado] o si aceptamos los cambios”, precisó.

Coparticipación

Así lo decidieron ayer los principales referentes de los bloques antikirchneristas del Senado, quienes coincidieron, además, en avanzar en el debate de un proyecto de ley que obligue al Poder Ejecutivo a cumplir con el reparto automático del piso del 34% de la coparticipación federal de impuestos a las provincias.

La radical Montero lo consideró un tema “relevante, porque la situación fiscal de las provincias es preocupante”.

“Queremos terminar con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”, agregó Montero, en tanto que Giustiniani destacó que hoy las provincias apenas reciben el 27% de los impuestos que recauda la Nación.

Régimen penal juvenil

También acordaron discutir en audiencias públicas un régimen penal juvenil que se encuentra demorado en la Cámara de Diputados.

Con información de La Nación