La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de la Sala II, avaló la posición de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que los contribuyentes paguen a sus proveedores exclusivamente por medios bancarizados para poder deducir los importes en el Impuesto a las Ganancias y poder computar el crédito fiscal en el IVA.

En la causa, caratulada “Tubos Argentinos SA”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó el recurso ordinario interpuesto por el contribuyente y, en consecuencia, quedó firme el fallo de la Sala II. De esta manera, la Justicia validó el derecho del fisco de exigir a los contribuyentes la utilización de medios de pago bancarizados a los efectos de solicitar los beneficios fiscales.

Jurisprudencia

Cabe destacar que esta medida sienta una jurisprudencia totalmente opuesta a una difundida la semana pasada por la prensa. En aquella oportunidad, se destacó la doctrina de un fallo -que no estaba firme- dictado por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Ese pronunciamiento judicial correspondía a la causa “Mera, Miguel Angel”, en el cual la Sala V había declarado la inaplicabilidad del artículo 2º de la Ley de Prevención contra la Evasión Fiscal (Nº 25.345) que prohíbe utilizar otros medios de pago, como el dinero en efectivo. En tanto, la AFIP apeló esa sentencia mediante recurso extraordinario, el cual fue concedido y, en definitiva, deberá ser resuelto también por la CSJN.

Un fallo que despeja dudas

En su veredicto de la causa “Tubos Argentinos SA”, el Tribunal alegó que la pretensión del contribuyente a que se aplique el artículo 34 de la Ley N ° 11.683 de Procedimiento Tributario, no puede prosperar “porque de la sola lectura de la norma invocada, se advierte que aquella se refiere a condiciones que impongan el Poder Ejecutivo Nacional, y la regla que aplicó la demandada está dispuesta por ley formal”.

En ese sentido, la Justicia no advirtió colisión normativa entre lo dispuesto en el artículo 2° por la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal N° 25.345, con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley procedimental. “Se refiere a las condiciones que impongan la autoridad administrativa en uso de la facultad reglamentaria otorgada, que, como es evidente y en virtud de la jerarquía normativa, no podrá alterar las condiciones establecidas por la Ley N ° 25.345”, señala el texto.

En definitiva, los contribuyentes para poder computar las deducciones en el Impuesto a las Ganancias o el crédito fiscal en el IVA deberán efectuar los pagos a sus proveedores exclusivamente mediante instrumentos bancarios.

Con información de Punto Biz

“La Cancillería se parece más a un aguantadero que a un ministerio”, sintetizó al respecto la ex ministra de Salud Graciela Ocaña.

Ocaña, candidata a diputada nacional por la Unión para el Desarrollo Social, cuestionó la prolongada demora del Gobierno en responder a la justicia suiza el pedido de informes sobre causas judiciales que involucran el jefe de la CGT, Hugo Moyano.

Las declaraciones de Ocaña

“La Cancillería sigue sin responder a un exhorto de la justicia suiza que se inició en febrero. Dice que necesita algunos artículos periodísticos y quiere saber por qué se investiga a Covelia y a la familia Moyano”, recordó Ocaña.

“Pero esos elementos no son de competencia ni de la Cancillería ni de la justicia argentina”, advirtió la ex ministra de Salud en declaraciones radiales, al lamentar una demora que lleva ya siete meses.

Ocaña sostuvo que “toda esta demora hace que la Cancillería se parezca más a un aguantadero que a un ministerio público de un país que debe ejercer la vinculación de las relaciones internacionales”.

Incumplimiento de tratados internacionales

Al respecto, Ocaña consideró “un hecho grave” la falta de cumplimiento de tratados internacionales que la Argentina ha firmado con Suiza y cuestionó a la Cancillería.

Ocaña se refirió, así, a la escasa prioridad que la Cancillería le dio al exhorto enviado por la justicia suiza al juez federal Norberto Oyarbide, quien investiga a Moyano en la causa por la llamada “mafia de los medicamentos”, para que informe sobre los casos judiciales en los que aparecen involucrados el titular de la CGT y sus familiares.

Caso Moyano- Covelia

La ex ministra relacionó, una vez más, a Moyano con la empresa de recolección de residuos Covelia, que está siendo investigada en Suiza por presunto lavado de dinero.

“Covelia ha ganado en los últimos años en la provincia de Buenos Aires gran parte de los contratos de recolección de residuos y ahora también está trabajando en otras áreas, como la disposición final de los residuos”, dijo la actual candidata a diputada por la oposición.

Con información de La Nación

El camarista Alberto Dalla Vía propuso reformas para las elecciones, como la eliminación de las listas sábanas y que sea la Justicia la que controle los comicios.

El juez de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, que tuvo una participación decisiva como autoridad última de las primarias, propone una serie de reformas integrales de los procesos de votación y advierte a la oposición sobre un uso “con excesiva ligereza de la palabra fraude”.

El magistrado, que también es profesor de Derecho Constitucional de la UBA, afirma que “es necesario implementar la boleta única, liberando al votante de la dependencia de las sábanas de papel. Así votan los argentinos residentes en el exterior y los privados de su libertad, así votó en las elecciones provinciales de Córdoba y Santa Fe y así se vota en la mayoría de los países de América Latina”.

La voz del juez electoral es una de las más destacadas en materia electoral, pero revista también la importancia de aquel que está llamado por la actual legislación de ser la autoridad en el control de los procesos de elecciones que se realizan en la Argentina.

Junto al pedido para que se aplique la boleta única, Dalla Vía pone especial énfasis en que la normativa debería sacar al Gobierno el control de las elecciones, porque “no resulta estructuralmente adecuado en un país donde el partido del gobierno de turno -cualquiera sea su signo político- participa en las elecciones”.

De todos modos, el juez de la Cámara Electoral también lanzó cuestionamientos que apuntan principalmente a lo realizado por la oposición en las últimas primarias. “Se ha pretendido que las reglas de juego se acomoden sobre la marcha y se ha utilizado la palabra fraude con excesiva ligereza y sin que existan pruebas convincentes que corroboren cualquier tergiversación de los resultados”, consignó el magistrado.

Con información de La Nación

Corregir errores para que no se repitan el 23 de octubre es lo que impulsó a la oposición a presentar las irregularidades que se cometieron durante el escrutinio.

Pruebas en mano, una delegación de diputados nacionales de la oposición denunciará mañana en la Justicia que hubo serias irregularidades en el escrutinio provisional de las elecciones primarias del domingo 14, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Si bien estas maniobras no alteran la contundente victoria de la presidenta Cristina Kirchner, aclaran los opositores, temen que se repitan en las elecciones generales del 23 de octubre, por lo que reclamarán mayores garantías de control.

Urgidos por esta preocupación, los diputados opositores -en su mayoría integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales- se entrevistarán mañana con el juez federal de La Plata Manuel Blanco. Le llevarán copias de las actas de algunas mesas y las contrastarán con los respectivos telegramas que fueron remitidos al Correo Argentino para el escrutinio provisional. Probarán que hubo diferencias sustanciales en las cifras consignadas entre uno y otro documento, con menos votos para la oposición, aunque, aclaran, no pueden cuantificar todavía la magnitud de la diferencia, ya que no finalizó el escrutinio definitivo.

Presidentes de mesa en la mira

El Gobierno negó ayer la existencia de irregularidades en el proceso de recuento de votos y ratificó las cifras oficiales. La oposición mantiene sus dudas y advierte que estudia entablar acciones penales contra los presidentes de mesa que modificaron los datos de las urnas. En su reunión con el juez Blanco, los diputados opositores reclamarán mayores garantías en la selección de las autoridades de mesa que trabajarán en las elecciones presidenciales del 23 de octubre, como también el control de veedores judiciales.

La delegación legislativa que irá mañana a La Plata estará integrada por Graciela Camaño (Bloque Peronista), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales; Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque de la UCR; Gustavo Ferrari (Peronismo Federal); Patricia Bullrich (Coalición Cívica), y Federico Pinedo, jefe del bloque de Pro. Los cinco legisladores se reunieron ayer por la mañana y, al cruzar los datos, confirmaron que las irregularidades detectadas afectaban a todos los partidos y que en su mayoría surgieron en el principal distrito, Buenos Aires.

“Hemos constatado que en miles de telegramas las cifras no se condicen con las actas de las mesas. Creemos que hubo un abuso en el ejercicio de su función por parte de varios presidentes de mesa que no cumplieron con su trabajo de manera transparente. Por eso exigimos una nueva selección de autoridades”, enfatizó la diputada Camaño. El diputado Gil Lavedra coincidió y confirmó que se estudian denuncias penales contra los presidentes de mesas en las que se constaten irregularidades.

Control judicial en los escrutinios provisorios

“Nosotros pediremos que en las elecciones del 23 de octubre haya control judicial sobre el escrutinio provisorio. Este proceso está completamente a cargo del Ministerio del Interior, que es juez y parte. Si el Gobierno no tiene nada que esconder y tiene voluntad de garantizar un escrutinio transparente, entonces no debería negarse a la presencia de veedores judiciales”, sostuvo, por su lado, el diputado Ferrari.

El tamaño del error

¿Cuál sería, a priori, la cifra global de votos supuestamente mal contabilizados? La oposición no se atreve a arriesgar números definitivos por ahora, ya que el escrutinio definitivo no terminó. No obstante, en la UCR estiman unas 3000 actas en todo el país mal confeccionadas en perjuicio de la candidatura de Ricardo Alfonsín, de las cuales unas 1000 corresponderían a Buenos Aires.

“Sólo en Esteban Echeverría rescatamos unos mil votos para Alfonsín, y otros 1500 en San Miguel”, indicó ayer Miguel Bazze, primer candidato a diputado de la UCR. Una situación similar detectaron los apoderados del Frente Popular, de Eduardo Duhalde.

Un dato sugestivo, acotan desde el búnker del candidato a gobernador Francisco de Narváez es que en Buenos Aires se registraron nada menos que 809.000 votos en blanco en la categoría gobernador, ocupando así el tercer lugar detrás del Frente para la Victoria y Udeso. “Es impensable que haya habido tanta movilización de gente para votar finalmente en blanco. Lo que sucedió allí es que algunos pícaros aprovecharon la falta de fiscales opositores para abrir el sobre y tirar las boletas no oficialistas a la basura”, acusan en la oposición.

“Está claro que Cristina Kirchner ganó, al igual que Daniel Scioli, pero no por los porcentajes que afirma el escrutinio provisorio, sino por menos. Estoy convencido, además, que De Narváez superó los 20 puntos”, aseveró el candidato a senador por Buenos Aires José Scioli (Udeso).

Manipulación de telegramas

Por su parte, el diputado y candidato a gobernador Eduardo Amadeo (Frente Popular) insistió en que “hubo un operativo sistemático” de manipulación de los telegramas que sintetizó en tres tipos de maniobras. “Están las urnas escandalosas, donde el oficialismo ganó 240 a cero; y los problemas en los telegramas, donde hay enmiendas y tachaduras; y los problemas de consistencia, donde el número de votantes no es igual al número de votos”, precisó Amadeo.

La opinión de Binner

Si bien el socialismo no integra la delegación que se entrevistará con el juez Blanco, el candidato presidencial Hermes Binner coincidió en que hubo desprolijidades en el escrutinio.

“Creo que nadie pone en duda el triunfo del Gobierno en las elecciones [primarias], pero evidentemente hay una serie de situaciones que habría que evitarlas en el futuro y creo que lo único que lo soluciona es la boleta única”, afirmó Binner, quien recordó que en su provincia, Santa Fe, este sistema se instrumentó con éxito.

Con información de La Nación

En la ciudad se roba un automóvil cada siete horas.  Los datos, provenientes de los Tribunales, también señalan que son sustraídas doce motocicletas por día y ya suman 2.557 desde enero.

El robo de autos y motos sigue sin pausa en la ciudad y la Justicia local aportó cifras que muestran de manera contundente una situación preocupante. Según informaron desde Tribunales –más precisamente desde la Oficina Judicial de Imputados no Individualizados– en lo que va de este año el promedio de robo de automóviles es de una unidad cada siete horas. Las estadísticas oficiales señalan que en lo que va del 2011 fueron sustraídos 724 vehículos, lo que implicaría que cada dos días se roban en las calles de la ciudad siete autos. Con respecto a las motos, cada veinticuatro horas son sustraídas doce en promedio y en lo que va del año se robaron 2.557. Como dato abrumador cabe destacarse que el robo de ciclomotores creció un 120% en solo tres años.

Con respecto al robo de automóviles, las fuentes judiciales señalaron que si bien se está hablando de cifras que son elevadas éstas vienen manteniendo los mismos niveles desde 2007, cuando había aumentado el diez% con respecto al año anterior. Anualmente –según los datos oficiales– se sustraen en Rosario cerca de 1.100 automóviles. La situación de las motos es más preocupante ya que por la cantidad de robos que se han registrado en lo que va de 2011, la proyección indica que para todo el año la cantidad se elevará a 3.835.

Las estadísticas señalan –poniendo en todos los casos a continuación primero a la cantidad de autos robados y segundo a las motos– que en 2002 se sustrajeron 1.317 autos y 2.131 motos; en 2003, 1.053 y 1.812 respectivamente; en 2004, 896 y 1.520; en 2005, 1.027 y 1.500; en 2006, 799 y 1.325; en 2007, 968 y 1.387; en 2008, 1.098 y 1.752; en 2009, 1.082 y 2.582; y en 2010, 1.052 y 3.382.

Aseguradoras

Eduardo San Germano, presidente de la Asamblea General Ordinaria de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (Adira), explicó que los robos de autos se mantienen estables de un año para el otro y que a nivel nacional se ha notado una baja de un 3% en la cantidad de robos. Sin embargo destacó que en Rosario y en Santa Fe estos hechos se incrementaron: “En valores absolutos, hay un aumento, un poco más que el año pasado, pero nosotros no lo medimos así”, explicó.

Es que para San Germano, los incrementos no pueden dejar de lado el aumento del parque automotor. “Nosotros tenemos en cuenta la cantidad de autos que están expuestos. Es decir, si aumenta el parque automotor y aumentan los robos en la misma proporción la cifra es estable”, indicó, aunque no pudo precisar si es el caso de Santa Fe. Lo mismo ocurre, según destacó, con las motos. “Aumentan los robos, pero es impresionante la cantidad de motos que se venden”, detalló.

Inspección de agencias

Por otra parte, la Dirección General de Transito viene realizando operativos en agencias de venta de autos en base a denuncias realizadas por vecinos. “Comenzamos hace alrededor de un mes con la Dirección de Inspección un operativo conjunto a los fines de fiscalizar las agencias de autos. A partir de ahí se inspeccionaron más de noventa y nueve comercios y se clausuraron quince por no tener habilitación municipal y se hicieron una gran cantidad de actas por estacionamiento en aceras”, comentó al respecto su titular, Henry Fabbro

Con información de Notiexpress

La Justicia ordenó a las autoridades del Mercado Central que eliminaran todo obstáculo que impida la venta de los diarios Clarín, Olé, Muy y La Razón en el predio de esa feria.

La medida cautelar, que contiene una fuerte defensa de la libertad de expresión, fue dictada por el juez en lo civil y comercial federal N° 2, Alejandro Nobili, en una causa iniciada por el diario Clarín (Arte Gráfico Editorial Argentino), con el patrocinio del abogado Damián Cassino. “La prohibición de censura previa no agota la garantía constitucional que rodea a la prensa, ya que se extiende a protegerla en las distintas etapas de circuito de su elaboración, impresión, distribución y venta”, recordó el magistrado, al citar un estudio del ministro Carlos Fayt, juez de la Corte Suprema.

El 7 de julio último, las autoridades del Mercado Central, que dependen directamente del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, habían resuelto impedir la venta de esos periódicos en dos quioscos que funcionan en el predio; colgaron grandes carteles en los ingresos de la feria, con la leyenda de “Clarín miente” y amenazaron a canillitas y puesteros para asegurarse de que el diario no circulara allí.

Las autoridades del Mercado Central no entregaron ninguna notificación por escrito de la prohibición de vender Clarín, pero como los canillitas se negaron a dejar de hacerlo, varios inspectores dispusieron el 13 de este mes la clausura de esos quioscos.

Finalmente, el Mercado Central levantó las clausuras, pero lo hizo con el compromiso de los canillitas de no vender esos periódicos, los que quedaban empaquetados y apilados sin ser distribuidos ni entregados a los potenciales lectores. Un escribano labró un acta de los hechos, los que también fueron captados por cámaras de TV y admitidos por los canillitas perjudicados por la prohibición de vender los diarios.

“Está probado que la venta de periódicos y revistas de Clarín fue impedida a través de ciertos actos efectuados dentro del ámbito del Mercado Central”, afirmó el juez Nobili en su resolución.

Desconocido origen de la prohibición

El magistrado dijo que no se ha podido identificar el origen de la orden de no vender esos diarios: no puede saberse si la prohibición fue impartida por las autoridades del Mercado Central o por el secretario de Comercio, Guiilermo Moreno. “[Pero] lo concreto es que la información no llegó al público como debió hacerlo, porque actos de terceros impidieron la distribución de diarios y revistas”, explicó.

Para el magistrado, la prohibición afecta el derecho a la información, es decir, a comunicar a los individuos ideas, opiniones o noticias por el comunicador, pero también el derecho de los lectores a optar por una u otra publicación.

Con información de La Nación

Finalmente, la ex vicepresidenta del ente contra la discriminación y candidata a legisladora porteña por el kirchnerismo se presentó en la Justicia.

“Solamente voy a ratificar ante el juez todo lo que ya dije. Ya presenté todo ante la Oficina Anticorrupción”, comentó.

La ex vicepresidenta del INADI y candidata a legisladora porteña por el kirchnerismo, María Rachid, finalmente ratificó hoy la denuncia penal contra quien fuera su superior en el instituto, Claudio Morgado.

Tras haber faltado el viernes pasado a la citación de la Justicia, la ex funcionaria se presentó hoy en el juzgado federal 4 de Ariel Lijo y se negó a hacer declaraciones a los periodistas.

“Solamente voy a ratificar ante el juez todo lo que ya dije. Ya presenté todo ante la Oficina Anticorrupción”, comentó la ex titular de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FALGBT).

El escándalo de la pelea de Morgado y Rachid en el INADI saltó hace dos semanas a la luz pública porque el entonces presidente llamó al teléfono de emergencias 911, después de protagonizar ambos un escándalo en la sede del organismo, y terminó en una comisaría radicando una denuncia.

Luego de que trascendiera la noticia, primero renunció Rachid y enseguida hizo lo mismo Morgado, que había desembarcado en el INADI.

En lugar de ambos y ante la acefalía del INADI, la presidente Cristina Kirchner nombró por 180 días como interventor en el organismo antidiscriminación a Pedro Mouratian, que ya se había desempeñado como vicepresidente.

Morgado ratificó la denuncia penal contra Rachid y la acusó de protagonizar “un golpe institucional”, además de “acoso laboral”, “nombramientos de al menos 40 personas” en el instituto, “despido de una delegada sindical en el INADI de Tucumán” e “infracción a la ley 24.515″ que regula la actividad del organismo.

La dirigente, en tanto, le atribuyó al ex conductor de televisión supuestos actos de corrupción y diversas irregularidades.

Con información de DERF

La Secretaría de Derechos Humanos presentó un documento con varios agregados que no figuran en el original de 1988: El objetivo de la trampa es perjudicar a Clarín y La Nación

Bartolomé Mitre, director del diario LA NACION, y Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, denunciaron ante la Justicia que la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, “agregó” en un documento varios párrafos que no figuran en el original, con la intención de involucrarlos en delitos de lesa humanidad durante la compra de Papel Prensa.

Según surge de la denuncia, la Secretaría de Derechos Humanos presentó una copia de un dictamen que en 1988 redactó el entonces titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA) Ricardo Molinas, que tiene varias frases agregadas que no aparecen en la copia certificada del documento aportada a la Justicia por la propia FIA ni en otras copias de la época.

Esos agregados no serían inocentes, porque sugieren que el entonces gobierno de facto eligió como compradores de Papel Prensa a Clarín y LA NACION, algo que no condice con los hechos ni con las pruebas, y que jamás fue afirmado por el fiscal Molinas.

Papel Prensa es propiedad del Grupo Clarín (49%), LA NACION (22%) y el Estado nacional (27%). Ambos matutinos y La Razón compraron la empresa, el 2 de noviembre de 1976, a los herederos de David Graiver, quienes habían decidido desprenderse de la firma porque el grupo Montoneros les exigía la devolución de 17 millones de dólares que les había confiado para su administración.

Las circunstancias de esa venta fueron investigadas durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.

El fiscal Molinas, en un extenso dictamen, cuestionó decisiones del gobierno de facto relacionadas con Papel Prensa, pero no imputó coacción alguna en la venta y, además, afirmó que los diarios Clarín, LA NACION y La Razón no cometieron delito alguno y fueron compradores de buena fe.

La denuncia oficial

En septiembre de 2010, sin embargo, en ejecución de una decisión que la presidenta Cristina Kirchner había anunciado en un acto público, la Secretaría de Derechos Humanos formuló una denuncia penal.

Duhalde les imputó a los directores de los diarios haber estado vinculados con la detención ilegal de los integrantes del grupo Graiver, quienes en rigor fueron secuestrados por los militares cinco meses después de la venta de Papel Prensa, por su relación con Montoneros.

La causa quedó radicada en el juzgado federal de La Plata a cargo de Arnaldo Corazza, que en mayo último se declaró incompetente y resolvió que el secuestro de esas personas, que estuvieron detenidas en el centro clandestino Puesto Vasco, se produjo varios meses después de que ya se había efectuado la venta de Papel Prensa a Clarín, LA NACION y La Razón, y afirmó que los directores de los diarios no tuvieron relación alguna con el hecho.

Ayer, los abogados Alejandro Pérez Chada y Hugo Wortman Jofré pidieron a la Cámara Federal de La Plata que se investigue la aparición de estos extraños agregados en el documento aportado por la Secretaría de Derechos Humanos.

Los agregados

Hace varios meses, la FIA envió una copia certificada del dictamen del fiscal Molinas. Ese texto coincide exactamente con la versión publicada en 1988 por el diario Ambito Financiero inmediatamente después de conocido aquel dictamen. Y también con la copia certificada que LA NACION acaba de obtener en el Juzgado Federal Civil y Comercial Número 1 de San Martín, donde fue agregado, hace más de veinte años, a un expediente judicial.

Curiosamente, la copia certificada por la FIA, el organismo que elaboró el documento, no contiene los agregados que sí aparecen en la copia de ese mismo documento que aportó la Secretaría de Derechos Humanos:

Dice el documento aportado por la FIA con relación al precio de compra: “Este problema del precio, de todos modos, es ajeno en principio a la competencia de este organismo y, además, fue aceptado por los vendedores -el grupo Graiver- y sólo se trajo a colación para demostrar el apuro de la negociación”.

En cambio, en la copia aportada por Duhalde, luego de una coma se agrega: “y la existencia de un solo oferente impuesto o elegido por las autoridades nacionales”.

En otro párrafo, con relación a la junta de comandantes, la copia del documento aportado por la Secretaría de Derechos Humanos introduce como agregado que “eligieron ellos mismos como compradores a los diarios Clarín, LA NACION y La Razón”.

Estas frases agregadas tergiversan el dictamen del fiscal Molinas para dar sustento a la versión oficial y, según la denuncia, indujeron a un grave error a los fiscales Rodolfo Molina y Hernán Schapiro, ya que tomaron esos agregados como fundamento para su dictamen.

Desaparecieron tres expedientes

Este extraño episodio, que tiene por protagonista a la Secretaría de Derechos Humanos, no es el primero que ocurre. Hay tres expedientes judiciales que desaparecieron. Uno de ellos es el que tramitó en el juzgado federal número 3, que actualmente está a cargo del juez federal Daniel Rafecas y donde se presentó el dictamen del fiscal Molinas. Los otros dos expedientes donde LA NACION y Clarín consignaron los pagos por la compra de Papel Prensa a los vendedores Rafael Ianover, testaferro de David Graiver, y a Galería Da Vinci, también desaparecieron. Uno tramitó en el juzgdo comercial número 21 y, el otro, ante el juzgado civil y comercial número 6.

Con información de La Nación

El Juzgado de Primera Instancia volvió a frenar las obras impulsadas por el intendente Miguel Lifschitz. El juez que tiene a cargo la causa, Luis Ramunno, dictó ayer un decreto por el cual le prohibe a la empresa del Estado Municipal realizar las obras presentadas en los planos.

Según asegura el magistrado, los pliegos de la remodelación del Autódromo Municipal de Rosario contradicen el fallo,  al mismo tiempo que la sentencia notifica a la Municipalidad la “obligación de abstenerse a realizar en el predio del Autódromo, por sí o por medio de terceros, cualquier tipo de obras a partir de los taludes o terraplenes existentes así como cualquier tipo de obras que requieran la construcción de nuevos taludes, terraplenes y/o muros”.

Todo esto se conoció justo ayer, un día antes de que el tema llegue al Concejo. Es más, el decreto sostiene que la Empresa del Estado Municipal deberá notificar a terceros a quienes se le encomienda la realización de las obras, y que estas serán controladas en su legalidad.

“El fallo de la Cámara dice que hay que remover los taludes y terraplenes, pero la Municipalidad presenta pliegos donde los terrenos están minados de estas instalaciones”, le dijo Rodrigo Pujol, uno de los abogados defensores de los vecinos.

Sin meterse con la licitación

El decreto dictado por el juez deja de lado la licitación de las obras, aunque afirma que lo presentado por la Municipalidad va en contra del fallo promulgado por la Cámara de Apelaciones. “Con la licitación el juez no se mete porque dice que es un tema administrativo. Es muy cauto en eso. Pero asegura que va a controlar todas las obras que se realicen para que cumplan con lo que dice la ley”, explicó Pujol.

Ilícito

De paso, el abogado le dejó un mensaje a quien se haga cargo de las obras y le tiró un guiño al bloque socialista. “La empresa adjudicataria va a cometer un ilícito, porque de antemano se sabe que lo que van a hacer está prohibido. Quien se haga cargo va a tener que afrontar las consecuencias. Nosotros queremos que se respete la ley”, sentenció y agregó que “el socialismo dice que queremos que se cierre el autódromo. Me cansé de decir que no estoy en contra, estoy a favor, pero siempre y cuando cumpla con la ley”.

Así, los vecinos de la zona siguen batallando contra la realización de las obras y hoy marcharán al Concejo, justo cuando este tratará el tema. A pocos días de la apertura de sobres, prevista para el lunes 2 de mayo. Pujol volvió a cargar contra los ediles oficialistas y aseguró: “Presentamos notas para que los concejales nos abran las puertas y nos atiendan. A personas del bloque socialista se las dimos en la mano, porque después justifican su ausencia al decir que nunca les avisamos nada”, finalizó.

Con información de Punto Biz