Dijo que él había alertado sobre la protesta que derivó en el crimen. Añadió que él había prometido que su gremio no iba a intervenir para detener la protesta.

El secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, declaró ante la Justicia que había avisado al Gobierno de que trabajadores ferroviarios tercerizados de la línea Roca iban a cortar las vías, el 20 de octubre pasado, cuando se produjo el asesinato de Mariano Ferreyra, crimen por el que está detenido.

La realidad demostró lo contrario, porque un grupo formado por trabajadores de la Unión Ferroviaria y barrabravas se enfrentó con los tercerizados y terminó provocando la muerte a tiros de Ferreyra e hirió a tres de sus compañeros.

Pedraza finalizó ayer por la madrugada de ser indagado por la jueza Wilma López. Fue en esa declaración cuando explicó que el 19 de octubre, un día antes del crimen, le había advertido sobre la protesta de los empleados tercerizados al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, según dijeron fuentes judiciales. Cuando se produjo la muerte de Ferreyra, Schiavi reconoció que Pedraza le había anticipado que se iba a producir un corte y dijo que él puso en alerta a la Policía Federal. “No tiene nada más para decir; si lo llaman a declarar lo repetirá ante la Justicia”, dijeron allegados a Schiavi.

Pedido de excarcelación

Pedraza le dijo a la jueza que sufre de hipertensión y le indicó el medicamento que está tomando, para que se lo sigan suministrando en la cárcel de Ezeiza. Luego del interrogatorio, su abogado, Carlos Froment, presentó un pedido para que fuera excarcelado. Aseguró que su cliente no tiene antecedentes penales, que siempre estuvo a disposición de la Justicia, que no hay peligro de que se fugue y prometió que no va a entorpecer las investigaciones. También argumentó que tiene arraigo como secretario general de la Unión Ferroviaria desde hace 25 años y que cuenta con familia constituida y “un domicilio cierto”. Es, en rigor, el departamento de Puerto Madero donde fue detenido y una casona en Haedo.

Hoy la jueza resolverá si lo excarcela, una posibilidad muy remota teniendo en cuenta que los otros detenidos en la causa por el homicidio siguen presos, y Pedraza fue indagado por integrar “un emprendimiento criminal previamente acordado” para evitar un corte de vías y “aleccionar a los tercerizados”.

Froment argumentó que, más allá de la gravedad del delito que se le enrostra a Pedraza, su cliente no frustrará la investigación, por lo que pidió que la jueza le imponga la caución que crea conveniente.

Pedraza y Schiavi

El día de la muerte de Ferreyra, Schiavi efectivamente compartió con Pedraza, a las 9 de la mañana, el acto de inauguración de un congreso patrocinado por la revista Rieles Latinoamericanos. Estuvieron juntos en público y cinco minutos en el despacho del sindicalista, rodeados de colaboradores de ambos. Pedraza lo repitió ante la Justicia.

Pero antes le hizo a la jueza una síntesis de su vida política. Habló de su militancia sindical y política. Explicó que estuvo preso durante seis meses a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en 1969, durante el gobierno de Juan Carlos Onganía.

Declaración de Pedraza

Insistió en que es falsa la imputación que se le hace, de haber participado “en el emprendimiento criminal” que acabó con la vida de Ferreyra y dijo que se enteró del corte de vías cuando estaba junto a otro de los presos, Juan Carlos Fernández, y otros dirigentes sindicales.

Declaración de Fernández

Fernández también fue indagado anteanoche y reconoció que había hablado por teléfono mientras se sucedían los enfrentamientos con Pablo Díaz, otro dirigente sindical preso por el asesinato, como instigador por reclutar a la patota que se enfrentó con los tercerizados. Díaz estaba junto a Cristian Favale y Gabriel Sánchez, en Barracas, en plena batalla.

Dijo Froment que su cliente no pudo recordar el contenido de la conversación, “pero que hablaron cosas relativas al corte de vías”.

Cooperativas de trabajadores

Pedraza, en su indagatoria, también explicó su vínculo con las cooperativas de trabajadores que son contratadas por las empresas ferroviarias como tercerizadas. Esto es así porque uno de los allanamientos realizados por la Justicia se efectuó en la Cooperativa de Trabajadores Unión del Mercosur, donde Maximiliano Pedraza, hijo del sindicalista, tendría un despacho. Además, Díaz y Fernández tendrían peso en la administración.

Pero Pedraza negó que las cooperativas fueran la manera de contratar a trabajadores fuera del convenio con salarios deprimidos. Dijo que son una manera de reincorporar a trabajadores despedidos. Puso como ejemplo que, de este modo, se pudo darle trabajo a un empleado al que le faltaba un ojo. Indicó que tenían la promesa de las empresas privatizadas de seguir dándoles trabajo a los empleados de esa manera.

Declaración de Alcorcel

También declaró el último detenido, delegado gremial Claudio Alcorcel. Se trata de un carpintero de los talleres de Remedios de Escalada, acusado de haber ido a Barracas junto con Favale. Alcorcel lo negó, aunque recordó que había visto a Favale el 7 de octubre en el acto de River Plate organizado por Hugo Moyano.

Con información de La Nación

Jueces del fuero civil toman sus datos de las consultoras privadas para dictar sentencias; no creen en las cifras del Indec.

Mientras el Gobierno redobla la presión sobre las consultoras privadas que miden la inflación, la Justicia utiliza esa información para dictar fallos en sensibles casos referidos a demandas de cuotas alimentarias.

Según el juez en lo civil Lucas Aon, “para fijar cuotas alimentarias tenemos en consideración el notorio aumento del costo de vida, que no tiene nada que ver con las estadísticas oficiales, sino con la inflación real”. Aclaró que solamente en el último año se fijó una pauta de incremento del 30% anual.

El magistrado en cuestiones de familia dijo que buena parte de sus colegas adoptaron un criterio similar, aunque en forma individual, ya que no hay un criterio común en esta materia.

Los abogados especialistas en derecho de familia Marisa Herrera y Jorge Kielmanovich ratificaron esta innovación aplicada por varios jueces.

“A pedido de las partes, pedimos información a las consultoras privadas como prueba y lo hemos considerado para nuestras decisiones, porque es un hecho notorio que el proceso inflacionario es superior al que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos”, indicó Aon desde su despacho en Tribunales.

La razón por la que los jueces deben buscar esta salida alternativa, explicó Aon, es la prohibición que rige para aplicar la indexación en sus fallos, que continúa vigente desde el plan de convertibilidad, que estalló hace ya 10 años.

Por razones parecidas, tiempo atrás el resto del fuero civil comenzó a aplicar la tasa de interés activa -aunque con discusiones- en lugar de la pasiva.

Al menos tres de las consultoras que recibieron intimaciones de la Secretaría de Comercio Interior, que lidera Guillermo Moreno, por presunto “engaño” a sus clientes, Ecolatina, FIEL y Finsoport, suelen recibir oficios con pedidos de información por parte de la justicia en lo civil.

Así lo confirmaron Rodrigo Alvarez, de Ecolatina; Juan Luis Bour, de FIEL, y Jorge Todesca, de Finsoport, quienes aclararon que se trata de una “práctica habitual”. Según los oficios, en varios casos los actores de causas por demandas de cuotas alimentarias solicitaron a los jueces -que, a su vez, habilitaron sus pedidos- los siguientes datos:

-”Si realiza compulsas de la evolución de los precios al consumidor (canasta familiar) en el mercado interno.”

-”Cuál ha sido su estimación, sobre la base de dichas compulsas, de la evolución de dichos precios desde el mes de julio de 2007 a la fecha del informe, mes a mes, expresada en porcentajes de incremento/disminución, respecto del mes inmediato anterior.”

-”Si, sobre la base de tales compulsas, ha elaborado índices de la evolución de dichos precios, en cuyo caso informará los índices correspondientes al mes de diciembre de 2007 y cada uno de los meses subsiguientes, hasta el último disponible a la fecha de su informe.”

En esa sintonía, los abogados Herrera y Kielmanovich afirmaron que los jueces deben navegar entre la prohibición vigente de indexar y la necesidad de “aggiornar” las cuotas de alimentos fijadas en causas civiles. Ambos mencionaron como antecedente una decisión de la camarista Marta del Rosario Mattera, que abrió una ventana para ajustar las cuotas.

Kielmanovich sostuvo que “en algunos fallos se permiten acuerdos para ajustes, que se hacen sin indexar, pero sí tomando en cuenta la evolución de determinados rubros; pero no son la mayoría”. Herrera agregó que “los padres, al momento de acordar la cuota alimentaria a favor de los hijos, asesorados por sus abogados, toman como parámetro de reajuste automático el valor de ciertos productos o servicios, como la cuota del colegio, las expensas, o determinados bienes, como la leche u otros elementos de la canasta básica”.

Acusación de Itzcovich

Mientras en Buenos Aires avanza el cruce de escritos administrativos entre el Indec y las consultoras -que creen que Moreno ya decidió multarlas-, el director del cuestionado organismo, Norberto Itzcovich, criticó a esos estudios al opinar que no tienen “capacidad operativa” y que “no cumplen con parámetros internacionales de precios”.

En un encuentro organizado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, al que acudió junto con la jefa del Indec, Ana Edwin, agregó que en algunos casos “en realidad hacen estimaciones, no toman precios o apenas toman precios en un supermercado de Barrio Norte”.

Varias de las consultoras intimadas tienen su metodología publicada, mientras que el Indec comenzó a aplicar una diferente en 2007 sin explicar nada.

Tiempo después, admitió que bajó de unos 800 a 400 los productos medidos, dejando de lado insumos importantes de la canasta, según el informe de las universidades nacionales pedido por el Gobierno en 2009.

Con información de La Nación

La Auditoría General debió recurrir a la Justicia dado que varios organismos del Gobierno retacean información e impiden el control.

Cansada de que algunos organismos clave del Estado persistan en retacearle información esencial para el control de su gestión, la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, debió apelar a una medida drástica: acudir a la Justicia para que destrabe esta situación, a la que califica de “inaudita mordaza” al acceso a la información.

La decisión afecta a áreas por demás sensibles de la administración pública, como el Banco Central y la AFIP, que se amparan en el secreto fiscal y bancario. Están involucrados también la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), a cargo de subsidios millonarios para el sector; la Administración de Programas Especiales (APE), en la mira de la Justicia por el otorgamiento irregular de subsidios a las obras sociales; la Sigen, que guarda para sí todos los informes sobre el contralor interno de la gestión, que la ley obliga a publicar; la empresa de ferrocarriles Belgrano Cargas, y el organismo que controla la concesión de las obras viales (Occovi).

A las insistentes notas de la AGN, estos organismos responden con lo que en la auditoría consideran que son “artilugios” para negar la información solicitada.

“La vía judicial es un camino en curso que decidió adoptar la AGN ante la renuencia ya explícita de algunos organismos para entregarnos datos que son básicos para el control. Esta actitud implica un grave retroceso en términos de transparencia para el país, lo que afecta la confianza y las inversiones”, advirtió el jefe de la AGN, el radical Leandro Despouy.

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que ahora cuenta con mayoría opositora, fue la que autorizó a la AGN a recurrir a la Justicia. Es una medida inédita, en realidad: antes, cuando un organismo estatal retaceaba su información, la mayoría oficialista de la Comisión Mixta miraba al costado y las auditorías se demoraban.

“Es un tema difícil, hay organismos que no se dejan controlar en el marco de un Gobierno poco afecto a la transparencia. Recurrimos a la Justicia, pero es necesario que también los jueces nos acompañen”, enfatizó el diputado Heriberto Martínez Oddone (UCR), presidente de la Comisión Mixta.

La apelación del legislador viene a cuento de un episodio insólito que ocurrió con una auditoría al ferrocarril Belgrano Cargas. Hace dos años, la Auditoría General de la Nación solicitó al Ministerio de Planificación una serie de expedientes, pero éste se negaba a aportarlos; agotadas las instancias, la AGN presentó una acción de amparo por mora ante la Justicia y el expediente recayó en el juzgado en lo contencioso administrativo de María José Sarmiento. Fue entonces cuando el ministerio de Julio De Vido adujo que “extravió los expedientes” solicitados, por lo que la jueza debió declarar “abstracta” la acción de amparo en septiembre último. La AGN apeló entonces la medida.

Otro final, más afortunado, tuvo la acción judicial contra la APE. El año pasado, la AGN informó a la Comisión Mixta que este organismo no le entregaba un suministro básico, una base de datos sobre su sistema de seguimiento de expedientes, llamado Pampa.

La comisión autorizó a la AGN a tomar medidas ante la Justicia; informado el juez federal Norberto Oyarbide, que investiga la causa sobre la mafia de medicamentos, le ordenó al APE que cumpliera con la solicitud de la AGN, lo que finalmente se hizo.

El conflicto con la Sigen

El caso de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) es, a juicio de auditores y legisladores, el más controvertido. “Allí se da una situación grave porque claramente se está violando la ley”, opinó el auditor Javier Fernández, del oficialismo.

Desde que la Sigen quedó en manos kirchneristas -hoy es presidida por Daniel Reposo- decidió no publicar ni entregar ninguno de sus reportes.

Ante las reiteradas notas, la Sigen comenzó a remitir información, pero con cuentagotas a la AGN; los auditores -salvo el ultrakirchnerista Vicente Brusca- decidieron apelar a la Justicia.

La relación entre la AGN con la AFIP y el Banco Central (BCRA) ha sido dificultosa históricamente, relató el ex auditor y hoy principal asesor de la Comisión Mixta Alfredo Fólica.

En innumerables oportunidades, los auditores les solicitaron información, pero siempre se toparon con la misma valla: el secreto fiscal y bancario.

En noviembre pasado, la Comisión Mixta le envió al Banco Central un ultimátum a raíz de una auditoría en la que procuraba indagar, nada menos, que en los procedimientos que aplicó la autoridad monetaria en el salvataje financiero de los bancos durante la crisis de 2001/2002.

Los directivos del Banco Central se escudaron en el secreto bancario que está previsto en su Carta Orgánica para no hacer lugar a lo solicitado. Pero los legisladores no se conformaron e instaron al BCRA a brindar la información, pues las disposiciones de la Auditoría habilitan ese acceso.

Con la AFIP sucede algo similar, pues se recluye en el secreto fiscal para rechazar los pedidos del organismo de control.

“No son argumentos justificables, porque la AGN no se mete con las personas, sino más bien verifica el programa que la Administración Fiscal de Ingresos Públicos utiliza para fiscalizar y comprobar que éste no sea intimidatorio por cuestiones políticas”, afirmaron los auditores Fólica y Despouy.

Con información de La Nación

Por presunta violación de sus deberes de funcionario público, la UCR demandó al ministro de Economía pidiendo una rápida intervención de la Justicia en el Indec.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Ernesto Sanz, y el del bloque de senadores de ese partido, Gerardo Morales, radicaron la denuncia en los Tribunales Federales de Comodoro Py sobre la base del reciente informe presentado por el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES) sobre el organismo.

Ambos senadores nacionales advirtieron que de ese documento “se desprende como prueba irrefutable la existencia de irregularidades en el manejo de las estadísticas públicas, lo cual ocasiona un serio perjuicio a la economía de la República“.

En el escrito, Sanz y Morales solicitaron a la Justicia que ordenara “la inmediata intervención judicial del Indec hasta tanto una norma emanada del Congreso de la Nación disponga -de acuerdo con derecho- su regularización”.

Además, los legisladores solicitaron que se ordenara la investigación de la presunta comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios públicos al licenciado Amado Boudou, junto a los directores del organismo, Ana María Edwin y Norberto Itzcovich.

Con información de La Nación

Un fallo de la Corte de la provincia de San Juan avaló un reclamo de empresas mineras.

La justicia federal sanjuanina suspendió ayer la aplicación en esa provincia de la ley de glaciares, que había sido aprobada en el Congreso después de un duro debate que dividió transversalmente a kirchneristas y a opositores.

La suspensión fue dispuesta por el juez Miguel Ángel Gálvez un día después de que las cámaras y gremios mineros de la provincia presentaran un recurso de amparo cuestionando la constitucionalidad de la norma.

“La Nación no puede legislar sobre los recursos naturales, sobre los que la provincia tiene potestad absoluta”, argumentó el titular de la cámara minera de San Juan, Jaime Bergé, promotor de la medida. El abogado del gremio de obreros mineros AOMA, Javier Cámpora, reconoció que empresarios y trabajadores contaban con el respaldo del gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, para la presentación.

Alegando que la norma nacional se roza con la legislación provincial, el juez suspendió seis artículos claves de la ley (que buscaba proteger los glaciares y limitar la actividad minera en el país) entre ellos el que definían cuáles debían ser las zonas protegidas.

En la Capital, la decisión cayó muy mal entre los legisladores que la habían motorizado, quienes temen que los proyectos mineros más contaminantes avancen mientras el recurso llega a la Corte Suprema.

“No tiene sentido una medida cautelar así, porque la Constitución establece que la Nación fija los presupuestos mínimos de protección”, dijo el senador Daniel Filmus (FpV), uno de los autores del proyecto junto al diputado Miguel Bonasso (Proyecto Sur).

Acusación a la justicia de San Juan

Desde la Coalición Cívica, la diputada Fernanda Reyes denunció que la justicia sanjuanina “está al servicio” del gobernador Gioja, acusó a las empresas mineras de haber ideado la presentación y consideró que si el gobierno de la Nación no apela el fallo “será un veto judicial” de la ley, como ya había hecho hace dos años cuando vetó la primera versión de la norma.

El siguiente pasó del juez será citar al Estado provincial como tercero interesado y correr traslado de la demanda a la Nación.

Con información de La Nación

En una decisión tomada por unanimidad, la Corte Suprema Decidió que el artículo 161 que beneficiaba al Grupo Clarín que no deberá deshacerse de las señales de TV y radio, no se aplicará por un año.

La resolución de ayer de la Corte es sólo aplicable a Clarín, porque fue la empresa que interpuso el reclamo judicial de no innovar. Sin embargo, el precedente de los jueces de primera y segunda instancia, y la ratificación de ayer del máximo tribunal pueden servir como jurisprudencia para que otras empresas de medios hagan similares presentaciones. Indirectamente, esa resolución podría serles útil, por ejemplo, a Cadena 3, de Córdoba, o al español Grupo Prisa, que están obligados, como lo estaba Clarín, a desinvertir en el plazo de un año.

De todas maneras, el debate judicial acerca de la obligación de vender empresas de medios no quedará saldado antes de la elección presidencial de 2011.La sentencia del alto tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, fue dictada por unanimidad de sus siete miembros y lleva, incluso, la firma de Raúl Zaffaroni, el magistrado más cercano al Gobierno. El fallo beneficia en forma clara al Grupo Clarín, pero el tribunal, que estuvo sujeto a muy fuertes presiones del Gobierno, quiso dar una señal de que busca armonizar intereses en conflicto.Para evitar que el debate judicial sobre la constitucionalidad del controvertido artículo 161 se prolongue indefinidamente, la Corte aconsejó que el juez de primera instancia fije un “plazo razonable” para resolver la cautelar y el juicio. Esto le permitió a Néstor Kirchner elogiar el fallo de la Corte y considerar que el plazo razonable vence en septiembre del año próximo. En la Corte, en cambio, consideran que debe ser bastante mayor a un año para permitir que las partes se defiendan en el juicio.Suspensión en Santiago del EsteroAsimismo, ayer también se conoció otra sentencia dictada por el juez federal de Santiago del Estero, Eduardo Coroleu, que suspendió la aplicación de dieciséis artículos de la ley a pedido aplicación de 16 artículos de la ley a pedido del grupo de medios Ick, que opera en esa provincia dos radios y un canal de televisión. El Grupo Ick planteó que la ley no puede afectar retroactivamente licencias que se extienden, en algunos casos, hasta 2036, sobre las que tiene un derecho adquirido.Luego de la sanción de la ley 26.522, los grupos Clarín, Uno e Ick iniciaron diversas demandas para cuestionar, principalmente, los límites a la multiplicidad de licencias, las limitaciones a las trasmisiones en red y el plazo de desinversión.El planteo del Grupo Clarín apuntó al artículo 161, que estableció un plazo de un año para que las empresas vendan muchas de sus licencias de radio y televisión. Ese plazo comenzó a correr el 9 de septiembre pasado, cuando el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1225/10, y vencerá semanas antes de las elecciones presidenciales.El Grupo Clarín planteó que ese corto período que estableció el artículo 161 para vender empresas, en rigor, produce un efecto mayor: viola el derecho de propiedad a explotar licencias hasta el vencimiento del plazo por el que fueron originalmente otorgadas y pidió que, mientras se tramita la causa, se le concediera una medida cautelar.Sin fisuras

El juez federal Edmundo Carbone concedió la cautelar en diciembre, decisión que fue respaldada por la Cámara Civil y Comercial Federal el 14 de mayo y que, ayer, fue confirmada por la Corte.

El fallo de la Corte es un duro revés para el Gobierno, que enfrenta públicamente al Grupo Clarín: el multimedio ahora no tendrá la obligación de desprenderse de sus empresas al menos hasta que se resuelva la controversia de fondo, algo que seguramente no ocurrirá antes del recambio presidencial, según calculan fuentes judiciales.Solución “equilibrada”De todos modos, el máximo tribunal buscó correrse del centro del conflicto en el que lo había colocado el Gobierno. La semana pasada las presiones habían alcanzado el mayor grado cuando, durante una manifestación realizada frente al Palacio de Justicia, Hebe de Bonafini prometió que le arrancaría a la Corte una sentencia favorable a la ley de medios. Y llamó a “tomar el Palacio” para exigirlo.Por eso, la Corte imaginó una solución componedora, que llamó “armónica y equilibrada”: le dio la razón a Clarín pero, al mismo tiempo, le brindó al Gobierno alguna esperanza para que continúe litigando.Los próximos pasosA partir de ahora, la causa volverá al juzgado federal de primera instancia, a cargo de Carbone, donde se concentrarán todas las expectativas oficiales. Para evitar que el juicio se prolongue por tiempo excesivo, la Corte le aconsejó al magistrado que fije un plazo de duración de la cautelar, durante el cual se sustanciará el juicio.Si bien Néstor Kirchner intentó mostrar que el fallo del alto tribunal es un éxito del Gobierno -porque el tribunal dijo que la ley, en términos generales, está vigente, algo que en este caso no está siendo discutido-, lo cierto es que la sentencia ratificó de forma contundente el pedido del Grupo Clarín.Los siete jueces del tribunal -Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton, Carmen Argibay, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi-mantuvieron la cautelar que beneficia a ese grupo y rechazaron el recurso extraordinario que había promovido el Gobierno, mediante un escrito del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha.Las diferencias surgen sólo en los fundamentos: Por un lado, Argibay y Petracchi, en una postura ortodoxa, se limitaron a decir que la medida cautelar no es una sentencia definitiva, por lo cual no puede ser revisada por la Corte, conforme lo establece el artículo 14 de la ley 48. Aplicaron la fórmula clásica de “falta de sentencia definitiva”.En cambio, los otros jueces prefirieron incluir el aludido guiño al Gobierno y requerirle al juez de primera instancia que sólo mantenga la cautelar por “un plazo razonable”.¿Cuánto es un plazo razonable? La Corte no lo aclaró. Por un lado, si el plazo de desinversión -ahora suspendido- era de un año, la cautelar debe necesariamente durar más tiempo. Y además el juez debe garantizar que las partes, Clarín y el Estado, tengan suficiente derecho a defensa en juicio.Debate de fondoEl debate de fondo, sobre la constitucionalidad de ese plazo de desinversión, se deberá tramitar, a partir de ahora, ante el juez federal Carbone, quien estudia la demanda promovida por Clarín.Para evitar que el juicio se dilate, la Corte aconsejó que el juez debe fijar un plazo (según su criterio) de vigencia de la cautelar.En todos los demás puntos que no están suspendidos, la ley de medios audiovisuales está vigente y es aplicable.Con información de El Litoral y La Nación

En un duro revés al Gobierno, la Justicia revocó la intervención a la empresa imponiendo un primer freno a las pretensiones del Ejecutivo conducido por Cristina Fernández de Kirchner de controlar la producción y suministro del papel para diarios.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dejó sin efecto la intervención en Papel Prensa y revocó el nombramiento del coadministrador judicial que había sido designado, en marzo pasado, a instancias del Gobierno.

El fallo fue firmado por unanimidad por los camaristas Juan R. Garibotto, José Luis Monti y Alfredo Kölliker Frers, que integran la Sala C, y es un duro revés para el Gobierno. Pero, además, el mismo tribunal dictó otras seis sentencias, todas favorables a Papel Prensa.

La decisión fue adoptada exactamente una semana después de que la presidente Cristina Fernández de Kirchner anunciara la decisión de denunciar ante la justicia penal a directivos de LA NACION y Clarín, accionistas mayoritarios de Papel Prensa, por la supuesta participación en delitos de lesa humanidad, y ante la justicia comercial por violaciones a la lealtad comercial.

Estas denuncias todavía no se concretaron, pero la decisión de la Cámara de Apelaciones expone, en términos categóricos, que la intervención judicial en Papel Prensa no tuvo fundamento alguno.

El fracasado plan del Gobierno

Papel Prensa es una empresa privada, en la cual el Estado es accionista minoritario. Sus representantes, incluso, jamás objetaron las decisiones societarias, pero el año pasado el Gobierno lanzó una feroz embestida para controlar la producción de papel y, por esa vía, controlar a los periódicos.

A instancias del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en noviembre fueron removidos los titulares de la Sindicatura General de la Nación y de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Y, a partir de dos resoluciones de la CNV que anularon sendas reuniones de directorio realizadas en Papel Prensa, Moreno solicitó y obtuvo que el juez comercial Eduardo Malde nombrara a un coadministrador. Tras la renuncia del primer funcionario judicial, Carlos Bianchi, fue designado Martín Arecha, que ayer cesó en sus funciones.

Fundamentos del fallo

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial fundamentó la sentencia con los siguientes argumentos:

El tribunal, en dos fallos dictados en las últimas semanas, había dispuesto la nulidad de las resoluciones 16.222 y 16.276 de la CNV, a cuya vigencia el propio juez Malde subordinó la continuidad de la intervención. Por eso, ahora dejó sin efecto la intervención que sólo se apoyaba en esas medidas.

“No se advierten acreditados la verosimilitud del derecho invocado ni el peligro en la demora” que pueden justificar la suspensión de las decisiones societarias y la intervención.

Frente al argumento del Estado que había denunciado defectos formales en la realización dos asambleas, en la adopción de decisiones societarias y en la presentación de los balances de la empresa ante la Bolsa de Comercio -Papel Prensa cotiza en Bolsa-, la Cámara de Apelaciones afirmó que el Estado hizo “una mera invocación de presuntos defectos formales”, que “no tienen relevancia”.

La supuesta irregularidad de que un balance trimestral llevara las firmas del presidente saliente de Papel Prensa y de quien lo reemplazó, “en rigor no es tal cosa”, determinó el tribunal. Los jueces señalaron: “Sólo con un uso forzado del lenguaje puede hablarse de una flagrante alteración, cuando lo cierto es que simplemente aparecen dos firmas de directores, la del presidente renunciante y la de quien lo sucedió”.

El Estado, cuando pidió la intervención, también invocó que la empresa no le suministraba información societaria. Papel Prensa siempre negó esta acusación y la Cámara de Apelaciones lo confirmó: “El pedido de información no parece comprometer el desenvolvimiento de la sociedad. El requerimiento de información adolece de una excesiva generalidad e imprecisión”.

La situación patrimonial de la sociedad podría surgir de la simple lectura de los estados contables de la sociedad. El tribunal interpretó que pedir otros datos sólo se justificaría si (el Estado) tuviese en miras la adquisición de la empresa. Así, la cámara parece aludir, en términos elípticos, a que la actitud del Estado parecía traslucir la intención de apoderarse del control de la empresa.

Fin de la intervención

Con el fallo de ayer, la intervención del coadministrador cesó. La empresa no está ahora intervenida. Sí seguirá en su cargo el doctor González Arzac, que había sido designado miembro del Consejo de Vigilancia.

La Cámara Comercial también rechazó los dos pedidos de agravamiento de la coadministración solicitados en distinta oportunidad por el Estado nacional y la CNV.

El tribunal desestimó, además, el pedido del Estado de suspender las reuniones de Directorio de la empresa celebradas el 9, el 13, el 21 y el 29 de abril de 2010.

Con el fallo, Beatriz Paglieri y otros directores que representan al Estado seguirán suspendidos, fuera de la sociedad, y permanecerán en funciones los directores suplentes hasta tanto se resuelva una apelación presentada por Papel Prensa. La CNV pretendió mantenerlos en sus funciones y la Cámara Comercial resolvió que la apelación de Papel Prensa tiene efecto suspensivo, con lo cual hoy son directores del Estado los suplentes, ya que los titulares han sido removidos.

Lidia apaleo pide protección

La viuda de David Graiver, Lidia Papaleo, solicitó ayer a la Fiscalía Federal que instruye la investigación sobre Papel Prensa que se le brinde la condición de testigo protegido, tras haber declarado el jueves pasado. Según informaron las fuentes judiciales consultadas, dijo tener “temor” por su vida. Su pedido será evaluado por un equipo de especialistas que determinarán si procede su petición. De prosperar, se le ofrecerá custodia policial, así como contención terapéutica. El fiscal Marcelo Molinas, en tanto, citó a declarar la semana próxima, también como testigo, a Rafael Ianover, ex testaferro de los Graiver.

Con información de La Nación

Tal como lo había anunciado, la empresa realizó una presentación judicial. A la defensa se sumaron un amparo presentado por un usuario y la acción de la oposición que presentrará un proyecto de ley para derogar la caducidad de las licencias. Las asociaciones de consumidores recomiendan no apurarse a cambiar de operador.

La resistencia a la ofensiva del gobierno contra Fibertel se canalizó en las últimas horas por distintas vías: mientras la oposición presentará un proyecto de ley para derogar la caducidad de la licencia y analiza una posible interpelación a Julio de Vido, comenzaron las presentaciones judiciales por parte de la propia empresa y los usuarios, que podrían estar acompañadas desde las agrupaciones de defensa del consumidor.

En su respuesta a la embestida del gobierno, la empresa Cablevisión -operadora del servicio de Internet a través de Fibertel- comunicó de inmediato sus intenciones de llevar el tema ante la Justicia. Pero además, en la jornada de ayer un cliente de la empresa presentó un recurso de amparo, por entender que la decisión del gobierno “afecta una serie de derechos, en especial el de libertad de elección”.

Así lo informó Luciano Lorenzetti, abogado patrocinante de Jorge Argentino Patricios, un cliente de Fibertel que como damnificado decidió recurrir la Resolución 100 de la secretaría de Comunicaciones.

Amparo

La demanda quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial Nº 6, a cargo de la jueza Marta G. Cirulli. Patricios presentó el amparo contra el Estado nacional y a la vez contra la empresa Cablevisión y fundamentó sus derechos “en la Ley de Defensa del Consumidor”, dijo el letrado.

Lorenzetti explicó que la presentación también se formuló contra la empresa en razón de ignorarse por el momento si Cablevisión acatará o no la resolución gubernamental, que dispuso la caducidad de la licencia.

La Secretaría de Comunicaciones dispuso otorgar a los clientes de Fibertel un plazo de 90 días desde la notificación de la Resolución 100 para que migren de proveedor; aunque la respuesta de la empresa fue aconsejar que no lo hagan, ya que combatirá judicialmente la medida y continuará prestando el servicio de manera regular. “No tenemos nada que ver con las partes, interpusimos la demanda como terceros, ya que se afecta la libertad de elección de mi cliente”, añadió por su parte el abogado Lorenzetti.

Al respecto, la Unión de Consumidores Argentinos recomendó a los usuarios que no tomen “decisiones apresuradas” en cuanto a que el servicio de la compañía “en ningún momento ha sido objeto de discusión”.

Defensa de la oposición

El planteo de la oposición al anunciar el proyecto de ley, la posible interpelación a De Vido e incluso una presentación ante la OEA, busca anticiparse a la resolución judicial del conflicto. Sin embargo, muchos consideran que esta última será la vía más expeditiva, ante las trabas que el oficialismo está en condiciones de interponer en el camino parlamentario.

Precisamente, al tener la conducción de la Cámara Baja, el kirchernismo puede mandar el tema a una gran cantidad de comisiones -incluyendo alguna de las que presiden sus aliados, como la de Comunicaciones-, para dilatar de manera indefinida el tratamiento. Y después, todavía resta el incierto escenario del Senado, donde las mayorías fluctúan.

Con información de El Litoral

La oposición festejó anoche la aprobación del proyecto en la Cámara Baja. El objetivo es transparentar la Justicia y quitar el poder de veto que tiene el oficialismo.

Como era de esperar, la oposición no esperó para celebrar la media sanción de la reforma al Consejo de la Magistratura, que busca limitar el poder del kirchnerismo en el órgano encargado de sancionar y desplazar jueces.

El jefe de bloque de diputados de Pro, Federico Pinedo, opinó que la reforma que promueve la oposición “asegurará la independencia” del Poder Judicial.

“En el régimen vigente en la actualidad, todos los jueces sabían que sin el voto de un kirchnerista no podían ser nombrados jueces y que no podían ser removidos sin el voto de un oficialista. Con la nueva composición podrán ser independientes del poder político”, ejemplificó.

Para la diputada Margarita Stolbizer (GEN-Buenos Aires), la iniciativa que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados esta madrugada y fue girada al Senado, “puede ayudar a darle transparencia a la Justicia”.

“Ese es uno de los principales reclamos de la sociedad. Sabemos que el Consejo no es el único problema, pero se trata de un órgano llamado a controlar el comportamiento de los jueces y puede contribuir a mejorar el Poder Judicial”, planteó la legisladora en declaraciones a radio Continental.

Desde la vereda de enfrente, la diputada ultrakirchnerista Diana Conti indicó que con la elevación del número de miembros del Consejo “se vuelve a una sobredimensión” del cuerpo, algo que juzgó como “completamente innecesario”.

“Además, con la composición propuesta por la oposición se pierde la representación popular, que es esencial para la democratización del sistema judicial”, concluyó.

Los cambios que se introducen

El proyecto votado propone aumentar de 13 a 18 los integrantes del Consejo, la restitución de la presidencia del cuerpo a la Corte Suprema, darle al Consejo una conformación con menos representantes del poder popular y reducir de 5 a 3 los miembros que responden al oficialismo.

En la actualidad, el cuerpo lo conforman seis legisladores (cuatro del kirchnerismo y dos de la oposición), tres jueces, dos abogados, un académico y un representante del Poder Ejecutivo.

Si la iniciativa se convirtiera en ley, se sumarían dos académicos (uno de ellos, proveniente de las ciencias sociales), dos abogados y el presidente de la Corte Suprema, que pasaría también a presidir el Consejo. Este último no integraría comisiones y sólo podría votar en casos de empate y en las decisiones que requieren reunir una mayoría de dos tercios del cuerpo, como la designación o el enjuiciamiento de magistrados.

Además, de los seis legisladores, sólo dos le corresponderían al oficialismo, mientras que los otros cuatro representarían a la oposición.

Sin veto para el oficialismo

Los cambios apuntan a quitarle al oficialismo el poder de veto que tiene, después de la reforma sancionada en 2006, en las votaciones para postular o declarar el juicio político a un magistrado. Para esas decisiones se requiere el voto de dos tercios del cuerpo, es decir, de 9 de los 13 consejeros, mayoría que resulta inalcanzable sin el apoyo de por lo menos uno de los cinco representantes del oficialismo.

Con información de La Nación