La Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) pidió  la inconstitucionalidad de 40 artículos por asfixiar a los medios privados. La entidad representa a los medios privados abiertos.

Hace una semana, la Corte Suprema confirmó que el artículo 161 de la ley 26.522, que estableció un plazo de un año para que las empresas de comunicación vendan muchos de sus canales y señales, no se aplica al Grupo Clarín, porque está suspendido. El grupo Vila impulsa una demanda similar.

Sin embargo, una nueva presentación pone de relieve que la ley 26.522 busca producir un efecto que excede en mucho al Grupo Clarín o al grupo Vila: la demanda, firmada por Carlos Molinero, presidente de ATA, y el constitucionalista Gregorio Badeni, sostiene que la ley “pretende asfixiar económica y financieramente a todos los medios privados, para hacerlos inviables, y los coloca en una situación de desventaja frente al nuevo sistema de medios públicos”.

Algunos de los cuestionamientos más delicados son:

    * Si un licenciatario quiere transmitir en forma simultánea un programa nacional, debe pedir autorización a la Autoridad Federal de Aplicación (Afsca), que puede demorarse hasta 60 días en responder. Eso le hará perder audiencia y publicidad.

    * La ley también establece numerosas prohibiciones a las transmisiones que puede hacer un canal local, lo que afecta los contenidos que difunde.

En ese sentido la ley y el decreto 1225/10 disponen que una emisora provincial adherida a una red no puede cubrir con esta programación más del 30 por ciento de sus emisiones diarias, mientras el artículo 63 obliga a que esa emisora local, durante las cuatro horas del prime time (de 19 a 23), deba transmitir dos horas de producciones locales propias (el noticiero y otra hora de información propia). Los canales tendrán menos espacio para transmitir programas de alto rating.

    * Cada canal de TV abierta deberá comprar ocho películas por año, aun cuando no hayan empezado a rodarse y no se conozca su calidad, y el estreno televisivo deberá hacerse en el horario central. Así, la televisión privada financiará el cine.

    * Los canales privados deberán ceder obligatoriamente sus espacios para transmitir: 1) temas de interés relevante, como un evento deportivo; 2) publicidad política durante las campañas electorales, mientras que no podrán recibir pauta publicitaria de los partidos; 3) la cadena nacional, provincial o municipal. y 4) poner avisos de interés público que determine Afsca.

    * Del mismo modo, otra restricción que sólo afectará a los canales privados será la de que no podrán tener un alcance superior al 35% de la población nacional.

    * Además, el Estado podrá asfixiar a un medio privado de un determinado distrito autorizando que opere una pluralidad de canales oficiales.

La demanda, radicada en el juzgado federal de Guillermo Rossi, se suma a otros planteos promovidos por grupos de medios y por asociaciones de consumidores. Lo que demuestra que la ley está lejos de lograr una aplicación pacífica.

Con información de La Nación

En una decisión tomada por unanimidad, la Corte Suprema Decidió que el artículo 161 que beneficiaba al Grupo Clarín que no deberá deshacerse de las señales de TV y radio, no se aplicará por un año.

La resolución de ayer de la Corte es sólo aplicable a Clarín, porque fue la empresa que interpuso el reclamo judicial de no innovar. Sin embargo, el precedente de los jueces de primera y segunda instancia, y la ratificación de ayer del máximo tribunal pueden servir como jurisprudencia para que otras empresas de medios hagan similares presentaciones. Indirectamente, esa resolución podría serles útil, por ejemplo, a Cadena 3, de Córdoba, o al español Grupo Prisa, que están obligados, como lo estaba Clarín, a desinvertir en el plazo de un año.

De todas maneras, el debate judicial acerca de la obligación de vender empresas de medios no quedará saldado antes de la elección presidencial de 2011.La sentencia del alto tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, fue dictada por unanimidad de sus siete miembros y lleva, incluso, la firma de Raúl Zaffaroni, el magistrado más cercano al Gobierno. El fallo beneficia en forma clara al Grupo Clarín, pero el tribunal, que estuvo sujeto a muy fuertes presiones del Gobierno, quiso dar una señal de que busca armonizar intereses en conflicto.Para evitar que el debate judicial sobre la constitucionalidad del controvertido artículo 161 se prolongue indefinidamente, la Corte aconsejó que el juez de primera instancia fije un “plazo razonable” para resolver la cautelar y el juicio. Esto le permitió a Néstor Kirchner elogiar el fallo de la Corte y considerar que el plazo razonable vence en septiembre del año próximo. En la Corte, en cambio, consideran que debe ser bastante mayor a un año para permitir que las partes se defiendan en el juicio.Suspensión en Santiago del EsteroAsimismo, ayer también se conoció otra sentencia dictada por el juez federal de Santiago del Estero, Eduardo Coroleu, que suspendió la aplicación de dieciséis artículos de la ley a pedido aplicación de 16 artículos de la ley a pedido del grupo de medios Ick, que opera en esa provincia dos radios y un canal de televisión. El Grupo Ick planteó que la ley no puede afectar retroactivamente licencias que se extienden, en algunos casos, hasta 2036, sobre las que tiene un derecho adquirido.Luego de la sanción de la ley 26.522, los grupos Clarín, Uno e Ick iniciaron diversas demandas para cuestionar, principalmente, los límites a la multiplicidad de licencias, las limitaciones a las trasmisiones en red y el plazo de desinversión.El planteo del Grupo Clarín apuntó al artículo 161, que estableció un plazo de un año para que las empresas vendan muchas de sus licencias de radio y televisión. Ese plazo comenzó a correr el 9 de septiembre pasado, cuando el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1225/10, y vencerá semanas antes de las elecciones presidenciales.El Grupo Clarín planteó que ese corto período que estableció el artículo 161 para vender empresas, en rigor, produce un efecto mayor: viola el derecho de propiedad a explotar licencias hasta el vencimiento del plazo por el que fueron originalmente otorgadas y pidió que, mientras se tramita la causa, se le concediera una medida cautelar.Sin fisuras

El juez federal Edmundo Carbone concedió la cautelar en diciembre, decisión que fue respaldada por la Cámara Civil y Comercial Federal el 14 de mayo y que, ayer, fue confirmada por la Corte.

El fallo de la Corte es un duro revés para el Gobierno, que enfrenta públicamente al Grupo Clarín: el multimedio ahora no tendrá la obligación de desprenderse de sus empresas al menos hasta que se resuelva la controversia de fondo, algo que seguramente no ocurrirá antes del recambio presidencial, según calculan fuentes judiciales.Solución “equilibrada”De todos modos, el máximo tribunal buscó correrse del centro del conflicto en el que lo había colocado el Gobierno. La semana pasada las presiones habían alcanzado el mayor grado cuando, durante una manifestación realizada frente al Palacio de Justicia, Hebe de Bonafini prometió que le arrancaría a la Corte una sentencia favorable a la ley de medios. Y llamó a “tomar el Palacio” para exigirlo.Por eso, la Corte imaginó una solución componedora, que llamó “armónica y equilibrada”: le dio la razón a Clarín pero, al mismo tiempo, le brindó al Gobierno alguna esperanza para que continúe litigando.Los próximos pasosA partir de ahora, la causa volverá al juzgado federal de primera instancia, a cargo de Carbone, donde se concentrarán todas las expectativas oficiales. Para evitar que el juicio se prolongue por tiempo excesivo, la Corte le aconsejó al magistrado que fije un plazo de duración de la cautelar, durante el cual se sustanciará el juicio.Si bien Néstor Kirchner intentó mostrar que el fallo del alto tribunal es un éxito del Gobierno -porque el tribunal dijo que la ley, en términos generales, está vigente, algo que en este caso no está siendo discutido-, lo cierto es que la sentencia ratificó de forma contundente el pedido del Grupo Clarín.Los siete jueces del tribunal -Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton, Carmen Argibay, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi-mantuvieron la cautelar que beneficia a ese grupo y rechazaron el recurso extraordinario que había promovido el Gobierno, mediante un escrito del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha.Las diferencias surgen sólo en los fundamentos: Por un lado, Argibay y Petracchi, en una postura ortodoxa, se limitaron a decir que la medida cautelar no es una sentencia definitiva, por lo cual no puede ser revisada por la Corte, conforme lo establece el artículo 14 de la ley 48. Aplicaron la fórmula clásica de “falta de sentencia definitiva”.En cambio, los otros jueces prefirieron incluir el aludido guiño al Gobierno y requerirle al juez de primera instancia que sólo mantenga la cautelar por “un plazo razonable”.¿Cuánto es un plazo razonable? La Corte no lo aclaró. Por un lado, si el plazo de desinversión -ahora suspendido- era de un año, la cautelar debe necesariamente durar más tiempo. Y además el juez debe garantizar que las partes, Clarín y el Estado, tengan suficiente derecho a defensa en juicio.Debate de fondoEl debate de fondo, sobre la constitucionalidad de ese plazo de desinversión, se deberá tramitar, a partir de ahora, ante el juez federal Carbone, quien estudia la demanda promovida por Clarín.Para evitar que el juicio se dilate, la Corte aconsejó que el juez debe fijar un plazo (según su criterio) de vigencia de la cautelar.En todos los demás puntos que no están suspendidos, la ley de medios audiovisuales está vigente y es aplicable.Con información de El Litoral y La Nación

La presidente Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto que fue publicado esta mañana en el Boletín Oficial entrando en vigencia.

El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto de reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, impulsada por el Poder Ejecutivo y sancionada por el Congreso hace poco más de un año.

La articulación de la norma 26.522, también conocida como Ley de Medios, fue oficializada mediante del decreto 1225/2010, firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y entrará en vigencia desde hoy.

El decreto faculta además a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual a dictar las normas complementarias y aclaratorias de la reglamentación que se aprueba por el presente decreto.

Agrega que “el decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial”.

El decreto lleva la firma de la presidente Cristina Kirchner y del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Con información de Télam

En el V encuentro de banda ancha y cable módem se afirmó que la nueva normativa desmantelará la industria y frenará el desarrollo de Internet.

Los operadores de televisión por cable criticaron con dureza ayer la nueva ley de medios, al considerar que su aplicación puede provocar el “desmantelamiento” de la industria, privar a la sociedad del acceso a Internet y discriminar al sector, y acusaron a las empresas telefónicas de frenar su negocio.

Las críticas se escucharon en el salón del hotel Presidente de Rosario, el lugar en el que se desarrolló el V° Encuentro Internacional de Banda Ancha y Cablemódem.

En la mesa inaugural, Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), destacó que la ley de medios “pone en peligro a las pequeñas y medianas empresas, permite también el ingreso de las telefónicas y habilita el uso de la red dominante para dar servicios que estaban excluidos”.

“Amén de eso, a las empresas de cable se les limita la licencia por 10 años, para una inversión enorme, en tanto que las telefónicas tienen 99 años. Más clara discriminación, imposible”, argumentó Burzaco.

El presidente de la ATVC agregó que la “ley está afectando a 700 pymes con el ingreso de las cooperativas que monopolizan los servicios públicos, y frena el desarrollo de Internet, al poner barreras al cable con límites absurdos que no se imponen a los dos proveedores telefónicos monopólicos, en desmedro de la inversión tecnológica de punta que hizo el cable. Es más: esta ley no menciona Internet en sus más de 166 artículos”.

En sintonía con el representante de la industria, Roberto Nobile, subgerente general de Cablevisión, una de las empresas del Grupo Clarín a la que el Gobierno hostiliza con la anulación de la fusión con Multicanal, subrayó la ausencia de la Web en la normativa: “Esto significa que nuestro país no va a hacia la convergencia”, dijo.

Límites

“En Estados Unidos se liberó el tope para que las empresas sigan creciendo. Acá ponemos un límite, que recorta las posibilidades de dar cablemódem en todo el país, y se produce un debilitamiento de los cables frente a las telefónicas”, dijo Nobile, y añadió: “Lo que se busca es atomizar los cables, hacerlos cada vez más chicos. Esto tiene como resultado que se pierda la escala y por la tanto la posibilidad de innovación tecnológica, con el riesgo de aumentar la brecha digital. Además, el límite a las licencias hace que se detenga la inversión”.

Nobile se refirió también a la telefonía y al freno impuesto por los entes reguladores oficiales para que Fibertel, proveedor de banda ancha del grupo, pueda ofrecerla. “Fibertel generó productos, pero no los ha podido lanzar. Se trata de un tema pendiente porque el ente no hace lo que tiene que hacer y las telefónicas no nos dan las tramas de interconexión para poder dar el servicio”, sostuvo.

Fabián Di Cicco, gerente general de la Red Intercable, que agrupa a cables del interior, también se refirió al rol de las telefónicas.

“Las telefónicas juegan un doble rol como mayoristas y minoristas. Como minoristas compiten con nosotros y como mayoristas son nuestros proveedores. Este último caso genera un problema, porque se juega con los tiempos de conexión e instalación, produciendo demoras, y además manejan los costos, por lo tanto operan contra nuestra posibilidad de crecimiento.”

Fuera de las empresas

Las críticas no fueron propiedad exclusiva de los cableoperadores. Tras repasar varios artículos de la ley de medios, Carlos Winograd, ex secretario de la Competencia durante el gobierno de la Alianza, concluyó que “opera sobre una de las industrias más dinámicas del mundo contemporáneo” y “el límite de licencias hace a la desafiabilidad del mercado”.

Por su parte, Martín Lousteau, ex ministro de Economía, denunció “la falta de una visión empresaria y tecnológica” en la ley, que hará que “tengamos que corregir no el error de la ley, sino el inconveniente que ésta produzca”.

Con información de La Nación

“El Gobierno actúa con ilegalidad”, resumió la diputada Silvana Giúdici al criticar el uso discrecional que hace el interventor del Confer de las dos leyes de medios audiovisuales.

Según publicó días atrás el diario Clarín , el interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, reasumió sus funciones y entregó durante la última semana “105 licencias para radios FM en 19 provincias de todo el país”. Es decir, mientras el Comfer sigue operando, también pretende hacerlo la nueva Autoridad de Aplicación Federal (Afsca), y ambos organismos están presididos por Mariotto.

“Ningún organismo de aplicación creado con posterioridad puede existir mientras el viejo Comfer siga funcionando”, cuestionó Giúdici, en declaraciones a la agencia DyN.

“Si Mariotto sigue aplicando la ley de la dictadura para beneficiar a algunos e instrumentando la ley de la democracia para intentar callar a otros, protagoniza una demostración más de la clara ilegalidad con la que se mueve el kirchnerismo”, dijo la diputada. “Al autorizar el funcionamiento de 105 radios en 19 provincias, Mariotto ratifica que el Comfer sigue vivito y coleando y que es la autoridad de aplicación de la ley vigente, es decir, la 22.285″, dijo la diputada en un comunicado.

Por eso, añadió, “las designaciones de Mariotto, Manuel Baladrón, Jorge Capitanich y Eduardo Seminara -hechas por la presidente Cristina Fernández de Kirchner- al frente del nuevo organismo creado por la ley 26.522 son nulas mientras el Comfer siga dictando actos administrativos”, afirmó. “Es imposible en el derecho administrativo que coexistan dos organismos de aplicación en la misma materia, pero además está claro que la ley se servicios audiovisuales no está vigente hasta que se constituyan todos sus organismos de manera completa y comiencen a regir sus plazos”, remarcó.

Con información de La Nación

En una semana sufrió tres fallos en contra. Esta vez, una jueza se valió de las irregularidades durante su tratamiento en el Congreso para suspender la aplicación en Mendoza.

El tercer fallo contra la ley de medios en menos de una semana fue dictado ayer en Mendoza por la jueza federal Olga Pura de Arrabal, para quien la ley debe quedar suspendida hasta que se resuelva si corresponde avanzar con un amparo que analice la inconstitucionalidad de la norma. Esto ocurre porque el proceso de sanción habría estado viciado de nulidad, sin respetarse los tiempos y el reglamento legislativo vigente, según denunció un diputado antikirchnerista.

Dudas por la desprolijidad del tratamiento legislativo

Si bien otros dos fallos anteriores que se dictaron en la Capital Federal y en Salta cuestionaron la constitucionalidad de varios artículos de la ley, esta resolución apunta a la forma en que se armó la polémica ley de servicios de comunicación audiovisual, impulsada por el gobierno kirchnerista.

La denuncia fue presentada por el diputado nacional Enrique Thomas, representante del peronismo disidente y aliado al vicepresidente Julio Cobos, quien sostuvo que hubo un “cúmulo de irregularidades” en el tratamiento que el proyecto tuvo en las comisiones previo a su aprobación.

Consideran que la ley es inaplicable

Thomas fue patrocinado por el ex juez federal Luis Leiva, quien —por su parte— aseguró que este fallo implica que la ley “no puede ser aplicada en ningún punto del país mientras esté vigente esta medida cautelar” y señaló que “planteamos no solamente la inconstitucionalidad sino la nulidad de la ley de medios K en razón de la violación de todos los reglamentos”.

En su presentación, el diputado Thomas había advertido que los miembros de las comisiones de Comunicaciones e Informática, Presupuesto y Hacienda y Libertad de Expresión de la Cámara baja no habían podido “conocer a ciencia cierta en qué consistía el dictamen de mayoría”.

Además, el diputado sostuvo que fue “irregular” la “constitución del quórum” para tratar la propuesta del Ejecutivo nacional y señaló que fue “intempestiva” la convocatoria “a una sesión especial, con escasas horas de anticipación”.

La jueza Arrabal valoró los argumentos en donde se indicaba que la ley podría haberse dictado “con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, en violación de los procedimientos y formas previstos en el Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, y de tal manera violando el legítimo ejercicio de los derechos, deberes funcionales que la Constitución nacional otorga a los diputados de la Nación”.

Para el Gobierno no es el fin

“La batalla por la ley de medios no está perdida”, advirtió el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández quien además señaló: “No esperemos que los monopolios que siempre hicieron lo que se les antojó acaten esto mansamente”.

Fernández advirtió que la Casa Rosada apelará cada una de las decisiones del Poder Judicial contra la aplicación de la ley.

Con información de La Capital y La Nación

Aníbal Fernández rechazó dos veces los dictámenes de los jueces, tanto en  el desalojo del gremio de los aeronavegantes como en el fallo de la Corte contrario a la ley de medios.

Intervención del gremio

El Jefe de Gabinete intentó explicar su comportamiento en el caso del gremio de los aeronavegantes con una conferencia de prensa especialmente para defender su posición de no acatar la orden judicial.

Intentó contrarrestar la embestida de la Corte Suprema y del Congreso, que lo cuestionaron por su comportamiento. “No hay una vocación de interpretar la Constitución; yo no la interpreto, la interpretan solamente los jueces”, aclaró Aníbal Fernández ayer al mediodía, desde el Salón Sur de la Casa Rosada.

En un detallado informe, Fernández explicó que había decidido frenar una orden judicial porque existían fallos contrapuestos.

Por esa decisión, el jefe de Gabinete recibió críticas de los ministros de la Corte Carmen Argibay y Carlos Fayt. Este último magistrado reiteró ayer sus cuestionamientos, aunque lo disculpó. “Fernández es un piloto de tormentas que tiene que parar todos los golpes y a veces se equivoca”, planteó Fayt, y pidió “salir de la crispación”.

Para el jefe de Gabinete, gracias a su decisión de no acatar el fallo que establecía el desalojo del gremio se evitaron muertes. “Los dos sectores en pugna eran muy importantes y cualquier acción que el Estado tomara implicaba necesariamente una situación de enfrentamiento que se sabe cómo empieza pero no se sabe cómo termina”, sostuvo.

Ley de medios

La Corte Suprema podría invalidar la ley de medios y esto desató la ira de Aníbal Fernández quien hostigó al juez que falló en contra. Dijo que el juez “no está en sus cabales” y que actuó “bajo presión”.

La primera derrota judicial de la ley de medios desató ayer fuerte nerviosismo y preocupación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque descuenta que el conflicto llegará a la Corte Suprema, que podría invalidar la norma. Por eso el jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, en otra descalificación al Poder Judicial, acusó al juez que dictó ese fallo, Edmundo Carbone, de “no estar en sus cabales” y de “no tener competencia” sobre el asunto.

Sugirió, incluso, que actuó por presiones del Grupo Clarín, impulsor de la acción contra la ley de medios. “Lo que dicen en las cercanías de este señor es que la presión por parte del monopolio ha sido altísima”, dijo.

También, el ministro de Justicia, Julio Alak, consideró a la medida cautelar “sorprendente y extraña”, al tiempo que vaticinó que “seguramente será revocada”.

Ante un recurso de Clarín, la medida cautelar del juez civil y comercial Carbone suspendió los artículos 41 y 161 de la ley de medios. Son los que obligan a los grupos empresarios a vender compulsivamente en el plazo de un año las señales de radio y televisión que excedan el número permitido en la ley sin invocar derechos adquiridos.

Esos artículos fueron considerados inconstitucionales, retroactivos, y violatorios del derecho a la propiedad privada.

El Gobierno apelará el plazo

Según confirmó el presidente del nuevo Comfer, Gabriel Mariotto, el Gobierno apelará ante la Cámara Civil de la Capital Federal en el plazo obligatorio de cinco días. En ello trabaja la Autoridad Federal de Medios, de Mariotto, y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini.

“El conflicto llegará a la Corte Suprema el año próximo. Acá la guerra es por el plazo de un año. Los medios quieren que no rija durante el gobierno de los Kirchner”, confió una alta fuente de la Casa Rosada.

Con información de La Nación

Sancionada la ley de medios, el gobierno avanza con la creación de la nueva autoridad de aplicación que tendrá gran influencia política.

El actual interventor en el Comfer, Gabriel Mariotto, y el diputado y presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, el pampeano Manuel Baladrón, serían los candidatos designados por el Poder Ejecutivo. Sus nombres deberían estar publicados hoy en el Boletín Oficial, según publicó el diario La Nación.

Ayer, el Consejo Federal nombró a quien era su presidente, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, como uno de sus representantes para la autoridad de aplicación, y por el sector académico quedó designado Eduardo Seminara, vicerrector de la universidad de Rosario, cercano al jefe del bloque oficialista en la Cámara baja, Agustín Rossi.

La autoridad de aplicación es el órgano que reemplazará al Comfer y estará integrada por siete miembros: dos del Poder Ejecutivo, dos del Consejo Federal y tres en representación del Congreso. Estos últimos, ante la negativa de la oposición a integrar el órgano con la actual composición parlamentaria, todavía no se definieron. Uno de los hombres que aportaría el oficialismo es Claudio Schifer, un abogado de perfil técnico que trabaja en la Comisión de Comunicaciones del Senado, que preside el jujeño Guillermo Jenefes.

Por los plazos que estableció la presidente en un decreto reglamentario de la norma, el próximo 10 de diciembre el nuevo organismo de control ya deberá estar en funcionamiento.

Con información de La Nación

El titular de la FAA le hizo saber al gobernador Hermes Binner que el sector se opone al aumento al inmobiliario rural y debatió con el sobre otras dos situaciones que preocupan a los productores agropecuarios.

El gobernador Hermes Binner recibió hoy a la mañana en la sede de la gobernación en Rosario al presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), quien le llevó la invitación formal para el congreso de la entidad, que se desarrollará desde mañana en la ciudad. El dirigente agropecuario aprovechó el encuentro con el mandatario santafesino para conversar sobre tres puntos, preocupantes para los representantes del sector.

En el hall de la sede de gobierno, Buzzi enumeró sus “preocupaciones”, como el posible incremento del impuesto inmobiliario rural, que estaría incluido en un paquete de retoques impositivos que la actual administración negocia actualmente con la oposición.

La segunda es la posibilidad de que en la provincia se establezca el cobro de una tasa de embarque, como se dispuso en las terminales portuarias de la provincia de Buenos Aires, tras la aprobación de una reforma impositiva. “Queremos que no se cobren tasas de embarque en los puertos de Santa Fe, donde es infinitanente más grande el movimiento del sector agropecuario”, sostuvo Buzzi.

Ley de medios audiovisuales

La última, donde más hizo hincapié el titular de la FAA, la ley de Medios, que se encuentra en el Senado de la Nación.

“Nos parece importante que conversemos más tranquilos con el gobernador en un momento difícil en muchos sentidos, donde hay mucha crispación de la sociedad, y de gran preocupación por el rumbo de la economía”, expresó el dirigente.

Dirigentes cercanos a Buzzi advirtieron que el titular de la entidad le avisó al gobernador que es posible que durante la apertura del Congreso, que se realizará en el Patio de la Madera, podrían surgir algunas muestras de descontento contra el gobernador, por la postura que tomó el socialismo con la aprobación de la ley de Medios en la Cámara de Diputados de la Nación.

“Queremos conocer formalmente la opinión del gobernador sobre la nueva ley de Radiodifusión. El socialismo ha tenido posturas críticas pero terminó aprobando la ley”, manifestó Buzzi.

El campo sigue crispado

El presidente de FAA, que pasado mañana será reelecto en la conducción de la entidad, lanzó duras críticas al gobierno nacional por la “desastrosa” situación en la que se encuentra el sector agropecuario. “Uno ve que se anuncian una serie de medidas que nunca se llevan a la practica. Es algo típico de este gobierno, que nunca concreta nada. Un ejemplo claro es lo que ocurre con las carnes. No se está exportando cuota Hilton y la situación es cada vez más aguda. O con el tema del cereal. No se conocen los decretos sobre maíz y trigo. Nadie los vio”, dijo.

Con información de El Litoral y La Capital