El gobierno introdujo 200 modificaciones que difícilmente podrán ser analizadas para la sesión de hoy en la Cámara de Diputados. La oposición insiste en evitar promulgar una ley cuyas consecuencias serán lamentables. Conozca los puntos que cambiaron y la postura de los bloques.

“¡Es increíble, más de 160 artículos, 200 modificaciones que ni siquiera pudimos analizar y ya convocan para mañana [por hoy] a una sesión especial!”, criticaba, de viva voz, la radical Silvana Giudici, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, mientras sus colegas hacían malabares para seguir, punto por punto, la lectura de los últimos cambios.

El bloque de Solidaridad e Igualdad (SI) y Proyecto Sur, el partido de Pino Solanas votarán a favor. Sin embargo Pino advirtió que hasta no ver por escrito que las Telefónicas están excluidas no comprometía su voto.

Las principales modificaciones anunciadas por el gobierno al proyecto de comunicación audiovisual son las siguientes:

Sin censura

En el inciso A del artículo 3, que dice “la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas”, se agregó “sin censura”.

Emisoras comunitarias

En el caso de las emisoras comunitarias (art. 4), aclara que “en ningún caso se las entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida”.

Órgano de control

Sobre la autoridad de aplicación, el artículo 10 dice que “créase como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) como autoridad de aplicación de la ley”.

El artículo 11 refiere que la AFSCA “deberá establecer al menos una delegación en cada provincia o región de ellas o ciudad, con un mínimo de una delegación en cada localidad de más de 500.000 habitantes”.

Sobre las misiones y funciones de la AFSCA, el artículo 12 agrega que “será objeto de control por parte de las Sindicatura General y la Auditoría General de la Nación” y que “es obligación del directorio dar a sus actos publicidad y transparencia en recursos, gastos, nombramientos de personal y contrataciones”.

En el artículo 14, el directorio estará formado por 7 miembros y no 5, como en el anterior proyecto, conformado por un presidente y un director designados por el Ejecutivo; tres directores, propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CFCA).

Añade que la conformación del directorio se efectuará dentro de los dos años anteriores a la finalización del mandato del presidente de la Nación, debiendo existir dos años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Ejecutivo. Y refiere que el presidente y los directores sólo podrán ser removidos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones.

En el artículo 15, el CFCA propondrá, además de dos directores, a dos directores de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y podrá remover a miembros del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual por el voto de los dos tercios de sus integrantes.

En el artículo 18 la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación podrá “remover por incumplimiento o mal desempeño de su cargo al defensor del público mediante el voto de los dos tercios de sus integrantes”. El defensor del público “será designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras” (artículo 20).

Redes de radio y TV

El artículo 62 señala que “no podrán constituirse redes de radio y/o televisión entre licenciatarios con una misma área de prestación, salvo que se tratase de localidades de hasta 50.000 habitantes y siempre que se trate de retransmisión de contenidos locales”. Y en el artículo 63 “para la transmisión de acontecimientos de interés relevante se permite sin limitaciones la constitución de redes de radio y televisión abiertas”.

Contenidos

El artículo 65 indica que los servicios de radio y TV abierta “deberán emitir un mínimo de 30% (antes 20%) de producción local independiente cuando se trate de estaciones localizadas en ciudades con más de 1.500.000 habitantes” y “cuando se encuentren en poblaciones de más de 600.000 habitantes, un mínimo del 15% de producción local independiente y un mínimo del 10% en otras localizaciones”.

Los puntos discutidos que aún persisten

Se mantienen los artículos que obligan a los multimedios a desprenderse de empresas en un plazo de un año, y otros puntos muy cuestionados por la oposición y por la industria audiovisual.

“Hay que avanzar a un ente autónomo con control parlamentario”, puntualizó el legislador electo.

Con información de La Capital y La Nación

Para evitar el rechazo del Congreso, el oficialismo nacional estaría dispuesto a reealizar algunas modificaciones en el proyecto de ley sobre medios audiovisuales.

El Gobierno ha comenzado, en las últimas horas, a mostrarse permeable a hacer retoques a su proyecto de ley de servicios audiovisuales, ante la inquietante posibilidad de que la iniciativa, tal como está, sea rechazada por el Congreso, sobre todo en el Senado.

A cuatro días de la presentación oficial, y con el apuro de la presidente para que se debata lo antes posible, un grupo de legisladores oficialistas empezó a negociar en los despachos del Congreso de cara a la discusión en ambas cámaras.

El punto en que el oficialismo estaría dispuesto a ceder

Según confiaron tres altas fuentes del Gobierno y legisladores oficialistas, hay disposición a hacer cambios en un punto que la oposición marcó como uno de los más conflictivos de la iniciativa: la autoridad de aplicación de la ley, que dejará en manos del Poder Ejecutivo la revisión, cada dos años, de los licenciatarios de frecuencias.

El jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, reconoció que buscarán el consenso sobre la iniciativa, pero insistió, en contra de la postura opositora, en que intentarán aprobarla antes del 10 de diciembre, momento en que se renovará el Congreso.

Las críticas a la entidad de control

La iniciativa oficialista plantea la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, integrada por tres representantes del Gobierno y dos del Congreso. Los bloques Solidaridad e Igualdad, Proyecto Sur, Diálogo por Buenos Aires y Forja rechazan la idea de que esta entidad dependa del Poder Ejecutivo y proponen la creación de un órgano autárquico. Entre los proyectos que ya están redactados por otros legisladores, uno establece la posibilidad de que la autoridad de aplicación esté integrada por nueve miembros: seis en representación del Parlamento y tres del Poder Ejecutivo, lo que dará margen de acción a la representación legislativa que alcance un gobierno. En este artículo el Gobierno abrirá el proyecto a debate, si logra convencer al grupo de aliados y de los sectores menos críticos.

Cristina Fernández apurada por aprobar la ley

El apuro de la presidente en sancionar la ley obligó a que hoy el interventor en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, se reúna con la bancada kirchnerista en Diputados. Será un encuentro a puertas cerradas, por lo que algunos diputados aprovecharán para plantear sus reparos a la norma, a la espera de que el funcionario anticipe si hay posibilidades de cambios. No obstante, funcionarios y diputados anticiparon ayer que el Gobierno aceptará modificaciones. Algunos pudieron evacuar sus dudas con el número dos del Comfer, Luis Lázaro, uno de los funcionarios que redactaron el proyecto, que anticipó que se podrían hacer retoques. El Gobierno se está moviendo en pleno para consensuar posturas en la Cámara de Diputados, bajo la coordinación del secretario legal y técnico, Carlos Zannini.

Desacuerdo sobre las telefónicas y la televisión por cable

Otro de los artículos duramente resistidos en el Congreso es el que habilita a las empresas de servicios públicos, como las telefónicas, a prestar servicio de cable, algo que tenían expresamente prohibido por el pliego de privatización y que en la mayoría de los proyectos que ya existen en el Parlamento tenían restringido el acceso.

Ayer, el titular del bloque SI, Eduardo Macaluse, anticipó su desacuerdo. “Tememos que se conformen nuevos monopolios, esta vez a manos de las telefónicas”, advirtió. En la Casa Rosada ya está definido que las empresas telefónicas estarán habilitadas. En eso no hay dudas. Pero según anticiparon en el Gobierno, se podrían introducir restricciones, como obligar a las compañías a desprenderse de parte de la red de telefonía, lo que implicará que se desmonopolicen previamente.

Hoy, el mayor escollo para la Casa Rosada es conseguir el quórum en la Cámara baja: necesita sumar el apoyo de otros 18 legisladores para arrancar la sesión. Pero en el bloque oficialista hay voces que disienten de la iniciativa, entre ellas los cinco diputados que responden al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, que ya reclamó cambios de fondo al proyecto. También expresó sus dudas el salteño Marcelo López Arias.

La opinión de los constitucionalistas

Dos de los más prestigiosos abogados constitucionalistas del país manifestaron a su rechazo al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Ricardo Monner Sans tildó al apurado debate que fogoneará a partir de esta semana el oficialismo K en el Congreso de la Nación de “oportunista, mentiroso y devaluador de la República”. En tanto, Daniel Sabsay advirtió de que la iniciativa va “en contra del principio de seguridad jurídica” y del artículo 17 de la Constitución nacional.

Monner Sans, quien hace poco más de un mes presentó una denuncia ante un juez federal para que se investigue a la primera mandataria y a su esposo, Néstor Kirchner, por presunto enriquecimiento ilícito, fue directo al hueso al decir que “el debate por la ley de servicios de comunicación audiovisual está hecho desde el oportunismo y sólo para los intereses del matrimonio presidencial. Si en la Argentina seguimos con este tipo de discusiones, estamos propiciando un debate mentiroso y devaluador de la República”.

El letrado evitó brindar detalles desde el punto de vista de la legalidad del articulado del proyecto aduciendo “falta de tiempo para leer las 163 páginas” de la iniciativa K, y agregó: “Es necesaria una nueva ley de medios pero entendiéndola desde el debate plural y no desde Olivos-Balcarce 50”, con referencia a la residencia oficial del matrimonio Kirchner y la Casa Rosada, sede del Ejecutivo nacional.

Monner Sans comparó el apurado debate que el oficialismo pretende dar sobre la norma que regularía los servicios de comunicación audiovisual con el nuevo rol del Estado en la televisación de los partidos de fútbol de primera división de la Argentina o “con la estatización de las AFJP, donde el Gobierno necesitaba un Fondo Monetario paralelo. Cuando estas cosas se hacen para jorobar a otros, ya no es una cuestión de principios, sino un problema de ataques”.

Por su parte, el constitucionalista Daniel Sabsay estimó, en primer lugar, que “no es el momento oportuno para la discusión, porque estamos ante una mayoría en las cámaras (del Congreso nacional) deslegitimada en la última elección. La ley de medios es un tema de vital importancia para la vida democrática que debe ser tratado con la mayor amplitud y con el tiempo necesario para llegar a una solución”.

Ya en el terreno del contenido, Sabsay rechazó que la ley tenga un alcance retroactivo, puesto que obliga a los concesionarios de licencias a desprenderse del “excedente” en el término de un año. “Estaría afectando los derechos adquiridos por los actuales licenciatarios y nos encontraríamos contra el principio de seguridad jurídica y el artículo 17 de la Constitución”.

El especialista hiló más fino aún al analizar el rol de la autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual, un organismo de contralor y aplicación creado por la ley y que dependerá de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete.

“Se trata de un proyecto que busca el dominio de los medios, más allá de una cantidad de declaraciones que son muy seductoras desde el punto de vista retórico, pero que se desvanecen cuando se toma conciencia de que la autoridad de aplicación, que será la que les renovará cada dos años la licencia a los medios, está integrada por una mayoría abrumadora del oficialismo, lo cual de por sí tiñe todo de falta de ecuanimidad”, subrayó el especialista. Esta “mayoría aplastante” del gobierno de turno en el organismo de control “va a redundar en desmedro de la libertad de expresión”, según dijo el constitucionalista.

Sabsay avizoró, además, una tendencia a la estatización de los medios “ya que se está reservando el sector estatal un tercio de ellos, lo cual se suma a la experiencia con el fútbol, más un canal específico de deportes en un servicio de TV satelital”.

Con información de La Capital y La Nación