Notas vinculadas a ‘Moreno’

Volvió Cristina y habló de todo

En un discurso de 43 minutos la presidente repasó toda la agenda nacional, cuestionó la cobertura de los medios sobre su enfermedad y advirtió: “se acabó la avivada”.

Cristina Kirchner retomó ayer formalmente el mando después de 20 días de licencia médica y lo hizo con una fuerte advertencia. Sostuvo que para mantener el crecimiento de la economía usará todos los instrumentos legales que le confiere la Constitución, y cargó contra las empresas petroleras, a las que el Gobierno había acusado de aplicar sobreprecios al gasoil.

“Algunos quieren identificar sintonía fina con ajuste”, pero lo que “se acabó es la avivada”, lanzó en una de sus frases más encendidas, durante su discurso en una Casa Rosada atestada de invitados.

“El subsuelo es de los argentinos. Es bueno que se notifiquen y que reinviertan en el país”, les exigió la Presidenta a las petroleras, y reivindicó la denuncia contra Repsol YPF, Shell, Esso, Oil y Petrobras, que presentó su gobierno ante la Comisión de Defensa de la Competencia por supuesta cartelización.

Críticas a los gremios

La Presidenta dijo que mantendrá su nueva política de reducción de subsidios: “Necesitamos que vayan a quienes los necesiten”. Anunció, además, el dato de desempleo del último trimestre, medido por el Indec, que fue del 6,7%. Además, lanzó críticas contra actitudes de los gremios, en lo que se interpretó como alusiones al líder cegetista, Hugo Moyano, y elogió al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

En sus palabras, hubo advertencias tanto para el sector empresarial como para el sindical. “Tienen que darse cuenta, empresarios y dirigentes sindicales, que estas cosas terminan impactando en todos”, afirmó sobre las “avivadas” y hasta se permitió una chicana hacia los gremios cuando se preguntó retóricamente por qué “los sectores del trabajo” no había defendido la denuncia contra las petroleras.

“Me llamó la atención que se pagara el doble el gasoil y que del sector del trabajo no se dijera nada”, indicó, en medio de su creciente enfrentamiento con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, ausente del acto como toda la cúpula de la central obrera. El único representante del sector gremial fue José Luis Lingieri, de Obras Sanitarias.

Cicatriz

Cristina se mostró relajada y sonriente, y contó que a pesar de que la estética la puede, había decidido mostrar la cicatriz de seis centímetros que tenía en el cuello para que no dijeran que no se había operado. Apuntó específicamente contra el diario Clarín. “Antes que la estética está la política”, sostuvo, para deleite de la platea, que aplaudió cada frase presidencial.

Elogio a Moreno

El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, se llevó ayer un fuerte respaldo y elogios de la presidente. “¿Dónde está Moreno? Un príncipe usted”, lo destacó para remarcar que el gobierno italiano había allanado la agencia de calificación Fitch y que el funcionario argentino todavía no se había animado a tanto. El, sentado en la primera fila, pero en el extremo derecho, casi oculto, sonrió, satisfecho. También reiteró el gesto con el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.

Cristina Kirchner apeló a un discurso estudiado. Lo estructuró desde lo que para ella era el “reino del revés”. Dijo que durante su licencia había visto las cosas con la “equidistancia” que la vorágine de la gestión no le permitía.

Energía

“Si las empresas petroleras en nuestro país hubieran aumentado su producción esto hubiera sido mucho mejor”, reclamó la Presidenta sobre el incremento de la importación de los combustibles, una de las áreas en las que la Casa Rosada apunta a reducir los costos en su plan de disminuir los cuantiosos subsidios a la energía.

“Voy a usar todos los instrumentos que las leyes y la Constitución me permiten”, azuzó.

Relación con Inglaterra

Uno de los momentos más aplaudidos fue cuando le contestó al primer ministro inglés, David Cameron, por su acusación de que la Argentina era un país colonialista. “Cuando se dicen esas cosas es porque no tiene razones ni argumentos”, apuntó. Fue entonces cuando anunció que eliminará el secreto de Estado sobre el informe Rattenbach, la investigación hecha por el Ejército durante el tramo final de la dictadura sobre las acciones en las islas Malvinas durante la guerra de 1982.

“La historia demuestra claramente que aquello no fue una decisión del pueblo argentino, sino una decisión de una junta [por la junta militar encabezada por Leopoldo Galtieri] desesperada por tapar una realidad que había sido destapada por un grupo de mujeres de pañuelo blanco que buscaban a sus hijos y sus nietos”, expresó.

La mandataria reiteró que mantendrá su reclamo de sentarse a dialogar y que instará a sumar apoyos por el camino de la diplomacia. Descartó tomar cualquier otra medida, como podría ser prohibir los vuelos a las islas. Además, enumeró a la gran cantidad de empresas de origen británico que operan en el país. “El primer ministro [por Cameron] debería tener una charlita con los CEO de esas empresas para que le cuenten”, aconsejó.

Cristina Kirchner se quejó de que no había escuchado a ninguna organización ambientalista reclamar por lo que consideró “depredación del petróleo y la pesca”, en lo que se interpretó, de paso, como un aval al gobernador riojano, Luis Beder Herrera, por la explotación minera en pleno conflicto por el cerro Famatina.

Malvinas

“No esperen gritos destemplados ni gestos xenófobos”, agregó sobre la cuestión Malvinas, y aclaró que su gobierno no reclamaba que los actuales habitantes de las islas dejen de ser ingleses. La tensión con Gran Bretaña creció en las últimas semanas, cuando falta poco más de dos meses para el 30 aniversario del desembarco argentino en las islas y el comienzo de la guerra.

Boudou y los 154 decretos

Hacia el final también tuvo un párrafo para el vicepresidente Amado Boudou y se mofó de quienes “decían que no le íbamos a dejar hacer nada, que no le íbamos a dejar firmar decretos, que (Carlos) Zannini le iba a cerrar la puerta. Pero lo trataron divino”, bromeó. Y contó que en el interinato, el ex ministro de Economía había podido firmar 154 decretos.

Con información de La Nación

Cepo a la importación de papel

En un nuevo avance del oficialismo sobre los medios de comunicación, Moreno controlará totalmente la producción nacional, la comercialización y la importación del papel para diarios.

Menos de un mes después de la sanción de la ley que declara de interés público la fabricación y comercialización del papel para diarios, el Gobierno dio ayer otro paso para controlar por completo la asignación de ese insumo al imponer un cupo a la importación, algo que no ocurría desde 1948, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Hasta ahora, los diarios argentinos importaban el papel libremente, sin restricción alguna.

Mediante una resolución firmada por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, la Casa Rosada delegó ayer en la Secretaría de Comercio Interior, a cargo del polémico Guillermo Moreno, el control absoluto de la importación y producción nacional de papel. La medida dejó también a su arbitrio las posibles sanciones contra la empresa Papel Prensa ante eventuales incumplimientos de la norma.

A raíz de la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), en 1948, todo el comercio de papel para diarios quedó concentrado en manos del Estado, y La Nación fue obligada a salir durante varios años con 6 páginas en las ediciones de lunes a sábado y con 10 los domingos. La resolución, que reglamenta la ley sancionada el 22 de diciembre pasado, le da a Moreno, en su artículo 1, la potestad para controlar el funcionamiento, la supervisión del Registro Nacional de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de pasta celulosa y papel para diarios, e impone a las empresas del sector un plazo máximo de 22 días para inscribirse en él.

Sanciones

La norma establece, en su artículo 8, estrictos cupos para la importación y producción nacional, que serán de 20.000 y 42.500 toneladas trimestrales, respectivamente. Además, el secretario de Comercio Interior tendrá a su cargo la fiscalización y las eventuales sanciones por incumplimientos de la norma. Estas castigarán con el equivalente en pesos de 1 a 100.000 toneladas de producción, lo cual totalizaría, en caso de alcanzarse la multa máxima, la suma de 75,4 millones de dólares. La resolución complementa disposiciones del Gobierno de la semana última, en la que se establecen declaraciones juradas obligatorias y anticipadas para los importadores por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En su artículo 12, la medida apunta directamente a Papel Prensa, fundada en 1978 y que abastece de ese insumo básico a 170 diarios de todo el país. Según la resolución, Papel Prensa, cuyos accionistas son Clarín, La Nación y el Estado nacional, deberá presentar durante febrero su plan de inversiones y producción para 2012. Observadores del sector consideraron que la norma acelera los tiempos para que el Estado intente en el corto plazo un mayor control sobre la compañía a través de inversiones públicas. “La resolución determina darle la suma del poder público a Moreno, que no ha dado muestras de objetividad en su relación con Papel Prensa”, dijeron.

Sin normativa para el precio

Otro punto preocupante de la resolución es la inexistencia de una normativa específica para el precio de la tonelada de papel, que contempla los costos industriales pero no ciertas cargas fijas, lo cual implicaría mayores costos para las empresas. Según estudios privados, al aplicarse esa fórmula, Papel Prensa podría perder alrededor de 62 millones de pesos anuales.

La norma, en su artículo 11, afirma que todos los conflictos relacionados con el tema deben resolverse en el fuero contencioso administrativo, que en medios judiciales está considerado más permeable a los pedidos del Gobierno. Hasta la sanción de la ley 26.736, el fuero al que recurría Papel Prensa era el comercial.

Distintos sectores de la oposición fustigaron ayer el contenido y las intenciones de la resolución. Para el diputado radical Oscar Aguad (UCR-Córdoba), “éste es un gobierno absolutamente irresponsable, y ésta es una nueva medida que atenta contra las inversiones y la credibilidad en el país”. Silvana Giudici, ex titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, consideró que con esta resolución “la libertad de expresión y de prensa están en riesgo porque otorga poder absoluto a un funcionario para el cual el relato oficial es el único que debe ser conocido por la sociedad. Las consultoras económicas que difundían índices de inflación distintos a los del Indec son el mejor ejemplo de lo que les espera a los medios independientes”, agregó.

Trasfondo

La resolución de ayer se suma al marco normativo establecido por la ley que estatiza la producción, venta y distribución del principal insumo del periodismo escrito, que fue aprobada el 22 de diciembre por el oficialismo en sesiones extraordinarias. Es parte de una ofensiva que surgió con la ley de medios audiovisuales -que persigue el desguace de grupos empresarios periodísticos- y de las acciones judiciales impulsadas con el visto bueno del Poder Ejecutivo para hostigar a los medios de comunicación que no son afines al discurso oficial. Se destacan, entre ellos, el intento de intervención de Cablevisión y la inhibición general de bienes a La Nación, reclamada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

También durante 2011 se registraron situaciones de presión paraoficial hacia los medios, como los bloqueos del gremio de camioneros a las plantas impresoras de Clarín y La Nación.

Críticas opositoras 

La oposición reaccionó ayer con preocupación y críticas a la resolución que reglamenta la nueva ley sobre Papel Prensa, pero las mayores quejas se las llevó el control absoluto que tendrá sobre todo el nuevo sistema el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Para dirigentes de los principales partidos de la oposición, las últimas atribuciones otorgadas al funcionario lo convierten casi en un “superministro” y recordaron el desempeño de Moreno hasta ahora en la pelea del Gobierno por Papel Prensa para explicar su preocupación.

“Es un gobierno irresponsable. Esta es una nueva medida que atenta contra las inversiones y la credibilidad de la Argentina, pero en algún momento el país les va a estallar en las manos “, dijo el diputado Oscar Aguad (UCR-Córdoba).

Su correligionario Miguel Giubergia (Jujuy) apuntó directamente al funcionario. El diputado recordó que la semana pasada Moreno se hizo del control de las importaciones y a eso se sumó desde ayer el control de los cupos de papel. “Si seguimos así, va a terminar teniendo más poder que la Presidenta”, sintetizó Giubergia, que advirtió que “Moreno es tan superministro como lo fue Domingo Cavallo”, aunque sin tener formalmente ese cargo.

Para la diputada de Unión por Todos, Patricia Bullrich, la ley de regulación del papel de diario es “una herramienta poderosa para atentar contra la libertad de expresión, pero es más alarmante aún si el encargado de llevarla a la práctica es Moreno”.

Bullrich se hizo eco de la resolución aparecida en el Boletín Oficial y señaló que Moreno “no debe controlar el registro de fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa y papel para diarios”, como autoriza la norma. Opinó que el funcionario “no cumple con el requisito de imparcialidad”, recordando cuando en 2010 irrumpió en la sede de Papel Presa con guantes de boxeo para impedir una votación de los socios.

Para el diputado del peronismo disidente Gustavo Ferrari se trata de control explícito a la prensa. “La creación del registro sólo consuma explícitamente la violación de la libertad de expresión que se había iniciado con la ley; no hay manera de esconder el control directo a la prensa, que antes se intentaba enmascarar tras la declaración de interés público del papel”, apuntó Ferrari, mano derecha de Francisco de Narváez.

Desde Pro, la diputada Cornelia Schmidt-Liermann reclamó que se explique a la sociedad cuáles serán las pautas de distribución y el costo del papel. “Antes de exigir requisitos de inscripción a las empresas, Moreno debe transparentar y exponer cuál será su rol en la distribución del papel para diarios”, opinó la diputada recién asumida. “Temo que el papel para diarios sufra la misma distribución arbitraria que la publicidad oficial, donde sólo se beneficia a los amigos del poder y se castiga a los que piensan distinto”, afirmó.

La diputada Silvana Giudici consideró que haberle otorgado a Moreno el control sobre la demanda de papel para diarios es preocupante “ante la proximidad de censura indirecta sobre los medios independientes a través de la provisión del papel”.

Con información de La Nación

Más control de AFIP en la importación

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El Gobierno busca un control total de las compras en el exterior. Los importadores deberán declarar anticipadamente y el Estado deberá validar la adquisición de divisas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pondrá en marcha un nuevo registro de importaciones que obligará a las empresas y operadores a anticipar un detalle de sus compras al exterior y, en los hechos, le da facultad al organismo para habilitarlos o no a comprar las divisas y concretar o no esa operación.

Con la nueva disposición, quienes operan en comercio exterior estarán incluidos en el control de operaciones cambiarias creado intempestivamente a fines de octubre, en medio de la corrida cambiaria, para limitar las compras de dólares a las personas, un esquema de validación previa de cada operación del que, hasta ahora, estaban excluidos.

La novedad se conoció ayer, con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución general 3552 de la AFIP. Por ella se crea un régimen de Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), que obliga a las empresas a dejar registro previo de “todas las destinaciones definitivas de importación para consumo” a partir del próximo 1° de febrero.

Superlicencia

Según interpretan en el sector, nace de este modo una suerte de superlicencia previa general para importar, ya que toda intención de compra al exterior deberá ser presentada mediante una declaración jurada ante la AFIP, la que la hará circular entre otros los organismos públicos que adhieran a la norma, aunque ese listado no ha sido definido aún, como tampoco el plazo de respuesta a cada pedido.

La medida tomó por sorpresa a los operadores, que sospechan que se trata de un nuevo paso hacia un esquema de mayor control de las operaciones cambiarias y de comercio exterior con el objetivo de preservar un saldo comercial positivo que, a su vez, asegure dólares al Banco Central (BCRA) y permita al Gobierno insistir en su postura de usar reservas para cancelar deuda (hoy no cuenta con la cantidad suficiente como para hacerlo).

“Hace seis meses firmamos un convenio con los ministerios de Economía e Industria y la Cancillería para trabajar en forma conjunta en mejorar la transparencia y trazabilidad de las importaciones. Nunca se avanzó. Y la semana pasada tuvimos una reunión con la flamante secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri. Pero de todas estas cosas nos terminamos enterando por los medios…”, se quejó el presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), Diego Pérez Santisteban, uno de los sorprendidos por la nueva obligación.

Modo de uso

El artículo 2° de la norma establece que “en forma previa a la emisión de la nota de pedido, orden de compra o documento similar utilizado para concertar sus operaciones de compra en el exterior” deberán “producir la información que se indica en el micrositio Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI)”.

Alfonsín

La AFIP reeditó así un instrumento al que ya había recurrido en los 80 el ex presidente Raúl Alfonsín (se denominaba Declaración Jurada de Necesidad de Importación) para avanzar hacia un sistema de comercio mucho más administrado.

Consecuencias

Como restan definiciones importantes, Pérez Santisteban fue cauto. “Nos faltan elementos para poder decir si se trata de un régimen informativo precautorio, lo que sería inocuo y no causaría más que el inconveniente burocrático, o si ese formulario, una vez mandado a la AFIP, va a tener un tratamiento del cual va a haber que esperar alguna respuesta, en cuyo caso en la práctica esto se transformaría en algo parecido a una licencia automática o no automática.”

Para Martín Clément, gerente de la consultora homónima, el nuevo sistema le da al Gobierno “la posibilidad de intervenir en cualquier operatoria de importación y denegarla”. Ante la pregunta de la prensa de ¿Por qué podría denegarla?, la respuesta fue: “Porque no se cumple el compromiso de exportar por el mismo valor que se importa. De hecho, más allá de lo que se menciona, creo que el objetivo final es mantener el superávit comercial por sobre los US$ 10.000 millones como sea.”

Clément advierte además que con el nuevo sistema deberían desaparecer las licencias no automáticas. “No tienen sentido alguno si ya fue anticipada la importación y, más aún, si fuera con más de 10 días de antelación, que es lo que autoriza como máximo la Organización Mundial de Comercio (OMC).”

Para el especialista en derecho aduanero Rufino Beccar Varela, la norma “agrega trámites y deja lugar a mayores discrecionalidades y hasta la aparición de un nuevo mecanismo paraarancelario. La resolución no establece qué tipo de observaciones podrían hacer los organismos que adhieran ni los plazos con que cuentan para hacer objeciones; es decir, abre puertas a posibles dilaciones”, advirtió.

Todos los sectores

La norma no distingue productos. No habla, como en el caso de las licencias, de proteger sectores sensibles. No persigue la reactivación de la industria nacional, la reconversión de sectores a través de inversiones subsidiadas ni la sustitución de importaciones. Nada de esto aparece en los considerandos. La resolución abarca todas las importaciones destinadas a consumo, desde productos terminados hasta insumos y bienes intermedios para la industria. De esta manera, se prevé una acumulación desmesurada de declaraciones juradas de importación sobre las cuales un número limitado de funcionarios (pertenecientes a organismos que suman una nueva tarea a sus funciones) deberán pronunciarse y realizar observaciones.

Con información de La Nación

Más control a la importación

Moreno controlará más la importación y advirtió a los supermercados que fiscalizará todas sus operaciones de comercio exterior y mantendrá la supervisión de las subas de precios.

En su reestreno como virtual ministro de Economía, Guillermo Moreno anticipó que la balanza comercial y el freno a la importaciones encabezan su lista de preocupaciones para 2012.

Reunión con supermercadistas

El cada vez más poderoso secretario de Comercio Interior inició ayer su año laboral con un encuentro con los representantes de las principales cadenas de supermercados, a los que les anunció que se redoblarán los controles para evitar que se importe cualquier producto que se pueda fabricar en el país.

Durante la reunión, que se extendió durante más de una hora, Moreno les anticipó a los empresarios del sector supermercadista que espera un año complicado, en especial a partir de la segunda mitad del año. El funcionario pronosticó que a partir de junio próximo se sentirá con fuerza el impacto de la crisis que enfrentan la mayoría de los países del llamado Primer Mundo.

Ante este escenario, la receta de Moreno para enfrentar un año más complicado será cerrar las fronteras locales, y en este sentido les anticipó a los supermercadistas que desde la Secretaría de Comercio Interior se fiscalizarán todas las operaciones de comercio exterior de las grandes cadenas. “Nos anticipó que habrá más controles para lograr que todas las cadenas ofrezcan un balance positivo entre exportaciones e importaciones, y nos ratificó que durante 2012 seguirá vigente la prohibición para importar cualquier producto que se pueda fabricar localmente”, explicó el director de una cadena que ayer participó del encuentro con el funcionario.

El control directo de la Secretaría

“A grandes rasgos, Moreno se encargó de confirmar que seguirán los controles y que cualquier operación de importación deberá ser aprobada por la secretaría”, explicó un ejecutivo de otra cadena.

La reunión

De la reunión participaron prácticamente todas las grandes cadenas de supermercados con operaciones en el país. La lista incluyó a Matías Videla (Jumbo, Disco, VEA), Federico Braun (La Anónima), Carlos Velasco (Carrefour), Horacio Barbeito (Walmart), Pablo Bergesio (Coto), Juan Vasco Martínez (Asociación de Supermercados Unidos) y representantes de La Cooperativa Obrera de Bahía Blanca y los minimercados Día.

Prohibido sacar dólares

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la sede de Comercio Interior, el funcionario también les reiteró a las empresarios de cadenas multinacionales la virtual prohibición de girar divisas al exterior, aunque en este punto no hubo atisbo de discusión alguna, ya que ninguna de las compañías del rubro en los últimos años hizo una transferencia a su casa matriz.

Escuelita

Moreno también ratificó la continuidad de las baratas de la carne durante 2012 y el regreso de las reuniones con toda la industria cárnica, en la que participan desde los productores hasta los frigoríficos, pasando por los matarifes, las carnicerías, los supermercados y los autoservicios chinos.

Esas reuniones -conocidas informalmente como “la escuelita”- se realizan desde hace más de tres años todos los viernes por la mañana, y a fines de noviembre habían sido suspendidas ante lo que se consideraba una inminente salida de Moreno de la Secretaría de Comercio Interior. Ahora que el funcionario fue ratificado en el cargo, “la escuelita” iniciará un nuevo ciclo lectivo y el primer día de clases será pasado mañana.

Controles de precios

En la reunión con los supermercadistas, Moreno también anunció que este año seguirán los controles de precios. En este caso, tampoco habrá grandes novedades y se mantendrá el esquema por el cual todas las empresas que quieran introducir un aumento en su lista de precios deberán pasar antes por Comercio Interior para obtener el visto bueno oficial.

Con información de La Nación

Nuevo sistema para vender trigo y maíz

Se presentará esta semana y busca dar una solución a los reclamos de productores del sector que rechaza el sistema de cupos a la exportación.

Fuentes de la cartera agropecuaria señalaron que los equipos del Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Comercio avanzaban en el diseño del nuevo esquema y que la intención es poder anunciarlo esta semana.

Moreno y Yauhar

Con ese objetivo en la mira, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se reunieron el miércoles pasado pero aún falta definir los porcentajes que se destinarán para el consumo en el mercado interno, y lo que se orientará a la exportación.

Yauhar dejó entrever la semana pasada que el nuevo esquema de comercialización “va por el lado” de la propuesta que había presentado la cooperativa Agricultores Federados Argentinos, vinculada a la Federación Agraria Argentina, aunque con algunas modificaciones que surgieron del análisis con el resto de la cadena.

Certificados

Básicamente, el plan de AFA consiste en reemplazar el actual sistema de cupos de exportaciones, a través de una cuota que manejan las cerealeras, por un régimen en el que el productor pueda disponer libremente de un porcentaje de la mercadería que no esté destinado a garantizar el abastecimiento del mercado interno. Así, cuando el productor coseche o declare sus existencias, recibirá un certificado de abastecimiento del mercado interno y otro por la porción de sus granos que serán de libre disponibilidad. De esa forma, podrá negociar en mejores condiciones con los compradores, sean molinos o exportadores.

Tras el encuentro con Moreno, el ministro explicó que el objetivo es “armar un nuevo esquema para el trigo y el maíz en beneficio del pequeño y mediano productor, sin perjudicar la mesa de los argentinos”, y dijo que el propósito es “que el mismo esté operativo antes de fin de año”.

“El país necesita entre 7 y 8 millones de toneladas para el trigo y para el maíz, respectivamente. La prioridad es resguardar las toneladas necesarias para el consumo interno y exportar el resto”, adelantó.

Según un informe del Movimiento Crea, avanza con rapidez la cosecha de trigo gracias a la performance que le ofrece un clima seco y cálido.

Con información de La Capital

Bullrich culpó a Moreno por la persecución a periodistas

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La diputada nacional salió en defensa de los consultores privados que miden la inflación y le pidió al juez que “retire el exhorto”.

“Hace tiempo que (Guillermo) Moreno viene persiguiendo a las consultoras que daban datos distintos del Indec”, recordó la diputada de la Coalición Cívica en diálogo con el programa “Con todos” de La Tres. Y dijo que la requisitoria de datos sobre periodistas que escribieron sobre inflación desde 2006 es continuación de esta causa.

La diputada Patricia Bullrich, dijo que desde la Cámara de Diputados le pidieron al juez Alejandro Catania que retire el pedido de requisitoria a periodistas de distintos medios de comunicación que desde 2006 hasta ahora escribieron sobre la inflación.

“Le hemos pedido al juez que retire este pedido que no tiene justificación. La requisitoria sólo pide esto y no tiene ningún argumento ni explicación, ni nada”, señaló Bullrich esta mañana.

La diputada de la Coalición Cívica explicó que la causa la inició secretario de Comercio, Guillermo Moreno: “Hace tiempo viene persiguiendo a las consultoras que daban datos distintos luego de la intervención vergonzosa del Indec que de un mes para otro cambió la inflación real”, recordó.

La inflación difundida desde el Congreso

“Estas consultoras fueron multadas, y a partir de marzo cuando se presentaron en la comisión de Libertad de expresión, nosotros sentimos que tenían miedo de seguir dando públicamente los datos todos los meses. Entonces desde hace cuatro meses damos esos datos desde el Congreso de la Nación. Esto no es agradable porque significa que hay alguien que no puede decir lo que debe decir”, contó la diputada en La Tres.

Bullrich explicó que por un “artilugio” de un artículo de la ley de competencia ahora el juez Catania envió un exhorto a gran cantidad de medios de comunicación pidiendo una lista de periosdistas con nombre y apellido, DNI, teléfono, dirección.

“No se sabe la lista pero prácticamente todos La Nación, Clarín Página 12, El cornista comercial, Ambito financiero, todos los periodistas que escribieron algún artículo vinculado con inflación del 2006 a esta parte”, dijo.

El exhorto recibido por medios gráficos con fecha 15 de setiembre en el primer punto solicita que informen “si han facturado espacios para publicaciones a M&S Consultores o Carlos Melconian o Rodolfo Santángelo, desde el año 2006 hasta la fecha”.

Luego, pide que se le suministre “la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas -editores, redactores, etc.- que hayan publicado en el referido diario noticias vinculadas a índices inflacionarios de la República Argentina, desde el año 2006 hasta la fecha”.

Con información de La Capital

Más productos importados varados en la Aduana

Las barreras que frenaban a los autos ahora se extendieron a los electrodomésticos y los juguetes.

Los depósitos fiscales ubicados en el puerto de la ciudad de Buenos Aires están abarrotados de contenedores con mercadería que no puede ser nacionalizada debido a las trabas que impuso el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Artículos afectados

El cerrojo a las importaciones se inició hace unos meses con los autos, después se extendió a los electrodomésticos y ahora les llegó el turno a los juguetes, en especial en el caso de marcas importadas como Barbie, Hot Wheels o Disney. Los empresarios e importadores ven con resignación que les resulta cada vez más difícil completar todos los trámites para hacer ingresar la mercadería importada, aun en aquellos rubros que no están alcanzados por el régimen de licencias no automáticas que multiplicó Moreno en marzo pasado.

“En alimentos, no tenemos problemas con la importación, pero, en cambio, en electrodomésticos y juguetes los trámites de nacionalización vienen más lentos. En el caso específico de la partida de juguetes para el Día del Niño, tuvimos que ir a ver a Moreno para que nos destrabara los contenedores que teníamos parados en la Aduana y sólo logramos el ingreso del 60%. Con el otro 40%, si no sale en los próximos días nos vamos a tener que contentar con dejarlos para la Navidad, con el riesgo que significa, porque nadie puede asegurar que el juguete que hoy está de moda siga gustando en diciembre”, reconocieron en una cadena de supermercados.

Termómetro

El mejor termómetro de la situación que hoy se vive en la Aduana lo tienen los depósitos fiscales, que son la opción más económica que tienen las empresas importadoras para alojar la mercadería que traen desde el exterior a la espera de completar todos los trámites de nacionalización.

“Los problemas y las demoras para importar que habían comenzado con las terminales automotrices ahora se generalizaron a la mayoría de los rubros y, en algunos casos, como el de los juguetes, la preocupación es muy grande porque se acerca el Día del Niño y los productos tienen que ser distribuidos desde Buenos Aires a todo el país”, reconoció Miguel Pascucci, presidente de la firma de depósitos fiscales Lo Primo y titular de la Cámara de Depósitos Fiscales Privados (Cadefip).

120 contenedores esperando

Las cadenas de venta de electrodomésticos reconocen que el panorama también es preocupante, con más de 120 contenedores parados en la Aduana. Personas del sector precisan que hoy los mayores problemas los enfrentan para importar heladeras y otros productos de línea blanca, como cocinas y lavarropas. “No estamos teniendo un problema generalizado de abastecimiento, aunque es verdad que no contamos con toda la oferta que quisiéramos, especialmente en el caso de las heladeras de alta gama, que se traen, por lo general, de Brasil”, admitieron en una cadena líder en la venta de electrodomésticos.

Trato diferenciado

Las empresas fabricantes, por su parte, admiten que a la hora de traer productos importados en la Aduana ya se sienten las diferencias entre las firmas que exportan parte de su producción y aquellas que sólo importan y, por lo tanto, no están en condiciones de exhibir un balance equilibrado entre compras y ventas al exterior, tal como ordenó Moreno.

“Compensar todo lo que se importa con exportaciones es casi imposible, porque no todos los importadores están en condiciones de ser exportadores. En realidad, lo que se está cumpliendo es el objetivo oficial de bajar el ritmo de las importaciones. Hoy, en la Aduana, ya se siente un menor ritmo de ingresos”, sostuvo Gustavo López, presidente del Centro Despachantes de Aduana.

Discrecionalidad

Los importadores se quejan, además, de la falta de normas escritas, lo que abre las puertas a manejos completamente discrecionales.

“Hay que distinguir entre los productos con licencia y los que no la tienen. En el primer caso, el proceso de importación funciona con altibajos. Algunas partidas salen en tiempo y otras no, pero a grandes rasgos no hay problema. Las mayores dificultades se enfrentan cuando se trata de productos que tienen las licencias otorgadas o que directamente no están alcanzados por este régimen, e igualmente las empresas no logran destrabar su ingreso”, explicó Diego Pérez Santisteban, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA).

En voz baja, por temor a las represalias oficiales, algunos empresarios se resignan a tener que recurrir a los contactos oficiales para eludir la maraña de trabas burocráticas.

Cupos

“En teoría, las licencias no automáticas no incluyen la imposición de cupos, pero en los hechos se están estableciendo algunos para el ingreso de productos importados. En otros casos, directamente las demoras para completar los trámites de nacionalización llegan a los 200 días. Para destrabar el ingreso de una partida, no queda otra que conseguir un contacto en la Secretaría de Industria o con Moreno para que acelere el trámite”, explican en una empresa.

En los estudios de abogados que asesoran a las empresas también aconsejan amoldarse a los mecanismos oficiales.

“Las empresas no pueden vivir de amparo en amparo. Además, en los casos de que una compañía se decidió a recurrir a la Justicia no le terminó yendo muy bien. Cuando consiguieron que un juez les diera un amparo para sacar el contenedor de la Aduana, la venganza oficial no se hizo esperar, en forma de una inspección de la AFIP o una investigación del Banco Central”, explicaron en un estudio jurídico especializado en comercio exterior.

Con información de La Nación

Denuncian a Moreno por abuso de poder

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Las autoridades del Mercado Central quitaron ayer las fajas de clausura en dos puestos de diarios que habían cerrado anteayer. Pero los canillitas no pueden vender Clarín, Olé ni Muy.

La clausura provocó una dura reacción de legisladores de la oposición. La diputada Patricia Bullrich denunció ayer en la Justicia al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por abuso de autoridad. Su par de Pro, Federico Pinedo, hará lo propio hoy y, además, acusará al presidente del Mercado Central, Carlos Martínez, y al gerente general, Guillermo Cosentino.

Pinedo pide que sean investigados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque cometieron actos de censura, que están prohibidos por la Constitución y los tratados internacionales.

En tanto, el senador por la Capital Federal Samuel Cabanchik dijo que esperaba que esa situación sea esclarecida y superada: “Pues acciones como éstas no deben permitirse. Nadie de manera arbitraria puede impedirle a otra persona la libertad de trabajo y, mucho menos, amedrentarla a través de actitudes violentas”.

En el Mercado Central, hay dos puestos de venta de diarios: uno es conocido como Mercado, en el ingreso al predio, y el otro, como Parada 36, en la llamada feria El Reloj.

Ayer, un día después de las clausuras, los quioscos volvieron a vender los diarios. “Hoy pudimos reabrir el local, por suerte. Lo único que no podemos vender es Clarín, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para seguir adelante. Poder trabajar normalmente”, declaró uno de los canillitas, Emanuel, por Radio Mitre.

Para el sindicato del sector, la reapertura de las paradas de venta implica que la situación retomó a la normalidad.

Ayer, los canillitas se lamentaban por la clausura, pero también por la prohibición de vender ese diario, porque cada puesto vende unos 180 ejemplares.

Con información de La Nación

Desafía la oposición a Moreno: “Que venga a multarnos”

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Tras difundir el IPC, la diputada Patricia Bullrich (Coalición Cívica) aseguró que “no puede haber censura” a las consultoras y que el Congreso será “un canal de transmisión” de sus datos.

IPC del Congreso

La diputada Patricia Bullrich (Coalición Cívica) desafió al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a que multe a los diputados que difundieron el IPC de mayo con el promedio de las estimaciones privadas.

“Vamos a ver si nos multa Moreno, que venga a hacerlo”, desafió la ex ministra de Trabajo de De la Rúa. Y, luego de afirmar que “no puede haber censura”, afirmó que el Congreso será “un canal de transmisión” de los datos de las consultoras.

Bullrich sostuvo que “las consultoras tienen miedo de que les cobren multas y les destruyan las empresas” por publicar sus mediciones de inflación, cuyo promedio en mayo fue del 1,5% mensual y 23,5% interanual.

La diputada precisó además que el índice de precios promedio difundido ayer surge de “datos muy similares porque las consultoras estandarizaron sus métodos de medición”.

También resaltó que esta publicación se hará “mes a mes” y que hay “una gran cantidad de jueces que usan la inflación no oficial para los juicios por alimentos e indemnizaciones por despidos”.

Con información de Clarín

Corrupción en la intervención del trigo

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El presidente de SRA, Hugo Biolcatti analizó el sistema de intervención en el trigo y denunció al gobierno por motorizar la discresionalidad,, perversión y corrupción.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina Hugo Luis Biolcati, acusó al Gobierno de haber impulsado un sistema “proclive a la corrupción”, “perverso” y “discrecional” para la comercialización, donde productos como el trigo, el maíz y la carne están intervenidos y dependen de los permisos de venta al exterior que otorga el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Ayer, en la presentación a la prensa de la acción judicial, la Fundación Sociedad Rural Argentina realizó reclamando que se declaren inconstitucionales y confiscatorias las retenciones.

Retenciones

Esa fundación es dueña de un campo en Realicó (La Pampa), donde funciona un colegio educativo que desarrolla tareas agropecuarias y sostiene que entre 2006 y 2009 tuvo un perjuicio económico de 240.000 pesos por las retenciones.

Justicia

El recurso judicial se tramitó ante el juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Secretaría 21, a cargo de María José Sarmiento, que se declaró competente. Es la misma jueza que frenó el uso de reservas del Banco Central (BCRA) en enero de 2010.

En la entidad están dispuestos a llegar hasta la Corte con este planteo. Según los economistas de la Rural, el campo transfirió desde 2002, cuando se reimpló, 46.703 millones de dólares por retenciones.

Sin vender

Para Biolcati, el Gobierno ha inducido un sistema “corrupto” que afecta y traba la comercialización de productos como el trigo, donde hoy los productores tienen poco más de 4 millones de toneladas de la última cosecha sin poder vender.

“El freno a las exportaciones, a la competencia, a la comercialización, era para mantener el pan a 2,50 pesos [el kilo], pero hoy vale entre 8 y 10 pesos y seguimos sin poder vender el trigo”, dijo Biolcati, que añadió: “Seguimos sin poder vender y esto ocurre producto de todo este sistema proclive a la corrupción que ha implantado el Gobierno en la comercialización”.

Favores de Morno

Pero el presidente de la SRA no se quedó ahí y en otro tramo de su presentación volvió a hablar de un “sistema de comercialización corrupto” y agregó: “Todo es discrecional y depende de los favores que hace un secretario de Estado a determinados grupos empresarios porque le conviene, porque le saca las baratas [los cortes cárnicos a precios rebajados que empresarios de la carne están obligados por Moreno a colocar en el mercado interno]”.

Después, Biolcati añadió: “Nadie recibe tantos millones de dólares como han ganado eslabones de esta cadena”.

El ruralista pidió que se investigaran y fueran interpelados los funcionarios oficiales que intervienen en los mercados. “Los responsables del robo cotidiano a los productores deben dar la cara y ser interpelados en el Congreso”, reclamó el dirigente de la entidad.

Las palabras de Biolcati tocan al Gobierno en un momento sensible por las denuncias de corrupción de satadas en torno del caso Schoklender y las Madres de Plaza de Mayo con la construcción de viviendas con fondos públicos.

Más críticas

Biolcati consideró que el plan del Gobierno es continuar “destruyendo el aparato productivo. “Los políticos del oficialismo están diciendo el plan es éste: vamos a seguir destruyendo”. Además, según el dirigente, el oficialismo favorece con su política “la sojización y la despoblación de los campos” en el sector. “Este es un sistema perverso que tenemos que denunciar”, concluyó.

Con información de La Nación