Diputados de la oposición lo acusarán ante la justicia penal por uso ilegítimo del poder del Estado al multar y amenazar a los analistas privados que arrojan números diferentes a los del INDEC.

La oposición en la Cámara de Diputados anunció ayer que hoy denunciará ante la justicia penal al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno , y a otros dos funcionarios de esa dependencia por las multas aplicadas a las consultoras económicas que publican índices de inflación alternativos al del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Diputados difundirá las mediciones privadas

La presentación judicial intenta ser, según se anunció, una respuesta a la preocupación manifestada por los economistas ante los diputados de la oposición, y una herramienta para asegurar que se sigan publicando mediciones privadas, con cifras mayores a las del Indec. De hecho, los legisladores opositores anticiparon que se encargarán de difundir mensualmente el promedio de los índices inflacionarios surgidos de los estudios realizados por las consultoras.

“Se utilizaron ilegítimamente herramientas del poder estatal, con el propósito de llevar a cabo una persecución evidentemente ilegal, contra todos los profesionales que efectuaron mediciones de precios, que hubieran dejado en evidencia las mentiras del Gobierno con relación a los índices oficiales”, dice el texto de la denuncia contra Moreno. “La denuncia del funcionario representa una evidente vulneración de los derechos humanos, tal como los interpreta la doctrina de la Corte Interamericana”, agrega.

La presentación lleva la firma de Ricardo Gil Lavedra (UCR), Felipe Solá (Peronismo Federal), Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), Federico Pinedo (Pro), Patricia Bullrich (Coalición Cívica) y Margarita Stolbizer (GEN). Los diputados opositores acusaron al secretario de Comercio del delito de abuso de autoridad, al igual que al director de Comercio Interior, Fernando Carro, y al director de Lealtad Comercial, Adalberto Rotella.

Esos funcionarios intervinieron en las actuaciones administrativas iniciadas en la Secretaría de Comercio Interior contra diez consultoras privadas. Ellas son Orlando Ferreres & Asociados, Finsoport, M&S Consultores, Abeceb.com, FIEL, Ecolatina, Bein & Asociados, Econviews y Gabriel Rubinstein y Asociados, además de Graciela Bevacqua, ex jefa del índice de precios al consumidor del Indec.

Multa

Luego de intimarlas a entregar en un plazo de 48 horas detalles sobre las mediciones que realizan, la Dirección de Lealtad Comercial les aplicó a las consultoras una multa de 500.000 pesos. El argumento de los funcionarios es que esas empresas violaron el artículo 9 de la ley de lealtad comercial.

Según esa norma, está prohibida la realización de cualquier presentación, publicidad o propaganda que por medio de inexactitudes u ocultamientos resulte engañosa o confusa para los consumidores. Mediante esa prohibición, se intenta evitar que el consumidor pueda ser inducido a adquirir un producto o contratar un servicio diferente del promocionado. El argumento está respondido en el texto de la demanda presentada por la oposición. “Resulta irrazonable la aplicación de esta norma respecto de los informes de proyección de la inflación y la determinación y difusión del IPC -dice la denuncia-. Aquellos informes, por lo general, no tienen un fin comercial. No obstante, aun si lo tuvieran, no inducen a error, engaño o confusión respecto del bien o servicio, sino, en su caso, de alguna otra circunstancia, como es el mercado.”

Las multas fueron apeladas por las consultoras ante la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. Pero la actuación de la Dirección de Lealtad Comercial no quedó ahí. El 20 de mayo pasado volvió a requerir información a las empresas sobre cifras publicadas en los medios respecto del índice de precios al consumidor de marzo y de abril. Se les indicó, además, que las actuaciones habían sido giradas al secretario de Comercio Interior, por la posible comisión de un delito.

“El objetivo de este apriete es que no se hable de la inflación”, sostuvo Gil Lavedra, en la apertura de la conferencia de prensa ofrecida en el Congreso por los autores de la denuncia. “No se trata de defender a un sector, a las consultoras, sino de defender a la ciudadanía. Lo que quiere el Gobierno es defender una política de Estado, que es ocultar información”, sostuvo Ferrari.

Freno al Gobierno

A su turno, Bullrich confirmó que la oposición se encargará de publicar el IPC promedio de los estudios realizados por las consultoras y Pinedo afirmó que la denuncia intentaba poner un freno al avance del Gobierno. “Decidimos hacer una denuncia penal para terminar con esto, que ya pasó todos los límites de lo tolerable”, dijo.

Con información de La Nación

Para protegerlas de las multas del gobierno, diputados podría impulsar una iniciativa para que sea el propio poder Legislativo quien difunda los datos de los consultores privados,

Así lo expresaron ayer diputados de la UCR y Pro, que indicaron que la idea se canalizará a través de la Comisión de Libertad de Expresión, que lidera Silvana Giudici.

La intención sería darles a las consultoras un “paraguas” para que las cifras de variación de precios se sigan dando a conocer en los medios de comunicación sin correr el riesgo de nuevas multas, o de una posible demanda penal como la que dejó trascender el Gobierno informalmente.

Giudici confirmó la idea - promovida a partir de una idea del diputado de Pro Jorge Triacca- que será discutida pasado mañana en una reunión a la que fueron invitados los consultores sancionados por el Gobierno. “Hay que evitar la censura”, dijo.

Ayer se supo que la Secretaría de Comercio Interior les envió a los consultores grabaciones radiales que reproducen entrevistas en las que los consultores opinaron sobre el alza de los precios.

Abuso de autoridad

En paralelo, la oposición analiza presentar una denuncia penal contra Guillermo Moreno por presunto abuso de autoridad por las multas -cuya apelación no fue girada a la Justicia- basadas en el presunto engaño por el que se acusa a los consultores que siguen hablando de la inflación.

Moreno dejó trascender a su vez que iniciaría demandas penales contra los consultores por violar presuntamente el artículo 300 del Código Penal, referido a “fraudes al comercio y a la industria”.

Con información de La Nación

El cuestionado organismo ahora pone en tela de juicio a los que se atreven a contradecirlo. El gobierno nacional responde a los cuestionamientos de Consultoras privadas sobre la inflación con multas y sanciones.

Los técnicos del Indec evaluaron el trabajo de las consultoras privadas y consecuentemente el ministro de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sancionaría a tres consultoras tras acusarlas de presentar inexactitudes y debilidades metodológicas en la estimación de la evolución de los precios.

Se trata de Abeceb.com, Efimak, y ADE, que ahora tienen un plazo de diez días para formular sus descargos por escrito.

Datos solicitados

En el caso de Efimak, la consultora en la que Miguel Kiguel es socio, se le solicitó información sobre el índice de inflación que realiza.

A la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE) se le solicitó precisiones en torno a la forma en que releva el índice de inflación anual y a Abeceb -la consultora que conduce el economista Dante Sica- las estimaciones referidas al nivel de consumo mensual.

El evaluador fue mismo el INDEC

El desempeño de las consultoras fueron evaluadas por técnicos el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), quienes aseguran que hay “numerosas inexactitudes, inconsistencias y debilidades metodológicas en los que habrían incurrido” las consultoras sumariadas “durante la elaboración de las presentaciones que luego se difundieran a través de medios periodísticos”.

En base a la conducta verificada, la secretaría que conduce Guillermo Moreno sostiene que las consultoras habrían “incurrido en una presunta infracción al artículo 9 de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, que prohíbe la realización de cualquier clase de presentación, publicidad o propaganda mediante inexactitudes u ocultamiento.

Con información de Punto Biz

Ninguna compañía podrá traer vehículos de extrazona por un monto superior al de sus exportaciones. Hay  malestar entre los empresarios.

La voz apesadumbrada de los empresarios automotores al término de la reunión lo decía todo: esta nueva exigencia no será fácil de cumplir.

La regla, que rige sólo para los vehículos fabricados fuera del Mercosur y de México, se aplica a todos, pero afecta especialmente a las firmas que son importadoras puras y no tienen unidades productivas en el país, como BMW, Hyundai, Mitsubishi y Kia, entre otras.

“La verdad es que la reunión no fue buena. No liberaron lo que está retenido”, dijo un ejecutivo de una automotriz europea, en relación con los cerca de 3000 vehículos de alta gama que esperan autorización de la Aduana para ingresar en el mercado argentino. “Sí, la reunión fue tensa”, reconoció el director general de una compañía que comercializa autos de origen asiático. Y concluyó: “Evidentemente, es un programa muy exigente”.

Aunque desde el año pasado las empresas del sector vienen escuchando advertencias de que deberán exportar un dólar por cada dólar que importen, la noticia de que esa amenaza ya se tornó efectiva les cayó como un balde de agua fría.

“Las automotrices podrán importar en dólares la misma cantidad que lo que exporten, es decir que se aplica una regla de un dólar de exportación habilita a un dólar de importación”, dijo la ministra de Industria, Débora Giorgi, que encabezó la reunión junto al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El objetivo del Gobierno es intentar frenar la constante caída del superávit comercial. En el caso de las automotrices con terminales radicadas en el país también se busca que aumenten la integración de autopartes locales.

Aunque la nueva política no figurará en ninguna orden escrita (no está claro que sea compatible con la legislación y los acuerdos internacionales del país), los funcionarios transmitieron las condiciones que deberán cumplir los que quieran seguir vendiendo autos de fuera de la región. Las importaciones de este año deberán compensarse con exportaciones que podrán ser realizadas hasta el 31 de marzo de 2012.

Las automotrices deberán anunciar sus planes de exportación mediante una declaración jurada, y podrán ser aprobados o rechazados por el Ministerio de Industria en un plazo máximo de tres días hábiles.

Intervención de Moreno

Casi toda la reunión fue conducida por Giorgi. Moreno realizó una única intervención. “No se hagan los pícaros, que acá está claro el concepto”, dijo, con su particular estilo. Y luego les ofreció “darles una mano”: sólo por el primer año, las automotrices tendrán la alternativa de compensar el monto importado con un aporte irrevocable de capital durante 2011 a la propia firma importadora. Esta alternativa es la que utilizaría la alemana BMW para no desaparecer virtualmente del mercado de autos argentinos.

“Nadie se animó a hacer más preguntas y todos nos llamamos a silencio para digerir un poco el tema”, contó un participante del encuentro. En realidad, después de la reunión, algunos se acercaron a Giorgi y al secretario de Industria, Eduardo Bianchi, para hacer consultas sobre su situación particular.

Asistentes

Entre los asistentes, había directivos de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (Cidoa) y representantes de Mercedes-Benz, BMW, Renault-Nissan, Volkswagen (que comercializa Audi), Fiat (que importa Ferrari), Hyundai Motor Argentina, Alfacar (importadora de Mitsubishi), Chrysler, Isuzu, Chery, Kia, Centro Milano (Alfa Romeo), Ditecar (Jaguar, Volvo y Land Rover) e Indumotora Argentina (Subaru).

Otras empresas que tienen terminales en la Argentina serían citadas en los próximos días, pero, en general, ya cuentan con superávit en su balanza de comercio exterior, según señalaron fuentes oficiales. Las mismas fuentes aclararon que en el caso de Chery (que trae autos de China y de Uruguay, pero que también exporta autopartes), las importaciones se liberarían como parte de las conversaciones bilaterales sobre intercambio comercial que tendrán lugar hoy en Buenos Aires.

Con información de La Nación

El gobierno eliminó un ente plagado de denuncias de corrupción. Pero en el nuevo organismo las cosas distan de ser más claras.

El campo se desayunó esta mañana con que el gobierno nacional disolvió la Oficina de Control Comercial Agroalimentario (Oncca). Y se desayunó en serio porque la administración no había dado hasta ahora ninguna señal de que avanzaría sobre el cierre de un ente descentralizado que nació en 1996 como una oficina de fiscalización comercial pero que desde 2003, y al calor de la nueva ola reguladora del Estado sobre el mercado, fue sumando tareas, competencias y presupuesto hasta terminar envuelta en casos de corrupción por la entrega irregular de millonarios subsidios estatales. Un escándalo que apunta directamente a uno de los funcionarios más fuertes del gobierno: el titular de la Afip, Ricardo Etchegaray, verdadero padrino de la Oncca, pese a que formalmente la oficina dependía de Agricultura.

¿Quién se ocupa hoy de las tareas de la Oncca?

Según el texto del Boletín Oficial, publicado hoy, con el cierre de la Oncca las tareas administrativas y operativas quedarán bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, mientras que la política de repartos de subsidios y el otorgamiento de las autorizaciones para exportar (ROE) pasarán al Ministerio de Economía, que trabajará en línea con las carteras de Agricultura e Industria, y con asesoramiento de Comercio Interior, el bastión de Guillermo Moreno, en una flamante “Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno” (ver los detalles en la nota adjuntada escrita por el Centro de Gestión Agropecuaria de la Fundación Libertad).

Jugada electoral

En un año electoral, y jugado a la re-elección de Cristina Fernández, el gobierno busca con el cambio dar una señal de transparencia al electorado al desactivar una oficina acusada de corrupción y reemplazarla por un ente en el que al tallar más funcionarios de peso nadie puede designar a dedo destino de los fondos, como sí acusan a Etchegaray.

Obviamente, el gobierno no hace alusión a la corrupción para justificar los cargos sino que justifica la división de tareas en que “no es conveniente concentrar funciones que implican otras tantas actividades vinculadas al sector agropecuario, en todas sus fases, a cargo de la misma autoridad” y que “se aconseja un tratamiento más específico y particular en forma separada”.

Frenar investigaciones judiciales

Los referentes del campo saludaron este cambio, al que es difícil de oponerse, pero la oposición teme que sirva como bomba de humo para frenar las investigaciones judiciales en marcha por los escándalos de corrupción.

Etchegaray, Moreno y Boudou

Políticamente, Etchegaray sufrió un duro revés, Moreno sigue con su injerencia intacta y Domínguez suma más funciones que poder político, ya que las tareas más comprometidas (compensaciones y ROE) quedan bajo la órbita de Amado Boudu.

Mar de Fondo

Pero una lectura más profunda del Boletín Oficial llevó a los actores del mercado granario a encontrar que en los temas de fondo, como es la dirección de la política agropecuaria, no sólo no hay cambios sino que hasta se prepara el camino normativo para futuras intervenciones del Estado en el mercado.

Un dato fundamental que justifica esa visión son los cambios que el Boletín Oficial muestra de la Ley de Ministerios en lo que respecta a las atribuciones del Ministerio de Economía, que tiene a su cargo la flamante unidad.

Por ejemplo, en le artículo 4 del decreto publicado hoy dice “substitúyase los incisos 3,4, 5 y 6 que quedarán redactados de la siguiente manera: 3) Intervenir en la elaboración de las estructuras arancelarias. 4) Intervenir en la elaboración y ejecución de la política de reembolsos y reintegros a la exportación y aranceles. 5) Intervenir en la definición de la política comercial en el campo del comercio exterior. 6) Intervenir en los regímenes de precios índices y mecanismos antidumping y otros instrumentos de regulación del comercio”.

Basta de entender, ahora se trata de intervenir

¿Cuál es el único cambio que hay en el texto con respecto a la versión anterior de la ley? Es que en todos los puntos en donde ahora se dice “intervenir” antes decía “entender”.

Incluso, con los cambios, si bien faltan precisiones, los actores del mercado (corretaje, acopio, industriales, productores) tampoco ven grandes avances en la simplificación administrativa del comercio que demandan y que no para de generar complejidad burocrática.

La política del gobierno no cambia

En síntesis, en el mercado granario el escenario que emerge es que el gobierno ratifica los fundamentos de la política oficial y se va preparando normativamente para futuras regulación del comercio agropecuario y nuevos controles del Estado.

Es más, estos cambios vienen a agregar substancia al acercamiento de Domínguez con Federación Agraria y el coqueteo con las cooperativas (representadas por Coninagro), todo en un marco de comunión conceptual de la necesidad de que el mercado esté regulado, que el Estado tenga más injerencia en el comercio exterior granario y que las cooperativas de productores vayan ganando espacios en el comercio interno.

Sin cambios de fondo

Nadie cree que el gobierno tome medidas de fondo (como la creación de una nueva junta nacional de granos) antes de las elecciones por el ruido político que puede generarle y porque necesita tranquilidad en el campo para que los dólares de la exportación de soja, vía retenciones, fluyan a las arcas sin problemas como podrían ser paros rurales y bloqueo a puertos. Pero después de las elecciones, y si Cristina es re-electa, podría llegar la hora de esos cambios radicales.

Con información de Punto Biz

El Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno volvió a frenar el ingreso de bienes importados. Comunicó la decisión a los supermercados aunque esta vez habrá excepción para las compras a Brasil.

Moreno comenzó el año con el anuncio del regreso de las barreras para traer productos importados. En los primeros días de 2011, el polémico secretario de Comercio Interior retomó sus reuniones con supermercadistas y empresarios de consumo masivo para comunicarles la vuelta de las restricciones al ingreso desde el exterior de alimentos y otros artículos de consumo masivo.

Alimentos, electrónicos y textiles

La orden verbal que les impartió el funcionario a los hombres de negocios es que no podrán importar los productos que tengan un equivalente de producción nacional. De esta manera, volverá a regir la prohibición para la entrada en el país de una amplia lista de artículos que incluye desde alimentos -como el jamón español, las pastas italianas o los duraznos griegos- hasta productos de electrónica o textiles, apuntando básicamente a la oferta que hoy se comercializa en los grandes supermercados.

Brasil, la excepción

Moreno ya había aplicado una medida similar en junio del año pasado, aunque esta vez la novedad es que los controles y restricciones no regirán para los productos brasileños, que se podrán seguir importando sin problemas o cupos.

Durante los encuentros, Moreno destacó la excepción que beneficia a la producción brasileña, aunque les exigió a los empresarios locales que aceleren los trámites para que todas las operaciones de intercambio con el socio mayor del Mercosur se realicen en moneda local -ya sea el peso argentino o el real brasileño-, de manera de avanzar en la desdolarización de las relaciones comerciales entre los dos países.

Con la decisión de exceptuar a los productos brasileños de las restricciones, Moreno busca evitar un nuevo conflicto diplomático como el que se produjo en junio del año pasado, cuando los camiones provenientes de San Pablo y Río de Janeiro empezaron a quedar varados en la frontera y la cancillería brasileña amenazó con tomar medidas similares si no se levantaban las restricciones al ingreso de sus productos. En aquel entonces, también transmitieron al Gobierno su preocupación algunas embajadas europeas.

Reacción de empresarios

El regreso de los controles a los productos importados fue recibido por los empresarios con una combinación de resignación y desconcierto. La resignación se explica a partir de que no se trata de una orden nueva, sino de una medida que con algunos altibajos rige desde hace más de seis meses.

“Moreno sostiene que este tipo de medidas sirven para evitar que se descontrole el ingreso de productos de los países europeos agroexportadores y no nos queda otra alternativa que volver a restringir las operaciones de compra”, explicaron en una cadena de supermercados.

El desconcierto, por su parte, se puede atribuir a la falta de precisiones que tiene la medida. Como ya es un clásico en la gestión Moreno, la orden fue impartida en forma verbal y no está asentada en ninguna resolución o decisión administrativa. Los supermercados además se quejan de que la mayoría de las restricciones sólo rige para las grandes cadenas, mientras que no afectan a los pequeños comercios que se dedican a la venta de artículos importados.

Antecedentes

En el sector también sostienen que la excesiva burocratización dificulta su operatoria. En teoría, cuando una cadena realiza una importación debe obtener la aprobación del Instituto Nacional de Alimentos, que es el que determina si en la Argentina existe un equivalente de producción nacional, lo que termina alargando los trámites de cualquier operación de comercio exterior.

Las restricciones a la importación empezaron a regir en mayo de 2010, como una manera de evitar la salida de divisas. Sin embargo, a fines del año pasado, Moreno había decidido la suspensión de esta medida debido al alivio que generó el ingreso masivo de dólares por la cosecha de soja.

Quejas de los importadores

La reinstalación de las barreras paraarancelarias fue recibida con escepticismo por los importadores, que se quejan de que la incidencia de los alimentos importados en la balanza comercial argentina es mínima.

“Con este tipo de medidas, lo único que se logra es que falten algunos productos en las góndolas, pero la incidencia de los alimentos en las importaciones es muy baja y no llega al tres por ciento del total de las compras en el exterior que realiza el país”, señaló Diego Pérez Santisteban, presidente de la Cámara de Importadores (CIRA).

Con información de La Nación

El proyecto vuelve al Senado y se espera acortar los plazos. De Sancionarse la ley se podría desplazar funcionarios que responden a Moreno.

En la que pudo haber sido la última sesión del año, y cuando pocos lo esperaban, la oposición logró ayer dar un paso adelante en el tratamiento de un proyecto resistido por la Casa Rosada: con el voto favorable de todos los bloques opositores, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado una iniciativa de reforma del Indec.

El proyecto ya había sido aprobado por la Cámara alta en agosto pasado, pero deberá volver a ser tratado allí, a partir del año próximo, porque Diputados introdujo modificaciones que tienden a acelerar el desplazamiento de las autoridades actuales del organismo, que responden al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

La votación se produjo un día después de que el Gobierno anunciara un pedido formal para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) asistiera técnicamente a la Casa Rosada para la elaboración de un nuevo índice de precios al consumidor (IPC).

La votación

La iniciativa contó con 131 votos a favor y 98 en contra. El dictamen había sido acordado por todos los bloques de la oposición y fue defendido en el recinto por Claudio Lozano (Proyecto Sur) y Silvana Giudici (UCR). “Estamos discutiendo uno de los hechos más desacertados de la gestión del gobierno actual, que significó el desmantelamiento del sistema estadístico”, sostuvo Lozano en el comienzo del debate.

Debate por el FMI

“Hay que marcar una contradicción: ¿no era este gobierno el que decía que había que darle una patada en el trasero al FMI? Sin embargo, ahora parece arrodillarse y decir que el FMI ya no es más feo, ni sucio ni malo, y le pide ayuda”, aguijoneó Giudici, tras explicar los ejes de la iniciativa.

La réplica estuvo a cargo del presidente de la bancada oficialista, Agustín Rossi, que reivindicó la facultad del Gobierno para modificar la metodología para medir la inflación.

“No creemos en esta cosa de la independencia en términos abstractos o asépticos. Quieren un Indec independiente del poder político, pero dependiente de otros poderes que son inconfesables. La legitimidad popular es la legitimidad más importante y está por encima de cualquier otro diseño de legalidad”, argumentó, en el cierre del debate.

Unos minutos antes, la kirchnerista Juliana Di Tullio había sostenido que la manipulación de las estadísticas y el maltrato a los empleados del Indec eran “mitos” instalados por la oposición y por los medios de comunicación “concentrados”.

El bloque que intentó diferenciarse fue el que conduce el ex intendente de Morón Martín Sabbatella. “Queríamos apoyar la reforma del Indec, pero el proyecto que se votó tiende a darle al Poder Legislativo facultades que son propias del Poder Ejecutivo”, explicó Carlos Heller.

Autonomía

El proyecto que deberá tratar el Senado apunta a remover a la actual conducción y dotar al organismo estadístico de autonomía respecto del gobierno nacional. Para ello, se propone asegurar al organismo de autarquía económica y financiera y crear un consejo federal de estadística y censos, así como una comisión bicameral permanente.

Concurso público

Se propone, además, otro sistema de selección de autoridades. De aprobarse la iniciativa, los directores del organismo deberán superar un concurso público, del que surgirá una terna. El Poder Ejecutivo podrá entonces elegir a uno de los tres candidatos, pero para su designación necesitará del acuerdo del Senado, lo mismo que para su remoción.

Funcionarios desplazados

La propuesta votada en el Senado no determinaba la reincorporación de los funcionarios desplazados ni la remoción inmediata de la actual conducción del organismo.

Interventor

El dictamen votado ayer establece la designación inmediata de un interventor que se haría cargo del organismo hasta que sean nombradas las nuevas autoridades. Ese interventor sería designado por una comisión bicameral permanente, que se encargaría del monitoreo constante del trabajo que hace el organismo estadístico.

El proyecto determina, además, la restitución de todos los funcionarios que habían obtenido sus cargos por concurso y que habían sido desplazados después de diciembre de 2006.

La iniciativa no incluye, en cambio, ninguna propuesta específica sobre la metodología de medición por utilizarse para elaborar un nuevo IPC.

En el comienzo de la sesión, la Cámara baja había aprobado por unanimidad la suspensión por 180 días hábiles de los procesos judiciales que impliquen ejecuciones hipotecarias para quienes adquirieron deudas por la compra o reforma de su vivienda única, antes de 2002.

Con información de La Nación

Muchos de los medicamentos importados no tienen producción nacional. Desde el Colegio de Farmacéuticos advierten a moreno sobre las consecuencias a las trabas a las importaciones de estos bienes.

Carlos Rucci, presidente del Colegio de Farmacéuticos sostuvo: “Los medicamentos que importamos no se producen en nuestro país. ”

Ante la posible pretensión de Guillermo Moreno de restringir la importación de medicamentos producidos en nuestro país para evitar la salida de dólares hacia el exterior, los laboratorios nacionales pusieron el foco en redireccionar la implementación y acercarle nuevas propuestas al secretario de Comercio Interior.

Base de Datos (FM Meridiano 107,1 de 7 a 10) se comunicó con Juan Carlos Rucci, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la segunda circunscripción, quien señaló que la medida no va a resultar exitosa, ya que los medicamentos que se importan en nuestro país no son fabricados por laboratorios nacionales.

Asimismo, Rucci afirmó que la implementación no va a acarrear problemas en la salud de los argentinos ni en los números comerciales de las industrias.

Consultado sobre la posibilidad de sustituir los medicamentos, Rucci sostuvo:  “Por lo que se habla en los medios de comunicación serían los medicamentos que se producen en el país. La medida no pareciera exitosa ya que los medicamentos que importamos son los productos que no producimos. Cuando la miramos la medida por arriba se ve con cierto miedo, porque la industria nacional en materia de medicamentos es muy grande. En salud no creo que afecte en nada al pueblo”.

Respecto de la posibilidad de que las multinacionales decidan abandonar el país, Rucci respondió: “No creo que esto suceda. Creo que esto es sólo un anuncio. No creo que traiga problemas en números ni en salud. Lo que importamos no se produce en nuestro país, asique no habría problemas. Me parece que no va a cambiar en números comerciales ni va a afectar la salud de la población”.

Como conclusión aportó: “Cuando haya menos importación de medicamentos va a haber un nuevo rojo en los números comerciales. Hay laboratorios estatales que dan respuesta a la demanda de personas sin capacidad económica, y eso puede afectar mucho”.

Con información de Punto Biz

Con una actitud confiada y hasta divertida, el Ministro rindió informe en la Cámara Alta aunque muchos temas quedaron sin responder.

Defensa al INDEC

En el marco de su informe ante el Senado, el jefe de Gabinete también defendió las cifras del Indec y descalificó los estudios privados que muestran índices de inflación muy superiores a los oficiales. “Son un verso y una gran mentira los índices de los consultores privados”, afirmó Fernández, que les adjudicó a esas empresas tener una “vocación política de entorpecer la vida del gobierno nacional”.

En el cierre del debate, el jefe del bloque radical, Gerardo Morales (Jujuy), rechazó la afirmación de Fernández. “Han destruido el Indec, no pueden decir que mentimos nosotros cuando los datos estadísticos del interior arrojan una inflación del 21%”, recriminó.

Aumentos de precios

En su política de negar cualquier atisbo de inflación, el jefe de Gabinete reconoció que hay incrementos de precios, pero aseguró que “el Indec no aumenta los precios”, sino que “los aumentan los empresarios”. Además, explicó los incrementos salariales alcanzados por varios gremios al afirmar que en esas negociaciones “no se discute la inflación, sino el precio del trabajo”.

Moreno y las dificultades con Brasil, China y la Unión Europea

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó ayer en el Senado que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, “cumple órdenes de la Presidenta”, con lo cual atribuyó a Cristina Kirchner toda la responsabilidad sobre los conflictos planteados con Brasil, China y la Unión Europea por las trabas a las importaciones.

“No voy a hablar de ningún secretario de Estado por una razón elemental: los secretarios de Estado cumplen órdenes de la Presidenta; nadie hace lo que se le antoja”, precisó Fernández en el tramo más saliente del informe ante la Cámara alta, en respuesta a una pregunta de la senadora Laura Montero (UCR-Mendoza).

La frase cobra relevancia porque la legisladora hizo hincapié en su pregunta sobre el papel que había jugado Moreno en el reciente conflicto comercial, que motivó la queja de embajadores y agregados comerciales de varias de las naciones afectadas ante la Cámara de Diputados.

Pero también porque la Presidenta negó ante los líderes europeos, en su reciente viaje a España, y ante su par de Brasil, Lula da Silva, que su administración haya impuesto restricciones al ingreso de productos de esos países.

Canje de deuda

Para Fernández fue exitoso porque, aseguró, el objetivo del Poder Ejecutivo era atraer a los grandes deudores, con bonos por más de 100 millones de dólares. “Con satisfacción debo decir que entraron todos”, afirmó para justificar que, hasta el momento, la operación alcanzó el 50% de los 18.000 millones de dólares en títulos públicos que permanecen en cesación de pago.

Las preguntas que Fernández no respondió

El ministro no contestó todas las preguntas. Así, dejó sin respuesta una requisitoria sobre la presencia en Sudáfrica de empleados del Indec sindicados como barrabravas.
Tampoco lo hizo cuando el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe) le preguntó si el Poder Ejecutivo tenía planeado reconocer el 82% del salario mínimo vital y móvil para los jubilados. “Es un tema para charlarlo con mucha prudencia. Deberé consultar con Bossio [Diego, director de la Anses]”, dijo.

Defensa al gasto por el fútbol

En su defensa de las políticas del Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete reivindicó las transmisiones del fútbol por Canal 7, al afirmar que se están gastando los 600 millones de pesos comprometidos con la AFA.

Sin embargo, reconoció que se han gastado otros 54 millones de pesos en concepto de gastos de transmisión en los dos últimos torneos. Esto llevó a Morales a recordarle que, en su anterior presentación ante el Senado, en agosto último, había dicho que la televisación iba a tener costo cero. “Quedó claro que es mentira que tenga costo cero”, concluyó el jefe del bloque radical.

Con información de La Nación