Redoblando la apuesta en la disputa con el gobierno nacional, el líder del gremio de los camioneros amenaza con un paro de transportistas.

La disputa entre el Gobierno y la CGT tendrá a partir de hoy otra semana de alta tensión, con un paro de una rama del gremio de camioneros,”reclamos sorpresa” y una cumbre de la cúpula del sindicato que responde al jefe de la central obrera, Hugo Moyano, que podría derivar en una huelga de todos los trabajadores del sector.

Despido de 200 empleados en Chubut

El plan de lucha anunciado para hoy está circunscripto a los camioneros de la empresa distribuidora Camuzzi Gas del Sur, que harán un paro en todo el país en protesta por el reciente despido de 200 empleados de Correos del Sur, una compañía tercerizada que cumplía tareas de transporte en Chubut.

Pero la medida podría ampliarse al resto del sindicato si así lo decide la dirección del gremio, en una reunión convocada para hoy, a las 10, en la que estará el secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), Pablo Moyano, y posiblemente su padre, Hugo Moyano.

Como preludio de los días que se avecinan, el secretario gremial de la CGT, Marcelo Aparicio, acusó ayer al Gobierno de someter a un “manoseo” al sindicato de camioneros y advirtió que si la Casa Rosada no atiende los reclamos para la reincorporación de los trabajadores despedidos “se va a venir una semana agitada”.

En la misma sintonía, el diputado Omar Plaini, miembro del consejo directivo de la central obrera, instó al Gobierno a que “no le mande más mensajes” a Moyano y anticipó que no van a permitir que “ni un solo trabajador quede en la calle”.

Fracaso de negociaciones

El incremento de la tensión entre la CGT y la Casa Rosada se produjo luego de que el viernes fracasaron las negociaciones en el Ministerio de Trabajo por el conflicto de Camuzzi. El Gobierno dictó la conciliación obligatoria, lo que impide tomar cualquier medida de fuerza y frena los despidos. Pero en el gremio respondieron que como el Gobierno no aceptó incluir a Camuzzi en el conflicto, no existen impedimentos para tomar medidas en contra de esa empresa.

El Sichoca, que tiene al frente de las negociaciones a Pablo Moyano, estudiará si se incorporan a las protestas las áreas de recolección de residuos y de transporte de caudales, cargas peligrosas y combustibles, entre otras, expresó Aparicio, quien evitó responder qué duración tendrá el paro de los camioneros de Camuzzi.

El dirigente confirmó que “no se descarta nada”, pero deslizó que, más que sumarse al paro, el resto del gremio de camioneros podría “tomar medidas para colaborar en el conflicto”. Y fustigó al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por no incluir a Camuzzi en las negociaciones. “Actúan como si fueran abogados de Camuzzi y no como funcionarios del Ministerio de Trabajo”, afirmó Aparicio.

El líder también manifestó su malestar por el trato recibido por el sindicato en la cartera laboral. “Estas negociaciones son un manoseo y no lo vamos a permitir más.” El secretario gremial de camioneros detalló que los dirigentes del sindicato fueron citados “a una hora” y fueron atendidos “dos horas después, y por empleados de mínima jerarquía”.

El gremio apunta a la reincorporación de los empleados despedidos y rechaza la propuesta para que esos trabajadores sean absorbidos por Correo Argentino, la empresa estatal que Camuzzi contrató en lugar de Correos del Sur. “Queremos que tengan el mismo convenio y el mismo salario”, explicó Aparicio.

Apriete

El ministro Tomada quedó en el blanco de las críticas de los camioneros el martes pasado, cuando calificó de “apriete” la marcha que hizo el gremio frente a la sede central de Camuzzi, en Puerto Madero. “Esto es un apriete: trasladar un conflicto acá, a la ciudad de Buenos Aires, no tiene sentido, cuando nosotros venimos planteando sistemáticamente el diálogo”, había dicho Tomada. Ese mismo día, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, había desechado la propuesta del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, para que Hugo Moyano revisara su renuncia al PJ.

El viernes les respondió el propio Moyano, quien reapareció en público luego de renunciar al PJ y de exponer con su acto en Huracán la fractura en la relación con la Presidenta. En Santa Fe, calificó de “chirolitas” a los funcionarios del Gobierno que lo critican, y advirtió: “No se vienen momentos simples ni momentos tan buenos como los que hemos vivido”.

Ayer, Plaini volvió a arremeter contra los funcionarios críticos del jefe de la CGT. “Moyano ha sido muy claro: que no le manden mensajes”, dijo y, en alusión a Tomada, sostuvo: “Habrá que ver de qué lado estuvo cada uno”.

Con información de DyN

La presidente mandó a la Fuerza Aérea a controlar las operaciones del servicio de aeronavegación, actividad que en 2007 se había asignado al ámbito civil.

En pleno conflicto gremial que dejó varados a pasajeros nacionales  y extranjeros, la Fuerza Aérea se ocupará del control operativo de la prestación de los servicios de navegación aérea y de coordinación y supervisión del accionar del control aéreo. Anteriormente esas funciones correspondían a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La decisión del Ejecutivo se formalizó hoy con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1840/2011, fechado el pasado sábado 12 de noviembre en la ciudad santacruceña de Río Gallegos y firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Paro de APTA

La medida fue adoptada luego de que Aerolíneas Argentinas debiera suspender la salida de sus vuelos internacionales durante el fin de semana, debido a medidas de fuerza encubiertas realizadas por el personal adherido a la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), que fueron calificadas por el gobierno como “extorsivas e injustificadas”.

En los considerandos del decreto, se explica que “para el mejor cumplimiento de las finalidades tenidas en mira al momento de la creación de la ANAC, y siguiendo recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), resulta necesario y conveniente que dicha Administración no tenga a su cargo la prestación de los servicios de navegación aérea, cuya actividad regula y le compete fiscalizar”.

Las nuevas funciones de la Fuerza Aérea

El decreto establece que los controladores aéreos pasarán a formar parte de la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo, en el ámbito de la Fuerza Aérea Argentina, mientras que la ANAC continuará ejerciendo la “regulación, supervisión y fiscalización de las tareas transferidas”, según las recomendaciones de la OACI.

Asimismo, pasarán a la Fuerza Aérea los centros de control de áreas, las torres de tránsito aéreo y los servicios asociados al control de tránsito aéreo, “con sus respectivas competencias, cargos y créditos presupuestarios, así como los bienes patrimoniales afectados a su uso”, según se establece en el artículo 3.

En tanto, se exceptúa de la transferencia a los jefes de aeródromo y a su personal de apoyo, los que se mantendrán en la órbita de la ANAC.

Según se indica, el personal de la ANAC pasará a revestir sus funciones, en comisión, en la Dirección General de Tránsito Aéreo de la Fuerza Aérea por el plazo de un año, durante el cual “se realizará un procedimiento de selección del personal que mantendrá condición de servicio en dicha dependencia y las condiciones de la misma”.

La Fuerza Aérea, por su parte, “podrá hacer cesar la comisión del personal transferido antes de dicho plazo, el que retornará a cumplir las funciones en la ANAC”, y el decreto asegura que en todos los casos se garantizará “la continuidad y derechos de los trabajadores”.

Funciones de la ANAC

En los considerandos, se recuerda que la ANAC fue creada en marzo de 2007 como un organismo descentralizado en el ámbito de la secretaria de Transporte del ministerio de Planificación Federal, con competencia para el control y fiscalización de la actividad aeronáutica, y la prestación de servicios como la navegación aérea, sanidad aeroportuaria y extinción de incendios.

Se señala, asimismo, que las recomendaciones de la OACI “aconsejan introducir ciertas modificaciones a la estructura organizativa de la ANAC, con el objetivo de contribuir a su eficiencia y constante mejoramiento”.

El decreto lleva también la firma del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; del ministro de Planificación, Julio de Vido; y del titular de la cartera de Defensa, Arturo Puricelli.

La respuesta del gremio

Señalado por el Gobierno como el responsable de una medida de fuerza que obligó a la cancelación de todos los vuelos internacionales de Aerolíneas Argentinas, el secretario general de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), Ricardo Cirielli, negó ayer las acusaciones y dijo que el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y el presidente de la compañía aérea, Mariano Recalde, lo usaron como una especie de chivo expiatorio para cubrir sus propios errores.

A la vez, Cirielli atacó con dureza la decisión de la Casa Rosada de recurrir a la Justicia con la intención de sacarle la personería gremial a su asociación. “Ningún gobierno democrático hizo una cosa semejante. Van a quedar muy mal”, advirtió el sindicalista de APTA.

Aviones no aptos para volar

Cirielli, que fue subsecretario de Transporte Aerocomercial durante el gobierno de Néstor Kirchner, sostuvo que los funcionarios cancelaron todos los vuelos para no admitir que cinco de los diez aviones de la flota internacional no estaban en condiciones de volar. Y que prefirieron acusarlo porque estaban molestos por una carta que les envió el 1º de este mes, en la que acusa a la gestión Recalde de no haber cumplido con compromisos firmados para la inversión en mejoras de la compañía aérea.

“Seguro fue una represalia por la carta. No hay otro motivo para que nos acusen de hacer un paro. Buscan ocultar su ineficiencia”, dijo Cirielli.

Según explicó el titular de APTA, la aerolínea tenía dos aviones con el tren de aterrizaje vencido hace dos años y esta semana tuvieron que sacarlos de servicio por requisitoria del fabricante, Airbus. Además, otra aeronave se descompuso en Roma y otras dos aeronaves (un Jumbo 400 y un Airbus 340) habían ingresado en una inspección programada.

Con información de La Nación

“Como el gobierno no supo resolver el tema jubilatorio le pasó la pelota a la Legislatura”, sostuvo Daniel Couselo, titular de Amsafé Rosario.

Así sintetizó Couselo la decisión gubernamental de elevar el reclamo de reforma al sistema previsional al ámbito de la Legislatura. “La sensación que tenemos es que perdimos un año”, dijo el dirigente.

Buena noticia

Para Rubeo, es una buena noticia que el tema jubilación docente pase a la Legislatura

La provincia definió que la disputa con los docentes pase a la Legislatura.

Cronograma de pago de sueldos a docentes oficiales y privados

“Estamos sorprendidos, pero la sensación que tenemos es que perdimos un año. Nos entretuvieron con la inoperancia e ineficacia para resolver el tema”. Daniel Couselo, titular de Amsafé Rosario, lanzó esa reflexión esta mañana al programa Dos tipos audaces de La Ocho, al evaluar la decisión del gobierno provincial de elevar a la Legislatura el reclamo de los maestros para que se reforme el sistema jubilatorio para el sector.

Hoy finaliza el segundo paro por 48 horas que los maestros de Santa Fe realizaron al rechazar la propuesta gubernamental de reforma del sistema jubilatorio. Ayer, la ministra de Educación Elida Rasino sentó la posición gubernamental sobre el problema: “Ya se ofreció todo lo que se puede ofrecer. Los cambios al sistema previsional los debe hacer la Legislatura”.

Couselo recogió el guante en diálogo con La Ocho. “El que quiso llevar el tema jubilatorio a la paritaria fue el gobierno. Y al no poder entender la democracia sindical en la que los maestros votan y rechazan una propuesta, le pasan la pelota a la legislatura. Es un tema que tiene que pasar por el ámbito legislativo. Siempre lo dijimos. Este es un tema que se tiene que resolver en la Legislatura. Ahora, como lo pudieron resolver hacen esta jugada”, afirmó.

“Nos preguntamos cómo van a actuar los legisladores del partido del gobierno del Frente Progresista. La mayoría en la Legislatura la tiene el oficialismo, ¿van a actuar igual como actuaron seis años atrás, cuando apoyaron un proyecto que contemplaba la baja de edad? O van a actuar como vienen actuando últimamente, rechazando nuestros reclamos que no son nuevos”, señaló.

El dirigente rosarino consideró que si el gobierno “hubiese tenido la voluntad política de llamar a negociación, tuvo el jueves pasado y el martes último donde no hubo paros para hacerlo”.

Acerca de la llegada del complejo tema a la Legislatura “no sea para dilatar los tiempos. Esperamos que sea para encontrar una solución entre todos los sectores políticos. Si mañana, el oficialismo pide el tratamiento preferencial y da quórum esto se resuelve antes de fin de año. Hay un proyecto de ley. Hay que avanzar en ese sentido con todos los sectores. La gran pregunta es qué harán los legisladores oficialistas en este caso. Si le darán tratamiento preferencial, y cómo van a actuar y si tienen otro proyecto alternativo. Nuestro reclamo, que no es nuevo, quedó demostrado con una nota publicada ayer por el diario La Capital en la que se expuso que en 2005 cuando luchamos por la reforma jubilatoria, cómo actuó el partido hoy gobernante cuando era oposición. Eso quedó claramente demostrado. También quedó acreditado que no era un capricho nuestro. Que estos paros no fueron traídos de los pelos. Es un proceso que viene de hace años, que lleva un año y medio”

Con información de La Capital

Los docentes quieren anticipar más la edad de jubilación y pararán miércoles y jueves. El gobierno provincial anunció que llamará al diálogo cuando terminen las medidas de fuerza.

El gobierno quiere que de la instancia de negociación participen conjuntamente tanto sindicatos estatales como privados.

De ese modo, quedó delineado el escenario del conflicto para los próximos días. Los integrantes de la comisión directiva provincial de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafé) resolvieron, además, varias movilizaciones con epicentro en la capital santafesina, donde el miércoles se hará una marcha hasta la Caja de Jubilaciones. En Rosario, el mismo día, a las 10, está prevista una clase pública en la plaza Pringles.

El ministro de Trabajo provincial, Carlos Rodríguez, había anticipado el jueves que el llamado al diálogo llegará tras los paros: “Hasta que no termine la medida de presión no vamos a convocarlos. Luego nos sentaremos en una mesa amplia, donde estén los activos y pasivos de la caja jubilatoria”. La convocatoria a otros gremios sumará voces al conflicto y ayer se pronunció una vez más el titular de UPCN.

Las declaraciones del ministro, quien se refirió a las docentes como “mujeres de cuatro décadas”, generaron rechazo al interior de los sindicatos.

Números en debate

Mientras tanto, en los sindicatos afinan el lápiz para exponer en la mesa por qué creen que la reforma es sustentable. Reclaman una rebaja en la edad jubilatoria (en la actualidad es de 57 años para las mujeres y 60 para los varones, con 30 años de aportes) y que el haber se calcule con el 82% móvil sobre los últimos diez años. El gobierno sostiene que ese régimen desfinanciará la caja previsional a la que aportan estatales de la provincia.

Estudio

El secretario general de UPCN Santa Fe, Alberto Maguid, reiteró ayer que no se opone al reclamo docente pero aseguró que es necesario “un estudio para ver si la Caja puede pagar”. Luego añadió que si se otorga el beneficio a maestros deberían incluirse otros empleados. “No es un tema con el que se puede jugar”, destacó.

Con información de La Capital

Los docentes de escuelas públicas y privadas santafesinas comenzarán hoy un paro en reclamo de mejoras del régimen jubilatorio.

La ministra de Educación provincial, Elida Rasino, señaló ayer que se convocará a los gremios “lo antes posible a conversar” porque la paritaria “sigue abierta”. La premura no es casual: el gremio de los maestros oficiales (Amsafé) ya le puso fecha a otras dos jornadas de huelga: el miércoles y el jueves de la semana próxima. La asamblea de los docentes privados del Sadop decidió acompañar la medida de fuerza. Ambos sindicatos marcharán hasta la plaza San Martín.

A ese escenario, que dejará sin actividad a los colegios durante hoy y mañana, se llegó el viernes pasado, después de que los docentes rechazaran de plano la oferta del gobierno para mejorar los plazos jubilatorios y no sólo le pusieron fecha al paro de 48 horas que había quedado en suspenso cuando se retomó la negociación sino que lanzaron otra medida de fuerza por dos días más.

En tanto, el Sadop decidió en asamblea provincial sumarse a la protesta iniciada por los educadores de escuelas públicas.

Rasino salió a poner paños fríos al conflicto. “El diálogo está abierto y seguiremos buscando alternativas en lo que refiere al ámbito pedagógico, en Educación, y mejoras en las condiciones de trabajo y jubilación, en el marco del Ministerio de Trabajo”, sostuvo. Y agregó: “Vamos a convocar lo antes posible a los docentes. Una vez que termine la medida de fuerza volveremos a conversar”.

Lo que ofrece el gobierno

La oferta que rechazaron los gremios permite reducir la edad jubilatoria para los docentes (actualmente de 57 para las mujeres y 60 para los varones) en dos o tres años a través de tres mecanismos: la compensación para los que exceden la edad pero no llegan a los años de servicio, o que tienen más de 30 años de aportes pero no alcanzan la edad, y el reconocimiento de los seis meses y un día para computar como un año a los fines de alcanzar los requisitos jubilatorios. Además, se propuso la creación de 350 cargos de coordinación pedagógica para maestras de más de 52 años y maestros de más de 55 para que puedan dejar el aula y ocuparse de formar a los nuevos profesionales.

El titular de Amsafé Rosario, Daniel Couselo, consideró que el gobierno provincial “no leyó el enojo” que generó entre los docentes la propuesta oficial. Y confió en que en ese marco “tiene que aparecer” una nueva propuesta.

¿Podría esto desarticular la medida de fuerza de la semana próxima?, preguntó La Capital. “Si el gobierno tiene voluntad política y nos cita a discutir en esos días, evaluaremos qué pasa con el nuevo paro”, concluyó Couselo.

Sin descuento

La ministra de Educación provincial, Elida Rasino, descartó ayer descontarles a los maestros los días perdidos por el paro. “Nunca lo hicimos, y tampoco lo haremos esta vez”, apuntó. Luego advirtió que “los problemas que genera la pérdida de continuidad en la tarea pedagógica no se compensan con dinero”. Asimismo, Rasino volvió a defender la iniciativa elaborada por el gobierno para mejorar las condiciones jubilatorias del sector. “Es una buena propuesta y nos sorprende su rechazo”, consideró. Sin embargo, la ministra destacó que se respetará el derecho de huelga.

Con información de La Nación

Los 190 obreros del plan de viviendas “Misión sueños compartidos” de la Fundación Madres de Plaza de Mayo realizaron una vez más un quite de colaboración el miércoles y ayer en repudio a la falta de pago de sus salarios correspondientes al mes de junio.

La medida se replicó en Buenos Aires. Según el responsable territorial de la fundación, Rodolfo Fernández, el reclamo se resolvió en asamblea y se mantendrá hasta que se deposite el dinero en las cajas de ahorro del Banco Nación como se viene haciendo desde que empezó el proyecto.

No obstante, dejó en claro que tanto este atraso como el del mes pasado —coincidente con el escándalo por desmanejo de fondos en los que habría incurrido el ex apoderado de la entidad, Sergio Schoklender— frenan la entrega de las primeras 36 casas de un total de 256 en obras, en el barrio toba de Juan José Paso y Travesía, tanto como los trabajos planificados para una segunda etapa.

“Acá hay gente que debió cobrar el mes el día 5; a otros les deben la segunda quincena. Esperaron cuatro días por si había alguna respuesta y nada, sólo nos dijeron desde Buenos Aires que estaban «haciendo esfuerzos»”, dijo Fernández.

Los trabajadores también tienen que cobrar este mes el aguinaldo, pero como el plazo estaba pautado para fin de mes aún no lo están reclamando. “Hay mucha bronca y mucha angustia, es comprensible. Necesitan el dinero para vivir y están sus propias viviendas en juego. A las primeras que estábamos a punto de entregar sólo les faltan detalles. Con nosotros no hay problemas, porque nos ven trabajando codo a codo con ellos y tampoco cobramos, pero entendemos la bronca”, remarcó Fernández

La Fundación junto a la Nación, la provincia, el municipio y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) tienen planificado construir ahí 256 viviendas. Comenzaron a trabajar en mayo del año pasado. Hoy son 190 los hombres y mujeres (el 80 por ciento vive en el barrio toba) que están trabajando cada día nueve horas (salvo los viernes en que las jornadas son de ocho horas) en la primera tanda de viviendas. Cobran entre 3 mil y 4 mil pesos al mes (el sueldo más bajo es el de un sereno y el más alto el de un oficial especializado) según las categorías que marca el convenio de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina).

El plan es nacional y desde el principio consistió en dar techo a familias numerosas, trabajo en blanco y capacitación laboral. Las viviendas se levantan con paneles de polietileno expandido, hormigón y hierro y pueden llegar a tener varias habitaciones totalmente amuebladas.

Durante el reclamo también se denunció falta de materiales para trabajar. “No obstante, se cumple con los horarios porque es quite de colaboración pero con asistencia a la obra, y aprovechamos para seguir con el trabajo político: en estos dos días estamos haciendo cursos de lectura de recibos de sueldo”, señaló Fernández.

“Es una pena esto que pasa, porque si no fuera por estos dos atrasos ya podríamos haber entregado las primeras casas y comenzado a construir la segunda manzana. Sólo falta algo de pintura, y las veredas y asfalto que corren por cuenta de una empresa tercerizada. No entregaremos nada que no esté totalmente equipado, con luz, agua y gas, más allá de que la gente ya manifestó que está dispuesta a mudarse igual. Esto lamentablemente está relacionado con el tema de Schoklender”, dijo Fernández.

“Andá a reclamarle a Schoklender”

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, mandó ayer a los trabajadores del proyecto “Misión sueños compartidos” a que le reclamen a Sergio Schoklender los sueldos adeudados.

Los trabajadores irrumpieron en la tradicional marcha de los jueves de las Madres en la Plaza de Mayo y Bonafini le dijo a uno: “Reclamale a Sergio Schoklender, porque ese es el que te choreó”.

Uno de los obreros le había reclamado diciendo que hacía seis meses que no cobraba. De inmediato, Bonafini le preguntó: “¿Quién los manda?”.Le contestaron con los recibos de sueldo en la mano que no los mandaba “nadie, sólo la necesidad”.

Tras el escándalo por el supuesto desvío de fondos por parte del ex apoderado de la Fundación Madres, Sergio Schoklender, las obras se paralizaron. Por ese motivo, los obreros contratados por el programa “Misión sueños compartidos” dejaron de percibir su salario y en los últimos días comenzaron a reclamarlo a través de distintas manifestaciones e incluso pidieron, sin respuesta a favor, la intervención del gobierno para solucionar el problema.

Luego del cruce con uno de los obreros, Bonafini se asomó y desde la camioneta afirmó : “Estamos haciendo todo lo que podemos, entregando lo mejor de nosotras para hacer el país que soñaron nuestros hijos. Muchos de los que hoy reclaman no sabían quiénes éramos las madres o qué es un pañuelo blanco. A los desaparecidos hay que dignificarlos, quererlos y amarlos”.

Pedido de informes

El concejal radical Jorge Boasso le pidió ayer al Ejecutivo que informe el estado de las obras de la primera etapa del barrio Travesía. Se refirió, entre otras cosas, al cronograma de obra, si se cumplió o no en tiempo y forma con la obligación de la Nación rendir cuentas y si se supervisaron los trabajos.

Con información de Derf

Santa Fe está en peligro de paro del transporte público por el corte en el financiamiento del gasoil. Sin embargo la Nación asegura haber enviado los fondos y pide investigar.

El secretario de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi, adelantó ayer a Rosario/12 que “vamos a montar una auditoría en Santa Fe para ver qué es lo que hacen con el dinero” que la Nación manda a la provincia para sostener el transporte.

Tras las denuncias del intendente Miguel Lifschitz y el secretario de Transporte de Santa Fe, Alejandro Boggiano, quienes denunciaron que la Nación recortaba el gasoil subsidiado y que esa situación les generaría problemas para pagar los sueldos; Schiavi fue contundente: “El día 4 de julio, depositamos 10,8 millones de pesos para la provincia que junto con Córdoba pasan a ser los distritos que más dinero reciben para subsidiar su transporte”.

Tras explicar que el gobierno decidió reemplazar los litros de gasoil que entregaba por dinero, el funcionario aseguró que “Santa Fe es la provincia que menos invierte en su transporte. El transporte de Santa Fe existe porque la Nación lo sostiene y por el esfuerzo de todos los santafesinos, pero no de su gobierno provincial”.

Schiavi acusó a Boggiano de “querer generar una ola de rumores alrededor de los subsidios del gasoil con una clara intencionalidad política”. Y acusó de que “en ese mismo sentido empiezan a hablar de la falta de combustible generando caos y especulación, cuando en realidad lo que existe son algunos inconvenientes puntuales en algunos lugares del país”.

El titular de Transporte de la Nación ponderó el nuevo sistema de distribución de subsidios -totalmente con partidas de dinero- por que “permite una mayor transparencia”. Y agregó que “es difícil manejar la trazabilidad con las entregas de gasoil que a veces terminaban en una camioneta de alta gama de algún chacarero o en algún tractor privado”. Y en esa dirección anunció que “vamos a montar una auditoría en Santa Fe para ver qué es lo que hacen con el dinero que le mandamos para sostener el transporte”. E ironizó: “Si no les alcanza para pagar sueldos a choferes de colectivos, será porque se están manejando mal. Pero eso no es culpa nuestra”.

Con información de DERF

Los taxistas marchan al Concejo Municipal y advierten con parar si no se aprueba la suba de tarifas del 31%.

Con un escenario marcado por las presiones de los taxistas, los ediles de la comisión de Servicios Públicos decidieron pasar a un nuevo cuarto intermedio para hoy

El socialismo negocia con aquellos que podrían votar el aumento.

Ante una nueva postergación en el tratamiento del aumento de la tarifa de taxis y remises, los choferes se declararon “en estado de alerta y movilización” hasta mañana, día en el que marcharán hacia el Concejo Municipal. Si allí no se trata el mensaje del Ejecutivo que prevé un incremento del 31% en la tarifa, dividido en dos partes, los propietarios de licencias y peones no descartan la realización de otro paro. “El último plazo que tenemos es convocar a la gente para el jueves al Concejo, y si se resuelve favorablemente desconcentraremos y pondremos a trabajar los coches; y si no, lamentablemente la situación se va a complicar”, dijo el titular de la Asociación de Taxistas Independientes (ATI), Mario Cesca.

Con un escenario marcado por las presiones de los taxistas, los integrantes de la comisión de Servicios Públicos decidieron pasar a un nuevo cuarto intermedio para hoy. En tanto, desde el bloque socialista continuaban negociando con el resto de los bloques unipersonales, que todavía no definieron sus posiciones, para que acompañen el mensaje del Ejecutivo.

Ayer por la mañana, en la continuidad de la reunión de la comisión de Servicios Públicos, los concejales opositores recibieron el informe que habían solicitado para avanzar en la resolución de un despacho. Como no lograron ponerse de acuerdo, decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta pasado el mediodía.

Mientras los tacheros iban y venían desde un bar de Rioja y Buenos Aires hasta el anexo del Concejo, en Juan Manuel de Rosas al 800, esperando alguna novedad, los concejales aguardaban en sus despachos que se reanudara la reunión de la comisión. Finalmente, y tras varias horas de espera, los ediles decidieron pasar a un nuevo cuarto intermedio para hoy, mientras desde el bloque socialista negociaban acuerdos de última hora con los concejales que aún no cuentan con una postura definida sobre el tema.

“Nos entregaron los datos que habíamos solicitado, pero la delegación no la aceptamos”, le dijo a este diario la concejala del FpV Norma López. En este marco, el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, insistió en plantear que no tienen problemas en que se devuelva la potestad de fijar aumentos de tarifas al departamento Ejecutivo. “El intendente, como lo ha hecho en otras oportunidades, resuelve y asume la responsabilidad política que le corresponde”, afirmó el funcionario en el programa “Los días contados” por Canal 5.

“Planteamos un sinceramiento, que discutamos realmente cuáles son los costos del taxi y que la tarifa la pongamos en el precio que se deba poner para garantizar un buen servicio y rentabilidad a los empresarios”, expresó en el mismo programa el concejal de Encuentro por Rosario, Fernando Rosúa.

Asegurado señaló que desde el Ejecutivo “defienden el estudio de costos realizados por los equipos técnicos, en un rubro que es complejo, porque tenemos cerca de cuatro mil individualidades en los titulares, que están asociados en algunas organizaciones, y más de 10 mil choferes”. De todos modos, el funcionario destacó que se “está avanzando para beneficio de todos”, y dijo que la flota de vehículos en la ciudad se ha modernizado. El secretario de Gobierno desmintió además dichos del concejal del PPS, y candidato a intendente del Frente para la Victoria, Héctor Cavallero, quien en una conversación informal con los tacheros aseguró que el estudio de costos se envío después de las internas porque “(Jorge) Boasso, contrincante de Mónica Fein, se iba a oponer; lo manda ahora para tirarme el balurdo a mí”.

Según Asegurado, el estudio fue enviado “apenas los propietarios y peones firmaran un nuevo convenio colectivo de trabajo en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que plantea que a partir del mes de junio, los trabajadores van a cobrar un aumento salarial del 26%. Hoy, este impacto, no puede ser absorbido de ninguna manera por los titulares de licencias, y previendo que el convenio plantea en noviembre una nueva cuota, planteamos en dos etapas el aumento en la tarifa”.

En este sentido, Rosúa dijo que la fecha del acuerdo paritario “no fue espontánea, fue una fecha acordada con el Ejecutivo, según los dichos de los taxistas”, y reiteró que no se trata de una chicana. “Nosotros presentamos esta idea de que el Ente de Transporte maneje el tema hace tres años. En setiembre del año pasado presentamos un decreto para que esto no vuelva a ocurrir y poner la discusión en un lugar que nos de garantías de transparencia”, agregó el concejal justicialista.

Con información de La Capital

Paro del personal y un reiterado corte de la calle San Martín es el medio de protesta de los trabajadores que rechazan la propuesta de aumento salarial del 24% y exigen un 35%. En la obra social de los jubiados, la medida de fuerza seguirá hasta el jueves por lo menos.

Las delegaciones locales del Pami y de la Ansés se encuentran de paro. Los empleados de los dos organismos reclaman recomposiciones salariales y ante el estancamiento de las negociaciones resolvieron un cese de actividades.

En el caso de la obra de los jubilados, desde las ocho se realiza una asamblea en la que los empleados de la delegación de San Lorenzo al 900 debaten la modalidad de la medida de fuerza que, de no mediar alguna novedad de último momento se extenderá por lo menos hasta el jueves. La situación en el Pami se agravó ayer a la tarde cuando una reunión que iba a realizarse en Buenos Aires se postergó para el jueves. Esa novedad detonó la medida de fuerza.

Por el lado de la Ansés, el edificio de Sarmiento y Rioja presentaba un paisaje muy diferente al de una actividad normal. “Debido a la medida de fuerza de los trabajadores sólo estamos atendiendo los trámites urgentes, como prenatales, licencias por maternidad, todo lo que tiene que ver con desempleo y trámites de repago a jubilados y pensionados”, informó el titular de la Ansés Roberto Suckerman al programa Bien temprano de Canal 5.

El funcionario dijo que la actividad por la tarde es prácticamente normal en el sector de atención por la asignación universal por hijo. “Estamos con una atención mínima. Hay unos pocos empleados que no se plegaron a la medida y con ellos estamos trabajando. En otras oportunidades estuvimos peor, pero ahora hubo empleados que no adhieren al paro y están trabajando. Pero obviamente no alcanza”.