Los 190 obreros del plan de viviendas “Misión sueños compartidos” de la Fundación Madres de Plaza de Mayo realizaron una vez más un quite de colaboración el miércoles y ayer en repudio a la falta de pago de sus salarios correspondientes al mes de junio.

La medida se replicó en Buenos Aires. Según el responsable territorial de la fundación, Rodolfo Fernández, el reclamo se resolvió en asamblea y se mantendrá hasta que se deposite el dinero en las cajas de ahorro del Banco Nación como se viene haciendo desde que empezó el proyecto.

No obstante, dejó en claro que tanto este atraso como el del mes pasado —coincidente con el escándalo por desmanejo de fondos en los que habría incurrido el ex apoderado de la entidad, Sergio Schoklender— frenan la entrega de las primeras 36 casas de un total de 256 en obras, en el barrio toba de Juan José Paso y Travesía, tanto como los trabajos planificados para una segunda etapa.

“Acá hay gente que debió cobrar el mes el día 5; a otros les deben la segunda quincena. Esperaron cuatro días por si había alguna respuesta y nada, sólo nos dijeron desde Buenos Aires que estaban «haciendo esfuerzos»”, dijo Fernández.

Los trabajadores también tienen que cobrar este mes el aguinaldo, pero como el plazo estaba pautado para fin de mes aún no lo están reclamando. “Hay mucha bronca y mucha angustia, es comprensible. Necesitan el dinero para vivir y están sus propias viviendas en juego. A las primeras que estábamos a punto de entregar sólo les faltan detalles. Con nosotros no hay problemas, porque nos ven trabajando codo a codo con ellos y tampoco cobramos, pero entendemos la bronca”, remarcó Fernández

La Fundación junto a la Nación, la provincia, el municipio y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) tienen planificado construir ahí 256 viviendas. Comenzaron a trabajar en mayo del año pasado. Hoy son 190 los hombres y mujeres (el 80 por ciento vive en el barrio toba) que están trabajando cada día nueve horas (salvo los viernes en que las jornadas son de ocho horas) en la primera tanda de viviendas. Cobran entre 3 mil y 4 mil pesos al mes (el sueldo más bajo es el de un sereno y el más alto el de un oficial especializado) según las categorías que marca el convenio de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina).

El plan es nacional y desde el principio consistió en dar techo a familias numerosas, trabajo en blanco y capacitación laboral. Las viviendas se levantan con paneles de polietileno expandido, hormigón y hierro y pueden llegar a tener varias habitaciones totalmente amuebladas.

Durante el reclamo también se denunció falta de materiales para trabajar. “No obstante, se cumple con los horarios porque es quite de colaboración pero con asistencia a la obra, y aprovechamos para seguir con el trabajo político: en estos dos días estamos haciendo cursos de lectura de recibos de sueldo”, señaló Fernández.

“Es una pena esto que pasa, porque si no fuera por estos dos atrasos ya podríamos haber entregado las primeras casas y comenzado a construir la segunda manzana. Sólo falta algo de pintura, y las veredas y asfalto que corren por cuenta de una empresa tercerizada. No entregaremos nada que no esté totalmente equipado, con luz, agua y gas, más allá de que la gente ya manifestó que está dispuesta a mudarse igual. Esto lamentablemente está relacionado con el tema de Schoklender”, dijo Fernández.

“Andá a reclamarle a Schoklender”

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, mandó ayer a los trabajadores del proyecto “Misión sueños compartidos” a que le reclamen a Sergio Schoklender los sueldos adeudados.

Los trabajadores irrumpieron en la tradicional marcha de los jueves de las Madres en la Plaza de Mayo y Bonafini le dijo a uno: “Reclamale a Sergio Schoklender, porque ese es el que te choreó”.

Uno de los obreros le había reclamado diciendo que hacía seis meses que no cobraba. De inmediato, Bonafini le preguntó: “¿Quién los manda?”.Le contestaron con los recibos de sueldo en la mano que no los mandaba “nadie, sólo la necesidad”.

Tras el escándalo por el supuesto desvío de fondos por parte del ex apoderado de la Fundación Madres, Sergio Schoklender, las obras se paralizaron. Por ese motivo, los obreros contratados por el programa “Misión sueños compartidos” dejaron de percibir su salario y en los últimos días comenzaron a reclamarlo a través de distintas manifestaciones e incluso pidieron, sin respuesta a favor, la intervención del gobierno para solucionar el problema.

Luego del cruce con uno de los obreros, Bonafini se asomó y desde la camioneta afirmó : “Estamos haciendo todo lo que podemos, entregando lo mejor de nosotras para hacer el país que soñaron nuestros hijos. Muchos de los que hoy reclaman no sabían quiénes éramos las madres o qué es un pañuelo blanco. A los desaparecidos hay que dignificarlos, quererlos y amarlos”.

Pedido de informes

El concejal radical Jorge Boasso le pidió ayer al Ejecutivo que informe el estado de las obras de la primera etapa del barrio Travesía. Se refirió, entre otras cosas, al cronograma de obra, si se cumplió o no en tiempo y forma con la obligación de la Nación rendir cuentas y si se supervisaron los trabajos.

Con información de Derf

Santa Fe está en peligro de paro del transporte público por el corte en el financiamiento del gasoil. Sin embargo la Nación asegura haber enviado los fondos y pide investigar.

El secretario de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi, adelantó ayer a Rosario/12 que “vamos a montar una auditoría en Santa Fe para ver qué es lo que hacen con el dinero” que la Nación manda a la provincia para sostener el transporte.

Tras las denuncias del intendente Miguel Lifschitz y el secretario de Transporte de Santa Fe, Alejandro Boggiano, quienes denunciaron que la Nación recortaba el gasoil subsidiado y que esa situación les generaría problemas para pagar los sueldos; Schiavi fue contundente: “El día 4 de julio, depositamos 10,8 millones de pesos para la provincia que junto con Córdoba pasan a ser los distritos que más dinero reciben para subsidiar su transporte”.

Tras explicar que el gobierno decidió reemplazar los litros de gasoil que entregaba por dinero, el funcionario aseguró que “Santa Fe es la provincia que menos invierte en su transporte. El transporte de Santa Fe existe porque la Nación lo sostiene y por el esfuerzo de todos los santafesinos, pero no de su gobierno provincial”.

Schiavi acusó a Boggiano de “querer generar una ola de rumores alrededor de los subsidios del gasoil con una clara intencionalidad política”. Y acusó de que “en ese mismo sentido empiezan a hablar de la falta de combustible generando caos y especulación, cuando en realidad lo que existe son algunos inconvenientes puntuales en algunos lugares del país”.

El titular de Transporte de la Nación ponderó el nuevo sistema de distribución de subsidios -totalmente con partidas de dinero- por que “permite una mayor transparencia”. Y agregó que “es difícil manejar la trazabilidad con las entregas de gasoil que a veces terminaban en una camioneta de alta gama de algún chacarero o en algún tractor privado”. Y en esa dirección anunció que “vamos a montar una auditoría en Santa Fe para ver qué es lo que hacen con el dinero que le mandamos para sostener el transporte”. E ironizó: “Si no les alcanza para pagar sueldos a choferes de colectivos, será porque se están manejando mal. Pero eso no es culpa nuestra”.

Con información de DERF

Los taxistas marchan al Concejo Municipal y advierten con parar si no se aprueba la suba de tarifas del 31%.

Con un escenario marcado por las presiones de los taxistas, los ediles de la comisión de Servicios Públicos decidieron pasar a un nuevo cuarto intermedio para hoy

El socialismo negocia con aquellos que podrían votar el aumento.

Ante una nueva postergación en el tratamiento del aumento de la tarifa de taxis y remises, los choferes se declararon “en estado de alerta y movilización” hasta mañana, día en el que marcharán hacia el Concejo Municipal. Si allí no se trata el mensaje del Ejecutivo que prevé un incremento del 31% en la tarifa, dividido en dos partes, los propietarios de licencias y peones no descartan la realización de otro paro. “El último plazo que tenemos es convocar a la gente para el jueves al Concejo, y si se resuelve favorablemente desconcentraremos y pondremos a trabajar los coches; y si no, lamentablemente la situación se va a complicar”, dijo el titular de la Asociación de Taxistas Independientes (ATI), Mario Cesca.

Con un escenario marcado por las presiones de los taxistas, los integrantes de la comisión de Servicios Públicos decidieron pasar a un nuevo cuarto intermedio para hoy. En tanto, desde el bloque socialista continuaban negociando con el resto de los bloques unipersonales, que todavía no definieron sus posiciones, para que acompañen el mensaje del Ejecutivo.

Ayer por la mañana, en la continuidad de la reunión de la comisión de Servicios Públicos, los concejales opositores recibieron el informe que habían solicitado para avanzar en la resolución de un despacho. Como no lograron ponerse de acuerdo, decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta pasado el mediodía.

Mientras los tacheros iban y venían desde un bar de Rioja y Buenos Aires hasta el anexo del Concejo, en Juan Manuel de Rosas al 800, esperando alguna novedad, los concejales aguardaban en sus despachos que se reanudara la reunión de la comisión. Finalmente, y tras varias horas de espera, los ediles decidieron pasar a un nuevo cuarto intermedio para hoy, mientras desde el bloque socialista negociaban acuerdos de última hora con los concejales que aún no cuentan con una postura definida sobre el tema.

“Nos entregaron los datos que habíamos solicitado, pero la delegación no la aceptamos”, le dijo a este diario la concejala del FpV Norma López. En este marco, el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, insistió en plantear que no tienen problemas en que se devuelva la potestad de fijar aumentos de tarifas al departamento Ejecutivo. “El intendente, como lo ha hecho en otras oportunidades, resuelve y asume la responsabilidad política que le corresponde”, afirmó el funcionario en el programa “Los días contados” por Canal 5.

“Planteamos un sinceramiento, que discutamos realmente cuáles son los costos del taxi y que la tarifa la pongamos en el precio que se deba poner para garantizar un buen servicio y rentabilidad a los empresarios”, expresó en el mismo programa el concejal de Encuentro por Rosario, Fernando Rosúa.

Asegurado señaló que desde el Ejecutivo “defienden el estudio de costos realizados por los equipos técnicos, en un rubro que es complejo, porque tenemos cerca de cuatro mil individualidades en los titulares, que están asociados en algunas organizaciones, y más de 10 mil choferes”. De todos modos, el funcionario destacó que se “está avanzando para beneficio de todos”, y dijo que la flota de vehículos en la ciudad se ha modernizado. El secretario de Gobierno desmintió además dichos del concejal del PPS, y candidato a intendente del Frente para la Victoria, Héctor Cavallero, quien en una conversación informal con los tacheros aseguró que el estudio de costos se envío después de las internas porque “(Jorge) Boasso, contrincante de Mónica Fein, se iba a oponer; lo manda ahora para tirarme el balurdo a mí”.

Según Asegurado, el estudio fue enviado “apenas los propietarios y peones firmaran un nuevo convenio colectivo de trabajo en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que plantea que a partir del mes de junio, los trabajadores van a cobrar un aumento salarial del 26%. Hoy, este impacto, no puede ser absorbido de ninguna manera por los titulares de licencias, y previendo que el convenio plantea en noviembre una nueva cuota, planteamos en dos etapas el aumento en la tarifa”.

En este sentido, Rosúa dijo que la fecha del acuerdo paritario “no fue espontánea, fue una fecha acordada con el Ejecutivo, según los dichos de los taxistas”, y reiteró que no se trata de una chicana. “Nosotros presentamos esta idea de que el Ente de Transporte maneje el tema hace tres años. En setiembre del año pasado presentamos un decreto para que esto no vuelva a ocurrir y poner la discusión en un lugar que nos de garantías de transparencia”, agregó el concejal justicialista.

Con información de La Capital

Paro del personal y un reiterado corte de la calle San Martín es el medio de protesta de los trabajadores que rechazan la propuesta de aumento salarial del 24% y exigen un 35%. En la obra social de los jubiados, la medida de fuerza seguirá hasta el jueves por lo menos.

Las delegaciones locales del Pami y de la Ansés se encuentran de paro. Los empleados de los dos organismos reclaman recomposiciones salariales y ante el estancamiento de las negociaciones resolvieron un cese de actividades.

En el caso de la obra de los jubilados, desde las ocho se realiza una asamblea en la que los empleados de la delegación de San Lorenzo al 900 debaten la modalidad de la medida de fuerza que, de no mediar alguna novedad de último momento se extenderá por lo menos hasta el jueves. La situación en el Pami se agravó ayer a la tarde cuando una reunión que iba a realizarse en Buenos Aires se postergó para el jueves. Esa novedad detonó la medida de fuerza.

Por el lado de la Ansés, el edificio de Sarmiento y Rioja presentaba un paisaje muy diferente al de una actividad normal. “Debido a la medida de fuerza de los trabajadores sólo estamos atendiendo los trámites urgentes, como prenatales, licencias por maternidad, todo lo que tiene que ver con desempleo y trámites de repago a jubilados y pensionados”, informó el titular de la Ansés Roberto Suckerman al programa Bien temprano de Canal 5.

El funcionario dijo que la actividad por la tarde es prácticamente normal en el sector de atención por la asignación universal por hijo. “Estamos con una atención mínima. Hay unos pocos empleados que no se plegaron a la medida y con ellos estamos trabajando. En otras oportunidades estuvimos peor, pero ahora hubo empleados que no adhieren al paro y están trabajando. Pero obviamente no alcanza”.

Los exportadores de granos pidieron al Ministerio de Trabajo que intervenga para que se levante la medida de fuerza de la CGT. Los piquetes que comenzaron en las terminales de San Lorenzo se extendieron ahora a los puertos de Timbúes y San Martín.

Origen del conflicto

El conflicto en el cordón industrial del Gran Rosario, que comenzó el martes después de que la CGT San Lorenzo lanzó un paro por tiempo indeterminado, en reclamo por la equiparación de los salarios de los trabajadores de los puertos, se agravó ayer cuando la protesta se extendió a más plantas procesadoras de granos y, consecuentemente, a casi la totalidad de la red portuaria privada que se extiende desde Puerto General San Martín hasta Arroyo Seco.

El bloqueo puede generar desde la falta de biodiésel, como alertó el director ejecutivo de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Alberto Rodríguez, hasta problemas de congestionamiento de camiones en los accesos a los puertos.

El reclamo

La central obrera, conducida por el mecánico Walter Cabrera, reclama que todos los trabajadores que cumplen tareas dentro de las terminales cobren el mismo salario que el que establece el convenio del Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo cuyo salario inicial es de 5.000 pesos. Según Cabrera, el 87 por ciento de los trabajadores del sector perciben ese sueldo. “Nosotros queremos que el 13 por ciento restante, que son trabajadores encuadrados en otros convenios, como el de la Uocra y empleados de Comercio, también cobren este monto”.

Piden mediación a la Nación

Desde Ciara, los exportadores le reclamaron al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que medie en el conflicto, pero al cierre de esta edición no habían tenido respuesta.

“Aún no se midieron los perjuicios económicos, pero por el momento no sólo la comercialización de granos está bastante parada porque los camiones no pueden acceder a las plantas, sino que no se pueden cargar los buques”, amplió.

El eje del reclamo se centra en el pedido de 5000 pesos de salario mínimo para que los operarios de toda la regional queden equiparados con los aceiteros. Como no se alcanzó un acuerdo entre las partes tras una reunión convocada el martes pasado en el Ministerio de Trabajo, se dio comienzo a una huelga por tiempo indeterminado que incluye cortes en el ingreso de las principales plantas del Gran Rosario.

Más piquetes

Ayer, los piquetes se extendieron a Timbúes, en las puertas de Noble y Buyatti. En tanto, los trabajadores agrupados en la CGT San Lorenzo continuaban prohibiendo el paso a las terminales en los ingresos a Nidera, Bunge, Cargill y Terminal 6 de Puerto General San Martín y también en la ACA de San Lorenzo, entre otras. Los trabajadores aceiteros (que tienen su propia CGT, la 17 de Octubre), se presentaban a trabajar y dejaban constancia policial de que se les impedía el ingreso en las plantas.

Edgardo Quiroga, secretario general de la CGT San Lorenzo, reiteró durante la tarde de ayer que “sigue la medida de fuerza de la CGT San Lorenzo con piquetes en los portones, sin ingreso de los trabajadores. No hubo inconvenientes, se ha acatado el paro y los trabajadores aceiteros se solidarizaron porque históricamente existe esta relación solidaria. No es posible seguir trabajando por 2500 pesos cuando se hace la misma tarea que un compañero que recibe 5000 pesos. Si todos los obreros que laboran en los complejos oleaginosos pasaran al gremio aceitero, no existiría este conflicto. Esta CGT no va a permitir que persistan los niveles de desequilibrio de los trabajadores de una misma empresa”, subrayó.

Cola de buques

Si bien el procesamiento de granos en esta época es bajo, muchas plantas contaban con stock para embarcar.

Hasta ayer, nueve buques esperaban amarrados a los muelles de los puertos la resolución del conflicto. En tanto, otros 12 buques aguardaban en rada su turno para anclar.

Los piquetes son simbólicos porque la totalidad de los gremios con acción en los puertos adhirieron al paro: los recibidores de granos (que reciben a los camiones e inspeccionan el cereal), los estibadores portuarios (que trabajan a bordo de los buques y en los elevadores) y los marítimos (que “estacionan” los buques en el muelle con remolcadores).

Las pérdidas son millonarias si se consideran la capacidad de molienda cesante de 110.000 toneladas en las 10 plantas afectadas y el alquiler de los buques que no operan, de entre 11.200 y 12.700 dólares por día.

Cartas de porte

Durante la noche del miércoles un grupo de camioneros realizó un contra-piquete, en la playa de camiones de ACA para reclamar la liberación de las cartas de porte. Por la mañana la policía intervino en la situación y la empresa se comprometió a firmar las cartas de porte y quedaron liberados. Los transportistas exigieron además que la empresa se hiciera cargo de la estadía.

Según la policía hay 350 camiones en la playa de ACA, en tanto, San Miguel, la playa de Terminal 6 y Bunge tiene 100 camiones y el resto están vacías y no hay camiones en la ruta, a pesar de que se especuló con un importante arribo de tránsito pesado.

Además, la entidad gremial empresaria, acordó con la CGT por intermedio del Ministerio de Trabajo provincial firmar un acta con el compromiso de la central obrera de respetar las guardias mínimas dentro de las fábricas. Dicha acta se firmará esta tarde, pero no se discutirá otro tema, adelantaron los trabajadores.

Con información de La Nación, Punto Biz y El Litoral

Sin respuesta a sus reclamos, el campo seguirá con la protesta. El paro terminará el domingo, pero continuará el estado de alerta.

“Vamos a seguir luchando hasta que el productor consiga el precio justo por su trigo. Por eso sostenemos que aunque el cese de comercialización termine el domingo, la protesta debe seguir hasta que se resuelva el problema.”

Con estas palabras, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, convocó a los 900 productores asistentes al acto que organizó ayer la Comisión de Enlace en la ciudad de bahía Blanca para continuar en estado de alerta y movilización hasta tanto el Gobierno solucione el problema de la comercialización del trigo, trabada por la intervención oficial desde 2006.

Nuevas medidas

Los ruralistas no descartaron convocar a nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas, como la que se realiza esta semana. “Lo consultaremos con las bases y decidiremos en los próximos días”, dijo Llambías.

Altísima asistencia

Con asistentes de lugares distantes como la santafecina Rufino, o las localidades bonaerenses de Pergamino, San Antonio de Areco, Bragado, Rivera, Stroeder, Bajo Hondo y Mones Cazón, entre otras, la asamblea realizada ayer demostró el poder de convocatoria que tiene el conflicto del trigo ante los productores. “No esperábamos tanta concurrencia. Es que en el Sudoeste hay mucho enojo, porque luego de cuatro campañas con sequía finalmente cosecharon algo, y no lo pueden vender porque el mercado está destruido”, confesó un conocido ruralista bonaerense. “No podemos creer lo que nos pasa. Tenemos la mejor cosecha en muchos años y no tenemos cómo venderla. Si seguimos así un año más, nos hundimos todos”, explicó el presidente de la Sociedad Rural de San Cayetano, Sergio Melgarejo.

El enojo es tal que logró que las diferencias de las entidades quedaran momentáneamente de lado. “Mientras exista un kirchnerista en este país, la unidad del campo se va a mantener, para defender nuestro derecho a producir en paz”, señaló ante la concurrencia el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Garetto.

Problemas con el trigo, el maíz y la ganadería

El problema del trigo, cuyo mercado está intervenido oficialmente desde 2006, no fue el único motivo de quejas. Muchos de los productores y los dirigentes ya están preocupados por el maíz, que en los próximos dos meses comienza a ser vendido y que también padece la intervención estatal. “Ojo, no sólo nos preocupemos por el trigo. El maíz también está bajo la influencia de la intervención del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y tenemos que tener cuidado que no se convierta en el negocio de cuatro multinacionales, como pasó con el trigo”, alertó el presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Luis Biolcati, afirmó: “Hoy estamos acá por el trigo. Pero esta es la gota que rebasó el vaso. Los problemas de la ganadería continúan, y también los de la comercialización del maíz, y las economías regionales. Queremos defender a todo el campo. La política de este gobierno no cambió. Hay una gran miopía”, opinó el presidente de la Sociedad Rural.

Intervención

Pese a que hubo una fuerte presencia de dirigentes, los protagonistas de la asamblea fueron los productores, que, llegados en ómnibus, camionetas y autos desde varios rincones de Buenos Aires y La Pampa, aprovecharon la asamblea para quejarse de la intervención y la desatención del Gobierno al trigo y contestar a las críticas que desde varios sectores del oficialismo se hicieron al campo por organizar el paro. “El Gobierno habla de que nos va bien, pero no tiene en cuenta la realidad de miles de productores de trigo que están hace años mal. Cuando en todo el mundo el cereal vale mucho, acá desaprovechamos la oportunidad desde hace cuatro años, y no sólo perdemos los productores por eso, sino el país”, dijo el productor José Guilhamelou, llegado de San Antonio de Areco.

El Gobierno descalificó la medida del campo

Para el ministro de Planificación, Julio De Vido la protesta sólo “sirve para dar que hablar con poca operatividad”.

De Vido señaló: “Habrá que ver si esto se sostiene en el tiempo, porque el productor quiere vender sus productos”. En este contexto, en una entrevista con el diario Tiempo Argentino el ministro criticó a la Comisión de Enlace por la convocatoria al paro. “Se sabe que la Comisión de Enlace está fracturada. En este caso, aparentemente, se llegó a una medida conjunta que sirve para dar que hablar con poca operatividad”, expresó.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, de recorrida por partidos trigueros del sudoeste bonaerense, señaló que el Gobierno generó los mecanismos para que el productor pueda recibir el precio internacional, pese a las quejas del sector de que esto no ocurre.

“Afortunadamente, en esta campaña no discutimos un problema de rentabilidad de los 27.000 productores que sembraron trigo en todo el país”, sino que “generamos los instrumentos para que el productor pueda captar el precio internacional, que en este momento es extraordinario”.

Con información de La Nación

El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, aseguró ayer que su gobierno no apoya la metodología del paro empleada por la mesa de enlace para protestar contra la política triguera del gobierno nacional, tras lo cual indicó que “no cree que ese sea el camino” para solucionar los conflictos.

En el segundo día de la protesta patronal, Binner -quien participó ayer de la inauguración de un puente en un camino rural entre Correa y Berreta- sintetizó así la postura del Ejecutivo santafesino respecto al cese de comercialización de soja, trigo y maíz dispuesto por los ruralistas para toda esta semana, que tendrá su actividad central esta tarde con un acto y asamblea en Bahía Blanca.

“Nosotros no apoyamos las medidas de fuerza porque no nos parece que ese sea el camino”, dijo el mandatario socialista, quien también reiteró su pedido al gobierno nacional para que abra la exportación del excedente de la cosecha de trigo.

Binner recordó que en esta campaña se cosecharon 14 millones de toneladas: “si necesitamos 5 millones para el consumo argentino, nos quedan 9 millones que tenemos que comercializar”, amplió.

Ese es el reclamo de la mesa de enlace rural, que le exige al Ejecutivo nacional la liberalización total de las ventas externas de trigo.

Para el ministro Domínguez no hay límite a la exportación

Por su parte el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, aseguró ayer que la producción triguera está en camino de volver a niveles récord, justificó el reclamo del productor respecto de los precios y desestimó los argumentos de la mesa de enlace para justificar el lock out patronal.

“Me he propuesto ser parte de la solución de este paro, y no parte del problema, y cualquier declaración que uno haga puede enredar las cosas”, afirmó el funcionario, quien desestimó el argumento central de la protesta patronal al afirmar que la exportación “no está limitada”.

“No hay ninguna restricción, históricamente en Argentina se exportan 3,2 millones de toneladas durante el primer trimestre, y hoy el saldo es de 7 millones”, explicó, tras lo cual aclaró que la molinería compró ya 1 millón de toneladas en diciembre y se comprometió a adquirir 1,5 millones más, a lo que hay que sumar el millón de toneladas que los productores podrán retener gracias a los créditos oficiales a tasa cero para no malvender su cosecha.

“No hay motivos para que no se pague el precio pleno”, consideró.

Asamblea de la Mesa de Enlace

Los representantes de las cuatro entidades agropecuarias estarán hoy a pleno en una asamblea de productores en Bahía Blanca, ciudad elegida por tratarse del principal puerto de exportación de trigo del país, y por ser el epicentro de una de las mejores zonas núcleo productivas del planeta.

El acto se realizará a partir de las 10 de la mañana en el predio ferial de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, entre las rutas 33 y 35.

La agenda de la reunión se centrará en lo que consideran es la errónea política oficial de intervención en los mercados, principalmente el de trigo.

Para las entidades rurales, “la política oficial hace que el productor tenga serias dificultades en la comercialización de su producción y reciba un precio sensiblemente menor, lo que repercute en las economías regionales perjudicando y empobreciendo a la producción, sin beneficio alguno para los consumidores”.

Resultado del paro

La segunda jornada de la semana de protesta estuvo signada por asambleas de productores en el interior del país y una reducción sensible de actividad en las terminales portuarias.

La actividad fue nula en el complejo portuario del Gran Rosario, y prácticamente inexistente en la Bolsa de Comercio de la ciudad, donde los operadores habituales no estuvieron presentes en el recinto.

Por su lado, los productores entrerrianos realizaron una asamblea en la Sociedad Rural de Nogoyá con el objetivo de elaborar propuestas que elevarán a la mesa de enlace.

Con información de DERF

El cese de comercialización es por manejos del secretario de Comercio y la Oncca, que deciden quién y cuánto vende al exterior. El gobierno promete un precio a productores, pero molinos y cerealeras no lo pagan. Despilfarro por la intervención en trigo.

Buzzi, como vocero de la mesa, disparó contra Cargill, Dreyfus, Bunge y la molinería, que recibe subsidios y “no emplean buenas prácticas comerciales”.

La Mesa de Enlace Rural resolvió ayer un cese de comercialización de cereales y oleaginosas, del 17 al 24 de este mes. El gobierno prometió liberar la exportación del trigo que no es necesario para abastecer el mercado interno, pero mantendrá el esquema de cupos (ROE verdes) para vender al exterior.

Productores sin pago

Los ruralistas sostienen que con ese esquema de cupos, bajo control de la Oncca y con la intervención de Guillermo Moreno, tanto los molinos que abastecen el mercado interno como las cerealeras que compran el trigo para exportarlo, pagan a los productores hasta 62 dólares por debajo de lo que oportunamente se había acordado por cada tonelada.

Molinos y cerealeras exportadoras tienen un supuesto acuerdo con el gobierno -vía Moreno- para pagar el denominado FAS Teórico de 984 pesos por tonelada a los productores; la cifra surge del precio internacional menos las retenciones y otros aranceles portuarios. Sin embargo los productores se quejan porque eso no sucede.

Especulación de cerealeras y molinos

Sin la liberación del mercado externo, los compradores locales del trigo especulan con las necesidades de los productores, que venden por debajo de lo acordado con tal de poder financiarse. Por eso Hugo Biolcati reclamó incluso el resarcimiento a los agricultores que ya “malvendieron” sus granos, además de la eliminación de los cupos.

No hay verdadera liberación

El dirigente, junto a sus pares Mario Llambías (Confederaciones Rurales), Eduardo Buzzi (Federación Agraria) y Carlos Garetto (Coninagro), consideraron “pomposo” el anuncio de la liberación de la exportación de trigo, cuando en realidad mantiene la “cuotificación” que distorsiona los precios.

Marcha atrás con los créditos

Domínguez anunció la liberación de la totalidad del saldo exportable de trigo, conformada por unos 7,5 millones de toneladas correspondientes a la campaña 2010-2011, y reiteró la oferta de créditos por $ 840 millones para auxiliar a los productores.

El ministro de Trabajo pidió que los ruralistas “repudien” el “trabajo esclavo”. El gobierno presiona al campo por la informalidad laboral en el sector.

Trabajo esclavo

Pero además el gobierno sumó a la mesa al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por pedido de la presidenta Cristina Fernández, para tratar el tema de “trabajo esclavo”. Curiosamente el gobierno acaba de fiscalizar un caso en el que ese fenómeno se detectó en contratos laborales de una exportadora cerealera, pero no de los productores.

Molineros con Moreno

A poco de concluir el encuentro con Domínguez y Tomada, los ruralistas aumentaron su malestar al conocer que en una sala próxima a la que estuvieron reunidos, y en la propia sede de Agricultura, estaba por comenzar una reunión presidida por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con referentes de la industria molinera.

Incongruencia del Gobierno

Por eso Buzzi calificó a la política oficial de “incongruencias” en torno a la estrategia empleada para sostener al mercado de trigo y reconoció que “la fijación de las exportaciones de trigo las toma la Secretaría de Comercio Interior, por ello hay decisiones que escapan al ministerio competente”.

Mario Llambías explicó que, con una cosecha de 14,5 millones de toneladas y un consumo interno que apenas araña el 50% de este volumen, “los cupos para exportar no tienen relevancia para el mercado interno”, por lo que carece de sentido tener cuotas para vender al exterior, que dependen de autorizaciones de la Oncca y Moreno.

Garetto dijo esta mañana que “falta transparencia” y “hay contradicciones” en el anuncio oficial para liberar saldos exportables del cereal. Relató que el ministro comunicó que iba a liberar este mes tres millones de toneladas, pero intervino luego Moreno y planteó que la cantidad iba a ser un millón y medio.

La intervención en el trigo costó a la producción 4608 millones de dólares

Según un trabajo de Raúl Dente, integrante de la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, el costo total de las medidas de intervención en el mercado de trigo de 2006 a 2010 fue de 4608 millones de dólares.

“Este monto significa que los productores dejaron de ganar 86 dólares por tonelada en las campañas 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010. En plata, significa que los productores regalaron dos millones de toneladas más que todo el trigo que se consumió en el mercado interno en los últimos cuatro años”, acotó Dente.

“Se confirma una vez más que las experiencias de intervención para abaratar los alimentos generan beneficios a sectores no necesitados y grandes empresas, y provocan despilfarro de recursos”, explicó.

Según el asesor de la Federación de Acopiadores, el monto de 4608 millones de dólares incluye no sólo el costo que implican las trabas a la exportación (US$1269 millones), sino que incluye también transferencias al fisco, que computan derechos de exportación menos compensaciones (US$ 977 millones), y transferencias indirectas a los consumidores pobres a través de la fijación de precios oficiales (US$ 854 millones), entre otros ítems

Dente destacó el costo de los subsidios que recibieron las exportaciones de trigo y harina en las campañas estudiadas: US$ 463 millones para el trigo (US$ 15 por tonelada exportada) y US$ 152 millones para la harina (US$ 29 por tonelada de trigo comprada por la industria molinera para exportar harina).

“Este esquema de comercio intervenido no es neutral pues genera una competencia absolutamente desleal que sufren las empresas acopiadoras por parte de los acopios de las exportadoras y, en alguna medida, de las cooperativas exportadoras. Con la excusa de proteger la matriz de seguridad alimentaria y la mesa de los argentinos, se ha montado un espectacular mecanismo de despilfarros y prebendas”, dijo Dente.

Con información de El Litoral y Punto Biz

El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) realizará desde las 11 horas una manifestación frente a la Legislatura para apoyar el proyecto de ley del diputado justicialista Luis Rubeo que propone una jubilación docente con 25 años de servicio frente al aula, sin límite de edad.

Por tal motivo, el Sadop Santa Fe decidió que los docentes privados que asisten a la protesta tendrán justificada su inasistencia a sus habituales lugares de trabajo, avalados por la disposición sindical.

“Los que van a la movilización tienen justificado el día, así que pueden suspender sus actividades. El docente que no participe, dictará clases normalmente”, aclaró Pedro Bayúgar, secretario general del Sadop Santa Fe.

El propósito de esta medida es que los maestros y profesores agrupados en este sindicato, principalmente los provenientes de distintos puntos de la provincia, puedan participar de la movilización. “No es un paro”, aseguró Bayúgar, a diferencia de lo resuelto por la Seccional Rosario del sindicato que directamente optó por una medida de fuerza.

“Entendemos que al no haber muchas alternativas en la carrera docente, lo realmente saludable es que puedan jubilarse con 25 años frente al grado. Puede haber educadores que no quieran jubilarse y es una decisión respetable, pero el que quiera hacerlo también debe tener esa opción, sobre todo, por el desgaste de estar tantos años frente a los alumnos”, destacó el sindicalista.

“Esta convocatoria es para que todos participemos del acto con el fin de urgir a la Legislatura a que trate el tema y lo resuelva. En el 2009 y 2010 lo que primó fue la paritaria por el salario, y de jubilaciones ni se habló”.

Por esta razón, la decisión de manifestarse en la Legislatura santafesina es pedir un mayor compromiso de diputados y senadores provinciales para tratar la jubilación anticipada. “Si el proyecto de Rubeo no es el ideal, se admiten sugerencias; esto es lo valioso de la democracia, lo que no sería bueno es dejar de tratarlo”, adujo Bayúgar.

El beneficio, estuvo vigente en la provincia hasta 1996, cuando fue derogado por la ley de emergencia económica.

Con información de El Litoral y La Capital