En Santa Fe, los diputados afines al gobierno nacional pidieron a Binner que respalde el proyecto nacional.

El presupuesto nacional 2011 prevé que sea mediante un fondo fiduciario constituido con aportes de actuales usuarios de la red de gas natural. Un grupo de diputados santafesinos afines al gobierno nacional presentó un proyecto de declaración solicitándole al gobierno santafesino que apoye la financiación del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) prevista en un artículo del presupuesto 2011 a partir de un fondo fiduciario.

Los gobernadores de Salta, Formosa, Chaco y Misiones ya avalaron públicamente con una declaración la propuesta contenida en el artículo 73 del proyecto de presupuesto enviado al Congreso.

Incluso, el pasado viernes, en Rosario, el chaqueño Jorge Capitanich, habló del tema y de la traza de la obra con el gobernador Hermes Binner. Al retirarse, el visitante subrayó que “la nueva traza tiene un sentido más abarcativo y federal, con el objetivo de optimizar la obra, posibilitando así que mayor cantidad de usuarios tengan acceso al servicio de modo más eficiente y económico”. Explicó que el artículo 73 del proyecto de presupuesto contempla un mecanismo para la aplicación de un cargo específico a las provincias que tienen gas a los efectos de financiar un flujo de fondos para el repago del financiamiento que se destinará a la ejecución del gasoducto”.

Por último, Capitanich dijo estar de acuerdo con Binner en la reformulación de la traza y que “ahora estamos trabajando con el fin de crear las condiciones para el financiamiento, a los efectos de poder estimativamente licitar la obra en el primer trimestre del año próximo”.

En la Cámara de Diputados, el proyecto fue presentado por Marcelo Brignoni, Alberto Cejas, Martín Labbe, Enrique Marín, Ricardo Peirone, Gerardo Rico, Luis Rubeo, Oscar Urruty, Graciela Bonomelli y Claudia Saldaña.

El proceso

Los legisladores recordaron que el 9 de agosto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció de manera oficial la licitación de las obras para el tendido del GNEA. El gas procedente de Bolivia llegará a la única región argentina que no cuenta con distribución de gas natural por red, el noreste comprendido por las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe.

En el lado boliviano, el presidente de YPFB Transporte SA, Christian Inchauste, ya trabaja en la concreción del tendido del gasoducto de integración Juan Azurduy (Gija) que tendrá una longitud de 20 kilómetros y 32 pulgadas de diámetro. Esta obra de 43 millones de dólares cuya licitación está en marcha, permitirá incrementar los volúmenes de gas natural boliviano exportados al mercado argentino desde los actuales 7,7 millones de metros cúbicos por día hasta 13 en su fase uno para luego alcanzar los 27,7 en su fase segunda acompañando la programación de envíos establecida en el contrato de compraventa de Gas Natural que YPFB y Enarsa suscribieron en octubre de 2006.

El proyecto prevé que el gas será transportado desde el Campo Margarita en Bolivia hasta Madrejones en la frontera con nuestro país y desde ahí hasta Campo Durán en Salta, desde donde finalmente fluirá por el GNEA.

Con información de El Litoral

Por Norberto Nicotra, La Capital, 23 de Agosto de 2010.

La realidad económico y social de nuestro país nacida a partir de la provincialización y el fortalecimiento del modelo agro exportador, donde el nexo con el resto del mundo fue el Puerto de Buenos Aires, llevó a que el sistema federal declarado en el texto constitucional tuviera que convivir con un país unitario en los hechos.

Con la reforma del ´94 a la Constitución Federal a través de la incorporación de todo un nuevo articulado y de los tratados internacionales aprobados por el Congreso, aparece con más fuerza el plexo axiológico referido al desarrollo económico y social, que -desde la reforma constitucional de 1957- había quedado limitado al artículo 14 bis de la constitución histórica. En particular y en cuanto a la existencia de las regiones y el poder de las provincias, los artículos 124 y 125 de la Constitución federal reformada dan cuenta de ello, en cuanto disponen: Art. 124: “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines….” ; Art. 125: “Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines….de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal, promover su industria, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la exploración de sus ríos… Las provincias… pueden… promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura”.

Pero a pesar de la ilusión del constituyente de transformar la realidad y de ensanchar el marco de los derechos económicos y sociales de la población o de la “justicia social”, cuando se toman en cuenta los índices elaborados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se llega a la conclusión que en la Argentina el federalismo es “una mera ilusión”.

En los últimos años, los niveles de pobreza en el país se incrementaron dramáticamente, en especial la indigencia, siendo las regiones del noroeste y noreste, las que muestran los guarismos de mayor deterioro.

Ya a fines de 2008, habían nuevamente tantos argentinos pobres como en 2001, 11,5 millones de compatriotas viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Desde el segundo semestre de 2006, más de tres millones de personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza. Según el cálculo que se tome, la sociedad argentina viene creando algo más de 70.000 nuevos pobres por mes. La causa principal de esto es la inflación, articulada en los últimos tiempos con la muy baja a nula creación de nuevos empleos. Se ha consolidado de este modo un modelo de desarrollo desigual endogénico.

La diferencia entre el ingreso medio de los más ricos y los más pobres son brutales en Argentina, y se han ampliado en los últimos dos años. Por cada peso que gana el 10% más pobre de la población, el 10 % más rico se queda con más de $ 29, una diferencia de casi 30 veces entre uno y otro. La experiencia de las naciones más desarrolladas indica que para alcanzar el bienestar colectivo distribuir resulta tan importante como crecer.

Estas inequidades surgen -entre otras causas- como consecuencia del problema fiscal que tiene nuestro país. Es necesario recordar que en la Argentina el gasto es descentralizado, esto es, que cada provincia decide cuánto destina a salud, educación administración, etc., pero la fuente de financiamiento de ese gasto no depende del gobierno local, sino de un sistema tributario controlado por la Nación.

Las provincias recaudan impuestos sobre la riqueza no móvil (impuesto inmobiliario) o sobre una porción del patrimonio personal (impuesto automotor), en tanto que la Nación recauda los impuestos relacionados con el consumo (IVA, Internos, al cheque, retensiones, etc.) y los que hacen a la redistribución del ingreso (ganancias, etc.). Esto hace que la Nación sea superavitaria y la mayoría de las provincias deficitarias.

Siguiendo a Daniel Muchnik, esta situación viene a remediar el acuerdo sobre el que está asentado el sistema de coparticipación federal: que la Nación recaude muy por encima de las provincias debería aparejar que, a la hora de la redistribución se compense a aquellas provincias más pobres, en base en un criterio de justicia. Ello contribuiría a lograr un país más igualitario y, por lo tanto, más federal. Pero los objetivos declarados en el sistema de coparticipación federal lejos están de coincidir con los datos que arroja la realidad.

Aparecen así las soluciones regionales para el desarrollo económico y social y la modificación del acuerdo sobre el que se asienta la coparticipación federal, como una de las herramientas para modificar el cuadro de desigualdad que presenta nuestro país.

Refiriéndonos específicamente a la Región Centro, y a la Provincia de Santa Fe en base a una elaboración propia del MECOM (Ministerio de Economía de la Nación), y estimaciones de distintos estudios de centros económicos privados, y calculando la evolución de las transferencias de coparticipación en términos de porcentaje de producto bruto, la pérdida promedio en la participación sobre estos recursos se sitúa en un 35 a 40% en términos de participación en el PBI, entre 2002 y 2010, teniendo en cuenta que el 2010 tiene el nivel más elevado de presión tributaria desde 1930 pero también de toda la historia argentina. Hay que recordar que antes de 1930 no existía ni el impuesto a las ganancias ni el IVA.

Esto implica un 4,2% de diferencia acumulada en términos de participación en el PBI, entre el año 2002 y el 2010 consolidados y en un cálculo muy conservador, suman  alrededor de unos 12.180 millones de pesos, de 1993 (en ese momento con convertibilidad de $1 = u$s1.

El Gobierno Nacional se ha beneficiado con la creación de impuestos de baja o nula coparticipación, como el impuesto al cheque, y los Derechos de Exportación (retenciones), se apropia de las utilidades contables del BCRA, se quedó con el stock y flujo de la estatización de las AFJP, e incorporó como un recurso a los DEGs (derechos especiales de giro distribuidos por la crisis mundial) del FMI. Las provincias tienen una caída de la participación en la torta de recursos del 28% al 25% entre 2003 y 2009 y son aportantes netas del Sistema Previsional a través de la detracción por precoparticipación a la ANSeS y la AFIP.

La diferencia entre la participación teórica y efectiva de Santa Fe muestra las consecuencias de las modificaciones en el régimen de coparticipación y de la evolución de sus agregados en el tiempo. Se puede establecer por otro lado, tomando la totalidad de todos los conceptos de transferencias Nación-Provincias, incluida la ley 23548,  que en promedio Santa Fe detrae entre un 25 al 30% del total de recursos distribuidos diferencialmente a favor del resto de las provincias argentinas durante los últimos 8 años.

Nos encontramos así con que la Provincia de Santa Fe que posee un potencial exportador que reúne las mejores condiciones de competitividad a escala mundial, paradójicamente, tiene un producto per cápita inferior al promedio nacional y, lo que es más grave aún, con que la zona del Gran Rosario detenta una de las tasas de empobrecimiento y falta de desarrollo más altas del país.

Creemos que el fortalecimiento de la capacidad negociadora frente al Estado Nacional y un desarrollo económico y social que posibilite solventar las necesidades propias de nuestra provincia, es uno de los aspectos fundamentales para contribuir a revertir las desigualdades existentes.

Ello, claro está, sin olvidar el aspecto solidario que debe primar en relación a las regiones más empobrecidas del país, en miras a que el tan mentado federalismo argentino deje de ser una utopía.

Diputados de la oposición aprobaron en la Comisión de Presupuesto un nuevo esquema de asignación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias, destinado a paliar sus deudas con la Nación.

Actualmente es el Ejecutivo el que decide cómo se reparten los fondos, el dictamen aprobado ayer crea un mecanismo automático de distribución.

El proyecto opositor se fundamenta en el plan de desendeudamiento de las provincias que el Gobierno instrumentó por decreto en mayo último, también sobre la base del fondo de los ATN, que alcanza los 9800 millones de pesos.

Fin de la amenaza

El proyecto pondría fin a lo que ocurre actualmente con las provincias que reclaman a la Nación por las deudas  que tiene.  Los gobernadores que exigen a la Nación lo que les corresponde ante la Justicia, no reciben financiamiento vía ATN.

De aprobarse el proyecto, habrá un mecanismo automático de reparto de los ATN a fin de cada año. Por este mecanismo, los fondos acumulados serían distribuidos por los coeficientes de coparticipación y el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI).

También se contempla un mecanismo de reparto de los fondos que beneficia a todas las provincias, no sólo a las endeudadas, como plantea el plan oficial.

Cuestionamiento oficialista

El kirchnerismo cuestionó el dictamen opositor y advirtió que es inconstitucional, al argumentar que cualquier reforma del régimen de coparticipación debe ser abordada en primer término por el Senado, como lo establece la Constitución nacional.

Así lo plantearon el presidente de la Comisión de Presupuesto, Gustavo Marconatto, y sus colegas de bloque del Frente para la Victoria, Patricia Fadel, Gerónimo Vargas Aignasse y María Graciela de la Rosa.

Pertinencia

“No resulta pertinente traer el tema de los ATN cuando el Gobierno está auxiliando a las provincias que se encuentran endeudadas por medio de un plan de desendeudamiento”, enfatizó la diputada Fadel. En el mismo sentido se expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner. “El plan del Gobierno es federalismo puro que deja de lado el discurso y pasa a la acción directa”, enfatizó.

Respuesta opositora

La réplica opositora no tardó en llegar. “La ley de coparticipación no resulta afectada por este proyecto. Lo que se afecta es la ley de impuesto a las ganancias (del cual se nutre el fondo de ATN)”, explicó el diputado Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica).

“No se están sacando recursos a la Nación”, insistió el diputado, y estimó que “hay quince provincias en desventaja que reciben menos de lo que deberían si los ATN se distribuyeran según índices de la coparticipación federal”.

Con información de La Nación

“La Nación no acompaña a las provincias en la prevención del delito”, fue el mensaje que las tres provincias de la Región centro enviaron al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El reclamo de mejores elementos de trabajo para la policía, como chalecos y escudos, fue una constante.

Funcionarios de las carteras de Seguridad de la Región Centro (que nuclea a las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) le requerirán al gobierno nacional un “plan integral” para combatir la inseguridad y equipamiento concreto para llevarlo adelante, como motos, autos, camionetas y chalecos antibalas. La resolución se tomó en el marco de una reunión que tuvieron ayer en Paraná y en la que dejaron en claro que “la Nación no acompaña a las provincias en la prevención del delito”.

El fuerte reclamo llegó al cierre del cónclave del que, en representación de Santa Fe, formaron parte el secretario de Seguridad Pública, Horacio Ghirardi, y el jefe de la policía santafesina, comisario mayor Osvaldo Toledo.

Los reclamos

Allí, los funcionarios dejaron en claro que “la Nación aún no ha acompañado a los estados provinciales en la prevención del delito”, por lo que acordaron establecer contacto con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para requerirle desde “un plan integral de seguridad para operaciones policiales” hasta equipamiento concreto como “motos, autos y camionetas y chalecos antibalas”.

Del largo paquete de pedidos también formó parte la “asistencia tecnológica para desarrollar sistemas compartidos de identificación de personas”.

La reunión tuvo como objetivo coordinar políticas de seguridad de la Región Centro y sin medias tintas los participantes coincidieron en remarcar la responsabilidad que les corresponde a las provincias en materia de seguridad, pero también no dudaron en enfatizar que “la Nación aún no ha acompañado para fortalecer las políticas de seguridad que deben desarrollar los estados interiores”.

Por la asistencia a las provincias

Los funcionarios santafesinos, cordobeses y entrerrianos elevaron una solicitud al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, en la que solicitaron que la Nación defina una línea de asistencia a las provincias que componen la Región Centro, de manera que estas puedan a su vez “plantearse políticas conjuntas a partir de estructuras y equipamientos compatibles”.

El acta firmada en Paraná indica que es necesario “un apoyo nacional para la prevención y la lucha contra el delito” y, en consecuencia, solicitan “establecer un sistema compartido de identificación de huellas dactilares y bases informáticas”.

Con información de La Capital

A pesar de la reprogramación de deudas, el déficit operativo ascenderá en 2010 a 7200 millones de pesos. El Gobierno nacional sigue teniendo atadas a las administraciones provinciales.

Pese a la reprogramación de las deudas provinciales que anunció anteayer la presidenta Cristina Kirchner en la Casa Rosada, las provincias continuarán en rojo y los gobernadores seguirán dependiendo de las transferencias de fondos de la Nación para cubrir sus gastos corrientes.

Ese déficit primario se podría profundizar en 2011. Es que por la inflación las provincias aumentarían los sueldos y los gastos generales. Así lo indicó ayer un estudio de la consultora Economía & Regiones (E&R) sobre la nueva situación fiscal de los estados federales.

Por ello, el Gobierno confirmó ayer que, más allá del refinanciamiento, la Nación y las provincias seguirán discutiendo sobre la coparticipación o un mayor giro de recursos.

En resumidas cuentas, las provincias seguirán dependiendo políticamente de la Nación para cerrar el año sin baches fiscales, lo cual le garantizará al Gobierno el disciplinamiento político de los jefes provinciales y municipales.
O bien tendrán que apelar a la colocación de deuda, lo cual es incierto en un contexto de crisis global.

La medida del gobierno

La presidente Cristina Fernández de Kirchner pretende eliminar el Programa de Asistencia Financiera (PAF) hasta 2011, o sea, el reintegro de parte del pago de sus deudas, que hasta el momento no había sido renovado en 2010.

Se refinanció, así, la deuda de $ 65.000 millones hasta 2030 a tasa del 6% anual, sin ajuste por CER, y se destinaron 9800 millones de pesos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para aliviar el peso de esas deudas.

“Las provincias continuarían con déficit operativo, es decir, antes del pago de servicios de la deuda pública, que podría llegar en 2010 a $ 7200 millones”, indicó E&R. Con ello coincidió el experto en temas fiscales Nadín Argañaraz, que estimó el déficit primario en $ 15.000 millones.

Santa Fe y San Luis discriminadas

Los gobernadores de Santa Fe, Hermes Binner, y de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, consideraron una discriminación haber sido excluidos del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias, anunciado el día anterior por la Presidenta, y denunciaron un “manejo discrecional” de los fondos del Estado.

“Este Programa Federal de Desendeudamiento termina premiando a todas las provincias que se han endeudado con cifras considerables”, se quejó Binner. Y agregó: “Santa Fe hace bien los números, pero la distribución de los fondos no es racional ni se hace en función de las necesidades de cada provincia”.

“Santa Fe aporta 100 millones de pesos para los ATN y apenas recibe 2 millones al año”, advirtió el ministro de Economía del gobierno santafecino, Angel Sciara.

El funcionario explicó que la provincia tendría que recibir tres o cuatro veces más de compensaciones, por no estar contemplada en esta refinanciación. “Con dinero que aporta la provincia se financian deudas de otros distritos y acá no llega nada”, dijo el ministro.

Por otra parte, el gobernador Rodríguez Saá dijo: “Los ATN son manejados por el Ministerio del Interior y no se dan en forma directa. Se decide a quién se le da y a quién no, de acuerdo con si los gobernadores están o no de acuerdo en todo con ellos”.

“Nosotros no tenemos ninguna deuda con la Nación ni con organismos internacionales. El Estado nacional le debe a San Luis 4000 millones de pesos, pero no hace nada”, concluyó.

Con información de La Nación y La Capital

La reunión con los gobernadores no oficialistas no arrojó los resultados anhelados por los mandatarios provinciales quienes se retiraron del encuentro con la negativa de la presidente.

La presidente Cristina Fernández de Kirchner confirmó ayer en Olivos ante cuatro gobernadores no oficialistas que la Nación no girará más recursos que los que se prevén en el presupuesto de 2010 y, ante el reclamo por un aumento de recursos, ella les propuso discutir para 2011 la creación de un Fondo de Equidad Social (FES), afectado a equilibrar las asimetrías sociales.

“A los gobernadores, el FES les pareció una propuesta razonable”, según sostuvo el ministro del Interior, Florencio Randazzo. La Presidenta subrayó que la iniciativa se originó en el Fondo de Convergencia propuesto hace diez días en Olivos por el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

“La coparticipación es una ley convenio: debe tener el acuerdo de todos los gobernadores. Por eso el FES serviría para eliminar asimetrías de infraestructura social, con el acuerdo de todas las provincias”, les dijo la Presidenta a los mandatarios.

Fin del impuesto al cheque

Cristina Kirchner no pidió que el Congreso se abstuviera de votar la ley de coparticipación del impuesto al cheque, por la cual la Nación perdería $ 10.000 millones que se distribuirían entre las provincias. No hizo falta: les recordó que en 2011 derogaría ese impuesto. Con ello buscó vaciar de contenido el debate que hoy procurará poner en marcha la oposición en el Congreso. Y justificar un eventual veto a la ley, si la iniciativa prospera.

“La Presidenta recordó que quiere derogar el impuesto al cheque desde el 1° de enero de 2011, porque es distorsivo”, fundamentó Randazzo.

Por ese motivo, los mandatarios ni siquiera mencionaron el cheque y se concentraron en otros reclamos. En la residencia presidencial estaban los jefes provinciales de Santa Fe, Hermes Binner; de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral; de Corrientes, Ricardo Colombi, y de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos.

Del Poder Ejecutivo, participaron Randazzo; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y los ministros Débora Giorgi, de Producción; Juan Mansur, de Salud; Julio De Vido, de Planificación; Alberto Sileoni, de Educación, y Amado Boudou, de Economía. También estuvo el director de la Anses, Diego Bossio.

“La oposición es destituyente”

Hubo tiempo para un reproche de Cristina: “La oposición debe tener una lógica, que hoy no se comprende”, dijo. “La oposición es destituyente. Acá se quiso tumbar al Gobierno”, señaló la presidente. “Si Raúl Alfonsín resucitara y los viera?”, señaló, sin terminar la frase, según confiaron testigos del encuentro.

Al salir del encuentro, Randazzo dijo entonces: “Todos los gobernadores se comprometieron a garantizar la gobernabilidad y la presidente les garantizó que ninguna provincia tendrá dificultades”.

Mirando a Giorgi, la presidente le recordó a Fabiana Ríos la ley del impuestazo tecnológico impulsado por la ministra, que benefició a Tierra del Fuego en la producción de teléfonos celulares. “Destinamos muchos recursos a las provincias además de la coparticipación”, subrayó la presidente. Randazzo habló de “$ 190.000 millones además de las transferencias automáticas y no automáticas que totalizan 95 millones: en total, $ 280.000 millones”.

Juicio con Santa Fe

También la presidente tuvo un cruce con Binner, quien dijo que seguirá su reclamo en la Corte Suprema por el 15% que la Nación sustrae de la coparticipación para la Anses. Cristina respondió que ese monto es de 18.000 millones y la Nación paga 29.000 millones en jubilaciones provinciales. “LA NACION tiene un déficit de 11.000 millones”, dijo Randazzo. Binner pidió colaboración del peronismo para crear en su provincia el impuesto a los ingresos brutos, hoy trabado en la Legislatura.

Propuesta de Colombi

Tras recordar que la Nación le debe $ 600 millones a Corrientes, Colombi planteó la necesidad de refinanciar su deuda hasta 2030. La presidente prometió “estudiar” la propuesta.

Próximo encuentro

El 15 de este mes, la Presidenta recibirá en Olivos al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y a los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá y de Chubut, Mario Das Neves.

Con información de La Nación

Los fondos coparticipables registraron un aumento del 19% interanual en marzo, según un estudio de la consultora Economía y Regiones.

Durante los primeros quince días de marzo, las transferencias automáticas a provincias ascendieron a 2.323 millones de pesos  lo que implicaría una expansión interanual del 19.2% ($374  millones adicionales) que sigue manteniendo una línea similar a lo observado en las dos quincenas anteriores.

Menos fondo sojero

A su vez, el monto girado a las provincias por el Fondo Federal Solidario fue de “$143 millones, cayendo un 39% respecto a la quincena anterior, lo cual implicó una caída de casi $93 millones en las transferencias”.

“En términos agregados, las provincias recibieron $2.467 millones durante la primera quincena de marzo, llevando la tasa de expansión interanual al 26.6% e ingresando en las arcas del Consolidado de Provincias unos $518 millones adicionales respecto a la misma quincena de 2009”, señala el informe de Economía y Regiones.

Región Pampeana, la más favorecida

Por otro parte, las transferencias a la Región Patagónica fueron las que menos crecieron (+18.2%), en tanto que al tope de la escala se situó la Región Pampeana (+20.6%), siendo la única región en registrar un crecimiento superior al del promedio regional. A nivel desagregado, el mejor registro lo tuvo la provincia de Buenos Aires (+20.6%).

En lo que va de 2010, las transferencias automáticas a provincias acumulan $15.597 millones, presentando un crecimiento interanual del 22% en términos porcentuales y de $2.806 millones en valores absolutos. En paralelo, si se agrega el Fondo Federal Solidario, las transferencias acumuladas ascienden a $16.400 millones, en tanto que la expansión porcentual alcanza al 28.2%.

Proyecciones

“Nuestra proyección mensual para marzo señala un crecimiento interanual del 20.3%, dado que al igual que en enero y febrero, las recaudaciones de IVA y Ganancias mostrarían tasas de crecimiento superiores al 20% interanual. En valores absolutos, las transferencias totalizarían $6.209 millones, un 5.5% por encima de la meta presupuestada”, grafica el estudio de la consultora, y agrega: “Dado que las giros del Fondo Federal Solidario ascenderían a $311 millones, las transferencias globales se ubicarían en $6.520 millones, llevando el crecimiento porcentual al 26.4% interanual (+$1.360 millones)”.

Con información de Punto Biz

El debate pendiente por la coparticipación del impuesto al cheque amenaza al oficialismo con quitar una caja equivalente al monto de los giros al interior de que se valió el oficialismo en la campaña de 2009.

Durante el año pasado, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aumentó en 11.000 millones de pesos las transferencias discrecionales a las provincias respecto de 2008, y el mayor salto se produjo en plena campaña electoral para los comicios del 28 de junio, en los que el ex presidente Néstor Kirchner sufrió una dura derrota.

Ese monto es similar a los recursos que este año podría perder la Nación si la oposición logra en el Congreso aumentar la coparticipación del impuesto al cheque (entre 10.000 y 12.000 millones de pesos), uno de los recursos que el Gobierno administra a voluntad.

De coparticiparse, las provincias pasarían a percibir esos fondos en forma automática y a administrarlos a su arbitrio. La Casa Rosada perdería así poder de discrecionalidad, aunque busca presentar el caso como “un irresponsable intento de la oposición de desfinanciar al Tesoro nacional”.

En 2009, las transferencias totales a las provincias fueron de $ 102.096 millones, frente a 84.557 millones de 2008. Así, hubo un salto de 21%, $ 17.539 millones, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadin Argañaraz, sobre la base de los datos oficiales del Ministerio de Economía. Los datos fueron verificados por analistas de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC), que revisan la ejecución del presupuesto en Economía.

Si se desagregan las transferencias totales, la coparticipación automática a provincias fue de $ 69.267 millones en 2008 y de 75.670 millones en 2009. Aumentó sólo en 6403 millones.

División en el oficialismo

La promesa de Néstor Kirchner de abrir un debate dentro del PJ sobre una eventual nueva ley de coparticipación federal de impuestos no alcanzará para evitar que algunos senadores oficialistas sumen su voto para aprobar, esta semana, el proyecto de ley de distribución directa del impuesto al cheque que impulsa la oposición en la Cámara alta.

Al menos dos senadores kirchneristas votarían a favor y otros tantos estarían dispuestos a dejar el recinto para no pagar el costo de rechazar una iniciativa beneficiosa para las provincias, que el Poder Ejecutivo dijo que vetará si se convierte en ley.

De esta manera, en la sesión prevista para pasado mañana se invertirían los roles de la reunión del jueves pasado, cuando el frente no oficialista fracasó en rechazar el pliego de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central (BCRA), y pasaría a ser el kirchnerismo el que sufrirá la deserción de legisladores.

En este escenario, todo indica que el Senado aprobará un proyecto que beneficiará a los estados provinciales con un ingreso para sus arcas de unos $ 11.500 millones. En la actualidad, del total de lo recaudado, unos $ 23.000 millones, el Tesoro se queda con el 85% gracias a diferentes pactos fiscales por los que las provincias cedieron parte de sus ingresos para financiar al Estado nacional.

Según la iniciativa impulsada por la oposición, esa relación volverá a la establecida en la ley 23.548, por lo que las provincias se quedarían con algo más del 54% de lo recaudado.

La Casa Rosada ya está al tanto de este cuadro de situación y promete extremar sus movimientos para tratar de evitar la aprobación de la iniciativa.

Sin embargo, el panorama no parece alentador, ya que en este tema es muy difícil que algún senador del frente legislativo no oficialista pegue el salto hacia el kirchnerismo. Por lo pronto, Roxana Latorre (PJ-Santa Fe) y María José Bongiorno (Frente Grande-Río Negro), quienes con sus deserciones impidieron a la oposición rechazar el pliego de Marcó del Pont, ya anunciaron que votarán el proyecto.

El escenario es peor aún para la Casa Rosada, porque dentro del propio oficialismo hay senadores dispuestos a apoyar el proyecto o, por lo menos, a no sumar su voto en contra.

Con información de La Nación

En una polémica decisión, el gobierno nacional desvió fondos de las provincias por 144,2 millones de pesos del presupuesto para financiar el fútbol por TV.

Los goles para todos aspiran recursos a los gobernadores e intendentes en medio de la tensión por la grave situación fiscal. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reasignó ayer una partida de 144,2 millones de pesos, originalmente prevista para atender necesidades de provincias y municipios, y la derivó al programa “Fútbol para Todos”, que transmite en vivo el torneo de primera división de fútbol por Canal 7 para todo el país.

La medida se dispuso mediante la decisión administrativa número 41/2010, firmada anteayer por el jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, y publicada ayer en el Boletín Oficial.

“¿Ahora, qué son los 144 millones? Es un tema contable, de reordenamiento de partidas, no requiere un peso de más de lo ya establecido y explicado oportunamente”, se defendió ayer Fernández, en medio de la controversia.

Es, cuanto menos, paradójica esa explicación. Es cierto que la reasignación no significó más recursos para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Pero sí menos giros para las provincias y municipios.

Superpoderes

La recomposición presupuestaria se inscribe en los llamados “superpoderes”. Se trata de la facultad que el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner le concedió oportunamente al jefe del Gabinete para que pudiera desviar partidas en forma discrecional, sin control del Congreso.

Así lo permite el nuevo artículo 37 de la ley de administración financiera, que la oposición quiere reformar.

Se debitarán $ 144,2 millones de transferencias previstas para gastos corrientes de provincias y municipios en el presupuesto nacional 2010, que no pasan por su mejor momento fiscal en la mayoría de los casos, y se las aplicará a sostener el programa “Futbol para Todos”.

Mal negocio

La medida desnuda los graves problemas fiscales que enfrenta el Tesoro Nacional. No sólo eso: dejó en evidencia el mal negocio que resultó ser el contrato que firmó Fernández con la AFA en agosto último, según el cual el Gobierno compró por 600 millones de pesos los derechos para transmitir el torneo oficial en directo por Canal 7, es decir, por televisión de aire, entre agosto de 2009 y junio de 2010.

Ahora, el Estado debe cumplir con pagos mensuales de 45 millones de pesos, más la producción televisiva, y el dinero no alcanza.

Con ese convenio, la Casa Rosada desplazó a TSC de las transmisiones de fútbol, una empresa con participación del Grupo Clarín, que sólo pagaba 260 millones de pesos y vendía el fútbol a los canales de cable. En medios oficiales,  se prevé que terminada la temporada el déficit de la Nación por ese mal negocio será de entre 360 y 400 millones de pesos. La recaudación por publicidad no colmó las expectativas. El sector privado no respondió a las altas tarifas de “Fútbol para Todos” y sólo existe, mayormente, publicidad oficial.

Medida política

“La decisión política del Gobierno fue subsidiar las transmisiones de fútbol para la gente como una medida política”, señaló al diario La Nación una fuente privada, que conoce los vericuetos de las decisiones oficiales.

Incluso, el contrato tiene una cláusula indexatoria sobre los derechos según el aumento del promedio de la tarifa de la TV por cable. Si en 2010 ese valor aumentara un 10%, el Estado debería pagarle a la AFA en 2010-2011 unos 660 millones de pesos.

La Casa Rosada ahora le prende velas al Senado para que apruebe el DNU que dispone el Fondo del Bicentenario: el uso de 6569 millones de dólares de las reservas del Banco Central para pagar la deuda publica de 2010 y desahogar las arcas oficiales.

Para disimular esta debacle, Aníbal Fernández firmó ayer un acuerdo con la empresa Fiat Iveco para que auspicie los dos torneos de la AFA de 2010 en un acto desarrollado en el Centro de Entrenamiento que la entidad madre del fútbol argentino posee en Ezeiza.

Si bien no difundieron la cifra, Fiat Iveco le pagaría al Tesoro no más de 2 millones de pesos, según fuentes del sector privado. No todo sería en efectivo, también habría canje con camiones y utilitarios. Por ese acuerdo, el campeonato de primera que se disputa en la actualidad se denominará “Torneo Iveco Bicentenario Clausura”.

Reacción de las provincias

La reasignación causó revuelo en provincias y municipios. El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, fue el primero en reaccionar. “Con el fútbol, la gente se entretiene, pero no estudia ni compra verdurita”, fustigó. “El año pasado fue un cataclismo prespuestario: 19 provincias cerraron con serios déficit”, agregó.

Por su parte el diputado de Pro Jorge Triaca sostuvo que “mientras los argentinos sufrimos la inflación y la inseguridad, el Gobierno juega al futbol” y pidió a la presidenta que “detenga esta decisión”. A su vez, la diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo explique las razones en que fundamentó su determinación de “reasignar estas partidas”.

Con información de La Nación