El arrebato de reservas más allá de los límites que imponen el Congreso y la Corte Suprema de Justicia redibujan el funcionamiento institucional del país. La oposición presentó amparos. Hay malestar en la Justicia por los actos y dichos de la presidente.
En simultáneo con la vía parlamentaria, la oposición insistirá en la Justicia en la suspensión de los nuevos DNU que dictó anteayer el Gobierno para tomar reservas del Banco Central.
Con ese objetivo, el radicalismo presentó ayer ante la justicia en lo contencioso administrativo federal un escrito donde solicita que se “extiendan los efectos de la medida cautelar dictada en relación con el DNU 2010/09 a los nuevos DNU 297 y 298″ recientemente firmados por la Presidenta. El escrito lleva las firmas de los jefes de bloque de diputados y de senadores, Oscar Aguad y Gerardo Morales, como también la del diputado Ricardo Gil Lavedra.
Los diputados Federico Pinedo, de Pro, y Patricia Bullrich, Alfonso Prat-Gay y Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, realizarán hoy una presentación en el mismo sentido. “Ampliaremos la medida cautelar que presentamos en enero pasado, porque este nuevo decreto no es otra cosa que una simulación para apropiarse de las reservas”, enfatizó Bullrich, que anticipó que harán su presentación en el juzgado contencioso administrativo a cargo de Liliana Heiland.
El escrito presentado por el radicalismo recayó en el juzgado N° 3, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal. Los legisladores califican al nuevo decreto como una “maniobra a todas luces fraudulenta” por la cual el Gobierno pretende “usar las reservas del BCRA” sin respetar los fallos en contrario emitidos por la Justicia.
“El Gobierno, mediante esta maniobra, pretende evitar el trámite y los alcances de la intervención del Congreso para el dictado del DNU 2010, expresamente incluidos en la medida cautelar”, dicen los radicales. Y añaden: “Es tan así que, con el dictado del nuevo DNU, se habría dispuesto de las reservas del BCRA con anterioridad al control legislativo previsto por la ley vigente”.
Malestar en la Corte con la Presidenta
Los ministros de la Corte están muy molestos con el discurso de la Presidenta en el Congreso y asumen que en pocos meses deberán dictar un fallo ejemplificador para limitar la utilización de los decretos de necesidad y urgencia a cargo del Poder Ejecutivo.
Además, trascendió que antes del fin de semana un juez de primera instancia podría suspender el DNU 298/10, que dispuso tomar reservas. Y ayer, las asociaciones de magistrados rechazaron las críticas genéricas e innominadas que formuló la primera mandataria contra la Justicia.
“La Presidenta se queja de que los jueces votan contra las medidas del Gobierno, según lo que reclaman las tapas de los diarios. Quizás, incluso, no sea ilegal que el Gobierno use reservas para pagar deuda, pero el Gobierno está violando todos los procedimientos y normas. Por eso, los jueces dictan cada vez más fallos, en beneficio del país. Hoy, todos están conscientes de la necesidad de limitar al Poder Ejecutivo”, dejaron trascender en la sede de la Corte.
La Corte tiene en estudio la causa iniciada por el diputado Federico Pinedo (Pro-Capital Federal) contra el DNU 2010, de diciembre último. Como el lunes este decreto fue derogado y lo reemplazó el 298/10, en lo formal el máximo tribunal ya no tiene competencia para ampliar la medida cautelar. Un exabrupto del Poder Ejecutivo no puede corregirse con otro del Poder Judicial, explican. Pero el tribunal también podría haberse apresurado a cerrar la causa Pinedo por “abstracta” y no lo hizo. Quiso dar una señal de que no avanzará contra el Gobierno, pero tampoco le allanará el camino.
El tribunal responderá con una vía intermedia. Advirtió, hace meses, que debe reencauzar y limitar la atribución presidencial de dictar DNU, que nuestros mandatarios ejercen sin respetar límite alguno.
Ahora, la validez o invalidez del nuevo DNU deberá ser resuelta por el Congreso y, en la Justicia, por los jueces de primera instancia.
En primera instancia
Las juezas federales de primera instancia en lo contencioso administrativo Claudia Rodríguez Vidal y Liliana Heiland ya tienen en su poder las presentaciones de la UCR y de Pro, y hoy pueden sumarse otras nuevas, especialmente la que puedan hacer Graciela Camaño y el peronismo disidente. También algunos abogados particulares presentaron otros amparos.
Es casi seguro que antes del viernes próximo, en alguna de las causas promovidas por los partidos políticos, uno de los jueces suspenda la aplicación del nuevo decreto 298.
El decreto 298 es una reedición del derogado decreto 2010. Ambos pretenden resolver la misma situación de hecho, la misma emergencia; ambos fueron dictados salteando la intervención del Congreso y ambos invocan la misma supuesta urgencia que no existe y, finalmente, ambos decretos echan mano del mismo dinero y producirán los mismos efectos.
Ambos decretos son tan similares, casi idénticos, que el decreto 298 transcribe, textuales, 39 de los 45 considerandos de la norma dictada en diciembre y, sólo le agrega seis más, dedicados a responsabilizar a los jueces que dictaron medidas cautelares por el aumento del riesgo país.
El artilugio de burlarse de varias medidas cautelares que dictaron la jueza María José Sarmiento y las camaristas Clara Do Pico y Marta Herrera no fue bien recibido en Tribunales.
El Colegio de Abogados cuestionó el nuevo DNU
En un duro pronunciamiento, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su profundo rechazo al decreto del gobierno nacional que permitió la apropiación de las reservas del Banco Central, al que definió como “un gravísimo agravio a nuestra Constitución y a las instituciones de la República”.
“La afrenta resulta aun más provocadora al ser anunciada por la Presidenta ante la propia Asamblea Legislativa, al exponer su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso”, afirmó la entidad, que preside el doctor Raúl Aguirre Saravia.
Con información de La Nación